Category: Política

De la mano de un progresivo debilitamiento de las democracias de partidos, las transformaciones que vivimos en los procesos democráticos modernos han puesto como protagonistas centrales a una ciudadanía que interviene para expresar su rechazo que para manifestar su adhesión a determinadas decisiones o procesos. La gente tiende a tener más en claro lo que repele que lo que apoya, o se siente movilizada por evitar lo que rechaza que por facilitar o promover lo que desea que suceda.

En un contexto donde las identidades políticas positivas (sentimiento de adhesión a algo) se van debilitando, producto de las frustraciones cuando las democracias no logran satisfacer las cada vez más sofisticadas demandas de una ciudadanía más informada y más exigente, adquieren particular relevancia las identidades políticas negativas. Esto describe un cambio profundo en la naturaleza de la representación política, ya que no se busca representar lo que el pueblo quiere, sino lo que este rechaza.

Si le planteamos al electorado argentino el desafío de agruparse según una identidad positiva (partido político o espacio ideológico al cual adhiere o se siente identificado), el sector mayoritario del electorado elige definirse como independiente (casi 4 de cada 10), reflejando la debilidad que atraviesan las identidades políticas partidarias. Recién la identidad Peronista aparece liderando entre los diferentes espacios políticos con solo el 18,9%, seguido del Kirchnerismo con 15,7%, planteada como identidad diferenciada de la peronista. En el espectro hoy opositor, la debilidad de las identidades partidarias es más elocuente, ya que ningún espacio recoge una adhesión de dos dígitos, siendo el PRO el partido que lidera con un 9,6% de adherentes, seguido por el radicalismo con 5,4%. Los espacios definidos por límites ideológicos (la izquierda o la derecha), no recogen niveles de adhesión relevantes.

Lo opuesto sucede cuando se busca organizar este por identidades negativas: 2 de cada 3 se agrupan en el rechazo de dos grandes espacios (antikirchnerismo, 39,6%, y el antimacrismo, 27,2%), un escenario mas parecido al que arrojó la reciente elección.

El hecho que las identidades negativas reflejen mejor cómo se organiza el escenario político, no solo habla de los cambios en la naturaleza de la representación política, sino que ayuda a entender las estrategias de los propios actores del sistema. Si se logra agrupar una mayoría más amplia convocando a rechazar algo en vez de convocando a apoyar algo, posiblemente lo que domine las estrategias de los actores sea la de identificar lo que la gente rechaza, ya que, como muestra el gráfico, es mucho más redituable para juntar mayorías apelar al sentimiento de rechazo que al de adhesión.

Sin ser una descripción precisa del escenario actual, esta configuración dice mucho de cómo se componen los dos grandes espacios políticos en los que hoy quedó organizado el escenario: el Frente de Todos (peronismo + kirchnerismo + massismo) y Juntos por el Cambio (UCR + PRO + CC).

En definitiva, así como la apelación a un enemigo externo es un instrumento clásico para favorecer la unidad nacional, pareciera que hoy la apelación a enemigos internos funciona mejor para formar mayorías que apelando a los ideales dominantes del propio espacio político. Esta particularidad no solo afecta la forma de entender cómo se organizan los sistemas políticos modernos, sino que influyen en las estrategias que los propios actores adoptan para lograr representar las mayorías más amplias posibles.

En este sentido, si Macri reúne los mayores niveles de rechazo colectivo entre los electores de Alberto Fernández, difícilmente el flamante Presidente abandone la estrategia de antagonizar con Macri para consolidar el apoyo popular a su gestión política. Por el contrario, si la figura de Cristina Kirchner, y lo que representa su espacio político, es la que permite consolidar la mayoría más amplia dentro de los electores opositores al actual Gobierno, difícilmente quienes quieran construir una alternativa política al Frente de Todos se pierdan de aprovechar esa forma tan sencilla de reunir el apoyo para ganar las elecciones.

Los sectores moderados de ambos espacios políticos solo podrían escapar a esta dualidad si emergiera una suerte de sentimiento de rechazo a ese antagonismo. Es decir, si no se consolida de manera consistente un sentimiento de rechazo a la grieta, difícilmente se pueda ver una tercera vía competitiva, como ya lo ha demostrado la historia política reciente. Esta vía pareciera que solo podría surgir si se alcanza una crisis más profunda junto con un sentimiento de “que se vayan todos” estilo 2001, que podría terminar con el clivaje que ha dominado la política argentina en los últimos 15 años: el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo.

La concentración de la toma de decisiones en momentos de crisis, lo que se puede apreciar en las facultades delegadas que logró aprobar Alberto Fernández con la Ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no resuelve por sí solo el problema de las tensiones que genera tomar decisiones que afectan intereses. Además, también se requiere reducir la cantidad de interlocutores para poder genera márgenes de consulta en el proceso de decisión.

Es precisamente en este capítulo que el frente sindical no está ofreciendo resultados, ya que el multifragmentado universo gremial no logra encontrar canales para la reducción a la unidad. Un ejemplo de esa multiplicidad de interlocutores se vio reflejada en la primer reunión oficial del Gobierno con la dirigencia sindical en pasado 20 de diciembre en la Casa Rosada. Fueron allí representantes de todos los sectores sindicales que, en mayor o menor medida, han mostrado la voluntad de comenzar apoyando las decisiones que el Gobierno tome para “poner en marcha la economía”.

Quizás por este motivo fue que Alberto Fernández buscó generar un marco de decisiones que sirvieran como paraguas de legitimidad para sentar a todos los sectores sindicales en la mesa de discusión de las políticas. En este sentido, se entienden las decisiones de reponer la doble indemnización por despidos por 180 días, y la de decretar un aumento para el sector privado por decreto, a cuenta de lo que se discuta en el marco de las negociaciones paritarias, como una forma de garantizarse la buena voluntad de la mayor cantidad de sectores sindicales para encarar una etapa (la del Consejo Económico y Social) donde se deberá contener la puja por recuperar el poder adquisitivo perdido.

El aumento por decreto en cuestión busca capitalizar los esfuerzos del sector privado por colaborar con la reactivación de la economía. El mismo consuste en un bono para los trabajadores del sector que consistirá en una suma de entre $6.000 y $9.000, se pagará a partir de los primeros días de febrero, e irá a cuenta de futuras paritarias.

Las negociaciones no fueron sencillas y todas las partes tuvieron que ceder. El Gobierno anhelaba un aumento remunerativo, en una sola cuota, en torno a los $9.000, y que no fuese afectado por los acuerdos paritarios previos que aún no habían sido cobrados. Por su parte, el sector empresario logró que el bono se pueda pagar en cuotas, y que compense acuerdos paritarios futuros que aún no fueron cancelados, por lo que se entiende que los gremios que tuviesen aumentos próximos a ser percibidos podrían quedarse afuera del acuerdo. También buscan que el bono no tenga carácter remunerativo, aunque a esta altura es improbable que Fernández ceda en este ítem.

Vale destacar que el aumento por decreto frenó las renegociaciones en curso, como las de la UOM y UPCN, mientras que Camioneros, siguen firmes haciendo uso de su cláusula y buscan lograr una recomposición salarial que empate a la inflación.

El inicio de la actividad legislativa en la era de Alberto Fernández estuvo marcado por el tratamiento de un mega proyecto de Ley que el Gobierno denominó Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Se trata de un conjunto de medidas que le dan marco al nuevo Programa Económico del nuevo Gobierno y que contempla una sesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y medidas impositivas orientadas a fortalecer los recursos fiscales del Estado. La medida no recibió el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio pero sí colaboraron con el quórum para habilitar del debate los otros bloques legislativos (el interbloque Federal y el bloque UFD).

En el proyecto, se destaca la disposición de nuevos topes para las alícuotas de los derechos de exportación, las modificaciones a las alícuotas de Bienes Personales, la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, moratoria para PYMES, congelamiento tarifario, el impuesto “país” -que grava el 30% la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjetas de crédito y
débito en el exterior, entre otros.

El trámite del proyecto fue celerísimo, ya que tuvo un trámite exprés en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, donde el oficialismo logró un dictamen favorable con 44 firmas, pero el texto que ingresó al Congreso y el que finalmente ingresará al Senado con media sanción sufrió varias modificaciones. Entre las más relevantes se encuentra la supresión de facultades de reorganización del estado, exenciones a la suspensión de la movilidad jubilatoria, segmentación de los derechos de exportación y se determinó la no retroactividad del gravamen de 30% para las compras efectuadas en el exterior antes de la entrada en vigencia de la ley.

Tal como lo deseaba Alberto Fernández, el proyecto se encaminaba a ser convertido en Ley por el Senado en un trámite veloz que permitió que en poco más de 72hs la primer y más importante iniciativa que el Gobierno envió al Congreso pueda convertirse en Ley.

Alberto Fernández inicia su mandato de cuatro años con un saldo positivo en su imagen. Esto es el resultado de una imagen positiva de 43,6% y una imagen negativa de 32,0%, lo que deja un diferencial positivo de 11,6%.

El otro dirigente que ostenta un diferencial positivo es Roberto Lavagna que, luego de atravesar un deterioro en su imagen durante el proceso pre-electoral, logra recuperar el saldo favorable producto de una imagen positiva de 40,6% y, especialmente, de una imagen negativa muy baja (16,6%).

Los dirigentes con imagen negativa más alta son Mauricio Macri (52,5%), Sergio Massa (49,9%) y Cristina Kirchner (48,9%). En los casos de Macri y Massa, la imagen positiva queda lejos de compensar la imagen negativa, lo que resulta en diferenciales negativos altos. Por su parte, Maria Eugenia Vidal, la ex Gobernadora de Buenos Aires queda empatada con una imagen positiva de 42,6% y una imagen negativa de 43,0%.

Volviendo al actual presidente, también se observa una mejora de su imagen respecto de la observada en septiembre pasado: se registra un incremento de la imagen positiva (+2,6 p.p.) junto a una caída de la imagen negativa (-3,7 p.p.). En su composición, registra una muy buena imagen entre los jóvenes y en el AMBA, especialmente por la buena imagen que se registra en el Gran Buenos Aires.

 

Predominan los leales a Alberto, pero con delegados de CFK en lugares clave

Alberto Fernández es un Presidente que llega al cargo sin fuerza política propia, sin poder territorial, y sin liderar ningún espacio de poder concreto al momento de ser nominado como candidato. Quizá allí radicaba su principal fortaleza para ser el elegido por la ex Presidenta Cristina Kirchner.

Pero lo que sí tenía era un equipo de colaboradores, el denominado Grupo Callao. En esas condiciones, con un poder evidentemente delegado, enfrenta el desafío de liderar un Gobierno con una coalición muy heterogénea (kirchnerismo, peronismo, massismo, vertientes sindicales, etc.), que debe enfrentar desafíos (sobre todo económicos) muy complejos.

Es claro que buscó que todos los sectores quedaran representados en el Gabinete, pero la principal solución que encontró al desafío de resolver situaciones complejas para conservar la unidad política fue la de designar gente de su máxima confianza en los lugares que él entendió serán claves del proceso político: la jefatura del gabinete, el gabinete económico, la justicia y la comunicación.

Así, el 48% de los ministerios estarán ocupados por personas de confianza del Presidente. Con estas designaciones Alberto Fernández busca: 1) tener gente de confianza en aquellos lugares que serán claves para su gestión y así no depender de otros actores de poder; y 2) evitar que en esos lugares se reproduzcan disputas internas que hagan perder el control de las áreas.

En definitiva, se podría decir que este es un gabinete armado por un ex Jefe de Gabinete.

CFK con injerencia en el manejo de los dispositivos de la gobernabilidad

Sin tener precisiones respecto del nivel de injerencia que tendrá Cristina Kirchner en la orientación de las políticas públicas y el rumbo del Gobierno, la conformación del equipo de Gobierno deja en evidencia que CFK tendrá una presencia acotada, pero en lugares clave del Gabinete, y con un claro control sobre los dispositivos legislativos de la gobernabilidad (control de ambas cámaras).

Para leer el análisis completo, descargue el informe adjunto (solo disponible para aplicaciones móviles con membresía FULL o CORPORATE).

Es sabido que uno de los compromisos asumidos por Alberto Fernández durante la campaña fue la de “ponerle plata en el bolsillo de la gente”, para poner en marcha la economía. Más allá de tratarse de una propuesta proselitista, Fernández entiende que cumplir con esa promesa no solo está en la base de la legitimidad con la que quiere comenzar su mandato, sino que será una pieza clave para promover la reactivación económica que buscará para consolidar su poder político.

Lo que no está claro es la magnitud de una medida que Fernández buscará que sea lo más abarcativa posible. En principio la idea es que la medida alcance a trabajadores registrados, a los salarios mínimos y a los beneficiarios de Planes sociales y jubilados. Pero por lo amplia que pretende ser la medida, no sería obligatoria y  relativa a la realidad de cada sector a cuenta de su paritaria. Allí estarán los límites de la decisión.

Sin embargo, no será un plan fácil de apoyar para el sector empresario, considerando el difícil contexto económico por el que atraviesan casi la totalidad de los sectores. La clave para facilitar el anuncio estará en determinar que los aumentos sean no remunerativos y a cuenta de las negociaciones paritarias que se estén desarrollando en cada sector de actividad. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los sectores tienen pendientes renegociaciones por cláusulas de revisión, será posible ajustar el anuncio a la realidad de cada sector.

Donde sí habrá anuncio e instrumentación de beneficios salariales es en el sector de ingresos más bajos: salario mínimo, planes sociales y jubilaciones más bajas. En el primer caso, se podría formalizar a través de una convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil o directamente dejarlo en manos del Consejo Económico y Social que será creado para encuadrar las negociaciones para lograr un Acuerdo de Precios y Salarios. Al mismo tiempo, el aumento en los planes sociales y las jubilaciones se efectivizarían fuera de la ley de movilidad, tomando la forma de un bono.

En conjunto, la idea es que el beneficio sea efectivo en los sectores más bajos y relativo entre los asalariados, debido a que estará supeditado a los acuerdos que se logren con el sector empresarial. De todas formas, el anuncio del plan se articulará en la búsqueda de establecer un acuerdo de precios que permita una recuperación del poder adquisitivo que alimente una eventual recuperación económica.

Con las elecciones resueltas, los diferentes espacios políticos se encuentran traduciendo los votos en poder, es decir, definiendo los lugares de intervención en el futuro ciclo político. En este sentido, uno de los espacios en disputa son los lugares de liderazgo en el Congreso, como lo son las autoridades institucionales del Congreso y los lugares de conducción de los diferentes bloques legislativos.

En la Cámara de Diputados la autoridad institucional recaerá en el líder del Frente Renovador y Diputado Nacional electo Sergio Massa quien será el Presidente del cuerpo, como se lo habían prometido cuando se cerró el acuerdo político para que se incorpore al Frente de Todos.

La composición final que adquirirá la Cámara de Diputados vuelca el protagonismo de la dinámica legislativa en los dos bloques más grandes: Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ambos bloques -al igual que la Cámara-, estarán bajo la conducción de legisladores de la Provincia de Buenos Aires. Es que al bonaerense Sergio Massa se suma Máximo Kirchner, quien será el conductor del bloque oficialista del Frente de Todos. Esta postulación es la consecuencia de una decisión que tomó el Presidente electo de ofrecerle a Agustín Rossi la titularidad del Ministerio de Defensa, en vez de la titularidad del bloque en la cámara baja, una decisión que bien pudiera estar en línea con lograr un mejor entendimiento entre la futura autoridad de la Cámara (Massa) y el conductor del bloque del Frente de Todos (Kirchner), ya que la relación entre Massa y Rossi no era la más aceitada.

Por el lado opositor, el interbloque de Juntos por el Cambio estará conducido por Cristian Ritondo, en un acuerdo alcanzado, no sin tensiones, por los principales actores del PRO (Macri, Vida y Larreta) y con el radicalismo. Las tensiones están al interior del bloque de la UCR, donde hay dos aspirantes a la conducción: Mario Negri (Córdoba) quiere repetir y alega que tiene el apoyo de la mayoría del bloque, y Alfredo Cornejo (Mendoza) que viene de ganar su provincia y reclama un espacio que nunca tuvo el sector del radicalismo más díscolo que tuvo Mauricio Macri.

En el Senado las dudas vienen por el lado del oficialismo debido a la dificultosa tarea de lograr unidad de criterios entre la ex Presidenta y los Senadores que responden a liderazgos territoriales (Gobernadores), que no quieren perder terreno a la hora de discutir liderazgos. La tensión se volvió explícita cuando Carlos Caserío (Presidente del bloque de Senadores que hoy se referencian en los Gobernadores) advirtió que: “Somos dirigentes. Siempre hay una diferencia entre dirigente y empleado: nos gusta dirigir nuestras ideas, es la base de la política. Si yo fuese una persona que sólo acata órdenes, no hubiese aceptado trabajar con Alberto Fernández”, remarcó Caserio.

Un dólar calmo y un buen resultado electoral -en función de lo esperado- para el Gobierno en las elecciones generales producen cierta estabilidad en la valoración del desempeño de un Gobierno que empieza a transitar las últimas semanas antes de entregar el poder. Si bien la imagen negativa se mantiene por encima del 50%, en noviembre la imagen positiva logra superar el 30% acercándose a los valores previos a la crisis de abril-mayo 2018.

En esta línea, tampoco se visualizan grandes cambios en materia de preocupaciones, al registrarse una leve baja de la preocupación por la inflación y un acotado incremento de la preocupación por el desempleo. En conjunto, las preocupaciones económicas superan el 70% de las menciones, lo que refleja la prevalencia de los temas económicos en la agenda pública.

De todos modos, el dato es la creciente preocupación por el empleo. En noviembre, la preocupación por la pérdida de empleo supera por primera vez en todo el ciclo la barrera del 30%. Al mismo tiempo, la preocupación por la corrupción toca nuevamente el mínimo de todo el ciclo Macri. Toda una señal del impacto del proceso económico sobre el clima de opinión.

En efecto, las principales demandas para el gobierno entrante son bajar la inflación y generar empleo. Los esfuerzos de la gestión deberán estar enfocados en estos resultados para evitar una pérdida precipitada de popularidad y que la expectativa se transforme rápidamente en frustración. Algo similar le sucedió a Mauricio Macri, al perder un tercio de su popularidad en el comienzo de su gestión con los aumentos de tarifas y la consecuente inflación. El paralelismo con el comienzo de la gestión Macri es muy útil ya que en las demandas ciudadanas, especialmente en materia económica, se mantienen, con un claro predominio de la demanda por bajar la inflación.

Hay casos en los que las expectativas condicionan la realidad más que la propia realidad, y el reciente resultado electoral puede ser un ejemplo de ello. Ante la expectativa de que las elecciones podían presentar un triunfo amplio de Alberto Fernández, el resultado más estrecho de lo esperado parece haber sido asumido más como una victoria por quien perdió, que por quien finalmente se alzó con el triunfo electoral.

Esto no es solo una sensación, sino que efectivamente el resultado más parejo de lo esperado produjo una distribución del poder mucho más equitativa de la que hubiera surgido con una diferencia similar a la de la PASO. Este escenario equilibrado obligará al ganador a ofrecer resultados (satisfacer la demanda de sus votantes), y le presentará al perdedor la posibilidad de ser opositor no tanto tiempo.

En definitiva, si bien la realidad puede haber cambiado mucho en materia económica en estos últimos cuatro años, la caracterización del escenario político se mantuvo al márgen de esta dinámica. Una forma interesante de observar esto es comparando el posicionamiento del electorado argentino en octubre de 2015 (la anterior elección general a presidente), con la que nos acaba de dejar el reciente comicio.

En este sentido, se observa una suerte de estabilidad en el escenario político: el único cambio significativo se produjo con la reducción del porcentaje de gente que estaba posicionada en el centro del escenario (entre las opciones kirchnerista-peronista y macrista-antikirchnerista), es decir los votantes de Massa de 2015, que se produce en beneficio de los extremos: Fernández suma 11% más que Scioli y Macri suma 6% más que su propia performance en 2015. Esta configuración deja claramente un formato bipartidista de competencia política, con dos grandes espacios que concentran más del 88% de los apoyos y que definitivamente serán los que efectivamente animen la disputa política en los próximos 4 años.

En este punto, cabe preguntarse: ¿será duradera en el tiempo esta configuración? Hay dos motivos que así lo sugieren.

1) El resultado electoral, y en particular el de Roberto Lavagna, debería ser aleccionador respecto de las escasas posibilidades que ofrece esta configuración política que se ha adquirido en los últimos años, a los que buscan transitar el camino del medio. Ello debería funcionar como un desincentivo para la defección de alguno de los actores de esos dos grandes espacios.

2) La relación equilibrada que presenta el actual formato debería funcionar como un desincentivo a la defección, porque para todos los actores que integran estos dos grandes espacios, la opción de ruptura representa una suerte de carta de defunción de su propio espacio. El que se tiente con abrirse, sabrá que no solo mata al espacio que deja, sino que también queda sin chances el que busca formar. En algún punto, todos están forzados a convivir juntos o morir separados.

Sin embargo, como siempre estará para todos a disposición la opción de la ruptura para castigar maltratos, a pesar de que ello signifique la intrascendencia política. El riesgo de despechados políticos siempre existirá y esa será un desafío para la conducción de los espacios (deberá siempre primar la paciencia), y una amenaza que podría afectar la salud de ambos espacios, que tratarán de evitarlo.

En conclusión, el resultado electoral ha dejado un escenario más equilibrado de lo esperado y ello le asigna mayor relevancia a la amenaza de una pérdida de popularidad precipitada que pudiera afectar al futuro Gobierno por la crisis económica. Esa amenaza lo obliga a dar respuesta a las demandas ciudadanas relativamente rápido, porque así como un 15% del electorado decidió cambiar su posicionamiento y favoreció el triunfo 48%-40%, otro pequeño cambio en sentido inverso bien pudiera provocar un nuevo cambio en sentido contrario y obturar la consolidación de este nuevo ciclo. Este es el riesgo al que se enfrentará Fernández, ya que una victoria más ajustada exigirá resultados rápido para que el círculo vicioso de magros resultados que afecten la unidad del oficialismo y los debilite de cara al 2021 no sea vuelva difícil de revertir.

Luego de que 2018 la inmensa mayoría de los grandes gremios perdió ampliamente contra la inflación, este año algunos de ellos optaron por negociar acuerdos cortos, sean trimestrales, cuatrimestrales o semestrales.

A 60 días de terminar el año, queda claro que la decisión de monitorear los acuerdos con mayor frecuencia fue una herramienta muy útil para los gremios.  Los abanderados de la iniciativa y mejores parados frente a la inflación son SMATA -que aún debe negociar su cuarto trimestre-, Bancarios, UOCRA y Camioneros –que deberá renegociar a fin de año el tramo de enero a junio-.  Asimismo, en lo que respecta a los acuerdos largos, Alimentación y Sanidad fueron los que exhibieron las mayores subas. Por su parte, si bien UTA, UOM, UPCN, Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria son los más atrasados, muchos tienen cláusulas de revisión que les permitirá, acercarse a la inflación en este 2019.

En este sentido, repasemos algunos convenios recientemente acordados.

 

En este contexto crítico para los trabajadores, es relevante realizar un diagnóstico del movimiento sindical, y en este sentido, se observa que el objetivo de la unidad empieza a tropezar con los primeros obstáculos.

La unidad de todo el arco sindical no será tan fácil de lograr en el marco de los apoyos al futuro Gobierno de Alberto Fernández. A contraposición de lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era fácil ponerse de acuerdo cuando todos estaban siendo perjudicados, ahora será difícil lograr cuando no todos sean beneficiados del mismo modo, o peor aún, cuando siquiera todos son beneficiados. Este será el desafío para Alberto Fernández una vez que pase la euforia por el retorno del peronismo al poder.

Por lo pronto, es posible pensar que el sindicalismo de extracción peronista efectivamente pueda encontrar los canales que conduzcan a la unidad, pero se ve muy difícil que esa unidad pueda trascender los límites de la Central más importante del país e incluya a los sectores sindicales disidentes de la CTA. Sobre todo, por las primeras reacciones que hubo por parte de la CGT.

De hecho, como prueba de la predisposición a la unidad que reina entre el arco sindical cegetista, en el acto de asunción de Juan Manzur hubo presencia de todos los sectores sindicales, pero hubo una ausencia destacada: la del Camionero Hugo Moyano.

Esta ausencia generó suspicacias, ya que luego del rencuentro el 24 de septiembre pasado en la sede de UPCN, donde los dos principales sectores sindicales tuvieron su cumbre en pos de la unidad, la actitud de Moyano ha dejado traslucir alguna tensión que no fue disipada entre ambos bandos.
En este sentido, Moyano tiene varios motivos para recelar de la unidad que pide Alberto Fernández. En primer lugar, cree que los dirigentes de la CGT quieren relegar a Pablo Moyano de la posibilidad de ocupar un lugar en la conducción de dicha central. En segundo lugar, Moyano todavía sigue herido por la falta de reconocimiento que tuvo su actitud combativa frente a Macri en las listas de candidatos de la reciente elección. Por último, cree que la CGT no está dispuesta a avanzar en la incorporación de los trabajadores de la economía popular a la CGT (movimientos sociales) y la reunificación de la CGT y la CTA.

En la medida que esto último no suceda, Moyano tendrá motivos y razones para liderar un sector alternativo a la CGT que tenga una relación paralela con el Gobierno de Alberto Fernández para conseguir beneficios por su cuenta. Sobre todo, porque este sector se referencia claramente en la figura de Cristina Kirchner, y ello podría ser un factor político determinante para mantenerse al margen del nuevo liderazgo de Alberto Fernández.