Category: Política

Sorprendido por una incertidumbre económica que no esperaba después de haber logrado acordar la reestructuración de la deuda pública en dólares bajo ley extranjera, el Gobierno intenta recuperar la confianza de los agentes económicos sobre el rumbo del país, con el Congreso como escena destacada. Con el Presupuesto 2021 como mascarón de proa, pero acompañado de una serie de iniciativas que atienden las diferentes necesidades del frente económico, el Gobierno transitará un final de período parlamentario signado por la agenda económica, donde se discutirán una serie de proyectos que buscarán apuntalar la salida de la crisis sanitaria y la eventual recuperación económica.

El Presupuesto 2021 será la principal iniciativa que se debatirá en el Congreso en las próximas semanas. Es el proyecto que busca instalar la idea de que el Gobierno tiene un plan económico fijado, pero detrás de ese proyecto hay otras iniciativas económicas que buscan despejar algunos interrogantes e incentivar comportamientos que estén alineados con la búsqueda de cierta estabilidad macroeconómica a través del impulso a ciertas actividades que apuntalen la actividad económica en la salida de la pandemia. Se trata de una agenda que se ha superpuesto con la agenda judicial que había dominado la escena hasta octubre, y que sigue avanzando por otros andariveles.

A grandes rasgos, además del Presupuesto 2021, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para implementar incentivos fiscales para el sector de la construcción. El proyecto establece que se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones, al tiempo que se prevé la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de esta ley.

Por otro lado, también se envió un proyecto para atender el déficit habitacional que establece un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario, por el cual se crea una Sociedad Hipotecaria administradora y se disponen nuevos créditos hipotecarios con cobertura de la cuota ante descalces entre salarios e inflación. También se promueve el acceso al crédito bancario y fomentar la complementariedad con el mercado de capitales, a través de nuevos instrumentos de inversión.

En esta línea, también se prevé beneficios impositivos para fomentar el ahorro en pesos. La iniciativa exime del pago del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales a las rentabilidades que se obtengan por inversión en instrumentos en pesos indexados -como lo que ajustan por CER o UVA- y en otros activos en moneda nacional que se destinen a inversiones productivas.
Finalmente, quedan dos temas pendientes a tratar. Por un lado, el impuesto a las grandes fortunas, que aún no tiene fecha de tratamiento en el recinto tras la postergación por el clima que se está viviendo en el escenario económico con la incertidumbre sobre el tipo de cambio.

Por otro, sigue demorado en el Congreso el tratamiento de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. Se propondrá volver a la fórmula que rigió a partir de 2008, donde se generó un índice que estaba compuesto en un 50% por la evolución de la recaudación y en otro 50% por la evolución de la movilidad salarial (RIPTE). Por otro lado, se aplicarían actualizaciones semestrales en marzo y septiembre. La demora obedece a que el oficialismo quiere postergar la aplicación de la nueva fórmula para que no sea aplicada en diciembre y sí se aplique en marzo de 2021.

El deterioro de la imagen del Gobierno desde el pico de popularidad registrado cuando comenzó la crisis sanitaria parece no detenerse y en octubre alcanzó el nivel más bajo de popularidad desde que comenzó este ciclo en diciembre de 2019. En apenas seis meses, la imagen negativa escaló casi 35 p.p., ubicándose en 52,3%, mientras que la imagen positiva cae hasta 32,7%, incluso por debajo del valor con el que comenzó la gestión en enero de este año. Con estos valores, la imagen de Gobierno se ubica con un diferencial negativo de -19,6%.

En términos de preocupaciones ciudadanas, octubre sigue mostrando a la preocupación por la corrupción al tope de las menciones, impulsada por votantes opositores que ven con preocupación la agenda judicial del Gobierno. El dato destacado adicional es el crecimiento por segundo mes consecutivo de la preocupación por la Inflación. Si bien aún el temor por los aumentos de precios se encuentra considerablemente por debajo del promedio visto durante el final del mandato de Mauricio Macri, podríamos estar viendo el comienzo de un proceso de aceleración de esta preocupación, por la propia dinámica que se está viendo en materia inflacionaria.

La preocupación por la inflación es un componente de la preocupación por la economía, que, planteado en términos de urgencias por atender, sigue siendo la principal urgencia ciudadana. Casi 2 de cada 3 encuestados considera que “Poner en marcha la economía” sería la principal urgencia por atender si fuera presidente. Eso representa un 10% más de los que la mencionaban como principal urgencia en septiembre. “Controlar la Pandemia”, aparece como segunda urgencia, mientras que “Reforma la Justicia” aparece como la última urgencia.

Cuando se mira las urgencias según la orientación del voto en 2019, en todos los segmentos de votantes, “Poner en marcha la economía” es la principal urgencia, incluso entre los votantes oficialistas, donde “controlar la pandemia” es una urgencia más marcada que en el resto de los votantes. Curiosamente, entre los votantes oficialistas, “Reformar la Justicia” es también una urgencia relegada al último lugar de la lista.

La caída en la imagen de Alberto Fernández sigue sin encontrar su piso. Una crisis sanitaria que no se detiene y cuyo final sigue lejos de estar despejado, con una dinámica de contagios y muertes por covid-19 que no para de crecer, y con una crisis económica que empieza a mostrar que hay otros problemas por resolver más allá de los propios que plantea la pandemia. La pregunta que se vuelve cada vez más evidente es si, más allá de los errores en las decisiones, no hay aspectos más estructurales del proceso político están contribuyendo a la crisis económica.

Dicho de otro modo, se puede estar cometiendo errores de política económica porque está tomando malas decisiones o porque determinadas circunstancias están llevando a cometer errores de política económica. Es allí donde se plantea si esas circunstancias no están relacionadas a las condiciones estructurales del proceso político y del tipo de liderazgo que ellas generan.

 

Es sabido que, en tiempos de turbulencia, la cadena de mando necesita ser eficiente en el proceso de toma de decisiones (tomar decisiones rápido), y debe minimizar la pérdida de tiempo y esfuerzos en la búsqueda de mejores consensos entre los que participan, de algún modo, de la decisión. Esa mayor centralización del proceso de toma de decisión pareciera estar siendo necesaria en un contexto de alta incertidumbre y de expectativas desalineadas de los agentes económicos.

¿Hay aspectos estructurales del actual proceso político que condicionan la posibilidad de que emerja ese tipo de liderazgo? Parece que sí. Al revisar el proceso de conformación de la actual coalición de gobierno, el esfuerzo para que el frente sea de todos pone a Alberto Fernández con la necesidad de respetar a todas las partes, condicionando la posibilidad que haya una conducción más centralizada (y coherente) del proceso de toma de decisiones.

Más aún, las características personales de Alberto Fernández lo han llevado a ser un dirigente dedicado a la búsqueda de consensos. Esto puede no ayudar en estas circunstancias, donde no hay ni tiempo, ni margen para ceder a la hora de lograr apoyos para ganar confianza y certidumbre en relación con el rumbo que se define para las políticas del Gobierno.

Si se observa lo sucedido a lo largo de estos 10 meses de gestión, Alberto Fernández está más decidido a arbitrar entre los diferentes intereses y las diferentes posiciones de la heterogénea coalición de gobierno, que en imponer su propia visión del rumbo del Gobierno. Esto se vuelve relevante porque la Coalición está integrada por un espacio más ascendente como el kirchnerismo, y por otros espacios menos ascendentes como el que representan los Gobernadores y los dirigentes que integraron el peronismo no kirchrnerista. Como consecuencia de esa metodología para liderar, se tiene como resultado un marcado sesgo kirchnerista en la orientación de las decisiones de Gobierno.

De este modo, con un árbitro que administra las diferencias más que conducirlas, el resultado de las decisiones de política pública estará muy condicionado por la necesidad de lograr los equilibrios internos necesarios para que la decisión sea aceptada por todos. Esto le otorga al sector más poderoso de la coalición de gobierno, una incidencia notoria en la orientación de las decisiones.

Es un momento complejo para la economía y mucho menos para el empleo que, como consecuencia de la caída en la actividad, sufrió las secuelas con una destrucción de 400.000 puestos de trabajo registrados a junio de este año según las cifras más confiables del Sistema Integrado Previsional Argentino. En este contexto, el Gobierno viene tomando medidas para proteger el empleo como la persistente prohibición de despidos que se viene sosteniendo desde el 31 de marzo pasado y que se acaba de prorrogar hasta fines de noviembre, así como la prórroga que en junio se hizo, por 6 meses, de la vigencia de la doble indemnización para los despidos sin justa causa.

Esta situación complica aún más la relación entre el Gobierno y el universo sindical, especialmente con el conglomerado de sindicatos nucleados en la CGT que han venido reclamando, sin demasiado éxito, una mayor participación en la discusión de las políticas y medidas orientadas a mitigar los efectos de la pandemia y a vigorizar la recuperación pospandemia. La ausencia de protagonismo de los dirigentes sindicales en el diseño de las políticas, incluso la ausencia de instancias de diálogo más institucionalizadas como el cada vez más lejano Consejo Económico y Social, le agregan a la conducción de la CGT dificultades para legitimar el apoyo sin fisuras que aún la Central sostiene con el actual proceso político. Este apoyo sin fisuras se ha manifestado en diferentes ocasiones y se ratificará con el acto que la CGT está organizando para el 17 de octubre, donde se propondrá que el presidente asuma la jefatura política del PJ, a modo de encumbrar su liderazgo al frente de una coalición que se muestra multiforme y con terminales de poder descentralizadas.

Paradójicamente, esta mayor tensión redujo, a través de la situación sanitaria extraordinaria, la conflictividad laboral. En un contexto de profunda crisis, esta se ubicó en el nivel más bajo en 10 años durante el primer semestre de 2020, tanto en el Sector Público como en el Sector Privado. Este fenómeno no solo se observa contabilizando los conflictos que finalizaron con medidas de fuerza, sino que se observa aún con mayor nitidez si se contabilizan la cantidad de huelguistas que, tanto en el sector público como en el privado, estuvieron efectuando este tipo de medidas.

La fuerte caída en la conflictividad sindical en el sector público no solo estuvo cruzada por la realidad de la pandemia. El cambio de Gobierno, y la llegada al poder de una Coalición que tiene entre sus filas de apoyo a los principales gremios estatales (tanto en los niveles nacional como provinciales) explica en gran parte esa caída. Esta particularidad política, explica también, en contraste, la alta conflictividad sindical registrada en este sector durante los años de gestión de Cambiemos.

La prolongación de la pandemia y sus consecuencias económica siguen erosionando la popularidad del Gobierno de Alberto Fernández que registra en septiembre una caída en la valoración positiva de su desempeño de -5,6 p.p, y una suba de la valoración del desempeño negativo +3,6 p.p.. Esto profundiza el diferencial negativo de imagen que llega a -11,4 p.p. De esta forma, la valoración negativa queda en 47,9%, la positiva en 36,5% y la regular en  14,3%.

Una de las causas de esta tendencia es indudablemente la pandemia y la gestión asociada a la misma. Se sigue viendo la misma dinámica de los últimos meses: la pandemia en Argentina tiene números crecientes de casos y muertes pero a la gente cada vez más le preocupa su situación economía personal. En agosto, el porcentaje de encuestados que señalaba que le preocupaba más su situación económica por sobre el coronavirus alcanzó 60,6%, mientras que los que señalan que les preocupa más el coronavirus caen al nivel más bajo desde que se inició la crisis allá a fines de marzo de este año.

Al mismo tiempo, el nivel de aprobación de la respuesta del Gobierno frente a la pandemia continúa bajando y ya son considerablemente más los que desaprueban lo hecho frente a la pandemia (47,3%) que los que aprueban (35,5%) las políticas llevadas a cabo.

Por otro lado, el deterioro de la imagen del gobierno también tiene como consecuencia un empeoramiento en las expectativas sobre el país y la situación personal. En el primer caso, luego de que las expectativas optimistas sobre el futuro del país tuvieran un leve repunte en el mes de agosto, en septiembre el pesimismo volvió a subir (+2,5 p.p.) abortando una incipiente tendencia de recuperación. El mismo fenómeno se registró por el lado del optimismo, donde luego de que en agosto se haya registrado una leve mejora, en septiembre se observa una ligera caída de (-1,1 p.p.). sin permitir que el predominio del pesimismo empiece a ceder frente al optimismo.

En cuanto a las expectativas por el futuro personal, aquí también se registró una reversión de la tendencia de recuperación observada en agosto. En septiembre el pesimismo avanzó 2 p.p., aunque como dato curioso, se observó una ligera mejora de (+0,5 p.p.) del optimisitmo sobre el futuro personal.

La caída en la imagen de Alberto Fernández no pareciera encontrar su piso, en un contexto donde el Gobierno no está logrando ofrecer respuestas a las dos principales preocupaciones: la sanitaria, que no logra ser despejada por una dinámica de contagios y muertes por covid-19 que no para de crecer; y la económica, que antecede a la pandemia pero fue profundizada por este fenómeno.

Esta caída tiene algunas características que permiten entender más acabadamente el proceso. Una es la disminución del apoyo de votantes ajenos. A fines de marzo, detrás de un amplio consenso social por la pandemia, entre las simpatías que recogía el presidente, había un 25% de votantes que no eran propios. A fines de agosto, con una imagen positiva considerablemente más baja, solo el 9,7% son votantes opositores.

Otra característica de este proceso es la mimetización de esa composición de imagen positiva con la de la vicepresidenta. En abril, entre todos los que tenían imagen positiva de ambos o de alguno de los dos, el 48,3% era compartido, pero Alberto Fernández tenía un 49,4% de ellos que le eran propios. Es decir, no los compartía con Cristina Kirchner. A fines de agosto, el porcentaje de simpatías exclusivas de Alberto Fernández se redujo al 23,8%, mientras que el 72,9% son compartidos por ambos. Por lo tanto, las bases de simpatías de ambos cada vez se asemejan más, se parecen más, o lo que es lo mismo, los que quieren a Alberto Fernández son cada vez más, los mismos que quieren a Cristina Kirchner.

Esa reducción a la base de apoyos de Cristina Kirchner es un fenómeno que marca que el Presidente cada vez más representa a los mismos votantes que reconocen con firmeza el liderazgo de Cristina, lo que se traduce en menos margen de autonomía para Alberto Fernández. Dicho de otro modo, Alberto Fernández se está quedando sin votos propios.

En definitiva, el desafío de Alberto es seguir liderando el Frente de Todos, pero la dinámica de su gobierno parece depositarlo en el liderazgo del frente de Cristina. Cuanto más parecido a Cristina se presente, incumpliendo aquel compromiso electoral de ser distinto al kirchnerismo, mas estrecha será su base de apoyos. Especialmente si también se incumple el otro mandato electoral recogido el año pasado, el de poner en marcha la economía, no dando lugar a una suerte de compensación, que habilite a afirmar, parafraseando: reforman la justicia pero hacen.

El 2020 sin dudas será un año que quedará marcado a fuego en la historia y no precisamente por aspectos positivos. En el transcurso de estos ocho meses, los índices de actividad económica se destruyeron, los salarios llegaron a caer incluso en términos nominales (hecho que no ocurría hace casi 20 años), y los puestos de trabajo sufrieron una merma sin precedentes. En este contexto,
analizaremos cuántos trabajadores formales lograron no solamente “sobrevivir”, sino que incluso alcanzaron aumentos suficientes como para poder sobrellevar esta crisis.

Dentro del proceso paritario 2020, se puede destacar que hubo relativa continuidad en las actividades menos afectadas por el “parate” económico que significó la pandemia, permitiendo que algunas negociaciones salariales se puedan llevar adelante. Hasta el inicio del mes de agosto, ya se habían firmado 23 acuerdos salariales sectoriales que establecieron aumentos para un millón de asalariados privados en relación de dependencia, según un informe del ministerio de Trabajo de la Nación. Esta cifra alcanza aproximadamente al 19% de los trabajadores formales del sector privado del país.

El criterio principal utilizado para otorgar los aumentos consistió en establecer porcentajes de incrementos sobre la base de los salarios básicos definidos en el convenio colectivo respectivo (el 78% del total). Las restantes paritarias acordaron el pago de sumas fijas durante algunos meses del año, con incidencia porcentual dispar sobre las distintas categorías profesionales contempladas en el convenio colectivo. En general, los acuerdos se ubicaron entre el 23 y 30%, mostrando una fuerte desaceleración con respecto a los incrementos acordados en años anteriores.

En lo que respecta al plazo, el 57% de las paritarias acordó una vigencia entre 4 y 7 meses, luego de los cuales las partes definieron que volverán a reunirse para analizar la situación salarial de los trabajadores. Por el contrario, se destaca que, incluso en este contexto, un 43% de los acuerdos salariales pactados establecieron una vigencia anual para los niveles salariales, con la aplicación de los mecanismos de revisión que se hacen efectivos antes de finalizar el año o a comienzos del próximo. En este último grupo se encuentran los convenios de elevada cobertura, como Transporte de carga, Bancarios, Químicos, Carne y Encargados de edificio.

Uno de los contenidos incluidos en todas las paritarias anuales es la cláusula de revisión que contempla la posibilidad de reabrir la discusión en caso de que la inflación exceda los aumentos pactados. En las actividades donde se registran los menores porcentajes de incremento salarial durante el período calendario, se incluyen cláusulas de revisión antes de finalizar el año (bancarios, aceiteros, encargados de edificios); mientras que aquellos con mayores aumentos en el año calendario (Camioneros) revisará la paritaria recién en febrero del año próximo.

El inicio del debate de la reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso, ya demostró que la discusión sobre la iniciativa va a transcurrir, más que sobre el propio texto del proyecto, sobre las verdaderas intenciones que el Ejecutivo persigue con el proyecto. En un contexto donde la pandemia y la crisis económica concentran la atención de la opinión pública, la urgencia del oficialismo para aprobar el proyecto invitan a pensar cuáles son las verdaderas intenciones del mismo.

La iniciativa tiene tres ejes centrales que aparecen bien diferenciados en los primeros títulos del articulado: la reestructuración del Fuero Penal Federal, la reorganización de los Fueros Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y la Creación de Juzgados Federales en el interior del país (se estarían creando 94 juzgados federales en el interior).

Si bien se descuenta que el trámite en el Senado no ofrecerá mayores complicaciones, el verdadero desafío del proyecto estará en la Cámara baja donde en principio no estarían los votos para aprobarla.

El primer obstáculo que deberá atravesar el oficialismo es el de resolver la
prórroga del acuerdo para el funcionamiento “telemático” de la Cámara de Diputados (con asistencia presencial y virtual) que se encuentra vencido. En principio, habría voluntad de prorrogar el plazo, pero Juntos por el Cambio pide que sean proyectos que tengan consenso de todos los bloques. Si bien, le va a resultar difícil a la oposición sostener el bloqueo por mucho tiempo, la ausencia de consenso para la prórroga pudiera ser un elemento para retrasar el tratamiento de la Reforma Judicial, una vez que el Senado la sancione.

Hecha esta aclaración, la principal dificultad para el oficialismo es no contar con los votos necesarios para la aprobación. Ir a votar una reforma de estas características sería de mucho riesgo y costo político en estas condiciones, por lo que el gobierno deberá conseguir algún tipo de acuerdo de alguno de los diputados que integran el Interbloque Federal, habitualmente más referenciado exclusivamente a la figura de Roberto Lavagna.

Sin embargo, como los diputados cercanos a esta figura ya manifestaron que no apoyarán la ley si no tiene consensos, la atención se volcó a los 4 diputados que responden al Gobernador Juan Schiaretti, no tanto por la voluntad de ellos -ya anticiparon que no están dispuestos a acompañar la iniciativa-, sino por que las necesidades de Schiaretti que pudieran ser atendidas por el Gobierno nacional (el déficit provincial o el de la caja previsional de Córdoba), se conviertan en motivos para cambiar esa posición y acompañar la reforma. En principio, el alto costo político por el rechazo que esta iniciativa genera en la opinión pública cordobesa, hace pensar que no habrá acompañamiento del mandatario cordobés.

Así, el oficialismo tiene cada vez menos margen para conseguir entre los bloques opositores los 11 votos que le faltan para sancionar la reforma.

Como le sucediera a Mauricio Macri en agosto de 2016, el desempeño del Gobierno de Alberto Fernández registra en agosto de 2020 su primer diferencial negativo, con una valoración positiva de 42,1% y una valoración negativa de 44,3%. El diferencial negativo se produce por un incremento de la valoración negativa de +3 p.p., en un contexto donde la valoración positiva registró una ligera caída de -0,2 p.p.

Esto se da en consonancia al incremento en la brecha entre las preocupaciones económicas y sanitarias. Pese a que la pandemia en Argentina no deja de superar día a día los peores registros de muertes y cantidad de contagiados, la situación económica, agravada por las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena, genera mayor preocupación en la opinión pública.

En agosto, el 57,8% de los encuestados que señala que le preocupa más su situación económica que el coronavirus, mientras que la proporción que señalan que les preocupa más el coronavirus cae al nivel más bajo desde que se inició la crisis a fines de marzo de este año. Al mismo tiempo, el nivel de aprobación de la respuesta del Gobierno frente a la pandemia continúa
bajando y llega en agosto a 40,8%, el nivel más bajo de aprobación.

Por otro lado, en un contexto donde la Corrupción vuelve a liderar el ranking de preocupaciones con un 28% de menciones, el dato destacado de agosto es el fuerte incremento de la preocupación por la inseguridad. Luego de que las preocupaciones ciudadanas experimentaran un movimiento sumamente volátil en los últimos 5 meses debido a la incertidumbre generada por el efecto de la pandemia y la cuarentena, la inseguridad registró un fuerte aumento alcanzando el 20% de menciones este mes, cuando dicha preocupación se encontraba apenas en 4% en junio pasado.

Las preocupaciones también ofrecieron novedades relevantes en el mes de agosto. La preocupación por la inflación, por ejemplo, -que supo ser la máxima inquietud ciudadana en la última etapa del Gobierno de Macri-, se encuentra en niveles no observados en los últimos 4 años, mientras que la preocupación por el desempleo sufrió una abrupta caída este mes, quizás desplazada por la preocupación por la inseguridad en los centros urbanos. Finalmente, la preocupación por la corrupción consolida un incremento promedio
superior a 5 puntos porcentuales en este 2020, en relación a lo observado en los últimos 4 años.

Gobernar puede ser un costo político en sí mismo, especialmente cuando se lo hace en condiciones económicas desfavorables. Esto lo puede confirmar Alberto Fernández que tras el favorable impacto que recibió su imagen ante la emergencia de la pandemia del Covid-19, ha venido sufriendo un continuo desgaste de la misma y finalmente alcanzó terreno negativo, según nuestro último estudio.

Resta saber si la repercusión favorable que recogió el acuerdo con privados para reestructurar los compromisos de deuda produce alguna recuperación en términos de imagen. Pero más allá de esto, queda claro que la ausencia de respuestas del Gobierno a las demandas recogidas en la elección presidencial, irán socavando su popularidad, sobre todo en un contexto donde la pandemia vuelve más urgente las necesidades económicas.

Un ejemplo claro de ello se puede observar en una porción interesante de la muestra de nuestro último estudio. Particularmente, el 13% de encuestados que nos dicen que votaron por Fernández en las elecciones del año pasado pero que tienen una imagen negativa de él. En este grupo de encuestados, al que podríamos llamar los “desilusionados”, el 91,3% señalan que les preocupa más su situación económica personal que el coronavirus, el 92,8% cree que la situación económica del país estará peor en un año y el 91,2% cree que su propia situación económica personal empeorará en un año. Como consecuencia de todo esto, el 75,4% de ellos dice que si hoy fueran las elecciones legislativas, votaría por otra fuerza política y no por el Frente de Todos.

En definitiva, esta evidencia resalta el componente económico del desafío que enfrenta Alberto Fernández para conservar los apoyos obtenidos en 2019. Esto no desentona con la idea que venimos sosteniendo: el principal mandato recogido por el Frente de Todos es el económico, y será el incumplimiento de ese mandato la principal fuente para la desilusión.

En este contexto, y considerando que en un año el oficialismo revalidará los votos obtenidos en la elección presidencial, nuestras primeras proximaciones sugieren que el Frente de Todos conserva un 36,8% de intención de voto. Si sumamos un 20% de los indecisos, el Gobierno podría rozar un nivel de apoyo electoral del 40%, un número que no es malo, contemplando que en más de 9 meses de mandato no se ha logrado poner en marcha la economía.

Sin embargo, más allá de conservar o no el caudal electoral, la clave para el oficialismo pasará por lograr una renovación de bancas para la Cámara de Diputados que permita extender la mayoría más allá de las 129 bancas
necesarias para tener el quórum, la llave para hacer funcionar y sancionar las leyes necesarias.

De todas formas, también vale destacar que obtener un resultado similar al de 2019 también es un desafío en sí mismo, ya que en elecciones legislativas los oficialismos tienden a obtener resultados más bajos que los obtenidos en elecciones ejecutivas. Eso sucede por dos motivos: 1) en las elecciones legislativas en presidencialismos se tiende a plebicitar las gestiones de gobierno y siempre es difícil dejar contentos a todos; 2) en elecciones legislativas se registra un nivel de fragmentación electoral mayor ya que desaparece el premio indivisible (la Presidencia), y aparecen incentivos individuales (lograr una banca, lo que en distritos grandes se puede lograr con un porcentaje bajo) que alientan una mayor fragmentación oferta electoral.

Tan fuerte es este fenómeno que aún hoy sigue siendo la elección de Alfonsín en 1985 la mejor elección legislativa de un oficialismo desde el retorno a la democracia a la actualidad.