Category: Política

Tan solo un gremio firmó paritaria anual en el primer trimestre del año

Con una inflación acumulada del 7,8% en el primer bimestre del año, y con una perspectiva para nada optimista de cara al dato de marzo, se retrasan los acuerdos de paritarias anuales.

La mayoría de los grandes gremios insiste con sentarse a negociar sus nuevos acuerdos. No obstante, hasta ahora el único gremio que cerró una paritaria anual fue el bancario (29%) con cláusula de revisión. SMATA también hizo lo propio, aunque vale la pena destacar que firma de manera sistemática acuerdos trimestrales.

El gobierno promueve el discurso oficial en el que intenta explicar que la elevada inflación del primer trimestre se encontraba dentro de sus proyecciones. Argumentan que se debió principalmente a fenómenos estacionales. Sin embargo, los gremios comenzaron a desconfiar hace varias semanas de dicho análisis. En este contexto, es muy difícil creer que los gremios negociarán respetando la pauta oficial que el Gobierno había propuesto.

¿Cómo se encuentran posicionados el resto de los grandes gremios de cara a las actualizaciones salariales del 2021?

• SMATA. Los mecánicos firmaron el primer tramo de su paritaria 2021 con un 13.3%. Cerraron el 2020 apenas por debajo del IPC.

• UTA. Los choferes negociaron aumentos no remunerativos equivalentes a $15.000. Fueron de los pocos gremios que finalizaron el 2020 apenas por encima de la inflación.

• COMERCIO. El gremio cerrará su acuerdo 2020 cobrando un 7% mensual hasta marzo y en abril deberán negociar su siguiente acuerdo.

• LUZ Y FUERZA. La regional de Córdoba terminó el 2020 apenas por debajo de la inflación y ya no tiene aumentos pactados.

• UOCRA. Uno de los gremios que peor cerró el 2020, percibió un aumento del 8% pactado para febrero.

• FERROVIARIOS. Los ferroviarios cerrarán su acuerdo 2020 en marzo, cobrando un 18% que probablemente les recompondrá las pérdidas.

• UOM. La UOM percibió, entre enero y febrero, todo lo perdido en 2020. Se encuentra negociando su paritaria y en ese marco se llevaron a cabo dos reuniones en las cuales los representantes sindicales manifestaron su intención inflexible de firmar 35% en 3 cuotas con revisión en el mes de noviembre. Pese a la insistencia de las entidades empresarias de buscar puntos de encuentro, se levantó la reunión, a la espera de la audiencia prevista para el miércoles 7 de abril con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

• UPCN. Los más golpeados: su convenio vence en mayo y con los aumentos pactados no será suficiente para recuperar.

• CAMIONEROS. Con su paritaria semestral firmada, su acuerdo contempla dos aumentos más. Terminarán en línea con el IPC.

• GASTRONÓMICOS. Lograron firmar su paritaria y recomponer gran parte de las pérdidas. Aún les queda percibir un 22%.

• ALIMENTACIÓN. Uno de los mejor parados frente a la evolución del IPC, ganó puntos en 2020 y aún le queda otro aumento.

• SANIDAD. El gremio perdió algunos puntos el año pasado, pero con los aumentos pactados para principio de 2021 podría recuperarlos. El gremio exige la reapertura de las paritarias para los convenios que comprenden a los trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales, instituto de diagnóstico, laboratorios de análisis clínicos, servicios de emergencias, institutos psiquiátricos e institutos geriátricos. A través de un comunicado anunciaron un plan de lucha en reclamo por los salarios y con el objetivo de lograr una recomposición.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Sindical” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para clientes de Ecolatina.

En una sesión particular celebrada un sábado, Diputados dio media sanción a una serie de proyectos entre los cuales se encontraban dos iniciativas que buscan mejorar los ingresos de sectores medio y medios altos de cara a la campaña electoral: las modificaciones en el monotributo y la suba del piso del impuesto a las ganancias.

Ambos proyectos fueron votados casi por unanimidad y ahora deberán ser revalidados en la cámara alta. Se aguarda por un trámite exprés de los mismos: el oficialismo espera ansiosamente la sanción de ambas leyes para ser exhibidas como logros en el marco de la campaña electoral.

¿Cuáles son las principales disposiciones de la modificación del impuesto a las ganancias?

Elevación del mínimo no imponible. Para trabajadores en relación de dependencia, se establece un nuevo “piso” a partir del cual se pagará el impuesto. De esta manera, la ganancia neta sujeta a impuesto será́ igual a cero para los sujetos cuya remuneración mensual –sin considerar el SAC-, no supere la suma de $ 150.000 brutos. La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social). Vale la pena destacar que será́ retroactivo al 1 de enero de este año. El proyecto exime del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

Mínimo no imponible para jubilaciones. Complementariamente, para el caso de los jubilados, la deducción específica se eleva al equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados -actualmente, en 6-. Esto implica que los jubilados comenzarán a pagar a partir de 8 veces el haber mínimo. Para acceder al beneficio de no pagar Ganancias, la ley establece que un jubilado no puede tener otros ingresos distintos a los de la jubilación.

Deducciones especiales. Se faculta a la AFIP para fijar una deducción especial para las remuneraciones superiores a los $150.000 y hasta $173.000 para evitar saltos abruptos en escalar por las deducciones del impuesto.

Otras disposiciones. La nueva ley le permitirá deducir el impuesto a los concubinos. Se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. Además, permite la deducción de gastos de movilidad liquidados en el recibo de sueldo hasta un 40% de la ganancia no imponible. Particularmente, si se trata de transporte de larga distancia, el tope es de 100%. Quedarán exentos del pago del impuesto los ingresos en concepto de provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones y otorgamiento de pagos por capacitación. Por último, el personal de Salud queda eximido del impuesto a las Ganancias por guardias u horas extra hasta septiembre.

Media sanción a las modificaciones en el monotributo: principales disposiciones

El proyecto dispone la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando se apruebe el proyecto.

Por su parte, el proyecto también facilita la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas.

Para aquellos monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021. Respecto a quienes superaron ese monto, deberán pasarse al régimen general y se establece una transición para que los contribuyentes puedan afrontar los pagos de Ganancias y de IVA. Además, en el primer año, podrán deducir el 50% del importe que le corresponde pagar de IVA. Las deducciones descienden a 30% en el segundo y a 10% en el tercero.

Para finalizar, resta mencionar un aspecto importante específico para la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” que unifica el pago de Ingresos Brutos con el Monotributo de AFIP. Así, Buenos Aires se suma a 7 jurisdicciones ya adheridas: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan y Salta.

El Gobierno de Alberto Fernández registró en marzo la peor valoración de la opinión pública desde el comienzo de su mandato. Entre las posibles causas se pueden ubicar el escándalo del Vacunatorio VIP, un discurso elevado de tono del presidente en el Congreso y el reposicionamiento de los temas judiciales (con la renuncia de Marcela Losardo al Ministerio de Justicia de por medio).

Como consecuencia de estos hechos, la imagen negativa del Gobierno se vio seriamente afectada y registra niveles inéditos desde su asunción. Específicamente, se registró una valoración negativa del desempeño gubernamental del 63,9%. En sintonía con el aumento de la imagen negativa, la imagen positiva se hundió al valor más bajo de la serie: tan sólo 27,1%. De esta manera, el diferencial negativo de la imagen del Gobierno se ubica en -36.8%, el más amplio del registro.

A su vez, la confianza de la opinión pública para con el manejo de la pandemia por parte del Gobierno también sufrió una caída significativa en marzo. Ciertamente, el resultado se vio influenciado en gran medida por el escándalo que se generó con la aplicación de vacunas a funcionarios y dirigentes amigos por parte de las autoridades sanitarias que culminó con la eyección del ministro Ginés González de su cargo. Así, el 58,1% de los encuestados desaprueba las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, mientras que un 29,7% evalúa positivamente la gestión sanitaria del Gobierno. Completa el cuadro un 12,2% que caracteriza a las medidas adoptadas por el Gobierno como “Regulares”.

El dato de marzo marca un quiebre respecto a la recuperación que habíamos registrado en febrero, luego de que a fines de enero se confirmara la efectividad de la vacuna Sputnik V, que había sido la gran apuesta del Gobierno, y de que el proceso de vacunación comenzara a tomar velocidad luego de la lentitud de principios de año. De esta manera, sigue habiendo un diferencial de casi 30 p.p. entre los que aprueban lo hecho por el Gobierno en materia sanitaria y quienes lo desaprueban.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama de Opinión Pública” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para clientes de Ecolatina.

Los discursos presidenciales de inauguración de las sesiones ordinarias suelen ser más que interesantes para entender la dinámica política, dado que allí se fijan las prioridades para la gestión. El discurso de este año se volvió aún más especial de lo habitual, dado que el presidente llegaba en un momento de elevada debilidad. Su imagen personal y la de su Gobierno se encontraban en el peor momento del ciclo. Para colmo, en simultáneo estallaba el escándalo más dañino para la reputación del oficialismo: el “Vacunatorio VIP”.

Con un discurso particular, Alberto Fernández mostró un tono más confrontativo del que mostraba al comienzo de su gestión. Particularmente, levantó algunas de las banderas que reclamaba Cristina Kirchner, tales como la judicialización de la deuda con el FMI, la ratificación de que las tarifas aumentarán según las posibilidades económicas de la sociedad y, por último, los cuestionamientos a la justicia.

Por el tono y el contenido, fue uno de los discursos más cercanos al kirchnerismo de Alberto Fernández. En términos de percepción de la opinión pública, probablemente haya contribuido a que la sociedad vea a Alberto Fernández más en sintonía con Cristina y a su Gobierno más parecido a lo que fue el Gobierno de su vicepresidenta.

La estrategia que denota el tono y el fondo del discurso del presidente es la de decir cosas que pudieran caer bien entre los votantes más convencidos del Frente de Todos que, además, son quienes reconocen el liderazgo de Cristina Kirchner. Pero no solo lo reconocen, sino que son quienes hoy sostienen su apoyo al Gobierno. Hacia ese público pareciera haber estado dirigido el discurso, con el objeto de fidelizar los apoyos que hoy el presidente conserva. Bajo esta lógica, la estrategia discursiva podría ser razonable.

Sin embargo, fue también un discurso que alejó a Alberto Fernández de una figura moderada, dialoguista y diferenciado de Cristina Kirchner: lo apartó así de un electorado más independiente, que hoy le quitó el apoyo y que difícilmente pueda volver a apoyarlo frente a una estrategia de radicalización de las posiciones. De hecho, entre los votantes del Frente de Todos, quienes creían que la coalición iba a ser distinta al Gobierno de Cristina Kirchner y actualmente hacen una lectura diferente, es donde el oficialismo retiene la menor cantidad de votos (solo el 14,7% de quienes creían que iba a ser distinto y lo ven parecido volvería a votar al oficialismo).

Otro de los aspectos que dejó el discurso fue la evidencia de que la política económica quedó subordinada a la estrategia electoral. La evidencia fue elocuente, porque la decisión del Gobierno de judicializar la deuda contraída con el FMI no puede ser leída sino como una confirmación de que el Gobierno decidirá postergar un eventual acuerdo con el organismo para después de las elecciones.Mala noticia para las negociaciones que está intentando encarar Martín Guzmán con el fondo, sobre todo porque el Gobierno busca penar judicialmente a quienes la contrajeron (es decir, a la oposición), en el momento en que el propio organismo está reclamando un acuerdo que tenga amplio apoyo de todo el arco político.

Lo cierto es que, a la luz del discurso del presidente, queda más claro que la política económica del Gobierno ya quedó subordinada a su estrategia electoral y se parece -y mucho- a las estrategias que utilizaban los Gobiernos de Cristina en años electorales: pisar las tarifas lo más posible, aumentar el gasto (sobre todo el que tiene destino en el consumo) todo lo posible dentro de las restricciones -o al menos no ajustar lo que el FMI quería-, y frenar al dólar para contener la inflación y para favorecer una percepción de recuperación del poder adquisitivo.

La vacunación ayudará a todo este proceso, en un contexto donde la unidad del peronismo está garantizada, porque nadie querrá sacar los pies del plato antes de corroborar que el plato sigue estando lleno o vacío (eso será después de las elecciones). Pero de las tres claves que el Gobierno cree que lo ayudarán a ganar la elección (la vacunación, la unidad del peronismo y la economía), esta última es decididamente la variable independiente.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para los clientes de Ecolatina.

Entre las curiosidades de que nos deja la pandemia, una bien llamativa es que de los últimos diez años, el 2020 terminó siendo el de menor cantidad de conflictos con paro según las estadísticas de conflictividad laboral del Ministerio de Trabajo, tal como puede verse en el siguiente gráfico.

Está claro que gran parte del dato se explica por la pandemia, que paralizó las actividades y también la conflictividad. Paradójicamente, 2020 fue el año de mayor caída de la actividad económica desde la debacle del 2002. En términos de cantidad de conflictos, el año cerró con 982. 554 se dieron en el ámbito público, apenas superando a los que tuvieron lugar en el ámbito privado (449).

La mayor conflictividad laboral en el ámbito público no es un nuevo fenómeno, es una tendencia que se ha repetido en los últimos 10 años. Queda aún más claro cuando se lo analiza en términos de huelguistas en paro según ámbito de actividad. Medido de esta forma, son considerablemente más los huelguistas estatales que los huelguistas del ámbito privado: en 2020, el 71,3% fueron del ámbito estatal, mientras que solo el 28,6% procedieron del ámbito privado.

Otro aspecto interesante de la conflictividad del año pasado fue el contraste entre los motivos de conflictividad según el ámbito de trabajo. Los trabajadores del Sector Público registraron una conflictividad por reclamos de mejora salarial considerablemente mayor que los del ámbito privado. Mientras que en el Sector Público en 2020 se registraron 225 conflictos con paro por mejoras salariales (el nivel más bajo de los últimos 10 años), en el ámbito privado solo 82 tuvieron lugar. Contrariamente, los conflictos motivados por la renovación de contratos o por despidos son mayoría en el ámbito privado, tal como se observa en los gráficos a continuación.

En definitiva, la conflictividad por ingreso sobresale en el ámbito estatal, donde tiende a haber mayor estabilidad laboral, mientras que la conflictividad por la estabilidad laboral sobresale en el ámbito privado, donde suele haber más riesgos de destrucción de empleo. Esta caracterización de las fricciones no llama la atención, sino que es propia de estos dos diferentes ámbitos de trabajo.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Sindical” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para los clientes de Ecolatina.

La encuesta mensual de opinión pública realizada por Synopsis Consultores en el mes de febrero observó un incremento más que significativo en la preocupación por la inflación.

Solo en el último mes la preocupación ciudadana por la frágil dinámica inflacionaria registró una suba de más de 10 p.p. El 37,7% de las personas encuestadas ubicaron a la suba generalizada del nivel de precios en el tope del ranking de sus preocupaciones cotidianas respecto al funcionamiento del país.

Sin duda, la aceleración a niveles del 4% en el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC en los últimos dos meses (diciembre y enero) fue uno de los motivos principales de los resultados obtenidos. En un segundo lugar se ubicó la corrupción, tal como puede verse en el gráfico.

No obstante, al repreguntarle a los encuestados que señalaron a la corrupción como la problemática más destacada cuál era para ellos la segunda problemática que más los preocupaba, la mayoría de las respuestas continúan volcándose en el frente económico y, particularmente, en lo que hace referencia en materia de precios.

De este modo, sin contabilizar a la Corrupción (que se trata de un reclamo más de tipo moral que práctico), las preocupaciones económicas ocupan el centro de la escena rotundamente. En febrero, la preocupación por la inflación y por el desempleo en conjunto alcanzaron niveles de casi el 70%, destacándose que la primera de éstas arroja niveles de preocupación no vistos desde diciembre del 2019.

 

 

Bajo la firma de del presidente de la cámara baja Sergio Massa, el oficialismo presentó un proyecto en Diputados para elevar el piso de impuesto a las ganancias. Luego de la suba del mínimo no imponible en enero, el gravamen alcanza hoy a los trabajadores solteros que perciben un ingreso de $74.810 y a los casados que perciban salarios iguales o superiores a $98.963. De esta manera, más de de 2.300.000 personas están actualmente alcanzadas por el impuesto. Esto representa al 25,6% de los trabajadores registrados, ya sean públicos o privados.

El proyecto busca modificar el “Mínimo no Imponible” para reducir la cantidad de empleados y jubilados que se ven alcanzados por el gravamen. Con la modificación del mínimo no imponible comenzarían a pagar el gravamen aquellos que tienen un ingreso de al menos $150.000, o quienes perciben jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos garantizados. De esta manera, solo el 10% de los trabajadores registrados debería pagar el impuesto a las ganancias.

¿Cómo quedaría cada situación en caso de que la iniciativa se aprobase?

Para los trabajadores en relación de dependencia se establece un nuevo “piso” a partir del cual se pagará el impuesto. La ganancia neta sujeta a la imposición será nula para aquellos cuya remuneración mensual (sin considerar el SAC) no supere la suma de $150.000. Este “piso” será actualizado anualmente con el mismo coeficiente que actualmente se encuentra vigente para las deducciones. Para quienes su remuneración mensual liquidada supere la suma anteriormente mencionada, pero no exceda los $173.000, se faculta al Poder Ejecutivo a incrementar la deducción especial prevista.

Para los jubilados, la deducción específica se eleva al equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados, lo cual implica que deberán empezar a pagarlo si perciben $ 152.000 mensuales aproximadamente.

El resto de los trabajadores y jubilados que superen los “pisos” indicados mantendrán el beneficio ya previsto en la ley referido al incremento automático para sus deducciones (superior al 35% para el 2021).

A pesar de que el costo fiscal se encuentra estimado en aproximadamente $42.000 millones, el proyecto recibió el apoyo de diferentes bloques opositores, lo cual implica que su aprobación se encuentra virtualmente garantizada. Se preveé que pueda estar aprobado antes del inicio de las Sesiones ordinarias el 1 de marzo.

 

Definir la importancia de la elección legislativa que ocurrirá este año en la Argentina requiere necesariamente hablar de qué impacto político podría generar. En los comicios se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 bancas en la Cámara de Senadores. Allí se presentan dos grandes escenarios posibles.

Escenarios posibles

En un escenario optimista para el oficialismo, el Gobierno lograría el quórum en la Cámara de Diputados y, a su vez, conservaría el quórum en la Cámara de Senadores. De esta manera, tomaría el control del funcionamiento del Congreso. En sentido opuesto, una mala performance electoral podría dejar a la coalición gobernante sin control de la cámara baja e, incluso, con riesgo de perder el control de la cámara alta. Esto implicaría que el oficialismo perdería por completo el control del Legislativo.

Si nos guiamos por los antecedentes y por las actuales circunstancias, podríamos decir que el oficialismo se encuentra más cerca de acercarse al primer escenario que de caer en el segundo. Buena parte de lo que suceda dependerá del resultado que obtenga en la Provincia de Buenos Aires, dado que allí el oficialismo tiene posibilidades de ampliar el número de bancas que hoy representan a esa provincia en el bloque del Frente de Todos.

¿Qué debería suceder a lo largo del país para que el Gobierno logre el quórum en el Congreso?

 

Provincia de Buenos Aires

PBA es el distrito donde se presentan las mayores chances de estirar la cosecha de bancas. Allí el oficialismo debe renovar 16 bancas. De repetirse el resultado de 2019, podría estirar su cosecha a al menos 19 bancas (podrían ser más), ganando 3 más de las que tenía que renovar.

Si bien no es sencillo, los antecedentes muestran que es posible: en 2007 obtuvo 20 bancas con el 46% de los votos y ni que hablar en 2011, donde obtuvo 22 bancas con el 57,1%. Sin embargo, no deben pasar por desapercibido los antecedentes negativos de 2009 y 2013 que ostenta el oficialismo, donde en ambos casos logró solamente 12 bancas con aproximadamente el 32% de los votos.

CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza

La situación en estas provincias no luce nada fácil desde el punto de vista electoral. Podrían ser escenarios de derrota para el Gobierno. No obstante, el oficialismo tampoco tiene la obligación de renovar muchas bancas allí: 3 en CABA, 1 en Córdoba, 3 en Santa Fe y 1 en Mendoza. De modo que con un resultado más que modesto podría darse por cumplido el objetivo.

Resto de las provincias

En el resto de las Provincias, salvo en Santiago del Estero donde renueva 3 bancas, los objetivos son los de renovar entre 1 y 2 bancas. Incluso, se podría decir que las 27 bancas que debe renovar son un piso, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2019 obtuvo 42 bancas en el resto de las provincias (15 más de las que necesita renovar actualmente). No se espera que en estas Provincias pierda bancas, sino que conserve las que tiene y que, eventualmente, pueda sumar alguna banca más.

Conclusiones

Si bien el escenario en los distritos grandes (a excepción de PBA) no es alentador para el oficialismo, el FDT no tiene demasiadas obligaciones de renovación. Por otro lado, en el resto de las Provincias (en el norte y sur del país), el domino del peronismo hace prever que no será difícil ampliar la cosecha de bancas que el oficialismo tiene por renovar.

En síntesis, la importancia de estas elecciones radica en la posibilidad de que cambien la dinámica política de dos posibles formas. Una de ellas ampliaría la disponibilidad de recursos de gobernabilidad para el oficialismo (control del Congreso). La otra consolidaría la dinámica que hemos visto hasta aquí: un oficialismo que se ve forzado a negociar ciertas leyes con bloques minoritarios (sobre todo las leyes de carácter económico), e impedido de sancionar otras leyes como las diferentes iniciativas de reforma judicial que ha promovido sin éxito hasta este momento.

Como en todo comienzo de año en la Argentina durante los últimos tiempos, el desafío luce ser siempre el mismo: coordinar de la manera más saludable posible la puja entre los precios y los salarios, de modo que sean consistentes con los objetivos de política macroeconómica.

Suena sencillo a la hora de formularlo, sin embargo, siempre ha resultado complejo ejecutarlo en la práctica. El proceso aparenta ser aún más difícil de lo habitual habiendo tenido ya tres años consecutivos de caída del salario real. Dicha dificultad va in crescendo al considerarse que la dirigencia gremial tiene por objetivo recuperar todo (o al menos parte) de ese poder adquisitivo perdido.

El objetivo del Gobierno es el de utilizar el ya poco creíble parámetro de inflación contemplado en el Presupuesto 2021 (29% de aumento en el IPC) como una suerte de pauta oficial, para asegurar compromisos empresarios y sindicales de no desviarse demasiado de dicha referencia. Sin embargo, la falta de consistencia entre dicho pronóstico y aquellos del mercado (el último REM pronosticó una inflación para 2021 de 45%) le pone un gran interrogante al acuerdo, el cual se ve más como una formalidad que como una posibilidad real de coordinar con éxito los precios y los salarios.

Desde el sindicalismo ya se hizó la bandera de siempre frente a este tipo de propuestas de anclar expectativas de aumentos salariales: cualquier tipo de acuerdo que no le ponga un techo a las paritarias será viable. De hecho, al no estar interiorizados sobre la propuesta que deslizó la última reunión del Gabinete económico, desde la CGT ya se le pidió una reunión al Ministro de Trabajo Claudio Moroni para conocer los detalles de este plan y, eventualmente, poder discutir internamente los márgenes de apoyo que pueda tener desde el universo sindical.

A la falta de precisión sobre estos acuerdos se le suma la particularidad de que los mismos no serán canalizados por el Consejo Económico y Social, el cual fue lanzado de apuro a fines del año pasado bajo la conducción de Gustavo Béliz y que pareciera ser el ámbito más adecuado para lograr acuerdos de este tipo. En principio, desde el Ministerio de Economía se apuntó a “una metodología” que no se definirá en el marco del Consejo.

Las dudas y la desconfianza sobre lo que finalmente el Gobierno proponga como “metodología” también atraviesan al sector empresarial. Si los sindicatos plantean su reclamo de que no se le ponga techo a la paritaria, desde el sector empresario plantean la necesidad de que la base sobre la cual se parta para alinear precios y salarios incluya una recomposición de precios que estuvieron pisados durante el 2020.

Probablemente todos los sectores empresarios estén de acuerdo con la idea de alinear precios y salarios, siempre y cuando la base de la cual se parta sea razonable para ambas partes. El sector empresario sostiene que algunos sectores tuvieron paritarias que acompañaron la inflación, sin embargo, los precios (que definen los ingresos de las empresas) estuvieron pisados, motivo por el cual habría que alinearlos antes de iniciar con la “metodología”.

Lo cierto es que pareciera no haber todavía demasiada consistencia en la propuesta del Gobierno para contener la puja distributiva, la cual luce ser más bien una expresión de deseo de la conducción de la política económica. Ésta requerirá de una serie de acuerdos que no se ven fáciles de lograr dado el delicado contexto empresario y sindical, tanto por las pérdidas que ocasionó la pandemia como por las disputas que podrán surgir al interior de la CGT si las elecciones de las nuevas autoridades finalmente se llevan a cabo en el 2021.

El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para modificar las cuotas y las escalas del monotributo con el objetivo de actualizarlas por el impacto de la inflación. No obstante, la actualización de las escalas se encuentra suspendida. Esto se debe a que la actualización se realizaba a partir de la ley de movilidad jubilatoria, suspendida por el Gobierno al inicio de su mandato.

El proyecto propone un incremento de 35,3% tanto para las cuotas como para las escalas del Monotributo. Dicha cifra va en línea con el aumento total que tuvo la jubilación mínima a lo largo de 2020. De esta manera, el tope de ingresos anuales y las cuotas mensuales por categoría serán las siguientes:

A su vez, otra posibilidad estipulada en el proyecto consiste en que que se tendrán por cumplidos hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive los requisitos de permanencia en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, a excepción de aquellos contribuyentes que hayan excedido en más de un 25% el límite superior anual establecido para la categoría máxima aplicable para su actividad. Dichos contribuyentes podrán optar por continuar en el Régimen pagando un monto adicional, detrayendo el pago de la categoría máxima con el pago de la categoría que tiene al momento de excederse del 25% establecido. La diferencia es el adicional que se pagaría como multa para no quedar afuera.

La iniciativa oficialista comprende mecanismos tanto de carácter permanente como transitorios para el tránsito del Régimen simplificado al Régimen General. Dentro de los mecanismos transitorios se destacan:

• Régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes que se encuentren en situación de exclusión, pero permanecen inscriptos en el Régimen Simplificado.
• Beneficio para pequeños contribuyentes cumplidores (que cumplieron con la exclusión o renuncia).
• Se establece un procedimiento transitorio de acceso al Régimen General.

Los mecanismos permanentes (procedimiento permanente de transición al Régimen General y régimen voluntario de promoción tributaria del Régimen General) poseen una doble finalidad: atenuar la carga tributaria de la transición y establecer un tratamiento diferencial a los contribuyentes que adhieren voluntariamente respecto de quienes lo hagan bajo amenaza de la AFIP.