La pandemia obligó al gobierno a elegir qué mal priorizar. O centraba su atención en sostener el máximo nivel de actividad económica, aceptando un alto número de infectados y muertos en el proceso, o priorizaba combatir los aspectos sanitarios de la pandemia, complicando la situación económica de buena parte de las empresas y familias del país.
El miedo a estresar un sistema sanitario fácilmente desbordable obligó al gobierno a inclinarse decididamente por minimizar las victimas humanas. A mediados de marzo decretó una cuarentena obligatoria en todo el territorio del país la cual continúa hasta el día de hoy.
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) comenzado el 20 de marzo uno de los experimentos de distanciamiento social más exigentes del mundo. Tomando los datos de movilidad elaborados por Google podemos ver que la población argentina mostró una de las cinco contracciones más abruptas en el tiempo transcurrido en el trabajo (para el 23 de marzo se había reducido en 80%). En línea con estos datos, el nivel de exigencia de las medidas tomadas fue, según la Universidad de Oxford, de los 15 más altos del mundo.
Lamentablemente, fue costoso recargar sobre una economía debilitada todo el peso que el sistema de salud no podía sostener. El impacto sobre las firmas y las familias fue profundo. Según el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa las ventas minoristas cayeron 58% en abril con 9 de los 12 rubros mostrando contracciones superiores al 60% interanual. Por su parte, las familias, especialmente las de menores ingresos, encontraron problemas para generar ingresos. Según un trabajo realizado por el CEDLAS el 75% de los puestos laborales no pueden realizarse desde el hogar y quienes pueden hacerlo tienen ingresos que duplican el de los que no pueden. El estudio marca también que la merma de ingresos puede ser de 5% para el 20% de mayores ingresos pero entre el 15% y el 30% para el 40% más vulnerable de la sociedad. Este impacto puede ser compensado solo parcialmente por las transferencias sociales puestas a disposición por el gobierno (en donde se destaca el IFE).
Tan cierto es que el país virtualmente se paró a fines de marzo como que lentamente los argentinos comenzaron a salir de sus casas y las empresas comenzaron a abrir sus puertas. Si 100 es el tiempo que los argentinos pasan normalmente en su trabajo, para el 20 de marzo ese tiempo se había reducido a 40, pero para el 30 de abril (último dato informado) ya estaba en 55, es decir, ya la mitad de la economía estaba funcionando con normalidad.
En Río Negro el tiempo transcurrido en el trabajo fue, para el 20 de marzo apenas 45% del normal, porcentaje que aumentó solo 7 puntos porcentuales en el período. No parece ser casualidad que en esta provincia haya una cantidad alta de casos cada 100.000 habitantes. Situación contraria se ve en Jujuy, provincia con muy pocos casos en donde la flexibilización fue significativamente más marcada, pasando de un tiempo de permanencia en el trabajo cercano a 45% del normal a uno de 80%. Como marcamos, es imposible discernir en qué porcentaje este comportamiento responde al marco legal o a la decisión de las familias de incumplir el ASPO, pero parece quedar claro que ambos efectos inciden.
La inminente definición oficial sobre como seguirá la cuarentena (de jure), pero también el comportamiento de la población (de facto), serán claves para determinar el grado de flexibilización del confinamiento.
