Category: Política

Las elecciones legislativas no son elecciones de distrito único, son 24 elecciones simultaneas. Por esta razón, suele ser difícil determinar si hubo un ganador a nivel nacional. De hecho, los oficialismos suelen juntar la mayor cantidad de votos cuando se contabilizan las 24 provincias. Ello sucedió en 2009 y en 2013 cuando el Frente para la Victoria perdió en PBA, pero sacó más votos que cualquier otra fuerza política, porque colectó votos en todas las provincias.

Sin embargo, esta elección de medio término tiene una particularidad distintiva: quizá por primera vez, una coalición opositora (Juntos por el Cambio) pueda competir a la par por juntar más votos a nivel nacional que el oficialismo. Por este motivo, será interesante estudiar cómo quede establecido el escenario nacional el domingo 12 por la noche, una vez terminado el conteo.

Cuando uno mira la dinámica de apoyo electoral que presentamos en nuestros estudios nacionales, nos encontramos con un proceso de deterioro que ha dejado al oficialismo en niveles de apoyo inferiores al 40%. Si uno contempla solo a aquellos encuestados que dicen que van a ir votar efectivamente, y proyecta indecisos con criterios de voto pasado, se podrían estimar niveles de apoyo electoral de 35% a nivel nacional.

Es cierto, parte de la participación contemplada podría no efectivizarse por la apatía o el desencanto que se observa en el electorado. E incluso, ese mayor ausentismo probablemente tenga una tendencia de voto opositor. Es precisamente por ello que estimamos que ese 35% de intención de voto podría aumentar por efecto de un mayor ausentismo, pero que aun así no llegaría al 40% que permitiría ilusionar al oficialismo con un triunfo nacional.

Como contrapartida, Juntos por el Cambio tendrá candidatos en todas las provincias. Nuestras proyecciones nos indican que podría imponerse en 4 de las 5 principales provincias (Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza). Además, podría competirle de manera muy pareja en la provincia de Buenos Aires, lo que le daría un buen impulso para la pelea voto a voto a nivel nacional.

Por todos estos elementos es que sostenemos que el retroceso electoral evidenciado por el oficialismo, con relación a su caudal electoral de 2019 lo pone bajo la amenaza de que la principal coalición opositora, rival de la elección presidencial de 2019, pudiera juntar más votos que el Frente de Todos e imponerse en la contabilidad nacional de la elección legislativa.

Además de la contabilidad de votos a nivel nacional y la pelea del oficialismo con Juntos por el Cambio para ser la fuerza más votada del país, el otro dato al que hay que prestarle atención el domingo por la noche será el resultado en la Provincia de Buenos Aires. Esto se debe no solo a factores cuantitativos (es la provincia más grande y la que más bancas reparte), sino porque fue el distrito epicentro del triunfo del Frente de Todos en 2019. Casi el 80% de la diferencia en votos que le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri a nivel nacional se explica por la diferencia que le sacó en el Gran Buenos Aires.

Retener la Provincia podría ser el resultado que ayude al oficialismo a matizar el deterioro en su caudal electoral en relación con lo obtenido en 2019. Pero perder en el distrito donde la figura fuerte de la coalición (Cristina Kirchner) tiene depositado el futuro de su proyecto político (Axel Kicillof y Máximo Kirchner) sería una señal muy preocupante para lo que pudiera pasar con el oficialismo en este distrito en 2023.

 

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina suscriptos al Módulo Político.

La oportunidad electoral y la conveniencia política se combinaron para que el consejo directivo de la CGT eligiera el jueves 11 de noviembre, tres días antes de las elecciones legislativas, para designar a sus nuevas autoridades.

Esta es una definición que apunta a estar en el centro de la escena en el momento cumbre del proceso electoral (Alberto Fernández podría cerrar su campaña con las nuevas autoridades de la principal entidad gremial), pero que también busca resguardar el proceso de renovación del resultado electoral (y su impacto). Esto específicamente aplica si el escenario se vuelve favorable al Gobierno y ello provoca que los sectores más poderosos de la coalición (el kirchnerismo) decida avanzar en impulsar a dirigentes gremiales afines, como sucedió en la designación de los dirigentes para integrar las listas de candidatos del oficialismo.

El objetivo de unidad se cerrará entre los gremios que han formado parte de la CGT en los últimos 20 años. Esa aspiración de unidad no alcanza a los gremios que integran la CTA liderada por Hugo Yasky, a pesar del reclamo que Alberto Fernández viene sosteniendo de que se unifique todo el arco sindical. Solo se trataría de la reunificación de la clásica CGT post crisis 2001. Queda claro que la unidad requerirá de un acuerdo de conducción colegiada. No están dadas las condiciones para encumbrar un liderazgo unipersonal, ni tampoco lo están para desarrollar una elección que lo defina. Por ello, la idea que se baraja con más fuerza es la de una conducción de tres Secretarios Generales (Triunvirato).

Sin embargo, no está claro si con tres triunviros será suficiente o si, contrariamente, se requerirá una cuarta silla para contener a todos los espacios. Esto se debe a que el sector que también pretende una silla es el de la CGT Azul y Blanca, vinculado a Luis Barrionuevo, dirigente gremial que apoyó la candidatura de Roberto Lavagna en 2019. Si los “Gordos e Independientes” deciden apoyar a Héctor Daer, si el moyanismo impulsa a Pablo Moyano y si Cristina Kirchner y el kirchnerismo reclaman a Sergio Palazzo, quizá sea necesaria una silla más para el sector de Barrionuevo.

Simultáneamente, hay una alternativa que no debería ser descartada. El kirchnerismo, que impulsó la idea de que Vanesa Siley (Judiciales) pudiera ser la mujer dentro de la conducción colegiada (pero que la CGT descartó elegantemente en un comunicado donde desconocía a Siley como representante del movimiento obrero entre los candidatos del Frente de Todos) podría decidir no avalar la reunificación de la CGT. Esto dejaría al moyanismo y al resto de los dirigentes que estuvieron al frente de la conducción de la central en tiempos de Macri confeccionar su conducción colegiada.

Luego, en este escenario tendríamos un triunvirato con Daer, Moyano y Acuña por el barrionuevismo. Esta opción pareciera cada vez más contundente, sobre todo porque el moyanismo ha venido mostrándose disconforme con el trato que recibe de parte del sector liderado por la vicepresidente, sobre todo al no haber recibido ninguna oferta para integrar lista de candidatos. Este ninguneo ha puesto a Hugo Moyano a la defensiva frente a un Gobierno que siente cada vez más distante.

Luego de la decisión del Gobierno de postergar para después de las elecciones la posibilidad de cerrar un acuerdo con el FMI y así reprogramar sus compromisos de deuda, resta saber cuándo podría ocurrir este acuerdo. Por lo pronto, el Gobierno deberá afrontar dos vencimientos con el FMI en lo que resta a 2021 (uno en septiembre, y otro en diciembre), ambos de 1.800 millones de dólares.

En lo que respecta al pago del primer vencimiento en septiembre, Cristina Kirchner confirmó que el Gobierno usará los fondos recibidos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) para afrontarlo. La duda que surge gira en torno a saber si el acuerdo se celebrará inmediatamente después de las elecciones del 14 de noviembre, para evitar de esta forma un nuevo desembolso en diciembre que debilite aún más las reservas del Banco Central.

¿Qué debería suceder para que el Gobierno pueda evitar pagar ese compromiso en el último mes del año?

Debido a la ley de “fortalecimiento de la deuda” que el propio oficialismo impulsó este año, cualquier reestructuración de deuda con el FMI deberá ser aprobada por ambas cámaras en el Congreso.

Si al Gobierno le va bien en las elecciones y logra cosechar más bancas de las que pone en juego, podría estar en mejores condiciones para aprobar el acuerdo con el FMI después del 10 de diciembre. Pero si quisiera lograr un acuerdo antes, para evitar el pago del vencimiento de diciembre, también
el Frente de Todos contaría con los votos necesarios apoyándose en algunos aliados.

La duda no está en el Senado, donde el Gobierno no necesita de más apoyo del que ya tiene, sino en Diputados, donde necesita conseguir 10 votos más con la flamante incorporación del Diputado Eduardo “Bali” Bucca, que se sumó luego de abandonar el bloque de Consenso Federal.

No obstante, los votos sí estarían: a los diputados del bloque de Unidad Federal (6) – que habitualmente acompañan al oficialismo – podrían sumárseles los diputados que responden al Gobernador Juan Scharetti (4) y al Gobernador Omar Gutiérrez (1), que acompañarían a de que se lograsen acuerdos convenientes para sus provincias. A su vez, podrían también acompañar al oficialismo los diputados del interbloque Acción Federal, (Felipe Álvarez y Antonio Carambia). Sin embargo, no serían estrictamente necesarios.

Con este núcleo de apoyo, el Gobierno podría aprobar rápidamente una potencial reestructuración de deuda con el FMI en la cámara de diputados, si quisiera que ello ocurra antes del 10 de diciembre.

 

*El presente articulo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina suscriptos al Módulo Político.

 

 

En la noche del 24 de julio, los principales referentes del universo sindical repasaban en qué medida las expectativas de ver dirigentes sindicales en las listas de candidatos que defiendan los intereses del movimiento obrero en el Congreso habían sido satisfechas. El resultado no fue el esperado, al cerrar las listas la representación era casi nula. No es la primera vez que esto sucede, desde 1983 en adelante el sindicalismo ocupa un lugar cada vez menor como candidato. De hecho, según nuestras proyecciones, podríamos estar encaminándonos a la menor representación sindical en el Congreso desde 1983.

De todos modos, habrá un reducido número de dirigentes de extracción sindical en las listas, sobre todo en la lista de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, dichos dirigentes mantienen un perfil muy marcado. En primer lugar, no forman parte del sindicalismo más tradicional que anima la conducción de la CGT Azopardo (los denominados “Gordos” de la CGT que no pudieron colar candidatos en las listas). Y más particularmente, se trata de dirigentes muy afines al sector político que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Entre los candidatos que más posibilidades tienen de ingresar aparecen Sergio Palazzo (La Bancaria), y dos que renovarán sus cargos, Vanesa Siley (Judiciales) y Hugo Yasky (CETERA). En el caso de la lista del Frente de Todos de Córdoba, allí hay dos dirigentes sindicales entre los candidatos, pero ocupando el 3er. y 4to. lugar, con pocas probabilidades de ser electos. El caso de Jorge Guaymas (Camioneros) en Salta es distinto, porque si bien encabeza una lista para ingresar a la Cámara de Diputados, deberá primero imponerse en una interna de varias listas que el Frente de Todos presentó en la provincia.

Fuente: elaboración propia en base a las listas presentadas.

Un aspecto no menor dentro de esta discusión sobre candidaturas es la señal que envió Cristina con la selección de Sergio Palazzo como el dirigente sindical más favorecido en la distribución de los espacios en las listas. Una señal que adquiere un gran valor en el marco de la discusión por la renovación de autoridades en la CGT, ya que Sergio Palazzo aspira a quedarse con la conducción de esta.

Es cierto que su candidatura a Diputado podría no ser compatible con el ejercicio del liderazgo, pero el antecedente de Héctor Daer, que ocupó uno de los tres sillones en la conducción de la CGT luego de la renovación de autoridades de 2016, mientras era Diputado Nacional.

Habrá que tener más presente a Sergio Palazzo en la discusión sobre las autoridades sindicales que se vendrá en octubre porque, además, pudiera ser el único puente para reunificar al sindicalismo de la CGT y con el sindicalismo de la CTA. Para ver un protagonismo de Palazzo de esa magnitud, deberá ser necesario que su lista pueda quedarse con el triunfo en noviembre. Por el contrario, sus aspiraciones quedarán dañadas si dicha lista termina derrotada.

 

*El presente articulo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina suscriptos al Módulo Político.

La principal preocupación de la ciudadanía sigue puesta en la gestión de la economía: la inflación continúa siendo la primera problemática en ser mencionada (el 34,3% de las veces). Si sumamos a ello la preocupación por al desempleo, ambas inquietudes económicas juntan el 46% de las menciones. Seguidas por la Corrupción, que al igual que a lo largo de todo el ciclo del Frente de Todos, se encuentra en torno al 30% de las menciones.

Un dato llamativo, que se ha venido consolidando en los últimos meses, es la caída de la preocupación por la Inseguridad que se encuentra en niveles muy bajos, inferiores al 5% de las menciones. El dato muestra cómo las preocupaciones económicas, sanitarias y la corrupción han desplazado otro tipo de preocupaciones.

La preocupación por la economía puede verse más nítidamente si se utiliza una pregunta que indague en un sentido más operativo sobre las preocupaciones. Si se propone el juego de “si Ud. fuera presidente” y se le pregunta al encuestado ¿cuál de estos temas consideraría el más urgente de atender hoy?, el 70% señala la urgencia de poner en marcha la economía, en detrimento de otras urgencias como controlar la pandemia, reformar la justicia, luchar contra la inseguridad, etc.

Activar la economía es la principal urgencia entre todos los segmentos de votantes, inclusive los oficialistas (57%), aunque, en este último caso, sigue habiendo un porcentaje más elevado que la media de votantes que señalan a la pandemia como principal urgencia (22%).

Esta mayor demanda por “Poner en marcha la Economía” es consistente con una mayor preocupación por la economía personal a la hora de evaluar si el ciudadano se preocupa más por la pandemia o por la economía doméstica.

Como se suele decir, las pandemias empiezan siendo sanitarias y terminan siendo económicas, más en una región como Latinoamérica y particularmente en un país como Argentina. Está en manos del actual gobierno, dado el mejor contexto en materia sanitaria, tomar las riendas de la situación económica y responder a la demanda de los ciudadanos.

Toda derrota electoral condiciona políticamente los márgenes de maniobra de cualquier oficialismo, pero los antecedentes también invitan a pensar en que una eventual derrota del Frente de Todos podría determinar cambios en posiciones claves del equipo de gobierno. Si la unidad del peronismo detrás de la figura de Alberto Fernández ya no garantiza triunfos electorales, ¿por qué los miembros de la coalición querrán seguir integrándola bajo los términos iniciales?

Si el Frente de Todos pierde, el liderazgo del Presidente quedará muy debilitado y se requerirá un rediseño del esquema de gobierno para poder renovar el vínculo entre todos los miembros de esa sociedad. Esos cambios incluso podrían llegar a incluir modificaciones dentro del Gabinete.

Lo cierto es que, si el oficialismo pierde la elección, los miembros de la coalición realizarán una lectura de esa derrota. Posiblemente la interpretación se focalice en una gestión ineficiente, sobre todo en materia económica, ya que los resultados alcanzados hasta el momento no son los esperados. Estas discusiones pondrán seguramente en duda los roles de Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, y Martín Guzmán, ministro de Economía, atribuyéndoles las principales responsabilidades de la situación.

Ante estas posibles salidas, la oxigenación que esto llevaría al gabinete deberá incluir figuras con volumen político que funcionen como tutores del poder ejecutivo. En este contexto, se pensó desde el oficialismo la posibilidad de poner en real funcionamiento el sistema semipresidencial pensado en la reforma de 1994. Para atenuar el presidencialismo, se creó la figura de un jefe de gabinete fuerte, con chances de ser removido por el Congreso.

¿Quién pudiera ser una figura de volumen dentro de la coalición para ocupar la Jefatura de Gabinete en esas condiciones? Aparece la figura de Sergio Massa como un posible candidato, el actual Presidente de la Cámara de Diputados sería útil para apuntalar desde la coalición al equipo de gobierno, y como contrapartida sería para Massa una forma de ganar relevancia dentro de la coalición. La sintonía de Massa con Máximo Kirchner y el diálogo fluido que logró adquirir con la figura fuerte del Frente de Todos, Cristina Kirchner, son indicios de que podría tratarse de la persona indicada. Además, Massa mejoraría aspectos de la comunicación y no dejaría al presidente tan expuesto en el rol de vocero.

En síntesis, una eventual derrota en las próximas elecciones pondría en jaque a la coalición de gobierno, obligándola a repensar sus equilibrios internos. Si bien el escenario de derrota todavía no resulta claro, la perdida del caudal de votos es evidente y pone en zona de riesgo al oficialismo.

 

*El presente articulo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina suscriptos al Módulo Político.

Era de esperarse que el 29% de inflación anual que anticipaba el Presupuesto 2021 quedaría desactualizada , pero este mes se agregaron señales oficiales de que la pauta ya no existía más, lo que impulsó al promedio de los aumentos salariales por encima del 40%.

Este panorama era predecible, incluso por los propios gremios, que fueron elevando sus aspiraciones en las negociaciones paritarias. Sin embargo, este último mes hubo dos señales muy fuertes del oficialismo para corregir la pauta inicial del 29% con la que el Gobierno intentó ordenar la puja distributiva: tanto el presidente, como su vicepresidenta, al igual que el jefe de gabinete, avalaron públicamente acuerdos salariales que rompían la barrera del 40%.

Dichas señales fueron suficientes para que los dirigentes gremiales entendieran que se estaba abriendo una nueva etapa en las aspiraciones salariales, y que se podían negociar acuerdos más cercanos al 40% que al 30%. Es cierto que la mayoría de los acuerdos ya celebrados tenían incluidas cláusulas de revisión, pero se trata de cláusulas que estaban contempladas en el último trimestre del año. El gobierno permite esto con miras a las elecciones de septiembre, a pesar de que deja en manos de cada gremio la negociación.

Mayo fue un mes bisagra, porque allí empezaron a aparecer acuerdos que se acercaban más al 40% que al 30% inicial. UOCRA, UTA y Ferroviarios se ubicaron en la parte alta de rango de 30-40% de aumento. Pero junio registró un salto significativo en la pauta oficial con los acuerdos de Camioneros, Pasteleros y las revisiones de SUTERH y Bancarios. El promedio de los acuerdos firmados en junio contemplados en nuestro análisis ya se muestra 3 p.p. por encima del 40%.

Los resultados del actual proceso paritario no resultan un dato menor en el contexto que atraviesa todo el arco sindical. Con el Congreso unificador de octubre a la vista, las principales dirigentes sindicales con aspiraciones de protagonizar la próxima conducción están compitiendo por quien representa mejor los intereses de sus afiliados. El hecho de haber logrado una de las pautas más altas de renovación salarial, lo sigue dejando a Hugo Moyano como uno de los dirigentes más cumplidores con sus propias bases

La falta de consenso para promulgar la ley enviada por el presidente para coordinar medidas contra la pandemia mediante parámetros epidemiológicos evidenció el poco margen con el que cuenta el gobierno para sacar leyes, incluso antes que se redistribuyan las fuerzas en el Congreso luego de las elecciones legislativas. La misma se encuentra trabada por cuestionamientos a la viabilidad de un proyecto que debería ser el producto de un pacto entre los Gobernadores y el Ejecutivo nacional. El oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría, pero no consiguió el consenso para poder llevarlo al recinto.

Por otro lado, para esclarecer la situación con respecto a los acuerdos con los principales laboratorios productores de vacunas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa en acuerdo con los distintos jefes de bloques parlamentarios, representantes de Pfizer y Richmond llevaron adelante una reunión informativa para detallar el estado contractual vigente de las negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, desde AstraZeneca se comprometieron a participar enviando respuestas por escrito. Otros convocados fueron el Fondo COVAX; el Instituto Gamaleya (Rusia); Sinopharm (China); y Serum Institute (India), aunque no participaron de la reunión.

En cuanto al conflictivo acuerdo con Pfizer, el vicepresidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo, sostuvo que “no queda claro cuál es la modificación a la ley de vacunas que quiere Pfizer. De todos modos, de ninguna manera se puede admitir hacer una ley a medida de Pfizer, ni de nadie, aunque si se podría analizar cualquier reforma de cualquier ley, pero siempre teniendo en cuenta si los cambios son beneficiosos para los argentinos”.

Otra cuestión que mantuvo al Congreso en ebullición esta última semana fue la marcha atrás con la actualización retroactiva del monotributo. En respuesta al malestar que se había generado por la decisión de la AFIP de actualizar los montos del Régimen Simplificado (Monotributo) recategorizando de oficio a los contribuyentes de manera retroactiva a enero de este año, el Gobierno Nacional solicitó al Congreso el tratamiento de un programa de mejoras para el Monotributo y de “alivio fiscal”. La iniciativa se transformó en un proyecto de ley de manera inmediata y fue ingresado en la Cámara de Diputados. La propuesta es la de crear un Programa “Fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes” que dispone de 4 medidas: sostenimiento de valores mensuales, actualizaciones de escalas, alivio fiscal para pequeños contribuyentes y un régimen de regularización para deudas.

A poco más de tres meses de las elecciones legislativas de septiembre, el impacto de la vacunación dentro del electorado no parecería ser suficiente. La imagen positiva del gobierno tan solo crece un 13% entre los ya vacunados, esto se explica casi en su totalidad por la mejora que se verifica en el universo de los votantes del Frente de Todos.

En cuanto a la intención de voto, se verifica una mejora significativa entre los votantes propios, mientras que se observa una mejora casi residual en el campo opositor. A la variable política, es necesario sumarle la variable etaria al análisis del impacto de la vacunación, por un sencillo motivo: el universo de los vacunados tiene, por ahora, sobrerrepresentada a la población adulta mayor, que es la que primeramente está siendo vacunada. Suena lógico entonces anticipar que, en los segmentos más jóvenes, el impacto de la vacunación será aún más residual que el que se está viendo hasta aquí.

Sin embargo, si bien el impacto directo no pareciera mostrar significativas variaciones entre los votantes, sí lo hace de una manera indirecta ante una posible vuelta a la normalidad mejorando la salud de la economía.

En términos generales, entre los menores de 50 años, a la hora de señalar el principal problema que afecta al país, más del 50% indica problemas económicos (inflación y desempleo). Esta es una preocupación que se profundiza aún más en el segmento más joven (ambos problemas reúnen el 58,8%). Estas variables implican una mayor preocupación entre los propios votantes del Frente de Todos.

Una vacunación masiva podrá permitir que la economía recupere cierta normalidad, y eso ya será todo un beneficio electoral para el oficialismo frente a estas preocupaciones. O por lo menos, podría generar una recuperación de las expectativas sobre el futuro o una esperanza de que lo peor de la pandemia – económicamente hablando – ya pasó.

En la actualidad el Frente de Todos se encuentra en los niveles más bajos de apoyo electoral, con un nivel de desencantados que ya roza el 30%. Esta caída en el caudal electoral no necesariamente puede llevar al oficialismo a obtener menos bancas de las que renueva en la elección de medio término. El escenario aun así demuestra la ventaja que ofrece el escenario de renovación del oficialismo que incluso sacando un 25% menos de votos que en 2019, podría estar perdiendo solo una banca en la Cámara baja, quedando a 11 votos de poder sancionar leyes.

En cuanto la escena electoral en Provincia de Buenos Aires particularmente, allí se encuentra el nivel más alto de desencantados. Este segmento es clave para definir el rumbo de la elección. Si nos guiamos por el porcentaje de votantes del Frente de Todos que nos dicen que hoy volverían a votar al oficialismo, de aquel 52,2 de votos del 2019, hoy el oficialismo estaría reteniendo el 63,8% de esos votos (33,4/52,2), según nuestro estudio de mayo en PBA.

La decisión que tomen esos votantes desencantados (votar efectivamente alguna fuerza opositora o reincidir en el voto al Frente de Todos) será determinante en el resultado. Y en buena parte, su decisión dependerá no solo de si el contexto económico o sanitario mejora o empeora, sino también de las alternativas que se le ofrezcan en la góndola. Si la oferta peronista no oficialista (Florencio Randazzo) no seduce, y si Juntos por el Cambio no logra despegar su identidad del fracaso de Macri, posiblemente los votantes blandos desencantados del oficialismo puedan pensar que apoyar al Gobierno pudiera ser un mal menor.

 

La incertidumbre acerca de los valores que la inflación tomaría a lo largo de este 2021 fue mermando con el pasar de los meses, particularmente si se observa la inflación acumulada del 17,6%. Lo que resulta claro es que el 29% que el Ministro Guzmán proyectaba en el Presupuesto quedó atrás. En este marco los sindicatos debieron enfrentar sus acuerdos paritarios. De hecho, si se observa la evolución agregada de los acuerdos paritarios, se verifica una tendencia claramente alcista en los últimos acuerdos.

¿Cómo vienen las paritarias en el 2021?

Bancarios inauguró el año paritario con un acuerdo de 29% en enero que incluía una cláusula de revisión. Luego se fueron dando acuerdos que intentaban respetar esa pauta establecida en el Presupuesto 2021 y fijada por el Gobierno para tratar de contener la puja distributiva dentro de los parámetros establecidos para la política macroeconómica. Pero lentamente empezaron a aparecer acuerdos que se acercaban más al 40% que al 30% inicial. UOCRA, UTA y Ferroviarios estuvieron este mes en la parte alta de rango de 30-40% de aumento. Por su parte, el acuerdo semestral de Judiciales, si se anualiza, también se acerca al 40%. Quien podría romper este techo podría ser Camioneros que ya se encuentra en negociaciones para celebrar su acuerdo paritario 2021-2022.

Fuente: elaboración propia en base a acuerdos celebrados.

Si bien se puede apreciar una tendencia alcista en los acuerdos salariales, si tomamos las proyecciones que realiza el mercado sobre la inflación, se encuentran más cercana al 50% que al 40% por el que hoy pelean los trabajadores. Difícilmente entonces este año se pueda recuperar algo de lo que la mayoría de los salarios vienen perdiendo en años anteriores.

No solo preocupa la inflación y el desempleo, también la vacunación y la caja de las obras sociales

En el contexto de la pandemia del coronavirus, los sindicatos no solo se deben enfrentar a los desafíos de la inflación y el desempleo sino también al colapso del sistema de obras sociales y a los reclamos de los trabajadores por ser rápidamente vacunados.

El sistema de obras sociales ya traía problemas de desfinanciamiento previo a la crisis del COVID, y que frente a la pandemia esos problemas no hicieron más que agudizarse. En particular, el sistema tiene serias dificultades para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad.

Para paliar esta situación el gobierno de Alberto Fernández accedió a unos de los pedidos históricos de los dirigentes con relación a la situación financiera de las obras sociales. Modificar el mecanismo de libre elección de la obra social. Consiste en que los afiliados deban permanecer en la obra social de su actividad un tiempo determinado antes de disponer el traspaso de los aportes a otro efector. Sin embargo, los problemas financieros no se solucionarán únicamente con esta modificación.