Category: Política

El resultado de la Elección General ratificó el sentido del voto que se había observado en las PASO del 12 de septiembre pasado. Hay un retroceso del caudal electoral del oficialismo que pone en duda su continuidad más allá de 2023. El Frente de Todos perdió en todo el país más de 5 millones de los votos obtenidos en 2019 (casi un 40%). Y en la Provincia de Buenos Aires, más de 1,9 millones de los votos obtenidos en la elección presidencial (más de un 35%).

La traducción de votos en bancas produce dos consecuencias en el Congreso: 1) el oficialismo pierde el quórum propio en el Senado y se queda con 35 bancas, al renovar solo 9 de las que ponía en juego; 2) el oficialismo conserva una situación similar a la que venía transitando en la Cámara de Diputados, tiene la primera minoría y se queda a unos 10 votos del quórum para hacer funcionar el cuerpo. En ambos casos, va a tener márgenes para acordar con sectores de la oposición que tendrán vocación negociadora. Es decir, no hay riesgo de parálisis legislativa. De hecho, hay conversaciones para conformar un eventual Interbloque Federal que podría estar integrado por los miembros del actual Interbloque Federal y por los legisladores del MPN de Neuquén, del Frente Renovador de Misiones y de Juntos Somos Río Negro.

Existía en la escena el riesgo de que el resultado pudiera ser aún más adverso que el de las PASO para el Frente de Todos, por el efecto carro del vencedor para la oposición, por las peleas en el oficialismo, por los problemas de gestión (inflación, inseguridad, dólar, etc.). Pero ello no aconteció, lo que le da al oficialismo argumentos para no buscar más cambios en el equipo de Gobierno que los producidos luego de las PASO, con lo dificultoso que le resulta a este Gobierno mover piezas y conservar los equilibrios internos de la coalición.

Evitar el precipicio (un resultado más adverso que el de las PASO) no le resuelve los problemas al oficialismo que tendrá que lograr consensos internos (algo que en los 2 primeros años de mandato no logró) para enfrentar los complejos desafíos económicos que hay por delante.

El resultado, sin ser más adverso que el de las PASO, deja igualmente debilitado al oficialismo. Los márgenes de gobernabilidad se achicaron, pero el Frente de Todos tendrá opciones para negociar la sanción de leyes. El desafío más complejo continúa siendo el económico, y la dificultad más grande para lograr resolverlo está dentro de la coalición (ponerse de acuerdo en las medidas correctas) y no por fuera (un bloqueo opositor).

 

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina suscriptos al Módulo Político.

A dos meses para el cierre del año, y con varios gremios que tuvieron que negociar revisiones de lo acordado originalmente, el proceso paritario viene mostrando una tendencia alcista de la mano del ritmo del IPC, luego de que la expectativa de 29% anual del Presupuesto 2021 quedara absolutamente obsoleto.

En los nueve meses de 2021, la inflación acumulada llegó al 37%, en un contexto donde la mayoría de los gremios perdió frente a la evolución de la inflación de 2020. Este año, y contra todo pronóstico, la mayoría de los gremios pudo acomodarse frente a esta aceleración inflacionaria, y algunos inclusive lograron recuperar puntos perdidos durante el año pasado.

Algunos gremios destacados que aún tienen la cláusula de revisión sin activar son los Ferroviarios y la UTA, gremios grandes que además están fuertemente atados a los subsidios estatales. Ambos deberán renegociar su acuerdo antes de diciembre. En los primeros meses de 2022 habrá mucha actividad en términos de revisiones, comenzando con el gremio de Comercio.

En octubre, el mes en donde mayor cantidad de cláusulas de revisión fueron activadas, -por lo menos hasta el momento-, muchos gremios lograron sellar aumentos que, anualizados, se acercan muchísimo al 50%, cifra similar a la inflación interanual (apenas por debajo), pero que, a su vez, debería estar por encima de la inflación acumulada que se verá en 2021 (apenas por debajo del 50%, según estimaciones privadas).

De hecho, este mes la rama indumentaria textil firmó revisiones que llevan su acuerdo cerca del 55% anual, los plásticos firmaron en torno al 53%, la UOM reabrió su acuerdo para llevarlo apenas por encima del 50%, AOMA revisó en torno al 48%, y Satsaid, el único gremio que este mes firmó su paritaria anual para 2022, firmó en 45% pero con revisiones a mediados del año próximo.

En síntesis, luego de un 2021 que comenzó con muchísima incertidumbre, los denominados grandes gremios están muy cerca de lograr finalizar el año con los aumentos paritarios por encima de la evolución de la inflación y recuperar así cierto poder de compra.

 

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El resultado de las PASO arrojó certidumbre respecto de la imposibilidad del oficialismo de tomar control de la Cámara baja y de conservar el quórum en el Senado. Lo que resta definir es cuántos votos le hará falta al Frente de Todos, en Diputados y en el Senado, para poder sancionar leyes.

Si proyectamos los resultados de las PASO, al oficialismo le faltarían 12 votos en Diputados y 2 votos en Senadores. La pérdida del Senado podría ser la menos preocupante, ya que hay senadores disponibles para negociar esos votos y poder sancionar sus proyectos de ley. El problema se vuelve difícil de sortear en Diputados, donde todo pareciera indicar que el oficialismo necesitará negociar el apoyo del interbloque Federal, integrado por diputados que responden a Juan Schiaretti y los diputados lavagnistas.

El Interbloque Federal quedaría conformado por 8 diputados integrados por: 4 diputados de Córdoba, 2 diputados lavagnistas, y 2 diputados santafecinos vinculados al socialismo. De estos 8 diputados, el oficialismo tendrá que conseguir los votos que le falten, más allá de los propios (117 según la proyección de las PASO), y más allá de los 8 votos que podrá negociar de diputados que representan fuerzas provinciales (MPN, Frente Renovador de Misiones y otros).

Sin embargo, no es claro lo que sucederá en los bloques del medio. El diputado por Santa Fe que provenga del socialismo dependerá de que dicho espacio no pierda mucho más caudal entre PASO y General. También podría ocurrir que Hacemos por Córdoba (Schiaretti) logre mejorar su caudal y llevarse una banca más producto de la caída del caudal del Frente de Todos. También podría suceder que Florencio Randazzo supere el 3% de los votos válidos y pueda acceder al Congreso.

En el resto de la composición, el oficialismo no podrá encontrar demasiado para negociar. De los 4 diputados que podrían ingresar por la izquierda (2 por PBA, 1 por CABA y otro por Jujuy), el oficialismo no tendrá posibilidad de sumar votos para aprobar iniciativas. La Izquierda suele abstenerse y votar en contra de todas las iniciativas de los oficialismos.

Tampoco podría aspirar a recibir apoyo de los sectores libertarios o de derecha. Podrían ingresar 4 diputados (2 por PBA y 2 por CABA) y no habría que esperar que esos 4 diputados pudieran contribuir con apoyos a iniciativas del oficialismo. Por ello las chances se reducen a los 16 diputados del Interbloque Federal y de fuerzas provinciales.

 

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El escrutinio definitivo de las elecciones Primarias del 12 de septiembre le puso forma final a un resultado tremendamente adverso para el oficialismo. Sin contar los votos de partidos aliados como el Frente Renovador de Misiones (Oscar Ahuad) o Chubut Somos Todos (Mariano Arcioni), el Frente de Todos recogió menos de 1 de cada 3 votos afirmativos y apenas algo más del 20% de los votos de todos los empadronados. Una cosecha que, si la comparamos con los votos que convirtieron a Fernández en presidente en octubre del 2019, representa un 45% menos de los casi 13 millones de votos de la elección presidencial, o dicho nominalmente, unos 5.875.000 votos menos que los obtenidos dos años atrás. Por ello no hay que detenerse en los porcentajes (32,5% sobre afirmativos), porque la cantidad de gente que efectivamente votó fue menor.

El resultado electoral, de confirmarse en noviembre, afectará las condiciones de gobernabilidad de este ciclo, ya que el oficialismo perdería el quórum en el Senado y retrocedería algunas bancas en diputados, con lo que se vería obligado a negociar más apoyo opositor para sancionar leyes. Pero quizá no es tanto la Gobernabilidad externa (la capacidad de implementar decisiones la que preocupa de observar la dinámica, sino que lo que genera incertidumbre es ver descompuesto el proceso de toma de decisión interna de la coalición por pérdida de centralidad del presidente), sino la Gobernabilidad interna. El problema para esta coalición no ha sido ejecutar una decisión, sino que el problema ha sido tomar una decisión. Un problema que surge por la falta de centralidad del presidente en la conducción del proceso político, y que obedece a la naturaleza extraña de la coalición que tiene a un presidente sin votos, sin territorio y ahora sin popularidad.

Si repasamos lo que ha sucedido en el último año, el comienzo mostró a un presidente tomando decisiones costosas como la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. Evidenciando que se tenía registro de la necesidad de corregir los desequilibrios macroeconómicos. Pero la pandemia puso al Gobierno a conducir la política económica con más criterio político que económico.

El susto del dólar informal a $200 de octubre hizo corregir el criterio que la coalición se había impuesto para definir la política económica durante la pandemia. Sin embargo, a fines del 2020, la vicepresidenta comenzó a intentar imponer una lógica más política en la política económica sugiriendo la necesidad de alinear precios, tarifas, salarios e inflación. Su visión crítica de la política económica austera del ministro Guzmán quedó explicitada en la carta del jueves 16 de septiembre, cuatro días después de la derrota electoral, y allí volvió a surgir la presión del sector más poderoso de la coalición gobernante en conducir la política económica, atendiendo las necesidades políticas (que son las necesidades sociales de la gente) más que las propias necesidades económicas (ordenamiento de las cuentas fiscales).

A lo largo de este periplo, hemos visto a un Gobierno ir zigzagueando de una política económica más racional a una más de sesgo populista. Pero lo que seguro ha sucedido es que se ha perdido centralidad en el proceso de toma de decisión y eso afecta peligrosamente la capacidad que la coalición tenga de tomar decisiones en un contexto económica delicado, que es justo cuando se requiere mayor centralidad en la conducción política de la gestión de crisis.

Septiembre no fue la excepción a los seis meses previos, donde venimos registrando un incremento en los niveles promedio de aumentos salariales logrados por los acuerdos paritarios. Desde mediados de año, cuando el oficialismo convalidó aumentos por encima del 40%, los acuerdos salariales tardíos o las revisiones que se sucedieron venían mostrando una tendencia alcista y en septiembre se vuelven a ubicar por encima del 45% en promedio.

De esta manera, el promedio de aumentos acordados y relevados por Synopsis en el proceso de paritarias se ubicó en septiembre en 46,7%, un punto porcentual por encima del promedio de agosto y 16 puntos porcentuales por encima del promedio registrado en marzo pasado.

El noveno mes del año, en donde tuvimos la primera etapa del proceso electoral (las PASO), fue un mes con pocos acuerdos y revisiones. Tuvimos el acuerdo de la rama de cemento de AOMA de 48%, también tuvieron lugar acuerdos de trabajadores de universidades (FATUN) y docentes universitarios (FADUN) – ambos con aumentos del orden del 47% – los judiciales bonaerenses que cerraron un acuerdo de 45,5%, y la rama AFA de la UTEDYC que también acordó aumentos del 47%. Finalmente, los trabajadores de Astillero Río Santiago firmaron un acuerdo por aumentos que suman un 45,5%.

Más allá de las revisiones que permitieron corregir los aumentos alineados a la pauta inflacionaria del Gobierno a comienzos de año, el promedio de las alzas en acuerdos anuales no logró ponerse aún en línea con la inflación acumulada en los últimos 12 meses: esta dinámica ayuda a explicar por qué los salarios volverán a perder contra la inflación por 4 año consecutivo.

La mayoría de los grandes gremios (que fueron adelantando sus respectivas cláusulas de revisión para no quedar atrasados frente al avance de la inflación) tienen buenas perspectivas de cara al cierre del año y, si se contabilizan las cuotas efectivizadas de los acuerdos paritarios y la inflación acumulada mes a mes, es muy probable que la mayoría termine el 2021 con resto. Lo interesante es que, en casi todos los acuerdos, se contemplaron incrementos entre los meses de octubre y noviembre, en la víspera de la elección general del 14 de noviembre.

Si el proceso paritario debía tener timming electoral, la diagramación de los acuerdos paritarios acordada por los grandes gremios lo logró con creces: casi todos verificarán una mejora salarial justo antes de votar.

 

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Luego de la derrota electoral en las PASO 2021, se vuelve interesante identificar, a la luz de la opinión pública, cuál fue el principal motivo o factor explicativo de esa derrota. En ese sentido, consultados sobre cuál era el principal factor explicativo de ese resultado electoral, el 53.2% de los encuestados consideró que fue la gestión de la economía la que mejor explica la derrota. Si sumamos al 13,4% que consideró que la gestión en todas sus dimensiones fue la que explicó el resultado electoral, podríamos afirmar que más de 2 de cada 3 votantes pone el foco en la gestión económica como principal responsable de la derrota electoral.

Parte de la interpretación que la opinión pública hace respecto de los motivos de la derrota permiten explicar la reacción del Gobierno luego de la derrota y el encadenamiento de anuncios económicos que hemos visto en estas últimas semanas. Pero también ha habido cambios en la composición del equipo de Gobierno, intentando no solo dar señales de autocrítica sino dar respuesta al resultado electoral. Indagando sobre las expectativas que estos cambios de gabinete pudieran generar en los votantes, más del 50% de los consultados consideran que la gestión de gobierno empeorará algo o mucho luego de estos cambios. Solo el 25,2% considera que los cambios mejorarán mucho o algo la gestión.

El optimismo sobre el impacto que pudieran generar estos cambios de gabinete en la gestión de gobierno es sostenido, casi en exclusividad, por los propios votantes del Frente de Todos. El 81% de ellos cree que los cambios mejorarán mucho o algo la gestión de gobierno, mientras que un 7% de los votantes del oficialismo cree que empeorarán. Este último grupo está integrado, en más del 90%, por votantes del oficialismo que dudan en volver a votar al Frente de Todos y por votantes que indican que en noviembre votarían a otra fuerza política.

 

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La marcada derrota del oficialismo en las elecciones primarias del pasado 12 de septiembre proyecta, de confirmarse estos resultados en noviembre, un retroceso del Frente de Todos en el Congreso, donde quedaría sin el quórum propio en ambas cámaras.

Si bien las PASO no determinan una elección, sirven para anticipar lo que pudiera suceder en las elecciones generales que se desarrollan dos meses después. Y en este caso, el resultado del pasado domingo 12 de septiembre anticipa un retroceso del oficialismo en el Congreso. Este retroceso es más marcado en el Senado que en Diputados, ya que en la cámara alta se perdería el quórum propio, algo que en diputados no se ostentaba.

En la Cámara de Diputados, el escenario electoral adverso registrado en las PASO proyecta que el Frente de Todos retrocedería en la cámara baja: de un bloque de 120 podría pasar a tener 117 diputados. El retroceso del oficialismo de todos modos sería acotado, lo cual es ilustrativo de lo que afirmábamos antes del inicio del proceso electoral de que el Frente de Todos no ponía demasiado en juego. Sucede lo contrario del lado de Juntos por el Cambio que habiendo hecho una gran elección en las PASO tampoco aumenta demasiado su caudal de bancas, ya que este espacio enfrentaba un desafío muy ambicioso de renovación de bancas.

De mantenerse el resultado, el oficialismo deberá seguir negociando con bloques opositores para sancionar leyes, y le seguirá sin alcanzar con los diputados de fuerzas provinciales que puedan apoyar las iniciativas del oficialismo. Si se confirman estas proyecciones, deberá buscar el apoyo del Interbloque Federal, donde habría cuatro diputados de Córdoba que serían de ayuda estratégica que responden a Juan Schiaretti. El dato a seguir consiste en que si la derrota del oficialismo se profundiza en noviembre, y el Frente de Todos retrocede aún más, podríamos estar frente a un escenario donde la oposición podría reclamarle la presidencia de la Cámara, por tener la primera minoría, y de hecho, no se está lejos de ese escenario.

En síntesis, el dato más resonante que dejó la elección primaria, más por lo simbólico que por el riesgo real que representa, es la eventual pérdida del quórum propio en el Senado. Y decimos que no representa un riesgo tan real porque quedarán Senadores con los que se podrían negociar leyes y votaciones, más allá del principal bloque opositor.

Si se confirman estos resultados en noviembre, el oficialismo caería a 35 bancas propias, confirmando un dato relevante desde el punto de vista histórico, ya que por segunda vez en la historia, desde 1983, el peronismo no tendrá más de la mitad más uno de los senadores. Había ocurrido en el bienio 2009-2011, pero con un agravante para la situación actual: en aquel entonces, había senadores aliados no peronistas, que garantizaban el quórum propio.

 

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Las elecciones legislativas no son elecciones de distrito único, son 24 elecciones simultaneas. Por esta razón, suele ser difícil determinar si hubo un ganador a nivel nacional. De hecho, los oficialismos suelen juntar la mayor cantidad de votos cuando se contabilizan las 24 provincias. Ello sucedió en 2009 y en 2013 cuando el Frente para la Victoria perdió en PBA, pero sacó más votos que cualquier otra fuerza política, porque colectó votos en todas las provincias.

Sin embargo, esta elección de medio término tiene una particularidad distintiva: quizá por primera vez, una coalición opositora (Juntos por el Cambio) pueda competir a la par por juntar más votos a nivel nacional que el oficialismo. Por este motivo, será interesante estudiar cómo quede establecido el escenario nacional el domingo 12 por la noche, una vez terminado el conteo.

Cuando uno mira la dinámica de apoyo electoral que presentamos en nuestros estudios nacionales, nos encontramos con un proceso de deterioro que ha dejado al oficialismo en niveles de apoyo inferiores al 40%. Si uno contempla solo a aquellos encuestados que dicen que van a ir votar efectivamente, y proyecta indecisos con criterios de voto pasado, se podrían estimar niveles de apoyo electoral de 35% a nivel nacional.

Es cierto, parte de la participación contemplada podría no efectivizarse por la apatía o el desencanto que se observa en el electorado. E incluso, ese mayor ausentismo probablemente tenga una tendencia de voto opositor. Es precisamente por ello que estimamos que ese 35% de intención de voto podría aumentar por efecto de un mayor ausentismo, pero que aun así no llegaría al 40% que permitiría ilusionar al oficialismo con un triunfo nacional.

Como contrapartida, Juntos por el Cambio tendrá candidatos en todas las provincias. Nuestras proyecciones nos indican que podría imponerse en 4 de las 5 principales provincias (Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza). Además, podría competirle de manera muy pareja en la provincia de Buenos Aires, lo que le daría un buen impulso para la pelea voto a voto a nivel nacional.

Por todos estos elementos es que sostenemos que el retroceso electoral evidenciado por el oficialismo, con relación a su caudal electoral de 2019 lo pone bajo la amenaza de que la principal coalición opositora, rival de la elección presidencial de 2019, pudiera juntar más votos que el Frente de Todos e imponerse en la contabilidad nacional de la elección legislativa.

Además de la contabilidad de votos a nivel nacional y la pelea del oficialismo con Juntos por el Cambio para ser la fuerza más votada del país, el otro dato al que hay que prestarle atención el domingo por la noche será el resultado en la Provincia de Buenos Aires. Esto se debe no solo a factores cuantitativos (es la provincia más grande y la que más bancas reparte), sino porque fue el distrito epicentro del triunfo del Frente de Todos en 2019. Casi el 80% de la diferencia en votos que le sacó Alberto Fernández a Mauricio Macri a nivel nacional se explica por la diferencia que le sacó en el Gran Buenos Aires.

Retener la Provincia podría ser el resultado que ayude al oficialismo a matizar el deterioro en su caudal electoral en relación con lo obtenido en 2019. Pero perder en el distrito donde la figura fuerte de la coalición (Cristina Kirchner) tiene depositado el futuro de su proyecto político (Axel Kicillof y Máximo Kirchner) sería una señal muy preocupante para lo que pudiera pasar con el oficialismo en este distrito en 2023.

 

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La oportunidad electoral y la conveniencia política se combinaron para que el consejo directivo de la CGT eligiera el jueves 11 de noviembre, tres días antes de las elecciones legislativas, para designar a sus nuevas autoridades.

Esta es una definición que apunta a estar en el centro de la escena en el momento cumbre del proceso electoral (Alberto Fernández podría cerrar su campaña con las nuevas autoridades de la principal entidad gremial), pero que también busca resguardar el proceso de renovación del resultado electoral (y su impacto). Esto específicamente aplica si el escenario se vuelve favorable al Gobierno y ello provoca que los sectores más poderosos de la coalición (el kirchnerismo) decida avanzar en impulsar a dirigentes gremiales afines, como sucedió en la designación de los dirigentes para integrar las listas de candidatos del oficialismo.

El objetivo de unidad se cerrará entre los gremios que han formado parte de la CGT en los últimos 20 años. Esa aspiración de unidad no alcanza a los gremios que integran la CTA liderada por Hugo Yasky, a pesar del reclamo que Alberto Fernández viene sosteniendo de que se unifique todo el arco sindical. Solo se trataría de la reunificación de la clásica CGT post crisis 2001. Queda claro que la unidad requerirá de un acuerdo de conducción colegiada. No están dadas las condiciones para encumbrar un liderazgo unipersonal, ni tampoco lo están para desarrollar una elección que lo defina. Por ello, la idea que se baraja con más fuerza es la de una conducción de tres Secretarios Generales (Triunvirato).

Sin embargo, no está claro si con tres triunviros será suficiente o si, contrariamente, se requerirá una cuarta silla para contener a todos los espacios. Esto se debe a que el sector que también pretende una silla es el de la CGT Azul y Blanca, vinculado a Luis Barrionuevo, dirigente gremial que apoyó la candidatura de Roberto Lavagna en 2019. Si los “Gordos e Independientes” deciden apoyar a Héctor Daer, si el moyanismo impulsa a Pablo Moyano y si Cristina Kirchner y el kirchnerismo reclaman a Sergio Palazzo, quizá sea necesaria una silla más para el sector de Barrionuevo.

Simultáneamente, hay una alternativa que no debería ser descartada. El kirchnerismo, que impulsó la idea de que Vanesa Siley (Judiciales) pudiera ser la mujer dentro de la conducción colegiada (pero que la CGT descartó elegantemente en un comunicado donde desconocía a Siley como representante del movimiento obrero entre los candidatos del Frente de Todos) podría decidir no avalar la reunificación de la CGT. Esto dejaría al moyanismo y al resto de los dirigentes que estuvieron al frente de la conducción de la central en tiempos de Macri confeccionar su conducción colegiada.

Luego, en este escenario tendríamos un triunvirato con Daer, Moyano y Acuña por el barrionuevismo. Esta opción pareciera cada vez más contundente, sobre todo porque el moyanismo ha venido mostrándose disconforme con el trato que recibe de parte del sector liderado por la vicepresidente, sobre todo al no haber recibido ninguna oferta para integrar lista de candidatos. Este ninguneo ha puesto a Hugo Moyano a la defensiva frente a un Gobierno que siente cada vez más distante.

Luego de la decisión del Gobierno de postergar para después de las elecciones la posibilidad de cerrar un acuerdo con el FMI y así reprogramar sus compromisos de deuda, resta saber cuándo podría ocurrir este acuerdo. Por lo pronto, el Gobierno deberá afrontar dos vencimientos con el FMI en lo que resta a 2021 (uno en septiembre, y otro en diciembre), ambos de 1.800 millones de dólares.

En lo que respecta al pago del primer vencimiento en septiembre, Cristina Kirchner confirmó que el Gobierno usará los fondos recibidos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) para afrontarlo. La duda que surge gira en torno a saber si el acuerdo se celebrará inmediatamente después de las elecciones del 14 de noviembre, para evitar de esta forma un nuevo desembolso en diciembre que debilite aún más las reservas del Banco Central.

¿Qué debería suceder para que el Gobierno pueda evitar pagar ese compromiso en el último mes del año?

Debido a la ley de “fortalecimiento de la deuda” que el propio oficialismo impulsó este año, cualquier reestructuración de deuda con el FMI deberá ser aprobada por ambas cámaras en el Congreso.

Si al Gobierno le va bien en las elecciones y logra cosechar más bancas de las que pone en juego, podría estar en mejores condiciones para aprobar el acuerdo con el FMI después del 10 de diciembre. Pero si quisiera lograr un acuerdo antes, para evitar el pago del vencimiento de diciembre, también
el Frente de Todos contaría con los votos necesarios apoyándose en algunos aliados.

La duda no está en el Senado, donde el Gobierno no necesita de más apoyo del que ya tiene, sino en Diputados, donde necesita conseguir 10 votos más con la flamante incorporación del Diputado Eduardo “Bali” Bucca, que se sumó luego de abandonar el bloque de Consenso Federal.

No obstante, los votos sí estarían: a los diputados del bloque de Unidad Federal (6) – que habitualmente acompañan al oficialismo – podrían sumárseles los diputados que responden al Gobernador Juan Scharetti (4) y al Gobernador Omar Gutiérrez (1), que acompañarían a de que se lograsen acuerdos convenientes para sus provincias. A su vez, podrían también acompañar al oficialismo los diputados del interbloque Acción Federal, (Felipe Álvarez y Antonio Carambia). Sin embargo, no serían estrictamente necesarios.

Con este núcleo de apoyo, el Gobierno podría aprobar rápidamente una potencial reestructuración de deuda con el FMI en la cámara de diputados, si quisiera que ello ocurra antes del 10 de diciembre.

 

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