Category: Política

Desde el momento en que la pandemia del Covid-19 alcanzó territorio argentino y el Gobierno decretó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para proteger la salud pública, la situación económica
que atraviesa el país cambió su naturaleza. Las consecuencias negativas que estas medidas sanitarias tendrán en la actividad económica se desconocen porque se desconoce la duración de las mismas, pero sí es seguro es que la preocupación sindical cambió de orientación. Esta dejará de tener como prioridad de la problemática del ingreso, para tratar el desempleo, o la destrucción de empleo, que producirá esta crisis.

Si bien la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria, así como la suspensión de cargas patronales ayudan, los sindicatos creen que se peca de optimismo al suponer que esta situación se atravesará sin destrucción de empleo. Más allá de las medidas adoptadas por el momento, aparece también el interrogante de si el Gobierno prorrogará la doble indemnización más allá de la fecha prevista para la finalización de la medida (junio). Aunque también emergen otros temores para la dirigencia sindical: ¿podrá ser esta pandemia motivo suficiente para que en cumplimiento del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo se puedan efectuar despidos por causa de fuerza mayor?

Por lo pronto, para morigerar el impacto de la crisis en el empleo, el Gobierno tiene los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) para  despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% enempresas de más de 1.000 trabajadores. Además, para tener un control centralizado del asunto, ya limitó las facultades provinciales en el marco de los pedidos de los PPC que impliquen directa o indirectamente quitas, reducciones o alteraciones de las cargas y que puedan afectar recursos del Estado nacional, aunque es difícil que el Gobierno detenga ese procedimiento los despidos frente a una crisis profunda. Resta saber si será necesario tomar otras medidas. Por ejemplo, una idea que convence en Trabajo pero no tanto en Jefatura de Gabinete es la posibilidad de permitir que antes de producirse un despido, se pueda habilitar el pago de un porcentaje del sueldo, sobre todo a las Pymes, las más vulnerables frente a la situación.

En definitiva, se evalúa cómo afrontar abril, y quedará resolver que sucederá más allá de la cuarentena, algo que dependerá de cómo evolucione la pandemia, porque ahora y en el corto plazo, todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos sanitarios.

La crisis desatada en el mundo y en la Argentina por la propagación del Covid-19 también tuvo su impacto en la actividad legislativa. En ambas cámaras las autoridades otorgaron licencia a los trabajadores legislativos, y quedaron suspendidas todas las actividades de comisión, salvo en casos de emergencia y que tenga que ver con la situación sanitaria.}

Ello no impidió que algunos legisladores presentaran iniciativas para contribuir a la búsqueda de herramientas que colaboran con la contención y mitigación del impacto sanitario y económico.

Por su parte, la Cámara de Diputados resolvió que cada Diputado pueda canalizar parte de los recursos que el cuerpo dispone para asistir a instituciones y organizaciones sociales, según el criterio de cada legislador. Esto provocó algunos cuestionamiento de algunos legisladores y provocó que el Bloque de Juntos Por el Cambio resolviera, en su totalidad, destinarlos a asistir financieramente al Instituto Malbrán, que se encarga de los estudios de diagnóstico de los pacientes sospechosos.

El impacto de la crisis tendrá como correlato un retraso en el avance de los temas que componían la agenda parlamentaria. Como primera medida, el oficialismo decidió postergar el envío del Proyecto de Ley de Legalización del Aborto, como también se verá demorado el envío del Proyecto de Reforma Judicial. En el mismo sentido, y con el agravante de la delicada situación que está pasando el sector, también se demoraría el proyecto de ley que buscaba fijar un régimen de promoción de los hidrocarburos, especialmente de la explotación no convencional en Vaca Muerta.

Finalmente, otros proyecto de importancia menor, como el de Capitales alternas, también se verán postergados. La incertidumbre sobre la situación sanitaria, no despeja la incertidumbre sobre cuál será la actividad legislativa en las próximas semanas. Pero en todo caso, hay que prepararse para una actividad de baja intensidad, que solo se activará en caso de que la misma crisis lo requiera.

En tiempos de tormenta la visibilidad siempre se reduce y algo de eso pareciera estar pasando en el escenario político argentino. Las urgencias económicas, encabezadas por la necesidad de reestructurar una deuda “insostenible” en los términos utilizados por el FMI hacen que sea difícil planificar el largo plazo y diseñar un plan integral de Gobierno con políticas públicas que tengan una mirada a 5 o 10 años de plazo.

Esta es una realidad que difícilmente pueda ser rebatida frente al argumento de que nada puede planificarse si se desconoce el nivel de compromisos de pago de capital e intereses que quedará en pie luego de la negociación con los acreedores externos. No obstante, también es una excusa que encuentra este Gobierno para no tener plan, o lo que es lo mismo, para tener uno que solo mira al cortísimo plazo. Algo de ello se vio reflejado en el discurso del presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.

Cuando Fernández tuvo que determinar un intervalo temporal para su propuesta de gobierno, habló de dos años. “Hoy vengo a proponer (…) un conjunto de acciones colectivas para el período 2020-2021”, afirmó el presidente en el Congreso, dejando evidencia que en Argentina el largo plazo son 2 años. Un cortoplacismo que se explica en parte por la serie de desequilibrios macroeconómicos que viene sufriendo el país y que ocuparon a los últimos gobiernos en casi exclusivamente en perseguir un único -y modesto- objetivo: el de evitar una crisis más profunda. Además, esta visiónm se explica por la existencia de ciertos condicionamientos políticos que obligan a este Gobierno a ganar la elección de medio término (2021), porque, si bien es un presidente que gobierna en mayoría, el Frente de Todos es de todos si es un frente para la victoria, y probablemente no siga siendo de todos frente a una derrota.

La mencionada elección definirá en gran parte (sea con una derrota del oficialismo o con una victoria) si su Gobierno será simplemente un período de transición hacia otra instancia política o si en realidad se trata del inicio de un ciclo político de largo plazo.

La clave para entender este condicionamiento político está en el origen de este proceso político: Fernández no tuvo otra fuente de autoridad política que la de haber sido seleccionado por CFK como candidato de la unidad. No había territorialidad ni popularidad que avalara esa candidatura, que si bien luego posibilitó la unidad posterior del peronismo, fue una unidad condicionada por la elección que ya había realizado CFK, poseedora de los votos para impedir el triunfo. Una unidad constituida sobre una propuesta: ganar sin discutir el nombre del candidato impuesto.

En el fondo, la virtud de Alberto es la de representar una opción de triunfo. Que este finalmente haya sido el desenlace, no impide que el resto de los actores hayan declinado sus aspiraciones. Y así como el triunfo produjo la unidad, la derrota pudiera provocar la fractura.

En el delicado equilibrio que originó el Frente de Todos, la popularidad de Fernández y sus posibilidades de ofrecer un triunfo en la elección de 2021 son factores determinantes para administrar la relación de interdependencia entre el costo de seguir perteneciendo al Frente y el beneficio de defeccionar, cuya secuencia lógica se explica en el gráfico siguiente.

Es decir, si la popularidad de Fernández desciende por falta de resultados y eso repercute en las posibilidades de triunfo del oficialismo en 2021, algunos miembros de la alianza podrían ver crecer el costo y reducir los beneficios de permanecer en la coalición, aumentando el riesgo de defección. Para evitar estas tensiones, Fernández necesita ofrecer un sendero de triunfo.

Esta particularidad del proceso político debería ser considerada por los acreedores externos, ya que les toca negociar con un presidente que necesita, independientemente de las necesidades generales de alivio, que el acuerdo no le complique el tránsito hacia esa elección legislativa. Por ello quizá la variable crítica no sea tanto la quita (capital o intereses) que se  acuerde, sino el nivel de alivio temporal que permita que los resultados de gestión aparezcan antes de octubre de 2021. Sea como fuere, mientras esa negociación sucede, seguiremos transitando este tiempo de Gobierno en emergencia a la espera de los resultados que traiga el ministro Guzmán, una síntesis perfecta de lo que acontece en el escenario político hoy.

El límite del alineamiento sindical: la demanda de recuperación salarial

A pesar del apoyo que Alberto Fernández recibió de todo el arco sindical, no le iba a ser sencillo lograr que ese apoyo político se transformara en: 1) la sustancia para la concreción de una nueva unidad sindical, y 2) un soporte político incondicional.

Las dificultades de la unidad están a la vista. El propio Presidente tuvo que mantener a lo largo de febrero reuniones separadas con cada uno de los principales referentes gremiales de cada espacio sindical. Y de esas mismas reuniones, quedó en evidencia que el apoyo político sindical tiene un límite claro, como lo es el interés de los dirigentes sindicales de recuperar durante 2020 el poder adquisitivo de sus salarios (o al menos no seguir perdiendo).

El mensaje que transmitió el Gobierno, para poner una referencia al proceso paritario, incluyó dos recomendaciones: 1) no a las cláusulas gatillo y 2) que los aumentos sean en sumas fijas. El objetivo es que la discusión salarial colabore con el objetivo de bajar la nominalidad de la economía y acompañe un eventual proceso de desinflación. Pero más allá del apoyo político gremial al nuevo Gobierno, ninguna de las dos recomendaciones fue abrazada por el arco sindical. De hecho, de la primera reunión del Consejo de la CGT surgieron algunos cuestionamientos a estos planteos y el temor de que se busque acotar el margen de negociación.

Además, el gobierno busca contener las demandas de recuperación del salario hasta no tener cerrado el acuerdo de reestructuración de la deuda. Para esto, pide actualizar con sumas fijas los salarios hasta tanto finalice esta suerte de período de emergencia que ha fijado el programa económico para los primeros 180 días.

Prevalecen revisiones en porcentajes en las paritarias de grandes gremios

Los acuerdos paritarios 2019-2020 de los grandes gremios se encuentran llegando a su fin, y en muchos casos incluyen una revisión del acuerdo para cotejarlo con la evolución de la inflación. En la mayoría de los casos (Camioneros, UATRE, Sanidad o la UOM), las revisiones no se materializan en sumas fijas, como quería el Gobierno, sino en aumentos porcentuales. Si repasamos, concluimos que los acuerdos que más resultado dieron fueron los que se revisaron cada tres o cuatro meses, como SMATA, Bancarios y la UOCRA. Sanidad, Alimentación y Gastronómicos, con acuerdos similares entre sí, lograron negociaciones favorables. Ferroviarios y UTA firmaron cláusulas indexadas a fines de 2019, además de varias sumas fijas. Por último, comercio aún no definió la última parte de su acuerdo y UPCN debería lograr un aumento adicional a las sumas fijas que viene percibiendo.

Luego de anunciar que la movilidad jubilatoria del primer trimestre del año contiene un recorte sobre el aumento previsto por la ley de movilidad anterior, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar algunos regímenes previsionales especiales.

Se trata de regímenes denominados “de privilegio”, que atienden la situación previsional de trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Servicio Exterior. Son regímenes que, además de tener algunas disposiciones más beneficiosas que el régimen previsional general (se jubilan con menor edad, por ejemplo), se componen de trabajadores activos que cobran sueldos muy por encima de la media. El Gobierno incluyó un diagnóstico de estos regímenes en el proyecto, señalando la situación deficitaria. Aquí los detalles de la iniciativa:

Disposiciones comunes para ambos regímenes:

El proyecto establece que el haber inicial será equivalente el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos. De esta manera se modifica la disposición que hoy esta vigente que establece que el haber inicial corresponde al 82% del último cargo al momento de jubilarse. Este cálculo también aplica en caso de sobrevenir la invalidez antes de cumplir los requisitos antes mencionados.

Para poder corregir el déficit del régimen previsional en cuestión, la iniciativa establece un incremento de los aportes de quienes están en el desempeño de sus funciones de 7 puntos porcentuales sobre la remuneración total percibida

Modificaciones al régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del poder judicial y del ministerio publico:

El proyecto fija los alcances del nuevo Régimen, incluyendo a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, pero excluyendo al Presidente, al Vicepresidente y a los Jueces de la Corte Suprema de la Nación, quienes quedan comprendidos en el régimen ya vigente para esos cargos.

Por otro lado, se sube la edad jubilatoria para el personal alcanzado de 60 a 65 años utilizando una escala gradual y progresiva. De manera adicional al requisito de los 30 años de aporte, se incorporan nuevos requisitos para acceder a la jubilación: 1) la acreditación de 20 años mínimos de desempeño en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, 2) que 10 años hayan sido continuos o 15 discontinuos siempre que el cese se produzca en esa actividad, y 3) que se produzca el cese definitivo en el ejercicio de su actividad.

Modificaciones al régimen jubilatorio para funcionarios del servicio exterior de la nación:

El proyecto aclara que la prestación de servicios en lugares considerados peligrosos o insalubres no será computada doble para acreditar requisitos de años para el beneficio previsional. Además, al igual que con el Régimen para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, se incrementa la edad jubilatoria a 65 años. Esto se hará de manera gradual, a razón de 1 año adicional por cada año transcurrido de la entrada en vigencia de la ley

Crece la imagen negativa de Alberto Fernández

En el segundo mes de gestión de Alberto Fernández, se observa cierta estabilidad en la valoración positiva del desempeño del Gobierno (un 40% aprueba lo hecho hasta aquí), pero se registra un incremento de la valoración negativa, que crece 5,5 p.p. entre enero y febrero. Este crecimiento de la imagen negativa puede explicarse por las respuestas de quienes el mes pasado señalaron no tener una imagen formada del Gobierno y que hacia febrero se inclinaron por una posición crítica.

El incremento de +7,1 p.p. entre los que valoran como “muy malo” el desempeño del gobierno, se compensa parcialmente por una caída de -1,6 p.p. entre los que lo caracterizan como “malo”, dejando un incremento de la imagen negativa de +5,5 p.p. Sin embargo, ese crecimiento de la valoración negativa no elimina el saldo favorable de valoración del desempeño del Gobierno de Fernández: una valoración positiva de 40,4% sostiene un saldo aún favorable de imagen de Gobierno de +2,7 p.p.

La inflación sigue liderando las preocupaciones

La preocupación por el aumento de precios sigue siendo la principal (34,9%), mostrando en febrero un leve repunte que lo mantiene por arriba del tercio de las menciones. Si bien la preocupación por el desempleo cae por tercer mes consecutivo (21,1% en febrero), las preocupaciones económicas se mantienen por encima del 50% de las menciones.

El dato distintivo sigue siendo la emergencia de la preocupación por la corrupción, que se consolida en el segundo lugar del ranking, mostrando un crecimiento de 14,7 p.p. en los últimos tres meses, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo político. Con este registro de febrero (26,1%), la preocupación por la corrupción llega al máximo nivel registrado en los últimos 48 meses.

Las expectativas positivas se moderan

Si bien la opinión pública sigue mostrando moderados niveles de optimismo sobre el futuro del país y el futuro de su situación personal, en febrero los márgenes de ese optimismo se achicaron respecto a enero. El mes pasado la diferencia entre los que veían con optimismo el futuro del país versus quienes lo veían con pesimismo era de +5,9 p.p.; en febrero esa diferencia cayó a +0,8 p.p. Algo parecido sucede respecto a las expectativas sobre el futuro personal, donde el saldo pasó de +17,8 p.p. en enero a +8,2 p.p. en febrero.

Para describir el clima de opinión observado en nuestro primer estudio nacional luego de la asunción de Alberto Fernández como presidente, utilizamos dos términos: cautela y moderado optimismo.

La cautela es porque pareciera ser este un inicio de ciclo donde la habitual buena expectativa se encuentra contenida por la dificultad del presente y la frustración del pasado. Siendo muy conscientes de las dificultades económicas que se atraviesan, esta parece ser una opinión pública que viene sufriendo sistemáticamente la frustración de sus ilusiones de recuperación, y que ahora prefiere esperar resultados para volver a creer.

Por su parte, en relación al moderado optimismo, ocurre un hecho que pareciera repetirse  de la etapa kirchnerista, y que había desaparecido en tiempos de Macri: la opinión pública tiende a tener mejores expectativas sobre el futuro personal que sobre el futuro del país. Pareciera que la gente confiara más en lo que la política le pueda dar a su futuro personal, que lo que pueda hacer con el porvenir del país.

De hecho, los optimistas sobre el futuro del país decrecieron 5,7 p.p. respecto de marzo de 2016, mientras que los optimistas sobre el futuro personal subieron 6,2 p.p. en relación a esa misma fecha.

Por otro lado, se observa que el principal canal de evaluación sobre el Gobierno podría ser el resultado en materia de desinflación. A pesar de lo urgente que es resolver el tema de la deuda, la permanente suba de precios continúa siendo la principal preocupación ciudadana, al reducir la capacidad de compra de los salarios y afectando calidad de vida de los ciudadanos.

El contraste entre lo urgente para el país (resolver la reestructuración de la deuda) y lo preocupante para la opinión pública, se vuelve un desafío para el Gobierno, porque sin fondos ni acceso al crédito externo, se debe encontrar una salida para el tema para luego ver las condiciones iniciales sobre las cuales diseñar la política económica que busque soluciones a la situación doméstica.

Para ambos temas (deuda e inflación), el mes de marzo pudiera ser crítico. En el primer caso, porque el Gobierno se autoimpuso el 31 de marzo como fecha límite para resolver la reestructuración de sus pasivos. En el segundo, el mes cobra relevancia debido a que la opinión pública vuelve a concentrarse en sus problemas cotidianos, vuelve a su rutina anual y se reinicia el ciclo escolar. Estacionalmente, es un mes complicado para la inflación, momento en que la gente pudiera estar haciendo una primera evaluación sobre los resultados en materia de desinflación, y consecuentemente, sobre los resultados de gestión del nuevo Gobierno.

EN 2019, la mayoría de los gremios quedaron mejor parados frente a la evolución de la inflación en relación a lo sucedido el año previo. En particular, Bancarios y SMATA, con paritarias que comienzan en enero y finalizan en diciembre, pudieron ganarle la carrera a los precios en el acumulado del año. A ellos se le suma la UOCRA, que, si bien finaliza su acuerdo en marzo, tuvo revisiones trimestrales y se encuentra muy bien parado con los aumentos pautados. Por su parte, Gastronómicos, Sanidad y Alimentación también cerraron el 2019 apenas por encima del IPC, pero sus acuerdos vencen entre mayo y junio. Finalmente, los más damnificados resultaron ser Comercio, la UOM, y UPCN, aunque, al igual que Camioneros, todos ellos se encuentran renegociando sus acuerdos con ánimo de revertir lo perdido hasta el momento.

Por su parte, la delicada situación fiscal que atraviesan las Provincias les impidió acompañar la decisión del Gobierno nacional de otorgar un bono de compensación salarial de $ 4.000 a cuenta de la negociación paritaria futura. De hecho, la mayoría de ellas evalúa discutir las Paritarias 2020 con estatales otorgando sumas fijas y sin utilizar cláusulas gatillo. Aquí un panorama de lo que sucede en cada Provincia:

En lo que respecta a las negociaciones paritarias 2020, el gobierno tiene el desafío de “poner en marcha la economía”, apelando a una reasignación de ingresos en favor de segmentos de menores recursos (tanto activos como pasivos) al mismo tiempo que intenta frenar la inercia inflacionaria, a través de la continuidad del congelamiento tarifario y tratando de contener la puja distributiva. Es por ello que ha empezado a enviar señales para modelar el proceso paritario buscando que se cumplan dos cuestiones esenciales: 1) el otorgamiento de sumas fijas y no de aumentos porcentuales y 2) eliminar de toda discusión salarial la implementación de mecanismos indexatorios del estilo de cláusulas gatillo.

Estos criterios fijados por Fernández colaboran en dos aspectos al Plan del Gobierno: por un lado, ayudan a contener la puja distributiva, pero por el otro permiten no fijar aumentos anuales porcentuales que afecten las expectativas inflacionarias, que debería ir confluyendo a la baja hacia fin del corriente año. La “desporcentualización” del proceso paritario en el comienzo de año, es decir en tiempos donde el Gobierno está tratando de reacomodar los compromisos de deuda pública, es de gran ayuda para contener la puja distributiva y evitar que las expectativas inflacionarias afecten la evolución de los precios.

Uno de los primeros gremios en adecuarse a estos parámetros fijados por el oficialismo para el proceso paritario fue la Asociación Bancaria que determinó aumentos de suma fija para los meses de enero y febrero, a cuenta de lo que se determinará en las negociaciones que retomarán en marzo.

Donde sí desconoció la Bancaria la pauta oficial de negociación, fue en el cierre de la paritaria 2019, donde en compensación por la aplicación de la cláusula gatillo, se acordó una recuperación del salario en términos porcentuales de 3,8%, en consonancia con el nivel de inflación anual conocido días atrás.

De todas maneras, el Gobierno pretende que desde la propia CGT se produzca alguna declaración de postura al respecto y se promueva como criterio propio que todos los gremios se atengan a encarar durante el primer cuatrimestre negociaciones salariales por sumas fijas a cuenta de lo que se negocia más adelante. Una decisión que tiene el objetivo de postergar la puja distributiva para luego que el Gobierno finalice el proceso de renegociación de la deuda externa y empiece a fijar los parámetros centrales de su plan económico.

En definitiva, como en otras áreas, en materia laboral las principales acciones de Gobierno parecieran estar suspendidas hasta que se termine de clarificar el escenario en materia de deuda. En la medida que esos cimientos se consoliden, se podrán levantar el resto de las paredes del programa económico.

De cumplirse la voluntad del oficialismo, el 29 de enero iniciará el año legislativo en el marco de las sesiones extraordinarias (extendidas hasta fines de febrero). El Gobierno buscará debatir los proyectos de Consenso Fiscal y la suspensión de las jubilaciones de privilegio en primer término, aunque también podría incorporarse un primer texto que trate la renegociación de la deuda con acreedores externos y el FMI para poder garantizar la sustentabilidad de los compromisos.

El ministro Martín Guzmán ya presentó el texto antes de que el mismo ingresara en la Cámara de Diputados y volvió a dejar en claro que el Gobierno tiene la voluntad de pagar la deuda, pero para que eso ocurra el país necesita crecer primero. El texto del proyecto no agrega ningún elemento nuevo respecto de las condiciones en las que el Gobierno de Alberto Fernández enfrentará la negociación con los acreedores. Tampoco ofrece ningún elemento que permita dilucidar cuál será la oferta que el Gobierno le hará a los acreedores.

La verdadera intención del oficialismo con este proyecto enviando al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, es buscar apoyo político para fortalecer las condiciones de negociación del Gobierno frente a sus acreedores. El proyecto, que solo consta de 9 artículos, se resume brevemente en el siguiente cuadro:

La intención del Gobierno es que el texto se trate en el recinto de la Cámara de Diputados entre el 29 y el 30 de enero. Por este motivo, deberá apurar el debate en las comisiones y darle un tratamiento exprés, similar a lo sucedido con el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación de la Economía.

Por su parte, la oposición (Juntos por el Cambio y otros bloques menores) aclararon que están dispuestos a apoyar al Gobierno en las gestiones por lograr una renegociación que le de sostenibilidad al perfil de la deuda pública nacional, por lo que no se habría impedimentos para que la Ley de apruebe. No obstante, resta saber si el apoyo será explícito (votando a favor del proyecto) o implícito (absteniéndose entendiendo que el proyecto es redundante de las facultades ya otorgadas por la Ley de Emergencia). De todos modos, la oposición buscará que el ministro Guzmán vaya al Congreso para debatir la iniciativa, y explicar las bases de la renegociación.

En materia de expectativas sobre el futuro del país, los optimistas se estabilizan en torno al 37%, cifra que surge del núcleo de votantes de Fernández. Por su parte, el 31,2% cree que el país estará peor dentro de un año, mientras que el restante 31,6% se reparte entre la incertidumbre y la sensación de que la situación no cambiará. Es muy probable que estos últimos se inclinen al optimismo o al pesimismo con el correr de los meses.

En cuanto a la expectativa sobre el futuro personal de cada encuestado, el optimismo continúa su tendencia alcista comenzada hace ya un año (donde los niveles de optimismo se encontraban por el piso), y se ubican en un 40,5%. Al mismo tiempo, la incertidumbre y el pesimismo crecieron un poco con respecto a la última medición, y ambas se ubican en torno al 20%. En este sentido, cabe destacar que los niveles de incertidumbre en las respuestas son los más altos del registro (desde marzo de 2016). Nuevamente, se espera que esta variable defina hacia un sesgo optimista o pesimista con el correr de los meses.

Por otro lado, se observa que las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández tuvieron una evaluación levemente favorable. Mientras que el 39% de los encuestados cree que las medidas que tomó el gobierno son positivas, el 36,9% cree que son negativas y el 19,4% las calificó como “regulares”.

Lo interesante es que si se indaga según el voto de los encuestados en la última elección general, se observa con mucha razonabilidad que el mayor rechazo a las medidas económicas de Fernández se da entre los votantes de Mauricio Macri, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, mientras que el núcleo del apoyo radica en losvotantes oficialistas. Dentro de la oposición, los votantes de Del Caño son los que demuestran mayor nivel de apoyo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, mientras que los votantes de Lavagna son los que muestran menor rechazo a las mismas.