Category: Política

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, encabezado por el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, resolvió en un encuentro virtual un aumento del 35% sobre el actual Salario Mínimo, Vital y Móvil (S.M.V.M.).

El aumento será en siete tramos y provocará que el ingreso mínimo hacia febrero 2022 se eleve a la cifra de $29.160 pesos. Los integrantes del Consejo, dirigentes sindicales de ambas centrales (CGT y CTA) y representantes del sector empresario acordaron el pago de un 9% en abril, 4%, 4%, 3%, 5%, 5% y un 5% final en febrero de 2022. Este acuerdo incluye una cláusula de revisión en septiembre para evaluar cómo avanzó la inflación en relación a este esquema de aumentos del salario mínimo.

Evolución del SMVM y sus impactos

En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo evolucionará el SMVM mes a mes (de no haber una revisión que eleve las actualizaciones si la inflación supera lo proyectado):

¿Qué impactos tendrá la actualización del salario mínimo?

• Haberes jubilatorios. El nuevo SMVM determina las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes deben ser, como mínimo, equivalentes al 82% de ese salario mínimo. Pero hoy el haber jubilatorio mínimo está por encima de esa vara, motivo por el cual no habrá un impacto en este segmento.
• Programa Potenciar Trabajo. Los montos de este programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se actualizan con el salario mínimo. El programa tiene una carga horaria de media jornada y retribuye el 50% del salario mínimo. Actualmente, otorga $ 10.800, por lo que la actualización sí impactará en este segmento.
• Becas PROGRESAR. En este programa de becas para estudiantes, el salario mínimo vital y móvil funciona como tope. El beneficiario, menor de 24 años, lo cobra si su familia gana menos de tres salarios mínimos. El tope aumentará con el incremento del salario mínimo previsto en el acuerdo.
• Trabajadores informales. El salario mínimo vital y móvil actúa como referencia para el sector informal. En sectores como el textil y el hotelero, que suelen tener remuneraciones más bajas, suelen utilizarlo como guía para sus negociaciones paritarias. La actualización impactará de forma indirecta en los trabajadores informales.
• Seguro de desempleo. En este caso, la prestación por desempleo tendrá en los próximos meses el mismo incremento porcentual que el acordado para el SMVM. Esto implica que el subsidio que hoy se paga en un rango que va de $6.000 a $10.000, pasará a uno de entre $ 8.100 y $ 13.500 pesos.

Conclusiones

El aumento previsto por este acuerdo determinará que, a principios de febrero de 2022, el monto del salario mínimo vital y móvil habrá aumentado un 72,8% con relación al nivel que registraba al comienzo del ciclo del Frente de Todos. Este nivel de actualización seguramente quedará por debajo de la inflación acumulada en los años 2020 y 2021. Incluso, de cumplirse el cada vez menos probable 29% de inflación previsto en el Presupuesto 2021, el SMVM habrá quedado rezagado del aumento de los precios al consumidor.

La revisión prevista para septiembre cobra una gran relevancia. Allí podría estar la oportunidad para que el salario mínimo no se rezague mucho más respecto al avance de la inflación, algo necesario si se contempla que durante el período 2015-2019 el SMVM perdió casi un 25% de su valor ya que en dicho período aumentó 201,9% frente a una inflación acumlada del 300%.

Luego de la aprobación de una Ley para elevar el mínimo no imponible, el Gobierno envió un nuevo proyecto de ley que busca modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se buscan establecer nuevas alícuotas que determinan lo que deben pagar las sociedades comerciales.

El proyecto del Ejecutivo tiene por objetivo compensar parcialmente el mayor gasto que el Estado asumirá por la elevación del mínimo no imponible a $150.000 para personas físicas, sancionado recientemente.

Antecedentes del impuesto a las ganancias para sociedades comerciales

Hasta el año 2017, en la Argentina las sociedades pagaban por el Impuesto a las Ganancias una alícuota del 35% sobre los beneficios. A su vez, en su carácter de personas humanas, los accionistas estaban alcanzados por un 10% adicional sobre los dividendos distribuidos, desde que rige la Ley N° 26.893 y hasta el año 2016.

Con la reforma tributaria de 2017 se estableció una reducción gradual de la alícuota societaria combinada con un impuesto cedular sobre las utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas y beneficiarios o beneficiarias del exterior, de acuerdo con lo siguiente:

Mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones se suspendió por un año la reducción en la alícuota de beneficios empresariales que debía regir a partir del período fiscal 2020. En consecuencia, hasta los ejercicios iniciados el 31 de diciembre de 2020 estuvo vigente la alícuota empresaria del 30% y la alícuota del 7% sobre los dividendos distribuidos.

¿Cuáles son las disposiciones del proyecto actual?

La iniciativa propone modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, para reducir las alícuotas que deberán pagar las sociedades comerciales. Se propone una estructura de alícuotas escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada:

– Un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones.
– Un segundo escalón de 30% para ganancias netas acumuladas de entre $5 millones y $20 millones.
– Un tercer escalón de 35% para ganancias netas cumuladas superiores a $20 millones.

Según el Gobierno, este esquema permitirá reducir el impuesto que pagarán las empresas de menores beneficios y mantenerlo para las de un tramo intermedio (que quedan en 30%), mientras que solo se aumentará para empresas con mayores beneficios. Con este nuevo esquema el 90% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020.

El artilugio que esconde la decisión del Gobierno

No debe pasar por desapercibido que la rebaja para el 90% de las empresas anteriormente mencionada es posible gracias a que la rebaja a 25% se había congelado en 30% a comienzos de 2020. Es decir, el Gobierno suspendió previamente una rebaja y ahora la otorga promocionando la decisión. De esta manera, habría que interpretar la decisión de la siguiente forma:

En definitiva, el proyecto retoma la baja prevista por la reforma fiscal de 2017 solo para quienes facturan hasta $ 5 millones. Para el resto, las alícuotas se mantienen (para el caso de los que facturan entre $ 5 y $ 20 millones) o se incrementan (para los que facturan más de $ 20 millones).

 

El presente artículo es un extracto del Panorama Legislativo que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

La preocupación por la inflación continúa liderando la lista de preocupaciones ciudadanas con un 33,7%. Ante el preocupante dato de marzo, en los primeros tres meses del año la evolución del IPC INDEC acumula un 13%. En respuesta, esta semana el Jefe de Gabinete ordenó a la AFIP que refuerce los controles de precios y el programa de precios máximos, movimiento que deja entrever la preocupación y la desorientación del Gobierno a la hora de encarar esta problemática.

La segunda variable más mencionada en nuestro relevamiento de opinión pública continúa siendo la corrupción. Debe tenerse en cuenta que dicha variable proviene mayoritariamente de los sectores de la población opositores al Gobierno. En tercer lugar se ubica el desempleo con un 15,6% de las respuestas: esto implica que las preocupaciones económicas en su conjunto (inflación y desempleo) lideran ampliamente el ranking.

Si desagregamos las preocupaciones según al voto de la elección presidencial del 2019, podemos notar que la preocupación principal de los votantes oficialistas es económica: el 39.2% ubica a la inflación como máxima preocupación y un 21.1% hace lo propio con el desempleo. Por otro lado, quienes votaron al espacio conducido por Mauricio Macri en 2019, vuelcan su máxima preocupación a la corrupción, ubicándola en un 52%.

Por último, ordenamos las urgencias según la ciudadanía en cuatro variables de la agenda. Un 61.4% atendería con urgencia la crisis económica, mientras que un 21.4% se abocaría a la pandemia. La inseguridad y las reformas judiciales quedan completamente relegadas. Al Gobierno le costará muchísimo la elección legislativa de este año si la economía no logra rebotar algunos puntos.

Como lo hicimos a lo largo del año 2020, volvimos a preguntarle a la gente si en estas circunstancias le preocupa más el coronavirus o su situación económica. Nuevamente, no observamos grandes cambios de lo registrado en noviembre del año pasado. Un 64,4%, respondió que le preocupa más su situación económica, y un 33,7% que le preocupa más el coronavirus. La evidencia sugiere que pareciera haber habido un proceso de asimilación de la situación sanitaria, dando lugar a una mayor preocupación por las consecuencias económicas de un fenómeno que pareciera estar dado y sin solución hasta no tener vacunas.

Dado que más de 3 de cada 5 personas se encuentran más preocupadas por la situación económica que la sanitaria, les preguntamos si están o no de acuerdo con la siguiente afirmación: “Estoy dispuesto a asumir el riesgo de contagio antes que perder mi fuente de ingresos” El 52,8% señaló estar Total o Bastante de acuerdo con esa frase, mientras que el 21,1% indicó estar Total o Bastante en desacuerdo. Los números, claramente, muestran una mayor preocupación por la fuente de ingresos que por el riesgo de contagio del virus.

Por último, a la hora de evaluar la predisposición de la sociedad a enfrentar medidas de confinamiento, un 35,5% señaló que lo justo y razonable es no tener ningún tipo de confinamiento, un 49,2% que lo justo y razonable es algún tipo de confinamiento, y solo un 10,3% cree que lo justo es un confinamiento total.

El presente artículo es un exctracto del Panorama Mensual de Opinión Pública elaborado por Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

 

 

Lentamente comienzan a avecinarse las elecciones de medio término. Allí, el Gobierno tiene un objetivo práctico (ganar la mayor cantidad de bancas) y uno simbólico (ganar la elección). Precisamente, ambos dependen en gran medida del resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires.

Fue en el bastión actualmente oficialista donde el oficialismo se alzó con el triunfo en la elección presidencial logrando una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales. Dos años después, buscará repetir ese mismo resultado o, al menos, uno que se le asemeje. Si bien una primera mirada sobre la situación electoral en la provincia nos indica una ventaja del Frente de Todos, la situación difiere claramente de la magnitud observada en 2019.

En un estudio realizado entre los días 3 y 7 de marzo, observamos una intención de voto para el oficialismo de 34,6%, mientras que para Juntos por el Cambio resultó del 27,9%. Por su parte, relevamos una intención de voto a un espacio peronista no oficialista de 7,1% y la correspondiente a un espacio de derecha de 6,3%.

A partir de lo sucedido en elecciones anteriores, la ventaja que se observa a favor del Frente de Todos no pareciera ser una ventaja de confiar. Esto se debe principalmente a que hay terceras y cuartas fuerzas que podrían ver centrifugados sus votos, sufriendo una migración del voto útil hacia las dos principales fuerzas, pudiendo cambiar el resultado. Además, aún se observa un alto nivel de indecisos que también podrían modificar los resultados de la elección de sostenerse las presentes intenciones de voto.

La diferencia observada también invita a pensar que el timing de la elección y la forma del calendario electoral podrían volverse estratégicos para el resultado. En estos pequeños, pero no menores, detalles podría definirse la elección que actualmente presenta más incertidumbres que certezas y donde, obviamente, jugará un papel determinante la definición de candidaturas.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.

Tan solo un gremio firmó paritaria anual en el primer trimestre del año

Con una inflación acumulada del 7,8% en el primer bimestre del año, y con una perspectiva para nada optimista de cara al dato de marzo, se retrasan los acuerdos de paritarias anuales.

La mayoría de los grandes gremios insiste con sentarse a negociar sus nuevos acuerdos. No obstante, hasta ahora el único gremio que cerró una paritaria anual fue el bancario (29%) con cláusula de revisión. SMATA también hizo lo propio, aunque vale la pena destacar que firma de manera sistemática acuerdos trimestrales.

El gobierno promueve el discurso oficial en el que intenta explicar que la elevada inflación del primer trimestre se encontraba dentro de sus proyecciones. Argumentan que se debió principalmente a fenómenos estacionales. Sin embargo, los gremios comenzaron a desconfiar hace varias semanas de dicho análisis. En este contexto, es muy difícil creer que los gremios negociarán respetando la pauta oficial que el Gobierno había propuesto.

¿Cómo se encuentran posicionados el resto de los grandes gremios de cara a las actualizaciones salariales del 2021?

• SMATA. Los mecánicos firmaron el primer tramo de su paritaria 2021 con un 13.3%. Cerraron el 2020 apenas por debajo del IPC.

• UTA. Los choferes negociaron aumentos no remunerativos equivalentes a $15.000. Fueron de los pocos gremios que finalizaron el 2020 apenas por encima de la inflación.

• COMERCIO. El gremio cerrará su acuerdo 2020 cobrando un 7% mensual hasta marzo y en abril deberán negociar su siguiente acuerdo.

• LUZ Y FUERZA. La regional de Córdoba terminó el 2020 apenas por debajo de la inflación y ya no tiene aumentos pactados.

• UOCRA. Uno de los gremios que peor cerró el 2020, percibió un aumento del 8% pactado para febrero.

• FERROVIARIOS. Los ferroviarios cerrarán su acuerdo 2020 en marzo, cobrando un 18% que probablemente les recompondrá las pérdidas.

• UOM. La UOM percibió, entre enero y febrero, todo lo perdido en 2020. Se encuentra negociando su paritaria y en ese marco se llevaron a cabo dos reuniones en las cuales los representantes sindicales manifestaron su intención inflexible de firmar 35% en 3 cuotas con revisión en el mes de noviembre. Pese a la insistencia de las entidades empresarias de buscar puntos de encuentro, se levantó la reunión, a la espera de la audiencia prevista para el miércoles 7 de abril con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

• UPCN. Los más golpeados: su convenio vence en mayo y con los aumentos pactados no será suficiente para recuperar.

• CAMIONEROS. Con su paritaria semestral firmada, su acuerdo contempla dos aumentos más. Terminarán en línea con el IPC.

• GASTRONÓMICOS. Lograron firmar su paritaria y recomponer gran parte de las pérdidas. Aún les queda percibir un 22%.

• ALIMENTACIÓN. Uno de los mejor parados frente a la evolución del IPC, ganó puntos en 2020 y aún le queda otro aumento.

• SANIDAD. El gremio perdió algunos puntos el año pasado, pero con los aumentos pactados para principio de 2021 podría recuperarlos. El gremio exige la reapertura de las paritarias para los convenios que comprenden a los trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales, instituto de diagnóstico, laboratorios de análisis clínicos, servicios de emergencias, institutos psiquiátricos e institutos geriátricos. A través de un comunicado anunciaron un plan de lucha en reclamo por los salarios y con el objetivo de lograr una recomposición.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Sindical” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para clientes de Ecolatina.

En una sesión particular celebrada un sábado, Diputados dio media sanción a una serie de proyectos entre los cuales se encontraban dos iniciativas que buscan mejorar los ingresos de sectores medio y medios altos de cara a la campaña electoral: las modificaciones en el monotributo y la suba del piso del impuesto a las ganancias.

Ambos proyectos fueron votados casi por unanimidad y ahora deberán ser revalidados en la cámara alta. Se aguarda por un trámite exprés de los mismos: el oficialismo espera ansiosamente la sanción de ambas leyes para ser exhibidas como logros en el marco de la campaña electoral.

¿Cuáles son las principales disposiciones de la modificación del impuesto a las ganancias?

Elevación del mínimo no imponible. Para trabajadores en relación de dependencia, se establece un nuevo “piso” a partir del cual se pagará el impuesto. De esta manera, la ganancia neta sujeta a impuesto será́ igual a cero para los sujetos cuya remuneración mensual –sin considerar el SAC-, no supere la suma de $ 150.000 brutos. La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social). Vale la pena destacar que será́ retroactivo al 1 de enero de este año. El proyecto exime del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

Mínimo no imponible para jubilaciones. Complementariamente, para el caso de los jubilados, la deducción específica se eleva al equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados -actualmente, en 6-. Esto implica que los jubilados comenzarán a pagar a partir de 8 veces el haber mínimo. Para acceder al beneficio de no pagar Ganancias, la ley establece que un jubilado no puede tener otros ingresos distintos a los de la jubilación.

Deducciones especiales. Se faculta a la AFIP para fijar una deducción especial para las remuneraciones superiores a los $150.000 y hasta $173.000 para evitar saltos abruptos en escalar por las deducciones del impuesto.

Otras disposiciones. La nueva ley le permitirá deducir el impuesto a los concubinos. Se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. Además, permite la deducción de gastos de movilidad liquidados en el recibo de sueldo hasta un 40% de la ganancia no imponible. Particularmente, si se trata de transporte de larga distancia, el tope es de 100%. Quedarán exentos del pago del impuesto los ingresos en concepto de provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones y otorgamiento de pagos por capacitación. Por último, el personal de Salud queda eximido del impuesto a las Ganancias por guardias u horas extra hasta septiembre.

Media sanción a las modificaciones en el monotributo: principales disposiciones

El proyecto dispone la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando se apruebe el proyecto.

Por su parte, el proyecto también facilita la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas.

Para aquellos monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021. Respecto a quienes superaron ese monto, deberán pasarse al régimen general y se establece una transición para que los contribuyentes puedan afrontar los pagos de Ganancias y de IVA. Además, en el primer año, podrán deducir el 50% del importe que le corresponde pagar de IVA. Las deducciones descienden a 30% en el segundo y a 10% en el tercero.

Para finalizar, resta mencionar un aspecto importante específico para la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” que unifica el pago de Ingresos Brutos con el Monotributo de AFIP. Así, Buenos Aires se suma a 7 jurisdicciones ya adheridas: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan y Salta.

El Gobierno de Alberto Fernández registró en marzo la peor valoración de la opinión pública desde el comienzo de su mandato. Entre las posibles causas se pueden ubicar el escándalo del Vacunatorio VIP, un discurso elevado de tono del presidente en el Congreso y el reposicionamiento de los temas judiciales (con la renuncia de Marcela Losardo al Ministerio de Justicia de por medio).

Como consecuencia de estos hechos, la imagen negativa del Gobierno se vio seriamente afectada y registra niveles inéditos desde su asunción. Específicamente, se registró una valoración negativa del desempeño gubernamental del 63,9%. En sintonía con el aumento de la imagen negativa, la imagen positiva se hundió al valor más bajo de la serie: tan sólo 27,1%. De esta manera, el diferencial negativo de la imagen del Gobierno se ubica en -36.8%, el más amplio del registro.

A su vez, la confianza de la opinión pública para con el manejo de la pandemia por parte del Gobierno también sufrió una caída significativa en marzo. Ciertamente, el resultado se vio influenciado en gran medida por el escándalo que se generó con la aplicación de vacunas a funcionarios y dirigentes amigos por parte de las autoridades sanitarias que culminó con la eyección del ministro Ginés González de su cargo. Así, el 58,1% de los encuestados desaprueba las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, mientras que un 29,7% evalúa positivamente la gestión sanitaria del Gobierno. Completa el cuadro un 12,2% que caracteriza a las medidas adoptadas por el Gobierno como “Regulares”.

El dato de marzo marca un quiebre respecto a la recuperación que habíamos registrado en febrero, luego de que a fines de enero se confirmara la efectividad de la vacuna Sputnik V, que había sido la gran apuesta del Gobierno, y de que el proceso de vacunación comenzara a tomar velocidad luego de la lentitud de principios de año. De esta manera, sigue habiendo un diferencial de casi 30 p.p. entre los que aprueban lo hecho por el Gobierno en materia sanitaria y quienes lo desaprueban.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama de Opinión Pública” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para clientes de Ecolatina.

Los discursos presidenciales de inauguración de las sesiones ordinarias suelen ser más que interesantes para entender la dinámica política, dado que allí se fijan las prioridades para la gestión. El discurso de este año se volvió aún más especial de lo habitual, dado que el presidente llegaba en un momento de elevada debilidad. Su imagen personal y la de su Gobierno se encontraban en el peor momento del ciclo. Para colmo, en simultáneo estallaba el escándalo más dañino para la reputación del oficialismo: el “Vacunatorio VIP”.

Con un discurso particular, Alberto Fernández mostró un tono más confrontativo del que mostraba al comienzo de su gestión. Particularmente, levantó algunas de las banderas que reclamaba Cristina Kirchner, tales como la judicialización de la deuda con el FMI, la ratificación de que las tarifas aumentarán según las posibilidades económicas de la sociedad y, por último, los cuestionamientos a la justicia.

Por el tono y el contenido, fue uno de los discursos más cercanos al kirchnerismo de Alberto Fernández. En términos de percepción de la opinión pública, probablemente haya contribuido a que la sociedad vea a Alberto Fernández más en sintonía con Cristina y a su Gobierno más parecido a lo que fue el Gobierno de su vicepresidenta.

La estrategia que denota el tono y el fondo del discurso del presidente es la de decir cosas que pudieran caer bien entre los votantes más convencidos del Frente de Todos que, además, son quienes reconocen el liderazgo de Cristina Kirchner. Pero no solo lo reconocen, sino que son quienes hoy sostienen su apoyo al Gobierno. Hacia ese público pareciera haber estado dirigido el discurso, con el objeto de fidelizar los apoyos que hoy el presidente conserva. Bajo esta lógica, la estrategia discursiva podría ser razonable.

Sin embargo, fue también un discurso que alejó a Alberto Fernández de una figura moderada, dialoguista y diferenciado de Cristina Kirchner: lo apartó así de un electorado más independiente, que hoy le quitó el apoyo y que difícilmente pueda volver a apoyarlo frente a una estrategia de radicalización de las posiciones. De hecho, entre los votantes del Frente de Todos, quienes creían que la coalición iba a ser distinta al Gobierno de Cristina Kirchner y actualmente hacen una lectura diferente, es donde el oficialismo retiene la menor cantidad de votos (solo el 14,7% de quienes creían que iba a ser distinto y lo ven parecido volvería a votar al oficialismo).

Otro de los aspectos que dejó el discurso fue la evidencia de que la política económica quedó subordinada a la estrategia electoral. La evidencia fue elocuente, porque la decisión del Gobierno de judicializar la deuda contraída con el FMI no puede ser leída sino como una confirmación de que el Gobierno decidirá postergar un eventual acuerdo con el organismo para después de las elecciones.Mala noticia para las negociaciones que está intentando encarar Martín Guzmán con el fondo, sobre todo porque el Gobierno busca penar judicialmente a quienes la contrajeron (es decir, a la oposición), en el momento en que el propio organismo está reclamando un acuerdo que tenga amplio apoyo de todo el arco político.

Lo cierto es que, a la luz del discurso del presidente, queda más claro que la política económica del Gobierno ya quedó subordinada a su estrategia electoral y se parece -y mucho- a las estrategias que utilizaban los Gobiernos de Cristina en años electorales: pisar las tarifas lo más posible, aumentar el gasto (sobre todo el que tiene destino en el consumo) todo lo posible dentro de las restricciones -o al menos no ajustar lo que el FMI quería-, y frenar al dólar para contener la inflación y para favorecer una percepción de recuperación del poder adquisitivo.

La vacunación ayudará a todo este proceso, en un contexto donde la unidad del peronismo está garantizada, porque nadie querrá sacar los pies del plato antes de corroborar que el plato sigue estando lleno o vacío (eso será después de las elecciones). Pero de las tres claves que el Gobierno cree que lo ayudarán a ganar la elección (la vacunación, la unidad del peronismo y la economía), esta última es decididamente la variable independiente.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para los clientes de Ecolatina.

Entre las curiosidades de que nos deja la pandemia, una bien llamativa es que de los últimos diez años, el 2020 terminó siendo el de menor cantidad de conflictos con paro según las estadísticas de conflictividad laboral del Ministerio de Trabajo, tal como puede verse en el siguiente gráfico.

Está claro que gran parte del dato se explica por la pandemia, que paralizó las actividades y también la conflictividad. Paradójicamente, 2020 fue el año de mayor caída de la actividad económica desde la debacle del 2002. En términos de cantidad de conflictos, el año cerró con 982. 554 se dieron en el ámbito público, apenas superando a los que tuvieron lugar en el ámbito privado (449).

La mayor conflictividad laboral en el ámbito público no es un nuevo fenómeno, es una tendencia que se ha repetido en los últimos 10 años. Queda aún más claro cuando se lo analiza en términos de huelguistas en paro según ámbito de actividad. Medido de esta forma, son considerablemente más los huelguistas estatales que los huelguistas del ámbito privado: en 2020, el 71,3% fueron del ámbito estatal, mientras que solo el 28,6% procedieron del ámbito privado.

Otro aspecto interesante de la conflictividad del año pasado fue el contraste entre los motivos de conflictividad según el ámbito de trabajo. Los trabajadores del Sector Público registraron una conflictividad por reclamos de mejora salarial considerablemente mayor que los del ámbito privado. Mientras que en el Sector Público en 2020 se registraron 225 conflictos con paro por mejoras salariales (el nivel más bajo de los últimos 10 años), en el ámbito privado solo 82 tuvieron lugar. Contrariamente, los conflictos motivados por la renovación de contratos o por despidos son mayoría en el ámbito privado, tal como se observa en los gráficos a continuación.

En definitiva, la conflictividad por ingreso sobresale en el ámbito estatal, donde tiende a haber mayor estabilidad laboral, mientras que la conflictividad por la estabilidad laboral sobresale en el ámbito privado, donde suele haber más riesgos de destrucción de empleo. Esta caracterización de las fricciones no llama la atención, sino que es propia de estos dos diferentes ámbitos de trabajo.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Sindical” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para los clientes de Ecolatina.

La encuesta mensual de opinión pública realizada por Synopsis Consultores en el mes de febrero observó un incremento más que significativo en la preocupación por la inflación.

Solo en el último mes la preocupación ciudadana por la frágil dinámica inflacionaria registró una suba de más de 10 p.p. El 37,7% de las personas encuestadas ubicaron a la suba generalizada del nivel de precios en el tope del ranking de sus preocupaciones cotidianas respecto al funcionamiento del país.

Sin duda, la aceleración a niveles del 4% en el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC en los últimos dos meses (diciembre y enero) fue uno de los motivos principales de los resultados obtenidos. En un segundo lugar se ubicó la corrupción, tal como puede verse en el gráfico.

No obstante, al repreguntarle a los encuestados que señalaron a la corrupción como la problemática más destacada cuál era para ellos la segunda problemática que más los preocupaba, la mayoría de las respuestas continúan volcándose en el frente económico y, particularmente, en lo que hace referencia en materia de precios.

De este modo, sin contabilizar a la Corrupción (que se trata de un reclamo más de tipo moral que práctico), las preocupaciones económicas ocupan el centro de la escena rotundamente. En febrero, la preocupación por la inflación y por el desempleo en conjunto alcanzaron niveles de casi el 70%, destacándose que la primera de éstas arroja niveles de preocupación no vistos desde diciembre del 2019.