Category: Política

La relación entre el Gobierno y la dirigencia sindical se ha deteriorado vertiginosamente. La dirigencia sindical se siente agredida por el gobierno y por sus iniciativas, lo que la ha llevado a adoptar una actitud combativa. Parte de eso explicó el Paro General que decidió la CGT realizar, una decisión que recogió muchas críticas por lo temprana de la medida con un gobierno recién comenzado. Por este motivo, para evitar esa crítica, la CGT ha decidido mantener su actitud combativa y adoptar una estrategia menos visible de confrontación: acompañar todos los conflictos y las medidas de fuerza que se resuelvan en los diferentes gremios que integran la CGT. Y algo de eso ya se vio a lo largo de los últimos 30 días con el triunvirato acompañando los diferentes conflictos.

Y los conflictos se han multiplicado, al punto que hemos tenido muchos de ellos que derivaron en medidas de fuerza. Estos conflictos son los que la CGT está decidida a apoyar en su puja contra el Gobierno de Javier Milei.

Sin lugar a duda, el hecho político más destacado del inicio de ciclo de Javier Milei fue el tratamiento de la Ley Bases, que contenía una serie de reformas y decisiones que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para obtener las herramientas que a su percepción requería para poder avanzar con parte de su programa de gobierno.

El tratamiento frustrado de la Ley sirvió como elemento ilustrativo de la restricción decisional que opera sobre la voluntad del Poder Ejecutivo de ejecutar un plan de gobierno. 

 

 

Lo interesante era auscultar en la opinión pública la percepción sobre las responsabilidades del frustrado tratamiento de la ley. En ese sentido, y consultada sobre el asunto, la opinión pública repartió responsabilidades casi equilibradas entre oficialismo y oposición. Mientras un 46,7% le asignó más responsabilidad a la oposición por el frustrado tratamiento, otro 42,3% consideró que la mayor responsabilidad por la no aprobación de la ley era del presidente. Un 6,9% se inclinó por repartir culpas a ambos lados del mostrador, y un 4,1% no supo o no quiso asignar responsabilidad.

 

 

Con la caída de la ley, en algún momento se especuló (Milei lo había advertido durante la campaña) con la posibilidad de que el presidente decidiera convocar a la gente a decidir y someter la decisión a una consulta popular no vinculante. Y a pesar de que hay una ligera mayoría que se inclina por avalar ese método (48% dice estar de acuerdo con que el presidente decida hacer eso), hay una ligera mayoría que votaría en contra del proyecto (50,4%). En conclusión, si miramos estos números, parece acertada la decisión de no someter a discusión popular la iniciativa, ya que no teniendo asegurado que la votación la ganará, sería un golpe muy fuerte, políticamente hablando, para el oficialismo perder una votación de estas características al inicio de ciclo.

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Sin diálogo y ante la ausencia de interlocutores legítimos con el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó a cabo el primer paro general contra el Gobierno de Javier Milei en rechazo al DNU 70/2023 y la ley ómnibus, medida que tenía como principal objetivo la movilización al Congreso Nacional. Esta ausencia total de diálogo se da cómo consecuencia de la reforma laboral que intenta llevar a cabo el Gobierno vía DNU sin sentar a los sindicalistas en la mesa para discutir y consensuar las modificaciones. 

Milei-CGT: una relación que comenzó regida por la confrontación. La relación entre el nuevo oficialismo y la CGT nació a la luz de la confrontación. Ya resulta evidente que Javier Milei pareciera querer administrar su relación con el sindicalismo desde la confrontación, algo que no desentona de su estilo político general.

Está claro que el DNU con reformas laborales sin acordarlas con el sector sindical fue la primera piedra de confrontación con el sindicalismo, pero se sucedieron otras que resaltan la conflictividad entre estos dos actores:

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Sin lugar a dudas el inicio del ciclo de Javier Milei ha estado marcado por un decisionismo extremo. El flamante presidente ha puesto a consideración del resto de los actores una catarata de decisiones, en múltiples ámbitos y utilizando diferentes herramientas decisionales que han provocado una discusión, no solo sobre el contenido de las decisiones, sino sobre si las formas son legítimas y legales para la adopción de tales decisiones. En ese sentido, también aquí observamos una opinión pública dividida entre el acuerdo o el desacuerdo, tanto con el contenido como con las formas. En relación al contenido, y lógicamente teniendo que forzar una única percepción singular sobre una realidad muy compleja y variada de temas, se observa una ligera mayoría (47,2%) que se muestra más en desacuerdo que de acuerdo con el contenido general del DNU y la Ley Ómnibus. Y curiosamente se observa un tercio que está en desacuerdo con todo y casi un cuarto que está de acuerdo con todo. Es decir, más del 50% de los consultados adopta las posiciones extremas.

Naturalmente, a la hora de verlo según la orientación del voto en el balotaje 2023, se observa una gran mayoría de acuerdo entre votantes de Milei y una gran mayoría en desacuerdo entre votantes de Massa, lo que ayuda a explicar la polarización de posiciones que observamos en este comienzo de la era Milei. 

Por otra parte, y ya en relación a las formas de las decisiones, la utilización de un único DNU para tomar una gran diversidad de decisiones, lo que le impide al Congreso de analizarlas una por una sino que lo somete a la situación de tener que aprobar o rechazar todas juntas, es valorado negativamente por un 53,4%, que se manifestó en desacuerdo con esa metodología. Solo el 40,6% se manifestó total o bastante de acuerdo con que Milei adopte decisiones de esa forma. De hecho, casi un 20% de los propios votantes de Milei en el balotaje, manifestaron desacuerdo con esa metodología.

Finalmente, y en relación a si el hecho de que Milei haya ganado la elección en el balotaje sacando un 55,7% lo autoriza a decidir sin buscar acuerdos con el resto de los actores políticos, un 48,2% se inclina por estar más de acuerdo con que Milei debe acordar todo o casi todo con el resto de los actores políticos.

Curioso que entre los propios votantes de Javier Milei no pareciera haber convencimiento mayoritario de que el presidente debe decidir todo o casi todo solo. Lo que marca que el camino del diálogo y la búsqueda de los acuerdos pareciera ser el reclamado por la mayoría, aún en este contexto de crisis.

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Uno de los principales desafíos políticos que enfrenta Javier Milei es corregir el déficit fiscal. Para esta tarea, el gobierno ha venido advirtiendo que buscará diversas fuentes de ahorro para eliminar el déficit. Entre ellas, hay 5 principales: reducir gastos administrativos y empleo público, no financiar el déficit de las empresas públicas, ahorrar gasto en subsidios económicos (con el correlato de trasladar ese costo a los usuarios), paralizar la obra pública y reducir las transferencias discrecionales a las provincias. 

La decisión de buscar el ahorro en recortar gastos administrativos y empleo público es la fuente que más apoyo social recoge. Un 56,2% de los consultados se mostraron a favor de ahorrar recursos de esta forma.

Por el lado de las empresas públicas, la idea de no financiar más el déficit de empresas, como Aerolíneas Argentinas, AYSA o Ferrocarriles Argentinos, recoge el apoyo de más del 50% de los consultados, mientras que sólo un 41,0% de ellos se manifiesta poco o nada de acuerdo en ajustar ese gasto.

La propuesta de paralizar toda la obra pública es una de las 3 fuentes de ahorro que recogen más rechazos que apoyos. Un 48,4% se manifiesta poco o nada de acuerdo mientras que un 42,5% se manifiesta a favor de ahorrar recursos paralizando la obra pública para eliminar el déficit fiscal.

Tampoco recoge amplio consenso social la idea de paralizar las transferencias discrecionales a las provincias. Solo un 36,3% se manifiesta a favor, mientras que un 46,5% lo hace en contra de la propuesta.

Finalmente, la propuesta que más rechazos genera es la de reducir los subsidios económicos (aumentar tarifas de servicios públicos). Solo un 36% se manifiesta a favor, mientras un 53,3% se manifiesta en contra.

En definitiva, el desafío político de eliminar el déficit fiscal toma dimensión cuando se evalúa el apoyo social que recogen las alternativas de ajustar el gasto público. Sobre todo porque muchas de las fuentes de ahorro, son fuentes que terminan repercutiendo en los bolsillos de la gente, o chocando contra paradigmas aspiracionales respecto de lo que el Estado debe ser o debe tener.

Lo curioso del gráfico es el hecho de que de todas las fuentes analizadas, la que más apoyo social recoge es la de reducir gastos administrativos o recortar empleo público, que es quizá la única que no repercute directa o indirectamente (aún siendo que todas de alguna manera terminan repercutiendo en la gente). Sería la versión de que el ajuste lo paga la “casta” o los privilegios de la política.

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Se inicia un ciclo que, como muchos ciclos políticos recientes, enfrenta un gran desafío económico, pero que en este caso deberán ser enfrentados en condiciones políticas dramáticamente adversas. La presidencia de Javier Milei será la que goce de la mayor debilidad legislativa de toda la democracia, lo que marca que el presidente tendrá los márgenes decisionales muy acotados para enfrentar aquel desafío económico. Se trata de un ciclo de hiperminoría que deberá ordenar la economía sin morir políticamente en el intento.

Visto el desafío económico, es posible interpretar las dificultades políticas que va a tener el presidente electo para encarar ese desafío. Si uno sabe lo que necesariamente deberá hacer, y proyecta lo que muy probablemente ocurrirá por hacer eso, naturalmente puede deducir qué cosas le ocurrirán como consecuencia y puede evaluar en qué medida esas consecuencias podrán condicionar los objetivos políticos del presidente electo. 

Siguiendo ese recorrido, es inexorable anticipar que Javier Milei aplicará, en dosis que están por verse, algún tipo de corrección del desequilibrio monetario, algún tipo de corrección del desequilibrio cambiario y algún tipo de corrección del desequilibrio fiscal. Aun no sabiendo las dosis de corrección en cada uno de esos ítems, es posible proyectar que muy probablemente esas medidas producirán un incremento de la inflación y potencialmente caída en el poder adquisitivo de los ingresos de toda o una parte de la sociedad, esto podría provocar caída en el consumo y en la actividad económica y algo más de desocupación o de informalidad.

La consecuencia de esos impactos económicos de las potenciales medidas producirán un incremento de la conflictividad social, sobre todo porque seguramente estará estimulada por la futura oposición. Todo este contexto económico y social podría ir afectando la popularidad de Javier Milei y provocando una caída en las expectativas que se hayan generado al inicio del ciclo político. Desconocemos qué profundidad o velocidad tendrá esta dinámica, pero anticipamos que muy probablemente ocurrirá como consecuencia no deseada del programa de correcciones económicas que pretenda inexorablemente implementar el nuevo gobierno. 

Siguiendo toda esta secuencia, es posible pensar cómo esta dinámica podría afectar los objetivos políticos del nuevo presidente. Sobre todo, el objetivo de lograr un orden macroeconómico y generar posibilidades de crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente. Un objetivo que querrá alcanzarse conservando el orden público en la calle y las condiciones de gobernabilidad para ir ejecutando el programa de gobierno. 

Finalmente, todo ello debería confluir en buenos resultados para el objetivo político ulterior que tendrá Milei en esta primer mitad de mandato que es el de ganar (o al menos fortalecerse) en la elección de medio término de 2025. Esa es la meta política de mediano plazo: ordenar la economía y sobrevivir políticamente en el intento. Y ello deberá hacerse con recursos decisionales limitados, producto de la debilidad política:

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La acción de los políticos siempre está guiada por su sistema de incentivos. Y con un presidente electo necesitado de apoyos, el Congreso, el mercado de apoyos por excelencia, se encuentra revolucionado. Cada actor que integra el Congreso está buscando el espacio más conveniente ajustado a sus intereses. Están los que van a apoyar (los legisladores propios), están los que ofrecen apoyar (opositores cercanos a Milei -parte de JxC, o gobernadores interesados en negociar), y están los que harán oposición intransigente (kirchnerismo y otros).

Por su condición de debilidad política, para Javier Milei es más estratégico e importante definir el CÓMO se va hacer, que el QUÉ se va a hacer. Porque pensar el CÓMO se vuelve determinante para saber QUÉ es lo que se puede hacer. Las dos dimensiones tienen que estar en equilibrio, porque Milei depende de apoyos exógenos. 

Y definir una estrategia para el CÓMO depende de un dilema central vinculado al QUÉ: a) se intenta avanzar con un programa mínimo o b) se busca avanzar con el programa máximo de su propuesta. Dependiendo de ese dilema inicial, surge otro dilema esencial: a) negociar todo junto o b) negociar secuencialmente arrancando con lo principal. Todo ello está vinculado con la realidad legislativa, porque buena parte de las dificultades decisionales están en el Congreso, donde va a tener que sacar leyes importantes que le den seguridad jurídica a su programa de gobierno. 

Veamos la situación en ambas Cámaras, considerando de que todo este proceso es dinámico y las proyecciones son especulativas, ya que no hay definiciones de todos los actores en relación a qué lugar finalmente ocuparán en el nuevo mapa del Congreso que seguro se terminará de conformar luego de la asunción del presidente.

En ambas Cámaras, Milei deberá construir un sistema de alianzas múltiples, lo que agranda la complejidad del asunto. No le alcanza con acordar con un solo sector, por ello está tratando de combinar dos alianzas distintas: 1) una con el sector de Juntos por el Cambio que se alineó al apoyo que Macri le brindó a Milei durante la campaña, y 2) otra con un sector del peronismo que ofrezca colaboración a cambio de negociar beneficios para sus provincias. 

El sistema de alianzas lo llevará necesariamente a apoyarse en esos dos sectores, porque no alcanza con uno solo. Para ello deberá promover la confección de la alianza que habitualmente se conforma en estas circunstancias, que no es otra que el partido de los que gobiernan, la confluencia de voluntades entre los que tienen responsabilidades de gobierno, mediante la negociación política o la distribución de favores (toma y daca) entre los negociadores.

En estas próximas semanas se terminará de confeccionar este mapa, y quedará en claro a qué distancia estará Milei de tener garantizado al menos la sanción de un paquete de leyes esenciales para poder iniciar su mandato tomando las decisiones que hay que tomar. También será interesante saber si Milei irá por una negociación global por un paquete amplio de leyes, o si negociará algunas iniciativas esenciales para arrancar y luego verá. Todo ello estará por verse en las próximas semanas.

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Uno de los factores explicativos del triunfo de Massa en la General fue el crecimiento de la participación, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde el peronismo logró movilizar la base electoral que no había podido movilizar en las PASO y aumentó su caudal electoral. Un fenómeno parecido al observado en 2021, ya que en las PASO se registró muy baja participación en circuitos electorales donde le suele ir bien al peronismo, mientras que en la General esos mismos circuitos son los que registraron un fuerte crecimiento de la participación.

Esa mayor participación en esos circuitos electorales donde había ido a votar poca gente el 13 de agosto pasado, y donde creció mucho la participación el 22 de octubre pasado, son precisamente los circuitos electorales donde Massa sacó más votos, y donde al peronismo le suele ir muy bien en las últimas elecciones. Es decir, el peronismo logró movilizar a esos votantes que no habían ido a votar en las PASO.

La pregunta inmediata posterior es: ¿podrá repetir esa movilización el peronismo, sabiendo que esta vez la gobernación y los municipios ya no estarán más en juego? Uno supone que podría suceder, ya que está el incentivo de favorecer un escenario de triunfo de Massa, que sería más beneficioso para el gobierno provincial de Axel Kicillof y para los Intendentes de los municipios del Gran Buenos Aires. Pero también es cierto que uno hace un esfuerzo mayor cuando lo que está en juego es el pellejo de uno, y podría tender a relajarse si el esfuerzo es para el pellejo de otro. Dudas que dejan abierta la inquietud para despejarlas el 19 de noviembre.

Todo ello repercutirá en el nivel de participación general. En la única experiencia de Balotaje que tenemos en los últimos 40 años, la participación se mantuvo estable entre la general y la segunda vuelta. Tenemos la particularidad que el día de la elección será en un fin de semana largo por el feriado del 20 de noviembre. Lo que podría hacer caer algo el 77% de participación que se registró en la General.

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La inflación de septiembre, acumulada con la de agosto, profundizó la tendencia perdedora de la mayoría de los acuerdos paritarios de los grandes gremios: el Sindicato de Comercio, que es el de peor performance del tablero, transita el sexto mes consecutivo de su acuerdo corriendo por debajo del IPC y acumula pérdidas en torno al 20% desde que comenzó a regir su nuevo acuerdo. En términos de peor desempeño, a Comercio lo acompañan los Petroleros (perdieron en 4 de 6 meses de acuerdo vigente); la UOCRA (perdieron en 3 de 6 meses de acuerdo vigente) y los Ferroviarios (perdieron en 5 de 6 meses vigentes). 

Los mejores ubicados son SMATA (ganó en 6 de 9 meses de acuerdo vigente); UPCN y Alimentación (ambos ganaron durante todos los meses de acuerdo vigente frente al IPC) y la UOM (ganó 3 de 6 meses y a partir de ahora ata sus aumentos al IPC). 

Por otro lado, y con otra dinámica, Camioneros comienza un nuevo acuerdo anual y comenzó con aumentos que superaron ampliamente la inflación de septiembre.

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Si algo hemos aprendido con las PASO en Argentina es que, al tratarse de una suerte de elección sin efecto, otorga una “doble” vida a los perdedores y dispara una serie de incentivos que terminan siendo perjudiciales para la administración de la cosa pública. Si al que le toca perder en las PASO es al oficialismo, se produce una suerte de limbo (la elección ocurrió pero no ocurrió) en el que, perdido por perdido, aparecen incentivos para administrar irresponsablemente la coyuntura de corto plazo para mejorar las chances electorales a costa de afectar las perspectivas de mediano plazo y largo plazo. Allí aparecen las condiciones para que emerja una suerte de populismo electoral para intentar remontar la elección. Algo de ello ocurre con esta iniciativa que envió el Ejecutivo para eliminar el impuesto a las ganancias de la IV categoría, es decir, el que recae sobre los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, sobre los jubilados y sobre los pensionados. Una iniciativa que intenta producir hoy simpatía en el electorado, pero que afecta los ingresos futuros del Estado.

Se generó una controversia en la oposición porque cuando trascendió que se estaba pensando la idea, muchos legisladores de Juntos por el Cambio se mofaron del Ministro de Economía reclamándole que envíe el proyecto ya, intentando exponer esa tensión que hay entre el candidato y su rol de ministro del oficialismo. Pero cuando la decisión se confirmó y el proyecto se envió, la orden de Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, fue no apoyarlo y muchos tuvieron que quedar en contradicción. 

Pero el proyecto obtuvo media sanción en Diputados gracias al apoyo de la gran mayoría de los diputados “del medio”. No solo los 4 diputados del Interbloque Provincias Unidas, que habitualmente acompañan al oficialismo, acompañaron la iniciativa, sino también los diputados de los bloques de Izquierda y de la Libertad Avanza, 5 de los 8 diputados que integran el Interbloque Federal, y otros diputados provinciales.

Solo 3 diputados cordobeses y los 100 diputados de Juntos por el Cambio presentes se manifestaron en contra de la iniciativa. Los 18 restantes (uno del FDT y 17 del Interbloque de Juntos por el Cambio) fueron diputados ausentes al momento de emitir el voto.

La discusión del proyecto dejó tela para cortar en materia electoral por la coincidencia de criterios que dejó plasmada entre Sergio Massa y Javier Milei. Coincidencias que se agregan a otro antecedente similar en la discusión del presupuesto, ya que en cuestión de días hemos observado cómo Massa accedió a la solicitud de Milei de no discutir el Presupuesto 2024 hasta después de las elecciones, dejando (intencionalmente o no) mal parado a Juntos por el Cambio al no verse como la como primera oposición. 

Es cierto que Javier Milei justificó su voto afirmativo, sin entrar en incongruencias, por tratarse de una baja de impuestos. Pero pudiera haber detrás de esta sintonía entre Massa y Milei una suerte de acuerdo implícito de conveniencia mutua: sin necesidad de coordinar acciones, ambos pueden tener incentivos en cooperar para que el enfrentamiento de segunda vuelta sea entre ellos, porque a los dos les conviene enfrentar al otro. Es decir, a Massa le conviene enfrentar a Milei y a Milei le conviene enfrentar a Massa. Veremos si esta “cooperación” sigue de aquí a la elección general.

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