La magnitud del triunfo de Alberto Fernández arrojó mucha certidumbre respecto de hacia dónde va el proceso político. Esto ha provocado que el sindicalismo deje de atender el proceso electoral y empiece a pensar qué lugar ocupará en un eventual Gobierno peronista. El resultado activó los mecanismos políticos de negociación sindical para definir el futuro de la CGT en un eventual Gobierno de Fernández, al tiempo que desactivó la conflictividad sindical, un gesto que pide el Frente de Todos para no llevar la conflictividad a la calle y minimizar los riesgos electorales.
Por lo pronto, mientras el sindicalismo le transmitió al Gobierno algunos cuestionamientos a las medidas anunciadas para aliviar el impacto de la devaluación post-PASO (descuento en aportes personales insuficiente, bono a estatales no aplica a todos, aumento mayor a 120% del salario mínimo) también evalúan cómo se reorganizará el universo sindical después del 10 de diciembre.
En este sentido, la ausencia de un liderazgo político capaz de forzar la unidad de todo el arco sindical (CGT dialoguista y Corriente Federal más las CTA) no es auspiciosa. Si bien Alberto Fernández será un Presidente con amplias mayorías, la centralidad del poder no está en sus manos, dado que el mismo es compartido con muchos actores.
Por otro lado, en materia laboral, el programa de Alberto Fernández es bastante previsible y descansa sobre un apoyo sindical mayoritario. Sin embargo, en un contexto donde el sindicalismo está fragmentado y las tensiones intrasindicales pueden ser un condicionante de las reformas que se propongan, la ausencia de un interlocutor único y legitimado para discutir reformas podría ser un condicionante para que se logren cambios profundos. Al respecto, aparece el nombre de Carlos Tomada como eventual Ministro de Trabajo, quien ocupó ese cargo durante todo el período kirchnerista y es un interlocutor autorizado para todo el universo sindical. Esto última es quizás su mayor ventaja en un universo sindical muy fragmentado, lo cual no es poca cosa.
