Category: Política

¿Cómo evolucionó la imagen del Gobierno en el último mes y cambios son las principales preocupaciones de la sociedad?

El gobierno alcanza en mayo los valores más altos de imagen negativa desde comienzos de su gestión, superando el 60%, con 5 de cada 10 encuestados afirmando que el desempeño es “Muy Malo”. Justo a un año de haber alcanzó el más alto valor en cuanto a imagen positiva (64,3% en abril 2020), mayo de este año arrojó el nivel más bajo de todo el ciclo con solo el 26,2% de valoración positiva.

A pesar de los esfuerzos por dinamizar la vacunación contra el Covid-19, y con el arribo al país de más de 17 millones de dosis, al electorado estos números parecen no alcanzarle. La corrupción y la inflación siguen siendo las principales corrupción de la ciudadanía, dejando el manejo de la pandemia en un cuarto lugar, por detrás del desempleo. Es decir, las variables económicas son las que se llevan más del 48,1% del interés ciudadano.
La preocupación por la salud continua su tendencia decreciente, alcanzando los valores más bajos desde el comienzo de la pandemia, con alrededor del 5%.

¿Qué expectativas tiene la gente de cara a los próximos meses?

De hecho, si se desagregamos la preocupación en base a los diferentes perfiles de votantes del año 2019, los propios votantes del Frente de Todos son aquellos más preocupados por las cuestiones económicas, principalmente la inflación seguida del desempleo, alcanzando el 63% de su interés . Mientras que los principales grupos opositores ponen el foco en la corrupción.

La segunda ola del coronavirus genera nuevamente caídas en las expectativas sobre el futuro económico del país para los próximos 12 meses. El 61,4% de los encuestados considera que la situación económica será peor a la actual, y tan solo el 21,5% cree que la situación mejorará en los próximos 12 meses. Por su parte, en términos personales, las creencias son un tanto más moderadas: en mayo, el 48,2% de los encuestados considera que su situación empeorará, y solo el 19% cree que estará mejor.

¿Qué evaluación realiza la sociedad de la gestión sanitaria?

En cuanto al caso particular de la gestión sanitaria, el gobierno no logra recuperar la valoración positiva que supo conseguir un comienzo de la pandemia. Alcanzando un 60% de valoración negativa, con casi la mitad de los encuestados considerándola “Muy Mala”. El gobierno no logró alcanzar siquiera el 30% de aprobación en relación a las medidas sanitarias impuestas.

Con relación a la disyuntiva “Salud vs Economía” asumiendo que para controlar una de las dos variables será necesario dejar de lado la otra, como se planteó en algún momento, el 32,8% de los encuestados considera necesario asumir el riesgo de contagiarse con tal de garantizarse su fuente de ingresos. Otro 20% de los encuestados toma una postura más neutral, pero reconociendo la necesidad económica, mientras que tan solo un 15,3% prefiere no exponerse al contagio debido a lo delicada de la situación sanitaria. Evidentemente la sociedad le fue perdiendo el miedo a la enfermedad, a pesar de que sigue existiendo un 15,1% que reconoce tener “Mucho Temor”, similar al número de quienes prefieren no exponerse al virus a pesar de implicar un riesgo para sus ingresos .

¿Cuál es la situación del oficialismo frente a las elecciones legislativas de septiembre?

La tendencia en el deterioro del caudal electoral continúa y pareciera no detenerse, desde julio del 2020. Los niveles de intención de voto de mayo perforan el 30% a nivel nacional. En paralelo, el voto por otras fuerzas políticas alcanza su nivel más alto en mayo con 61,7%.

En síntesis, al gobierno de Fernández no pareciera alcanzarle una mejora en el ritmo de vacunación para captar al electorado, esta no parece ser una variable que vaya por encima del posicionamiento político previo de los votantes. En última instancia le sirve para retener a sus propios votantes un tanto desencantados. Será necesario entonces que el gobierno trabaje en esas otras cuestiones que fueron mencionadas como principales preocupaciones y que no necesariamente están relacionadas con el manejo de la pandemia para llegar mejor posicionados a septiembre.

La Hidrovía, es la vía navegable troncal más importante del país. Es una ruta fluvial de 1.635 km que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga, y su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y Río de la Plata. Bajo su cauce de salida circula el 80% de la exportación nacional. Por allí se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores del país.

El contrato entre el Estado argentino y la empresa que se encarga del dragado de la hidrovía (Hidrovía S.A.), integrada por el grupo belga Jan de Nul y la empresa local Emepa, recibió una extensión temporaria, ya que expiraba a fin de abril. El dragado constituye una tarea esencial para conservar la funcionalidad de la vía navegable. Sin embargo, la decisión de cómo continuar una vez finalizado este contrato está siendo discutida muy fuertemente al interior del oficialismo.

El Presidente había anunciado, en agosto del año pasado, la intensión de crear una empresa estatal que se encargue de controlar la concesión de la hidrovía, al tiempo que anunciaba que era imposible que el Estado se encargue de dragar la vía navegable. Por ello, el Gobierno avanza en llevar adelante una nueva licitación para concesionar ese dragado.

De hecho, el Ministro Mario Meoni había firmado el 8 de abril un acuerdo para que la OCDE lleve adelante la gobernanza de la próxima licitación como forma de garantizar la transparencia del proceso. No obstante, desde el oficialismo no son menores las voces que reclaman estatizar la hidrovía (sobre todo desde el kirchenrismo), reclamando tomar el control en defensa de la soberanía nacional.

En ese marco, el Senado, con un fuerte impulso por parte de los senadores más cercanos a Cristina Kirchner, le dio media sanción a un proyecto que crea una Comisión Bicameral no solo para controlar la licitación, sino también para intervenir en el funcionamiento de la hidrovía.

La Comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del Sistema de Navegación Troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo. La Comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados, los cuales serán designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara e iniciarán sus funciones a partir de la vigencia de la presente ley.

Algunas de las facultades y atribuciones de la Comisión son las siguientes:
– Solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del público y de organismos locales como internacionales
– Elaborar informes brindando propuestas concretas y asesorando en el avance de las acciones propuestas, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente.
– Auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía.
– Ejercer el contralor del proceso licitatorio.

En definitiva, este proyecto de creación de la Bicameral de la Hidrovía debe enmarcarse en esa pelea interna entre diferentes sectores del oficialismo respecto de qué hacer con la Hidrovía (estatizarla, licitarla, a quién, qué intereses intervendrán, etc.). Una pelea que enfrenta nuevamente a sectores del kirchnerismo con los que representan a Sergio Massa, los Gobernadores y el propio Alberto Fernández.

El presente artículo es un extracto del Panorama Legislativo que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.

Desde el comienzo de este ciclo se planteó el interrogante sobre lo que realmente representaba el Frente de Todos. Una coalición que se formó para ganar la elección, pero que no atravesó un proceso de confluencia programática previa entre sus actores. Es más, parecía que se valoraba la decisión de que cada uno pueda conservar su identidad dentro de la Coalición, lo cual depositaba en el oficialismo una serie de tensiones que obedecen precisamente a esa identidad multifacética de ser el frente de “Todos”. Entre ellas, destacaba la tensión económica, por su relevancia.

Una tensión que acaba de mostrar su cara públicamente es la controversia que se dio entre Martín Guzmán y Federico Basualdo acerca del nivel de aumentos de tarifas (o del gasto en subsidios) que el programa económico puede o debe soportar. No obstante, en realidad trasunta una discusión más de fondo entre dos posturas.

Por un lado, la necesidad de promover ciertos equilibrios macroeconómicos necesarios para renegociar el acuerdo con el FMI, además de ser necesarios también para generar condiciones de crecimiento genuinas y sustentables. Por otro, la necesidad de atender ciertas demandas sociales recogidas en las urnas en 2019. La discusión entre Guzmán (recortar subsidios) y Basualdo (no aumentar tarifas), es una cara de esa discusión de fondo que no está saldada dentro de la coalición y que se demuestra de manera muy elocuente en la falta de un programa económico que pueda ser apoyado por todos los miembros de la Coalición.

Sin lugar a duda, la discusión sobre el programa económico es la discusión sobre el acuerdo con el FMI. Lo que se defina va a comprometer la política económica de los próximos 10 años. Es esa discusión la que desata las tensiones dentro de la coalición de gobierno. Sobre todo, los condicionantes que, desde el kirchnerismo, le están imponiendo a la negociación.El razonamiento de CFK es el siguiente: si el FMI le financió la campaña a Macri, que no venga a imponernos condiciones para que nosotros podamos ganar las elecciones. Es ese el punto central por el cual CFK le reclama a Guzmán una negociación que Guzmán sabe que es imposible tener con el FMI: que haya renegociación de vencimientos sin grandes condicionalidades.

Por lo pronto, los marcos de la negociación fueron definidos por la carta que los Senadores del Frente de Todos le enviaron al FMI el pasado 16 de noviembre de 2020. Allí expusieron con claridad las condiciones que se le plantean al organismo para renegociar la deuda: bajar la tasa, empezar a pagar en 2025 y plazo de amortización de la deuda en “varias décadas”. El Ministro de Economía ha logrado avanzar con la negociación siguiendo esos condicionantes planteados por los senadores de su partido. Para salvar algunas de esas condicionalidades, Guzmán vienen negociando con el FMI algunas cláusulas del acuerdo que pudieran salvar aquellos pedidos de los Senadores (o de Cristina Kirchner):

– Como el estatuto del FMI no contempla acuerdos de más de 10 años, la Argentina pide la inclusión de una cláusula en el acuerdo que específicamente determine que, de existir en el futuro una modificación de la Carta Orgánica del Fondo, se habilite la alternativa de extender el acuerdo firmado más allá de los 10 años fijados en el acuerdo original que se firme.

– Contemplar la posibilidad de que los compromisos que asuma la Argentina de devolución de los fondos puedan ser refinanciados si el país cumple con las pautas que se acuerden en el Programa de Facilidades Extendidas.

Sin embargo un nuevo desafío interno emergió con el Proyecto de Declaración que los Senadores del Frente de Todos decidieron impulsar, donde le piden al Ministro que no contemple utilizar los fondos que el organismo enviará a los países miembros como consecuencia de la pandemia (los ya famosos Derechos Especiales de Giro) para cumplir compromisos de deuda con el FMI ni con el Club de Paris: buscan que esos recursos sean utilizados para atender las necesidades “de la sociedad argentina derivados de la pandemia”. Esta iniciativa política, surgida desde el interior del propio oficialismo, choca de manera directa con la estrategia que el propio Gobierno (el ministro Guzmán con el aval de Alberto Fernández) venía llevando adelante para renegociar la deuda con los organismos internacionales.

Estos desacuerdos sobre la estrategia de negociación son derivados de desacuerdos más profundos que existen dentro del oficialismo sobre el nivel de compromisos (esfuerzos) que hay que asumir en el acuerdo con el FMI: fundamentalmente qué nivel de reducción de déficit comprometer en un acuerdo que condicionará la política económica en los próximos 10 años. Una duda que se vuelve relevante, porque serán compromisos que trascenderán la gestión de Alberto Fernández. Desacuerdos que están cruzados por la interpretación política del origen del problema. Para el sector que lidera Cristina Kirchner, la deuda con el FMI tuvo el objetivo de financiarle la campaña a Mauricio Macri, y por ello debe hacerse cargo en mayor medida el organismo que la Argentina de los costos de refinanciar y hacer pagadero el acuerdo. Interpretación que complica más la negociación, pero que deja severos interrogantes respecto de cuál es el rumbo económico que este Gobierno le quiere imprimir al país, y más intrigante aún, quién lo define.

 

El presente artículo es un extracto del Panorama Político que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, encabezado por el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, resolvió en un encuentro virtual un aumento del 35% sobre el actual Salario Mínimo, Vital y Móvil (S.M.V.M.).

El aumento será en siete tramos y provocará que el ingreso mínimo hacia febrero 2022 se eleve a la cifra de $29.160 pesos. Los integrantes del Consejo, dirigentes sindicales de ambas centrales (CGT y CTA) y representantes del sector empresario acordaron el pago de un 9% en abril, 4%, 4%, 3%, 5%, 5% y un 5% final en febrero de 2022. Este acuerdo incluye una cláusula de revisión en septiembre para evaluar cómo avanzó la inflación en relación a este esquema de aumentos del salario mínimo.

Evolución del SMVM y sus impactos

En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo evolucionará el SMVM mes a mes (de no haber una revisión que eleve las actualizaciones si la inflación supera lo proyectado):

¿Qué impactos tendrá la actualización del salario mínimo?

• Haberes jubilatorios. El nuevo SMVM determina las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes deben ser, como mínimo, equivalentes al 82% de ese salario mínimo. Pero hoy el haber jubilatorio mínimo está por encima de esa vara, motivo por el cual no habrá un impacto en este segmento.
• Programa Potenciar Trabajo. Los montos de este programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se actualizan con el salario mínimo. El programa tiene una carga horaria de media jornada y retribuye el 50% del salario mínimo. Actualmente, otorga $ 10.800, por lo que la actualización sí impactará en este segmento.
• Becas PROGRESAR. En este programa de becas para estudiantes, el salario mínimo vital y móvil funciona como tope. El beneficiario, menor de 24 años, lo cobra si su familia gana menos de tres salarios mínimos. El tope aumentará con el incremento del salario mínimo previsto en el acuerdo.
• Trabajadores informales. El salario mínimo vital y móvil actúa como referencia para el sector informal. En sectores como el textil y el hotelero, que suelen tener remuneraciones más bajas, suelen utilizarlo como guía para sus negociaciones paritarias. La actualización impactará de forma indirecta en los trabajadores informales.
• Seguro de desempleo. En este caso, la prestación por desempleo tendrá en los próximos meses el mismo incremento porcentual que el acordado para el SMVM. Esto implica que el subsidio que hoy se paga en un rango que va de $6.000 a $10.000, pasará a uno de entre $ 8.100 y $ 13.500 pesos.

Conclusiones

El aumento previsto por este acuerdo determinará que, a principios de febrero de 2022, el monto del salario mínimo vital y móvil habrá aumentado un 72,8% con relación al nivel que registraba al comienzo del ciclo del Frente de Todos. Este nivel de actualización seguramente quedará por debajo de la inflación acumulada en los años 2020 y 2021. Incluso, de cumplirse el cada vez menos probable 29% de inflación previsto en el Presupuesto 2021, el SMVM habrá quedado rezagado del aumento de los precios al consumidor.

La revisión prevista para septiembre cobra una gran relevancia. Allí podría estar la oportunidad para que el salario mínimo no se rezague mucho más respecto al avance de la inflación, algo necesario si se contempla que durante el período 2015-2019 el SMVM perdió casi un 25% de su valor ya que en dicho período aumentó 201,9% frente a una inflación acumlada del 300%.

Luego de la aprobación de una Ley para elevar el mínimo no imponible, el Gobierno envió un nuevo proyecto de ley que busca modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se buscan establecer nuevas alícuotas que determinan lo que deben pagar las sociedades comerciales.

El proyecto del Ejecutivo tiene por objetivo compensar parcialmente el mayor gasto que el Estado asumirá por la elevación del mínimo no imponible a $150.000 para personas físicas, sancionado recientemente.

Antecedentes del impuesto a las ganancias para sociedades comerciales

Hasta el año 2017, en la Argentina las sociedades pagaban por el Impuesto a las Ganancias una alícuota del 35% sobre los beneficios. A su vez, en su carácter de personas humanas, los accionistas estaban alcanzados por un 10% adicional sobre los dividendos distribuidos, desde que rige la Ley N° 26.893 y hasta el año 2016.

Con la reforma tributaria de 2017 se estableció una reducción gradual de la alícuota societaria combinada con un impuesto cedular sobre las utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas y beneficiarios o beneficiarias del exterior, de acuerdo con lo siguiente:

Mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones se suspendió por un año la reducción en la alícuota de beneficios empresariales que debía regir a partir del período fiscal 2020. En consecuencia, hasta los ejercicios iniciados el 31 de diciembre de 2020 estuvo vigente la alícuota empresaria del 30% y la alícuota del 7% sobre los dividendos distribuidos.

¿Cuáles son las disposiciones del proyecto actual?

La iniciativa propone modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, para reducir las alícuotas que deberán pagar las sociedades comerciales. Se propone una estructura de alícuotas escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada:

– Un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones.
– Un segundo escalón de 30% para ganancias netas acumuladas de entre $5 millones y $20 millones.
– Un tercer escalón de 35% para ganancias netas cumuladas superiores a $20 millones.

Según el Gobierno, este esquema permitirá reducir el impuesto que pagarán las empresas de menores beneficios y mantenerlo para las de un tramo intermedio (que quedan en 30%), mientras que solo se aumentará para empresas con mayores beneficios. Con este nuevo esquema el 90% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020.

El artilugio que esconde la decisión del Gobierno

No debe pasar por desapercibido que la rebaja para el 90% de las empresas anteriormente mencionada es posible gracias a que la rebaja a 25% se había congelado en 30% a comienzos de 2020. Es decir, el Gobierno suspendió previamente una rebaja y ahora la otorga promocionando la decisión. De esta manera, habría que interpretar la decisión de la siguiente forma:

En definitiva, el proyecto retoma la baja prevista por la reforma fiscal de 2017 solo para quienes facturan hasta $ 5 millones. Para el resto, las alícuotas se mantienen (para el caso de los que facturan entre $ 5 y $ 20 millones) o se incrementan (para los que facturan más de $ 20 millones).

 

El presente artículo es un extracto del Panorama Legislativo que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

La preocupación por la inflación continúa liderando la lista de preocupaciones ciudadanas con un 33,7%. Ante el preocupante dato de marzo, en los primeros tres meses del año la evolución del IPC INDEC acumula un 13%. En respuesta, esta semana el Jefe de Gabinete ordenó a la AFIP que refuerce los controles de precios y el programa de precios máximos, movimiento que deja entrever la preocupación y la desorientación del Gobierno a la hora de encarar esta problemática.

La segunda variable más mencionada en nuestro relevamiento de opinión pública continúa siendo la corrupción. Debe tenerse en cuenta que dicha variable proviene mayoritariamente de los sectores de la población opositores al Gobierno. En tercer lugar se ubica el desempleo con un 15,6% de las respuestas: esto implica que las preocupaciones económicas en su conjunto (inflación y desempleo) lideran ampliamente el ranking.

Si desagregamos las preocupaciones según al voto de la elección presidencial del 2019, podemos notar que la preocupación principal de los votantes oficialistas es económica: el 39.2% ubica a la inflación como máxima preocupación y un 21.1% hace lo propio con el desempleo. Por otro lado, quienes votaron al espacio conducido por Mauricio Macri en 2019, vuelcan su máxima preocupación a la corrupción, ubicándola en un 52%.

Por último, ordenamos las urgencias según la ciudadanía en cuatro variables de la agenda. Un 61.4% atendería con urgencia la crisis económica, mientras que un 21.4% se abocaría a la pandemia. La inseguridad y las reformas judiciales quedan completamente relegadas. Al Gobierno le costará muchísimo la elección legislativa de este año si la economía no logra rebotar algunos puntos.

Como lo hicimos a lo largo del año 2020, volvimos a preguntarle a la gente si en estas circunstancias le preocupa más el coronavirus o su situación económica. Nuevamente, no observamos grandes cambios de lo registrado en noviembre del año pasado. Un 64,4%, respondió que le preocupa más su situación económica, y un 33,7% que le preocupa más el coronavirus. La evidencia sugiere que pareciera haber habido un proceso de asimilación de la situación sanitaria, dando lugar a una mayor preocupación por las consecuencias económicas de un fenómeno que pareciera estar dado y sin solución hasta no tener vacunas.

Dado que más de 3 de cada 5 personas se encuentran más preocupadas por la situación económica que la sanitaria, les preguntamos si están o no de acuerdo con la siguiente afirmación: “Estoy dispuesto a asumir el riesgo de contagio antes que perder mi fuente de ingresos” El 52,8% señaló estar Total o Bastante de acuerdo con esa frase, mientras que el 21,1% indicó estar Total o Bastante en desacuerdo. Los números, claramente, muestran una mayor preocupación por la fuente de ingresos que por el riesgo de contagio del virus.

Por último, a la hora de evaluar la predisposición de la sociedad a enfrentar medidas de confinamiento, un 35,5% señaló que lo justo y razonable es no tener ningún tipo de confinamiento, un 49,2% que lo justo y razonable es algún tipo de confinamiento, y solo un 10,3% cree que lo justo es un confinamiento total.

El presente artículo es un exctracto del Panorama Mensual de Opinión Pública elaborado por Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

 

 

Lentamente comienzan a avecinarse las elecciones de medio término. Allí, el Gobierno tiene un objetivo práctico (ganar la mayor cantidad de bancas) y uno simbólico (ganar la elección). Precisamente, ambos dependen en gran medida del resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires.

Fue en el bastión actualmente oficialista donde el oficialismo se alzó con el triunfo en la elección presidencial logrando una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales. Dos años después, buscará repetir ese mismo resultado o, al menos, uno que se le asemeje. Si bien una primera mirada sobre la situación electoral en la provincia nos indica una ventaja del Frente de Todos, la situación difiere claramente de la magnitud observada en 2019.

En un estudio realizado entre los días 3 y 7 de marzo, observamos una intención de voto para el oficialismo de 34,6%, mientras que para Juntos por el Cambio resultó del 27,9%. Por su parte, relevamos una intención de voto a un espacio peronista no oficialista de 7,1% y la correspondiente a un espacio de derecha de 6,3%.

A partir de lo sucedido en elecciones anteriores, la ventaja que se observa a favor del Frente de Todos no pareciera ser una ventaja de confiar. Esto se debe principalmente a que hay terceras y cuartas fuerzas que podrían ver centrifugados sus votos, sufriendo una migración del voto útil hacia las dos principales fuerzas, pudiendo cambiar el resultado. Además, aún se observa un alto nivel de indecisos que también podrían modificar los resultados de la elección de sostenerse las presentes intenciones de voto.

La diferencia observada también invita a pensar que el timing de la elección y la forma del calendario electoral podrían volverse estratégicos para el resultado. En estos pequeños, pero no menores, detalles podría definirse la elección que actualmente presenta más incertidumbres que certezas y donde, obviamente, jugará un papel determinante la definición de candidaturas.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.

Tan solo un gremio firmó paritaria anual en el primer trimestre del año

Con una inflación acumulada del 7,8% en el primer bimestre del año, y con una perspectiva para nada optimista de cara al dato de marzo, se retrasan los acuerdos de paritarias anuales.

La mayoría de los grandes gremios insiste con sentarse a negociar sus nuevos acuerdos. No obstante, hasta ahora el único gremio que cerró una paritaria anual fue el bancario (29%) con cláusula de revisión. SMATA también hizo lo propio, aunque vale la pena destacar que firma de manera sistemática acuerdos trimestrales.

El gobierno promueve el discurso oficial en el que intenta explicar que la elevada inflación del primer trimestre se encontraba dentro de sus proyecciones. Argumentan que se debió principalmente a fenómenos estacionales. Sin embargo, los gremios comenzaron a desconfiar hace varias semanas de dicho análisis. En este contexto, es muy difícil creer que los gremios negociarán respetando la pauta oficial que el Gobierno había propuesto.

¿Cómo se encuentran posicionados el resto de los grandes gremios de cara a las actualizaciones salariales del 2021?

• SMATA. Los mecánicos firmaron el primer tramo de su paritaria 2021 con un 13.3%. Cerraron el 2020 apenas por debajo del IPC.

• UTA. Los choferes negociaron aumentos no remunerativos equivalentes a $15.000. Fueron de los pocos gremios que finalizaron el 2020 apenas por encima de la inflación.

• COMERCIO. El gremio cerrará su acuerdo 2020 cobrando un 7% mensual hasta marzo y en abril deberán negociar su siguiente acuerdo.

• LUZ Y FUERZA. La regional de Córdoba terminó el 2020 apenas por debajo de la inflación y ya no tiene aumentos pactados.

• UOCRA. Uno de los gremios que peor cerró el 2020, percibió un aumento del 8% pactado para febrero.

• FERROVIARIOS. Los ferroviarios cerrarán su acuerdo 2020 en marzo, cobrando un 18% que probablemente les recompondrá las pérdidas.

• UOM. La UOM percibió, entre enero y febrero, todo lo perdido en 2020. Se encuentra negociando su paritaria y en ese marco se llevaron a cabo dos reuniones en las cuales los representantes sindicales manifestaron su intención inflexible de firmar 35% en 3 cuotas con revisión en el mes de noviembre. Pese a la insistencia de las entidades empresarias de buscar puntos de encuentro, se levantó la reunión, a la espera de la audiencia prevista para el miércoles 7 de abril con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

• UPCN. Los más golpeados: su convenio vence en mayo y con los aumentos pactados no será suficiente para recuperar.

• CAMIONEROS. Con su paritaria semestral firmada, su acuerdo contempla dos aumentos más. Terminarán en línea con el IPC.

• GASTRONÓMICOS. Lograron firmar su paritaria y recomponer gran parte de las pérdidas. Aún les queda percibir un 22%.

• ALIMENTACIÓN. Uno de los mejor parados frente a la evolución del IPC, ganó puntos en 2020 y aún le queda otro aumento.

• SANIDAD. El gremio perdió algunos puntos el año pasado, pero con los aumentos pactados para principio de 2021 podría recuperarlos. El gremio exige la reapertura de las paritarias para los convenios que comprenden a los trabajadores de clínicas, sanatorios, hospitales, instituto de diagnóstico, laboratorios de análisis clínicos, servicios de emergencias, institutos psiquiátricos e institutos geriátricos. A través de un comunicado anunciaron un plan de lucha en reclamo por los salarios y con el objetivo de lograr una recomposición.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Sindical” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para clientes de Ecolatina.

En una sesión particular celebrada un sábado, Diputados dio media sanción a una serie de proyectos entre los cuales se encontraban dos iniciativas que buscan mejorar los ingresos de sectores medio y medios altos de cara a la campaña electoral: las modificaciones en el monotributo y la suba del piso del impuesto a las ganancias.

Ambos proyectos fueron votados casi por unanimidad y ahora deberán ser revalidados en la cámara alta. Se aguarda por un trámite exprés de los mismos: el oficialismo espera ansiosamente la sanción de ambas leyes para ser exhibidas como logros en el marco de la campaña electoral.

¿Cuáles son las principales disposiciones de la modificación del impuesto a las ganancias?

Elevación del mínimo no imponible. Para trabajadores en relación de dependencia, se establece un nuevo “piso” a partir del cual se pagará el impuesto. De esta manera, la ganancia neta sujeta a impuesto será́ igual a cero para los sujetos cuya remuneración mensual –sin considerar el SAC-, no supere la suma de $ 150.000 brutos. La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social). Vale la pena destacar que será́ retroactivo al 1 de enero de este año. El proyecto exime del pago del tributo a los aguinaldos con base en sueldos de hasta 150 mil pesos.

Mínimo no imponible para jubilaciones. Complementariamente, para el caso de los jubilados, la deducción específica se eleva al equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados -actualmente, en 6-. Esto implica que los jubilados comenzarán a pagar a partir de 8 veces el haber mínimo. Para acceder al beneficio de no pagar Ganancias, la ley establece que un jubilado no puede tener otros ingresos distintos a los de la jubilación.

Deducciones especiales. Se faculta a la AFIP para fijar una deducción especial para las remuneraciones superiores a los $150.000 y hasta $173.000 para evitar saltos abruptos en escalar por las deducciones del impuesto.

Otras disposiciones. La nueva ley le permitirá deducir el impuesto a los concubinos. Se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la zona Patagónica. Además, permite la deducción de gastos de movilidad liquidados en el recibo de sueldo hasta un 40% de la ganancia no imponible. Particularmente, si se trata de transporte de larga distancia, el tope es de 100%. Quedarán exentos del pago del impuesto los ingresos en concepto de provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones y otorgamiento de pagos por capacitación. Por último, el personal de Salud queda eximido del impuesto a las Ganancias por guardias u horas extra hasta septiembre.

Media sanción a las modificaciones en el monotributo: principales disposiciones

El proyecto dispone la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando se apruebe el proyecto.

Por su parte, el proyecto también facilita la transición entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG), tanto en términos administrativos como en los montos de las obligaciones que deben afrontar las personas monotributistas.

Para aquellos monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021. Respecto a quienes superaron ese monto, deberán pasarse al régimen general y se establece una transición para que los contribuyentes puedan afrontar los pagos de Ganancias y de IVA. Además, en el primer año, podrán deducir el 50% del importe que le corresponde pagar de IVA. Las deducciones descienden a 30% en el segundo y a 10% en el tercero.

Para finalizar, resta mencionar un aspecto importante específico para la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de “Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” que unifica el pago de Ingresos Brutos con el Monotributo de AFIP. Así, Buenos Aires se suma a 7 jurisdicciones ya adheridas: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan y Salta.

El Gobierno de Alberto Fernández registró en marzo la peor valoración de la opinión pública desde el comienzo de su mandato. Entre las posibles causas se pueden ubicar el escándalo del Vacunatorio VIP, un discurso elevado de tono del presidente en el Congreso y el reposicionamiento de los temas judiciales (con la renuncia de Marcela Losardo al Ministerio de Justicia de por medio).

Como consecuencia de estos hechos, la imagen negativa del Gobierno se vio seriamente afectada y registra niveles inéditos desde su asunción. Específicamente, se registró una valoración negativa del desempeño gubernamental del 63,9%. En sintonía con el aumento de la imagen negativa, la imagen positiva se hundió al valor más bajo de la serie: tan sólo 27,1%. De esta manera, el diferencial negativo de la imagen del Gobierno se ubica en -36.8%, el más amplio del registro.

A su vez, la confianza de la opinión pública para con el manejo de la pandemia por parte del Gobierno también sufrió una caída significativa en marzo. Ciertamente, el resultado se vio influenciado en gran medida por el escándalo que se generó con la aplicación de vacunas a funcionarios y dirigentes amigos por parte de las autoridades sanitarias que culminó con la eyección del ministro Ginés González de su cargo. Así, el 58,1% de los encuestados desaprueba las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, mientras que un 29,7% evalúa positivamente la gestión sanitaria del Gobierno. Completa el cuadro un 12,2% que caracteriza a las medidas adoptadas por el Gobierno como “Regulares”.

El dato de marzo marca un quiebre respecto a la recuperación que habíamos registrado en febrero, luego de que a fines de enero se confirmara la efectividad de la vacuna Sputnik V, que había sido la gran apuesta del Gobierno, y de que el proceso de vacunación comenzara a tomar velocidad luego de la lentitud de principios de año. De esta manera, sigue habiendo un diferencial de casi 30 p.p. entre los que aprueban lo hecho por el Gobierno en materia sanitaria y quienes lo desaprueban.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama de Opinión Pública” que elabora mensualmente Synopsis Consultores de forma exclusiva para clientes de Ecolatina.