Luego de un largo impasse donde el Congreso quedó sin funcionar producto del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, ambas Cámaras retomaron actividades utilizando mecanismo de funcionamiento remoto. Entendiendo que esta dinámica podía alterar la dinámica de los debates, oficialismo y oposición acordaron que el funcionamiento estaría acotado, en un comienzo, a discutir iniciativa consensuadas y relacionadas a la emergencia por la pandemia de Covid-19 en Argentina. Fue así que se sancionaron proyectos que tenían como objetivo atender las dos caras de la crisis –la sanitaria y la económica- con diferentes medidas que buscan mitigar los efectos negativos de la pandemia:
1) Exención transitoria del impuesto a las ganancias: Este proyecto, que ya cuenta con sanción en ambas cámaras -por lo que solo resta su promulgación para tener carácter de ley-, apunta a aliviar a los trabajadores de las siguientes áreas: personal de la salud, fuerzas de seguridad, actividad migratoria, aduanera y bomberos en el marco de la emergencia económica y sanitaria. La exención sería retroactiva al 1 de marzo y tendría vigencia hasta el 30 de septiembre. La medida puede prorrogarse en caso de que la situación lo amerite.
2) Programa de protección al personal de salud: la iniciativa crea el Fondo de Protección del Personal de Salud, con el fin de efectuar la adquisición de bienes, servicios y equipamiento necesarios para garantizar la protección del personal de salud durante la emergencia. Las compras deben basarse en evidencia científica y en el análisis de información estratégica de salud. Las compras realizadas por este fondo no están ajenas al régimen de contrataciones de la administración nacional, debiendo proceder en todos los casos bajo el principio de transparencia y posterior publicación y control de sus gastos por los organismos correspondientes. El Fondo de Protección del Personal de Salud estará integrado por: los recursos que se asignen a través de la ley de presupuesto de la Administración Nacional o los que asigne el Jefe de Gabinete, para lo que efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias; los aportes no reintegrables propuestos por organismos multilaterales, de cooperación, gobiernos extranjeros u Organizaciones no Gubernamentales; y donaciones, legados subsidios u otras formas de asistencia financiera y económica.
Así como hay proyectos de ley relacionados a la pandemia que están siendo tratados, también existen iniciativas que han sido anunciadas, pero que no se materializaron en una iniciativa formalmente presentada, y que han generado polémica. La iniciativa más controversial que fue propuesta en los últimos días es la de la diputada Vallejos, la cual consiste en que el Estado pueda tomar parte de las empresas a las cuales se encuentra asistiendo en medio de la cuarentena. Si bien es un proyecto que por ahora no se convirtió en un texto concreto, ya recibió el apoyo de legisladores del oficialismo y de algunos funcionarios como Claudio Moroni. En cuanto al contenido del eventual proyecto, la diputada afirmó que no sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos.
Otro proyecto del que se habla hace ya varias semanas y que aún no ha sido presentado es el Impuesto a las grandes fortunas. El proyecto apuntaría a que tributen los patrimonios que están por encima de 3.000.000 de dólares, aunque esto podría ser revisado y modificado. El Gobierno estima que esto impactaría a 12.000 personas físicas. El impuesto sería excepcional, progresivo, y se espera recaudar aproximadamente 3.000 millones de dólares. El hecho de que se traten de iniciativas polémicas y no presentadas, plantea el interrogante de si se tratan de iniciativas que realmente tienen el objetivo de ser discutidas y aprobadas, o si solo sirven para ser capitalizadas en el debate público, como capital simbólico para los propios seguidores.
