Category: Política

Luego de anunciar que la movilidad jubilatoria del primer trimestre del año contiene un recorte sobre el aumento previsto por la ley de movilidad anterior, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar algunos regímenes previsionales especiales.

Se trata de regímenes denominados “de privilegio”, que atienden la situación previsional de trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Servicio Exterior. Son regímenes que, además de tener algunas disposiciones más beneficiosas que el régimen previsional general (se jubilan con menor edad, por ejemplo), se componen de trabajadores activos que cobran sueldos muy por encima de la media. El Gobierno incluyó un diagnóstico de estos regímenes en el proyecto, señalando la situación deficitaria. Aquí los detalles de la iniciativa:

Disposiciones comunes para ambos regímenes:

El proyecto establece que el haber inicial será equivalente el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, sujetas a aportes y contribuciones, por el desempeño de los cargos. De esta manera se modifica la disposición que hoy esta vigente que establece que el haber inicial corresponde al 82% del último cargo al momento de jubilarse. Este cálculo también aplica en caso de sobrevenir la invalidez antes de cumplir los requisitos antes mencionados.

Para poder corregir el déficit del régimen previsional en cuestión, la iniciativa establece un incremento de los aportes de quienes están en el desempeño de sus funciones de 7 puntos porcentuales sobre la remuneración total percibida

Modificaciones al régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del poder judicial y del ministerio publico:

El proyecto fija los alcances del nuevo Régimen, incluyendo a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, pero excluyendo al Presidente, al Vicepresidente y a los Jueces de la Corte Suprema de la Nación, quienes quedan comprendidos en el régimen ya vigente para esos cargos.

Por otro lado, se sube la edad jubilatoria para el personal alcanzado de 60 a 65 años utilizando una escala gradual y progresiva. De manera adicional al requisito de los 30 años de aporte, se incorporan nuevos requisitos para acceder a la jubilación: 1) la acreditación de 20 años mínimos de desempeño en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, 2) que 10 años hayan sido continuos o 15 discontinuos siempre que el cese se produzca en esa actividad, y 3) que se produzca el cese definitivo en el ejercicio de su actividad.

Modificaciones al régimen jubilatorio para funcionarios del servicio exterior de la nación:

El proyecto aclara que la prestación de servicios en lugares considerados peligrosos o insalubres no será computada doble para acreditar requisitos de años para el beneficio previsional. Además, al igual que con el Régimen para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, se incrementa la edad jubilatoria a 65 años. Esto se hará de manera gradual, a razón de 1 año adicional por cada año transcurrido de la entrada en vigencia de la ley

Crece la imagen negativa de Alberto Fernández

En el segundo mes de gestión de Alberto Fernández, se observa cierta estabilidad en la valoración positiva del desempeño del Gobierno (un 40% aprueba lo hecho hasta aquí), pero se registra un incremento de la valoración negativa, que crece 5,5 p.p. entre enero y febrero. Este crecimiento de la imagen negativa puede explicarse por las respuestas de quienes el mes pasado señalaron no tener una imagen formada del Gobierno y que hacia febrero se inclinaron por una posición crítica.

El incremento de +7,1 p.p. entre los que valoran como “muy malo” el desempeño del gobierno, se compensa parcialmente por una caída de -1,6 p.p. entre los que lo caracterizan como “malo”, dejando un incremento de la imagen negativa de +5,5 p.p. Sin embargo, ese crecimiento de la valoración negativa no elimina el saldo favorable de valoración del desempeño del Gobierno de Fernández: una valoración positiva de 40,4% sostiene un saldo aún favorable de imagen de Gobierno de +2,7 p.p.

La inflación sigue liderando las preocupaciones

La preocupación por el aumento de precios sigue siendo la principal (34,9%), mostrando en febrero un leve repunte que lo mantiene por arriba del tercio de las menciones. Si bien la preocupación por el desempleo cae por tercer mes consecutivo (21,1% en febrero), las preocupaciones económicas se mantienen por encima del 50% de las menciones.

El dato distintivo sigue siendo la emergencia de la preocupación por la corrupción, que se consolida en el segundo lugar del ranking, mostrando un crecimiento de 14,7 p.p. en los últimos tres meses, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo político. Con este registro de febrero (26,1%), la preocupación por la corrupción llega al máximo nivel registrado en los últimos 48 meses.

Las expectativas positivas se moderan

Si bien la opinión pública sigue mostrando moderados niveles de optimismo sobre el futuro del país y el futuro de su situación personal, en febrero los márgenes de ese optimismo se achicaron respecto a enero. El mes pasado la diferencia entre los que veían con optimismo el futuro del país versus quienes lo veían con pesimismo era de +5,9 p.p.; en febrero esa diferencia cayó a +0,8 p.p. Algo parecido sucede respecto a las expectativas sobre el futuro personal, donde el saldo pasó de +17,8 p.p. en enero a +8,2 p.p. en febrero.

Para describir el clima de opinión observado en nuestro primer estudio nacional luego de la asunción de Alberto Fernández como presidente, utilizamos dos términos: cautela y moderado optimismo.

La cautela es porque pareciera ser este un inicio de ciclo donde la habitual buena expectativa se encuentra contenida por la dificultad del presente y la frustración del pasado. Siendo muy conscientes de las dificultades económicas que se atraviesan, esta parece ser una opinión pública que viene sufriendo sistemáticamente la frustración de sus ilusiones de recuperación, y que ahora prefiere esperar resultados para volver a creer.

Por su parte, en relación al moderado optimismo, ocurre un hecho que pareciera repetirse  de la etapa kirchnerista, y que había desaparecido en tiempos de Macri: la opinión pública tiende a tener mejores expectativas sobre el futuro personal que sobre el futuro del país. Pareciera que la gente confiara más en lo que la política le pueda dar a su futuro personal, que lo que pueda hacer con el porvenir del país.

De hecho, los optimistas sobre el futuro del país decrecieron 5,7 p.p. respecto de marzo de 2016, mientras que los optimistas sobre el futuro personal subieron 6,2 p.p. en relación a esa misma fecha.

Por otro lado, se observa que el principal canal de evaluación sobre el Gobierno podría ser el resultado en materia de desinflación. A pesar de lo urgente que es resolver el tema de la deuda, la permanente suba de precios continúa siendo la principal preocupación ciudadana, al reducir la capacidad de compra de los salarios y afectando calidad de vida de los ciudadanos.

El contraste entre lo urgente para el país (resolver la reestructuración de la deuda) y lo preocupante para la opinión pública, se vuelve un desafío para el Gobierno, porque sin fondos ni acceso al crédito externo, se debe encontrar una salida para el tema para luego ver las condiciones iniciales sobre las cuales diseñar la política económica que busque soluciones a la situación doméstica.

Para ambos temas (deuda e inflación), el mes de marzo pudiera ser crítico. En el primer caso, porque el Gobierno se autoimpuso el 31 de marzo como fecha límite para resolver la reestructuración de sus pasivos. En el segundo, el mes cobra relevancia debido a que la opinión pública vuelve a concentrarse en sus problemas cotidianos, vuelve a su rutina anual y se reinicia el ciclo escolar. Estacionalmente, es un mes complicado para la inflación, momento en que la gente pudiera estar haciendo una primera evaluación sobre los resultados en materia de desinflación, y consecuentemente, sobre los resultados de gestión del nuevo Gobierno.

EN 2019, la mayoría de los gremios quedaron mejor parados frente a la evolución de la inflación en relación a lo sucedido el año previo. En particular, Bancarios y SMATA, con paritarias que comienzan en enero y finalizan en diciembre, pudieron ganarle la carrera a los precios en el acumulado del año. A ellos se le suma la UOCRA, que, si bien finaliza su acuerdo en marzo, tuvo revisiones trimestrales y se encuentra muy bien parado con los aumentos pautados. Por su parte, Gastronómicos, Sanidad y Alimentación también cerraron el 2019 apenas por encima del IPC, pero sus acuerdos vencen entre mayo y junio. Finalmente, los más damnificados resultaron ser Comercio, la UOM, y UPCN, aunque, al igual que Camioneros, todos ellos se encuentran renegociando sus acuerdos con ánimo de revertir lo perdido hasta el momento.

Por su parte, la delicada situación fiscal que atraviesan las Provincias les impidió acompañar la decisión del Gobierno nacional de otorgar un bono de compensación salarial de $ 4.000 a cuenta de la negociación paritaria futura. De hecho, la mayoría de ellas evalúa discutir las Paritarias 2020 con estatales otorgando sumas fijas y sin utilizar cláusulas gatillo. Aquí un panorama de lo que sucede en cada Provincia:

En lo que respecta a las negociaciones paritarias 2020, el gobierno tiene el desafío de “poner en marcha la economía”, apelando a una reasignación de ingresos en favor de segmentos de menores recursos (tanto activos como pasivos) al mismo tiempo que intenta frenar la inercia inflacionaria, a través de la continuidad del congelamiento tarifario y tratando de contener la puja distributiva. Es por ello que ha empezado a enviar señales para modelar el proceso paritario buscando que se cumplan dos cuestiones esenciales: 1) el otorgamiento de sumas fijas y no de aumentos porcentuales y 2) eliminar de toda discusión salarial la implementación de mecanismos indexatorios del estilo de cláusulas gatillo.

Estos criterios fijados por Fernández colaboran en dos aspectos al Plan del Gobierno: por un lado, ayudan a contener la puja distributiva, pero por el otro permiten no fijar aumentos anuales porcentuales que afecten las expectativas inflacionarias, que debería ir confluyendo a la baja hacia fin del corriente año. La “desporcentualización” del proceso paritario en el comienzo de año, es decir en tiempos donde el Gobierno está tratando de reacomodar los compromisos de deuda pública, es de gran ayuda para contener la puja distributiva y evitar que las expectativas inflacionarias afecten la evolución de los precios.

Uno de los primeros gremios en adecuarse a estos parámetros fijados por el oficialismo para el proceso paritario fue la Asociación Bancaria que determinó aumentos de suma fija para los meses de enero y febrero, a cuenta de lo que se determinará en las negociaciones que retomarán en marzo.

Donde sí desconoció la Bancaria la pauta oficial de negociación, fue en el cierre de la paritaria 2019, donde en compensación por la aplicación de la cláusula gatillo, se acordó una recuperación del salario en términos porcentuales de 3,8%, en consonancia con el nivel de inflación anual conocido días atrás.

De todas maneras, el Gobierno pretende que desde la propia CGT se produzca alguna declaración de postura al respecto y se promueva como criterio propio que todos los gremios se atengan a encarar durante el primer cuatrimestre negociaciones salariales por sumas fijas a cuenta de lo que se negocia más adelante. Una decisión que tiene el objetivo de postergar la puja distributiva para luego que el Gobierno finalice el proceso de renegociación de la deuda externa y empiece a fijar los parámetros centrales de su plan económico.

En definitiva, como en otras áreas, en materia laboral las principales acciones de Gobierno parecieran estar suspendidas hasta que se termine de clarificar el escenario en materia de deuda. En la medida que esos cimientos se consoliden, se podrán levantar el resto de las paredes del programa económico.

De cumplirse la voluntad del oficialismo, el 29 de enero iniciará el año legislativo en el marco de las sesiones extraordinarias (extendidas hasta fines de febrero). El Gobierno buscará debatir los proyectos de Consenso Fiscal y la suspensión de las jubilaciones de privilegio en primer término, aunque también podría incorporarse un primer texto que trate la renegociación de la deuda con acreedores externos y el FMI para poder garantizar la sustentabilidad de los compromisos.

El ministro Martín Guzmán ya presentó el texto antes de que el mismo ingresara en la Cámara de Diputados y volvió a dejar en claro que el Gobierno tiene la voluntad de pagar la deuda, pero para que eso ocurra el país necesita crecer primero. El texto del proyecto no agrega ningún elemento nuevo respecto de las condiciones en las que el Gobierno de Alberto Fernández enfrentará la negociación con los acreedores. Tampoco ofrece ningún elemento que permita dilucidar cuál será la oferta que el Gobierno le hará a los acreedores.

La verdadera intención del oficialismo con este proyecto enviando al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, es buscar apoyo político para fortalecer las condiciones de negociación del Gobierno frente a sus acreedores. El proyecto, que solo consta de 9 artículos, se resume brevemente en el siguiente cuadro:

La intención del Gobierno es que el texto se trate en el recinto de la Cámara de Diputados entre el 29 y el 30 de enero. Por este motivo, deberá apurar el debate en las comisiones y darle un tratamiento exprés, similar a lo sucedido con el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación de la Economía.

Por su parte, la oposición (Juntos por el Cambio y otros bloques menores) aclararon que están dispuestos a apoyar al Gobierno en las gestiones por lograr una renegociación que le de sostenibilidad al perfil de la deuda pública nacional, por lo que no se habría impedimentos para que la Ley de apruebe. No obstante, resta saber si el apoyo será explícito (votando a favor del proyecto) o implícito (absteniéndose entendiendo que el proyecto es redundante de las facultades ya otorgadas por la Ley de Emergencia). De todos modos, la oposición buscará que el ministro Guzmán vaya al Congreso para debatir la iniciativa, y explicar las bases de la renegociación.

En materia de expectativas sobre el futuro del país, los optimistas se estabilizan en torno al 37%, cifra que surge del núcleo de votantes de Fernández. Por su parte, el 31,2% cree que el país estará peor dentro de un año, mientras que el restante 31,6% se reparte entre la incertidumbre y la sensación de que la situación no cambiará. Es muy probable que estos últimos se inclinen al optimismo o al pesimismo con el correr de los meses.

En cuanto a la expectativa sobre el futuro personal de cada encuestado, el optimismo continúa su tendencia alcista comenzada hace ya un año (donde los niveles de optimismo se encontraban por el piso), y se ubican en un 40,5%. Al mismo tiempo, la incertidumbre y el pesimismo crecieron un poco con respecto a la última medición, y ambas se ubican en torno al 20%. En este sentido, cabe destacar que los niveles de incertidumbre en las respuestas son los más altos del registro (desde marzo de 2016). Nuevamente, se espera que esta variable defina hacia un sesgo optimista o pesimista con el correr de los meses.

Por otro lado, se observa que las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández tuvieron una evaluación levemente favorable. Mientras que el 39% de los encuestados cree que las medidas que tomó el gobierno son positivas, el 36,9% cree que son negativas y el 19,4% las calificó como “regulares”.

Lo interesante es que si se indaga según el voto de los encuestados en la última elección general, se observa con mucha razonabilidad que el mayor rechazo a las medidas económicas de Fernández se da entre los votantes de Mauricio Macri, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, mientras que el núcleo del apoyo radica en losvotantes oficialistas. Dentro de la oposición, los votantes de Del Caño son los que demuestran mayor nivel de apoyo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, mientras que los votantes de Lavagna son los que muestran menor rechazo a las mismas.

De la mano de un progresivo debilitamiento de las democracias de partidos, las transformaciones que vivimos en los procesos democráticos modernos han puesto como protagonistas centrales a una ciudadanía que interviene para expresar su rechazo que para manifestar su adhesión a determinadas decisiones o procesos. La gente tiende a tener más en claro lo que repele que lo que apoya, o se siente movilizada por evitar lo que rechaza que por facilitar o promover lo que desea que suceda.

En un contexto donde las identidades políticas positivas (sentimiento de adhesión a algo) se van debilitando, producto de las frustraciones cuando las democracias no logran satisfacer las cada vez más sofisticadas demandas de una ciudadanía más informada y más exigente, adquieren particular relevancia las identidades políticas negativas. Esto describe un cambio profundo en la naturaleza de la representación política, ya que no se busca representar lo que el pueblo quiere, sino lo que este rechaza.

Si le planteamos al electorado argentino el desafío de agruparse según una identidad positiva (partido político o espacio ideológico al cual adhiere o se siente identificado), el sector mayoritario del electorado elige definirse como independiente (casi 4 de cada 10), reflejando la debilidad que atraviesan las identidades políticas partidarias. Recién la identidad Peronista aparece liderando entre los diferentes espacios políticos con solo el 18,9%, seguido del Kirchnerismo con 15,7%, planteada como identidad diferenciada de la peronista. En el espectro hoy opositor, la debilidad de las identidades partidarias es más elocuente, ya que ningún espacio recoge una adhesión de dos dígitos, siendo el PRO el partido que lidera con un 9,6% de adherentes, seguido por el radicalismo con 5,4%. Los espacios definidos por límites ideológicos (la izquierda o la derecha), no recogen niveles de adhesión relevantes.

Lo opuesto sucede cuando se busca organizar este por identidades negativas: 2 de cada 3 se agrupan en el rechazo de dos grandes espacios (antikirchnerismo, 39,6%, y el antimacrismo, 27,2%), un escenario mas parecido al que arrojó la reciente elección.

El hecho que las identidades negativas reflejen mejor cómo se organiza el escenario político, no solo habla de los cambios en la naturaleza de la representación política, sino que ayuda a entender las estrategias de los propios actores del sistema. Si se logra agrupar una mayoría más amplia convocando a rechazar algo en vez de convocando a apoyar algo, posiblemente lo que domine las estrategias de los actores sea la de identificar lo que la gente rechaza, ya que, como muestra el gráfico, es mucho más redituable para juntar mayorías apelar al sentimiento de rechazo que al de adhesión.

Sin ser una descripción precisa del escenario actual, esta configuración dice mucho de cómo se componen los dos grandes espacios políticos en los que hoy quedó organizado el escenario: el Frente de Todos (peronismo + kirchnerismo + massismo) y Juntos por el Cambio (UCR + PRO + CC).

En definitiva, así como la apelación a un enemigo externo es un instrumento clásico para favorecer la unidad nacional, pareciera que hoy la apelación a enemigos internos funciona mejor para formar mayorías que apelando a los ideales dominantes del propio espacio político. Esta particularidad no solo afecta la forma de entender cómo se organizan los sistemas políticos modernos, sino que influyen en las estrategias que los propios actores adoptan para lograr representar las mayorías más amplias posibles.

En este sentido, si Macri reúne los mayores niveles de rechazo colectivo entre los electores de Alberto Fernández, difícilmente el flamante Presidente abandone la estrategia de antagonizar con Macri para consolidar el apoyo popular a su gestión política. Por el contrario, si la figura de Cristina Kirchner, y lo que representa su espacio político, es la que permite consolidar la mayoría más amplia dentro de los electores opositores al actual Gobierno, difícilmente quienes quieran construir una alternativa política al Frente de Todos se pierdan de aprovechar esa forma tan sencilla de reunir el apoyo para ganar las elecciones.

Los sectores moderados de ambos espacios políticos solo podrían escapar a esta dualidad si emergiera una suerte de sentimiento de rechazo a ese antagonismo. Es decir, si no se consolida de manera consistente un sentimiento de rechazo a la grieta, difícilmente se pueda ver una tercera vía competitiva, como ya lo ha demostrado la historia política reciente. Esta vía pareciera que solo podría surgir si se alcanza una crisis más profunda junto con un sentimiento de “que se vayan todos” estilo 2001, que podría terminar con el clivaje que ha dominado la política argentina en los últimos 15 años: el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo.

La concentración de la toma de decisiones en momentos de crisis, lo que se puede apreciar en las facultades delegadas que logró aprobar Alberto Fernández con la Ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no resuelve por sí solo el problema de las tensiones que genera tomar decisiones que afectan intereses. Además, también se requiere reducir la cantidad de interlocutores para poder genera márgenes de consulta en el proceso de decisión.

Es precisamente en este capítulo que el frente sindical no está ofreciendo resultados, ya que el multifragmentado universo gremial no logra encontrar canales para la reducción a la unidad. Un ejemplo de esa multiplicidad de interlocutores se vio reflejada en la primer reunión oficial del Gobierno con la dirigencia sindical en pasado 20 de diciembre en la Casa Rosada. Fueron allí representantes de todos los sectores sindicales que, en mayor o menor medida, han mostrado la voluntad de comenzar apoyando las decisiones que el Gobierno tome para “poner en marcha la economía”.

Quizás por este motivo fue que Alberto Fernández buscó generar un marco de decisiones que sirvieran como paraguas de legitimidad para sentar a todos los sectores sindicales en la mesa de discusión de las políticas. En este sentido, se entienden las decisiones de reponer la doble indemnización por despidos por 180 días, y la de decretar un aumento para el sector privado por decreto, a cuenta de lo que se discuta en el marco de las negociaciones paritarias, como una forma de garantizarse la buena voluntad de la mayor cantidad de sectores sindicales para encarar una etapa (la del Consejo Económico y Social) donde se deberá contener la puja por recuperar el poder adquisitivo perdido.

El aumento por decreto en cuestión busca capitalizar los esfuerzos del sector privado por colaborar con la reactivación de la economía. El mismo consuste en un bono para los trabajadores del sector que consistirá en una suma de entre $6.000 y $9.000, se pagará a partir de los primeros días de febrero, e irá a cuenta de futuras paritarias.

Las negociaciones no fueron sencillas y todas las partes tuvieron que ceder. El Gobierno anhelaba un aumento remunerativo, en una sola cuota, en torno a los $9.000, y que no fuese afectado por los acuerdos paritarios previos que aún no habían sido cobrados. Por su parte, el sector empresario logró que el bono se pueda pagar en cuotas, y que compense acuerdos paritarios futuros que aún no fueron cancelados, por lo que se entiende que los gremios que tuviesen aumentos próximos a ser percibidos podrían quedarse afuera del acuerdo. También buscan que el bono no tenga carácter remunerativo, aunque a esta altura es improbable que Fernández ceda en este ítem.

Vale destacar que el aumento por decreto frenó las renegociaciones en curso, como las de la UOM y UPCN, mientras que Camioneros, siguen firmes haciendo uso de su cláusula y buscan lograr una recomposición salarial que empate a la inflación.

El inicio de la actividad legislativa en la era de Alberto Fernández estuvo marcado por el tratamiento de un mega proyecto de Ley que el Gobierno denominó Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Se trata de un conjunto de medidas que le dan marco al nuevo Programa Económico del nuevo Gobierno y que contempla una sesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y medidas impositivas orientadas a fortalecer los recursos fiscales del Estado. La medida no recibió el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio pero sí colaboraron con el quórum para habilitar del debate los otros bloques legislativos (el interbloque Federal y el bloque UFD).

En el proyecto, se destaca la disposición de nuevos topes para las alícuotas de los derechos de exportación, las modificaciones a las alícuotas de Bienes Personales, la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, moratoria para PYMES, congelamiento tarifario, el impuesto “país” -que grava el 30% la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjetas de crédito y
débito en el exterior, entre otros.

El trámite del proyecto fue celerísimo, ya que tuvo un trámite exprés en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, donde el oficialismo logró un dictamen favorable con 44 firmas, pero el texto que ingresó al Congreso y el que finalmente ingresará al Senado con media sanción sufrió varias modificaciones. Entre las más relevantes se encuentra la supresión de facultades de reorganización del estado, exenciones a la suspensión de la movilidad jubilatoria, segmentación de los derechos de exportación y se determinó la no retroactividad del gravamen de 30% para las compras efectuadas en el exterior antes de la entrada en vigencia de la ley.

Tal como lo deseaba Alberto Fernández, el proyecto se encaminaba a ser convertido en Ley por el Senado en un trámite veloz que permitió que en poco más de 72hs la primer y más importante iniciativa que el Gobierno envió al Congreso pueda convertirse en Ley.

Alberto Fernández inicia su mandato de cuatro años con un saldo positivo en su imagen. Esto es el resultado de una imagen positiva de 43,6% y una imagen negativa de 32,0%, lo que deja un diferencial positivo de 11,6%.

El otro dirigente que ostenta un diferencial positivo es Roberto Lavagna que, luego de atravesar un deterioro en su imagen durante el proceso pre-electoral, logra recuperar el saldo favorable producto de una imagen positiva de 40,6% y, especialmente, de una imagen negativa muy baja (16,6%).

Los dirigentes con imagen negativa más alta son Mauricio Macri (52,5%), Sergio Massa (49,9%) y Cristina Kirchner (48,9%). En los casos de Macri y Massa, la imagen positiva queda lejos de compensar la imagen negativa, lo que resulta en diferenciales negativos altos. Por su parte, Maria Eugenia Vidal, la ex Gobernadora de Buenos Aires queda empatada con una imagen positiva de 42,6% y una imagen negativa de 43,0%.

Volviendo al actual presidente, también se observa una mejora de su imagen respecto de la observada en septiembre pasado: se registra un incremento de la imagen positiva (+2,6 p.p.) junto a una caída de la imagen negativa (-3,7 p.p.). En su composición, registra una muy buena imagen entre los jóvenes y en el AMBA, especialmente por la buena imagen que se registra en el Gran Buenos Aires.