Economía
A las puertas de la implementación de la Reforma Fiscal, en específico el Impuesto sobre el Valor Agregado y los ajustes al impuesto de renta, la economía costarricense se encuentra en proceso de desaceleración. Además, los niveles de confianza son desalentadores. Tanto los índices de confianza a consumidores como empresarios mostraron disminuciones en sus más recientes publicaciones. En marzo, el IMAE tuvo una caída con respecto a febrero, evidenciando la desaceleración de la economía. Dados estos indicadores, el Banco Central ha implementado medidas para estimular el crédito. Por ejemplo, la tasa de política monetaria (TPM) fue reducida de 5,00% a 4,75%, mientras que el encaje mínimo legal en moneda local fue reducido de 15% a 12%; la reducción del encaje habilita 381.000 millones de colones a las entidades financieras. Por su parte, el Gobierno Central, anunciará en los próximos días medidas para reactivar la economía, que se sumarán al reciente compromiso de crear puestos de trabajo en el sector privado para combatir el desempleo.
Política
Tras la huelga de tres meses a finales del año anterior que mermó el crecimiento de la producción en 0,4%, las autoridades del país han empezado a tomar medidas para evitar futuras paralizaciones en los servicios públicos. Recientemente, en la Asamblea Legislativa se dictaminó un proyecto de ley que declararía 79 servicios como esenciales. Dentro de estos servicios destacan: educación, comedores, redes de cuido, transporte de combustibles y mercancías, entrada y salidas de mercadería en muelles, electricidad y telecomunicaciones. Aquellos servicios que se declaren como esenciales no tendrán derecho a ser suspendidos por motivos de huelgas o manifestaciones, por lo que el proyecto de ley propone limitaciones a los gremios sindicales. Como respuesta, los sindicatos en el sector educativo ya han empezado a manifestarse en contra del proyecto y programan futuras huelgas para el resto de junio. Estos acontecimientos han erosionado las ya desgastadas relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, especialmente con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza quien ha anunciado que renunciará en el futuro cercano.
