Category: Política

En parte como consecuencia de una mirada crítica de la respuesta del gobierno frente al impacto económico de la pandemia, pero también por la falta de interacción entre ellos, la relación entre las autoridades de la CGT y el Gobierno no atraviesa su mejor momento. Han sido reiterados los intentos de los dirigentes sindicales de interactuar con el Gobierno para enfrentar el desafío, primero impulsando un Comité de Crisis que no terminó de funcionar con frecuencia, y luego con la idea de conformar un “Comité Post-Pandemia” que tampoco termina de tomar forma. De hecho, tampoco han podido interactuar con el gabinete socioeconómico que lidera Cafiero todos los miércoles con funcionarios de las áreas económicas.

Esta falta de interacción se da en un contexto económico muy delicado para la dirigencia sindical, con destrucción de empleo (en marzo y abril se perdieron más de 270.000 empleos registrados) y la prórroga del acuerdo UIA-CGT por suspensiones como resultado de la finalización de la vigencia del último plazo establecido por la primera renovación del acuerdo por la aplicación de suspensiones, y de la prolongación de las medidas de asilamiento producto de la persistencia de la amenaza de la pandemia. Además, esto ocurre con una contracción en la evolución del índice del salarios, producto de suspensiones y descuentos, que provocaron, por primera vez en mucho tiempo, que el índice de salarios en el sector privado registrado refleje una variación mensual negativa (-0,2% en abril respecto a marzo).

En definitiva, los grandes gremios, con la mayoría de sus acuerdos paritarios anteriores vencidos, se encontraron durante los últimos meses en la difícil situación de no poder incorporar aumentos paritarios y, en algunos casos, acordar suspensiones laborales y rebajas salariales temporales. Recién en el corriente mes los bancarios pudieron romper con esa dinámica y firmaron su paritaria anual -como suelen hacer en ese gremio- por un aumento total del 26%. Esperamos que con el correr del mes de agosto, el resto de los grandes gremios comiencen a firmar sus acuerdos paritarios, y en su mayoría, a diferencia de los bancarios, lo hagan de manera trimestral y/o con cláusulas de revisión en el corto plazo.

El impacto económico de la pandemia tiene un capítulo especial y preocupante en la caída de la recaudación producto de la situación que atraviesan la mayoría de los contribuyentes. Para poder mitigar el daño producido en la caída de lo recaudado, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para implementar una moratoria que lleve alivio a los contribuyentes, pero también que mejore las perspectivas de recaudación del Estado y mitigar así el impacto fiscal de la crisis.

Según han sostenido desde el oficialismo, el proyecto persigue 2 objetivos complementarios. Por un lado, facilitar el ingreso de quienes han quedado afuera por distintas situaciones del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras y al mismo tiempo, generar un incremento significativo de la recaudación, que ha caído de manera notable. Se estima que alcanzará a una deuda total de ARS 534.000 millones.

Entre las principales características se encuentra la ampliación del universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas (vencidas hasta el 30 de junio de 2020) los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Por otro lado, las obligaciones tributaras y aduaneras adeudadas podrán regularizarse entre 96 y 120 cuotas, mientras que las obligaciones  correspondientes a la seguridad social tendrán plazos más acotados: hasta 48 o 60 cuotas. Solamente establece condiciones para las empresas de mayor tamaño: durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

En lo que respecta a los beneficios, se plantea la condonación parcial de intereses y total de multas, tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y una tasa variable en pesos a partir de entonces. Además, se permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (solo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

Si bien la iniciativa en términos generales fue bien acogida por la oposición, algunos aspectos de los alcances del proyecto encendieron alarmas y sospechas sobre alguno de los objetivos accesorios de la medida, como la posibilidad de contemplar empresas que ya estaban atravesando un proceso de quiebra y cuya continuidad no está asegurada.

Esto se entiende como un “traje a medida” para rescatar a la empresa del empresario Cristóbal López, Oil Combustibles, por lo que la oposición pide excluir a los quebrados por razones previas a la existencia del fenómeno sanitario y a las quiebras fraudulentas ya que pueden sentar un precedente peligroso. Asimismo, se busca excluir del beneficio a algunas personas jurídicas como a aquellas dedicadas a los juegos de azar y a las apuestas online.

Los reclamos opositores también establecen otorgar incentivos a cumplidores y además se solicita evaluar adicionalmente una reforma a la ley de quiebras que contemple esta situación extraordinaria y evite los procesos de quiebra masivos que podrían venir en los próximos meses.

Luego de experimentar un abrupto incremento positivo como consecuencia de la respuesta que dio ante la crisis sanitaria que disparó el coronavirus, la valoración del desempeño del Gobierno finalmente vuelve a acomodarse en los valores vistos a principio de año, ratificándose la tendencia observada en los estudios anteriores. La imagen positiva se ubica en julio en 42,3% mientras que la imagen negativa hace lo propio en 41,3%. La imagen positiva cayó 22 p.p. en los últimos 3 meses, luego del pico de abril de 64,3%.

Esta volatilidad tuvo su correlato en las preocupaciones en los últimos cuatro meses debido a la incertidumbre que generó el efecto de la pandemia y la cuarentena. El registro de este mes marca a la preocupación por el desempleo como la máxima intranquilidad de la sociedad, ubicándose en 27,8%. La última vez que esta preocupación lideró el ranking fue en octubre de 2017. La preocupación por la corrupción, que yace en la porción de la sociedad que es opositora al Gobierno, se ubica segunda con un 24,6%. Más abajo se encuentra la salud, que descendió casi un 50% desde el overshooting visto en abril, quedando cuarto lugar la preocupación por la inflación.

Por lo tanto, en el momento sanitario más crítico, la preocupación ciudadana por la pandemia frente a la preocupación por la economía arroja uno de los diferenciales más altos del registro: un 52,9% afirma estar más preocupado por la situación económica que por el COVID, mientras que a la inversa encontramos un 44,6%. Si bien habría más motivos para estar preocupados por el coronavirus hoy que a fines de marzo, la situación económica entró en una dinámica de deterioro que termina preocupando más a la gente de lo que preocupa el virus en su peor momento de la pandemia en Argentina.

En este sentido, en un contexto donde aumenta la cantidad de casos que se registran diariamente de coronavirus, se mantiene la tendencia mayoritaria de flexibilizar la cuarentena. Un 53,9% afirma que la flexibilizaría, un 23,6% afirma que la endurecería, y un 17,1% que la sostendría como está. La tendencia ratifica que la cuarentena pudo ser efectiva para contener la situación sanitaria, pero que no es una opción viable mantenerla en el tiempo de manera “indefinida”.

En síntesis, en el peor momento de la pandemia, se observa más preocupación por la economía, menos predisposición a la cuarentena y menor evaluación de lo hecho por el Gobierno.

El impacto positivo que la crisis tuvo sobre la imagen del presidente ha quedado atrás, y en junio la imagen de Alberto Fernández volvió a los niveles que tenía antes de que comience la crisis por el coronavirus. La tendencia lo venía anticipando, y finalmente se dio esta circunstancia que puede ser
explicada por factores propios y ajenos. En los propios hay que anotar el natural desgaste que gestionar una crisis de estas características acarrea, sobre todo entre los votantes ajenos, que con el paso del tiempo internalizan la novedad y se permiten una mirada crítica sobre cómo se administra la situación.

En este punto se pueden mencionar todos los traspiés que se fueron dando y que fueron minando la popularidad ganada: sobreprecios en la compra de alimentos, desorganización en la forma de otorgar la ayuda, liberación de presos, enojos del Presidente con la gente, falta de cumplimiento de la cuarentena de funcionarios, junto con otras medidas polémicas que se tomaron en este tiempo, como la expropiación de Vicentín.

Entre los factores ajenos hay que mencionar la natural forma y los tiempos en que la opinión pública metaboliza las novedades shockeantes en el escenario, como si luego de acusar el golpe, todos quisieran volver a ubicarse en el lugar que estaban ubicados precisamente antes del shock: si se observa la evolución de la imagen positiva del Presidente, se pude apreciar cómo en su composición, se produjo una caída significativa de apoyo o popularidad entre los votantes ajenos, como si la volatilidad de la popularidad se explicase por un movimiento entre el universo de votantes opositores, de votantes en blanco, o de votantes ausentes.

Si a fines de marzo un 35,5% de los que tenían imagen positiva de Fernández no eran votantes del Frente de Todos, a fines de junio ese porcentaje
bajó a 25,2%. El 65% de la caída de casi 15 p.p. en la imagen positiva de Fernández, obedece a la pérdida del apoyo de votantes opositores, que lo
dejaron con una popularidad más exclusivamente basada en el apoyo de sus propios votantes.

Esto se da en un contexto en el que la grieta condiciona la mirada sobre la pandemia. En el inicio de la pandemia en la Argentina, allá por mediados de marzo, había cuatro variables que incidían en la forma en que la gente miraba la realidad, aportando heterogeneidad en sus respuestas: rango etario, área geográfica, tipo de ocupación y perfil político. Esta ultima fue la variable que se fue haciendo más heterogénea con el paso del tiempo, reflejando mucho contraste en las respuestas.

El posicionamiento político es hoy la variable que más incidencia tiene en la forma que la gente ve los acontecimientos en esta pandemia. Por un lado, a los votantes de Macri les preocupa más la economía, son menos optimistas de cómo se va a desarrollar la pandemia en la Argentina, demandan más flexibilidad en la cuarentena (tienen menos predisposición a la misma) y lógicamente desaprueban mayoritariamente el accionar delgobierno frente a la pandemia. Por otro lado, a los votantes de Fernández les preocupa más el coronavirus, son más optimistas de cómo se va a desarrollar la pandemia en la Argentina, demandan más rigidez en la cuarentena (tienen más predisposición a la cuarentena) y lógicamente aprueban mayoritariamente el accionar del
gobierno frente a la pandemia.

La variable política incidió en el resto de las variables. Por ejemplo, los adultos mayores, que históricamente mostraron una tendencia favorable hacia Juntos por el Cambio, al inicio de la pandemia comenzaron teniendo mucha preocupación por el virus, tendían a aprobar el accionar del gobierno y a reclamar más rigidez en las medidas contra la pandemia. Pero lentamente, su posicionamiento político fue incidiendo para producir cambios en esa mirada.

Las consecuencias que está produciendo la pandemia del Covid-19 sobre la actividad económica imposibilita la discusión sobre acuerdos salariales. Sin certidumbre sobre cuánto durará el vendaval y cual será el impacto sobre los puestos de trabajo, se vuelve difícil discutir actualizaciones salariales. Pero esto no implica que los salarios puedan ir desactualizándose frente a una inflación que se desacelera, pero sigue su curso.

En este sentido,  el gobierno, junto a las autoridades empresarias y sindicales están pensando en algún tipo de acuerdo de suma fija una vez que pase la pandemia. Esto tendría lugar especialmente en los gremios que integran el grupo de actividades esenciales (Camioneros, Bancarios, Sanidad, etc.), pero todo estará supeditado a qué tan arrasada quede la economía luego de la tormenta perfecta que resultó ser la pandemia.

Sobre estas negociaciones se suma la falta de acuerdo para el pago de aguinaldos. Luego de idas y vueltas, la Unión Industrial Argentina (UIA) resolvió anunciar que las empresas que la integran pagarán el aguinaldo “entre la fecha legal correspondiente y no más allá del 30 agosto, mediante las cuotas y/o adelantos que las circunstancias permitan”. En una misiva dirigida al ministro Claudio Moroni, solicitaron que “se contemple esta situación, evitando inspecciones o sanciones por la adecuación aludida que no es imputable a las empresas o empleadores sino a las circunstancias mismas”.

Todo esto se da en un contexto en el que se empieza a evidenciar un proceso de destrucción de empleo. Este es otro factor que advierte sobre una conflictividad laboral que irá creciendo en los próximos meses, de la mano de
las consecuencias negativas que la pandemia, y las medidas adoptadas para combatirla, tienen sobre la actividad económica y el ingreso de los trabajadores.

La decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa exportadora de cereales y oleaginosas Vicentín S.A.I.C. se transformó rápidamente en un tema dominante de la agenda pública, convirtiendose en una discusión que excede incluso al propio tema específico en cuestión. Si bien la primer parte de la decisión (intervenir) se materializó a través de un DNU, la expropiación debería proceder con una Ley.

Si finalmente se envía el proyecto, la iniciativa no tendría problemas de ser aprobada por el Senado, el oficialismo tiene mayoría allí. Pero debería aprobarse antes del viernes 3 de julio, o en su defecto, renovarse el acuerdo para seguir funcionando de manera mixta (remota y presencial), para lo cual se necesitará el apoyo de la oposición. Es improbable que esto suceda para tratar esa iniciativa.

En caso de sortearse los escollos del Senado, el Gobierno encontraría dificultades en Diputados, donde se requerirá apoyo de algún sector opositor. Como el oficialismo no cuenta con uno de sus Diputados (De Mendiguren pidió licencia sin renunciar a su banca para que no asuma un dirigente opositor que lo sucedería), hoy tendría 118 votos: falta conseguir 11 diputados para obtener el quórum y poder sesionar, para luego garantizarse la mitad más uno de los votos presentes.

Siendo que en lo que va del año el oficialismo ha logrado contar con el apoyo del bloque de Unidad Federal para el Desarrollo y el voto del Movimiento Popular Neuquino, se podría decir que al oficialismo le faltan conseguir 2 votos más. Una opción es que los acompañe la izquierda, pero la dupla Del Caño y Del Plá ya anunciaron que ellos irán detrás de su propia iniciativa de expropiación, sin indemnización.

Otra alternativa es buscar votos en el bloque de Consenso Federal, en particular el de los diputados de Córdoba que responden al Gobernador Juan Schiaretti. Si bien es un apoyo que han logrado obtener en otras discusiones, la dificultad está vez está en que se trata de un proyecto que ya despertó el rechazo de gran parte del sector agropecuario, y esa sensibilidad podría hacer retraer el apoyo que Schiaretti quiera darle a la iniciativa sabiendo la presión que ejercerán los representantes del campo en su provincia. Por último, aparece la posibilidad de acordar con los diputados de Consenso Federal para sancionar otra iniciativa que evite la expropiación. Sin embargo, esto requerirá que, consiente de la dificultad para avanzar, el oficialismo entienda que tiene que negociar y ceder en sus pretensiones.

El crecimiento de los casos de coronavirus en Argentina no hizo que la preocupación por la situación sanitaria sea superior a las preocupación por la situación económica. Esta le preocupa más al 52% de los encuestados mientras que un 43,7% inclina su mayor preocupación por el coronavirus.

Una explicación posible es que el 60% es optimista respecto a la situación sanitaria y cree que la misma va a desarrollarse en Argentina de un modo más leve que en otros países.

Además, pese al aumento de la cantidad de casos que se registran diariamente se mantiene la tendencia mayoritaria de flexibilizar la cuarentena. Un 53% afirma que la flexibilizaría, un 22,6% afirma que la endurecería, y cerca del 20% la sostendría como está. Se trata de otro síntoma que ratifica la idea de que la cuarentena, como medida sanitaria, es un recurso no renovable que debe ser utilizado por un espacio limitado de tiempo,y que se registran diferentes niveles de agotamiento de la opinión pública con las medidas de confinamiento.

Por lo tanto, existiendo hoy más motivos para estar preocupado por el coronavirus y reclamar medidas más rígidas en términos sanitarios, la opinión pública pareciera ir en sentido contrario. Asumiendo que la gente tiene las mismas ganas de sentirse seguro desde el punto de vista sanitario que a fines de marzo, solo el agotamiento económico, social, emocional y psicológico de la cuarentena como medida sanitaria puede estar detrás de su preocupación por la situación económica, creyendo que la pandemia no va a ser tan grave en el país y que  flexibilizaría la cuarentena en medio de lo que puede ser el pico.

En este escenario, la valoración de las medidas adoptadas por el Gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia del covid-19 continúan la tendencia decreciente iniciada al comienzo de la crisis: la valoración positiva pasó de rozar 80% a fines de marzo a 50% a inicios de junio. Sin embargo, todavía registra diferencial positivo frente al 28% que desaprueba las medidas adoptadas (el resto se para en el punto medio o no contesta).

La misma película se observa en la evaluación de las medidas económicas para mitigar los daños de la pandemia: desde fines de abril, la valoración positiva viene en descenso y la negativa en ascenso. De hecho, en junio la valoración de las medidas económicas muestran un diferencial negativo por primera vez (45,5% las desaprueba y 37,9% las aprueba, registrando el nivel de aceptación más bajo hasta el momento).

La dinámica de la valoración de las medidas también se verifica en la imagen
que la opinión pública tiene del presidente. Luego de registrar un impacto muy positivo en su imagen al comienzo de la crisis, la imagen de Alberto Fernández registra valores más parecidos a los registrados previamente a la pandemia, con un 49,7% de valoración positiva y un 38% de imagen negativa.

El impacto positivo que la crisis tuvo inicialmente sobre la imagen del presidente pareciera esfumarse con el paso del tiempo. La aparición de una amenaza de dimensiones desconocidas y que estaba afectando a todo el mundo desdibujó las diferencias políticas y produjo una extraordinaria empatía inicial con Fernández, pero la desaparición de parte de ese temor inicial (en parte por el propio éxito de la estrategia sanitaria del Gobierno) y el desgaste que producen las dificultades económicas, han vuelto a dibujar las diferencias políticas y ello ha afectado la buena imagen ganada por el presidente.

Esta dinámica que tiende a volver al estado pre-pandemia que se registra en la imagen del presidente pueden responder a tres fenómenos:

1) La amenaza va perdiendo parte de sus atributos atemorizantes: ya no es nueva, ya es propia, y si se quiere, se sabe que se sale, como están saliendo otros países. Como hoy forma parte de la normalidad, posiblemente ello contribuye a que disminuya el temor.

2) La disputa política salió del shock inicial y retomó su dinámica: lentamente los actores retomaron sus lugares en la disputa; el oficialismo criticando a la oposición y la oposición criticando al oficialismo. Ello fue produciendo que la opinión pública tienda a retornar a su posicionamiento político pre-pandemia.

3) El impacto de la pandemia-cuarentena sobre la economía: el deterioro de la actividad económica está afectando la situación económica personal de buena parte de la población y ello empieza a habilitar cierta mirada crítica sobre el accionar del Gobierno. Sobre todo en materia económica, donde los niveles de aprobación de lo hecho por el Gobierno son menores que en el orden sanitario.

Esa suerte de desgaste, producida sobre la alta valoración pública obtenida por el presidente al comienzo de la crisis, ocurre simultáneamente con la menor aprobación de las medidas adoptadas para combatir la pandemia y para mitigar el impacto de la cuarentena en la economía, que vienen cayendo desde comienzos de la crisis. La aprobación de las medidas que tomó el Gobierno para enfrentar la pandemia han caído de 78,7% a fines de marzo a 58,1% a fines de mayo, reduciéndose el diferencial positivo de aprobación de las medidas sanitarias de +74,4 p.p a 39,0 p.p. Del mismo modo, en el último mes se ha visto reducido el nivel de apoyo a la respuesta económica que el Gobierno dio en relación a la pandemia. En este caso, de un 47,6% que aprobaban las medidas económicas adoptadas para mitigar el daño de la pandemia a fines de abril, registramos un 38,3% que aprobaban esas medidas a fines de mayo.

 

Todas estas caídas, la de la imagen del presidente, la de la aprobación de las respuestas sanitarias a la pandemia y las de la aprobación de las medidas económicas, tienen un patrón común y es el retroceso de estos indicadores entre los votantes opositores, que son los que explicaron el crecimiento de comienzos de la crisis. El desafío será sostener los niveles actuales de popularidad, en un contexto donde la crisis económica empieza a asomar en el debate público y probablemente sea el tema protagónico de lo que venga.

En un contexto de alta incertidumbre, el proceso paritario se encuentra virtualmente suspendido y la discusión salarial se encuadra en la emergencia. La parálisis producida por la pandemia y la incertidumbre de cuándo culminará, ya provocó que los gremios comiencen a acumular pérdidas frente al avance de la inflación en una época del año clave, ya que entre marzo y mayo suelen vencer los acuerdos paritarios anuales.

Sanidad, que opera en una de las áreas esenciales, es el único gremio de los denominados “grandes” que logró renegociar su paritaria este mes y lo hizo de manera trimestral, fórmula que logró buenos resultados para los gremios que la aplicaron en 2019. Habrá que ver si la mayoría intenta seguir el camino del gremio conducido por Daer y buscarán acuerdos cortos en un contexto muy incierto.

Por su parte, los sectores no esenciales, solo discuten suspensiones y cómo proteger puestos de trabajo. Es en este sentido que el gobierno prorrogó la prohibición de despidos por el plazo de 60 días.

Esta decisión surge como respuesta a la demanda del Consejo Directivo de la CGT (una versión ampliada para integrar a sectores sin representación en ese órgano), que se reunió para discutir los detalles de la grave situación económica que atraviesa el país. Además, el Gobierno dio una respuesta positiva tras el reclamo por la asistencia financiera a las obras sociales que están haciendo frente a la pandemia y están sufriendo una merma en su recaudación por la caída de la actividad económica. Por su parte, el pedido para que se exima de ganancias a los trabajadores de los sectores esenciales no recibió el visto bueno del Ejecutivo, aunque el Congreso si eximió a los trabajadores de la Salud.

La preocupación de la dirigencia sindical no solo estuvo centrada en el presente sino también en el futuro y allí surgió con fuerza la necesidad de que el post-pandemia sea discutido entre los trabajadores y los sectores empresarios en un marco que bien podría ser el Consejo Económico y Social. El Gobierno prometió enviar el proyecto de ley al Congreso en los próximos días. Por lo pronto, los dirigentes del Consejo Directivo de la CGT se reunieron con funcionarios del Gobierno (Claudio Moroni y Cecilia Todesca) con quienes hablaron de acciones necesarias para la recuperación económica. Allí se planteó a la necesidad de crear un Comité de Crisis, se pidió fortalecer la ayuda estatal para pagar sueldos y se descartó encarar cualquier tipo de reforma laboral y del sistema de salud (como había trascendido en días previos).

Luego de un largo impasse donde el Congreso quedó sin funcionar producto del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, ambas Cámaras retomaron actividades utilizando mecanismo de funcionamiento remoto. Entendiendo que esta dinámica podía alterar la dinámica de los debates, oficialismo y oposición acordaron que el funcionamiento estaría acotado, en un comienzo, a discutir iniciativa consensuadas y relacionadas a la emergencia por la pandemia de Covid-19 en Argentina. Fue así que se sancionaron proyectos que tenían como objetivo atender las dos caras de la crisis –la sanitaria y la económica- con diferentes medidas que buscan mitigar los efectos negativos de la pandemia:

1) Exención transitoria del impuesto a las ganancias: Este proyecto, que ya cuenta con sanción en ambas cámaras -por lo que solo resta su promulgación para tener carácter de ley-, apunta a aliviar a los trabajadores de las siguientes áreas: personal de la salud, fuerzas de seguridad, actividad migratoria, aduanera y bomberos en el marco de la emergencia económica y sanitaria. La exención sería retroactiva al 1 de marzo y tendría vigencia hasta el 30 de septiembre. La medida puede prorrogarse en caso de que la situación lo amerite.

2) Programa de protección al personal de salud: la iniciativa crea el Fondo de Protección del Personal de Salud, con el fin de efectuar la adquisición de bienes, servicios y equipamiento necesarios para garantizar la protección del personal de salud durante la emergencia. Las compras deben basarse en evidencia científica y en el análisis de información estratégica de salud. Las compras realizadas por este fondo no están ajenas al régimen de contrataciones de la administración nacional, debiendo proceder en todos los casos bajo el principio de transparencia y posterior publicación y control de sus gastos por los organismos correspondientes. El Fondo de Protección del Personal de Salud estará integrado por: los recursos que se asignen a través de la ley de presupuesto de la Administración Nacional o los que asigne el Jefe de Gabinete, para lo que efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias; los aportes no reintegrables propuestos por organismos multilaterales, de cooperación, gobiernos extranjeros u Organizaciones no Gubernamentales; y donaciones, legados subsidios u otras formas de asistencia financiera y económica.

Así como hay proyectos de ley relacionados a la pandemia que están siendo tratados, también existen iniciativas que han sido anunciadas, pero que no se materializaron en una iniciativa formalmente presentada, y que han generado polémica. La iniciativa más controversial que fue propuesta en los últimos días es la de la diputada Vallejos, la cual consiste en que el Estado pueda tomar parte de las empresas a las cuales se encuentra asistiendo en medio de la cuarentena. Si bien es un proyecto que por ahora no se convirtió en un texto concreto, ya recibió el apoyo de legisladores del oficialismo y de algunos funcionarios como Claudio Moroni. En cuanto al contenido del eventual proyecto, la diputada afirmó que no sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos.

Otro proyecto del que se habla hace ya varias semanas y que aún no ha sido presentado es el Impuesto a las grandes fortunas. El proyecto apuntaría a que tributen los patrimonios que están por encima de 3.000.000 de dólares, aunque esto podría ser revisado y modificado. El Gobierno estima que esto impactaría a 12.000 personas físicas. El impuesto sería excepcional, progresivo, y se espera recaudar aproximadamente 3.000 millones de dólares. El hecho de que se traten de iniciativas polémicas y no presentadas, plantea el interrogante de si se tratan de iniciativas que realmente tienen el objetivo de ser discutidas y aprobadas, o si solo sirven para ser capitalizadas en el debate público, como capital simbólico para los propios seguidores.