El salario real caerá por cuarto año consecutivo
Al cierre del año pasado, la reapertura de actividades restringidas por la pandemia y la suba de los tipos de cambio paralelos marcaron una aceleración de la inflación que puso a los precios por delante en la carrera nominal. Desde entonces, estos les ganaron a los salarios, como venimos viendo desde hace algunos años: la inflación fue de 43,5% entre septiembre del año pasado y el último junio, período en el que los sueldos avanzaron menos de 40%.
Tomando nota de esta dinámica y con el semestre electoral por delante, hace algunos meses el gobierno convalidó una mayor nominalidad, propiciando incrementos salariales superiores a 40% a gremios de empleados estatales, bastante por encima de la pauta oficial original del 29%. Además, también alentó nuevos acuerdos paritarios de aquellos sindicatos que habían quedado “atados” a este número. Como estos aumentos suelen ser escalonados, buena parte de la mejora se hará notar en el bolsillo a lo largo de la segunda mitad del año cuando, producto del ancla cambiaria y tarifaria, se combinará con la desaceleración de la inflación -que pasará de un promedio mensual de 3,8% en la primera mitad del año menos de 3% en la segunda parte -. Esto implica que el salario formal real exhibirá una paulatina recuperación durante el segundo semestre del año, aunque no en una medida suficiente como para evitar que caiga en torno a 3% en el promedio anual, una cifra similar a la observada durante el 2020. Así, el salario real acumulará su cuarto año consecutivo en rojo y cerrará el año casi 6,5% por debajo del promedio de 2019, mostrando un nivel casi 20% inferior al de 2017.
¿Esta medida es suficiente para analizar la dinámica del consumo?
El salario formal real es un termómetro de la actividad económica y una referencia de fácil cálculo para analizar la posible evolución del consumo. No obstante, solo contempla la dinámica a la que está expuesta una de cada tres personas que posee ingresos y apenas la mitad de la masa total de ellos. Por este motivo, un análisis del poder de compra que solo considere esta variable es incompleto: también hay que mirar la dinámica de las jubilaciones, asignaciones y del nivel de empleo de las diversas modalidades.
Por otro lado, el IPC es el deflactor más utilizado para medir el salario real. Sin embargo, la inflación a la que se enfrenta cada hogar lejos está de ser homogénea. Por caso, una pareja de jubilados, que gastan más en salud, tiene una inflación diferente a la de un soltero joven que alquila, que destina una mayor proporción de su gasto a servicios -vivienda y esparcimiento-. Si miramos la inflación a la que se enfrentan una familia de clase alta -que gasta más en servicios y bienes no esenciales- y un hogar de bajos ingresos -que consume una mayor proporción de alimentos y servicios básicos- también queda claro que los cambios en precios relativos, como aumentos de tarifas o saltos del tipo de cambio, afectan su poder adquisitivo de manera diferente. Al mismo tiempo, parte del consumo de los hogares es ineludible -o inelástico- como alquileres, expensas, educación, salud o servicios públicos. Por lo tanto, cambios en precios relativos que afecten a estos productos podrían reducir la capacidad de compra del resto de bienes y servicios.
Esta última dimensión sirve para, junto a la estructura de ingresos y gastos de los hogares, construir el Ingreso Disponible Ecolatina (IDE). Este indicador refleja la masa de recursos que puede ser destinada al consumo de bienes y servicios que no comprenden los mencionados gastos ineludibles.
Como se puede ver en el gráfico, este indicador fue golpeado en mayor medida que el salario real con la crisis iniciada en 2018, ya que la aceleración de la inflación afectó significativamente al poder adquisitivo de las jubilaciones y de los ingresos de trabajadores informales y cuentapropistas. Al inicio de la pandemia, el IDE alcanzó un piso cuando la pérdida de empleo afectó especialmente a estos sectores, algo que aparece mucho más “suavizado” en el caso del salario formal real, que únicamente padeció la postergación de unos meses de las paritarias.
De este modo, el IDE cayó más de 8% durante 2020, mostrando una evolución más en línea con el consumo privado, que se desplomó casi 14% (mientras el poder adquisitivo del salario formal se deterioraba ‘apenas’ 3,3%). Para 2021, esperamos que, a diferencia del salario real, el IDE se recupere en el promedio anual (alrededor de 2%), mostrando nuevamente una dinámica más parecida a la del consumo privado, que crecería alrededor de 7%. El hecho que el IDE capte la recuperación del empleo y los ajustes -y bonos- de jubilaciones y asignaciones ayudan a que este indicador exhiba una mejora, a diferencia de lo que sucedería con el salario real.
Más allá del Ingreso Disponible
Para completar este análisis, falta un factor relevante que traccionará el consumo en 2021 por fuera de la mejora del ingreso disponible: los impulsos electorales no vinculados a la masa de ingresos. Medidas como Ahora 12 -y la no menor incorporación de su versión extendida, en 24 o hasta 30 cuotas fijas- y otros créditos blandos buscan apuntalar la recuperación de la demanda en la previa de los comicios. Si bien estos programas no son captados por la metodología del IDE, este nos permite identificar que los sectores medios -típicamente asociados a los hogares C2 y C3- son los principales objetivos de estas políticas, ya que representan más de la mitad del mercado de los bienes susceptibles de ser adquiridos a través del programa Ahora 12 -electrodomésticos, tecnología, indumentaria, bicicletas, muebles-.
Por otro lado, si bien los montos que canaliza Ahora 12 son muy variables, tienen un claro patrón: en épocas en que el costo real del financiamiento es negativo, hay rápidas escaladas del tipo de cambio o una marcada incertidumbre sobre la inflación futura, el consumo se vuelca a durables en detrimento del mercado de consumo masivo. De este modo, este tipo de medidas será efectiva para la demanda de durables, aunque no necesariamente impulsará en la misma proporción al consumo en general, ya que podría alentar la mencionada sustitución.
¿Qué podemos esperar después de las elecciones?
La negociación con el FMI en los primeros meses del año entrante pondrá sobre la mesa la necesidad de corregir, al menos parcialmente, el atraso tarifario. Además, incluso si el acuerdo no precisa acciones específicas respecto del mercado cambiario, creemos probable que el BCRA acortaría la distancia que existe hoy entre el ritmo de depreciación del tipo de cambio y la inflación -tal como lo hizo a comienzos de año- para evitar tensiones sobre la brecha cambiaria.
Estos ingredientes, sumados a una inercia inflacionaria que será apenas inferior al 3% en lo que resta del año, harán que la inflación de 2021 finalice en torno al 47%. En este sentido, sostener una tasa real negativa en los programas de financiamiento ofrecidos -lógica a la cual podríamos incorporar el programa PreViaje, destinado a impulsar el gasto en turismo-, continuará incentivando el consumo de bienes y servicios que no pertenezcan al segmento del consumo masivo. No obstante, la expansión de la informalidad y el cuentapropismo, modalidades asociadas a niveles de ingresos más bajos, podrían impulsar la parte del consumo masivo vinculado a las segundas y terceras marcas en el corto plazo.
En cualquier caso, prevemos que la recuperación del consumo privado se ubique cerca de 2% durante 2022 en tanto las restricciones sanitarias continúen relajándose. Este valor se ubicará levemente por encima del salario real (+1,8% como promedio anual) y algo debajo del IDE (+3%). La magnitud de esta expansión dependerá de la decisión de llevar adelante las correcciones de los desequilibrios macroeconómicos o la profundización del esquema actual a costa de mayores riesgos futuros.
