En tiempos de tormenta la visibilidad siempre se reduce y algo de eso pareciera estar pasando en el escenario político argentino. Las urgencias económicas, encabezadas por la necesidad de reestructurar una deuda “insostenible” en los términos utilizados por el FMI hacen que sea difícil planificar el largo plazo y diseñar un plan integral de Gobierno con políticas públicas que tengan una mirada a 5 o 10 años de plazo.
Esta es una realidad que difícilmente pueda ser rebatida frente al argumento de que nada puede planificarse si se desconoce el nivel de compromisos de pago de capital e intereses que quedará en pie luego de la negociación con los acreedores externos. No obstante, también es una excusa que encuentra este Gobierno para no tener plan, o lo que es lo mismo, para tener uno que solo mira al cortísimo plazo. Algo de ello se vio reflejado en el discurso del presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.
Cuando Fernández tuvo que determinar un intervalo temporal para su propuesta de gobierno, habló de dos años. “Hoy vengo a proponer (…) un conjunto de acciones colectivas para el período 2020-2021”, afirmó el presidente en el Congreso, dejando evidencia que en Argentina el largo plazo son 2 años. Un cortoplacismo que se explica en parte por la serie de desequilibrios macroeconómicos que viene sufriendo el país y que ocuparon a los últimos gobiernos en casi exclusivamente en perseguir un único -y modesto- objetivo: el de evitar una crisis más profunda. Además, esta visiónm se explica por la existencia de ciertos condicionamientos políticos que obligan a este Gobierno a ganar la elección de medio término (2021), porque, si bien es un presidente que gobierna en mayoría, el Frente de Todos es de todos si es un frente para la victoria, y probablemente no siga siendo de todos frente a una derrota.
La mencionada elección definirá en gran parte (sea con una derrota del oficialismo o con una victoria) si su Gobierno será simplemente un período de transición hacia otra instancia política o si en realidad se trata del inicio de un ciclo político de largo plazo.
La clave para entender este condicionamiento político está en el origen de este proceso político: Fernández no tuvo otra fuente de autoridad política que la de haber sido seleccionado por CFK como candidato de la unidad. No había territorialidad ni popularidad que avalara esa candidatura, que si bien luego posibilitó la unidad posterior del peronismo, fue una unidad condicionada por la elección que ya había realizado CFK, poseedora de los votos para impedir el triunfo. Una unidad constituida sobre una propuesta: ganar sin discutir el nombre del candidato impuesto.
En el fondo, la virtud de Alberto es la de representar una opción de triunfo. Que este finalmente haya sido el desenlace, no impide que el resto de los actores hayan declinado sus aspiraciones. Y así como el triunfo produjo la unidad, la derrota pudiera provocar la fractura.
En el delicado equilibrio que originó el Frente de Todos, la popularidad de Fernández y sus posibilidades de ofrecer un triunfo en la elección de 2021 son factores determinantes para administrar la relación de interdependencia entre el costo de seguir perteneciendo al Frente y el beneficio de defeccionar, cuya secuencia lógica se explica en el gráfico siguiente.
Es decir, si la popularidad de Fernández desciende por falta de resultados y eso repercute en las posibilidades de triunfo del oficialismo en 2021, algunos miembros de la alianza podrían ver crecer el costo y reducir los beneficios de permanecer en la coalición, aumentando el riesgo de defección. Para evitar estas tensiones, Fernández necesita ofrecer un sendero de triunfo.
Esta particularidad del proceso político debería ser considerada por los acreedores externos, ya que les toca negociar con un presidente que necesita, independientemente de las necesidades generales de alivio, que el acuerdo no le complique el tránsito hacia esa elección legislativa. Por ello quizá la variable crítica no sea tanto la quita (capital o intereses) que se acuerde, sino el nivel de alivio temporal que permita que los resultados de gestión aparezcan antes de octubre de 2021. Sea como fuere, mientras esa negociación sucede, seguiremos transitando este tiempo de Gobierno en emergencia a la espera de los resultados que traiga el ministro Guzmán, una síntesis perfecta de lo que acontece en el escenario político hoy.