Desde el comienzo de este ciclo se planteó el interrogante sobre lo que realmente representaba el Frente de Todos. Una coalición que se formó para ganar la elección, pero que no atravesó un proceso de confluencia programática previa entre sus actores. Es más, parecía que se valoraba la decisión de que cada uno pueda conservar su identidad dentro de la Coalición, lo cual depositaba en el oficialismo una serie de tensiones que obedecen precisamente a esa identidad multifacética de ser el frente de “Todos”. Entre ellas, destacaba la tensión económica, por su relevancia.
Una tensión que acaba de mostrar su cara públicamente es la controversia que se dio entre Martín Guzmán y Federico Basualdo acerca del nivel de aumentos de tarifas (o del gasto en subsidios) que el programa económico puede o debe soportar. No obstante, en realidad trasunta una discusión más de fondo entre dos posturas.
Por un lado, la necesidad de promover ciertos equilibrios macroeconómicos necesarios para renegociar el acuerdo con el FMI, además de ser necesarios también para generar condiciones de crecimiento genuinas y sustentables. Por otro, la necesidad de atender ciertas demandas sociales recogidas en las urnas en 2019. La discusión entre Guzmán (recortar subsidios) y Basualdo (no aumentar tarifas), es una cara de esa discusión de fondo que no está saldada dentro de la coalición y que se demuestra de manera muy elocuente en la falta de un programa económico que pueda ser apoyado por todos los miembros de la Coalición.
Sin lugar a duda, la discusión sobre el programa económico es la discusión sobre el acuerdo con el FMI. Lo que se defina va a comprometer la política económica de los próximos 10 años. Es esa discusión la que desata las tensiones dentro de la coalición de gobierno. Sobre todo, los condicionantes que, desde el kirchnerismo, le están imponiendo a la negociación.El razonamiento de CFK es el siguiente: si el FMI le financió la campaña a Macri, que no venga a imponernos condiciones para que nosotros podamos ganar las elecciones. Es ese el punto central por el cual CFK le reclama a Guzmán una negociación que Guzmán sabe que es imposible tener con el FMI: que haya renegociación de vencimientos sin grandes condicionalidades.
Por lo pronto, los marcos de la negociación fueron definidos por la carta que los Senadores del Frente de Todos le enviaron al FMI el pasado 16 de noviembre de 2020. Allí expusieron con claridad las condiciones que se le plantean al organismo para renegociar la deuda: bajar la tasa, empezar a pagar en 2025 y plazo de amortización de la deuda en “varias décadas”. El Ministro de Economía ha logrado avanzar con la negociación siguiendo esos condicionantes planteados por los senadores de su partido. Para salvar algunas de esas condicionalidades, Guzmán vienen negociando con el FMI algunas cláusulas del acuerdo que pudieran salvar aquellos pedidos de los Senadores (o de Cristina Kirchner):
– Como el estatuto del FMI no contempla acuerdos de más de 10 años, la Argentina pide la inclusión de una cláusula en el acuerdo que específicamente determine que, de existir en el futuro una modificación de la Carta Orgánica del Fondo, se habilite la alternativa de extender el acuerdo firmado más allá de los 10 años fijados en el acuerdo original que se firme.
– Contemplar la posibilidad de que los compromisos que asuma la Argentina de devolución de los fondos puedan ser refinanciados si el país cumple con las pautas que se acuerden en el Programa de Facilidades Extendidas.
Sin embargo un nuevo desafío interno emergió con el Proyecto de Declaración que los Senadores del Frente de Todos decidieron impulsar, donde le piden al Ministro que no contemple utilizar los fondos que el organismo enviará a los países miembros como consecuencia de la pandemia (los ya famosos Derechos Especiales de Giro) para cumplir compromisos de deuda con el FMI ni con el Club de Paris: buscan que esos recursos sean utilizados para atender las necesidades “de la sociedad argentina derivados de la pandemia”. Esta iniciativa política, surgida desde el interior del propio oficialismo, choca de manera directa con la estrategia que el propio Gobierno (el ministro Guzmán con el aval de Alberto Fernández) venía llevando adelante para renegociar la deuda con los organismos internacionales.
Estos desacuerdos sobre la estrategia de negociación son derivados de desacuerdos más profundos que existen dentro del oficialismo sobre el nivel de compromisos (esfuerzos) que hay que asumir en el acuerdo con el FMI: fundamentalmente qué nivel de reducción de déficit comprometer en un acuerdo que condicionará la política económica en los próximos 10 años. Una duda que se vuelve relevante, porque serán compromisos que trascenderán la gestión de Alberto Fernández. Desacuerdos que están cruzados por la interpretación política del origen del problema. Para el sector que lidera Cristina Kirchner, la deuda con el FMI tuvo el objetivo de financiarle la campaña a Mauricio Macri, y por ello debe hacerse cargo en mayor medida el organismo que la Argentina de los costos de refinanciar y hacer pagadero el acuerdo. Interpretación que complica más la negociación, pero que deja severos interrogantes respecto de cuál es el rumbo económico que este Gobierno le quiere imprimir al país, y más intrigante aún, quién lo define.
