Sorprendido por una incertidumbre económica que no esperaba después de haber logrado acordar la reestructuración de la deuda pública en dólares bajo ley extranjera, el Gobierno intenta recuperar la confianza de los agentes económicos sobre el rumbo del país, con el Congreso como escena destacada. Con el Presupuesto 2021 como mascarón de proa, pero acompañado de una serie de iniciativas que atienden las diferentes necesidades del frente económico, el Gobierno transitará un final de período parlamentario signado por la agenda económica, donde se discutirán una serie de proyectos que buscarán apuntalar la salida de la crisis sanitaria y la eventual recuperación económica.
El Presupuesto 2021 será la principal iniciativa que se debatirá en el Congreso en las próximas semanas. Es el proyecto que busca instalar la idea de que el Gobierno tiene un plan económico fijado, pero detrás de ese proyecto hay otras iniciativas económicas que buscan despejar algunos interrogantes e incentivar comportamientos que estén alineados con la búsqueda de cierta estabilidad macroeconómica a través del impulso a ciertas actividades que apuntalen la actividad económica en la salida de la pandemia. Se trata de una agenda que se ha superpuesto con la agenda judicial que había dominado la escena hasta octubre, y que sigue avanzando por otros andariveles.
A grandes rasgos, además del Presupuesto 2021, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para implementar incentivos fiscales para el sector de la construcción. El proyecto establece que se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones, al tiempo que se prevé la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de esta ley.
Por otro lado, también se envió un proyecto para atender el déficit habitacional que establece un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario, por el cual se crea una Sociedad Hipotecaria administradora y se disponen nuevos créditos hipotecarios con cobertura de la cuota ante descalces entre salarios e inflación. También se promueve el acceso al crédito bancario y fomentar la complementariedad con el mercado de capitales, a través de nuevos instrumentos de inversión.
En esta línea, también se prevé beneficios impositivos para fomentar el ahorro en pesos. La iniciativa exime del pago del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales a las rentabilidades que se obtengan por inversión en instrumentos en pesos indexados -como lo que ajustan por CER o UVA- y en otros activos en moneda nacional que se destinen a inversiones productivas.
Finalmente, quedan dos temas pendientes a tratar. Por un lado, el impuesto a las grandes fortunas, que aún no tiene fecha de tratamiento en el recinto tras la postergación por el clima que se está viviendo en el escenario económico con la incertidumbre sobre el tipo de cambio.
Por otro, sigue demorado en el Congreso el tratamiento de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. Se propondrá volver a la fórmula que rigió a partir de 2008, donde se generó un índice que estaba compuesto en un 50% por la evolución de la recaudación y en otro 50% por la evolución de la movilidad salarial (RIPTE). Por otro lado, se aplicarían actualizaciones semestrales en marzo y septiembre. La demora obedece a que el oficialismo quiere postergar la aplicación de la nueva fórmula para que no sea aplicada en diciembre y sí se aplique en marzo de 2021.
