Milei aprovecha la ventaja de tener una oposición maniatada y fragmentada

Liderar un gobierno en minoría en un régimen presidencialista tiene sus riesgos. No solo por la dificultad para poder tomar decisiones (las leyes requieren acuerdos con sectores opositores) y el riesgo de bloqueo, sino por el riesgo de tener decisiones adoptadas por el Poder Legislativo contra el deseo del Poder Ejecutivo. Cuando se está en hiperminoría (el caso de Milei), para minimizar esos riesgos se vuelve conveniente la fragmentación de la oposición. Y eso efectivamente ocurre en este inicio de ciclo del libertario. Pero en el inicio de mandato hay otro factor que ayuda a minimizar esos riesgos: la presión que la sociedad ejerce -de manera implícita- contra cualquier actitud obstruccionista de los actores opositores. Una presión que “obliga” a ayudar.

La oposición tiene hoy la capacidad de bloquear o rechazar las decisiones de Milei, tiene los votos en el Congreso para no aprobar leyes o para rechazar DNU’s. Pero esa capacidad está condicionada por el riesgo de pagar un alto costo ante la sociedad (aparecer obstaculizando a un gobierno nuevo) y el riesgo de hacerse corresponsable del eventual futuro fracaso de Milei (si ello ocurre, se alegará que fracasó porque la oposición le puso palos en la rueda y obstaculizó la gestión de gobierno). Estos son los fundamentos que explican las ventajas de esta ventana de oportunidad para tomar decisiones que tiene Milei al inicio de ciclo, ya que frente a una oposición fragmentada y amañatada para obstaculizarle o bloquearle decisiones, él puede avanzar por la vía de excepción (DNU´s), a la espera de que la vigilia social lo proteja de actitudes opositoras bloqueadoras.

Ese costo potencial frente a la sociedad que limita el accionar de la oposición, y que está presente en este inicio de ciclo, será marginalmente decreciente ante el eventual incremento de las probabilidades de fracaso del plan de gobierno de Milei. Es decir, en la medida que Milei no pueda ofrecer resultados, las restricciones que operan sobre la oposición para ejercer un papel obstruccionista o bloqueador irán disminuyendo, de la mano del crecimiento del mal humor social. Este es el riesgo y la urgencia que enfrenta Milei.

Un aspecto interesante es observar que la dispersión opositora está reflejada en la ausencia de consenso sobre quién es el líder de la oposición. De hecho, la principal respuesta a la pregunta de quién es hoy el líder de la oposición, en base a un listado con las figuras políticas nacionales más importantes, fue “otro”. Y la mayoría de las respuestas de la opción “otro” señalaban, ante una repregunta, que no veían líderes en la oposición.

Entre los que votaron a Sergio Massa, en su gran mayoría de extracción kirchnerista, un 41,3% percibe que el líder de la oposición es Axel Kicillof, pero ese porcentaje cae a 24,% entre los que votaron a Javier Milei.

Otra forma interesante de analizar la dispersión de liderazgos opositores, es contrastar la percepción (a quién ves como líder) con el deseo (a quién queres como líder). Si el 41,3% percibe a Kicillof como líder opositor, solo el 33,4% desea que lo sea. También baja Grabois, de 18,9% a 14,1%. Y crecen Cristina Kirchner de 10,6% a 14,1% y especialmente Sergio Massa, que pasa del 4,7% a un 13,8%. Sigue siendo Axel Kicillof el más deseado como líder opositor de parte del electorado opositor, pero no llega a superar el tercio de menciones.

En definitiva, Javier Milei sufre restricción decisional, gobierna en minoría, pero esa debilidad hoy no termina de quedar expuesta en parte porque la oposición está condicionada o a colaborar o a no obstaculizar la acción de Gobierno, y fragmentada en varios espacios y sin liderazgo. Milei gozará de esta ventaja durante el comienzo de su ciclo, pero podría perderla si los resultados no aparecen en los tiempos que la sociedad espera.

En Marzo, la preocupación por la inflación desciende 10 puntos porcentuales

De la mano del descenso de la inflación que se viene registrando en el IPC desde el pico de diciembre, y de la tendencia que pareciera sostenerse en marzo, la preocupación por inflación cede este mes 10 puntos porcentuales, llegando al nivel más bajo de los últimos 7 meses. Este descenso de la preocupación por el aumento de los precios se traslada a otras tres preocupaciones que suben en marzo, y que son: la preocupación por la corrupción, la preocupación por la inseguridad y la preocupación por el narcotráfico. Entre la preocupación por la inseguridad y por el narcotráfico (que creció el mes en que recrudeció esta problemática en Rosario) acumulan casi 10 puntos porcentuales de menciones, mientras que la preocupación por la corrupción crece más de 4 puntos porcentuales entre el registro de febrero y el de marzo.

 

 

A su vez, continua mejorando la expectativa sobre cuándo se logrará bajar la inflación. Sin lugar a duda la desaceleración de la inflación viene siendo el principal resultado que el oficialismo le puede ofrecer a una opinión pública mayormente preocupada por el aumento de los precios.

De hecho, la desaceleración observada en el IPC de febrero -mayor a la esperada-, puede haber contribuido en cambios en la percepción que la opinión pública tiene sobre las responsabilidades sobre la inflación presente. Si en febrero un 37,4% de la gente creía que la inflación actual es responsabilidad de este gobierno, en marzo esa percepción bajó a 29,8%, mientras que por el contrario, el porcentaje de los que creen que la inflación es responsabilidad del anterior gobierno subió de 48,1% a 51,9% de los encuestados.

También se registró en marzo una mejora en las expectativas de la opinión pública sobre cuándo se logrará bajar la inflación. Entre la percepción que se tenía en enero y la de marzo, los que creen que en 6 meses se logrará bajar la inflación a un dígito aumento de 7,9% a 18,6%, mientras que los que creen que lo logrará en un año se incrementó de 12,7% a 20,9%. Como contrapartida, los que creen que no logrará bajar la inflación a un dígito se redujo de 50,8% en enero a 37,5% en Marzo.

También se registran cambios en la paciencia social respecto de la tolerancia al gobierno para que baje la inflación. Si en enero el 41% de los consultados respondían que le daban 3 meses al Gobierno para bajar la inflación, en marzo ese porcentaje se redujo al 23,4%, lo que puede evidenciar que la desaceleración de la inflación pudiera estar repercutiendo positivamente en la paciencia que la gente dice tener para esperar que el Gobierno logre bajar la inflación efectivamente.

El Senado rechazó el DNU de Milei y ahora depende de que no lo rechace diputados

Luego de idas y vueltas, el Senado logró tratar en el recinto el mega DNU 70/2023 firmado por Javier Milei apenas asumió su mandato, y una mayoría de 42 senadores votaron por el rechazo del mega decreto. Se trató de una derrota política del oficialismo en el Congreso, pero que no sorprendió, ya que se especulaba que en el Senado esto podía pasar, dado que con la oposición del peronismo y sus 33 Senadores, el rechazo del DNU solo necesitaba de 4 senadores más. Fueron finalmente 9 senadores más los que se sumaron al rechazo del bloque peronista, dentro de los cuales resaltan 6 senadores patagónicos: Carambia, Gadano (Santa Cruz), Silva (R. Negro), Crexell (Neuquén), Terenzi (Chubut) y Blanco (T. del Fuego). Los 3 restantes que se sumaron al peronismo fueron Carlos Espínola (Corrientes), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Martín Lousteau (CABA).

La posición de los senadores patagónicos, aún no siendo definitorios para el rechazo, fue el dato político de la jornada, ya que se trata de provincias que habían entrado en conflicto con el Gobierno nacional por el recorte de los fondos discrecionales que la Nación enviaba a esos distritos y que provocaron el enojo de sus gobernadores.

La derrota política del oficialismo en el Senado no es otra cosa que un síntoma inocultable de la debilidad legislativa del poder ejecutivo, y señal de la restricción decisional que opera sobre el Presidente, que no tiene los votos para sancionar leyes pero tampoco tiene los votos para defender en el Congreso la posibilidad de tomar decisiones por una vía de excepción, como son los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Una debilidad que lo expone a decisiones no deseadas de parte del Congreso. Como lo que ocurrió el miércoles pasado, cuando bloques opositores casi consiguen el quórum para emplazar a la cámara a tratar en Comisión los proyectos de cambio de la movilidad jubilatoria que hay con estado parlamentario para evitar que la inflación sigua licuando los salarios a jubilados y pensionados.

La sesión se frustró por la ausencia de 10 diputados. Pero si se cuenta que no pudieron estar 7 diputados de Unión por la Patria y tampoco pudo estar la diputada Margarita Stolbizer, la cuenta se achica a un puñado de diputados los que le faltaron a este grupo de bloques opositores para propinarle otra derrota al oficialismo.

La clave para desactivar esta sesión estuvo en la ausencia de diputados que responden a gobernadores. Los 3 diputados cordobeses que faltaron a la convocatoria de su propio bloque, lo hicieron por decisión de Martín Llaryora, quien evitó aparecer impulsando decisiones contrarias al oficialismo. Algo parecido pasó con los diputados Florencia Kalipawka Lewtak (Misiones), Francisco Morchio (Entre Ríos) y Jorge Ávila (Chubut). Todos legisladores del bloque Hacemos Coalición, que había convocado a la sesión especial en cuestión.

Esta actitud de los gobernadores de no contribuir a la movida no deseada por el oficialismo está vinculada con la apertura del diálogo ofrecida por el Gobierno nacional para rediscutir la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Esta ventana de oportunidad para negociar consensos que satisfagan intereses de ambas partes (del oficialismo en sancionar su ley y de las provincias en obtener alivio financiero), ha servido como paraguas para el oficialismo. Una forma de desactivar avances no deseados en el Congreso.

Lo que resta saber es cómo va a prosperar el diálogo entre Ejecutivo y Gobernadores, ya que aún no hay acuerdo y de ello dependerá la tesitura que los Gobernadores tengan en el Congreso para apoyar o no las decisiones no deseadas que el Legislativo decida impulsar en contra de los intereses del Poder Ejecutivo, como el rechazo del DNU. Esa es la clave para entender lo peligroso que se puede volver el Congreso para los intereses de Javier Milei.

 

 

 

 

Milei retoma la vía del diálogo y ofrece intercambiar Ley Bases por alivio fiscal

Javier Milei aprovechó su discurso de inauguración de sesiones ordinarias para retomar la senda del diálogo y volver a explorar la posibilidad de sacar la Ley Bases y el paquete fiscal que ha intentado sacar del Congreso en sus primeros meses de mandato. La pelea con el gobernador de Chubut había provocado una reacción en cadena en contra del presidente de parte de la mayoría de los gobernadores, lo que obligó al presidente a retomar la posibilidad de un entendimiento con Gobernadores, sobre todo porque el FMI lo está presionando para que logre acuerdos políticos que le den sustento al programa de ajuste fiscal. Así surgió la propuesta de Pacto de Mayo y el preacuerdo previo que permita avanzar con la Ley Bases a cambio de dar alivio fiscal a las provincias.

La estrategia del oficialismo pareciera esta vez estar focalizada en seducir a los gobernadores con un intercambio de necesidades: 1) apoyar la aprobación de una versión de Ley Bases que incluya la declaración de emergencias, el otorgamiento de facultades delegadas, y los capítulos orientados a desregular los mercados de energía y minería y a establecer incentivos para grandes inversiones, con la inclusión de la nueva ley de movilidad jubilatoria; a cambio de 2) ofrecer alivio fiscal a las provincias a través de la aprobación de un paquete fiscal que contemple la reposición del Impuesto a las Ganancias, a la que se sumarían el capítulo fiscal de la Ley Bases (régimen de blanqueo, moratoria y el adelanto de bienes personales, sin la suba de retenciones que generaba complicaciones en provincias agropecuarias).

En principio, esta propuesta no tendría pleno consenso entre los gobernadores, y los mandatarios insistirán con coparticipar el impuesto PAIS y reclamarán una propuesta de alivio fiscal que contemple revertir los recortes efectuados por Nación en materia de transporte y fondos para el salario docente.

Si este preacuerdo se logra (Ley Bases a cambio de alivio fiscal), entonces Milei ofrecerá rediscutir los términos de su propuesta de Pacto de Mayo, que contempla el compromiso para acordar 10 puntos que constituirían un nuevo régimen económico, que estaría acompañado de reformas estructurales que le den una plataforma sólida a la recuperación de la economía argentina y que sería firmado el 25 de mayo próximo.

De esta negociación dependerá de la capacidad que tenga el oficialismo de sacar la Ley Bases del Congreso. Da la sensación que va a ser difícil que haya consenso pleno entre todos los gobernadores, sobre todo porque los gobernadores del peronismo parecieran querer sostener una posición maximalista en la negociación. Pero dependerá de qué consensos se logren entre los otros mandatarios para saber si los incentivos de la negociación arrastraran a todos a algún consenso. Esto es lo que se inició luego de que el presidente rehabilitara la vía del diálogo nuevamente en búsqueda del consenso político que ayude a darle consistencia al programa económico.

 

La CGT abandona la idea de paros generales y apunta a muchos micro conflictos

La relación entre el Gobierno y la dirigencia sindical se ha deteriorado vertiginosamente. La dirigencia sindical se siente agredida por el gobierno y por sus iniciativas, lo que la ha llevado a adoptar una actitud combativa. Parte de eso explicó el Paro General que decidió la CGT realizar, una decisión que recogió muchas críticas por lo temprana de la medida con un gobierno recién comenzado. Por este motivo, para evitar esa crítica, la CGT ha decidido mantener su actitud combativa y adoptar una estrategia menos visible de confrontación: acompañar todos los conflictos y las medidas de fuerza que se resuelvan en los diferentes gremios que integran la CGT. Y algo de eso ya se vio a lo largo de los últimos 30 días con el triunvirato acompañando los diferentes conflictos.

Y los conflictos se han multiplicado, al punto que hemos tenido muchos de ellos que derivaron en medidas de fuerza. Estos conflictos son los que la CGT está decidida a apoyar en su puja contra el Gobierno de Javier Milei.

La opinión pública ve responsabilidades compartidas en la caída de la Ley Bases

Sin lugar a duda, el hecho político más destacado del inicio de ciclo de Javier Milei fue el tratamiento de la Ley Bases, que contenía una serie de reformas y decisiones que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para obtener las herramientas que a su percepción requería para poder avanzar con parte de su programa de gobierno.

El tratamiento frustrado de la Ley sirvió como elemento ilustrativo de la restricción decisional que opera sobre la voluntad del Poder Ejecutivo de ejecutar un plan de gobierno. 

 

 

Lo interesante era auscultar en la opinión pública la percepción sobre las responsabilidades del frustrado tratamiento de la ley. En ese sentido, y consultada sobre el asunto, la opinión pública repartió responsabilidades casi equilibradas entre oficialismo y oposición. Mientras un 46,7% le asignó más responsabilidad a la oposición por el frustrado tratamiento, otro 42,3% consideró que la mayor responsabilidad por la no aprobación de la ley era del presidente. Un 6,9% se inclinó por repartir culpas a ambos lados del mostrador, y un 4,1% no supo o no quiso asignar responsabilidad.

 

 

Con la caída de la ley, en algún momento se especuló (Milei lo había advertido durante la campaña) con la posibilidad de que el presidente decidiera convocar a la gente a decidir y someter la decisión a una consulta popular no vinculante. Y a pesar de que hay una ligera mayoría que se inclina por avalar ese método (48% dice estar de acuerdo con que el presidente decida hacer eso), hay una ligera mayoría que votaría en contra del proyecto (50,4%). En conclusión, si miramos estos números, parece acertada la decisión de no someter a discusión popular la iniciativa, ya que no teniendo asegurado que la votación la ganará, sería un golpe muy fuerte, políticamente hablando, para el oficialismo perder una votación de estas características al inicio de ciclo.

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Luego del paro, Milei escala el conflicto con la CGT: SMVM y obras sociales

Sin diálogo y ante la ausencia de interlocutores legítimos con el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a cabo el primer paro general contra el Gobierno de Javier Milei en rechazo al DNU 70/2023 y la ley ómnibus, medida que tenía como principal objetivo la movilización al Congreso Nacional. Esta ausencia total de diálogo se da cómo consecuencia de la reforma laboral que intenta llevar a cabo el Gobierno vía DNU sin sentar a los sindicalistas en la mesa para discutir y consensuar las modificaciones. 

Milei-CGT: una relación que comenzó regida por la confrontación. La relación entre el nuevo oficialismo y la CGT nació a la luz de la confrontación. Ya resulta evidente que Javier Milei pareciera querer administrar su relación con el sindicalismo desde la confrontación, algo que no desentona de su estilo político general.

Está claro que el DNU con reformas laborales sin acordarlas con el sector sindical fue la primera piedra de confrontación con el sindicalismo, pero se sucedieron otras que resaltan la conflictividad entre estos dos actores:

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Opiniones divididas sobre el contenido y las formas de las decisiones de Milei

Sin lugar a dudas el inicio del ciclo de Javier Milei ha estado marcado por un decisionismo extremo. El flamante presidente ha puesto a consideración del resto de los actores una catarata de decisiones, en múltiples ámbitos y utilizando diferentes herramientas decisionales que han provocado una discusión, no solo sobre el contenido de las decisiones, sino sobre si las formas son legítimas y legales para la adopción de tales decisiones. En ese sentido, también aquí observamos una opinión pública dividida entre el acuerdo o el desacuerdo, tanto con el contenido como con las formas. En relación al contenido, y lógicamente teniendo que forzar una única percepción singular sobre una realidad muy compleja y variada de temas, se observa una ligera mayoría (47,2%) que se muestra más en desacuerdo que de acuerdo con el contenido general del DNU y la Ley Ómnibus. Y curiosamente se observa un tercio que está en desacuerdo con todo y casi un cuarto que está de acuerdo con todo. Es decir, más del 50% de los consultados adopta las posiciones extremas.

Naturalmente, a la hora de verlo según la orientación del voto en el balotaje 2023, se observa una gran mayoría de acuerdo entre votantes de Milei y una gran mayoría en desacuerdo entre votantes de Massa, lo que ayuda a explicar la polarización de posiciones que observamos en este comienzo de la era Milei. 

Por otra parte, y ya en relación a las formas de las decisiones, la utilización de un único DNU para tomar una gran diversidad de decisiones, lo que le impide al Congreso de analizarlas una por una sino que lo somete a la situación de tener que aprobar o rechazar todas juntas, es valorado negativamente por un 53,4%, que se manifestó en desacuerdo con esa metodología. Solo el 40,6% se manifestó total o bastante de acuerdo con que Milei adopte decisiones de esa forma. De hecho, casi un 20% de los propios votantes de Milei en el balotaje, manifestaron desacuerdo con esa metodología.

Finalmente, y en relación a si el hecho de que Milei haya ganado la elección en el balotaje sacando un 55,7% lo autoriza a decidir sin buscar acuerdos con el resto de los actores políticos, un 48,2% se inclina por estar más de acuerdo con que Milei debe acordar todo o casi todo con el resto de los actores políticos.

Curioso que entre los propios votantes de Javier Milei no pareciera haber convencimiento mayoritario de que el presidente debe decidir todo o casi todo solo. Lo que marca que el camino del diálogo y la búsqueda de los acuerdos pareciera ser el reclamado por la mayoría, aún en este contexto de crisis.

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No todas las fuentes para ajustar el déficit gozan de consenso social

Uno de los principales desafíos políticos que enfrenta Javier Milei es corregir el déficit fiscal. Para esta tarea, el gobierno ha venido advirtiendo que buscará diversas fuentes de ahorro para eliminar el déficit. Entre ellas, hay 5 principales: reducir gastos administrativos y empleo público, no financiar el déficit de las empresas públicas, ahorrar gasto en subsidios económicos (con el correlato de trasladar ese costo a los usuarios), paralizar la obra pública y reducir las transferencias discrecionales a las provincias. 

La decisión de buscar el ahorro en recortar gastos administrativos y empleo público es la fuente que más apoyo social recoge. Un 56,2% de los consultados se mostraron a favor de ahorrar recursos de esta forma.

Por el lado de las empresas públicas, la idea de no financiar más el déficit de empresas, como Aerolíneas Argentinas, AYSA o Ferrocarriles Argentinos, recoge el apoyo de más del 50% de los consultados, mientras que sólo un 41,0% de ellos se manifiesta poco o nada de acuerdo en ajustar ese gasto.

La propuesta de paralizar toda la obra pública es una de las 3 fuentes de ahorro que recogen más rechazos que apoyos. Un 48,4% se manifiesta poco o nada de acuerdo mientras que un 42,5% se manifiesta a favor de ahorrar recursos paralizando la obra pública para eliminar el déficit fiscal.

Tampoco recoge amplio consenso social la idea de paralizar las transferencias discrecionales a las provincias. Solo un 36,3% se manifiesta a favor, mientras que un 46,5% lo hace en contra de la propuesta.

Finalmente, la propuesta que más rechazos genera es la de reducir los subsidios económicos (aumentar tarifas de servicios públicos). Solo un 36% se manifiesta a favor, mientras un 53,3% se manifiesta en contra.

En definitiva, el desafío político de eliminar el déficit fiscal toma dimensión cuando se evalúa el apoyo social que recogen las alternativas de ajustar el gasto público. Sobre todo porque muchas de las fuentes de ahorro, son fuentes que terminan repercutiendo en los bolsillos de la gente, o chocando contra paradigmas aspiracionales respecto de lo que el Estado debe ser o debe tener.

Lo curioso del gráfico es el hecho de que de todas las fuentes analizadas, la que más apoyo social recoge es la de reducir gastos administrativos o recortar empleo público, que es quizá la única que no repercute directa o indirectamente (aún siendo que todas de alguna manera terminan repercutiendo en la gente). Sería la versión de que el ajuste lo paga la “casta” o los privilegios de la política.

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Un ciclo de hiperminoría en busca de ordenar la economía sin morir en el intento

Se inicia un ciclo que, como muchos ciclos políticos recientes, enfrenta un gran desafío económico, pero que en este caso deberán ser enfrentados en condiciones políticas dramáticamente adversas. La presidencia de Javier Milei será la que goce de la mayor debilidad legislativa de toda la democracia, lo que marca que el presidente tendrá los márgenes decisionales muy acotados para enfrentar aquel desafío económico. Se trata de un ciclo de hiperminoría que deberá ordenar la economía sin morir políticamente en el intento.

Visto el desafío económico, es posible interpretar las dificultades políticas que va a tener el presidente electo para encarar ese desafío. Si uno sabe lo que necesariamente deberá hacer, y proyecta lo que muy probablemente ocurrirá por hacer eso, naturalmente puede deducir qué cosas le ocurrirán como consecuencia y puede evaluar en qué medida esas consecuencias podrán condicionar los objetivos políticos del presidente electo. 

Siguiendo ese recorrido, es inexorable anticipar que Javier Milei aplicará, en dosis que están por verse, algún tipo de corrección del desequilibrio monetario, algún tipo de corrección del desequilibrio cambiario y algún tipo de corrección del desequilibrio fiscal. Aun no sabiendo las dosis de corrección en cada uno de esos ítems, es posible proyectar que muy probablemente esas medidas producirán un incremento de la inflación y potencialmente caída en el poder adquisitivo de los ingresos de toda o una parte de la sociedad, esto podría provocar caída en el consumo y en la actividad económica y algo más de desocupación o de informalidad.

La consecuencia de esos impactos económicos de las potenciales medidas producirán un incremento de la conflictividad social, sobre todo porque seguramente estará estimulada por la futura oposición. Todo este contexto económico y social podría ir afectando la popularidad de Javier Milei y provocando una caída en las expectativas que se hayan generado al inicio del ciclo político. Desconocemos qué profundidad o velocidad tendrá esta dinámica, pero anticipamos que muy probablemente ocurrirá como consecuencia no deseada del programa de correcciones económicas que pretenda inexorablemente implementar el nuevo gobierno. 

Siguiendo toda esta secuencia, es posible pensar cómo esta dinámica podría afectar los objetivos políticos del nuevo presidente. Sobre todo, el objetivo de lograr un orden macroeconómico y generar posibilidades de crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente. Un objetivo que querrá alcanzarse conservando el orden público en la calle y las condiciones de gobernabilidad para ir ejecutando el programa de gobierno. 

Finalmente, todo ello debería confluir en buenos resultados para el objetivo político ulterior que tendrá Milei en esta primer mitad de mandato que es el de ganar (o al menos fortalecerse) en la elección de medio término de 2025. Esa es la meta política de mediano plazo: ordenar la economía y sobrevivir políticamente en el intento. Y ello deberá hacerse con recursos decisionales limitados, producto de la debilidad política:

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