Category: Política

Al igual que en la mayoría del 2020, la corrupción sigue siendo la preocupación más mencionada entre los problemas que afectan al país. Si bien esta reacción de una parte del electorado opositor no es novedad, que la corrupción lidere el ranking llama la atención cuando se tiene que en cuenta que el relevamiento se realiza en medio de una inédita crisis económica y sanitaria. Por ello, a quienes señalaron a la corrupción como la problemática más destacada, se les repreguntó cuál era para ellos su segunda preocupación principal: allí la mayoría de las respuestas se volcaron a las problemáticas económicas.

Resulta interesante destacar que, entre quienes eligen a la corrupción como principal problemática, a la hora de elegir una alternativa el 39,2% eligió la inflación, mientras que un 18,5% al desempleo. Así, las preocupaciones económicas representan al 59,5% de menciones (de no contabilizarse la corrupción como opción).

Uno de los aspectos centrales de la capacidad del Gobierno para administrar las expectativas de la población reside en la confianza que la sociedad tenga en éste para resolver los problemas que afectan al país. Actualmente (gráfico de la derecha), los niveles de confianza que el pueblo tiene en que el Gobierno pueda resolver los problemas del país han caído a niveles muy bajos: solo el 20% tiene total o bastante confianza, mientras que un 70% señala que tiene poca o nada de confianza.

Cuando se pregunta de manera retrospectiva cuál era la confianza que se le tenia al Gobierno para resolver los problemas del país al inicio del ciclo (gráfico de la izquierda), se puede observar el deterioro sufrido en este primer año de mandato. Mientras un 42,8% señaló haber tenido total o bastante confianza en el Gobierno al comienzo de ciclo, otro tanto (42,1%) indicó que al inicio de este ciclo tenía poco o nada de confianza. Si al comienzo un 42,1% tenía poco o nada de confianza, hoy ese porcentaje asciende a 72,1%.

La evolución de la situación económica jugó un rol central en dicho deterioro de la confianza en la capacidad del Gobierno para resolver las principales preocupaciones de la sociedad. En sintonía con ello, en Enero se registró una nueva caída en la valoración positiva del desempeño del Gobierno, que lo deposita en el nivel más bajo de la serie (30,1%). Paralelamente, se dio un nuevo incremento de la valoración negativa (58,6%), posicionando a la administración de Alberto Fernández con un diferencial negativo de 28,5 p.p., muy lejos de los elevados diferenciales positivos registrados al inicio de la pandemia.

Mas allá de la calidad de la gestión económica y sanitaria que el Gobierno pueda llegar a tener, es inexorable identificar a la pandemia del Covid-19 como una variable independiente para analizar el futuro del escenario político.

La pandemia fue y es un evento que condicionó de manera directa la economía y de manera indirecta a la política. Resulta lógico afirmar que la forma en que ésta se retire del escenario y deje de ser un factor de influencia decisivo determinará la evolución del escenario económico-político.

Si el modo en que se termina con la pandemia es mediante una vacuna, la forma y los tiempos en que se la consiga y las dosis suficientes serán críticos para poder evaluar cómo evolucionará el escenario político en el corto plazo. Por este motivo, la búsqueda de las vacunas para poder lograr niveles de inmunización de la población suficientes para dominar la situación sanitaria se ha vuelta un objetivo político crítico para el Gobierno.

Según las estimaciones del Ejecutivo, que surgen del Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid, se requieren unas 54 millones de dosis para aplicar a unas 24.000.000 de personas en grupos de poblaciones estratégicos. El cálculo del número de dosis necesarias surge al considerarse que el esquema consta de la aplicación de dos dosis. A su vez, se contempla una tasa de pérdida (habitual) estimada de 15%, según informa el propio Gobierno.

Si bien son estimaciones que no tienen la certeza de que las dosis estarán en tiempo y forma, las previsiones contractuales que actualmente tiene el Gobierno argentino de disponibilidad de dosis no garantizarían las dosis suficientes para atender a toda su población. Una gran parte depende de la producción de la vacuna del Instituto Gamaleya (es decir, la vacuna Sputnik V) y del desarrollo de la vacuna de AstraZeneca-Oxford. Estas son las dos vacunas con algún tipo de respaldo contractual que ostenta el Gobierno hoy en día. Como consequencia, no está garantizado que pueda tener todas las herramientas necesarias para controlar la situación sanitaria en el primer semestre del año.

En definitiva, el modo en que desaparezca la pandemia como variable de incidencia económica y política, es decir, la forma en que se pueda inmunizar a la población (con vacunas efectivas y cantidad de dosis necesarias), determinará cómo se recuperará la economía. El corolario de dicha resolución se verá reflejado en las condiciones en las que el Gobierno enfrentará el desafío electoral. Todo lo mencionado es independiente del desempeño del Gobierno en materia económica y sanitaria, desempeño que, de ser negativo, agravará sus perspectivas electorales lógicamente.

El 2020 será el tercer año de caída de salario real. La pandemia agravó la complicada dinámica de ingresos mediante la destrucción de empleo. Si bien se logró retomar el proceso paritario luego de la pandemia, la atención comienza a centrarse en la inflación de 2021.

En la recta final del 2020 muchos gremios, haciendo uso de sus cláusulas de revisión fijadas en sus respectivos acuerdos paritarios, lograron recomponer lo que parecía imposible durante los meses más difíciles del año. Gremios como la UTA (BA), UOCRA, Bancarios, Camioneros, Alimentación y Sanidad terminarán el 2020 por encima de la evolución del IPC (comparado a igual período con su convenio). Un escalón más abajo se encuentran SMATA, Comercio, Luz y Fuerza, y UOM, que terminarán en línea con la inflación. Los principales perdedores del 2020 son Gastronómicos, Estatales y Ferroviarios.

Tal como se mencionó, el 2020 terminará siendo el tercer año consecutivo de caida del salario real. Este dato es el más difícil para el universo sindical que ahora pretende revertir esa secuencia en 2021. Por ello, mira con mucha atención el comportamiento de la inflación, que será clave para saber si finalmente el objetivo de recuperar parte de lo perdido se puede empezar a lograr en el año entrante.

Sin embargo, la atención de los principales gremios no está exclusivamente abocada a una posible aceleración inflacionaria que impida una recuperación del salario real en el corto plazo: la reformulación del sistema de salud también está en la agenda principal de los sindicatos (y del Gobierno).

La pandemia terminó de poner como prioridad algo que venía latente de años anteriores: la necesidad de repensar el sistema de salud y, particularmente, el sistema de obras sociales a causa del cuantioso déficit que acarrea. Solo por cumplir la cobertura que exige el Programa Médico Obligatorio (PMO), las obras sociales registran un déficit de unos 1.500 millones de pesos mensuales.

Pandemia mediante, el Gobierno ha asistido a las obras sociales en un contexto donde los aportes se redujeron por el impacto que la crisis sanitaria tuvo sobre el empleo. La asistencia fue principalmente por dos vías. En primer lugar, mediante Aportes del Sistema Único de Reintegros (SUR) que provienen del Fondo Solidario de Redistribución para la cobertura de tratamientos de alta complejidad, los cuales sumaron casi $ 24.000 millones de pesos a lo largo del 2020, duplicando lo entregado en 2019. En segundo lugar, mediante aportes para cubrir la caída en las recaudaciones de cada obra social por la pandemia, donde se llevan girados a las obras sociales más de $ 5.000 millones de pesos.

La sostenibilidad financiera del sistema de salud y de obras sociales es y será un tema de debate en el corto plazo. Los sindicatos son los primeros interesados en discutir estos temas con el Gobierno. De hecho, a mediados de este 2020 la CGT le presentó al Gobierno un documento con algunos puntos que creían debían ser modificados mediante una ley para darle sostenibilidad financiera al sistema. Resta saber hasta dónde llegará el Gobierno con una reforma más profunda del sistema para así darle respuesta a un reclamo histórico de la CGT: atender la salud financiera de sus obras sociales.

Imagen de Gobierno

El Gobierno cumple este mes un año de mandato y los indicadores de imagen cierran el año de manera negativa.

Al igual que en Octubre, la valoración positiva del desempeño gubernamental se ubicó en el valor más bajo desde que inició la gestión del Frente de Todos: 32,7%. Por su parte, la valoración negativa llegó al 55%, el nivel más alto del 2020.

La foto de fin de año se muestra alejada de aquellos valores de abril, hacia inicio de la pandemia, donde el Gobierno lograba tener una imagen positiva por encima del 64% y una imagen negativa en torno a los 17p.p.

Preocupaciones sociales

Las principales problemáticas que inquietan a la sociedad argentina continúan moviéndose en sus respectivas tendencias.

La preocupación por la corrupción sigue siendo la más mencionada y se ubica en un 32% y continuará oscilando en el primer lugar en torno a estos valores. Por otro lado, la preocupación por la salud continúa su sendero bajista, ubicándose en el cuarto lugar en el ranking de diciembre con tan solo un 9.4%. Lógicamente, estos valores siguen siendo muy superiores a los valores promedio que se observaban prepandemia.

Las variables económicas (inflación y desempleo) se ubican en torno al 45% de forma conjunta, lo cual indica que la situación económica es la principal preocupación de la población. Particularmente, la inquietud por la inflación exhibe un aumento sostenido desde el mínimo en agosto (rondaba el 10%), momento en el cual la cuarentena estricta en AMBA terminó de hecho y el IPC INDEC comenzó a acelerarse.

Perspectivas a futuro

Las expectativas continúan desarrollando una especie de rebote. Los niveles de optimismo se encuentran muy cerca de aquellos niveles al momento de la asunción de Alberto Fernández. Sin embargo, las expectativas negativas continúan en niveles altos: un 54,9% cree que la situación económica del país empeorará en el lapso de los próximos doce meses, mientras que un 39,2% cree que su situación económica personal empeorará en un año.

El Frente de Todos es una coalición conformada por necesidad más que por afinidad. Su naturaleza es inestable (se conformó tres meses antes de la elección primaria de 2019) y convive con tres grandes tensiones que condicionan su accionar frente a los desafíos políticos y económicos que tiene por delante.

La primera de ellas es la tensión económica. El FDT tiene la disyuntiva de ordenar la macroeconomía y distribuir recursos satisfaciendo la demanda social. En el primer caso un ajuste en las cuentas públicas es condición necesaria para un crecimiento genuino y sostenido en el tiempo. El segundo, implica responder al mandato electoral de “llenar la heladera, prender la parrilla y encender la economía” en un contexto social desesperante con más del 40% de la población sumida en la pobreza.

La segunda tensión es la judicial y se encuentra directamente asociada con la génesis de la Coalición. La figura central que sostiene el poder real del oficialismo (sus votos) cedió el poder formal para garantizar el triunfo electoral, con el objetivo de revertir su delicada situación judicial en las múltiples causas que la involucran. A partir de la victoria en las urnas, CFK reclama resolver sus problemas judiciales. Sin embargo, el presidente entiende que buena parte de la sociedad monitorea su accionar para determinar si él interfiere en dichos procesos para garantizar la impunidad de los acusados o facilita que se haga justicia sin interferencia alguna.

Si el desafío económico-social y judicial es retador, se vuelven más desafiantes aún cuando se analizan las condiciones políticas. Por esto, en tercer lugar se encuentra la tensión política, la cual no se debe a una situación carente de condiciones de Gobernabilidad, sino por tratarse de una Gobernabilidad carente de liderazgo político.

Un ejemplo de esto es lo sucedido con los cambios en la ley de movilidad jubilatoria. En línea con las demandas del FMI a la hora de renegociar la deuda, en 72 horas el Senado cambió una decisión que le tomó casi un año formularla a Alberto Fernández.

Si bien el FDT cuenta con fuertes mayorías en el Congreso, apoyo de todo el arco sindical, movimientos sociales, mayoría de los Gobernadores y legitimidad popular, la gobernabilidad no está bajo el comando de AF. Aún más, pareciera que para tener el apoyo de toda la coalición debe negociar puertas adentro cada una de las decisiones a tomar. Incluso existen situaciones donde ni siquiera puede hacerlo, como por ejemplo los recientes cambios en la ley que modifica la movilidad jubilatoria.

La cuestión de fondo que radica en determinar si la Coalición de Gobierno será una continuidad del Frente para la Victoria, o si se trata de un proceso político que busca construir una nueva identidad que tenga matices con muchos de los aspectos identitarios del FPV que gran parte de la sociedad rechazó en su momento.

Estas definiciones aún no saldadas entre los miembros de la coalición contribuyen a que el público comience a mirar a este proceso político con más dudas que certezas, con más interrogantes que respuestas.

Buscando canalizar la puja distributiva que comienza a tener lugar en el plano político pasados los meses más complejos de la pandemia, el Gobierno nacional se apresta a lanzar el demorado Consejo Económico y Social. Intentará lanzarlo aún sin una ley que le de una mayor institucionalidad, no solo a causa de una creciente puja distributiva, sino que también apunta a dar respuesta a los reclamos de la CGT.

El título de la carta publicada el 11 de noviembre por el Consejo Directivo de la entidad gremial es determinante: “La pandemia no terminó”. En el documento se detallan fuertes críticas a las medidas de ajuste fiscal (suspensión del IFE, cambios en la movilidad jubilatoria, etc.) que el Ministerio de Economía ha anunciado en las últimas semanas. Vale la pena recordar que dicho “giro hacia la ortodoxia” en la orientación de la política económica se da en el marco de las renegociación de la deuda con el FMI.

Ante la crítica de la confederación gremial, el Gobierno tomó tres principales medidas. Prorrogó la prohibición de despidos por 60 días más, extendió la doble indemnización hasta el 25 de enero y anunció que evalúa lanzar el Consejo Económico y Social sin esperar la ley para ponerlo a trabajar en la agenda pospandemia.

Sin embargo, la tensión en la relación entre el oficialismo y los principales referentes de la CGT no quedó en evidencia únicamente con la mencionada carta. También fue notoria la ausencia del sindicalismo cegetista en las marchas del 17 de noviembre en apoyo del aporte a las grandes fortunas (día en que sí movilizó el moyanismo), por ejemplo.

Otra de las señales que emitió el Gobierno este último mes se relaciona con la difícil realidad financiera que atraviesan las obras sociales. En noviembre se le giraron a éstas más recursos para cubrir el desfasaje en la recaudación que están teniendo como consecuencia de la pandemia, las suspensiones y la destrucción de empleo. Fueron 1.000 millones de pesos en concepto de adelanto.

Por último, no solo hubo un apoyo financiero. El Gobierno intenta avanzar en una ley complementaria que atienda la problemática del desfinanciamiento que sufren las obras sociales. Los gremios, por su parte, reclaman un aumento de la cápita mensual que abonan los monotributisas y, a su vez, quieren definir la obligatoriedad del pago por parte de todo el grupo familiar.

Luego de muchas idas y vueltas, al conocerse la iniciativa del Gobierno de establecer un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI que posiblemente requiera cierta mesura en el gasto público, el oficialismo decidió someter a votación el proyecto de ley que establece un aporte solidario para las grandes fortunas.

El proyecto fue aprobado por una mayoría ajustada de 133 votos (apenas 4 más que el quórum). El apoyo del bloque Unidad Federal para el Desarrollo (liderado por José Luis Ramón), de una gran parte de los diputados de Consenso Federal y de dos diputados de JxC le facilitaron la obtención de la mayoría necesaria al oficialismo para aprobar el proyecto. Ahora, éste se dirige a la cámara de Senadores donde el Frente de Todos tiene una holgada mayoría.

¿Cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta?

• Tasa y escala del aporte. Se prevé el cobro por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos. Se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% en la franja de 600 a 800 millones. Para patrimonios de entre 800 y 1500 millones, la tasa subirá al 3%. Entre 1500 y 3000 millones aumenta en 0,25 p.p. hasta el 3,25%. Finalmente, para fortunas mayores a los 3000 millones, la tasa será del 3,5%.
• Tributación para bienes en el exterior. Al total de bienes en el exterior se le tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondiera. Ahora bien, si la persona trae el 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas en el extranjero, el diferencial se elimina y pasa a pagar el impuesto como si tuviera todo su patrimonio en el país.
• Expectativa de recaudación y alcance. La AFIP espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del corriente año). A su vez, se prevé que el impuesto alcance a un universo potencial de 9.298 personas.
• Destino de la recaudación. Lo recaudado tendrá 5 destinos principales. Un 25% de la misma estará destinado a programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa. A su vez, se planea destinar en partes iguales un 60% de lo recaudado a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos sanitarios, subsidios a las PyMEs y a las becas del programa Progresar. Finalmente, el 15% restante será destinado al desarrollo de barrios populares.

Vale la pena destacar que aún resta saber si, luego de la aprobación legislativa, existirán aspectos reglamentarios que puedan hacen cambiar el alcance final del aporte. A su vez, los potenciales planteos judiciales respecto a una posible inconstitucionalidad del mismo podrían impedir que éste se vuelva efectivo.

Leve recuperación de las imágenes del Gobierno y del Presidente

A poco de cumplir un año de mandato, y mientras intenta encontrar una salida a la crisis socioeconómica fuertemente agravada por la pandemia, se produjo una ligera recuperación en la valoración del desempeño del Gobierno y del Presidente.

Habiéndose triplicado entre abril y octubre y con 7 meses de caída continua, la imagen negativa del Gobierno registró en noviembre una caída de -1,4 p.p. respecto al mes anterior, quedando así en 50,9%. La imagen positiva experimentó una leve suba de 2,7 p.p. quedando en 35,4%, dejando un diferencial negativo de -15,5 p.p.

Con respecto a la imagen del presidente, que también ostentaba 7 meses de continuo deterioro, en noviembre registró una leve recuperación. Ésta se explicó tanto por una caída en su imagen negativa (-2,8 p.p.) y una mejora en su imagen positiva (+1,6 p.p.). De todas formas, con una imagen positiva de 36,7% y una negativa de 52,3%, la imagen de Alberto Fernández sigue teniendo un diferencial negativo relativamente alto (-15,6 p.p.).

Se aplana la curva de casos, se empina la económica

Las situación económica empieza a concentrar gran parte de las menciones de las preocupaciones ciudadanas. En conjunto, la preocupación por la inflación y por el desempleo ya superan el 40%. De hecho, parte de la explicación del crecimiento de las preocupaciones económicas se explica por una caída de la preocupación por la salud.

A la hora de pensar en la situación actual del país comparada con la situación un año atrás, las respuestas son contundentes: el 73,6% afirma que la situación del país está peor ahora que hace un año, y apenas un 10,3% opina que la situación es mejor.

En cuanto a las expectativas sobre el futuro, tanto del rumbo económico del país como de la situación personal de los encuestados, en noviembre se registró una caída significativa del pesimismo. La combinación de un dólar más calmo y el descenso en la cantidad de casos diarios que indicarían que el pico de la curva ya quedó atrás, explicarían esta dinámica. Sin embargo, vale la pena remarcar que los niveles de pesimismo siguen en umbrales elevados: el 51% cree que la situación del país empeorará en un año y el 40% cree que su situación personal empeorará en un año.

El actual escenario político no presenta dificultades en términos de gobernabilidad. El reciente empoderamiento al presidente y al ministro no se deben a un problema de gobernabilidad, sino a uno de centralidad en la toma de decisiones.

Aún dejando de lado los errores no forzados (errores en las decisiones), hay ciertos condicionantes del proceso de toma de decisiones que han provocado errores en las decisiones tomadas. Principalmente, los condicionantes son dos: sociales y políticos.

Los primeros son propios de la situación socioeconómica y de un gobierno que prometía el fin del ajuste y se chocó con la pandemia. Los segundos son internos y consecuencia de la heterogeneidad de la coalición. El formato de la coalición de Gobierno, el contexto social y un particular tipo de liderazgo político consensual que ejerce Alberto Fernández, están provocando que, además de los errores no forzados, se estén cometiendo errores forzados por la falta de centralidad en la toma de decisión que caracteriza al actual proceso político.

El éxito en política está directamente relacionado con la capacidad de administrar correctamente los condicionantes de la realidad. Para ello, es esencial contemplar no solo los beneficios de una decisión, sino también los costos. Cuando los últimos superan ampliamente a los primeros, sostener una decisión deja de ser viable.

Esto es precisamente lo que hizo la vicepresidenta en su carta del 26 de octubre. Los objetivos explícitos de su comunicación ya han sido extensamente analizados: diferenciarse del rumbo de Gobierno, reconocer la autoridad de Alberto Fernández al frente de la coalición y legitimar al presidente como interlocutor del FDT para dialogar (negociar) con todos los actores.

Ahora bien, hay un cuarto objetivo implícito en su carta que se relaciona con el análisis costo-beneficio previamente mencionado y con el cambio (o intención de cambio, al menos) de rumbo en la política económica que se ha visto en las últimas semanas. CFK reconoció implícitamente que los condicionantes de la realidad estaban transformando la relación costo-beneficio de una política económica laxa en lo fiscal.

Los beneficios de una expansión fiscal que buscó evitar una ruptura total de la demanda interna comenzaban a ser ampliamente superados por las tensiones cambiarias. Las presiones propias del “bimonetarismo” de nuestra sociedad, amplificadas por las políticas económicas del gobierno, empezaban a poner en jaque la competitividad política del FDT de cara a la elección de medio término.

Por este motivo, la carta buscó darle más capacidad de acción al presidente y a Guzmán para llevar a cabo una política de mayor responsabilidad fiscal (léase, ajuste). Y aquí es donde toma sentido la diferenciación inicial que hace la ex-presidenta: no gobierno yo y “hay funcionarios que no funcionan”.

En definitiva, no es la gobernabilidad sino la centralidad. Y a ello apuntó la carta y apuntan las medidas recientes.

Es evidente que el proceso paritario del presente año no brinda una fotografía representativa de la dinámica laboral de nuestro país. Sin la irrupción de la pandemia hubiera sido impensable que se dieran, por ejemplo, negociaciones salariales nominales a la baja en un contexto de elevada inflación y suspensiones temporarias.

Por este motivo, la radiografía del proceso de negociación salarial ha sido heterogénea en distintas medidas. Entre las principales se encuentran subas salariales porcentuales por debajo de la inflación, bonos no remunerativos y aumentos de suma fija para las escalas de menores ingresos. Además, ha sido dispar en aumentos. UTA y Camioneros lideran el ranking con acuerdos por encima de la inflación (16,7% y 11,5% respectivamente), mientras que Luz y Fuerza, Unión Ferroviaria y UPCN arrojan caídas en el salario real de hasta el 19,9% (paritarias 2019/2020 en comparación con el IPC INDEC). No obstante, datos del Ministerio de Trabajo dejan entrever una dinámica bastante homogénea en la gran mayoría de los acuerdos paritarios en convenios de alta cobertura (que abarcan a más de 10.000 trabajadores): una clara reducción en la duración de los contratos.

Del total de los trabajadores del sector privado registrado, más de 4.400.000 (73%) pertenecen a un convenio colectivo de alta cobertura. De este porcentaje, un 84% (aproximadamente 3,7 millones) lograron firmar un acuerdo paritario a fines de octubre. Ahora bien, tan solo 1,1 millones (30%) acordaron paritarias anuales, mientras que los 2,6 millones de trabajadores restantes firmaron acuerdos de menos de un año. Vale destacar que de estos últimos, únicamente 2 de cada 5 trabajadores tuvieron aumentos porcentuales, mientras que el resto experimentaron aumentos de sumas fijas. Este es un dato no menor si se considera que faltan tan solo 3 meses para finalizar el año con perspectivas de aceleración de la inflación en el corto plazo.

La preocupación no se encuentra únicamente asociada a los rezagados acuerdos salariales respecto de la inflación: también comienzan a florecer líneas internas en la propia CGT de cara a la renovación de autoridades. Originalmente planeada para el 2020, ésta fue postergada por la Secretaría de Trabajo para el 2021 por cuestiones sanitarias. En un contexto sumamente delicado para la economía y el gobierno, comienzan a emerger tres grandes líneas al interior de la confederación a pesar de la aparente unidad que ha acompañado desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández. En primer lugar, el sector liderado por Hugo Moyano, que ha venido impulsando la reincorporación de sectores de la CTA a la CGT, crítico de la conducción actual y con Pablo Moyano como principal candidato para la conducción de la CGT. Luego, en el sector que formalmente lidera la CGT emerge la figura de Héctor Daer como principal candidato a la conducción, quien tiene un estrecho vínculo con el propio presidente. Finalmente, Carlos Acuña aparece como referente antikirchnerista (incluso criticado por el propio Máximo Kirchner por las suspensiones) quien, acompañado por Luis Barrionuevo, intenta mantener su disidencia respecto a las otras dos ramas.

Las divisiones internas en el universo cegetista son un claro reflejo de las posiciones que cada rama tiene respecto al Gobierno del Frente de Todos. Resulta difícil pensar que pueda emerger una unidad unipersonal representativa de las tres ramas sindicales y luce más probable que surja nuevamente una conducción tripartita, en paralelo con lo sucedido en 2016.