Economía:
El 8 de septiembre el Gobierno ecuatoriano y el FMI anunciaron que llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico para seguir adelante con el programa que está vigente desde el año pasado y por el cual Ecuador recibió $4.000 millones en 2020 (algo más del 4% del PIB) y espera recibir $1.500 millones más en 2021. Los primeros $800 millones llegarían a finales de este mes o
inicios de octubre, una vez que el Directorio del FMI haya aprobado el acuerdo. Los otros $700 millones llegarían a finales de este año, obviamente sujetos al cumplimiento de las metas que el país y el Fondo hayan acordado. El detalle de esas metas aún no se conoce. Por lo pronto, se sabe que la reforma tributaria que el Ejecutivo envíe a la Asamblea en las próximas semanas será mucho menos ambiciosa de lo que el propio Fondo esperaba al momento de negociar el programa original con el gobierno anterior. El ajuste acordado entonces incluía un recorte equivalente al 3% del PIB en el gasto del sector público no financiero y un aumento de 2,5% del PIB en los ingresos permanentes para lo cual el FMI recomendaba elevar en tres puntos porcentuales la tasa del IVA (del 12% al 15%). El Gobierno ha sido enfático en que no va a subir el IVA y en que el peso de la reforma tributaria recaerá en los sectores de mayores ingresos.
Política:
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo parece estar tensionándose. La Asamblea, en la que el Gobierno tiene un bloque muy reducido, no se muestra dispuesta a aprobar las iniciativas del Gobierno (eso está ocurriendo, por ejemplo, con un proyecto de Ley de Comunicación, con el proyecto de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y también con la Proforma del Presupuesto General del Estado para lo que resta de 2021) y el Presidente Lasso y algunos de sus ministros ya han empezado a hablar de la posibilidad de convocar a una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien de manera directa sobre algunos temas. Por lo pronto, se espera que en las próximas semanas el Ejecutivo envíe a la Asamblea un proyecto de ley que incluya cambios en materia tributaria y laboral, y posiblemente también en la normativa para las alianzas público privadas. Un eventual (y probable) rechazo de la Asamblea a ese proyecto podría ser la excusa para la convocatoria a una consulta popular. Si bien las elecciones en Ecuador son muy inciertas, por lo
pronto el Presidente tiene una alta popularidad (debida en gran medida al éxito del plan de vacunación y a la relativa normalización de las actividades que eso ha promovido), que contrasta con la mala imagen del Legislativo.
