Uruguay se destaca por tener la red carretera más densa de Latinoamérica, su principal aeropuerto es moderno y funcional, y la calidad de su infraestructura portuaria se sitúa entre las más altas de América del Sur.
Es por esto que el gobierno uruguayo estableció como prioridad la inversión en infraestructura, con un ambicioso plan de USD 12.370 millones a ejecutarse entre 2015 y 2019. El plan de inversiones busca conjugar el financiamiento del sector público con la inversión privada, para lo cual, Uruguay cuenta desde 2011 con una ley de Participación Pública Privada (PPP). En este marco, se busca atraer inversiones que contribuyan a la creación de empleo de calidad, la incorporación de tecnología “de punta” y el fortalecimiento de las capacidades productivas.
Infraestructura Energética
En la última década el país realizó obras de infraestructura energética por un monto superior a los USD 7.800 millones. En la actualidad, cuenta con el 62% de energías renovables en su matriz primaria. Uruguay es autosuficiente en generación de energía eléctrica, pero las perspectivas de crecimiento y consumo obligan a seguir invirtiendo en la mejora del sistema eléctrico. Los principales desafíos que enfrenta consisten en ampliar la red de transmisión de electricidad, optimizar la complementación entre las distintas fuentes; incorporar tecnologías para su almacenamiento; generar energía a partir de la termovalorización de los residuos, entre otros.
Infraestructura Social
Uruguay es el país de mayor ingreso per cápita y más igualitario de Latinoamérica. Continúan siendo claves en la agenda de desarrollo del país: la mejora educativa con inclusión digital, la universalización de la salud y la mejora en el acceso a la vivienda.
El incremento de las escuelas de tiempo completo (ETC), la universalización de educación física y actividades del deporte en los centros educativos, y la mayor demanda de las empresas por personas técnicamente capacitadas, tensionan los actuales niveles de infraestructura educativa que se propone tener inscriptos en la educación formal al total de la población menor de 17 años a finales de 2019.
Concretamente, las nuevas políticas de universalización de asistencia a escuela de niños de 3 años y de extensión de ETC, incrementan los niveles de asistencia de niños y jóvenes, creando nuevas necesidades de infraestructura en el sistema educativo.
La creación del sistema integrado de salud implicó la universalización en el acceso a la salud. Las instituciones privadas realizaron importantes inversiones para sobrellevar el crecimiento en la demanda de sus servicios. Por su parte, la mejora de infraestructura asociada a los servicios de Administración de los Servicios de Salud del Estado es aún un importante desafío. En este sentido, se encuentran en revisión varios proyectos de modernización hospitalaria en pos de mejorar la calidad de los servicios.
En lo que respectaa vivienda, Uruguay tienen la actualidad un déficit habitacional concentrado en los sectores de mayor vulnerabilidad. La inversión en vivienda han incentivado la construcción, aunque la demanda fue aún más dinámica, presionando al alza los precios de alquiler y venta de inmuebles. Esto último dificulta el acceso de la población de menores recursos a estos bienes. Llevar adelante proyectos de vivienda social para los grupos con mayores dificultades económicas resulta esencial si se pretende cerrar la brecha de acceso.
