Category: Política

En la noche del 24 de julio, los principales referentes del universo sindical repasaban en qué medida las expectativas de ver dirigentes sindicales en las listas de candidatos que defiendan los intereses del movimiento obrero en el Congreso habían sido satisfechas. El resultado no fue el esperado, al cerrar las listas la representación era casi nula. No es la primera vez que esto sucede, desde 1983 en adelante el sindicalismo ocupa un lugar cada vez menor como candidato. De hecho, según nuestras proyecciones, podríamos estar encaminándonos a la menor representación sindical en el Congreso desde 1983.

De todos modos, habrá un reducido número de dirigentes de extracción sindical en las listas, sobre todo en la lista de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, dichos dirigentes mantienen un perfil muy marcado. En primer lugar, no forman parte del sindicalismo más tradicional que anima la conducción de la CGT Azopardo (los denominados “Gordos” de la CGT que no pudieron colar candidatos en las listas). Y más particularmente, se trata de dirigentes muy afines al sector político que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Entre los candidatos que más posibilidades tienen de ingresar aparecen Sergio Palazzo (La Bancaria), y dos que renovarán sus cargos, Vanesa Siley (Judiciales) y Hugo Yasky (CETERA). En el caso de la lista del Frente de Todos de Córdoba, allí hay dos dirigentes sindicales entre los candidatos, pero ocupando el 3er. y 4to. lugar, con pocas probabilidades de ser electos. El caso de Jorge Guaymas (Camioneros) en Salta es distinto, porque si bien encabeza una lista para ingresar a la Cámara de Diputados, deberá primero imponerse en una interna de varias listas que el Frente de Todos presentó en la provincia.

Fuente: elaboración propia en base a las listas presentadas.

Un aspecto no menor dentro de esta discusión sobre candidaturas es la señal que envió Cristina con la selección de Sergio Palazzo como el dirigente sindical más favorecido en la distribución de los espacios en las listas. Una señal que adquiere un gran valor en el marco de la discusión por la renovación de autoridades en la CGT, ya que Sergio Palazzo aspira a quedarse con la conducción de esta.

Es cierto que su candidatura a Diputado podría no ser compatible con el ejercicio del liderazgo, pero el antecedente de Héctor Daer, que ocupó uno de los tres sillones en la conducción de la CGT luego de la renovación de autoridades de 2016, mientras era Diputado Nacional.

Habrá que tener más presente a Sergio Palazzo en la discusión sobre las autoridades sindicales que se vendrá en octubre porque, además, pudiera ser el único puente para reunificar al sindicalismo de la CGT y con el sindicalismo de la CTA. Para ver un protagonismo de Palazzo de esa magnitud, deberá ser necesario que su lista pueda quedarse con el triunfo en noviembre. Por el contrario, sus aspiraciones quedarán dañadas si dicha lista termina derrotada.

 

*El presente articulo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina suscriptos al Módulo Político.

La principal preocupación de la ciudadanía sigue puesta en la gestión de la economía: la inflación continúa siendo la primera problemática en ser mencionada (el 34,3% de las veces). Si sumamos a ello la preocupación por al desempleo, ambas inquietudes económicas juntan el 46% de las menciones. Seguidas por la Corrupción, que al igual que a lo largo de todo el ciclo del Frente de Todos, se encuentra en torno al 30% de las menciones.

Un dato llamativo, que se ha venido consolidando en los últimos meses, es la caída de la preocupación por la Inseguridad que se encuentra en niveles muy bajos, inferiores al 5% de las menciones. El dato muestra cómo las preocupaciones económicas, sanitarias y la corrupción han desplazado otro tipo de preocupaciones.

La preocupación por la economía puede verse más nítidamente si se utiliza una pregunta que indague en un sentido más operativo sobre las preocupaciones. Si se propone el juego de “si Ud. fuera presidente” y se le pregunta al encuestado ¿cuál de estos temas consideraría el más urgente de atender hoy?, el 70% señala la urgencia de poner en marcha la economía, en detrimento de otras urgencias como controlar la pandemia, reformar la justicia, luchar contra la inseguridad, etc.

Activar la economía es la principal urgencia entre todos los segmentos de votantes, inclusive los oficialistas (57%), aunque, en este último caso, sigue habiendo un porcentaje más elevado que la media de votantes que señalan a la pandemia como principal urgencia (22%).

Esta mayor demanda por “Poner en marcha la Economía” es consistente con una mayor preocupación por la economía personal a la hora de evaluar si el ciudadano se preocupa más por la pandemia o por la economía doméstica.

Como se suele decir, las pandemias empiezan siendo sanitarias y terminan siendo económicas, más en una región como Latinoamérica y particularmente en un país como Argentina. Está en manos del actual gobierno, dado el mejor contexto en materia sanitaria, tomar las riendas de la situación económica y responder a la demanda de los ciudadanos.

Toda derrota electoral condiciona políticamente los márgenes de maniobra de cualquier oficialismo, pero los antecedentes también invitan a pensar en que una eventual derrota del Frente de Todos podría determinar cambios en posiciones claves del equipo de gobierno. Si la unidad del peronismo detrás de la figura de Alberto Fernández ya no garantiza triunfos electorales, ¿por qué los miembros de la coalición querrán seguir integrándola bajo los términos iniciales?

Si el Frente de Todos pierde, el liderazgo del Presidente quedará muy debilitado y se requerirá un rediseño del esquema de gobierno para poder renovar el vínculo entre todos los miembros de esa sociedad. Esos cambios incluso podrían llegar a incluir modificaciones dentro del Gabinete.

Lo cierto es que, si el oficialismo pierde la elección, los miembros de la coalición realizarán una lectura de esa derrota. Posiblemente la interpretación se focalice en una gestión ineficiente, sobre todo en materia económica, ya que los resultados alcanzados hasta el momento no son los esperados. Estas discusiones pondrán seguramente en duda los roles de Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, y Martín Guzmán, ministro de Economía, atribuyéndoles las principales responsabilidades de la situación.

Ante estas posibles salidas, la oxigenación que esto llevaría al gabinete deberá incluir figuras con volumen político que funcionen como tutores del poder ejecutivo. En este contexto, se pensó desde el oficialismo la posibilidad de poner en real funcionamiento el sistema semipresidencial pensado en la reforma de 1994. Para atenuar el presidencialismo, se creó la figura de un jefe de gabinete fuerte, con chances de ser removido por el Congreso.

¿Quién pudiera ser una figura de volumen dentro de la coalición para ocupar la Jefatura de Gabinete en esas condiciones? Aparece la figura de Sergio Massa como un posible candidato, el actual Presidente de la Cámara de Diputados sería útil para apuntalar desde la coalición al equipo de gobierno, y como contrapartida sería para Massa una forma de ganar relevancia dentro de la coalición. La sintonía de Massa con Máximo Kirchner y el diálogo fluido que logró adquirir con la figura fuerte del Frente de Todos, Cristina Kirchner, son indicios de que podría tratarse de la persona indicada. Además, Massa mejoraría aspectos de la comunicación y no dejaría al presidente tan expuesto en el rol de vocero.

En síntesis, una eventual derrota en las próximas elecciones pondría en jaque a la coalición de gobierno, obligándola a repensar sus equilibrios internos. Si bien el escenario de derrota todavía no resulta claro, la perdida del caudal de votos es evidente y pone en zona de riesgo al oficialismo.

 

*El presente articulo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina suscriptos al Módulo Político.

Era de esperarse que el 29% de inflación anual que anticipaba el Presupuesto 2021 quedaría desactualizada , pero este mes se agregaron señales oficiales de que la pauta ya no existía más, lo que impulsó al promedio de los aumentos salariales por encima del 40%.

Este panorama era predecible, incluso por los propios gremios, que fueron elevando sus aspiraciones en las negociaciones paritarias. Sin embargo, este último mes hubo dos señales muy fuertes del oficialismo para corregir la pauta inicial del 29% con la que el Gobierno intentó ordenar la puja distributiva: tanto el presidente, como su vicepresidenta, al igual que el jefe de gabinete, avalaron públicamente acuerdos salariales que rompían la barrera del 40%.

Dichas señales fueron suficientes para que los dirigentes gremiales entendieran que se estaba abriendo una nueva etapa en las aspiraciones salariales, y que se podían negociar acuerdos más cercanos al 40% que al 30%. Es cierto que la mayoría de los acuerdos ya celebrados tenían incluidas cláusulas de revisión, pero se trata de cláusulas que estaban contempladas en el último trimestre del año. El gobierno permite esto con miras a las elecciones de septiembre, a pesar de que deja en manos de cada gremio la negociación.

Mayo fue un mes bisagra, porque allí empezaron a aparecer acuerdos que se acercaban más al 40% que al 30% inicial. UOCRA, UTA y Ferroviarios se ubicaron en la parte alta de rango de 30-40% de aumento. Pero junio registró un salto significativo en la pauta oficial con los acuerdos de Camioneros, Pasteleros y las revisiones de SUTERH y Bancarios. El promedio de los acuerdos firmados en junio contemplados en nuestro análisis ya se muestra 3 p.p. por encima del 40%.

Los resultados del actual proceso paritario no resultan un dato menor en el contexto que atraviesa todo el arco sindical. Con el Congreso unificador de octubre a la vista, las principales dirigentes sindicales con aspiraciones de protagonizar la próxima conducción están compitiendo por quien representa mejor los intereses de sus afiliados. El hecho de haber logrado una de las pautas más altas de renovación salarial, lo sigue dejando a Hugo Moyano como uno de los dirigentes más cumplidores con sus propias bases

La falta de consenso para promulgar la ley enviada por el presidente para coordinar medidas contra la pandemia mediante parámetros epidemiológicos evidenció el poco margen con el que cuenta el gobierno para sacar leyes, incluso antes que se redistribuyan las fuerzas en el Congreso luego de las elecciones legislativas. La misma se encuentra trabada por cuestionamientos a la viabilidad de un proyecto que debería ser el producto de un pacto entre los Gobernadores y el Ejecutivo nacional. El oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría, pero no consiguió el consenso para poder llevarlo al recinto.

Por otro lado, para esclarecer la situación con respecto a los acuerdos con los principales laboratorios productores de vacunas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa en acuerdo con los distintos jefes de bloques parlamentarios, representantes de Pfizer y Richmond llevaron adelante una reunión informativa para detallar el estado contractual vigente de las negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, desde AstraZeneca se comprometieron a participar enviando respuestas por escrito. Otros convocados fueron el Fondo COVAX; el Instituto Gamaleya (Rusia); Sinopharm (China); y Serum Institute (India), aunque no participaron de la reunión.

En cuanto al conflictivo acuerdo con Pfizer, el vicepresidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo, sostuvo que “no queda claro cuál es la modificación a la ley de vacunas que quiere Pfizer. De todos modos, de ninguna manera se puede admitir hacer una ley a medida de Pfizer, ni de nadie, aunque si se podría analizar cualquier reforma de cualquier ley, pero siempre teniendo en cuenta si los cambios son beneficiosos para los argentinos”.

Otra cuestión que mantuvo al Congreso en ebullición esta última semana fue la marcha atrás con la actualización retroactiva del monotributo. En respuesta al malestar que se había generado por la decisión de la AFIP de actualizar los montos del Régimen Simplificado (Monotributo) recategorizando de oficio a los contribuyentes de manera retroactiva a enero de este año, el Gobierno Nacional solicitó al Congreso el tratamiento de un programa de mejoras para el Monotributo y de “alivio fiscal”. La iniciativa se transformó en un proyecto de ley de manera inmediata y fue ingresado en la Cámara de Diputados. La propuesta es la de crear un Programa “Fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes” que dispone de 4 medidas: sostenimiento de valores mensuales, actualizaciones de escalas, alivio fiscal para pequeños contribuyentes y un régimen de regularización para deudas.

A poco más de tres meses de las elecciones legislativas de septiembre, el impacto de la vacunación dentro del electorado no parecería ser suficiente. La imagen positiva del gobierno tan solo crece un 13% entre los ya vacunados, esto se explica casi en su totalidad por la mejora que se verifica en el universo de los votantes del Frente de Todos.

En cuanto a la intención de voto, se verifica una mejora significativa entre los votantes propios, mientras que se observa una mejora casi residual en el campo opositor. A la variable política, es necesario sumarle la variable etaria al análisis del impacto de la vacunación, por un sencillo motivo: el universo de los vacunados tiene, por ahora, sobrerrepresentada a la población adulta mayor, que es la que primeramente está siendo vacunada. Suena lógico entonces anticipar que, en los segmentos más jóvenes, el impacto de la vacunación será aún más residual que el que se está viendo hasta aquí.

Sin embargo, si bien el impacto directo no pareciera mostrar significativas variaciones entre los votantes, sí lo hace de una manera indirecta ante una posible vuelta a la normalidad mejorando la salud de la economía.

En términos generales, entre los menores de 50 años, a la hora de señalar el principal problema que afecta al país, más del 50% indica problemas económicos (inflación y desempleo). Esta es una preocupación que se profundiza aún más en el segmento más joven (ambos problemas reúnen el 58,8%). Estas variables implican una mayor preocupación entre los propios votantes del Frente de Todos.

Una vacunación masiva podrá permitir que la economía recupere cierta normalidad, y eso ya será todo un beneficio electoral para el oficialismo frente a estas preocupaciones. O por lo menos, podría generar una recuperación de las expectativas sobre el futuro o una esperanza de que lo peor de la pandemia – económicamente hablando – ya pasó.

En la actualidad el Frente de Todos se encuentra en los niveles más bajos de apoyo electoral, con un nivel de desencantados que ya roza el 30%. Esta caída en el caudal electoral no necesariamente puede llevar al oficialismo a obtener menos bancas de las que renueva en la elección de medio término. El escenario aun así demuestra la ventaja que ofrece el escenario de renovación del oficialismo que incluso sacando un 25% menos de votos que en 2019, podría estar perdiendo solo una banca en la Cámara baja, quedando a 11 votos de poder sancionar leyes.

En cuanto la escena electoral en Provincia de Buenos Aires particularmente, allí se encuentra el nivel más alto de desencantados. Este segmento es clave para definir el rumbo de la elección. Si nos guiamos por el porcentaje de votantes del Frente de Todos que nos dicen que hoy volverían a votar al oficialismo, de aquel 52,2 de votos del 2019, hoy el oficialismo estaría reteniendo el 63,8% de esos votos (33,4/52,2), según nuestro estudio de mayo en PBA.

La decisión que tomen esos votantes desencantados (votar efectivamente alguna fuerza opositora o reincidir en el voto al Frente de Todos) será determinante en el resultado. Y en buena parte, su decisión dependerá no solo de si el contexto económico o sanitario mejora o empeora, sino también de las alternativas que se le ofrezcan en la góndola. Si la oferta peronista no oficialista (Florencio Randazzo) no seduce, y si Juntos por el Cambio no logra despegar su identidad del fracaso de Macri, posiblemente los votantes blandos desencantados del oficialismo puedan pensar que apoyar al Gobierno pudiera ser un mal menor.

 

La incertidumbre acerca de los valores que la inflación tomaría a lo largo de este 2021 fue mermando con el pasar de los meses, particularmente si se observa la inflación acumulada del 17,6%. Lo que resulta claro es que el 29% que el Ministro Guzmán proyectaba en el Presupuesto quedó atrás. En este marco los sindicatos debieron enfrentar sus acuerdos paritarios. De hecho, si se observa la evolución agregada de los acuerdos paritarios, se verifica una tendencia claramente alcista en los últimos acuerdos.

¿Cómo vienen las paritarias en el 2021?

Bancarios inauguró el año paritario con un acuerdo de 29% en enero que incluía una cláusula de revisión. Luego se fueron dando acuerdos que intentaban respetar esa pauta establecida en el Presupuesto 2021 y fijada por el Gobierno para tratar de contener la puja distributiva dentro de los parámetros establecidos para la política macroeconómica. Pero lentamente empezaron a aparecer acuerdos que se acercaban más al 40% que al 30% inicial. UOCRA, UTA y Ferroviarios estuvieron este mes en la parte alta de rango de 30-40% de aumento. Por su parte, el acuerdo semestral de Judiciales, si se anualiza, también se acerca al 40%. Quien podría romper este techo podría ser Camioneros que ya se encuentra en negociaciones para celebrar su acuerdo paritario 2021-2022.

Fuente: elaboración propia en base a acuerdos celebrados.

Si bien se puede apreciar una tendencia alcista en los acuerdos salariales, si tomamos las proyecciones que realiza el mercado sobre la inflación, se encuentran más cercana al 50% que al 40% por el que hoy pelean los trabajadores. Difícilmente entonces este año se pueda recuperar algo de lo que la mayoría de los salarios vienen perdiendo en años anteriores.

No solo preocupa la inflación y el desempleo, también la vacunación y la caja de las obras sociales

En el contexto de la pandemia del coronavirus, los sindicatos no solo se deben enfrentar a los desafíos de la inflación y el desempleo sino también al colapso del sistema de obras sociales y a los reclamos de los trabajadores por ser rápidamente vacunados.

El sistema de obras sociales ya traía problemas de desfinanciamiento previo a la crisis del COVID, y que frente a la pandemia esos problemas no hicieron más que agudizarse. En particular, el sistema tiene serias dificultades para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad.

Para paliar esta situación el gobierno de Alberto Fernández accedió a unos de los pedidos históricos de los dirigentes con relación a la situación financiera de las obras sociales. Modificar el mecanismo de libre elección de la obra social. Consiste en que los afiliados deban permanecer en la obra social de su actividad un tiempo determinado antes de disponer el traspaso de los aportes a otro efector. Sin embargo, los problemas financieros no se solucionarán únicamente con esta modificación.

 

¿Cómo evolucionó la imagen del Gobierno en el último mes y cambios son las principales preocupaciones de la sociedad?

El gobierno alcanza en mayo los valores más altos de imagen negativa desde comienzos de su gestión, superando el 60%, con 5 de cada 10 encuestados afirmando que el desempeño es “Muy Malo”. Justo a un año de haber alcanzó el más alto valor en cuanto a imagen positiva (64,3% en abril 2020), mayo de este año arrojó el nivel más bajo de todo el ciclo con solo el 26,2% de valoración positiva.

A pesar de los esfuerzos por dinamizar la vacunación contra el Covid-19, y con el arribo al país de más de 17 millones de dosis, al electorado estos números parecen no alcanzarle. La corrupción y la inflación siguen siendo las principales corrupción de la ciudadanía, dejando el manejo de la pandemia en un cuarto lugar, por detrás del desempleo. Es decir, las variables económicas son las que se llevan más del 48,1% del interés ciudadano.
La preocupación por la salud continua su tendencia decreciente, alcanzando los valores más bajos desde el comienzo de la pandemia, con alrededor del 5%.

¿Qué expectativas tiene la gente de cara a los próximos meses?

De hecho, si se desagregamos la preocupación en base a los diferentes perfiles de votantes del año 2019, los propios votantes del Frente de Todos son aquellos más preocupados por las cuestiones económicas, principalmente la inflación seguida del desempleo, alcanzando el 63% de su interés . Mientras que los principales grupos opositores ponen el foco en la corrupción.

La segunda ola del coronavirus genera nuevamente caídas en las expectativas sobre el futuro económico del país para los próximos 12 meses. El 61,4% de los encuestados considera que la situación económica será peor a la actual, y tan solo el 21,5% cree que la situación mejorará en los próximos 12 meses. Por su parte, en términos personales, las creencias son un tanto más moderadas: en mayo, el 48,2% de los encuestados considera que su situación empeorará, y solo el 19% cree que estará mejor.

¿Qué evaluación realiza la sociedad de la gestión sanitaria?

En cuanto al caso particular de la gestión sanitaria, el gobierno no logra recuperar la valoración positiva que supo conseguir un comienzo de la pandemia. Alcanzando un 60% de valoración negativa, con casi la mitad de los encuestados considerándola “Muy Mala”. El gobierno no logró alcanzar siquiera el 30% de aprobación en relación a las medidas sanitarias impuestas.

Con relación a la disyuntiva “Salud vs Economía” asumiendo que para controlar una de las dos variables será necesario dejar de lado la otra, como se planteó en algún momento, el 32,8% de los encuestados considera necesario asumir el riesgo de contagiarse con tal de garantizarse su fuente de ingresos. Otro 20% de los encuestados toma una postura más neutral, pero reconociendo la necesidad económica, mientras que tan solo un 15,3% prefiere no exponerse al contagio debido a lo delicada de la situación sanitaria. Evidentemente la sociedad le fue perdiendo el miedo a la enfermedad, a pesar de que sigue existiendo un 15,1% que reconoce tener “Mucho Temor”, similar al número de quienes prefieren no exponerse al virus a pesar de implicar un riesgo para sus ingresos .

¿Cuál es la situación del oficialismo frente a las elecciones legislativas de septiembre?

La tendencia en el deterioro del caudal electoral continúa y pareciera no detenerse, desde julio del 2020. Los niveles de intención de voto de mayo perforan el 30% a nivel nacional. En paralelo, el voto por otras fuerzas políticas alcanza su nivel más alto en mayo con 61,7%.

En síntesis, al gobierno de Fernández no pareciera alcanzarle una mejora en el ritmo de vacunación para captar al electorado, esta no parece ser una variable que vaya por encima del posicionamiento político previo de los votantes. En última instancia le sirve para retener a sus propios votantes un tanto desencantados. Será necesario entonces que el gobierno trabaje en esas otras cuestiones que fueron mencionadas como principales preocupaciones y que no necesariamente están relacionadas con el manejo de la pandemia para llegar mejor posicionados a septiembre.

La Hidrovía, es la vía navegable troncal más importante del país. Es una ruta fluvial de 1.635 km que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga, y su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y Río de la Plata. Bajo su cauce de salida circula el 80% de la exportación nacional. Por allí se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores del país.

El contrato entre el Estado argentino y la empresa que se encarga del dragado de la hidrovía (Hidrovía S.A.), integrada por el grupo belga Jan de Nul y la empresa local Emepa, recibió una extensión temporaria, ya que expiraba a fin de abril. El dragado constituye una tarea esencial para conservar la funcionalidad de la vía navegable. Sin embargo, la decisión de cómo continuar una vez finalizado este contrato está siendo discutida muy fuertemente al interior del oficialismo.

El Presidente había anunciado, en agosto del año pasado, la intensión de crear una empresa estatal que se encargue de controlar la concesión de la hidrovía, al tiempo que anunciaba que era imposible que el Estado se encargue de dragar la vía navegable. Por ello, el Gobierno avanza en llevar adelante una nueva licitación para concesionar ese dragado.

De hecho, el Ministro Mario Meoni había firmado el 8 de abril un acuerdo para que la OCDE lleve adelante la gobernanza de la próxima licitación como forma de garantizar la transparencia del proceso. No obstante, desde el oficialismo no son menores las voces que reclaman estatizar la hidrovía (sobre todo desde el kirchenrismo), reclamando tomar el control en defensa de la soberanía nacional.

En ese marco, el Senado, con un fuerte impulso por parte de los senadores más cercanos a Cristina Kirchner, le dio media sanción a un proyecto que crea una Comisión Bicameral no solo para controlar la licitación, sino también para intervenir en el funcionamiento de la hidrovía.

La Comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del Sistema de Navegación Troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo. La Comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados, los cuales serán designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara e iniciarán sus funciones a partir de la vigencia de la presente ley.

Algunas de las facultades y atribuciones de la Comisión son las siguientes:
– Solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del público y de organismos locales como internacionales
– Elaborar informes brindando propuestas concretas y asesorando en el avance de las acciones propuestas, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente.
– Auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía.
– Ejercer el contralor del proceso licitatorio.

En definitiva, este proyecto de creación de la Bicameral de la Hidrovía debe enmarcarse en esa pelea interna entre diferentes sectores del oficialismo respecto de qué hacer con la Hidrovía (estatizarla, licitarla, a quién, qué intereses intervendrán, etc.). Una pelea que enfrenta nuevamente a sectores del kirchnerismo con los que representan a Sergio Massa, los Gobernadores y el propio Alberto Fernández.

El presente artículo es un extracto del Panorama Legislativo que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.

Desde el comienzo de este ciclo se planteó el interrogante sobre lo que realmente representaba el Frente de Todos. Una coalición que se formó para ganar la elección, pero que no atravesó un proceso de confluencia programática previa entre sus actores. Es más, parecía que se valoraba la decisión de que cada uno pueda conservar su identidad dentro de la Coalición, lo cual depositaba en el oficialismo una serie de tensiones que obedecen precisamente a esa identidad multifacética de ser el frente de “Todos”. Entre ellas, destacaba la tensión económica, por su relevancia.

Una tensión que acaba de mostrar su cara públicamente es la controversia que se dio entre Martín Guzmán y Federico Basualdo acerca del nivel de aumentos de tarifas (o del gasto en subsidios) que el programa económico puede o debe soportar. No obstante, en realidad trasunta una discusión más de fondo entre dos posturas.

Por un lado, la necesidad de promover ciertos equilibrios macroeconómicos necesarios para renegociar el acuerdo con el FMI, además de ser necesarios también para generar condiciones de crecimiento genuinas y sustentables. Por otro, la necesidad de atender ciertas demandas sociales recogidas en las urnas en 2019. La discusión entre Guzmán (recortar subsidios) y Basualdo (no aumentar tarifas), es una cara de esa discusión de fondo que no está saldada dentro de la coalición y que se demuestra de manera muy elocuente en la falta de un programa económico que pueda ser apoyado por todos los miembros de la Coalición.

Sin lugar a duda, la discusión sobre el programa económico es la discusión sobre el acuerdo con el FMI. Lo que se defina va a comprometer la política económica de los próximos 10 años. Es esa discusión la que desata las tensiones dentro de la coalición de gobierno. Sobre todo, los condicionantes que, desde el kirchnerismo, le están imponiendo a la negociación.El razonamiento de CFK es el siguiente: si el FMI le financió la campaña a Macri, que no venga a imponernos condiciones para que nosotros podamos ganar las elecciones. Es ese el punto central por el cual CFK le reclama a Guzmán una negociación que Guzmán sabe que es imposible tener con el FMI: que haya renegociación de vencimientos sin grandes condicionalidades.

Por lo pronto, los marcos de la negociación fueron definidos por la carta que los Senadores del Frente de Todos le enviaron al FMI el pasado 16 de noviembre de 2020. Allí expusieron con claridad las condiciones que se le plantean al organismo para renegociar la deuda: bajar la tasa, empezar a pagar en 2025 y plazo de amortización de la deuda en “varias décadas”. El Ministro de Economía ha logrado avanzar con la negociación siguiendo esos condicionantes planteados por los senadores de su partido. Para salvar algunas de esas condicionalidades, Guzmán vienen negociando con el FMI algunas cláusulas del acuerdo que pudieran salvar aquellos pedidos de los Senadores (o de Cristina Kirchner):

– Como el estatuto del FMI no contempla acuerdos de más de 10 años, la Argentina pide la inclusión de una cláusula en el acuerdo que específicamente determine que, de existir en el futuro una modificación de la Carta Orgánica del Fondo, se habilite la alternativa de extender el acuerdo firmado más allá de los 10 años fijados en el acuerdo original que se firme.

– Contemplar la posibilidad de que los compromisos que asuma la Argentina de devolución de los fondos puedan ser refinanciados si el país cumple con las pautas que se acuerden en el Programa de Facilidades Extendidas.

Sin embargo un nuevo desafío interno emergió con el Proyecto de Declaración que los Senadores del Frente de Todos decidieron impulsar, donde le piden al Ministro que no contemple utilizar los fondos que el organismo enviará a los países miembros como consecuencia de la pandemia (los ya famosos Derechos Especiales de Giro) para cumplir compromisos de deuda con el FMI ni con el Club de Paris: buscan que esos recursos sean utilizados para atender las necesidades “de la sociedad argentina derivados de la pandemia”. Esta iniciativa política, surgida desde el interior del propio oficialismo, choca de manera directa con la estrategia que el propio Gobierno (el ministro Guzmán con el aval de Alberto Fernández) venía llevando adelante para renegociar la deuda con los organismos internacionales.

Estos desacuerdos sobre la estrategia de negociación son derivados de desacuerdos más profundos que existen dentro del oficialismo sobre el nivel de compromisos (esfuerzos) que hay que asumir en el acuerdo con el FMI: fundamentalmente qué nivel de reducción de déficit comprometer en un acuerdo que condicionará la política económica en los próximos 10 años. Una duda que se vuelve relevante, porque serán compromisos que trascenderán la gestión de Alberto Fernández. Desacuerdos que están cruzados por la interpretación política del origen del problema. Para el sector que lidera Cristina Kirchner, la deuda con el FMI tuvo el objetivo de financiarle la campaña a Mauricio Macri, y por ello debe hacerse cargo en mayor medida el organismo que la Argentina de los costos de refinanciar y hacer pagadero el acuerdo. Interpretación que complica más la negociación, pero que deja severos interrogantes respecto de cuál es el rumbo económico que este Gobierno le quiere imprimir al país, y más intrigante aún, quién lo define.

 

El presente artículo es un extracto del Panorama Político que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.