EN 2019, la mayoría de los gremios quedaron mejor parados frente a la evolución de la inflación en relación a lo sucedido el año previo. En particular, Bancarios y SMATA, con paritarias que comienzan en enero y finalizan en diciembre, pudieron ganarle la carrera a los precios en el acumulado del año. A ellos se le suma la UOCRA, que, si bien finaliza su acuerdo en marzo, tuvo revisiones trimestrales y se encuentra muy bien parado con los aumentos pautados. Por su parte, Gastronómicos, Sanidad y Alimentación también cerraron el 2019 apenas por encima del IPC, pero sus acuerdos vencen entre mayo y junio. Finalmente, los más damnificados resultaron ser Comercio, la UOM, y UPCN, aunque, al igual que Camioneros, todos ellos se encuentran renegociando sus acuerdos con ánimo de revertir lo perdido hasta el momento.
Por su parte, la delicada situación fiscal que atraviesan las Provincias les impidió acompañar la decisión del Gobierno nacional de otorgar un bono de compensación salarial de $ 4.000 a cuenta de la negociación paritaria futura. De hecho, la mayoría de ellas evalúa discutir las Paritarias 2020 con estatales otorgando sumas fijas y sin utilizar cláusulas gatillo. Aquí un panorama de lo que sucede en cada Provincia:
En lo que respecta a las negociaciones paritarias 2020, el gobierno tiene el desafío de “poner en marcha la economía”, apelando a una reasignación de ingresos en favor de segmentos de menores recursos (tanto activos como pasivos) al mismo tiempo que intenta frenar la inercia inflacionaria, a través de la continuidad del congelamiento tarifario y tratando de contener la puja distributiva. Es por ello que ha empezado a enviar señales para modelar el proceso paritario buscando que se cumplan dos cuestiones esenciales: 1) el otorgamiento de sumas fijas y no de aumentos porcentuales y 2) eliminar de toda discusión salarial la implementación de mecanismos indexatorios del estilo de cláusulas gatillo.
Estos criterios fijados por Fernández colaboran en dos aspectos al Plan del Gobierno: por un lado, ayudan a contener la puja distributiva, pero por el otro permiten no fijar aumentos anuales porcentuales que afecten las expectativas inflacionarias, que debería ir confluyendo a la baja hacia fin del corriente año. La “desporcentualización” del proceso paritario en el comienzo de año, es decir en tiempos donde el Gobierno está tratando de reacomodar los compromisos de deuda pública, es de gran ayuda para contener la puja distributiva y evitar que las expectativas inflacionarias afecten la evolución de los precios.
Uno de los primeros gremios en adecuarse a estos parámetros fijados por el oficialismo para el proceso paritario fue la Asociación Bancaria que determinó aumentos de suma fija para los meses de enero y febrero, a cuenta de lo que se determinará en las negociaciones que retomarán en marzo.
Donde sí desconoció la Bancaria la pauta oficial de negociación, fue en el cierre de la paritaria 2019, donde en compensación por la aplicación de la cláusula gatillo, se acordó una recuperación del salario en términos porcentuales de 3,8%, en consonancia con el nivel de inflación anual conocido días atrás.
De todas maneras, el Gobierno pretende que desde la propia CGT se produzca alguna declaración de postura al respecto y se promueva como criterio propio que todos los gremios se atengan a encarar durante el primer cuatrimestre negociaciones salariales por sumas fijas a cuenta de lo que se negocia más adelante. Una decisión que tiene el objetivo de postergar la puja distributiva para luego que el Gobierno finalice el proceso de renegociación de la deuda externa y empiece a fijar los parámetros centrales de su plan económico.
En definitiva, como en otras áreas, en materia laboral las principales acciones de Gobierno parecieran estar suspendidas hasta que se termine de clarificar el escenario en materia de deuda. En la medida que esos cimientos se consoliden, se podrán levantar el resto de las paredes del programa económico.
