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Predominan los leales a Alberto, pero con delegados de CFK en lugares clave

Alberto Fernández es un Presidente que llega al cargo sin fuerza política propia, sin poder territorial, y sin liderar ningún espacio de poder concreto al momento de ser nominado como candidato. Quizá allí radicaba su principal fortaleza para ser el elegido por la ex Presidenta Cristina Kirchner.

Pero lo que sí tenía era un equipo de colaboradores, el denominado Grupo Callao. En esas condiciones, con un poder evidentemente delegado, enfrenta el desafío de liderar un Gobierno con una coalición muy heterogénea (kirchnerismo, peronismo, massismo, vertientes sindicales, etc.), que debe enfrentar desafíos (sobre todo económicos) muy complejos.

Es claro que buscó que todos los sectores quedaran representados en el Gabinete, pero la principal solución que encontró al desafío de resolver situaciones complejas para conservar la unidad política fue la de designar gente de su máxima confianza en los lugares que él entendió serán claves del proceso político: la jefatura del gabinete, el gabinete económico, la justicia y la comunicación.

Así, el 48% de los ministerios estarán ocupados por personas de confianza del Presidente. Con estas designaciones Alberto Fernández busca: 1) tener gente de confianza en aquellos lugares que serán claves para su gestión y así no depender de otros actores de poder; y 2) evitar que en esos lugares se reproduzcan disputas internas que hagan perder el control de las áreas.

En definitiva, se podría decir que este es un gabinete armado por un ex Jefe de Gabinete.

CFK con injerencia en el manejo de los dispositivos de la gobernabilidad

Sin tener precisiones respecto del nivel de injerencia que tendrá Cristina Kirchner en la orientación de las políticas públicas y el rumbo del Gobierno, la conformación del equipo de Gobierno deja en evidencia que CFK tendrá una presencia acotada, pero en lugares clave del Gabinete, y con un claro control sobre los dispositivos legislativos de la gobernabilidad (control de ambas cámaras).

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Es sabido que uno de los compromisos asumidos por Alberto Fernández durante la campaña fue la de “ponerle plata en el bolsillo de la gente”, para poner en marcha la economía. Más allá de tratarse de una propuesta proselitista, Fernández entiende que cumplir con esa promesa no solo está en la base de la legitimidad con la que quiere comenzar su mandato, sino que será una pieza clave para promover la reactivación económica que buscará para consolidar su poder político.

Lo que no está claro es la magnitud de una medida que Fernández buscará que sea lo más abarcativa posible. En principio la idea es que la medida alcance a trabajadores registrados, a los salarios mínimos y a los beneficiarios de Planes sociales y jubilados. Pero por lo amplia que pretende ser la medida, no sería obligatoria y  relativa a la realidad de cada sector a cuenta de su paritaria. Allí estarán los límites de la decisión.

Sin embargo, no será un plan fácil de apoyar para el sector empresario, considerando el difícil contexto económico por el que atraviesan casi la totalidad de los sectores. La clave para facilitar el anuncio estará en determinar que los aumentos sean no remunerativos y a cuenta de las negociaciones paritarias que se estén desarrollando en cada sector de actividad. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los sectores tienen pendientes renegociaciones por cláusulas de revisión, será posible ajustar el anuncio a la realidad de cada sector.

Donde sí habrá anuncio e instrumentación de beneficios salariales es en el sector de ingresos más bajos: salario mínimo, planes sociales y jubilaciones más bajas. En el primer caso, se podría formalizar a través de una convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil o directamente dejarlo en manos del Consejo Económico y Social que será creado para encuadrar las negociaciones para lograr un Acuerdo de Precios y Salarios. Al mismo tiempo, el aumento en los planes sociales y las jubilaciones se efectivizarían fuera de la ley de movilidad, tomando la forma de un bono.

En conjunto, la idea es que el beneficio sea efectivo en los sectores más bajos y relativo entre los asalariados, debido a que estará supeditado a los acuerdos que se logren con el sector empresarial. De todas formas, el anuncio del plan se articulará en la búsqueda de establecer un acuerdo de precios que permita una recuperación del poder adquisitivo que alimente una eventual recuperación económica.

Con las elecciones resueltas, los diferentes espacios políticos se encuentran traduciendo los votos en poder, es decir, definiendo los lugares de intervención en el futuro ciclo político. En este sentido, uno de los espacios en disputa son los lugares de liderazgo en el Congreso, como lo son las autoridades institucionales del Congreso y los lugares de conducción de los diferentes bloques legislativos.

En la Cámara de Diputados la autoridad institucional recaerá en el líder del Frente Renovador y Diputado Nacional electo Sergio Massa quien será el Presidente del cuerpo, como se lo habían prometido cuando se cerró el acuerdo político para que se incorpore al Frente de Todos.

La composición final que adquirirá la Cámara de Diputados vuelca el protagonismo de la dinámica legislativa en los dos bloques más grandes: Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ambos bloques -al igual que la Cámara-, estarán bajo la conducción de legisladores de la Provincia de Buenos Aires. Es que al bonaerense Sergio Massa se suma Máximo Kirchner, quien será el conductor del bloque oficialista del Frente de Todos. Esta postulación es la consecuencia de una decisión que tomó el Presidente electo de ofrecerle a Agustín Rossi la titularidad del Ministerio de Defensa, en vez de la titularidad del bloque en la cámara baja, una decisión que bien pudiera estar en línea con lograr un mejor entendimiento entre la futura autoridad de la Cámara (Massa) y el conductor del bloque del Frente de Todos (Kirchner), ya que la relación entre Massa y Rossi no era la más aceitada.

Por el lado opositor, el interbloque de Juntos por el Cambio estará conducido por Cristian Ritondo, en un acuerdo alcanzado, no sin tensiones, por los principales actores del PRO (Macri, Vida y Larreta) y con el radicalismo. Las tensiones están al interior del bloque de la UCR, donde hay dos aspirantes a la conducción: Mario Negri (Córdoba) quiere repetir y alega que tiene el apoyo de la mayoría del bloque, y Alfredo Cornejo (Mendoza) que viene de ganar su provincia y reclama un espacio que nunca tuvo el sector del radicalismo más díscolo que tuvo Mauricio Macri.

En el Senado las dudas vienen por el lado del oficialismo debido a la dificultosa tarea de lograr unidad de criterios entre la ex Presidenta y los Senadores que responden a liderazgos territoriales (Gobernadores), que no quieren perder terreno a la hora de discutir liderazgos. La tensión se volvió explícita cuando Carlos Caserío (Presidente del bloque de Senadores que hoy se referencian en los Gobernadores) advirtió que: “Somos dirigentes. Siempre hay una diferencia entre dirigente y empleado: nos gusta dirigir nuestras ideas, es la base de la política. Si yo fuese una persona que sólo acata órdenes, no hubiese aceptado trabajar con Alberto Fernández”, remarcó Caserio.

Un dólar calmo y un buen resultado electoral -en función de lo esperado- para el Gobierno en las elecciones generales producen cierta estabilidad en la valoración del desempeño de un Gobierno que empieza a transitar las últimas semanas antes de entregar el poder. Si bien la imagen negativa se mantiene por encima del 50%, en noviembre la imagen positiva logra superar el 30% acercándose a los valores previos a la crisis de abril-mayo 2018.

En esta línea, tampoco se visualizan grandes cambios en materia de preocupaciones, al registrarse una leve baja de la preocupación por la inflación y un acotado incremento de la preocupación por el desempleo. En conjunto, las preocupaciones económicas superan el 70% de las menciones, lo que refleja la prevalencia de los temas económicos en la agenda pública.

De todos modos, el dato es la creciente preocupación por el empleo. En noviembre, la preocupación por la pérdida de empleo supera por primera vez en todo el ciclo la barrera del 30%. Al mismo tiempo, la preocupación por la corrupción toca nuevamente el mínimo de todo el ciclo Macri. Toda una señal del impacto del proceso económico sobre el clima de opinión.

En efecto, las principales demandas para el gobierno entrante son bajar la inflación y generar empleo. Los esfuerzos de la gestión deberán estar enfocados en estos resultados para evitar una pérdida precipitada de popularidad y que la expectativa se transforme rápidamente en frustración. Algo similar le sucedió a Mauricio Macri, al perder un tercio de su popularidad en el comienzo de su gestión con los aumentos de tarifas y la consecuente inflación. El paralelismo con el comienzo de la gestión Macri es muy útil ya que en las demandas ciudadanas, especialmente en materia económica, se mantienen, con un claro predominio de la demanda por bajar la inflación.

Hay casos en los que las expectativas condicionan la realidad más que la propia realidad, y el reciente resultado electoral puede ser un ejemplo de ello. Ante la expectativa de que las elecciones podían presentar un triunfo amplio de Alberto Fernández, el resultado más estrecho de lo esperado parece haber sido asumido más como una victoria por quien perdió, que por quien finalmente se alzó con el triunfo electoral.

Esto no es solo una sensación, sino que efectivamente el resultado más parejo de lo esperado produjo una distribución del poder mucho más equitativa de la que hubiera surgido con una diferencia similar a la de la PASO. Este escenario equilibrado obligará al ganador a ofrecer resultados (satisfacer la demanda de sus votantes), y le presentará al perdedor la posibilidad de ser opositor no tanto tiempo.

En definitiva, si bien la realidad puede haber cambiado mucho en materia económica en estos últimos cuatro años, la caracterización del escenario político se mantuvo al márgen de esta dinámica. Una forma interesante de observar esto es comparando el posicionamiento del electorado argentino en octubre de 2015 (la anterior elección general a presidente), con la que nos acaba de dejar el reciente comicio.

En este sentido, se observa una suerte de estabilidad en el escenario político: el único cambio significativo se produjo con la reducción del porcentaje de gente que estaba posicionada en el centro del escenario (entre las opciones kirchnerista-peronista y macrista-antikirchnerista), es decir los votantes de Massa de 2015, que se produce en beneficio de los extremos: Fernández suma 11% más que Scioli y Macri suma 6% más que su propia performance en 2015. Esta configuración deja claramente un formato bipartidista de competencia política, con dos grandes espacios que concentran más del 88% de los apoyos y que definitivamente serán los que efectivamente animen la disputa política en los próximos 4 años.

En este punto, cabe preguntarse: ¿será duradera en el tiempo esta configuración? Hay dos motivos que así lo sugieren.

1) El resultado electoral, y en particular el de Roberto Lavagna, debería ser aleccionador respecto de las escasas posibilidades que ofrece esta configuración política que se ha adquirido en los últimos años, a los que buscan transitar el camino del medio. Ello debería funcionar como un desincentivo para la defección de alguno de los actores de esos dos grandes espacios.

2) La relación equilibrada que presenta el actual formato debería funcionar como un desincentivo a la defección, porque para todos los actores que integran estos dos grandes espacios, la opción de ruptura representa una suerte de carta de defunción de su propio espacio. El que se tiente con abrirse, sabrá que no solo mata al espacio que deja, sino que también queda sin chances el que busca formar. En algún punto, todos están forzados a convivir juntos o morir separados.

Sin embargo, como siempre estará para todos a disposición la opción de la ruptura para castigar maltratos, a pesar de que ello signifique la intrascendencia política. El riesgo de despechados políticos siempre existirá y esa será un desafío para la conducción de los espacios (deberá siempre primar la paciencia), y una amenaza que podría afectar la salud de ambos espacios, que tratarán de evitarlo.

En conclusión, el resultado electoral ha dejado un escenario más equilibrado de lo esperado y ello le asigna mayor relevancia a la amenaza de una pérdida de popularidad precipitada que pudiera afectar al futuro Gobierno por la crisis económica. Esa amenaza lo obliga a dar respuesta a las demandas ciudadanas relativamente rápido, porque así como un 15% del electorado decidió cambiar su posicionamiento y favoreció el triunfo 48%-40%, otro pequeño cambio en sentido inverso bien pudiera provocar un nuevo cambio en sentido contrario y obturar la consolidación de este nuevo ciclo. Este es el riesgo al que se enfrentará Fernández, ya que una victoria más ajustada exigirá resultados rápido para que el círculo vicioso de magros resultados que afecten la unidad del oficialismo y los debilite de cara al 2021 no sea vuelva difícil de revertir.

Luego de que 2018 la inmensa mayoría de los grandes gremios perdió ampliamente contra la inflación, este año algunos de ellos optaron por negociar acuerdos cortos, sean trimestrales, cuatrimestrales o semestrales.

A 60 días de terminar el año, queda claro que la decisión de monitorear los acuerdos con mayor frecuencia fue una herramienta muy útil para los gremios.  Los abanderados de la iniciativa y mejores parados frente a la inflación son SMATA -que aún debe negociar su cuarto trimestre-, Bancarios, UOCRA y Camioneros –que deberá renegociar a fin de año el tramo de enero a junio-.  Asimismo, en lo que respecta a los acuerdos largos, Alimentación y Sanidad fueron los que exhibieron las mayores subas. Por su parte, si bien UTA, UOM, UPCN, Luz y Fuerza y la Unión Ferroviaria son los más atrasados, muchos tienen cláusulas de revisión que les permitirá, acercarse a la inflación en este 2019.

En este sentido, repasemos algunos convenios recientemente acordados.

 

En este contexto crítico para los trabajadores, es relevante realizar un diagnóstico del movimiento sindical, y en este sentido, se observa que el objetivo de la unidad empieza a tropezar con los primeros obstáculos.

La unidad de todo el arco sindical no será tan fácil de lograr en el marco de los apoyos al futuro Gobierno de Alberto Fernández. A contraposición de lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era fácil ponerse de acuerdo cuando todos estaban siendo perjudicados, ahora será difícil lograr cuando no todos sean beneficiados del mismo modo, o peor aún, cuando siquiera todos son beneficiados. Este será el desafío para Alberto Fernández una vez que pase la euforia por el retorno del peronismo al poder.

Por lo pronto, es posible pensar que el sindicalismo de extracción peronista efectivamente pueda encontrar los canales que conduzcan a la unidad, pero se ve muy difícil que esa unidad pueda trascender los límites de la Central más importante del país e incluya a los sectores sindicales disidentes de la CTA. Sobre todo, por las primeras reacciones que hubo por parte de la CGT.

De hecho, como prueba de la predisposición a la unidad que reina entre el arco sindical cegetista, en el acto de asunción de Juan Manzur hubo presencia de todos los sectores sindicales, pero hubo una ausencia destacada: la del Camionero Hugo Moyano.

Esta ausencia generó suspicacias, ya que luego del rencuentro el 24 de septiembre pasado en la sede de UPCN, donde los dos principales sectores sindicales tuvieron su cumbre en pos de la unidad, la actitud de Moyano ha dejado traslucir alguna tensión que no fue disipada entre ambos bandos.
En este sentido, Moyano tiene varios motivos para recelar de la unidad que pide Alberto Fernández. En primer lugar, cree que los dirigentes de la CGT quieren relegar a Pablo Moyano de la posibilidad de ocupar un lugar en la conducción de dicha central. En segundo lugar, Moyano todavía sigue herido por la falta de reconocimiento que tuvo su actitud combativa frente a Macri en las listas de candidatos de la reciente elección. Por último, cree que la CGT no está dispuesta a avanzar en la incorporación de los trabajadores de la economía popular a la CGT (movimientos sociales) y la reunificación de la CGT y la CTA.

En la medida que esto último no suceda, Moyano tendrá motivos y razones para liderar un sector alternativo a la CGT que tenga una relación paralela con el Gobierno de Alberto Fernández para conseguir beneficios por su cuenta. Sobre todo, porque este sector se referencia claramente en la figura de Cristina Kirchner, y ello podría ser un factor político determinante para mantenerse al margen del nuevo liderazgo de Alberto Fernández.

La última fase del proceso electoral terminó definitivamente de apagar el funcionamiento del Congreso. La política en general se encuentra avocada a la resolución de la disputa electoral y a la espera de que el resultado redistribuya el poder entre los actores y se pueda volver a constituir una autoridad política en condiciones de retomar el proceso de toma de decisiones.

El vacío de poder que produjo el resultado de las PASO (con un presidente en ejercicio debilitado y un virtual presidente electo sin poder formal), dejó sin capacidad de toma de decisión a la política, en un momento donde la economía anda a la deriva. Para volver a tener condiciones políticas que ejerzan el gobierno de la situación, deberá cerrarse el proceso electoral y reconstruirse la autoridad decisional. Frente a las urgencias económicas, el desafío será reconstruir esa autoridad durante la transición que habrá necesariamente entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre. De no producirse la coordinación necesaria, el poder de decisión solo se reconstituirá el 10 de diciembre próximo.

De esta manera, el Congreso estará a la expectativa de las definiciones políticas y podría entrar en acción en tanto se puedan coordinar acciones durante la transición o después del 10 de diciembre cuando se inicie el nuevo ciclo político.

Los temas que alimentarán la agenda parlamentaria seran de índole económica que podrían ser discutidos en momentos separados o todos juntos dependiendo de la velocidad con la que se restituya el proceso de toma de decisión. Entre ellos se encuentra la ley de Presupuesto 2020, reformas impositivas y laborales, reestructuración de deuda y modificaciones a la carta orgánica del BCRA.

Independientemente de los plazos y de la cantidad de temas, otro aspecto destacado será la modalidad de tratamiento de las iniciativas que formen parte de la agenda parlamentaria post elecciones. Es probable que por la urgencia y por la utilidad política de diluir algunos temas urticantes, se busque la modalidad de “Paquete de Iniciativas Económicas”, que consiste en un  tratamiento conjunto para que temas menos polémicos (Presupuesto 2020), se superpongan a otros más polémicos (Impuestos u otras reformas que puedan tener costos políticos).

Es claro que la modalidad del tratamiento legislativo dependerá de la urgencia que imponga la necesidad de tener definiciones. De todos modos, gozando de mayorías necesarias para sancionar leyes, también es posible que veamos un tratamiento conjunto de todos los temas para facilitar el trayecto de la discusión en el Congreso. Nada que en la Argentina no se haya visto.

En caso de confirmarse el resultado de las PASO el próximo 27 de octubre, estaremos frente a un nuevo cambio de ciclo político, en un contexto donde el actual atraviesa una situación de desprestigio como consecuencia de los malos resultados económicos mostrados por la gestión Macri.

En lo que respecta al actual Presidente, solo un 28,3% considera que su gestión mejoró en algo la realidad del país, mientras que un solo un 11,3% considera que mejoró mucho la realidad del país y un 17,0% que la mejoró poco. Por el lado negativo, un 61,8% considera que Mauricio Macri empeoró la realidad del país, siendo que un 10,5% cree que la empeoró un poco y un 51,3% que cree que la empeoró mucho. Esto arroja un diferencial negativo de 33,5 p.p.

De producirse un eventual triunfo de Alberto Fernández, la expectativa que la gente tiene sobre esa eventual gestión es positiva. Un 50,5% de los encuestados creen que afectará positivamente sobre la realidad del país (un 26,1% dice que la mejorará mucho y un 24,4% que la mejorará poco), mientras que un 32 ,6% cree que la afectará negativamente (un 8% cree que la empeorará poco y un 24,6% cree que la empeorará mucho).

En perspectiva, la valoración que se hace a la distancia en el tiempo de la gestión de Cristina Kirchner arroja un diferencial levemente positivo. Un 45,9% considera que mejoró poco o mucho la realidad del país, mientras que un 40,5% considera que su gestión empeoró poco o mucho la realidad del país, dejando un diferencial positivo de 5,4 p.p.

Por otra parte, más de la mitad de los que consideran que Cristina Kirchner tendrá una alta injerencia en un eventual Gobierno de Alberto Fernández, consideran que Cristina Kirchner empeoró mucho la realidad del país. Es decir, aquellos que tienden a considerar que Cristina Kirchner tendrá elevada injerencia son los que peor imagen tienen de ella. Asimismo, el 32,5% (del 45,9%) que consideran que Cristina Kirchner mejoró poco o mucho la realidad del país, tienden a pensar que tendrá nula influencia en un eventual Gobierno de Alberto Fernández.

En definitiva, y posiblemente influenciada por el clima de opinión imperante por estos días, la opinión pública afronta con moderado optimismo la posibilidad de que Alberto Fernández asuma la presidencia el próximo 10 de diciembre.

 

Un aspecto de la transición es la aparición (siempre en trascendidos) de nombres para integrar un eventual Gabinete de Alberto Fernández. Si bien es cierto que nunca está cerrado el asunto hasta que se hagan los anuncios oficiales correspondientes, tenemos el caso de algunos nombres cuyo papel en la campaña nos da algún grado de certeza respecto del rol que ocuparán en un eventual Gobierno de Fernández.

En ese sentido, la evidencia y los trascendidos coinciden que es altamente probable que Santiago Cafiero, quien hoy oficia de Jefe de Campaña de Alberto Fernández, sea el eventual Jefe de Gabinete; que Eduardo “Wado” de Pedro sea el Ministro de Interior, que Felipe Solá sea el Canciller y que Daniel Arroyo sea el Ministro de Desarrollo Social.

La designación de Wado de Pedro como Ministro del Interior no es un detalle menor pensando que ese cargo es el nexo entre el Presidente y los Gobernadores. Si Fernández pretende consolidar su autonomía recostándose en los Gobernadores, es curioso que el vìnculo entre ellos dentro del equipo de Gobierno vaya a ser justo la persona de mayor confianza de CFK que Fernández tenga en su gabinete.

La designación de Felipe Solá como canciller también es un dato interesante para anticipar la orientación de la política exterior. Es cierto que Fernández viene advirtiendo que la prioridad de su política exterior será el fomento del comercio exterior, pero también es cierto que el perfil de Felipe Solá permite interpretar que hay una intención de Fernández de tener a alguien que morigere la sospecha que prevalece en el exterior respecto del rol y la injerencia de Cristina Kirchner en su Gobierno.

En materia económica, si bien el propio Fernández dijo públicamente que “todavía tenía algunas dudas”, sí confirmó que está pensando en alguien que viene trabajando en sus equipos y allí aparece la posibilidad de que sea Matías Kulfas, quizá uno de los dos economistas de mayor confianza del candidato (la otra es Cecilia Todesca).

En todo caso, lo que va asomando es un perfil de gabinete en el que se resaltan algunas particularidades: 1) estará conformado por figuras representativas de los diferentes espacios que integran el Frente; 2) prevalecen los dirigentes jóvenes o sin antecedentes ministeriales (no aparecen nombres de ex ministros ni de dirigentes consagrados -salvo la excepción de Felipe Solá-); y 3) en áreas que Fernández considera sensibles (como lo son Economía, Jefatura de Gabinete -incluida la relación con los Medios- y Justicia), el eventual Presidente se inclinaría por gente de confianza.

Al igual que sucediera en 2018, el Gobierno firmó un decreto para establecer una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado de $ 5.000.

Las negociaciones no fueron fáciles ya que ambas partes tuvieron que ceder en varios aspectos. Aunque el bono será de carácter obligatorio, la UIA anunció que quienes no puedan pagarlo, no lo haran (como sucedió con el bono de 2018) y logró cierta flexibilidad para contemplar la posibilidad de pagar el bono en cuotas. El sector sindical aceptó que los bonos se adecúen caso por caso, y que se puedan incorporar a las negociaciones paritarias futuras. Lo que sí evitó es que se puedan absorber en cuotas paritarias ya acordadas, algo que sí sucedió en 2018.

El bono de $5000 deberá ser abonado en octubre, aunque podrá ser abonado “en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes”. El pago del bono no podrá compensar cuotas pendientes de la paritarias preacordadas, pero sí podrá ser usado como parte de pago en una paritaria futura o para absorver aumentos que los empleadores hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria a partir del 12 de agosto de 2019. Si bien el bono será obligatorio y no remunerativo, por lo que quedará excento de cargas sociales, sí sumará para el cálculo del impuesto a las ganancias.

Por otro lado, los acuerdos paritarios firmados por los grandes gremios lograron soportar la escalada inflacionaria de agosto gracias a las cuotas percibidas en julio -y agosto inclusive-. Sin embargo, si la inflación permance alta en septiembre, volverá la presión de los gremios para renegociar los acuerdos si pretenden continuar acompañando el proceso inflacionario.
Los choferes de la UTA y los mercantiles de Comercio ya se encuentran negociando una recomposición salarial para el último tramo del año, mientras que SMATA y la UOCRA deberán hacer lo mismo ya que tienen acuerdos cortos. El resto de los gremios cuenta con un acuerdo cerrado pero, teniendo en cuenta estimaciones inflacionarias, deberán negociar una recomposición para no quedar relegados.