La relación entre el Gobierno y los principales gremios de la CGT registró en los últimos días una fuerte tensión que no estuvo vinculada a la situación del empleo o de los salarios, sino a la realidad que atraviesa el subsistema de salud integrado por las obras sociales sindicales. La razón del conflicto fue el criterio que el Gobierno estableció para distribuir recursos adeudados a las obras sociales por reintegros para cubrir tratamientos médicos de alta complejidad, justo cuando la pandemia del Covid-19 está poniendo en jaque a la prestación de salud sindical.
La situación que atraviesan las obras sociales sindicales es delicada, ya que recibieron un doble shock (caída de ingresos por caída de aportes, más incremento del gasto para hacer frente a la pandemia), en un momento donde sus finanzas se encontraban ya golpeadas por los retrasos en los reintegros que debía hacer el Estado para cubrir los gastos afrontados para atender tratamientos de alta complejidad, muchos de ellos en respuesta a fallos judiciales que beneficiaban a los afiliados.
Según el cálculo de los propios gremios, al comienzo del año, el Estado les adeudaba a las obras sociales sindicales unos $ 15.000 millones, lo que
motivó que la CGT pusiera especial énfasis en que al frente de la Superintendencia de Seguros de Salud pudiera ser nombrado alguien de su confianza (David Aruachuan). Finalmente, la designación de Eugenio Zanarini , de confianza de Ginés González García despertó la sospecha en el mundo sindical de que la intención del Gobierno no era devolver rápido lo adeudado.
Hace unas semanas, el propio González García les adelantó a los gremios que
había en elaboración un plan de ayuda para las obras sociales para volcar unos $ 20.000 millones al sistema, número que coincide con la caída de la recuadación de las propias obras sociales.
Sin embargo, la tensión escaló en los últimos días cuando el Gobierno informó cómo se iban a distribuir unos $ 4.000 millones de pesos en concepto de reintegros por lo adeudado ya que se veían beneficiadas obras sociales que, si bien tenían más trámites pendientes, no eran las que más afiliados tenían para cubrir pensando en la emergencia de la pandemia. Esto se sumó a la tensión iniciada a fines de marzo cuando el Gobierno repartió unos $ 2.800 millones y benefició a Hugo Moyano: el Sindicato de Camioneros recibió unos $ 258 millones teniendo menos afiliados que otros gremios como UOM, Gastronómicos, UATRE y UOCRA, que recibieron sumas inferiores.
El Gobierno logró bajar la tensión con dos decisiones simultaneas: 1) redefinir el criterio de redistribución de los fondos para beneficiar a las obras sociales más grandes y necesitadas; 2) duplicar los compromisos de devolución de fondos (a los $ 4.000 millones se sumarán otros $ 4.000 millones en el corto plazo, compuestos por dos pagos de $ 2.000 en mayo y en junio).
Resta saber si el Gobierno cumplirá este compromiso y volcará recursos adicionales al sistema de obras sociales para afrontar la crisis. En todo caso, queda claro que la pandemia del Covid-19 hará que la relación entre el Gobierno y los gremios no solo pase por precios y salarios, sino también por la salud de las obras sociales.
