Category: Política

Imagen de Gobierno

El Gobierno cumple este mes un año de mandato y los indicadores de imagen cierran el año de manera negativa.

Al igual que en Octubre, la valoración positiva del desempeño gubernamental se ubicó en el valor más bajo desde que inició la gestión del Frente de Todos: 32,7%. Por su parte, la valoración negativa llegó al 55%, el nivel más alto del 2020.

La foto de fin de año se muestra alejada de aquellos valores de abril, hacia inicio de la pandemia, donde el Gobierno lograba tener una imagen positiva por encima del 64% y una imagen negativa en torno a los 17p.p.

Preocupaciones sociales

Las principales problemáticas que inquietan a la sociedad argentina continúan moviéndose en sus respectivas tendencias.

La preocupación por la corrupción sigue siendo la más mencionada y se ubica en un 32% y continuará oscilando en el primer lugar en torno a estos valores. Por otro lado, la preocupación por la salud continúa su sendero bajista, ubicándose en el cuarto lugar en el ranking de diciembre con tan solo un 9.4%. Lógicamente, estos valores siguen siendo muy superiores a los valores promedio que se observaban prepandemia.

Las variables económicas (inflación y desempleo) se ubican en torno al 45% de forma conjunta, lo cual indica que la situación económica es la principal preocupación de la población. Particularmente, la inquietud por la inflación exhibe un aumento sostenido desde el mínimo en agosto (rondaba el 10%), momento en el cual la cuarentena estricta en AMBA terminó de hecho y el IPC INDEC comenzó a acelerarse.

Perspectivas a futuro

Las expectativas continúan desarrollando una especie de rebote. Los niveles de optimismo se encuentran muy cerca de aquellos niveles al momento de la asunción de Alberto Fernández. Sin embargo, las expectativas negativas continúan en niveles altos: un 54,9% cree que la situación económica del país empeorará en el lapso de los próximos doce meses, mientras que un 39,2% cree que su situación económica personal empeorará en un año.

El Frente de Todos es una coalición conformada por necesidad más que por afinidad. Su naturaleza es inestable (se conformó tres meses antes de la elección primaria de 2019) y convive con tres grandes tensiones que condicionan su accionar frente a los desafíos políticos y económicos que tiene por delante.

La primera de ellas es la tensión económica. El FDT tiene la disyuntiva de ordenar la macroeconomía y distribuir recursos satisfaciendo la demanda social. En el primer caso un ajuste en las cuentas públicas es condición necesaria para un crecimiento genuino y sostenido en el tiempo. El segundo, implica responder al mandato electoral de “llenar la heladera, prender la parrilla y encender la economía” en un contexto social desesperante con más del 40% de la población sumida en la pobreza.

La segunda tensión es la judicial y se encuentra directamente asociada con la génesis de la Coalición. La figura central que sostiene el poder real del oficialismo (sus votos) cedió el poder formal para garantizar el triunfo electoral, con el objetivo de revertir su delicada situación judicial en las múltiples causas que la involucran. A partir de la victoria en las urnas, CFK reclama resolver sus problemas judiciales. Sin embargo, el presidente entiende que buena parte de la sociedad monitorea su accionar para determinar si él interfiere en dichos procesos para garantizar la impunidad de los acusados o facilita que se haga justicia sin interferencia alguna.

Si el desafío económico-social y judicial es retador, se vuelven más desafiantes aún cuando se analizan las condiciones políticas. Por esto, en tercer lugar se encuentra la tensión política, la cual no se debe a una situación carente de condiciones de Gobernabilidad, sino por tratarse de una Gobernabilidad carente de liderazgo político.

Un ejemplo de esto es lo sucedido con los cambios en la ley de movilidad jubilatoria. En línea con las demandas del FMI a la hora de renegociar la deuda, en 72 horas el Senado cambió una decisión que le tomó casi un año formularla a Alberto Fernández.

Si bien el FDT cuenta con fuertes mayorías en el Congreso, apoyo de todo el arco sindical, movimientos sociales, mayoría de los Gobernadores y legitimidad popular, la gobernabilidad no está bajo el comando de AF. Aún más, pareciera que para tener el apoyo de toda la coalición debe negociar puertas adentro cada una de las decisiones a tomar. Incluso existen situaciones donde ni siquiera puede hacerlo, como por ejemplo los recientes cambios en la ley que modifica la movilidad jubilatoria.

La cuestión de fondo que radica en determinar si la Coalición de Gobierno será una continuidad del Frente para la Victoria, o si se trata de un proceso político que busca construir una nueva identidad que tenga matices con muchos de los aspectos identitarios del FPV que gran parte de la sociedad rechazó en su momento.

Estas definiciones aún no saldadas entre los miembros de la coalición contribuyen a que el público comience a mirar a este proceso político con más dudas que certezas, con más interrogantes que respuestas.

Buscando canalizar la puja distributiva que comienza a tener lugar en el plano político pasados los meses más complejos de la pandemia, el Gobierno nacional se apresta a lanzar el demorado Consejo Económico y Social. Intentará lanzarlo aún sin una ley que le de una mayor institucionalidad, no solo a causa de una creciente puja distributiva, sino que también apunta a dar respuesta a los reclamos de la CGT.

El título de la carta publicada el 11 de noviembre por el Consejo Directivo de la entidad gremial es determinante: “La pandemia no terminó”. En el documento se detallan fuertes críticas a las medidas de ajuste fiscal (suspensión del IFE, cambios en la movilidad jubilatoria, etc.) que el Ministerio de Economía ha anunciado en las últimas semanas. Vale la pena recordar que dicho “giro hacia la ortodoxia” en la orientación de la política económica se da en el marco de las renegociación de la deuda con el FMI.

Ante la crítica de la confederación gremial, el Gobierno tomó tres principales medidas. Prorrogó la prohibición de despidos por 60 días más, extendió la doble indemnización hasta el 25 de enero y anunció que evalúa lanzar el Consejo Económico y Social sin esperar la ley para ponerlo a trabajar en la agenda pospandemia.

Sin embargo, la tensión en la relación entre el oficialismo y los principales referentes de la CGT no quedó en evidencia únicamente con la mencionada carta. También fue notoria la ausencia del sindicalismo cegetista en las marchas del 17 de noviembre en apoyo del aporte a las grandes fortunas (día en que sí movilizó el moyanismo), por ejemplo.

Otra de las señales que emitió el Gobierno este último mes se relaciona con la difícil realidad financiera que atraviesan las obras sociales. En noviembre se le giraron a éstas más recursos para cubrir el desfasaje en la recaudación que están teniendo como consecuencia de la pandemia, las suspensiones y la destrucción de empleo. Fueron 1.000 millones de pesos en concepto de adelanto.

Por último, no solo hubo un apoyo financiero. El Gobierno intenta avanzar en una ley complementaria que atienda la problemática del desfinanciamiento que sufren las obras sociales. Los gremios, por su parte, reclaman un aumento de la cápita mensual que abonan los monotributisas y, a su vez, quieren definir la obligatoriedad del pago por parte de todo el grupo familiar.

Luego de muchas idas y vueltas, al conocerse la iniciativa del Gobierno de establecer un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI que posiblemente requiera cierta mesura en el gasto público, el oficialismo decidió someter a votación el proyecto de ley que establece un aporte solidario para las grandes fortunas.

El proyecto fue aprobado por una mayoría ajustada de 133 votos (apenas 4 más que el quórum). El apoyo del bloque Unidad Federal para el Desarrollo (liderado por José Luis Ramón), de una gran parte de los diputados de Consenso Federal y de dos diputados de JxC le facilitaron la obtención de la mayoría necesaria al oficialismo para aprobar el proyecto. Ahora, éste se dirige a la cámara de Senadores donde el Frente de Todos tiene una holgada mayoría.

¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta?

• Tasa y escala del aporte. Se prevé el cobro por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos. Se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% en la franja de 600 a 800 millones. Para patrimonios de entre 800 y 1500 millones, la tasa subirá al 3%. Entre 1500 y 3000 millones aumenta en 0,25 p.p. hasta el 3,25%. Finalmente, para fortunas mayores a los 3000 millones, la tasa será del 3,5%.
• Tributación para bienes en el exterior. Al total de bienes en el exterior se le tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondiera. Ahora bien, si la persona trae el 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas en el extranjero, el diferencial se elimina y pasa a pagar el impuesto como si tuviera todo su patrimonio en el país.
• Expectativa de recaudación y alcance. La AFIP espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año). A su vez, se prevé que el impuesto alcance a un universo potencial de 9.298 personas.
• Destino de la recaudación. Lo recaudado tendrá 5 destinos principales. Un 25% de la misma estará destinado a programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa. A su vez, se planea destinar en partes iguales un 60% de lo recaudado a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos sanitarios, subsidios a las PyMEs y a las becas del programa Progresar. Finalmente, el 15% restante será destinado al desarrollo de barrios populares.

Vale la pena destacar que aún resta saber si, luego de la aprobación legislativa, existirán aspectos reglamentarios que puedan hacen cambiar el alcance final del aporte. A su vez, los potenciales planteos judiciales respecto a una posible inconstitucionalidad del mismo podrían impedir que éste se vuelva efectivo.

Leve recuperación de las imágenes del Gobierno y del Presidente

A poco de cumplir un año de mandato, y mientras intenta encontrar una salida a la crisis socioeconómica fuertemente agravada por la pandemia, se produjo una ligera recuperación en la valoración del desempeño del Gobierno y del Presidente.

Habiéndose triplicado entre abril y octubre y con 7 meses de caída continua, la imagen negativa del Gobierno registró en noviembre una caída de -1,4 p.p. respecto al mes anterior, quedando así en 50,9%. La imagen positiva experimentó una leve suba de 2,7 p.p. quedando en 35,4%, dejando un diferencial negativo de -15,5 p.p.

Con respecto a la imagen del presidente, que también ostentaba 7 meses de continuo deterioro, en noviembre registró una leve recuperación. Ésta se explicó tanto por una caída en su imagen negativa (-2,8 p.p.) y una mejora en su imagen positiva (+1,6 p.p.). De todas formas, con una imagen positiva de 36,7% y una negativa de 52,3%, la imagen de Alberto Fernández sigue teniendo un diferencial negativo relativamente alto (-15,6 p.p.).

Se aplana la curva de casos, se empina la económica

Las situación económica empieza a concentrar gran parte de las menciones de las preocupaciones ciudadanas. En conjunto, la preocupación por la inflación y por el desempleo ya superan el 40%. De hecho, parte de la explicación del crecimiento de las preocupaciones económicas se explica por una caída de la preocupación por la salud.

A la hora de pensar en la situación actual del país comparada con la situación un año atrás, las respuestas son contundentes: el 73,6% afirma que la situación del país está peor ahora que hace un año, y apenas un 10,3% opina que la situación es mejor.

En cuanto a las expectativas sobre el futuro, tanto del rumbo económico del país como de la situación personal de los encuestados, en noviembre se registró una caída significativa del pesimismo. La combinación de un dólar más calmo y el descenso en la cantidad de casos diarios que indicarían que el pico de la curva ya quedó atrás, explicarían esta dinámica. Sin embargo, vale la pena remarcar que los niveles de pesimismo siguen en umbrales elevados: el 51% cree que la situación del país empeorará en un año y el 40% cree que su situación personal empeorará en un año.

El actual escenario político no presenta dificultades en términos de gobernabilidad. El reciente empoderamiento al presidente y al ministro no se deben a un problema de gobernabilidad, sino a uno de centralidad en la toma de decisiones.

Aún dejando de lado los errores no forzados (errores en las decisiones), hay ciertos condicionantes del proceso de toma de decisiones que han provocado errores en las decisiones tomadas. Principalmente, los condicionantes son dos: sociales y políticos.

Los primeros son propios de la situación socioeconómica y de un gobierno que prometía el fin del ajuste y se chocó con la pandemia. Los segundos son internos y consecuencia de la heterogeneidad de la coalición. El formato de la coalición de Gobierno, el contexto social y un particular tipo de liderazgo político consensual que ejerce Alberto Fernández, están provocando que, además de los errores no forzados, se estén cometiendo errores forzados por la falta de centralidad en la toma de decisión que caracteriza al actual proceso político.

El éxito en política está directamente relacionado con la capacidad de administrar correctamente los condicionantes de la realidad. Para ello, es esencial contemplar no solo los beneficios de una decisión, sino también los costos. Cuando los últimos superan ampliamente a los primeros, sostener una decisión deja de ser viable.

Esto es precisamente lo que hizo la vicepresidenta en su carta del 26 de octubre. Los objetivos explícitos de su comunicación ya han sido extensamente analizados: diferenciarse del rumbo de Gobierno, reconocer la autoridad de Alberto Fernández al frente de la coalición y legitimar al presidente como interlocutor del FDT para dialogar (negociar) con todos los actores.

Ahora bien, hay un cuarto objetivo implícito en su carta que se relaciona con el análisis costo-beneficio previamente mencionado y con el cambio (o intención de cambio, al menos) de rumbo en la política económica que se ha visto en las últimas semanas. CFK reconoció implícitamente que los condicionantes de la realidad estaban transformando la relación costo-beneficio de una política económica laxa en lo fiscal.

Los beneficios de una expansión fiscal que buscó evitar una ruptura total de la demanda interna comenzaban a ser ampliamente superados por las tensiones cambiarias. Las presiones propias del “bimonetarismo” de nuestra sociedad, amplificadas por las políticas económicas del gobierno, empezaban a poner en jaque la competitividad política del FDT de cara a la elección de medio término.

Por este motivo, la carta buscó darle más capacidad de acción al presidente y a Guzmán para llevar a cabo una política de mayor responsabilidad fiscal (léase, ajuste). Y aquí es donde toma sentido la diferenciación inicial que hace la ex-presidenta: no gobierno yo y “hay funcionarios que no funcionan”.

En definitiva, no es la gobernabilidad sino la centralidad. Y a ello apuntó la carta y apuntan las medidas recientes.

Es evidente que el proceso paritario del presente año no brinda una fotografía representativa de la dinámica laboral de nuestro país. Sin la irrupción de la pandemia hubiera sido impensable que se dieran, por ejemplo, negociaciones salariales nominales a la baja en un contexto de elevada inflación y suspensiones temporarias.

Por este motivo, la radiografía del proceso de negociación salarial ha sido heterogénea en distintas medidas. Entre las principales se encuentran subas salariales porcentuales por debajo de la inflación, bonos no remunerativos y aumentos de suma fija para las escalas de menores ingresos. Además, ha sido dispar en aumentos. UTA y Camioneros lideran el ranking con acuerdos por encima de la inflación (16,7% y 11,5% respectivamente), mientras que Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria y UPCN arrojan caídas en el salario real de hasta el 19,9% (paritarias 2019/2020 en comparación con el IPC INDEC). No obstante, datos del Ministerio de Trabajo dejan entrever una dinámica bastante homogénea en la gran mayoría de los acuerdos paritarios en convenios de alta cobertura (que abarcan a más de 10.000 trabajadores): una clara reducción en la duración de los contratos.

Del total de los trabajadores del sector privado registrado, más de 4.400.000 (73%) pertenecen a un convenio colectivo de alta cobertura. De este porcentaje, un 84% (aproximadamente 3,7 millones) lograron firmar un acuerdo paritario a fines de octubre. Ahora bien, tan solo 1,1 millones (30%) acordaron paritarias anuales, mientras que los 2,6 millones de trabajadores restantes firmaron acuerdos de menos de un año. Vale destacar que de estos últimos, únicamente 2 de cada 5 trabajadores tuvieron aumentos porcentuales, mientras que el resto experimentaron aumentos de sumas fijas. Este es un dato no menor si se considera que faltan tan solo 3 meses para finalizar el año con perspectivas de aceleración de la inflación en el corto plazo.

La preocupación no se encuentra únicamente asociada a los rezagados acuerdos salariales respecto de la inflación: también comienzan a florecer líneas internas en la propia CGT de cara a la renovación de autoridades. Originalmente planeada para el 2020, ésta fue postergada por la Secretaría de Trabajo para el 2021 por cuestiones sanitarias. En un contexto sumamente delicado para la economía y el gobierno, comienzan a emerger tres grandes líneas al interior de la confederación a pesar de la aparente unidad que ha acompañado desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. En primer lugar, el sector liderado por Hugo Moyano, que ha venido impulsando la reincorporación de sectores de la CTA a la CGT, crítico de la conducción actual y con Pablo Moyano como principal candidato para la conducción de la CGT. Luego, en el sector que formalmente lidera la CGT emerge la figura de Héctor Daer como principal candidato a la conducción, quien tiene un estrecho vínculo con el propio presidente. Finalmente, Carlos Acuña aparece como referente antikirchnerista (incluso criticado por el propio Máximo Kirchner por las suspensiones) quien, acompañado por Luis Barrionuevo, intenta mantener su disidencia respecto a las otras dos ramas.

Las divisiones internas en el universo cegetista son un claro reflejo de las posiciones que cada rama tiene respecto al Gobierno del Frente de Todos. Resulta difícil pensar que pueda emerger una unidad unipersonal representativa de las tres ramas sindicales y luce más probable que surja nuevamente una conducción tripartita, en paralelo con lo sucedido en 2016.

 

Sorprendido por una incertidumbre económica que no esperaba después de haber logrado acordar la reestructuración de la deuda pública en dólares bajo ley extranjera, el Gobierno intenta recuperar la confianza de los agentes económicos sobre el rumbo del país, con el Congreso como escena destacada. Con el Presupuesto 2021 como mascarón de proa, pero acompañado de una serie de iniciativas que atienden las diferentes necesidades del frente económico, el Gobierno transitará un final de período parlamentario signado por la agenda económica, donde se discutirán una serie de proyectos que buscarán apuntalar la salida de la crisis sanitaria y la eventual recuperación económica.

El Presupuesto 2021 será la principal iniciativa que se debatirá en el Congreso en las próximas semanas. Es el proyecto que busca instalar la idea de que el Gobierno tiene un plan económico fijado, pero detrás de ese proyecto hay otras iniciativas económicas que buscan despejar algunos interrogantes e incentivar comportamientos que estén alineados con la búsqueda de cierta estabilidad macroeconómica a través del impulso a ciertas actividades que apuntalen la actividad económica en la salida de la pandemia. Se trata de una agenda que se ha superpuesto con la agenda judicial que había dominado la escena hasta octubre, y que sigue avanzando por otros andariveles.

A grandes rasgos, además del Presupuesto 2021, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para implementar incentivos fiscales para el sector de la construcción. El proyecto establece que se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones, al tiempo que se prevé la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de esta ley.

Por otro lado, también se envió un proyecto para atender el déficit habitacional que establece un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario, por el cual se crea una Sociedad Hipotecaria administradora y se disponen nuevos créditos hipotecarios con cobertura de la cuota ante descalces entre salarios e inflación. También se promueve el acceso al crédito bancario y fomentar la complementariedad con el mercado de capitales, a través de nuevos instrumentos de inversión.

En esta línea, también se prevé beneficios impositivos para fomentar el ahorro en pesos. La iniciativa exime del pago del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales a las rentabilidades que se obtengan por inversión en instrumentos en pesos indexados -como lo que ajustan por CER o UVA- y en otros activos en moneda nacional que se destinen a inversiones productivas.
Finalmente, quedan dos temas pendientes a tratar. Por un lado, el impuesto a las grandes fortunas, que aún no tiene fecha de tratamiento en el recinto tras la postergación por el clima que se está viviendo en el escenario económico con la incertidumbre sobre el tipo de cambio.

Por otro, sigue demorado en el Congreso el tratamiento de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. Se propondrá volver a la fórmula que rigió a partir de 2008, donde se generó un índice que estaba compuesto en un 50% por la evolución de la recaudación y en otro 50% por la evolución de la movilidad salarial (RIPTE). Por otro lado, se aplicarían actualizaciones semestrales en marzo y septiembre. La demora obedece a que el oficialismo quiere postergar la aplicación de la nueva fórmula para que no sea aplicada en diciembre y sí se aplique en marzo de 2021.

El deterioro de la imagen del Gobierno desde el pico de popularidad registrado cuando comenzó la crisis sanitaria parece no detenerse y en octubre alcanzó el nivel más bajo de popularidad desde que comenzó este ciclo en diciembre de 2019. En apenas seis meses, la imagen negativa escaló casi 35 p.p., ubicándose en 52,3%, mientras que la imagen positiva cae hasta 32,7%, incluso por debajo del valor con el que comenzó la gestión en enero de este año. Con estos valores, la imagen de Gobierno se ubica con un diferencial negativo de -19,6%.

En términos de preocupaciones ciudadanas, octubre sigue mostrando a la preocupación por la corrupción al tope de las menciones, impulsada por votantes opositores que ven con preocupación la agenda judicial del Gobierno. El dato destacado adicional es el crecimiento por segundo mes consecutivo de la preocupación por la Inflación. Si bien aún el temor por los aumentos de precios se encuentra considerablemente por debajo del promedio visto durante el final del mandato de Mauricio Macri, podríamos estar viendo el comienzo de un proceso de aceleración de esta preocupación, por la propia dinámica que se está viendo en materia inflacionaria.

La preocupación por la inflación es un componente de la preocupación por la economía, que, planteado en términos de urgencias por atender, sigue siendo la principal urgencia ciudadana. Casi 2 de cada 3 encuestados considera que “Poner en marcha la economía” sería la principal urgencia por atender si fuera presidente. Eso representa un 10% más de los que la mencionaban como principal urgencia en septiembre. “Controlar la Pandemia”, aparece como segunda urgencia, mientras que “Reforma la Justicia” aparece como la última urgencia.

Cuando se mira las urgencias según la orientación del voto en 2019, en todos los segmentos de votantes, “Poner en marcha la economía” es la principal urgencia, incluso entre los votantes oficialistas, donde “controlar la pandemia” es una urgencia más marcada que en el resto de los votantes. Curiosamente, entre los votantes oficialistas, “Reformar la Justicia” es también una urgencia relegada al último lugar de la lista.

La caída en la imagen de Alberto Fernández sigue sin encontrar su piso. Una crisis sanitaria que no se detiene y cuyo final sigue lejos de estar despejado, con una dinámica de contagios y muertes por covid-19 que no para de crecer, y con una crisis económica que empieza a mostrar que hay otros problemas por resolver más allá de los propios que plantea la pandemia. La pregunta que se vuelve cada vez más evidente es si, más allá de los errores en las decisiones, no hay aspectos más estructurales del proceso político están contribuyendo a la crisis económica.

Dicho de otro modo, se puede estar cometiendo errores de política económica porque está tomando malas decisiones o porque determinadas circunstancias están llevando a cometer errores de política económica. Es allí donde se plantea si esas circunstancias no están relacionadas a las condiciones estructurales del proceso político y del tipo de liderazgo que ellas generan.

 

Es sabido que, en tiempos de turbulencia, la cadena de mando necesita ser eficiente en el proceso de toma de decisiones (tomar decisiones rápido), y debe minimizar la pérdida de tiempo y esfuerzos en la búsqueda de mejores consensos entre los que participan, de algún modo, de la decisión. Esa mayor centralización del proceso de toma de decisión pareciera estar siendo necesaria en un contexto de alta incertidumbre y de expectativas desalineadas de los agentes económicos.

¿Hay aspectos estructurales del actual proceso político que condicionan la posibilidad de que emerja ese tipo de liderazgo? Parece que sí. Al revisar el proceso de conformación de la actual coalición de gobierno, el esfuerzo para que el frente sea de todos pone a Alberto Fernández con la necesidad de respetar a todas las partes, condicionando la posibilidad que haya una conducción más centralizada (y coherente) del proceso de toma de decisiones.

Más aún, las características personales de Alberto Fernández lo han llevado a ser un dirigente dedicado a la búsqueda de consensos. Esto puede no ayudar en estas circunstancias, donde no hay ni tiempo, ni margen para ceder a la hora de lograr apoyos para ganar confianza y certidumbre en relación con el rumbo que se define para las políticas del Gobierno.

Si se observa lo sucedido a lo largo de estos 10 meses de gestión, Alberto Fernández está más decidido a arbitrar entre los diferentes intereses y las diferentes posiciones de la heterogénea coalición de gobierno, que en imponer su propia visión del rumbo del Gobierno. Esto se vuelve relevante porque la Coalición está integrada por un espacio más ascendente como el kirchnerismo, y por otros espacios menos ascendentes como el que representan los Gobernadores y los dirigentes que integraron el peronismo no kirchrnerista. Como consecuencia de esa metodología para liderar, se tiene como resultado un marcado sesgo kirchnerista en la orientación de las decisiones de Gobierno.

De este modo, con un árbitro que administra las diferencias más que conducirlas, el resultado de las decisiones de política pública estará muy condicionado por la necesidad de lograr los equilibrios internos necesarios para que la decisión sea aceptada por todos. Esto le otorga al sector más poderoso de la coalición de gobierno, una incidencia notoria en la orientación de las decisiones.