Category: Política

Bajo la firma de del presidente de la cámara baja Sergio Massa, el oficialismo presentó un proyecto en Diputados para elevar el piso de impuesto a las ganancias. Luego de la suba del mínimo no imponible en enero, el gravamen alcanza hoy a los trabajadores solteros que perciben un ingreso de $74.810 y a los casados que perciban salarios iguales o superiores a $98.963. De esta manera, más de de 2.300.000 personas están actualmente alcanzadas por el impuesto. Esto representa al 25,6% de los trabajadores registrados, ya sean públicos o privados.

El proyecto busca modificar el “Mínimo no Imponible” para reducir la cantidad de empleados y jubilados que se ven alcanzados por el gravamen. Con la modificación del mínimo no imponible comenzarían a pagar el gravamen aquellos que tienen un ingreso de al menos $150.000, o quienes perciben jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos garantizados. De esta manera, solo el 10% de los trabajadores registrados debería pagar el impuesto a las ganancias.

¿Cómo quedaría cada situación en caso de que la iniciativa se aprobase?

Para los trabajadores en relación de dependencia se establece un nuevo “piso” a partir del cual se pagará el impuesto. La ganancia neta sujeta a la imposición será nula para aquellos cuya remuneración mensual (sin considerar el SAC) no supere la suma de $150.000. Este “piso” será actualizado anualmente con el mismo coeficiente que actualmente se encuentra vigente para las deducciones. Para quienes su remuneración mensual liquidada supere la suma anteriormente mencionada, pero no exceda los $173.000, se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar la deducción especial prevista.

Para los jubilados, la deducción específica se eleva al equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados, lo cual implica que deberán empezar a pagarlo si perciben $ 152.000 mensuales aproximadamente.

El resto de los trabajadores y jubilados que superen los “pisos” indicados mantendrán el beneficio ya previsto en la ley referido al incremento automático para sus deducciones (superior al 35% para el 2021).

A pesar de que el costo fiscal se encuentra estimado en aproximadamente $42.000 millones, el proyecto recibió el apoyo de diferentes bloques opositores, lo cual implica que su aprobación se encuentra virtualmente garantizada. Se preveé que pueda estar aprobado antes del inicio de las Sesiones ordinarias el 1 de marzo.

 

Definir la importancia de la elección legislativa que ocurrirá este año en la Argentina requiere necesariamente hablar de qué impacto político podría generar. En los comicios se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 bancas en la Cámara de Senadores. Allí se presentan dos grandes escenarios posibles.

Escenarios posibles

En un escenario optimista para el oficialismo, el Gobierno lograría el quórum en la Cámara de Diputados y, a su vez, conservaría el quórum en la Cámara de Senadores. De esta manera, tomaría el control del funcionamiento del Congreso. En sentido opuesto, una mala performance electoral podría dejar a la coalición gobernante sin control de la cámara baja e, incluso, con riesgo de perder el control de la cámara alta. Esto implicaría que el oficialismo perdería por completo el control del Legislativo.

Si nos guiamos por los antecedentes y por las actuales circunstancias, podríamos decir que el oficialismo se encuentra más cerca de acercarse al primer escenario que de caer en el segundo. Buena parte de lo que suceda dependerá del resultado que obtenga en la Provincia de Buenos Aires, dado que allí el oficialismo tiene posibilidades de ampliar el número de bancas que hoy representan a esa provincia en el bloque del Frente de Todos.

¿Qué debería suceder a lo largo del país para que el Gobierno logre el quórum en el Congreso?

 

Provincia de Buenos Aires

PBA es el distrito donde se presentan las mayores chances de estirar la cosecha de bancas. Allí el oficialismo debe renovar 16 bancas. De repetirse el resultado de 2019, podría estirar su cosecha a al menos 19 bancas (podrían ser más), ganando 3 más de las que tenía que renovar.

Si bien no es sencillo, los antecedentes muestran que es posible: en 2007 obtuvo 20 bancas con el 46% de los votos y ni que hablar en 2011, donde obtuvo 22 bancas con el 57,1%. Sin embargo, no deben pasar por desapercibido los antecedentes negativos de 2009 y 2013 que ostenta el oficialismo, donde en ambos casos logró solamente 12 bancas con aproximadamente el 32% de los votos.

CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza

La situación en estas provincias no luce nada fácil desde el punto de vista electoral. Podrían ser escenarios de derrota para el Gobierno. No obstante, el oficialismo tampoco tiene la obligación de renovar muchas bancas allí: 3 en CABA, 1 en Córdoba, 3 en Santa Fe y 1 en Mendoza. De modo que con un resultado más que modesto podría darse por cumplido el objetivo.

Resto de las provincias

En el resto de las Provincias, salvo en Santiago del Estero donde renueva 3 bancas, los objetivos son los de renovar entre 1 y 2 bancas. Incluso, se podría decir que las 27 bancas que debe renovar son un piso, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2019 obtuvo 42 bancas en el resto de las provincias (15 más de las que necesita renovar actualmente). No se espera que en estas Provincias pierda bancas, sino que conserve las que tiene y que, eventualmente, pueda sumar alguna banca más.

Conclusiones

Si bien el escenario en los distritos grandes (a excepción de PBA) no es alentador para el oficialismo, el FDT no tiene demasiadas obligaciones de renovación. Por otro lado, en el resto de las Provincias (en el norte y sur del país), el domino del peronismo hace prever que no será difícil ampliar la cosecha de bancas que el oficialismo tiene por renovar.

En síntesis, la importancia de estas elecciones radica en la posibilidad de que cambien la dinámica política de dos posibles formas. Una de ellas ampliaría la disponibilidad de recursos de gobernabilidad para el oficialismo (control del Congreso). La otra consolidaría la dinámica que hemos visto hasta aquí: un oficialismo que se ve forzado a negociar ciertas leyes con bloques minoritarios (sobre todo las leyes de carácter económico), e impedido de sancionar otras leyes como las diferentes iniciativas de reforma judicial que ha promovido sin éxito hasta este momento.

Como en todo comienzo de año en la Argentina durante los últimos tiempos, el desafío luce ser siempre el mismo: coordinar de la manera más saludable posible la puja entre los precios y los salarios, de modo que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica.

Suena sencillo a la hora de formularlo, sin embargo, siempre ha resultado complejo ejecutarlo en la práctica. El proceso aparenta ser aún más difícil de lo habitual habiendo tenido ya tres años consecutivos de caída del salario real. Dicha dificultad va in crescendo al considerarse que la dirigencia gremial tiene por objetivo recuperar todo (o al menos parte) de ese poder adquisitivo perdido.

El objetivo del Gobierno es el de utilizar el ya poco creíble parámetro de inflación contemplado en el Presupuesto 2021 (29% de aumento en el IPC) como una suerte de pauta oficial, para asegurar compromisos empresarios y sindicales de no desviarse demasiado de dicha referencia. Sin embargo, la falta de consistencia entre dicho pronóstico y aquellos del mercado (el último REM pronosticó una inflación para 2021 de 45%) le pone un gran interrogante al acuerdo, el cual se ve más como una formalidad que como una posibilidad real de coordinar con éxito los precios y los salarios.

Desde el sindicalismo ya se hizó la bandera de siempre frente a este tipo de propuestas de anclar expectativas de aumentos salariales: cualquier tipo de acuerdo que no le ponga un techo a las paritarias será viable. De hecho, al no estar interiorizados sobre la propuesta que deslizó la última reunión del Gabinete económico, desde la CGT ya se le pidió una reunión al Ministro de Trabajo Claudio Moroni para conocer los detalles de este plan y, eventualmente, poder discutir internamente los márgenes de apoyo que pueda tener desde el universo sindical.

A la falta de precisión sobre estos acuerdos se le suma la particularidad de que los mismos no serán canalizados por el Consejo Económico y Social, el cual fue lanzado de apuro a fines del año pasado bajo la conducción de Gustavo Béliz y que pareciera ser el ámbito más adecuado para lograr acuerdos de este tipo. En principio, desde el Ministerio de Economía se apuntó a “una metodología” que no se definirá en el marco del Consejo.

Las dudas y la desconfianza sobre lo que finalmente el Gobierno proponga como “metodología” también atraviesan al sector empresarial. Si los sindicatos plantean su reclamo de que no se le ponga techo a la paritaria, desde el sector empresario plantean la necesidad de que la base sobre la cual se parta para alinear precios y salarios incluya una recomposición de precios que estuvieron pisados durante el 2020.

Probablemente todos los sectores empresarios estén de acuerdo con la idea de alinear precios y salarios, siempre y cuando la base de la cual se parta sea razonable para ambas partes. El sector empresario sostiene que algunos sectores tuvieron paritarias que acompañaron la inflación, sin embargo, los precios (que definen los ingresos de las empresas) estuvieron pisados, motivo por el cual habría que alinearlos antes de iniciar con la “metodología”.

Lo cierto es que pareciera no haber todavía demasiada consistencia en la propuesta del Gobierno para contener la puja distributiva, la cual luce ser más bien una expresión de deseo de la conducción de la política económica. Ésta requerirá de una serie de acuerdos que no se ven fáciles de lograr dado el delicado contexto empresario y sindical, tanto por las pérdidas que ocasionó la pandemia como por las disputas que podrán surgir al interior de la CGT si las elecciones de las nuevas autoridades finalmente se llevan a cabo en el 2021.

El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para modificar las cuotas y las escalas del monotributo con el objetivo de actualizarlas por el impacto de la inflación. No obstante, la actualización de las escalas se encuentra suspendida. Esto se debe a que la actualización se realizaba a partir de la ley de movilidad jubilatoria, suspendida por el Gobierno al inicio de su mandato.

El proyecto propone un incremento de 35,3% tanto para las cuotas como para las escalas del Monotributo. Dicha cifra va en línea con el aumento total que tuvo la jubilación mínima a lo largo de 2020. De esta manera, el tope de ingresos anuales y las cuotas mensuales por categoría serán las siguientes:

A su vez, otra posibilidad estipulada en el proyecto consiste en que que se tendrán por cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive los requisitos de permanencia en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, a excepción de aquellos contribuyentes que hayan excedido en más de un 25% el límite superior anual establecido para la categoría máxima aplicable para su actividad. Dichos contribuyentes podrán optar por continuar en el Régimen pagando un monto adicional, detrayendo el pago de la categoría máxima con el pago de la categoría que tiene al momento de excederse del 25% establecido. La diferencia es el adicional que se pagaría como multa para no quedar afuera.

La iniciativa oficialista comprende mecanismos tanto de carácter permanente como transitorios para el tránsito del Régimen simplificado al Régimen General. Dentro de los mecanismos transitorios se destacan:

• Régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes que se encuentren en situación de exclusión, pero permanecen inscriptos en el Régimen Simplificado.
• Beneficio para pequeños contribuyentes cumplidores (que cumplieron con la exclusión o renuncia).
• Se establece un procedimiento transitorio de acceso al Régimen General.

Los mecanismos permanentes (procedimiento permanente de transición al Régimen General y régimen voluntario de promoción tributaria del Régimen General) poseen una doble finalidad: atenuar la carga tributaria de la transición y establecer un tratamiento diferencial a los contribuyentes que adhieren voluntariamente respecto de quienes lo hagan bajo amenaza de la AFIP.

Al igual que en la mayoría del 2020, la corrupción sigue siendo la preocupación más mencionada entre los problemas que afectan al país. Si bien esta reacción de una parte del electorado opositor no es novedad, que la corrupción lidere el ranking llama la atención cuando se tiene que en cuenta que el relevamiento se realiza en medio de una inédita crisis económica y sanitaria. Por ello, a quienes señalaron a la corrupción como la problemática más destacada, se les repreguntó cuál era para ellos su segunda preocupación principal: allí la mayoría de las respuestas se volcaron a las problemáticas económicas.

Resulta interesante destacar que, entre quienes eligen a la corrupción como principal problemática, a la hora de elegir una alternativa el 39,2% eligió la inflación, mientras que un 18,5% al desempleo. Así, las preocupaciones económicas representan al 59,5% de menciones (de no contabilizarse la corrupción como opción).

Uno de los aspectos centrales de la capacidad del Gobierno para administrar las expectativas de la población reside en la confianza que la sociedad tenga en éste para resolver los problemas que afectan al país. Actualmente (gráfico de la derecha), los niveles de confianza que el pueblo tiene en que el Gobierno pueda resolver los problemas del país han caído a niveles muy bajos: solo el 20% tiene total o bastante confianza, mientras que un 70% señala que tiene poca o nada de confianza.

Cuando se pregunta de manera retrospectiva cuál era la confianza que se le tenia al Gobierno para resolver los problemas del país al inicio del ciclo (gráfico de la izquierda), se puede observar el deterioro sufrido en este primer año de mandato. Mientras un 42,8% señaló haber tenido total o bastante confianza en el Gobierno al comienzo de ciclo, otro tanto (42,1%) indicó que al inicio de este ciclo tenía poco o nada de confianza. Si al comienzo un 42,1% tenía poco o nada de confianza, hoy ese porcentaje asciende a 72,1%.

La evolución de la situación económica jugó un rol central en dicho deterioro de la confianza en la capacidad del Gobierno para resolver las principales preocupaciones de la sociedad. En sintonía con ello, en Enero se registró una nueva caída en la valoración positiva del desempeño del Gobierno, que lo deposita en el nivel más bajo de la serie (30,1%). Paralelamente, se dio un nuevo incremento de la valoración negativa (58,6%), posicionando a la administración de Alberto Fernández con un diferencial negativo de 28,5 p.p., muy lejos de los elevados diferenciales positivos registrados al inicio de la pandemia.

Mas allá de la calidad de la gestión económica y sanitaria que el Gobierno pueda llegar a tener, es inexorable identificar a la pandemia del Covid-19 como una variable independiente para analizar el futuro del escenario político.

La pandemia fue y es un evento que condicionó de manera directa la economía y de manera indirecta a la política. Resulta lógico afirmar que la forma en que ésta se retire del escenario y deje de ser un factor de influencia decisivo determinará la evolución del escenario económico-político.

Si el modo en que se termina con la pandemia es mediante una vacuna, la forma y los tiempos en que se la consiga y las dosis suficientes serán críticos para poder evaluar cómo evolucionará el escenario político en el corto plazo. Por este motivo, la búsqueda de las vacunas para poder lograr niveles de inmunización de la población suficientes para dominar la situación sanitaria se ha vuelta un objetivo político crítico para el Gobierno.

Según las estimaciones del Ejecutivo, que surgen del Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid, se requieren unas 54 millones de dosis para aplicar a unas 24.000.000 de personas en grupos de poblaciones estratégicos. El cálculo del número de dosis necesarias surge al considerarse que el esquema consta de la aplicación de dos dosis. A su vez, se contempla una tasa de pérdida (habitual) estimada de 15%, según informa el propio Gobierno.

Si bien son estimaciones que no tienen la certeza de que las dosis estarán en tiempo y forma, las previsiones contractuales que actualmente tiene el Gobierno argentino de disponibilidad de dosis no garantizarían las dosis suficientes para atender a toda su población. Una gran parte depende de la producción de la vacuna del Instituto Gamaleya (es decir, la vacuna Sputnik V) y del desarrollo de la vacuna de AstraZeneca-Oxford. Estas son las dos vacunas con algún tipo de respaldo contractual que ostenta el Gobierno hoy en día. Como consequencia, no está garantizado que pueda tener todas las herramientas necesarias para controlar la situación sanitaria en el primer semestre del año.

En definitiva, el modo en que desaparezca la pandemia como variable de incidencia económica y política, es decir, la forma en que se pueda inmunizar a la población (con vacunas efectivas y cantidad de dosis necesarias), determinará cómo se recuperará la economía. El corolario de dicha resolución se verá reflejado en las condiciones en las que el Gobierno enfrentará el desafío electoral. Todo lo mencionado es independiente del desempeño del Gobierno en materia económica y sanitaria, desempeño que, de ser negativo, agravará sus perspectivas electorales lógicamente.

El 2020 será el tercer año de caída de salario real. La pandemia agravó la complicada dinámica de ingresos mediante la destrucción de empleo. Si bien se logró retomar el proceso paritario luego de la pandemia, la atención comienza a centrarse en la inflación de 2021.

En la recta final del 2020 muchos gremios, haciendo uso de sus cláusulas de revisión fijadas en sus respectivos acuerdos paritarios, lograron recomponer lo que parecía imposible durante los meses más difíciles del año. Gremios como la UTA (BA), UOCRA, Bancarios, Camioneros, Alimentación y Sanidad terminarán el 2020 por encima de la evolución del IPC (comparado a igual período con su convenio). Un escalón más abajo se encuentran SMATA, Comercio, Luz y Fuerza, y UOM, que terminarán en línea con la inflación. Los principales perdedores del 2020 son Gastronómicos, Estatales y Ferroviarios.

Tal como se mencionó, el 2020 terminará siendo el tercer año consecutivo de caida del salario real. Este dato es el más difícil para el universo sindical que ahora pretende revertir esa secuencia en 2021. Por ello, mira con mucha atención el comportamiento de la inflación, que será clave para saber si finalmente el objetivo de recuperar parte de lo perdido se puede empezar a lograr en el año entrante.

Sin embargo, la atención de los principales gremios no está exclusivamente abocada a una posible aceleración inflacionaria que impida una recuperación del salario real en el corto plazo: la reformulación del sistema de salud también está en la agenda principal de los sindicatos (y del Gobierno).

La pandemia terminó de poner como prioridad algo que venía latente de años anteriores: la necesidad de repensar el sistema de salud y, particularmente, el sistema de obras sociales a causa del cuantioso déficit que acarrea. Solo por cumplir la cobertura que exige el Programa Médico Obligatorio (PMO), las obras sociales registran un déficit de unos 1.500 millones de pesos mensuales.

Pandemia mediante, el Gobierno ha asistido a las obras sociales en un contexto donde los aportes se redujeron por el impacto que la crisis sanitaria tuvo sobre el empleo. La asistencia fue principalmente por dos vías. En primer lugar, mediante Aportes del Sistema Único de Reintegros (SUR) que provienen del Fondo Solidario de Redistribución para la cobertura de tratamientos de alta complejidad, los cuales sumaron casi $ 24.000 millones de pesos a lo largo del 2020, duplicando lo entregado en 2019. En segundo lugar, mediante aportes para cubrir la caída en las recaudaciones de cada obra social por la pandemia, donde se llevan girados a las obras sociales más de $ 5.000 millones de pesos.

La sostenibilidad financiera del sistema de salud y de obras sociales es y será un tema de debate en el corto plazo. Los sindicatos son los primeros interesados en discutir estos temas con el Gobierno. De hecho, a mediados de este 2020 la CGT le presentó al Gobierno un documento con algunos puntos que creían debían ser modificados mediante una ley para darle sostenibilidad financiera al sistema. Resta saber hasta dónde llegará el Gobierno con una reforma más profunda del sistema para así darle respuesta a un reclamo histórico de la CGT: atender la salud financiera de sus obras sociales.

Imagen de Gobierno

El Gobierno cumple este mes un año de mandato y los indicadores de imagen cierran el año de manera negativa.

Al igual que en Octubre, la valoración positiva del desempeño gubernamental se ubicó en el valor más bajo desde que inició la gestión del Frente de Todos: 32,7%. Por su parte, la valoración negativa llegó al 55%, el nivel más alto del 2020.

La foto de fin de año se muestra alejada de aquellos valores de abril, hacia inicio de la pandemia, donde el Gobierno lograba tener una imagen positiva por encima del 64% y una imagen negativa en torno a los 17p.p.

Preocupaciones sociales

Las principales problemáticas que inquietan a la sociedad argentina continúan moviéndose en sus respectivas tendencias.

La preocupación por la corrupción sigue siendo la más mencionada y se ubica en un 32% y continuará oscilando en el primer lugar en torno a estos valores. Por otro lado, la preocupación por la salud continúa su sendero bajista, ubicándose en el cuarto lugar en el ranking de diciembre con tan solo un 9.4%. Lógicamente, estos valores siguen siendo muy superiores a los valores promedio que se observaban prepandemia.

Las variables económicas (inflación y desempleo) se ubican en torno al 45% de forma conjunta, lo cual indica que la situación económica es la principal preocupación de la población. Particularmente, la inquietud por la inflación exhibe un aumento sostenido desde el mínimo en agosto (rondaba el 10%), momento en el cual la cuarentena estricta en AMBA terminó de hecho y el IPC INDEC comenzó a acelerarse.

Perspectivas a futuro

Las expectativas continúan desarrollando una especie de rebote. Los niveles de optimismo se encuentran muy cerca de aquellos niveles al momento de la asunción de Alberto Fernández. Sin embargo, las expectativas negativas continúan en niveles altos: un 54,9% cree que la situación económica del país empeorará en el lapso de los próximos doce meses, mientras que un 39,2% cree que su situación económica personal empeorará en un año.

El Frente de Todos es una coalición conformada por necesidad más que por afinidad. Su naturaleza es inestable (se conformó tres meses antes de la elección primaria de 2019) y convive con tres grandes tensiones que condicionan su accionar frente a los desafíos políticos y económicos que tiene por delante.

La primera de ellas es la tensión económica. El FDT tiene la disyuntiva de ordenar la macroeconomía y distribuir recursos satisfaciendo la demanda social. En el primer caso un ajuste en las cuentas públicas es condición necesaria para un crecimiento genuino y sostenido en el tiempo. El segundo, implica responder al mandato electoral de “llenar la heladera, prender la parrilla y encender la economía” en un contexto social desesperante con más del 40% de la población sumida en la pobreza.

La segunda tensión es la judicial y se encuentra directamente asociada con la génesis de la Coalición. La figura central que sostiene el poder real del oficialismo (sus votos) cedió el poder formal para garantizar el triunfo electoral, con el objetivo de revertir su delicada situación judicial en las múltiples causas que la involucran. A partir de la victoria en las urnas, CFK reclama resolver sus problemas judiciales. Sin embargo, el presidente entiende que buena parte de la sociedad monitorea su accionar para determinar si él interfiere en dichos procesos para garantizar la impunidad de los acusados o facilita que se haga justicia sin interferencia alguna.

Si el desafío económico-social y judicial es retador, se vuelven más desafiantes aún cuando se analizan las condiciones políticas. Por esto, en tercer lugar se encuentra la tensión política, la cual no se debe a una situación carente de condiciones de Gobernabilidad, sino por tratarse de una Gobernabilidad carente de liderazgo político.

Un ejemplo de esto es lo sucedido con los cambios en la ley de movilidad jubilatoria. En línea con las demandas del FMI a la hora de renegociar la deuda, en 72 horas el Senado cambió una decisión que le tomó casi un año formularla a Alberto Fernández.

Si bien el FDT cuenta con fuertes mayorías en el Congreso, apoyo de todo el arco sindical, movimientos sociales, mayoría de los Gobernadores y legitimidad popular, la gobernabilidad no está bajo el comando de AF. Aún más, pareciera que para tener el apoyo de toda la coalición debe negociar puertas adentro cada una de las decisiones a tomar. Incluso existen situaciones donde ni siquiera puede hacerlo, como por ejemplo los recientes cambios en la ley que modifica la movilidad jubilatoria.

La cuestión de fondo que radica en determinar si la Coalición de Gobierno será una continuidad del Frente para la Victoria, o si se trata de un proceso político que busca construir una nueva identidad que tenga matices con muchos de los aspectos identitarios del FPV que gran parte de la sociedad rechazó en su momento.

Estas definiciones aún no saldadas entre los miembros de la coalición contribuyen a que el público comience a mirar a este proceso político con más dudas que certezas, con más interrogantes que respuestas.

Buscando canalizar la puja distributiva que comienza a tener lugar en el plano político pasados los meses más complejos de la pandemia, el Gobierno nacional se apresta a lanzar el demorado Consejo Económico y Social. Intentará lanzarlo aún sin una ley que le de una mayor institucionalidad, no solo a causa de una creciente puja distributiva, sino que también apunta a dar respuesta a los reclamos de la CGT.

El título de la carta publicada el 11 de noviembre por el Consejo Directivo de la entidad gremial es determinante: “La pandemia no terminó”. En el documento se detallan fuertes críticas a las medidas de ajuste fiscal (suspensión del IFE, cambios en la movilidad jubilatoria, etc.) que el Ministerio de Economía ha anunciado en las últimas semanas. Vale la pena recordar que dicho “giro hacia la ortodoxia” en la orientación de la política económica se da en el marco de las renegociación de la deuda con el FMI.

Ante la crítica de la confederación gremial, el Gobierno tomó tres principales medidas. Prorrogó la prohibición de despidos por 60 días más, extendió la doble indemnización hasta el 25 de enero y anunció que evalúa lanzar el Consejo Económico y Social sin esperar la ley para ponerlo a trabajar en la agenda pospandemia.

Sin embargo, la tensión en la relación entre el oficialismo y los principales referentes de la CGT no quedó en evidencia únicamente con la mencionada carta. También fue notoria la ausencia del sindicalismo cegetista en las marchas del 17 de noviembre en apoyo del aporte a las grandes fortunas (día en que sí movilizó el moyanismo), por ejemplo.

Otra de las señales que emitió el Gobierno este último mes se relaciona con la difícil realidad financiera que atraviesan las obras sociales. En noviembre se le giraron a éstas más recursos para cubrir el desfasaje en la recaudación que están teniendo como consecuencia de la pandemia, las suspensiones y la destrucción de empleo. Fueron 1.000 millones de pesos en concepto de adelanto.

Por último, no solo hubo un apoyo financiero. El Gobierno intenta avanzar en una ley complementaria que atienda la problemática del desfinanciamiento que sufren las obras sociales. Los gremios, por su parte, reclaman un aumento de la cápita mensual que abonan los monotributisas y, a su vez, quieren definir la obligatoriedad del pago por parte de todo el grupo familiar.