Category: Política

El 2020 sin dudas será un año que quedará marcado a fuego en la historia y no precisamente por aspectos positivos. En el transcurso de estos ocho meses, los índices de actividad económica se destruyeron, los salarios llegaron a caer incluso en términos nominales (hecho que no ocurría hace casi 20 años), y los puestos de trabajo sufrieron una merma sin precedentes. En este contexto,
analizaremos cuántos trabajadores formales lograron no solamente “sobrevivir”, sino que incluso alcanzaron aumentos suficientes como para poder sobrellevar esta crisis.

Dentro del proceso paritario 2020, se puede destacar que hubo relativa continuidad en las actividades menos afectadas por el “parate” económico que significó la pandemia, permitiendo que algunas negociaciones salariales se puedan llevar adelante. Hasta el inicio del mes de agosto, ya se habían firmado 23 acuerdos salariales sectoriales que establecieron aumentos para un millón de asalariados privados en relación de dependencia, según un informe del ministerio de Trabajo de la Nación. Esta cifra alcanza aproximadamente al 19% de los trabajadores formales del sector privado del país.

El criterio principal utilizado para otorgar los aumentos consistió en establecer porcentajes de incrementos sobre la base de los salarios básicos definidos en el convenio colectivo respectivo (el 78% del total). Las restantes paritarias acordaron el pago de sumas fijas durante algunos meses del año, con incidencia porcentual dispar sobre las distintas categorías profesionales contempladas en el convenio colectivo. En general, los acuerdos se ubicaron entre el 23 y 30%, mostrando una fuerte desaceleración con respecto a los incrementos acordados en años anteriores.

En lo que respecta al plazo, el 57% de las paritarias acordó una vigencia entre 4 y 7 meses, luego de los cuales las partes definieron que volverán a reunirse para analizar la situación salarial de los trabajadores. Por el contrario, se destaca que, incluso en este contexto, un 43% de los acuerdos salariales pactados establecieron una vigencia anual para los niveles salariales, con la aplicación de los mecanismos de revisión que se hacen efectivos antes de finalizar el año o a comienzos del próximo. En este último grupo se encuentran los convenios de elevada cobertura, como Transporte de carga, Bancarios, Químicos, Carne y Encargados de edificio.

Uno de los contenidos incluidos en todas las paritarias anuales es la cláusula de revisión que contempla la posibilidad de reabrir la discusión en caso de que la inflación exceda los aumentos pactados. En las actividades donde se registran los menores porcentajes de incremento salarial durante el período calendario, se incluyen cláusulas de revisión antes de finalizar el año (bancarios, aceiteros, encargados de edificios); mientras que aquellos con mayores aumentos en el año calendario (Camioneros) revisará la paritaria recién en febrero del año próximo.

El inicio del debate de la reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso, ya demostró que la discusión sobre la iniciativa va a transcurrir, más que sobre el propio texto del proyecto, sobre las verdaderas intenciones que el Ejecutivo persigue con el proyecto. En un contexto donde la pandemia y la crisis económica concentran la atención de la opinión pública, la urgencia del oficialismo para aprobar el proyecto invitan a pensar cuáles son las verdaderas intenciones del mismo.

La iniciativa tiene tres ejes centrales que aparecen bien diferenciados en los primeros títulos del articulado: la reestructuración del Fuero Penal Federal, la reorganización de los Fueros Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y la Creación de Juzgados Federales en el interior del país (se estarían creando 94 juzgados federales en el interior).

Si bien se descuenta que el trámite en el Senado no ofrecerá mayores complicaciones, el verdadero desafío del proyecto estará en la Cámara baja donde en principio no estarían los votos para aprobarla.

El primer obstáculo que deberá atravesar el oficialismo es el de resolver la
prórroga del acuerdo para el funcionamiento “telemático” de la Cámara de Diputados (con asistencia presencial y virtual) que se encuentra vencido. En principio, habría voluntad de prorrogar el plazo, pero Juntos por el Cambio pide que sean proyectos que tengan consenso de todos los bloques. Si bien, le va a resultar difícil a la oposición sostener el bloqueo por mucho tiempo, la ausencia de consenso para la prórroga pudiera ser un elemento para retrasar el tratamiento de la Reforma Judicial, una vez que el Senado la sancione.

Hecha esta aclaración, la principal dificultad para el oficialismo es no contar con los votos necesarios para la aprobación. Ir a votar una reforma de estas características sería de mucho riesgo y costo político en estas condiciones, por lo que el gobierno deberá conseguir algún tipo de acuerdo de alguno de los diputados que integran el Interbloque Federal, habitualmente más referenciado exclusivamente a la figura de Roberto Lavagna.

Sin embargo, como los diputados cercanos a esta figura ya manifestaron que no apoyarán la ley si no tiene consensos, la atención se volcó a los 4 diputados que responden al Gobernador Juan Schiaretti, no tanto por la voluntad de ellos -ya anticiparon que no están dispuestos a acompañar la iniciativa-, sino por que las necesidades de Schiaretti que pudieran ser atendidas por el Gobierno nacional (el déficit provincial o el de la caja previsional de Córdoba), se conviertan en motivos para cambiar esa posición y acompañar la reforma. En principio, el alto costo político por el rechazo que esta iniciativa genera en la opinión pública cordobesa, hace pensar que no habrá acompañamiento del mandatario cordobés.

Así, el oficialismo tiene cada vez menos margen para conseguir entre los bloques opositores los 11 votos que le faltan para sancionar la reforma.

Como le sucediera a Mauricio Macri en agosto de 2016, el desempeño del Gobierno de Alberto Fernández registra en agosto de 2020 su primer diferencial negativo, con una valoración positiva de 42,1% y una valoración negativa de 44,3%. El diferencial negativo se produce por un incremento de la valoración negativa de +3 p.p., en un contexto donde la valoración positiva registró una ligera caída de -0,2 p.p.

Esto se da en consonancia al incremento en la brecha entre las preocupaciones económicas y sanitarias. Pese a que la pandemia en Argentina no deja de superar día a día los peores registros de muertes y cantidad de contagiados, la situación económica, agravada por las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena, genera mayor preocupación en la opinión pública.

En agosto, el 57,8% de los encuestados que señala que le preocupa más su situación económica que el coronavirus, mientras que la proporción que señalan que les preocupa más el coronavirus cae al nivel más bajo desde que se inició la crisis a fines de marzo de este año. Al mismo tiempo, el nivel de aprobación de la respuesta del Gobierno frente a la pandemia continúa
bajando y llega en agosto a 40,8%, el nivel más bajo de aprobación.

Por otro lado, en un contexto donde la Corrupción vuelve a liderar el ranking de preocupaciones con un 28% de menciones, el dato destacado de agosto es el fuerte incremento de la preocupación por la inseguridad. Luego de que las preocupaciones ciudadanas experimentaran un movimiento sumamente volátil en los últimos 5 meses debido a la incertidumbre generada por el efecto de la pandemia y la cuarentena, la inseguridad registró un fuerte aumento alcanzando el 20% de menciones este mes, cuando dicha preocupación se encontraba apenas en 4% en junio pasado.

Las preocupaciones también ofrecieron novedades relevantes en el mes de agosto. La preocupación por la inflación, por ejemplo, -que supo ser la máxima inquietud ciudadana en la última etapa del Gobierno de Macri-, se encuentra en niveles no observados en los últimos 4 años, mientras que la preocupación por el desempleo sufrió una abrupta caída este mes, quizás desplazada por la preocupación por la inseguridad en los centros urbanos. Finalmente, la preocupación por la corrupción consolida un incremento promedio
superior a 5 puntos porcentuales en este 2020, en relación a lo observado en los últimos 4 años.

Gobernar puede ser un costo político en sí mismo, especialmente cuando se lo hace en condiciones económicas desfavorables. Esto lo puede confirmar Alberto Fernández que tras el favorable impacto que recibió su imagen ante la emergencia de la pandemia del Covid-19, ha venido sufriendo un continuo desgaste de la misma y finalmente alcanzó terreno negativo, según nuestro último estudio.

Resta saber si la repercusión favorable que recogió el acuerdo con privados para reestructurar los compromisos de deuda produce alguna recuperación en términos de imagen. Pero más allá de esto, queda claro que la ausencia de respuestas del Gobierno a las demandas recogidas en la elección presidencial, irán socavando su popularidad, sobre todo en un contexto donde la pandemia vuelve más urgente las necesidades económicas.

Un ejemplo claro de ello se puede observar en una porción interesante de la muestra de nuestro último estudio. Particularmente, el 13% de encuestados que nos dicen que votaron por Fernández en las elecciones del año pasado pero que tienen una imagen negativa de él. En este grupo de encuestados, al que podríamos llamar los “desilusionados”, el 91,3% señalan que les preocupa más su situación económica personal que el coronavirus, el 92,8% cree que la situación económica del país estará peor en un año y el 91,2% cree que su propia situación económica personal empeorará en un año. Como consecuencia de todo esto, el 75,4% de ellos dice que si hoy fueran las elecciones legislativas, votaría por otra fuerza política y no por el Frente de Todos.

En definitiva, esta evidencia resalta el componente económico del desafío que enfrenta Alberto Fernández para conservar los apoyos obtenidos en 2019. Esto no desentona con la idea que venimos sosteniendo: el principal mandato recogido por el Frente de Todos es el económico, y será el incumplimiento de ese mandato la principal fuente para la desilusión.

En este contexto, y considerando que en un año el oficialismo revalidará los votos obtenidos en la elección presidencial, nuestras primeras proximaciones sugieren que el Frente de Todos conserva un 36,8% de intención de voto. Si sumamos un 20% de los indecisos, el Gobierno podría rozar un nivel de apoyo electoral del 40%, un número que no es malo, contemplando que en más de 9 meses de mandato no se ha logrado poner en marcha la economía.

Sin embargo, más allá de conservar o no el caudal electoral, la clave para el oficialismo pasará por lograr una renovación de bancas para la Cámara de Diputados que permita extender la mayoría más allá de las 129 bancas
necesarias para tener el quórum, la llave para hacer funcionar y sancionar las leyes necesarias.

De todas formas, también vale destacar que obtener un resultado similar al de 2019 también es un desafío en sí mismo, ya que en elecciones legislativas los oficialismos tienden a obtener resultados más bajos que los obtenidos en elecciones ejecutivas. Eso sucede por dos motivos: 1) en las elecciones legislativas en presidencialismos se tiende a plebicitar las gestiones de gobierno y siempre es difícil dejar contentos a todos; 2) en elecciones legislativas se registra un nivel de fragmentación electoral mayor ya que desaparece el premio indivisible (la Presidencia), y aparecen incentivos individuales (lograr una banca, lo que en distritos grandes se puede lograr con un porcentaje bajo) que alientan una mayor fragmentación oferta electoral.

Tan fuerte es este fenómeno que aún hoy sigue siendo la elección de Alfonsín en 1985 la mejor elección legislativa de un oficialismo desde el retorno a la democracia a la actualidad.

En parte como consecuencia de una mirada crítica de la respuesta del gobierno frente al impacto económico de la pandemia, pero también por la falta de interacción entre ellos, la relación entre las autoridades de la CGT y el Gobierno no atraviesa su mejor momento. Han sido reiterados los intentos de los dirigentes sindicales de interactuar con el Gobierno para enfrentar el desafío, primero impulsando un Comité de Crisis que no terminó de funcionar con frecuencia, y luego con la idea de conformar un “Comité Post-Pandemia” que tampoco termina de tomar forma. De hecho, tampoco han podido interactuar con el gabinete socioeconómico que lidera Cafiero todos los miércoles con funcionarios de las áreas económicas.

Esta falta de interacción se da en un contexto económico muy delicado para la dirigencia sindical, con destrucción de empleo (en marzo y abril se perdieron más de 270.000 empleos registrados) y la prórroga del acuerdo UIA-CGT por suspensiones como resultado de la finalización de la vigencia del último plazo establecido por la primera renovación del acuerdo por la aplicación de suspensiones, y de la prolongación de las medidas de asilamiento producto de la persistencia de la amenaza de la pandemia. Además, esto ocurre con una contracción en la evolución del índice del salarios, producto de suspensiones y descuentos, que provocaron, por primera vez en mucho tiempo, que el índice de salarios en el sector privado registrado refleje una variación mensual negativa (-0,2% en abril respecto a marzo).

En definitiva, los grandes gremios, con la mayoría de sus acuerdos paritarios anteriores vencidos, se encontraron durante los últimos meses en la difícil situación de no poder incorporar aumentos paritarios y, en algunos casos, acordar suspensiones laborales y rebajas salariales temporales. Recién en el corriente mes los bancarios pudieron romper con esa dinámica y firmaron su paritaria anual -como suelen hacer en ese gremio- por un aumento total del 26%. Esperamos que con el correr del mes de agosto, el resto de los grandes gremios comiencen a firmar sus acuerdos paritarios, y en su mayoría, a diferencia de los bancarios, lo hagan de manera trimestral y/o con cláusulas de revisión en el corto plazo.

El impacto económico de la pandemia tiene un capítulo especial y preocupante en la caída de la recaudación producto de la situación que atraviesan la mayoría de los contribuyentes. Para poder mitigar el daño producido en la caída de lo recaudado, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para implementar una moratoria que lleve alivio a los contribuyentes, pero también que mejore las perspectivas de recaudación del Estado y mitigar así el impacto fiscal de la crisis.

Según han sostenido desde el oficialismo, el proyecto persigue 2 objetivos complementarios. Por un lado, facilitar el ingreso de quienes han quedado afuera por distintas situaciones del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras y al mismo tiempo, generar un incremento significativo de la recaudación, que ha caído de manera notable. Se estima que alcanzará a una deuda total de ARS 534.000 millones.

Entre las principales características se encuentra la ampliación del universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas (vencidas hasta el 30 de junio de 2020) los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Por otro lado, las obligaciones tributaras y aduaneras adeudadas podrán regularizarse entre 96 y 120 cuotas, mientras que las obligaciones  correspondientes a la seguridad social tendrán plazos más acotados: hasta 48 o 60 cuotas. Solamente establece condiciones para las empresas de mayor tamaño: durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

En lo que respecta a los beneficios, se plantea la condonación parcial de intereses y total de multas, tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y una tasa variable en pesos a partir de entonces. Además, se permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (solo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

Si bien la iniciativa en términos generales fue bien acogida por la oposición, algunos aspectos de los alcances del proyecto encendieron alarmas y sospechas sobre alguno de los objetivos accesorios de la medida, como la posibilidad de contemplar empresas que ya estaban atravesando un proceso de quiebra y cuya continuidad no está asegurada.

Esto se entiende como un “traje a medida” para rescatar a la empresa del empresario Cristóbal López, Oil Combustibles, por lo que la oposición pide excluir a los quebrados por razones previas a la existencia del fenómeno sanitario y a las quiebras fraudulentas ya que pueden sentar un precedente peligroso. Asimismo, se busca excluir del beneficio a algunas personas jurídicas como a aquellas dedicadas a los juegos de azar y a las apuestas online.

Los reclamos opositores también establecen otorgar incentivos a cumplidores y además se solicita evaluar adicionalmente una reforma a la ley de quiebras que contemple esta situación extraordinaria y evite los procesos de quiebra masivos que podrían venir en los próximos meses.

Luego de experimentar un abrupto incremento positivo como consecuencia de la respuesta que dio ante la crisis sanitaria que disparó el coronavirus, la valoración del desempeño del Gobierno finalmente vuelve a acomodarse en los valores vistos a principio de año, ratificándose la tendencia observada en los estudios anteriores. La imagen positiva se ubica en julio en 42,3% mientras que la imagen negativa hace lo propio en 41,3%. La imagen positiva cayó 22 p.p. en los últimos 3 meses, luego del pico de abril de 64,3%.

Esta volatilidad tuvo su correlato en las preocupaciones en los últimos cuatro meses debido a la incertidumbre que generó el efecto de la pandemia y la cuarentena. El registro de este mes marca a la preocupación por el desempleo como la máxima intranquilidad de la sociedad, ubicándose en 27,8%. La última vez que esta preocupación lideró el ranking fue en octubre de 2017. La preocupación por la corrupción, que yace en la porción de la sociedad que es opositora al Gobierno, se ubica segunda con un 24,6%. Más abajo se encuentra la salud, que descendió casi un 50% desde el overshooting visto en abril, quedando cuarto lugar la preocupación por la inflación.

Por lo tanto, en el momento sanitario más crítico, la preocupación ciudadana por la pandemia frente a la preocupación por la economía arroja uno de los diferenciales más altos del registro: un 52,9% afirma estar más preocupado por la situación económica que por el COVID, mientras que a la inversa encontramos un 44,6%. Si bien habría más motivos para estar preocupados por el coronavirus hoy que a fines de marzo, la situación económica entró en una dinámica de deterioro que termina preocupando más a la gente de lo que preocupa el virus en su peor momento de la pandemia en Argentina.

En este sentido, en un contexto donde aumenta la cantidad de casos que se registran diariamente de coronavirus, se mantiene la tendencia mayoritaria de flexibilizar la cuarentena. Un 53,9% afirma que la flexibilizaría, un 23,6% afirma que la endurecería, y un 17,1% que la sostendría como está. La tendencia ratifica que la cuarentena pudo ser efectiva para contener la situación sanitaria, pero que no es una opción viable mantenerla en el tiempo de manera “indefinida”.

En síntesis, en el peor momento de la pandemia, se observa más preocupación por la economía, menos predisposición a la cuarentena y menor evaluación de lo hecho por el Gobierno.

El impacto positivo que la crisis tuvo sobre la imagen del presidente ha quedado atrás, y en junio la imagen de Alberto Fernández volvió a los niveles que tenía antes de que comience la crisis por el coronavirus. La tendencia lo venía anticipando, y finalmente se dio esta circunstancia que puede ser
explicada por factores propios y ajenos. En los propios hay que anotar el natural desgaste que gestionar una crisis de estas características acarrea, sobre todo entre los votantes ajenos, que con el paso del tiempo internalizan la novedad y se permiten una mirada crítica sobre cómo se administra la situación.

En este punto se pueden mencionar todos los traspiés que se fueron dando y que fueron minando la popularidad ganada: sobreprecios en la compra de alimentos, desorganización en la forma de otorgar la ayuda, liberación de presos, enojos del Presidente con la gente, falta de cumplimiento de la cuarentena de funcionarios, junto con otras medidas polémicas que se tomaron en este tiempo, como la expropiación de Vicentín.

Entre los factores ajenos hay que mencionar la natural forma y los tiempos en que la opinión pública metaboliza las novedades shockeantes en el escenario, como si luego de acusar el golpe, todos quisieran volver a ubicarse en el lugar que estaban ubicados precisamente antes del shock: si se observa la evolución de la imagen positiva del Presidente, se pude apreciar cómo en su composición, se produjo una caída significativa de apoyo o popularidad entre los votantes ajenos, como si la volatilidad de la popularidad se explicase por un movimiento entre el universo de votantes opositores, de votantes en blanco, o de votantes ausentes.

Si a fines de marzo un 35,5% de los que tenían imagen positiva de Fernández no eran votantes del Frente de Todos, a fines de junio ese porcentaje
bajó a 25,2%. El 65% de la caída de casi 15 p.p. en la imagen positiva de Fernández, obedece a la pérdida del apoyo de votantes opositores, que lo
dejaron con una popularidad más exclusivamente basada en el apoyo de sus propios votantes.

Esto se da en un contexto en el que la grieta condiciona la mirada sobre la pandemia. En el inicio de la pandemia en la Argentina, allá por mediados de marzo, había cuatro variables que incidían en la forma en que la gente miraba la realidad, aportando heterogeneidad en sus respuestas: rango etario, área geográfica, tipo de ocupación y perfil político. Esta ultima fue la variable que se fue haciendo más heterogénea con el paso del tiempo, reflejando mucho contraste en las respuestas.

El posicionamiento político es hoy la variable que más incidencia tiene en la forma que la gente ve los acontecimientos en esta pandemia. Por un lado, a los votantes de Macri les preocupa más la economía, son menos optimistas de cómo se va a desarrollar la pandemia en la Argentina, demandan más flexibilidad en la cuarentena (tienen menos predisposición a la misma) y lógicamente desaprueban mayoritariamente el accionar delgobierno frente a la pandemia. Por otro lado, a los votantes de Fernández les preocupa más el coronavirus, son más optimistas de cómo se va a desarrollar la pandemia en la Argentina, demandan más rigidez en la cuarentena (tienen más predisposición a la cuarentena) y lógicamente aprueban mayoritariamente el accionar del
gobierno frente a la pandemia.

La variable política incidió en el resto de las variables. Por ejemplo, los adultos mayores, que históricamente mostraron una tendencia favorable hacia Juntos por el Cambio, al inicio de la pandemia comenzaron teniendo mucha preocupación por el virus, tendían a aprobar el accionar del gobierno y a reclamar más rigidez en las medidas contra la pandemia. Pero lentamente, su posicionamiento político fue incidiendo para producir cambios en esa mirada.

Las consecuencias que está produciendo la pandemia del Covid-19 sobre la actividad económica imposibilita la discusión sobre acuerdos salariales. Sin certidumbre sobre cuánto durará el vendaval y cual será el impacto sobre los puestos de trabajo, se vuelve difícil discutir actualizaciones salariales. Pero esto no implica que los salarios puedan ir desactualizándose frente a una inflación que se desacelera, pero sigue su curso.

En este sentido,  el gobierno, junto a las autoridades empresarias y sindicales están pensando en algún tipo de acuerdo de suma fija una vez que pase la pandemia. Esto tendría lugar especialmente en los gremios que integran el grupo de actividades esenciales (Camioneros, Bancarios, Sanidad, etc.), pero todo estará supeditado a qué tan arrasada quede la economía luego de la tormenta perfecta que resultó ser la pandemia.

Sobre estas negociaciones se suma la falta de acuerdo para el pago de aguinaldos. Luego de idas y vueltas, la Unión Industrial Argentina (UIA) resolvió anunciar que las empresas que la integran pagarán el aguinaldo “entre la fecha legal correspondiente y no más allá del 30 agosto, mediante las cuotas y/o adelantos que las circunstancias permitan”. En una misiva dirigida al ministro Claudio Moroni, solicitaron que “se contemple esta situación, evitando inspecciones o sanciones por la adecuación aludida que no es imputable a las empresas o empleadores sino a las circunstancias mismas”.

Todo esto se da en un contexto en el que se empieza a evidenciar un proceso de destrucción de empleo. Este es otro factor que advierte sobre una conflictividad laboral que irá creciendo en los próximos meses, de la mano de
las consecuencias negativas que la pandemia, y las medidas adoptadas para combatirla, tienen sobre la actividad económica y el ingreso de los trabajadores.

La decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa exportadora de cereales y oleaginosas Vicentín S.A.I.C. se transformó rápidamente en un tema dominante de la agenda pública, convirtiendose en una discusión que excede incluso al propio tema específico en cuestión. Si bien la primer parte de la decisión (intervenir) se materializó a través de un DNU, la expropiación debería proceder con una Ley.

Si finalmente se envía el proyecto, la iniciativa no tendría problemas de ser aprobada por el Senado, el oficialismo tiene mayoría allí. Pero debería aprobarse antes del viernes 3 de julio, o en su defecto, renovarse el acuerdo para seguir funcionando de manera mixta (remota y presencial), para lo cual se necesitará el apoyo de la oposición. Es improbable que esto suceda para tratar esa iniciativa.

En caso de sortearse los escollos del Senado, el Gobierno encontraría dificultades en Diputados, donde se requerirá apoyo de algún sector opositor. Como el oficialismo no cuenta con uno de sus Diputados (De Mendiguren pidió licencia sin renunciar a su banca para que no asuma un dirigente opositor que lo sucedería), hoy tendría 118 votos: falta conseguir 11 diputados para obtener el quórum y poder sesionar, para luego garantizarse la mitad más uno de los votos presentes.

Siendo que en lo que va del año el oficialismo ha logrado contar con el apoyo del bloque de Unidad Federal para el Desarrollo y el voto del Movimiento Popular Neuquino, se podría decir que al oficialismo le faltan conseguir 2 votos más. Una opción es que los acompañe la izquierda, pero la dupla Del Caño y Del Plá ya anunciaron que ellos irán detrás de su propia iniciativa de expropiación, sin indemnización.

Otra alternativa es buscar votos en el bloque de Consenso Federal, en particular el de los diputados de Córdoba que responden al Gobernador Juan Schiaretti. Si bien es un apoyo que han logrado obtener en otras discusiones, la dificultad está vez está en que se trata de un proyecto que ya despertó el rechazo de gran parte del sector agropecuario, y esa sensibilidad podría hacer retraer el apoyo que Schiaretti quiera darle a la iniciativa sabiendo la presión que ejercerán los representantes del campo en su provincia. Por último, aparece la posibilidad de acordar con los diputados de Consenso Federal para sancionar otra iniciativa que evite la expropiación. Sin embargo, esto requerirá que, consiente de la dificultad para avanzar, el oficialismo entienda que tiene que negociar y ceder en sus pretensiones.