Desde el momento en que la pandemia del Covid-19 alcanzó territorio argentino y el Gobierno decretó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para proteger la salud pública, la situación económica
que atraviesa el país cambió su naturaleza. Las consecuencias negativas que estas medidas sanitarias tendrán en la actividad económica se desconocen porque se desconoce la duración de las mismas, pero sí es seguro es que la preocupación sindical cambió de orientación. Esta dejará de tener como prioridad de la problemática del ingreso, para tratar el desempleo, o la destrucción de empleo, que producirá esta crisis.
Si bien la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria, así como la suspensión de cargas patronales ayudan, los sindicatos creen que se peca de optimismo al suponer que esta situación se atravesará sin destrucción de empleo. Más allá de las medidas adoptadas por el momento, aparece también el interrogante de si el Gobierno prorrogará la doble indemnización más allá de la fecha prevista para la finalización de la medida (junio). Aunque también emergen otros temores para la dirigencia sindical: ¿podrá ser esta pandemia motivo suficiente para que en cumplimiento del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo se puedan efectuar despidos por causa de fuerza mayor?
Por lo pronto, para morigerar el impacto de la crisis en el empleo, el Gobierno tiene los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) para despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% enempresas de más de 1.000 trabajadores. Además, para tener un control centralizado del asunto, ya limitó las facultades provinciales en el marco de los pedidos de los PPC que impliquen directa o indirectamente quitas, reducciones o alteraciones de las cargas y que puedan afectar recursos del Estado nacional, aunque es difícil que el Gobierno detenga ese procedimiento los despidos frente a una crisis profunda. Resta saber si será necesario tomar otras medidas. Por ejemplo, una idea que convence en Trabajo pero no tanto en Jefatura de Gabinete es la posibilidad de permitir que antes de producirse un despido, se pueda habilitar el pago de un porcentaje del sueldo, sobre todo a las Pymes, las más vulnerables frente a la situación.
En definitiva, se evalúa cómo afrontar abril, y quedará resolver que sucederá más allá de la cuarentena, algo que dependerá de cómo evolucione la pandemia, porque ahora y en el corto plazo, todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos sanitarios.
