Category: Política

EN 2019, la mayoría de los gremios quedaron mejor parados frente a la evolución de la inflación en relación a lo sucedido el año previo. En particular, Bancarios y SMATA, con paritarias que comienzan en enero y finalizan en diciembre, pudieron ganarle la carrera a los precios en el acumulado del año. A ellos se le suma la UOCRA, que, si bien finaliza su acuerdo en marzo, tuvo revisiones trimestrales y se encuentra muy bien parado con los aumentos pautados. Por su parte, Gastronómicos, Sanidad y Alimentación también cerraron el 2019 apenas por encima del IPC, pero sus acuerdos vencen entre mayo y junio. Finalmente, los más damnificados resultaron ser Comercio, la UOM, y UPCN, aunque, al igual que Camioneros, todos ellos se encuentran renegociando sus acuerdos con ánimo de revertir lo perdido hasta el momento.

Por su parte, la delicada situación fiscal que atraviesan las Provincias les impidió acompañar la decisión del Gobierno nacional de otorgar un bono de compensación salarial de $ 4.000 a cuenta de la negociación paritaria futura. De hecho, la mayoría de ellas evalúa discutir las Paritarias 2020 con estatales otorgando sumas fijas y sin utilizar cláusulas gatillo. Aquí un panorama de lo que sucede en cada Provincia:

En lo que respecta a las negociaciones paritarias 2020, el gobierno tiene el desafío de “poner en marcha la economía”, apelando a una reasignación de ingresos en favor de segmentos de menores recursos (tanto activos como pasivos) al mismo tiempo que intenta frenar la inercia inflacionaria, a través de la continuidad del congelamiento tarifario y tratando de contener la puja distributiva. Es por ello que ha empezado a enviar señales para modelar el proceso paritario buscando que se cumplan dos cuestiones esenciales: 1) el otorgamiento de sumas fijas y no de aumentos porcentuales y 2) eliminar de toda discusión salarial la implementación de mecanismos indexatorios del estilo de cláusulas gatillo.

Estos criterios fijados por Fernández colaboran en dos aspectos al Plan del Gobierno: por un lado, ayudan a contener la puja distributiva, pero por el otro permiten no fijar aumentos anuales porcentuales que afecten las expectativas inflacionarias, que debería ir confluyendo a la baja hacia fin del corriente año. La “desporcentualización” del proceso paritario en el comienzo de año, es decir en tiempos donde el Gobierno está tratando de reacomodar los compromisos de deuda pública, es de gran ayuda para contener la puja distributiva y evitar que las expectativas inflacionarias afecten la evolución de los precios.

Uno de los primeros gremios en adecuarse a estos parámetros fijados por el oficialismo para el proceso paritario fue la Asociación Bancaria que determinó aumentos de suma fija para los meses de enero y febrero, a cuenta de lo que se determinará en las negociaciones que retomarán en marzo.

Donde sí desconoció la Bancaria la pauta oficial de negociación, fue en el cierre de la paritaria 2019, donde en compensación por la aplicación de la cláusula gatillo, se acordó una recuperación del salario en términos porcentuales de 3,8%, en consonancia con el nivel de inflación anual conocido días atrás.

De todas maneras, el Gobierno pretende que desde la propia CGT se produzca alguna declaración de postura al respecto y se promueva como criterio propio que todos los gremios se atengan a encarar durante el primer cuatrimestre negociaciones salariales por sumas fijas a cuenta de lo que se negocia más adelante. Una decisión que tiene el objetivo de postergar la puja distributiva para luego que el Gobierno finalice el proceso de renegociación de la deuda externa y empiece a fijar los parámetros centrales de su plan económico.

En definitiva, como en otras áreas, en materia laboral las principales acciones de Gobierno parecieran estar suspendidas hasta que se termine de clarificar el escenario en materia de deuda. En la medida que esos cimientos se consoliden, se podrán levantar el resto de las paredes del programa económico.

De cumplirse la voluntad del oficialismo, el 29 de enero iniciará el año legislativo en el marco de las sesiones extraordinarias (extendidas hasta fines de febrero). El Gobierno buscará debatir los proyectos de Consenso Fiscal y la suspensión de las jubilaciones de privilegio en primer término, aunque también podría incorporarse un primer texto que trate la renegociación de la deuda con acreedores externos y el FMI para poder garantizar la sustentabilidad de los compromisos.

El ministro Martín Guzmán ya presentó el texto antes de que el mismo ingresara en la Cámara de Diputados y volvió a dejar en claro que el Gobierno tiene la voluntad de pagar la deuda, pero para que eso ocurra el país necesita crecer primero. El texto del proyecto no agrega ningún elemento nuevo respecto de las condiciones en las que el Gobierno de Alberto Fernández enfrentará la negociación con los acreedores. Tampoco ofrece ningún elemento que permita dilucidar cuál será la oferta que el Gobierno le hará a los acreedores.

La verdadera intención del oficialismo con este proyecto enviando al Congreso durante el período de sesiones extraordinarias, es buscar apoyo político para fortalecer las condiciones de negociación del Gobierno frente a sus acreedores. El proyecto, que solo consta de 9 artículos, se resume brevemente en el siguiente cuadro:

La intención del Gobierno es que el texto se trate en el recinto de la Cámara de Diputados entre el 29 y el 30 de enero. Por este motivo, deberá apurar el debate en las comisiones y darle un tratamiento exprés, similar a lo sucedido con el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación de la Economía.

Por su parte, la oposición (Juntos por el Cambio y otros bloques menores) aclararon que están dispuestos a apoyar al Gobierno en las gestiones por lograr una renegociación que le de sostenibilidad al perfil de la deuda pública nacional, por lo que no se habría impedimentos para que la Ley de apruebe. No obstante, resta saber si el apoyo será explícito (votando a favor del proyecto) o implícito (absteniéndose entendiendo que el proyecto es redundante de las facultades ya otorgadas por la Ley de Emergencia). De todos modos, la oposición buscará que el ministro Guzmán vaya al Congreso para debatir la iniciativa, y explicar las bases de la renegociación.

En materia de expectativas sobre el futuro del país, los optimistas se estabilizan en torno al 37%, cifra que surge del núcleo de votantes de Fernández. Por su parte, el 31,2% cree que el país estará peor dentro de un año, mientras que el restante 31,6% se reparte entre la incertidumbre y la sensación de que la situación no cambiará. Es muy probable que estos últimos se inclinen al optimismo o al pesimismo con el correr de los meses.

En cuanto a la expectativa sobre el futuro personal de cada encuestado, el optimismo continúa su tendencia alcista comenzada hace ya un año (donde los niveles de optimismo se encontraban por el piso), y se ubican en un 40,5%. Al mismo tiempo, la incertidumbre y el pesimismo crecieron un poco con respecto a la última medición, y ambas se ubican en torno al 20%. En este sentido, cabe destacar que los niveles de incertidumbre en las respuestas son los más altos del registro (desde marzo de 2016). Nuevamente, se espera que esta variable defina hacia un sesgo optimista o pesimista con el correr de los meses.

Por otro lado, se observa que las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández tuvieron una evaluación levemente favorable. Mientras que el 39% de los encuestados cree que las medidas que tomó el gobierno son positivas, el 36,9% cree que son negativas y el 19,4% las calificó como “regulares”.

Lo interesante es que si se indaga según el voto de los encuestados en la última elección general, se observa con mucha razonabilidad que el mayor rechazo a las medidas económicas de Fernández se da entre los votantes de Mauricio Macri, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, mientras que el núcleo del apoyo radica en losvotantes oficialistas. Dentro de la oposición, los votantes de Del Caño son los que demuestran mayor nivel de apoyo a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, mientras que los votantes de Lavagna son los que muestran menor rechazo a las mismas.

De la mano de un progresivo debilitamiento de las democracias de partidos, las transformaciones que vivimos en los procesos democráticos modernos han puesto como protagonistas centrales a una ciudadanía que interviene para expresar su rechazo que para manifestar su adhesión a determinadas decisiones o procesos. La gente tiende a tener más en claro lo que repele que lo que apoya, o se siente movilizada por evitar lo que rechaza que por facilitar o promover lo que desea que suceda.

En un contexto donde las identidades políticas positivas (sentimiento de adhesión a algo) se van debilitando, producto de las frustraciones cuando las democracias no logran satisfacer las cada vez más sofisticadas demandas de una ciudadanía más informada y más exigente, adquieren particular relevancia las identidades políticas negativas. Esto describe un cambio profundo en la naturaleza de la representación política, ya que no se busca representar lo que el pueblo quiere, sino lo que este rechaza.

Si le planteamos al electorado argentino el desafío de agruparse según una identidad positiva (partido político o espacio ideológico al cual adhiere o se siente identificado), el sector mayoritario del electorado elige definirse como independiente (casi 4 de cada 10), reflejando la debilidad que atraviesan las identidades políticas partidarias. Recién la identidad Peronista aparece liderando entre los diferentes espacios políticos con solo el 18,9%, seguido del Kirchnerismo con 15,7%, planteada como identidad diferenciada de la peronista. En el espectro hoy opositor, la debilidad de las identidades partidarias es más elocuente, ya que ningún espacio recoge una adhesión de dos dígitos, siendo el PRO el partido que lidera con un 9,6% de adherentes, seguido por el radicalismo con 5,4%. Los espacios definidos por límites ideológicos (la izquierda o la derecha), no recogen niveles de adhesión relevantes.

Lo opuesto sucede cuando se busca organizar este por identidades negativas: 2 de cada 3 se agrupan en el rechazo de dos grandes espacios (antikirchnerismo, 39,6%, y el antimacrismo, 27,2%), un escenario mas parecido al que arrojó la reciente elección.

El hecho que las identidades negativas reflejen mejor cómo se organiza el escenario político, no solo habla de los cambios en la naturaleza de la representación política, sino que ayuda a entender las estrategias de los propios actores del sistema. Si se logra agrupar una mayoría más amplia convocando a rechazar algo en vez de convocando a apoyar algo, posiblemente lo que domine las estrategias de los actores sea la de identificar lo que la gente rechaza, ya que, como muestra el gráfico, es mucho más redituable para juntar mayorías apelar al sentimiento de rechazo que al de adhesión.

Sin ser una descripción precisa del escenario actual, esta configuración dice mucho de cómo se componen los dos grandes espacios políticos en los que hoy quedó organizado el escenario: el Frente de Todos (peronismo + kirchnerismo + massismo) y Juntos por el Cambio (UCR + PRO + CC).

En definitiva, así como la apelación a un enemigo externo es un instrumento clásico para favorecer la unidad nacional, pareciera que hoy la apelación a enemigos internos funciona mejor para formar mayorías que apelando a los ideales dominantes del propio espacio político. Esta particularidad no solo afecta la forma de entender cómo se organizan los sistemas políticos modernos, sino que influyen en las estrategias que los propios actores adoptan para lograr representar las mayorías más amplias posibles.

En este sentido, si Macri reúne los mayores niveles de rechazo colectivo entre los electores de Alberto Fernández, difícilmente el flamante Presidente abandone la estrategia de antagonizar con Macri para consolidar el apoyo popular a su gestión política. Por el contrario, si la figura de Cristina Kirchner, y lo que representa su espacio político, es la que permite consolidar la mayoría más amplia dentro de los electores opositores al actual Gobierno, difícilmente quienes quieran construir una alternativa política al Frente de Todos se pierdan de aprovechar esa forma tan sencilla de reunir el apoyo para ganar las elecciones.

Los sectores moderados de ambos espacios políticos solo podrían escapar a esta dualidad si emergiera una suerte de sentimiento de rechazo a ese antagonismo. Es decir, si no se consolida de manera consistente un sentimiento de rechazo a la grieta, difícilmente se pueda ver una tercera vía competitiva, como ya lo ha demostrado la historia política reciente. Esta vía pareciera que solo podría surgir si se alcanza una crisis más profunda junto con un sentimiento de “que se vayan todos” estilo 2001, que podría terminar con el clivaje que ha dominado la política argentina en los últimos 15 años: el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo.

La concentración de la toma de decisiones en momentos de crisis, lo que se puede apreciar en las facultades delegadas que logró aprobar Alberto Fernández con la Ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no resuelve por sí solo el problema de las tensiones que genera tomar decisiones que afectan intereses. Además, también se requiere reducir la cantidad de interlocutores para poder genera márgenes de consulta en el proceso de decisión.

Es precisamente en este capítulo que el frente sindical no está ofreciendo resultados, ya que el multifragmentado universo gremial no logra encontrar canales para la reducción a la unidad. Un ejemplo de esa multiplicidad de interlocutores se vio reflejada en la primer reunión oficial del Gobierno con la dirigencia sindical en pasado 20 de diciembre en la Casa Rosada. Fueron allí representantes de todos los sectores sindicales que, en mayor o menor medida, han mostrado la voluntad de comenzar apoyando las decisiones que el Gobierno tome para “poner en marcha la economía”.

Quizás por este motivo fue que Alberto Fernández buscó generar un marco de decisiones que sirvieran como paraguas de legitimidad para sentar a todos los sectores sindicales en la mesa de discusión de las políticas. En este sentido, se entienden las decisiones de reponer la doble indemnización por despidos por 180 días, y la de decretar un aumento para el sector privado por decreto, a cuenta de lo que se discuta en el marco de las negociaciones paritarias, como una forma de garantizarse la buena voluntad de la mayor cantidad de sectores sindicales para encarar una etapa (la del Consejo Económico y Social) donde se deberá contener la puja por recuperar el poder adquisitivo perdido.

El aumento por decreto en cuestión busca capitalizar los esfuerzos del sector privado por colaborar con la reactivación de la economía. El mismo consuste en un bono para los trabajadores del sector que consistirá en una suma de entre $6.000 y $9.000, se pagará a partir de los primeros días de febrero, e irá a cuenta de futuras paritarias.

Las negociaciones no fueron sencillas y todas las partes tuvieron que ceder. El Gobierno anhelaba un aumento remunerativo, en una sola cuota, en torno a los $9.000, y que no fuese afectado por los acuerdos paritarios previos que aún no habían sido cobrados. Por su parte, el sector empresario logró que el bono se pueda pagar en cuotas, y que compense acuerdos paritarios futuros que aún no fueron cancelados, por lo que se entiende que los gremios que tuviesen aumentos próximos a ser percibidos podrían quedarse afuera del acuerdo. También buscan que el bono no tenga carácter remunerativo, aunque a esta altura es improbable que Fernández ceda en este ítem.

Vale destacar que el aumento por decreto frenó las renegociaciones en curso, como las de la UOM y UPCN, mientras que Camioneros, siguen firmes haciendo uso de su cláusula y buscan lograr una recomposición salarial que empate a la inflación.

El inicio de la actividad legislativa en la era de Alberto Fernández estuvo marcado por el tratamiento de un mega proyecto de Ley que el Gobierno denominó Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. Se trata de un conjunto de medidas que le dan marco al nuevo Programa Económico del nuevo Gobierno y que contempla una sesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y medidas impositivas orientadas a fortalecer los recursos fiscales del Estado. La medida no recibió el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio pero sí colaboraron con el quórum para habilitar del debate los otros bloques legislativos (el interbloque Federal y el bloque UFD).

En el proyecto, se destaca la disposición de nuevos topes para las alícuotas de los derechos de exportación, las modificaciones a las alícuotas de Bienes Personales, la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, moratoria para PYMES, congelamiento tarifario, el impuesto “país” -que grava el 30% la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjetas de crédito y
débito en el exterior, entre otros.

El trámite del proyecto fue celerísimo, ya que tuvo un trámite exprés en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, donde el oficialismo logró un dictamen favorable con 44 firmas, pero el texto que ingresó al Congreso y el que finalmente ingresará al Senado con media sanción sufrió varias modificaciones. Entre las más relevantes se encuentra la supresión de facultades de reorganización del estado, exenciones a la suspensión de la movilidad jubilatoria, segmentación de los derechos de exportación y se determinó la no retroactividad del gravamen de 30% para las compras efectuadas en el exterior antes de la entrada en vigencia de la ley.

Tal como lo deseaba Alberto Fernández, el proyecto se encaminaba a ser convertido en Ley por el Senado en un trámite veloz que permitió que en poco más de 72hs la primer y más importante iniciativa que el Gobierno envió al Congreso pueda convertirse en Ley.

Alberto Fernández inicia su mandato de cuatro años con un saldo positivo en su imagen. Esto es el resultado de una imagen positiva de 43,6% y una imagen negativa de 32,0%, lo que deja un diferencial positivo de 11,6%.

El otro dirigente que ostenta un diferencial positivo es Roberto Lavagna que, luego de atravesar un deterioro en su imagen durante el proceso pre-electoral, logra recuperar el saldo favorable producto de una imagen positiva de 40,6% y, especialmente, de una imagen negativa muy baja (16,6%).

Los dirigentes con imagen negativa más alta son Mauricio Macri (52,5%), Sergio Massa (49,9%) y Cristina Kirchner (48,9%). En los casos de Macri y Massa, la imagen positiva queda lejos de compensar la imagen negativa, lo que resulta en diferenciales negativos altos. Por su parte, Maria Eugenia Vidal, la ex Gobernadora de Buenos Aires queda empatada con una imagen positiva de 42,6% y una imagen negativa de 43,0%.

Volviendo al actual presidente, también se observa una mejora de su imagen respecto de la observada en septiembre pasado: se registra un incremento de la imagen positiva (+2,6 p.p.) junto a una caída de la imagen negativa (-3,7 p.p.). En su composición, registra una muy buena imagen entre los jóvenes y en el AMBA, especialmente por la buena imagen que se registra en el Gran Buenos Aires.

 

Predominan los leales a Alberto, pero con delegados de CFK en lugares clave

Alberto Fernández es un Presidente que llega al cargo sin fuerza política propia, sin poder territorial, y sin liderar ningún espacio de poder concreto al momento de ser nominado como candidato. Quizá allí radicaba su principal fortaleza para ser el elegido por la ex Presidenta Cristina Kirchner.

Pero lo que sí tenía era un equipo de colaboradores, el denominado Grupo Callao. En esas condiciones, con un poder evidentemente delegado, enfrenta el desafío de liderar un Gobierno con una coalición muy heterogénea (kirchnerismo, peronismo, massismo, vertientes sindicales, etc.), que debe enfrentar desafíos (sobre todo económicos) muy complejos.

Es claro que buscó que todos los sectores quedaran representados en el Gabinete, pero la principal solución que encontró al desafío de resolver situaciones complejas para conservar la unidad política fue la de designar gente de su máxima confianza en los lugares que él entendió serán claves del proceso político: la jefatura del gabinete, el gabinete económico, la justicia y la comunicación.

Así, el 48% de los ministerios estarán ocupados por personas de confianza del Presidente. Con estas designaciones Alberto Fernández busca: 1) tener gente de confianza en aquellos lugares que serán claves para su gestión y así no depender de otros actores de poder; y 2) evitar que en esos lugares se reproduzcan disputas internas que hagan perder el control de las áreas.

En definitiva, se podría decir que este es un gabinete armado por un ex Jefe de Gabinete.

CFK con injerencia en el manejo de los dispositivos de la gobernabilidad

Sin tener precisiones respecto del nivel de injerencia que tendrá Cristina Kirchner en la orientación de las políticas públicas y el rumbo del Gobierno, la conformación del equipo de Gobierno deja en evidencia que CFK tendrá una presencia acotada, pero en lugares clave del Gabinete, y con un claro control sobre los dispositivos legislativos de la gobernabilidad (control de ambas cámaras).

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Es sabido que uno de los compromisos asumidos por Alberto Fernández durante la campaña fue la de “ponerle plata en el bolsillo de la gente”, para poner en marcha la economía. Más allá de tratarse de una propuesta proselitista, Fernández entiende que cumplir con esa promesa no solo está en la base de la legitimidad con la que quiere comenzar su mandato, sino que será una pieza clave para promover la reactivación económica que buscará para consolidar su poder político.

Lo que no está claro es la magnitud de una medida que Fernández buscará que sea lo más abarcativa posible. En principio la idea es que la medida alcance a trabajadores registrados, a los salarios mínimos y a los beneficiarios de Planes sociales y jubilados. Pero por lo amplia que pretende ser la medida, no sería obligatoria y  relativa a la realidad de cada sector a cuenta de su paritaria. Allí estarán los límites de la decisión.

Sin embargo, no será un plan fácil de apoyar para el sector empresario, considerando el difícil contexto económico por el que atraviesan casi la totalidad de los sectores. La clave para facilitar el anuncio estará en determinar que los aumentos sean no remunerativos y a cuenta de las negociaciones paritarias que se estén desarrollando en cada sector de actividad. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los sectores tienen pendientes renegociaciones por cláusulas de revisión, será posible ajustar el anuncio a la realidad de cada sector.

Donde sí habrá anuncio e instrumentación de beneficios salariales es en el sector de ingresos más bajos: salario mínimo, planes sociales y jubilaciones más bajas. En el primer caso, se podría formalizar a través de una convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil o directamente dejarlo en manos del Consejo Económico y Social que será creado para encuadrar las negociaciones para lograr un Acuerdo de Precios y Salarios. Al mismo tiempo, el aumento en los planes sociales y las jubilaciones se efectivizarían fuera de la ley de movilidad, tomando la forma de un bono.

En conjunto, la idea es que el beneficio sea efectivo en los sectores más bajos y relativo entre los asalariados, debido a que estará supeditado a los acuerdos que se logren con el sector empresarial. De todas formas, el anuncio del plan se articulará en la búsqueda de establecer un acuerdo de precios que permita una recuperación del poder adquisitivo que alimente una eventual recuperación económica.

Con las elecciones resueltas, los diferentes espacios políticos se encuentran traduciendo los votos en poder, es decir, definiendo los lugares de intervención en el futuro ciclo político. En este sentido, uno de los espacios en disputa son los lugares de liderazgo en el Congreso, como lo son las autoridades institucionales del Congreso y los lugares de conducción de los diferentes bloques legislativos.

En la Cámara de Diputados la autoridad institucional recaerá en el líder del Frente Renovador y Diputado Nacional electo Sergio Massa quien será el Presidente del cuerpo, como se lo habían prometido cuando se cerró el acuerdo político para que se incorpore al Frente de Todos.

La composición final que adquirirá la Cámara de Diputados vuelca el protagonismo de la dinámica legislativa en los dos bloques más grandes: Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ambos bloques -al igual que la Cámara-, estarán bajo la conducción de legisladores de la Provincia de Buenos Aires. Es que al bonaerense Sergio Massa se suma Máximo Kirchner, quien será el conductor del bloque oficialista del Frente de Todos. Esta postulación es la consecuencia de una decisión que tomó el Presidente electo de ofrecerle a Agustín Rossi la titularidad del Ministerio de Defensa, en vez de la titularidad del bloque en la cámara baja, una decisión que bien pudiera estar en línea con lograr un mejor entendimiento entre la futura autoridad de la Cámara (Massa) y el conductor del bloque del Frente de Todos (Kirchner), ya que la relación entre Massa y Rossi no era la más aceitada.

Por el lado opositor, el interbloque de Juntos por el Cambio estará conducido por Cristian Ritondo, en un acuerdo alcanzado, no sin tensiones, por los principales actores del PRO (Macri, Vida y Larreta) y con el radicalismo. Las tensiones están al interior del bloque de la UCR, donde hay dos aspirantes a la conducción: Mario Negri (Córdoba) quiere repetir y alega que tiene el apoyo de la mayoría del bloque, y Alfredo Cornejo (Mendoza) que viene de ganar su provincia y reclama un espacio que nunca tuvo el sector del radicalismo más díscolo que tuvo Mauricio Macri.

En el Senado las dudas vienen por el lado del oficialismo debido a la dificultosa tarea de lograr unidad de criterios entre la ex Presidenta y los Senadores que responden a liderazgos territoriales (Gobernadores), que no quieren perder terreno a la hora de discutir liderazgos. La tensión se volvió explícita cuando Carlos Caserío (Presidente del bloque de Senadores que hoy se referencian en los Gobernadores) advirtió que: “Somos dirigentes. Siempre hay una diferencia entre dirigente y empleado: nos gusta dirigir nuestras ideas, es la base de la política. Si yo fuese una persona que sólo acata órdenes, no hubiese aceptado trabajar con Alberto Fernández”, remarcó Caserio.