Economía
El 12 de agosto una misión del FMI llegó al Ecuador para llevar a cabo la segunda revisión de las metas establecidas en el acuerdo que el Ecuador firmó con ese organismo. En ese contexto vuelve a tomar relevancia la evolución de las cuentas públicas, dado que la reducción del déficit fiscal es una de las principales metas del acuerdo. En el acumulado de enero a julio los ingresos totales del Presupuesto del Estado (Gobierno Central) cayeron 1%, mientras que los gastos crecieron 4%, empujados por el gasto corriente, ya que el gasto de inversión sigue siendo la principal variable de ajuste. El Observatorio de la Política Fiscal proyecta que al finalizar el año el déficit del Presupuesto rondará los $3.500 millones, similar al registrado en 2018. De ser así, la reducción del déficit a nivel de todo el sector público recaería sobre los gobiernos seccionales, empresas públicas y seguridad social, sin embargo, en esas instancias no se ve un esfuerzo de ajuste, que viene recayendo exclusivamente en el Gobierno Central. Por tanto, todo apunta a que en 2020 el ajuste (vía recorte del gasto y aumento de impuestos) se sentirá con más fuerza.
Política
La información que la Justicia ecuatoriana ha obtenido de la computadora de una ex asesora de Rafael Correa que llegó a ser jueza de la Corte Constitucional en esa administración sigue generando consecuencias judiciales para el ex presidente y otros miembros de su gobierno. A inicios de agosto una jueza dictó una orden de prisión preventiva contra Correa (quien vive en Bélgica desde el final de su período) por presuntamente estar implicado en el caso de los sobornos que varias empresas contratistas del Estado pagaron a funcionarios del anterior gobierno. Estos nuevos reveces judiciales parecen alejar la posibilidad de que Correa participe como candidato a algún cargo de elección popular en 2021. No obstante, los resultados de las últimas elecciones seccionales muestran que, aun con Correa fuera del país, el correísmo mantiene un voto duro cercano al 20%.
