Category: Política

Luego de muchas idas y vueltas, al conocerse la iniciativa del Gobierno de establecer un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI que posiblemente requiera cierta mesura en el gasto público, el oficialismo decidió someter a votación el proyecto de ley que establece un aporte solidario para las grandes fortunas.

El proyecto fue aprobado por una mayoría ajustada de 133 votos (apenas 4 más que el quórum). El apoyo del bloque Unidad Federal para el Desarrollo (liderado por José Luis Ramón), de una gran parte de los diputados de Consenso Federal y de dos diputados de JxC le facilitaron la obtención de la mayoría necesaria al oficialismo para aprobar el proyecto. Ahora, éste se dirige a la cámara de Senadores donde el Frente de Todos tiene una holgada mayoría.

¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta?

• Tasa y escala del aporte. Se prevé el cobro por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos. Se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% en la franja de 600 a 800 millones. Para patrimonios de entre 800 y 1500 millones, la tasa subirá al 3%. Entre 1500 y 3000 millones aumenta en 0,25 p.p. hasta el 3,25%. Finalmente, para fortunas mayores a los 3000 millones, la tasa será del 3,5%.
• Tributación para bienes en el exterior. Al total de bienes en el exterior se le tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondiera. Ahora bien, si la persona trae el 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas en el extranjero, el diferencial se elimina y pasa a pagar el impuesto como si tuviera todo su patrimonio en el país.
• Expectativa de recaudación y alcance. La AFIP espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año). A su vez, se prevé que el impuesto alcance a un universo potencial de 9.298 personas.
• Destino de la recaudación. Lo recaudado tendrá 5 destinos principales. Un 25% de la misma estará destinado a programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa. A su vez, se planea destinar en partes iguales un 60% de lo recaudado a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos sanitarios, subsidios a las PyMEs y a las becas del programa Progresar. Finalmente, el 15% restante será destinado al desarrollo de barrios populares.

Vale la pena destacar que aún resta saber si, luego de la aprobación legislativa, existirán aspectos reglamentarios que puedan hacen cambiar el alcance final del aporte. A su vez, los potenciales planteos judiciales respecto a una posible inconstitucionalidad del mismo podrían impedir que éste se vuelva efectivo.

Leve recuperación de las imágenes del Gobierno y del Presidente

A poco de cumplir un año de mandato, y mientras intenta encontrar una salida a la crisis socioeconómica fuertemente agravada por la pandemia, se produjo una ligera recuperación en la valoración del desempeño del Gobierno y del Presidente.

Habiéndose triplicado entre abril y octubre y con 7 meses de caída continua, la imagen negativa del Gobierno registró en noviembre una caída de -1,4 p.p. respecto al mes anterior, quedando así en 50,9%. La imagen positiva experimentó una leve suba de 2,7 p.p. quedando en 35,4%, dejando un diferencial negativo de -15,5 p.p.

Con respecto a la imagen del presidente, que también ostentaba 7 meses de continuo deterioro, en noviembre registró una leve recuperación. Ésta se explicó tanto por una caída en su imagen negativa (-2,8 p.p.) y una mejora en su imagen positiva (+1,6 p.p.). De todas formas, con una imagen positiva de 36,7% y una negativa de 52,3%, la imagen de Alberto Fernández sigue teniendo un diferencial negativo relativamente alto (-15,6 p.p.).

Se aplana la curva de casos, se empina la económica

Las situación económica empieza a concentrar gran parte de las menciones de las preocupaciones ciudadanas. En conjunto, la preocupación por la inflación y por el desempleo ya superan el 40%. De hecho, parte de la explicación del crecimiento de las preocupaciones económicas se explica por una caída de la preocupación por la salud.

A la hora de pensar en la situación actual del país comparada con la situación un año atrás, las respuestas son contundentes: el 73,6% afirma que la situación del país está peor ahora que hace un año, y apenas un 10,3% opina que la situación es mejor.

En cuanto a las expectativas sobre el futuro, tanto del rumbo económico del país como de la situación personal de los encuestados, en noviembre se registró una caída significativa del pesimismo. La combinación de un dólar más calmo y el descenso en la cantidad de casos diarios que indicarían que el pico de la curva ya quedó atrás, explicarían esta dinámica. Sin embargo, vale la pena remarcar que los niveles de pesimismo siguen en umbrales elevados: el 51% cree que la situación del país empeorará en un año y el 40% cree que su situación personal empeorará en un año.

El actual escenario político no presenta dificultades en términos de gobernabilidad. El reciente empoderamiento al presidente y al ministro no se deben a un problema de gobernabilidad, sino a uno de centralidad en la toma de decisiones.

Aún dejando de lado los errores no forzados (errores en las decisiones), hay ciertos condicionantes del proceso de toma de decisiones que han provocado errores en las decisiones tomadas. Principalmente, los condicionantes son dos: sociales y políticos.

Los primeros son propios de la situación socioeconómica y de un gobierno que prometía el fin del ajuste y se chocó con la pandemia. Los segundos son internos y consecuencia de la heterogeneidad de la coalición. El formato de la coalición de Gobierno, el contexto social y un particular tipo de liderazgo político consensual que ejerce Alberto Fernández, están provocando que, además de los errores no forzados, se estén cometiendo errores forzados por la falta de centralidad en la toma de decisión que caracteriza al actual proceso político.

El éxito en política está directamente relacionado con la capacidad de administrar correctamente los condicionantes de la realidad. Para ello, es esencial contemplar no solo los beneficios de una decisión, sino también los costos. Cuando los últimos superan ampliamente a los primeros, sostener una decisión deja de ser viable.

Esto es precisamente lo que hizo la vicepresidenta en su carta del 26 de octubre. Los objetivos explícitos de su comunicación ya han sido extensamente analizados: diferenciarse del rumbo de Gobierno, reconocer la autoridad de Alberto Fernández al frente de la coalición y legitimar al presidente como interlocutor del FDT para dialogar (negociar) con todos los actores.

Ahora bien, hay un cuarto objetivo implícito en su carta que se relaciona con el análisis costo-beneficio previamente mencionado y con el cambio (o intención de cambio, al menos) de rumbo en la política económica que se ha visto en las últimas semanas. CFK reconoció implícitamente que los condicionantes de la realidad estaban transformando la relación costo-beneficio de una política económica laxa en lo fiscal.

Los beneficios de una expansión fiscal que buscó evitar una ruptura total de la demanda interna comenzaban a ser ampliamente superados por las tensiones cambiarias. Las presiones propias del “bimonetarismo” de nuestra sociedad, amplificadas por las políticas económicas del gobierno, empezaban a poner en jaque la competitividad política del FDT de cara a la elección de medio término.

Por este motivo, la carta buscó darle más capacidad de acción al presidente y a Guzmán para llevar a cabo una política de mayor responsabilidad fiscal (léase, ajuste). Y aquí es donde toma sentido la diferenciación inicial que hace la ex-presidenta: no gobierno yo y “hay funcionarios que no funcionan”.

En definitiva, no es la gobernabilidad sino la centralidad. Y a ello apuntó la carta y apuntan las medidas recientes.

Es evidente que el proceso paritario del presente año no brinda una fotografía representativa de la dinámica laboral de nuestro país. Sin la irrupción de la pandemia hubiera sido impensable que se dieran, por ejemplo, negociaciones salariales nominales a la baja en un contexto de elevada inflación y suspensiones temporarias.

Por este motivo, la radiografía del proceso de negociación salarial ha sido heterogénea en distintas medidas. Entre las principales se encuentran subas salariales porcentuales por debajo de la inflación, bonos no remunerativos y aumentos de suma fija para las escalas de menores ingresos. Además, ha sido dispar en aumentos. UTA y Camioneros lideran el ranking con acuerdos por encima de la inflación (16,7% y 11,5% respectivamente), mientras que Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria y UPCN arrojan caídas en el salario real de hasta el 19,9% (paritarias 2019/2020 en comparación con el IPC INDEC). No obstante, datos del Ministerio de Trabajo dejan entrever una dinámica bastante homogénea en la gran mayoría de los acuerdos paritarios en convenios de alta cobertura (que abarcan a más de 10.000 trabajadores): una clara reducción en la duración de los contratos.

Del total de los trabajadores del sector privado registrado, más de 4.400.000 (73%) pertenecen a un convenio colectivo de alta cobertura. De este porcentaje, un 84% (aproximadamente 3,7 millones) lograron firmar un acuerdo paritario a fines de octubre. Ahora bien, tan solo 1,1 millones (30%) acordaron paritarias anuales, mientras que los 2,6 millones de trabajadores restantes firmaron acuerdos de menos de un año. Vale destacar que de estos últimos, únicamente 2 de cada 5 trabajadores tuvieron aumentos porcentuales, mientras que el resto experimentaron aumentos de sumas fijas. Este es un dato no menor si se considera que faltan tan solo 3 meses para finalizar el año con perspectivas de aceleración de la inflación en el corto plazo.

La preocupación no se encuentra únicamente asociada a los rezagados acuerdos salariales respecto de la inflación: también comienzan a florecer líneas internas en la propia CGT de cara a la renovación de autoridades. Originalmente planeada para el 2020, ésta fue postergada por la Secretaría de Trabajo para el 2021 por cuestiones sanitarias. En un contexto sumamente delicado para la economía y el gobierno, comienzan a emerger tres grandes líneas al interior de la confederación a pesar de la aparente unidad que ha acompañado desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. En primer lugar, el sector liderado por Hugo Moyano, que ha venido impulsando la reincorporación de sectores de la CTA a la CGT, crítico de la conducción actual y con Pablo Moyano como principal candidato para la conducción de la CGT. Luego, en el sector que formalmente lidera la CGT emerge la figura de Héctor Daer como principal candidato a la conducción, quien tiene un estrecho vínculo con el propio presidente. Finalmente, Carlos Acuña aparece como referente antikirchnerista (incluso criticado por el propio Máximo Kirchner por las suspensiones) quien, acompañado por Luis Barrionuevo, intenta mantener su disidencia respecto a las otras dos ramas.

Las divisiones internas en el universo cegetista son un claro reflejo de las posiciones que cada rama tiene respecto al Gobierno del Frente de Todos. Resulta difícil pensar que pueda emerger una unidad unipersonal representativa de las tres ramas sindicales y luce más probable que surja nuevamente una conducción tripartita, en paralelo con lo sucedido en 2016.

 

Sorprendido por una incertidumbre económica que no esperaba después de haber logrado acordar la reestructuración de la deuda pública en dólares bajo ley extranjera, el Gobierno intenta recuperar la confianza de los agentes económicos sobre el rumbo del país, con el Congreso como escena destacada. Con el Presupuesto 2021 como mascarón de proa, pero acompañado de una serie de iniciativas que atienden las diferentes necesidades del frente económico, el Gobierno transitará un final de período parlamentario signado por la agenda económica, donde se discutirán una serie de proyectos que buscarán apuntalar la salida de la crisis sanitaria y la eventual recuperación económica.

El Presupuesto 2021 será la principal iniciativa que se debatirá en el Congreso en las próximas semanas. Es el proyecto que busca instalar la idea de que el Gobierno tiene un plan económico fijado, pero detrás de ese proyecto hay otras iniciativas económicas que buscan despejar algunos interrogantes e incentivar comportamientos que estén alineados con la búsqueda de cierta estabilidad macroeconómica a través del impulso a ciertas actividades que apuntalen la actividad económica en la salida de la pandemia. Se trata de una agenda que se ha superpuesto con la agenda judicial que había dominado la escena hasta octubre, y que sigue avanzando por otros andariveles.

A grandes rasgos, además del Presupuesto 2021, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para implementar incentivos fiscales para el sector de la construcción. El proyecto establece que se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones, al tiempo que se prevé la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de esta ley.

Por otro lado, también se envió un proyecto para atender el déficit habitacional que establece un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario, por el cual se crea una Sociedad Hipotecaria administradora y se disponen nuevos créditos hipotecarios con cobertura de la cuota ante descalces entre salarios e inflación. También se promueve el acceso al crédito bancario y fomentar la complementariedad con el mercado de capitales, a través de nuevos instrumentos de inversión.

En esta línea, también se prevé beneficios impositivos para fomentar el ahorro en pesos. La iniciativa exime del pago del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales a las rentabilidades que se obtengan por inversión en instrumentos en pesos indexados -como lo que ajustan por CER o UVA- y en otros activos en moneda nacional que se destinen a inversiones productivas.
Finalmente, quedan dos temas pendientes a tratar. Por un lado, el impuesto a las grandes fortunas, que aún no tiene fecha de tratamiento en el recinto tras la postergación por el clima que se está viviendo en el escenario económico con la incertidumbre sobre el tipo de cambio.

Por otro, sigue demorado en el Congreso el tratamiento de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. Se propondrá volver a la fórmula que rigió a partir de 2008, donde se generó un índice que estaba compuesto en un 50% por la evolución de la recaudación y en otro 50% por la evolución de la movilidad salarial (RIPTE). Por otro lado, se aplicarían actualizaciones semestrales en marzo y septiembre. La demora obedece a que el oficialismo quiere postergar la aplicación de la nueva fórmula para que no sea aplicada en diciembre y sí se aplique en marzo de 2021.

El deterioro de la imagen del Gobierno desde el pico de popularidad registrado cuando comenzó la crisis sanitaria parece no detenerse y en octubre alcanzó el nivel más bajo de popularidad desde que comenzó este ciclo en diciembre de 2019. En apenas seis meses, la imagen negativa escaló casi 35 p.p., ubicándose en 52,3%, mientras que la imagen positiva cae hasta 32,7%, incluso por debajo del valor con el que comenzó la gestión en enero de este año. Con estos valores, la imagen de Gobierno se ubica con un diferencial negativo de -19,6%.

En términos de preocupaciones ciudadanas, octubre sigue mostrando a la preocupación por la corrupción al tope de las menciones, impulsada por votantes opositores que ven con preocupación la agenda judicial del Gobierno. El dato destacado adicional es el crecimiento por segundo mes consecutivo de la preocupación por la Inflación. Si bien aún el temor por los aumentos de precios se encuentra considerablemente por debajo del promedio visto durante el final del mandato de Mauricio Macri, podríamos estar viendo el comienzo de un proceso de aceleración de esta preocupación, por la propia dinámica que se está viendo en materia inflacionaria.

La preocupación por la inflación es un componente de la preocupación por la economía, que, planteado en términos de urgencias por atender, sigue siendo la principal urgencia ciudadana. Casi 2 de cada 3 encuestados considera que “Poner en marcha la economía” sería la principal urgencia por atender si fuera presidente. Eso representa un 10% más de los que la mencionaban como principal urgencia en septiembre. “Controlar la Pandemia”, aparece como segunda urgencia, mientras que “Reforma la Justicia” aparece como la última urgencia.

Cuando se mira las urgencias según la orientación del voto en 2019, en todos los segmentos de votantes, “Poner en marcha la economía” es la principal urgencia, incluso entre los votantes oficialistas, donde “controlar la pandemia” es una urgencia más marcada que en el resto de los votantes. Curiosamente, entre los votantes oficialistas, “Reformar la Justicia” es también una urgencia relegada al último lugar de la lista.

La caída en la imagen de Alberto Fernández sigue sin encontrar su piso. Una crisis sanitaria que no se detiene y cuyo final sigue lejos de estar despejado, con una dinámica de contagios y muertes por covid-19 que no para de crecer, y con una crisis económica que empieza a mostrar que hay otros problemas por resolver más allá de los propios que plantea la pandemia. La pregunta que se vuelve cada vez más evidente es si, más allá de los errores en las decisiones, no hay aspectos más estructurales del proceso político están contribuyendo a la crisis económica.

Dicho de otro modo, se puede estar cometiendo errores de política económica porque está tomando malas decisiones o porque determinadas circunstancias están llevando a cometer errores de política económica. Es allí donde se plantea si esas circunstancias no están relacionadas a las condiciones estructurales del proceso político y del tipo de liderazgo que ellas generan.

 

Es sabido que, en tiempos de turbulencia, la cadena de mando necesita ser eficiente en el proceso de toma de decisiones (tomar decisiones rápido), y debe minimizar la pérdida de tiempo y esfuerzos en la búsqueda de mejores consensos entre los que participan, de algún modo, de la decisión. Esa mayor centralización del proceso de toma de decisión pareciera estar siendo necesaria en un contexto de alta incertidumbre y de expectativas desalineadas de los agentes económicos.

¿Hay aspectos estructurales del actual proceso político que condicionan la posibilidad de que emerja ese tipo de liderazgo? Parece que sí. Al revisar el proceso de conformación de la actual coalición de gobierno, el esfuerzo para que el frente sea de todos pone a Alberto Fernández con la necesidad de respetar a todas las partes, condicionando la posibilidad que haya una conducción más centralizada (y coherente) del proceso de toma de decisiones.

Más aún, las características personales de Alberto Fernández lo han llevado a ser un dirigente dedicado a la búsqueda de consensos. Esto puede no ayudar en estas circunstancias, donde no hay ni tiempo, ni margen para ceder a la hora de lograr apoyos para ganar confianza y certidumbre en relación con el rumbo que se define para las políticas del Gobierno.

Si se observa lo sucedido a lo largo de estos 10 meses de gestión, Alberto Fernández está más decidido a arbitrar entre los diferentes intereses y las diferentes posiciones de la heterogénea coalición de gobierno, que en imponer su propia visión del rumbo del Gobierno. Esto se vuelve relevante porque la Coalición está integrada por un espacio más ascendente como el kirchnerismo, y por otros espacios menos ascendentes como el que representan los Gobernadores y los dirigentes que integraron el peronismo no kirchrnerista. Como consecuencia de esa metodología para liderar, se tiene como resultado un marcado sesgo kirchnerista en la orientación de las decisiones de Gobierno.

De este modo, con un árbitro que administra las diferencias más que conducirlas, el resultado de las decisiones de política pública estará muy condicionado por la necesidad de lograr los equilibrios internos necesarios para que la decisión sea aceptada por todos. Esto le otorga al sector más poderoso de la coalición de gobierno, una incidencia notoria en la orientación de las decisiones.

Es un momento complejo para la economía y mucho menos para el empleo que, como consecuencia de la caída en la actividad, sufrió las secuelas con una destrucción de 400.000 puestos de trabajo registrados a junio de este año según las cifras más confiables del Sistema Integrado Previsional Argentino. En este contexto, el Gobierno viene tomando medidas para proteger el empleo como la persistente prohibición de despidos que se viene sosteniendo desde el 31 de marzo pasado y que se acaba de prorrogar hasta fines de noviembre, así como la prórroga que en junio se hizo, por 6 meses, de la vigencia de la doble indemnización para los despidos sin justa causa.

Esta situación complica aún más la relación entre el Gobierno y el universo sindical, especialmente con el conglomerado de sindicatos nucleados en la CGT que han venido reclamando, sin demasiado éxito, una mayor participación en la discusión de las políticas y medidas orientadas a mitigar los efectos de la pandemia y a vigorizar la recuperación pospandemia. La ausencia de protagonismo de los dirigentes sindicales en el diseño de las políticas, incluso la ausencia de instancias de diálogo más institucionalizadas como el cada vez más lejano Consejo Económico y Social, le agregan a la conducción de la CGT dificultades para legitimar el apoyo sin fisuras que aún la Central sostiene con el actual proceso político. Este apoyo sin fisuras se ha manifestado en diferentes ocasiones y se ratificará con el acto que la CGT está organizando para el 17 de octubre, donde se propondrá que el presidente asuma la jefatura política del PJ, a modo de encumbrar su liderazgo al frente de una coalición que se muestra multiforme y con terminales de poder descentralizadas.

Paradójicamente, esta mayor tensión redujo, a través de la situación sanitaria extraordinaria, la conflictividad laboral. En un contexto de profunda crisis, esta se ubicó en el nivel más bajo en 10 años durante el primer semestre de 2020, tanto en el Sector Público como en el Sector Privado. Este fenómeno no solo se observa contabilizando los conflictos que finalizaron con medidas de fuerza, sino que se observa aún con mayor nitidez si se contabilizan la cantidad de huelguistas que, tanto en el sector público como en el privado, estuvieron efectuando este tipo de medidas.

La fuerte caída en la conflictividad sindical en el sector público no solo estuvo cruzada por la realidad de la pandemia. El cambio de Gobierno, y la llegada al poder de una Coalición que tiene entre sus filas de apoyo a los principales gremios estatales (tanto en los niveles nacional como provinciales) explica en gran parte esa caída. Esta particularidad política, explica también, en contraste, la alta conflictividad sindical registrada en este sector durante los años de gestión de Cambiemos.

La prolongación de la pandemia y sus consecuencias económica siguen erosionando la popularidad del Gobierno de Alberto Fernández que registra en septiembre una caída en la valoración positiva de su desempeño de -5,6 p.p, y una suba de la valoración del desempeño negativo +3,6 p.p.. Esto profundiza el diferencial negativo de imagen que llega a -11,4 p.p. De esta forma, la valoración negativa queda en 47,9%, la positiva en 36,5% y la regular en  14,3%.

Una de las causas de esta tendencia es indudablemente la pandemia y la gestión asociada a la misma. Se sigue viendo la misma dinámica de los últimos meses: la pandemia en Argentina tiene números crecientes de casos y muertes pero a la gente cada vez más le preocupa su situación economía personal. En agosto, el porcentaje de encuestados que señalaba que le preocupaba más su situación económica por sobre el coronavirus alcanzó 60,6%, mientras que los que señalan que les preocupa más el coronavirus caen al nivel más bajo desde que se inició la crisis allá a fines de marzo de este año.

Al mismo tiempo, el nivel de aprobación de la respuesta del Gobierno frente a la pandemia continúa bajando y ya son considerablemente más los que desaprueban lo hecho frente a la pandemia (47,3%) que los que aprueban (35,5%) las políticas llevadas a cabo.

Por otro lado, el deterioro de la imagen del gobierno también tiene como consecuencia un empeoramiento en las expectativas sobre el país y la situación personal. En el primer caso, luego de que las expectativas optimistas sobre el futuro del país tuvieran un leve repunte en el mes de agosto, en septiembre el pesimismo volvió a subir (+2,5 p.p.) abortando una incipiente tendencia de recuperación. El mismo fenómeno se registró por el lado del optimismo, donde luego de que en agosto se haya registrado una leve mejora, en septiembre se observa una ligera caída de (-1,1 p.p.). sin permitir que el predominio del pesimismo empiece a ceder frente al optimismo.

En cuanto a las expectativas por el futuro personal, aquí también se registró una reversión de la tendencia de recuperación observada en agosto. En septiembre el pesimismo avanzó 2 p.p., aunque como dato curioso, se observó una ligera mejora de (+0,5 p.p.) del optimisitmo sobre el futuro personal.

La caída en la imagen de Alberto Fernández no pareciera encontrar su piso, en un contexto donde el Gobierno no está logrando ofrecer respuestas a las dos principales preocupaciones: la sanitaria, que no logra ser despejada por una dinámica de contagios y muertes por covid-19 que no para de crecer; y la económica, que antecede a la pandemia pero fue profundizada por este fenómeno.

Esta caída tiene algunas características que permiten entender más acabadamente el proceso. Una es la disminución del apoyo de votantes ajenos. A fines de marzo, detrás de un amplio consenso social por la pandemia, entre las simpatías que recogía el presidente, había un 25% de votantes que no eran propios. A fines de agosto, con una imagen positiva considerablemente más baja, solo el 9,7% son votantes opositores.

Otra característica de este proceso es la mimetización de esa composición de imagen positiva con la de la vicepresidenta. En abril, entre todos los que tenían imagen positiva de ambos o de alguno de los dos, el 48,3% era compartido, pero Alberto Fernández tenía un 49,4% de ellos que le eran propios. Es decir, no los compartía con Cristina Kirchner. A fines de agosto, el porcentaje de simpatías exclusivas de Alberto Fernández se redujo al 23,8%, mientras que el 72,9% son compartidos por ambos. Por lo tanto, las bases de simpatías de ambos cada vez se asemejan más, se parecen más, o lo que es lo mismo, los que quieren a Alberto Fernández son cada vez más, los mismos que quieren a Cristina Kirchner.

Esa reducción a la base de apoyos de Cristina Kirchner es un fenómeno que marca que el Presidente cada vez más representa a los mismos votantes que reconocen con firmeza el liderazgo de Cristina, lo que se traduce en menos margen de autonomía para Alberto Fernández. Dicho de otro modo, Alberto Fernández se está quedando sin votos propios.

En definitiva, el desafío de Alberto es seguir liderando el Frente de Todos, pero la dinámica de su gobierno parece depositarlo en el liderazgo del frente de Cristina. Cuanto más parecido a Cristina se presente, incumpliendo aquel compromiso electoral de ser distinto al kirchnerismo, mas estrecha será su base de apoyos. Especialmente si también se incumple el otro mandato electoral recogido el año pasado, el de poner en marcha la economía, no dando lugar a una suerte de compensación, que habilite a afirmar, parafraseando: reforman la justicia pero hacen.