El 21 de agosto el Presidente Lenín Moreno anunció un nuevo paquete de medidas económicas (el tercer anuncio de este tipo en algo más de un año de gestión), entre las cuales hay varias enfocadas en reducir el gasto del sector público. Por ejemplo, se decidió suprimir o fusionar ministerios, empresas públicas, embajadas y otras instituciones estatales. También se anunciaron algunas medidas simbólicas, como reducir la seguridad de los ministros o vender una parte de la flota estatal de autos. Si bien estas medidas van en la dirección correcta, creemos que el recorte del gasto corriente (que ha seguido creciendo en lo que va del año) debe ser más pronunciado. También se anunciaron medidas de fomento productivo (créditos a través de la banca pública) y otras dirigidas a los segmentos más vulnerables (mayor cobertura del Bono de Desarrollo Humano, una transferencia directa a los hogares más pobres). Pero la medida que más repercusión generó fue la decisión de aumentar el precio de la gasolina Súper (premium), a US$2,98 por galón, lo que implica un alza de entre 30% y 40%, según el precio que haya estado vigente en cada estación de servicio.
Cabe mencionar que el mismo Gobierno había abierto el debate sobre los subsidios a los combustibles (diésel, gas y gasolinas), que anualmente le cuestan al Estado alrededor de US$3.000 millones, monto que en su mayor parte lo terminan recibiendo los hogares de ingresos medios y altos. En realidad, se pensaba que el Gobierno también iba a eliminar el subsidio a la gasolina regular y dejar intocado el precio del diésel y el gas (el primero porque es el combustible más usado para el transporte de cargas y pasajeros y el segundo por el impacto social y político que tendría un alza en su precio), pero finalmente optó por aumentar sólo el precio de la premium. Creemos que no es una decisión adecuada, ya que ahora esa gasolina cuesta el doble que la regular, por lo que es esperable que algunos usuarios opten por sustituir la primera por la segunda. Dependiendo de cuántos usuarios se pasen a la regular (que incluso antes del alza de la premium ya recibía un subsidio mayor por galón), el impacto fiscal de la medida puede ser mínimo o incluso nulo. Sin embargo, el Gobierno ha convocado a un “diálogo nacional” para debatir el tema de los subsidios y el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que la decisión oficial es focalizarlos y que el proceso de diálogo sólo definirá cómo hacerlo.
Lo cierto es que, pese a que la gasolina premium es utilizada principalmente en vehículos nuevos o de alta gama, asociaciones sindicales e indígenas rechazaron el incremento en su precio. En ese contexto, con un gobierno que parece priorizar el costo político de sus decisiones, es difícil esperar una revisión integral de los subsidios. Por lo pronto, se ha adelantado que también se reducirá el subsidio al diésel que utilizan los sectores camaronero y pesquero, lo que ha generado el rechazo de los empresarios de esos sectores por el impacto que esa medida tendría sobre su competitividad. En todo caso, el Gobierno enfrenta una estrechez fiscal que se evidencia en la última operación de financiamiento: recibió US$500 millones de Goldman Sachs a cuatro años y una tasa cercana al 7% anual y con un colateral en bonos soberanos por US$1.200 millones.
