Category: Política

Continuando con la tendencia, en mayo registramos por primera vez que la preocupación por la situación económica personal superó a la preocupación por el coronavirus, justo cuando se registra un crecimiento de casos y muertes. Vale aclarar que el trabajo de campo se hizo mayoritariamente en un momento donde el promedio diario de casos era de 157, pero en todo caso este dato nos marca que, de la mano de la cuarentena, la situación económica personal se fue complicando, impulsando una mayor preocupación económica.

En este sentido, también las preocupaciones ciudadanas parecieran “normalizarse” a las tendencias precedentes. Después de que en abril la preocupación por la salud tocara niveles máximos, cayó casi 14 p.p. en mayo y se ubica tercera con 20,9%, dejando la preocupación por el desempleo al tope del ranking (25,7%). La preocupación por la corrupción, que ya se ubicaba en segundo lugar, se mantuvo en el mismo lugar en mayo, alcanzando el nivel del 24,8%.

Por otro lado, que preocupe más la economía que el virus puede provenir de cierto optimismo que dominaba la opinión pública hasta el momento del trabajo de campo. Consultados sobre cómo será la situación de la pandemia en la Argentina, dos de cada tres consideran que la situación aquí será más
leve que en otros países, marcando que hay una mirada optimista de la situación sanitaria. Esto también puede explicar que la mayoría (53,8%) de los encuestados esté demandando flexibilizar la cuarentena, mientras que un 42,3% sostiene que hay que mantenerla igual o incluso volver a hacerla más rígida. Veremos cómo impacta en la opinión pública el crecimiento de casos y muertes de estos últimos días posteriores al trabajo de campo, y ello afecta la mirada que la gente tiene sobre la cuarentena.

Pero en todo caso, más allá de que prevalecía un cierto optimismo sobre la situación sanitaria en Argentina y que ello pudiera estar impulsando una mayoritaria demanda de flexibilizar las restricciones de la cuarentena; no es menos cierto que con el paso del tiempo bien pudiera estar produciéndose un agotamiento de la predisposición de la gente de permanecer encerradas en sus hogares. Quizá la demanda de una mayor flexibilidad en las medidas sanitarias no obedece tanto al optimismo de la gente, sino al agotamiento de la gente al encierro. Una buena medida para evaluar ello será observar si esa demanda se mantiene con más casos y más muertes.

La historia nos enseña que cuando aparece una amenaza exterior, se fortalece el sentimiento de comunidad por solidaridad de padecientes, y emerge el fenómeno de unión nacional. Todos nos encolumnamos detrás de quien tiene la tarea de protegernos, del comandante en jefe de esa batalla. Algo de eso le sucedió a Alberto Fernández, que tomó la medida más protectora posible: cuarentena obligatoria.

En la medida que la sociedad se fue familiarizando con la amenaza y le fue perdiendo un poco el miedo, emergió la posibilidad de mirar con un sentido más crítico lo que estaba haciendo el presidente. Eso habilitó la posibilidad de que Alberto Fernández sufriera cierto desgaste por la forma en que está administrando esta crisis, lo que podría explicar la caída en la imagen del Presidente registrada durante abril.

No obstante, también hubo ciertos traspiés que cometió el Gobierno en la gestión de esta crisis que pudieron haber afectado la imagen del presidente. Entre ellos, encontramos el caos en el pago de jubilaciones y planes sociales en marzo, los sobreprecios en la compra de alimentos, liberación de presos para aliviar la situación en los penales, lentitud en la implementación de la asistencia social e idas y vueltas con algunas decisiones (salidas reacreativas).

Lo interesante es que, al enumerar los principales traspiés, se encuentra con un patrón común en todos los errores: problemas de coordinación entre áreas de Gobierno o intra-áreas de Gobierno. Esta dificultad puede ser un reflejo o síntoma de un padecimiento de base, que no es otra cosa que la dificultad que enfrentó el Frente de Todos (una coalición electoral) para transformarse en el equipo de todos (una coalición de gobierno).

La compartimentación de las áreas de Gobierno que se observó en la etapa de designación de autoridades ha provocado problemas de funcionamiento, que han quedado en evidencia en cada uno de los errores cometió el Gobierno en la gestión de esta crisis. Algo de todo esto también puede explicar cierto desgaste en la imagen del presidente, incluso cuando sigue mostrando un saldo positivo muy alto.

Para entender lo que el presidente puede perder del apoyo ganado puede servir observar qué apoyo ganó con esta crisis, porque posiblemente allí estará la eventual pérdida de disiparse la amenaza del coronavirus y de volver a la “normalidad”. Si se analiza la composición de la imagen de Alberto Fernández, se encuentra que buena parte de la mejora se explica por votantes de otras fuerzas políticas, seducidos por gestión de la crisis.

La pregunta que cabría hacerse es si esa simpatía ganada entre votantes opositores no está impulsada por el deseo que pudiera anidar en esos votantes de que Alberto Fernández no sea Cristina Kirchner. La pregunta subsidiaria que cabria hacerse es, qué sucederá cuando pase la crisis y se vuelva a ver un mayor protagonismo de Cristina Kirchner. Las respuestas las tendremos cuando vuelva algo de normalidad al proceso político.

La relación entre el Gobierno y los principales gremios de la CGT registró en los últimos días una fuerte tensión que no estuvo vinculada a la situación del empleo o de los salarios, sino a la realidad que atraviesa el subsistema de salud integrado por las obras sociales sindicales. La razón del conflicto fue el criterio que el Gobierno estableció para distribuir recursos adeudados a las obras sociales por reintegros para cubrir tratamientos médicos de alta complejidad, justo cuando la pandemia del Covid-19 está poniendo en jaque a la prestación de salud sindical.

La situación que atraviesan las obras sociales sindicales es delicada, ya que recibieron un doble shock (caída de ingresos por caída de aportes, más incremento del gasto para hacer frente a la pandemia), en un momento donde sus finanzas se encontraban ya golpeadas por los retrasos en los reintegros que debía hacer el Estado para cubrir los gastos afrontados para atender tratamientos de alta complejidad, muchos de ellos en respuesta a fallos judiciales que beneficiaban a los afiliados.

Según el cálculo de los propios gremios, al comienzo del año, el Estado les adeudaba a las obras sociales sindicales unos $ 15.000 millones, lo que
motivó que la CGT pusiera especial énfasis en que al frente de la Superintendencia de Seguros de Salud pudiera ser nombrado alguien de su confianza (David Aruachuan). Finalmente, la designación de Eugenio Zanarini , de confianza de Ginés González García despertó la sospecha en el mundo sindical de que la intención del Gobierno no era devolver rápido lo adeudado.

Hace unas semanas, el propio González García les adelantó a los gremios que
había en elaboración un plan de ayuda para las obras sociales para volcar unos $ 20.000 millones al sistema, número que coincide con la caída de la recuadación de las propias obras sociales.

Sin embargo, la tensión escaló en los últimos días cuando el Gobierno informó cómo se iban a distribuir unos $ 4.000 millones de pesos en concepto de reintegros por lo adeudado ya que se veían beneficiadas obras sociales que, si bien tenían más trámites pendientes, no eran las que más afiliados tenían para cubrir pensando en la emergencia de la pandemia. Esto se sumó a la tensión iniciada a fines de marzo cuando el Gobierno repartió unos $ 2.800 millones y benefició a Hugo Moyano: el Sindicato de Camioneros recibió unos $ 258 millones teniendo menos afiliados que otros gremios como UOM, Gastronómicos, UATRE y UOCRA, que recibieron sumas inferiores.

El Gobierno logró bajar la tensión con dos decisiones simultaneas: 1) redefinir el criterio de redistribución de los fondos para beneficiar a las obras sociales más grandes y necesitadas; 2) duplicar los compromisos de devolución de fondos (a los $ 4.000 millones se sumarán otros $ 4.000 millones en el corto plazo, compuestos por dos pagos de $ 2.000 en mayo y en junio).

Resta saber si el Gobierno cumplirá este compromiso y volcará recursos adicionales al sistema de obras sociales para afrontar la crisis. En todo caso, queda claro que la pandemia del Covid-19 hará que la relación entre el Gobierno y los gremios no solo pase por precios y salarios, sino también por la salud de las obras sociales.

A principios de abril, un grupo de diputados del Frente de Todos perteneciente a la rama sindical presentó un proyecto de ley para crear un impuesto extraordinario llamado “Impuesto Patria”. El mismo consistía por un lado en un impuesto “Único a los Bienes Personales” y por otro lado un “Impuesto a las Ganancias” que afectaría tanto a personas humanas como jurídicas. En este último caso, la propuesta era gravar a toda “persona humana o jurídica cuya rentabilidad neta supere los 50 millones de pesos”, lo que terminaría alcanzando a un número importante de contribuyentes. El proyecto jamás trascendió, ya que no había motivos para pensar que el oficialismo tomara como propia esa iniciativa.

El tema escaló en la discusión pública cuando en el marco de una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky, el presidente Fernández se entera de un eventual proyecto de ley que Máximo Kirchner y otros legisladores del oficialismo (entre ellos Carlos Heller), para crear un impuesto extraordinario para las personas físicas que habían ingresado al último blanqueo realizado durante la presidencia de Macri. El presidente afirmó que el proyecto le resultaba más coherente que una reducción salarial a la dirigencia política, en un contexto donde la oposición reclamaba públicamente que el Gobierno redujera los salarios de los funcionarios públicos. Con el correr de los días el proyecto fue madurando en el seno del bloque oficialista de la cámara baja, y, finalmente, el presidente terminó de darle su aval al comunicar una reunión suya con Heller y Máximo Kirchner. Como al día de hoy la iniciativa no tiene texto (su contenido aún surge de trascendidos, muchos de ellos del propio oficialismo), aquí damos cuenta del contenido del proyecto según esos trascendidos:

En principio, independientemente de la discusión de la escala y el alcance del gravamen, habría voluntad mayoritaria de aprobar el proyecto porque parte de la oposición estaría a favor, o no tiene voluntad de oponerse. En donde disienten los diferentes espacios políticos es en cuál debería ser el destino de lo recaudado. Entre las diferentes propuestas se destacan:

Hay una elevada aprobación  de las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia. A fines de marzo, un 78,8% de los encuestados calificaba como Buenas o Muy Buenas las medidas del Gobierno, porcentaje que se mantuvo relativamente alto (75,1%) a mediados de abril. Respecto de la prolongación de la cuarentena, si bien son mayoría los que manifestaron estar totalmente de acuerdo (46,3%), un 40,6% señaló que estaba parcialmente de acuerdo, mostrando quizás cierta demanda de flexibilización de la cuarentena.

Los altos niveles de aprobación de la opinión pública a las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la pandemia de Covid-19 tuvieron su efecto sobre la valoración en términos generales que la gente tiene del desempeño del Gobierno de Alberto Fernández. En nuestro registro de abril la imagen del Gobierno registró un crecimiento exponencial, ubicando su imagen positiva en el 64,3% (casi 25 p.p. por encima de valor de marzo), y su imagen negativa en valores extremadamente bajos (17,4%).

Por su parte, las preocupaciones ciudadanas se ven lógicamente afectadas por la crisis sanitaria causada por el Covid-19 y las cuatro principales variables que medimos muestran una significativa disminución en el registro de abril. La preocupación por la salud, una variable que osciló siempre con un valor residual, se ubica este mes en 33,5% y, lógicamente, es la principal preocupación ciudadana. Como contrapartida, se registró una caída en el resto de las preocupaciones exceptuando al desempleo que, con mucha lógica en virtud de la situación económica que produjo la pandemia, se mantuvo estable. De esta manera, las preocupaciones económicas suman un 34,8% (inflación 17,7% y desempleo 17,1%), mientras que la preocupación por la corrupción, que ya se ubicaba en segundo lugar en marzo, registró en abril un 19,5% (-9,9 p.p.). La preocupación que se hundió en el ranking es la de la inseguridad, que registró un 2,9% de menciones.

Gestionar una crisis y tomar decisiones en un contexto adverso presenta algunos dilemas donde hay que optar entre costos. Estos dilemas no son necesariamente excluyentes, sino que ofrecen la posibilidad de buscar combinaciones en donde se pueda graduar el daño en uno u otro sentido.

Esta situación de tener que optar entre decisiones con costos, es lo que enfrenta el Gobierno a la hora de gestionar esta crisis. Al no haber vacunas ni antivirales contra el virus, y siendo la cuarentena (aislamiento social) la única medida efectiva contra la amenaza, el Gobierno debe optar por mitigar los daños de la Pandemia entre dos dimensiones: la salud de la población (la vida) que está amenazada por el virus, y la economía de la población (los medios de vida) amenazados por las medidas que se utilizan para defenderse del virus.

El dilema que enfrenta el Gobierno tiene algunas aristas particulares. En primer lugar, los riesgos tienen una secuencialidad determinada: está primero el riesgo sanitario antes que el económico, porque el segundo aparece una vez atendido el primero. En segundo lugar, el daño del virus sobre la vida humana es visible y fácilmente contabilizable, mientras que el riesgo de la cuarentena sobre la economía y eventualmente sobre la vida de la población es más difuso, y no queda claro cuándo se efectiviza. Estas particularidades nos permiten entender por qué frente a la opción de implementar una cuarentena o no, el Gobierno se inclinó por el aislamiento social a pesar de los riesgos económicos que la decisión tenía.

La lógica política que guió la decisión adoptada por el Gobierno es la siguiente: estando en riesgo vidas humanas, que de no implementarse la cuarentena podían haberse perdido en gran número produciendo un alto costo político para el Presidente, era razonable que el Gobierno buscara tomar las medidas más protectoras frente a esa amenaza.

Utilizando el famoso dilema del tranvía, donde se evalúa la decisión de alguien que viendo que un tranvía va arrollar a varias personas puede desviarlo por un camino alternativo donde también hay personas, se puede decir que el Gobierno resolvió desviar el tranvía del camino donde iba a producir inmediatamente muertes humanas, que además, al ser fácilmente contabilizadas, iban a traer un alto costo político.

El problema es que ahora, viendo que la decisión que tomó también tiene costos económicos, el Gobierno quedó preso de una suerte de trampa de responsabilidades para modificar la decisión:

1) Si Alberto Fernández libera la cuarentena (vuelve a cambiar el sentido del tranvía), y el coronavirus mata gente, el principal responsable de esas muertes será el Presidente por haber tomado la acción positiva de liberar la cuarentena.

2) Ahora si Alberto Fernández no libera la cuarentena y la economía mata, el principal responsable de esas muertes no será el Presidente sino que será el virus que es el que provocó que el Presidente tomara la decisión de implementar la cuarentena.

Por lo tanto, salir de la cuarentena puede ser altamente costoso para el Presidente desde el punto de vista político, sobre todo mientras persista el riesgo sanitario. Esa lógica política es la que está guiando el proceso de toma de decisiones del Gobierno en esta crisis y será difícil encontrar por parte del Gobierno un criterio distinto de toma de decisión frente al mismo dilema en tanto y en cuanto no se modifiquen los riesgos y el riesgo económico pase a ser más letal y mas severo que el riesgo sanitario.

Desde el momento en que la pandemia del Covid-19 alcanzó territorio argentino y el Gobierno decretó el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para proteger la salud pública, la situación económica
que atraviesa el país cambió su naturaleza. Las consecuencias negativas que estas medidas sanitarias tendrán en la actividad económica se desconocen porque se desconoce la duración de las mismas, pero sí es seguro es que la preocupación sindical cambió de orientación. Esta dejará de tener como prioridad de la problemática del ingreso, para tratar el desempleo, o la destrucción de empleo, que producirá esta crisis.

Si bien la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria, así como la suspensión de cargas patronales ayudan, los sindicatos creen que se peca de optimismo al suponer que esta situación se atravesará sin destrucción de empleo. Más allá de las medidas adoptadas por el momento, aparece también el interrogante de si el Gobierno prorrogará la doble indemnización más allá de la fecha prevista para la finalización de la medida (junio). Aunque también emergen otros temores para la dirigencia sindical: ¿podrá ser esta pandemia motivo suficiente para que en cumplimiento del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo se puedan efectuar despidos por causa de fuerza mayor?

Por lo pronto, para morigerar el impacto de la crisis en el empleo, el Gobierno tiene los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) para  despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% enempresas de más de 1.000 trabajadores. Además, para tener un control centralizado del asunto, ya limitó las facultades provinciales en el marco de los pedidos de los PPC que impliquen directa o indirectamente quitas, reducciones o alteraciones de las cargas y que puedan afectar recursos del Estado nacional, aunque es difícil que el Gobierno detenga ese procedimiento los despidos frente a una crisis profunda. Resta saber si será necesario tomar otras medidas. Por ejemplo, una idea que convence en Trabajo pero no tanto en Jefatura de Gabinete es la posibilidad de permitir que antes de producirse un despido, se pueda habilitar el pago de un porcentaje del sueldo, sobre todo a las Pymes, las más vulnerables frente a la situación.

En definitiva, se evalúa cómo afrontar abril, y quedará resolver que sucederá más allá de la cuarentena, algo que dependerá de cómo evolucione la pandemia, porque ahora y en el corto plazo, todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos sanitarios.

La crisis desatada en el mundo y en la Argentina por la propagación del Covid-19 también tuvo su impacto en la actividad legislativa. En ambas cámaras las autoridades otorgaron licencia a los trabajadores legislativos, y quedaron suspendidas todas las actividades de comisión, salvo en casos de emergencia y que tenga que ver con la situación sanitaria.}

Ello no impidió que algunos legisladores presentaran iniciativas para contribuir a la búsqueda de herramientas que colaboran con la contención y mitigación del impacto sanitario y económico.

Por su parte, la Cámara de Diputados resolvió que cada Diputado pueda canalizar parte de los recursos que el cuerpo dispone para asistir a instituciones y organizaciones sociales, según el criterio de cada legislador. Esto provocó algunos cuestionamiento de algunos legisladores y provocó que el Bloque de Juntos Por el Cambio resolviera, en su totalidad, destinarlos a asistir financieramente al Instituto Malbrán, que se encarga de los estudios de diagnóstico de los pacientes sospechosos.

El impacto de la crisis tendrá como correlato un retraso en el avance de los temas que componían la agenda parlamentaria. Como primera medida, el oficialismo decidió postergar el envío del Proyecto de Ley de Legalización del Aborto, como también se verá demorado el envío del Proyecto de Reforma Judicial. En el mismo sentido, y con el agravante de la delicada situación que está pasando el sector, también se demoraría el proyecto de ley que buscaba fijar un régimen de promoción de los hidrocarburos, especialmente de la explotación no convencional en Vaca Muerta.

Finalmente, otros proyecto de importancia menor, como el de Capitales alternas, también se verán postergados. La incertidumbre sobre la situación sanitaria, no despeja la incertidumbre sobre cuál será la actividad legislativa en las próximas semanas. Pero en todo caso, hay que prepararse para una actividad de baja intensidad, que solo se activará en caso de que la misma crisis lo requiera.

En tiempos de tormenta la visibilidad siempre se reduce y algo de eso pareciera estar pasando en el escenario político argentino. Las urgencias económicas, encabezadas por la necesidad de reestructurar una deuda “insostenible” en los términos utilizados por el FMI hacen que sea difícil planificar el largo plazo y diseñar un plan integral de Gobierno con políticas públicas que tengan una mirada a 5 o 10 años de plazo.

Esta es una realidad que difícilmente pueda ser rebatida frente al argumento de que nada puede planificarse si se desconoce el nivel de compromisos de pago de capital e intereses que quedará en pie luego de la negociación con los acreedores externos. No obstante, también es una excusa que encuentra este Gobierno para no tener plan, o lo que es lo mismo, para tener uno que solo mira al cortísimo plazo. Algo de ello se vio reflejado en el discurso del presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso.

Cuando Fernández tuvo que determinar un intervalo temporal para su propuesta de gobierno, habló de dos años. “Hoy vengo a proponer (…) un conjunto de acciones colectivas para el período 2020-2021”, afirmó el presidente en el Congreso, dejando evidencia que en Argentina el largo plazo son 2 años. Un cortoplacismo que se explica en parte por la serie de desequilibrios macroeconómicos que viene sufriendo el país y que ocuparon a los últimos gobiernos en casi exclusivamente en perseguir un único -y modesto- objetivo: el de evitar una crisis más profunda. Además, esta visiónm se explica por la existencia de ciertos condicionamientos políticos que obligan a este Gobierno a ganar la elección de medio término (2021), porque, si bien es un presidente que gobierna en mayoría, el Frente de Todos es de todos si es un frente para la victoria, y probablemente no siga siendo de todos frente a una derrota.

La mencionada elección definirá en gran parte (sea con una derrota del oficialismo o con una victoria) si su Gobierno será simplemente un período de transición hacia otra instancia política o si en realidad se trata del inicio de un ciclo político de largo plazo.

La clave para entender este condicionamiento político está en el origen de este proceso político: Fernández no tuvo otra fuente de autoridad política que la de haber sido seleccionado por CFK como candidato de la unidad. No había territorialidad ni popularidad que avalara esa candidatura, que si bien luego posibilitó la unidad posterior del peronismo, fue una unidad condicionada por la elección que ya había realizado CFK, poseedora de los votos para impedir el triunfo. Una unidad constituida sobre una propuesta: ganar sin discutir el nombre del candidato impuesto.

En el fondo, la virtud de Alberto es la de representar una opción de triunfo. Que este finalmente haya sido el desenlace, no impide que el resto de los actores hayan declinado sus aspiraciones. Y así como el triunfo produjo la unidad, la derrota pudiera provocar la fractura.

En el delicado equilibrio que originó el Frente de Todos, la popularidad de Fernández y sus posibilidades de ofrecer un triunfo en la elección de 2021 son factores determinantes para administrar la relación de interdependencia entre el costo de seguir perteneciendo al Frente y el beneficio de defeccionar, cuya secuencia lógica se explica en el gráfico siguiente.

Es decir, si la popularidad de Fernández desciende por falta de resultados y eso repercute en las posibilidades de triunfo del oficialismo en 2021, algunos miembros de la alianza podrían ver crecer el costo y reducir los beneficios de permanecer en la coalición, aumentando el riesgo de defección. Para evitar estas tensiones, Fernández necesita ofrecer un sendero de triunfo.

Esta particularidad del proceso político debería ser considerada por los acreedores externos, ya que les toca negociar con un presidente que necesita, independientemente de las necesidades generales de alivio, que el acuerdo no le complique el tránsito hacia esa elección legislativa. Por ello quizá la variable crítica no sea tanto la quita (capital o intereses) que se  acuerde, sino el nivel de alivio temporal que permita que los resultados de gestión aparezcan antes de octubre de 2021. Sea como fuere, mientras esa negociación sucede, seguiremos transitando este tiempo de Gobierno en emergencia a la espera de los resultados que traiga el ministro Guzmán, una síntesis perfecta de lo que acontece en el escenario político hoy.

El límite del alineamiento sindical: la demanda de recuperación salarial

A pesar del apoyo que Alberto Fernández recibió de todo el arco sindical, no le iba a ser sencillo lograr que ese apoyo político se transformara en: 1) la sustancia para la concreción de una nueva unidad sindical, y 2) un soporte político incondicional.

Las dificultades de la unidad están a la vista. El propio Presidente tuvo que mantener a lo largo de febrero reuniones separadas con cada uno de los principales referentes gremiales de cada espacio sindical. Y de esas mismas reuniones, quedó en evidencia que el apoyo político sindical tiene un límite claro, como lo es el interés de los dirigentes sindicales de recuperar durante 2020 el poder adquisitivo de sus salarios (o al menos no seguir perdiendo).

El mensaje que transmitió el Gobierno, para poner una referencia al proceso paritario, incluyó dos recomendaciones: 1) no a las cláusulas gatillo y 2) que los aumentos sean en sumas fijas. El objetivo es que la discusión salarial colabore con el objetivo de bajar la nominalidad de la economía y acompañe un eventual proceso de desinflación. Pero más allá del apoyo político gremial al nuevo Gobierno, ninguna de las dos recomendaciones fue abrazada por el arco sindical. De hecho, de la primera reunión del Consejo de la CGT surgieron algunos cuestionamientos a estos planteos y el temor de que se busque acotar el margen de negociación.

Además, el gobierno busca contener las demandas de recuperación del salario hasta no tener cerrado el acuerdo de reestructuración de la deuda. Para esto, pide actualizar con sumas fijas los salarios hasta tanto finalice esta suerte de período de emergencia que ha fijado el programa económico para los primeros 180 días.

Prevalecen revisiones en porcentajes en las paritarias de grandes gremios

Los acuerdos paritarios 2019-2020 de los grandes gremios se encuentran llegando a su fin, y en muchos casos incluyen una revisión del acuerdo para cotejarlo con la evolución de la inflación. En la mayoría de los casos (Camioneros, UATRE, Sanidad o la UOM), las revisiones no se materializan en sumas fijas, como quería el Gobierno, sino en aumentos porcentuales. Si repasamos, concluimos que los acuerdos que más resultado dieron fueron los que se revisaron cada tres o cuatro meses, como SMATA, Bancarios y la UOCRA. Sanidad, Alimentación y Gastronómicos, con acuerdos similares entre sí, lograron negociaciones favorables. Ferroviarios y UTA firmaron cláusulas indexadas a fines de 2019, además de varias sumas fijas. Por último, comercio aún no definió la última parte de su acuerdo y UPCN debería lograr un aumento adicional a las sumas fijas que viene percibiendo.