El inicio del debate de la reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso, ya demostró que la discusión sobre la iniciativa va a transcurrir, más que sobre el propio texto del proyecto, sobre las verdaderas intenciones que el Ejecutivo persigue con el proyecto. En un contexto donde la pandemia y la crisis económica concentran la atención de la opinión pública, la urgencia del oficialismo para aprobar el proyecto invitan a pensar cuáles son las verdaderas intenciones del mismo.
La iniciativa tiene tres ejes centrales que aparecen bien diferenciados en los primeros títulos del articulado: la reestructuración del Fuero Penal Federal, la reorganización de los Fueros Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y la Creación de Juzgados Federales en el interior del país (se estarían creando 94 juzgados federales en el interior).
Si bien se descuenta que el trámite en el Senado no ofrecerá mayores complicaciones, el verdadero desafío del proyecto estará en la Cámara baja donde en principio no estarían los votos para aprobarla.
El primer obstáculo que deberá atravesar el oficialismo es el de resolver la
prórroga del acuerdo para el funcionamiento “telemático” de la Cámara de Diputados (con asistencia presencial y virtual) que se encuentra vencido. En principio, habría voluntad de prorrogar el plazo, pero Juntos por el Cambio pide que sean proyectos que tengan consenso de todos los bloques. Si bien, le va a resultar difícil a la oposición sostener el bloqueo por mucho tiempo, la ausencia de consenso para la prórroga pudiera ser un elemento para retrasar el tratamiento de la Reforma Judicial, una vez que el Senado la sancione.
Hecha esta aclaración, la principal dificultad para el oficialismo es no contar con los votos necesarios para la aprobación. Ir a votar una reforma de estas características sería de mucho riesgo y costo político en estas condiciones, por lo que el gobierno deberá conseguir algún tipo de acuerdo de alguno de los diputados que integran el Interbloque Federal, habitualmente más referenciado exclusivamente a la figura de Roberto Lavagna.
Sin embargo, como los diputados cercanos a esta figura ya manifestaron que no apoyarán la ley si no tiene consensos, la atención se volcó a los 4 diputados que responden al Gobernador Juan Schiaretti, no tanto por la voluntad de ellos -ya anticiparon que no están dispuestos a acompañar la iniciativa-, sino por que las necesidades de Schiaretti que pudieran ser atendidas por el Gobierno nacional (el déficit provincial o el de la caja previsional de Córdoba), se conviertan en motivos para cambiar esa posición y acompañar la reforma. En principio, el alto costo político por el rechazo que esta iniciativa genera en la opinión pública cordobesa, hace pensar que no habrá acompañamiento del mandatario cordobés.
Así, el oficialismo tiene cada vez menos margen para conseguir entre los bloques opositores los 11 votos que le faltan para sancionar la reforma.
