Es sabido que uno de los compromisos asumidos por Alberto Fernández durante la campaña fue la de “ponerle plata en el bolsillo de la gente”, para poner en marcha la economía. Más allá de tratarse de una propuesta proselitista, Fernández entiende que cumplir con esa promesa no solo está en la base de la legitimidad con la que quiere comenzar su mandato, sino que será una pieza clave para promover la reactivación económica que buscará para consolidar su poder político.
Lo que no está claro es la magnitud de una medida que Fernández buscará que sea lo más abarcativa posible. En principio la idea es que la medida alcance a trabajadores registrados, a los salarios mínimos y a los beneficiarios de Planes sociales y jubilados. Pero por lo amplia que pretende ser la medida, no sería obligatoria y relativa a la realidad de cada sector a cuenta de su paritaria. Allí estarán los límites de la decisión.
Sin embargo, no será un plan fácil de apoyar para el sector empresario, considerando el difícil contexto económico por el que atraviesan casi la totalidad de los sectores. La clave para facilitar el anuncio estará en determinar que los aumentos sean no remunerativos y a cuenta de las negociaciones paritarias que se estén desarrollando en cada sector de actividad. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los sectores tienen pendientes renegociaciones por cláusulas de revisión, será posible ajustar el anuncio a la realidad de cada sector.
Donde sí habrá anuncio e instrumentación de beneficios salariales es en el sector de ingresos más bajos: salario mínimo, planes sociales y jubilaciones más bajas. En el primer caso, se podría formalizar a través de una convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil o directamente dejarlo en manos del Consejo Económico y Social que será creado para encuadrar las negociaciones para lograr un Acuerdo de Precios y Salarios. Al mismo tiempo, el aumento en los planes sociales y las jubilaciones se efectivizarían fuera de la ley de movilidad, tomando la forma de un bono.
En conjunto, la idea es que el beneficio sea efectivo en los sectores más bajos y relativo entre los asalariados, debido a que estará supeditado a los acuerdos que se logren con el sector empresarial. De todas formas, el anuncio del plan se articulará en la búsqueda de establecer un acuerdo de precios que permita una recuperación del poder adquisitivo que alimente una eventual recuperación económica.
