Category: Política

La falta de consenso para promulgar la ley enviada por el presidente para coordinar medidas contra la pandemia mediante parámetros epidemiológicos evidenció el poco margen con el que cuenta el gobierno para sacar leyes, incluso antes que se redistribuyan las fuerzas en el Congreso luego de las elecciones legislativas. La misma se encuentra trabada por cuestionamientos a la viabilidad de un proyecto que debería ser el producto de un pacto entre los Gobernadores y el Ejecutivo nacional. El oficialismo logró firmar el dictamen de mayoría, pero no consiguió el consenso para poder llevarlo al recinto.

Por otro lado, para esclarecer la situación con respecto a los acuerdos con los principales laboratorios productores de vacunas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa en acuerdo con los distintos jefes de bloques parlamentarios, representantes de Pfizer y Richmond llevaron adelante una reunión informativa para detallar el estado contractual vigente de las negociaciones con el Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, desde AstraZeneca se comprometieron a participar enviando respuestas por escrito. Otros convocados fueron el Fondo COVAX; el Instituto Gamaleya (Rusia); Sinopharm (China); y Serum Institute (India), aunque no participaron de la reunión.

En cuanto al conflictivo acuerdo con Pfizer, el vicepresidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Hernán Pérez Araujo, sostuvo que “no queda claro cuál es la modificación a la ley de vacunas que quiere Pfizer. De todos modos, de ninguna manera se puede admitir hacer una ley a medida de Pfizer, ni de nadie, aunque si se podría analizar cualquier reforma de cualquier ley, pero siempre teniendo en cuenta si los cambios son beneficiosos para los argentinos”.

Otra cuestión que mantuvo al Congreso en ebullición esta última semana fue la marcha atrás con la actualización retroactiva del monotributo. En respuesta al malestar que se había generado por la decisión de la AFIP de actualizar los montos del Régimen Simplificado (Monotributo) recategorizando de oficio a los contribuyentes de manera retroactiva a enero de este año, el Gobierno Nacional solicitó al Congreso el tratamiento de un programa de mejoras para el Monotributo y de “alivio fiscal”. La iniciativa se transformó en un proyecto de ley de manera inmediata y fue ingresado en la Cámara de Diputados. La propuesta es la de crear un Programa “Fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes” que dispone de 4 medidas: sostenimiento de valores mensuales, actualizaciones de escalas, alivio fiscal para pequeños contribuyentes y un régimen de regularización para deudas.

A poco más de tres meses de las elecciones legislativas de septiembre, el impacto de la vacunación dentro del electorado no parecería ser suficiente. La imagen positiva del gobierno tan solo crece un 13% entre los ya vacunados, esto se explica casi en su totalidad por la mejora que se verifica en el universo de los votantes del Frente de Todos.

En cuanto a la intención de voto, se verifica una mejora significativa entre los votantes propios, mientras que se observa una mejora casi residual en el campo opositor. A la variable política, es necesario sumarle la variable etaria al análisis del impacto de la vacunación, por un sencillo motivo: el universo de los vacunados tiene, por ahora, sobrerrepresentada a la población adulta mayor, que es la que primeramente está siendo vacunada. Suena lógico entonces anticipar que, en los segmentos más jóvenes, el impacto de la vacunación será aún más residual que el que se está viendo hasta aquí.

Sin embargo, si bien el impacto directo no pareciera mostrar significativas variaciones entre los votantes, sí lo hace de una manera indirecta ante una posible vuelta a la normalidad mejorando la salud de la economía.

En términos generales, entre los menores de 50 años, a la hora de señalar el principal problema que afecta al país, más del 50% indica problemas económicos (inflación y desempleo). Esta es una preocupación que se profundiza aún más en el segmento más joven (ambos problemas reúnen el 58,8%). Estas variables implican una mayor preocupación entre los propios votantes del Frente de Todos.

Una vacunación masiva podrá permitir que la economía recupere cierta normalidad, y eso ya será todo un beneficio electoral para el oficialismo frente a estas preocupaciones. O por lo menos, podría generar una recuperación de las expectativas sobre el futuro o una esperanza de que lo peor de la pandemia – económicamente hablando – ya pasó.

En la actualidad el Frente de Todos se encuentra en los niveles más bajos de apoyo electoral, con un nivel de desencantados que ya roza el 30%. Esta caída en el caudal electoral no necesariamente puede llevar al oficialismo a obtener menos bancas de las que renueva en la elección de medio término. El escenario aun así demuestra la ventaja que ofrece el escenario de renovación del oficialismo que incluso sacando un 25% menos de votos que en 2019, podría estar perdiendo solo una banca en la Cámara baja, quedando a 11 votos de poder sancionar leyes.

En cuanto la escena electoral en Provincia de Buenos Aires particularmente, allí se encuentra el nivel más alto de desencantados. Este segmento es clave para definir el rumbo de la elección. Si nos guiamos por el porcentaje de votantes del Frente de Todos que nos dicen que hoy volverían a votar al oficialismo, de aquel 52,2 de votos del 2019, hoy el oficialismo estaría reteniendo el 63,8% de esos votos (33,4/52,2), según nuestro estudio de mayo en PBA.

La decisión que tomen esos votantes desencantados (votar efectivamente alguna fuerza opositora o reincidir en el voto al Frente de Todos) será determinante en el resultado. Y en buena parte, su decisión dependerá no solo de si el contexto económico o sanitario mejora o empeora, sino también de las alternativas que se le ofrezcan en la góndola. Si la oferta peronista no oficialista (Florencio Randazzo) no seduce, y si Juntos por el Cambio no logra despegar su identidad del fracaso de Macri, posiblemente los votantes blandos desencantados del oficialismo puedan pensar que apoyar al Gobierno pudiera ser un mal menor.

 

La incertidumbre acerca de los valores que la inflación tomaría a lo largo de este 2021 fue mermando con el pasar de los meses, particularmente si se observa la inflación acumulada del 17,6%. Lo que resulta claro es que el 29% que el Ministro Guzmán proyectaba en el Presupuesto quedó atrás. En este marco los sindicatos debieron enfrentar sus acuerdos paritarios. De hecho, si se observa la evolución agregada de los acuerdos paritarios, se verifica una tendencia claramente alcista en los últimos acuerdos.

¿Cómo vienen las paritarias en el 2021?

Bancarios inauguró el año paritario con un acuerdo de 29% en enero que incluía una cláusula de revisión. Luego se fueron dando acuerdos que intentaban respetar esa pauta establecida en el Presupuesto 2021 y fijada por el Gobierno para tratar de contener la puja distributiva dentro de los parámetros establecidos para la política macroeconómica. Pero lentamente empezaron a aparecer acuerdos que se acercaban más al 40% que al 30% inicial. UOCRA, UTA y Ferroviarios estuvieron este mes en la parte alta de rango de 30-40% de aumento. Por su parte, el acuerdo semestral de Judiciales, si se anualiza, también se acerca al 40%. Quien podría romper este techo podría ser Camioneros que ya se encuentra en negociaciones para celebrar su acuerdo paritario 2021-2022.

Fuente: elaboración propia en base a acuerdos celebrados.

Si bien se puede apreciar una tendencia alcista en los acuerdos salariales, si tomamos las proyecciones que realiza el mercado sobre la inflación, se encuentran más cercana al 50% que al 40% por el que hoy pelean los trabajadores. Difícilmente entonces este año se pueda recuperar algo de lo que la mayoría de los salarios vienen perdiendo en años anteriores.

No solo preocupa la inflación y el desempleo, también la vacunación y la caja de las obras sociales

En el contexto de la pandemia del coronavirus, los sindicatos no solo se deben enfrentar a los desafíos de la inflación y el desempleo sino también al colapso del sistema de obras sociales y a los reclamos de los trabajadores por ser rápidamente vacunados.

El sistema de obras sociales ya traía problemas de desfinanciamiento previo a la crisis del COVID, y que frente a la pandemia esos problemas no hicieron más que agudizarse. En particular, el sistema tiene serias dificultades para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las personas con discapacidad.

Para paliar esta situación el gobierno de Alberto Fernández accedió a unos de los pedidos históricos de los dirigentes con relación a la situación financiera de las obras sociales. Modificar el mecanismo de libre elección de la obra social. Consiste en que los afiliados deban permanecer en la obra social de su actividad un tiempo determinado antes de disponer el traspaso de los aportes a otro efector. Sin embargo, los problemas financieros no se solucionarán únicamente con esta modificación.

 

¿Cómo evolucionó la imagen del Gobierno en el último mes y cambios son las principales preocupaciones de la sociedad?

El gobierno alcanza en mayo los valores más altos de imagen negativa desde comienzos de su gestión, superando el 60%, con 5 de cada 10 encuestados afirmando que el desempeño es “Muy Malo”. Justo a un año de haber alcanzó el más alto valor en cuanto a imagen positiva (64,3% en abril 2020), mayo de este año arrojó el nivel más bajo de todo el ciclo con solo el 26,2% de valoración positiva.

A pesar de los esfuerzos por dinamizar la vacunación contra el Covid-19, y con el arribo al país de más de 17 millones de dosis, al electorado estos números parecen no alcanzarle. La corrupción y la inflación siguen siendo las principales corrupción de la ciudadanía, dejando el manejo de la pandemia en un cuarto lugar, por detrás del desempleo. Es decir, las variables económicas son las que se llevan más del 48,1% del interés ciudadano.
La preocupación por la salud continua su tendencia decreciente, alcanzando los valores más bajos desde el comienzo de la pandemia, con alrededor del 5%.

¿Qué expectativas tiene la gente de cara a los próximos meses?

De hecho, si se desagregamos la preocupación en base a los diferentes perfiles de votantes del año 2019, los propios votantes del Frente de Todos son aquellos más preocupados por las cuestiones económicas, principalmente la inflación seguida del desempleo, alcanzando el 63% de su interés . Mientras que los principales grupos opositores ponen el foco en la corrupción.

La segunda ola del coronavirus genera nuevamente caídas en las expectativas sobre el futuro económico del país para los próximos 12 meses. El 61,4% de los encuestados considera que la situación económica será peor a la actual, y tan solo el 21,5% cree que la situación mejorará en los próximos 12 meses. Por su parte, en términos personales, las creencias son un tanto más moderadas: en mayo, el 48,2% de los encuestados considera que su situación empeorará, y solo el 19% cree que estará mejor.

¿Qué evaluación realiza la sociedad de la gestión sanitaria?

En cuanto al caso particular de la gestión sanitaria, el gobierno no logra recuperar la valoración positiva que supo conseguir un comienzo de la pandemia. Alcanzando un 60% de valoración negativa, con casi la mitad de los encuestados considerándola “Muy Mala”. El gobierno no logró alcanzar siquiera el 30% de aprobación en relación a las medidas sanitarias impuestas.

Con relación a la disyuntiva “Salud vs Economía” asumiendo que para controlar una de las dos variables será necesario dejar de lado la otra, como se planteó en algún momento, el 32,8% de los encuestados considera necesario asumir el riesgo de contagiarse con tal de garantizarse su fuente de ingresos. Otro 20% de los encuestados toma una postura más neutral, pero reconociendo la necesidad económica, mientras que tan solo un 15,3% prefiere no exponerse al contagio debido a lo delicada de la situación sanitaria. Evidentemente la sociedad le fue perdiendo el miedo a la enfermedad, a pesar de que sigue existiendo un 15,1% que reconoce tener “Mucho Temor”, similar al número de quienes prefieren no exponerse al virus a pesar de implicar un riesgo para sus ingresos .

¿Cuál es la situación del oficialismo frente a las elecciones legislativas de septiembre?

La tendencia en el deterioro del caudal electoral continúa y pareciera no detenerse, desde julio del 2020. Los niveles de intención de voto de mayo perforan el 30% a nivel nacional. En paralelo, el voto por otras fuerzas políticas alcanza su nivel más alto en mayo con 61,7%.

En síntesis, al gobierno de Fernández no pareciera alcanzarle una mejora en el ritmo de vacunación para captar al electorado, esta no parece ser una variable que vaya por encima del posicionamiento político previo de los votantes. En última instancia le sirve para retener a sus propios votantes un tanto desencantados. Será necesario entonces que el gobierno trabaje en esas otras cuestiones que fueron mencionadas como principales preocupaciones y que no necesariamente están relacionadas con el manejo de la pandemia para llegar mejor posicionados a septiembre.

La Hidrovía, es la vía navegable troncal más importante del país. Es una ruta fluvial de 1.635 km que permite la salida hacia el océano a distintos tipos de embarcaciones de carga, y su traza se encuentra expresada parcialmente en los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y Río de la Plata. Bajo su cauce de salida circula el 80% de la exportación nacional. Por allí se moviliza el 75% de las exportaciones agroindustriales y el 90% del tráfico de contenedores del país.

El contrato entre el Estado argentino y la empresa que se encarga del dragado de la hidrovía (Hidrovía S.A.), integrada por el grupo belga Jan de Nul y la empresa local Emepa, recibió una extensión temporaria, ya que expiraba a fin de abril. El dragado constituye una tarea esencial para conservar la funcionalidad de la vía navegable. Sin embargo, la decisión de cómo continuar una vez finalizado este contrato está siendo discutida muy fuertemente al interior del oficialismo.

El Presidente había anunciado, en agosto del año pasado, la intensión de crear una empresa estatal que se encargue de controlar la concesión de la hidrovía, al tiempo que anunciaba que era imposible que el Estado se encargue de dragar la vía navegable. Por ello, el Gobierno avanza en llevar adelante una nueva licitación para concesionar ese dragado.

De hecho, el Ministro Mario Meoni había firmado el 8 de abril un acuerdo para que la OCDE lleve adelante la gobernanza de la próxima licitación como forma de garantizar la transparencia del proceso. No obstante, desde el oficialismo no son menores las voces que reclaman estatizar la hidrovía (sobre todo desde el kirchenrismo), reclamando tomar el control en defensa de la soberanía nacional.

En ese marco, el Senado, con un fuerte impulso por parte de los senadores más cercanos a Cristina Kirchner, le dio media sanción a un proyecto que crea una Comisión Bicameral no solo para controlar la licitación, sino también para intervenir en el funcionamiento de la hidrovía.

La Comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del Sistema de Navegación Troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y toda aquella cuestión conexa vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo. La Comisión estará integrada por seis senadores y seis diputados, los cuales serán designados de acuerdo al Reglamento de cada Cámara e iniciarán sus funciones a partir de la vigencia de la presente ley.

Algunas de las facultades y atribuciones de la Comisión son las siguientes:
– Solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la Hidrovía y el Sistema de Navegación Troncal, tanto del sector privado como del público y de organismos locales como internacionales
– Elaborar informes brindando propuestas concretas y asesorando en el avance de las acciones propuestas, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente.
– Auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía.
– Ejercer el contralor del proceso licitatorio.

En definitiva, este proyecto de creación de la Bicameral de la Hidrovía debe enmarcarse en esa pelea interna entre diferentes sectores del oficialismo respecto de qué hacer con la Hidrovía (estatizarla, licitarla, a quién, qué intereses intervendrán, etc.). Una pelea que enfrenta nuevamente a sectores del kirchnerismo con los que representan a Sergio Massa, los Gobernadores y el propio Alberto Fernández.

El presente artículo es un extracto del Panorama Legislativo que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.

Desde el comienzo de este ciclo se planteó el interrogante sobre lo que realmente representaba el Frente de Todos. Una coalición que se formó para ganar la elección, pero que no atravesó un proceso de confluencia programática previa entre sus actores. Es más, parecía que se valoraba la decisión de que cada uno pueda conservar su identidad dentro de la Coalición, lo cual depositaba en el oficialismo una serie de tensiones que obedecen precisamente a esa identidad multifacética de ser el frente de “Todos”. Entre ellas, destacaba la tensión económica, por su relevancia.

Una tensión que acaba de mostrar su cara públicamente es la controversia que se dio entre Martín Guzmán y Federico Basualdo acerca del nivel de aumentos de tarifas (o del gasto en subsidios) que el programa económico puede o debe soportar. No obstante, en realidad trasunta una discusión más de fondo entre dos posturas.

Por un lado, la necesidad de promover ciertos equilibrios macroeconómicos necesarios para renegociar el acuerdo con el FMI, además de ser necesarios también para generar condiciones de crecimiento genuinas y sustentables. Por otro, la necesidad de atender ciertas demandas sociales recogidas en las urnas en 2019. La discusión entre Guzmán (recortar subsidios) y Basualdo (no aumentar tarifas), es una cara de esa discusión de fondo que no está saldada dentro de la coalición y que se demuestra de manera muy elocuente en la falta de un programa económico que pueda ser apoyado por todos los miembros de la Coalición.

Sin lugar a duda, la discusión sobre el programa económico es la discusión sobre el acuerdo con el FMI. Lo que se defina va a comprometer la política económica de los próximos 10 años. Es esa discusión la que desata las tensiones dentro de la coalición de gobierno. Sobre todo, los condicionantes que, desde el kirchnerismo, le están imponiendo a la negociación.El razonamiento de CFK es el siguiente: si el FMI le financió la campaña a Macri, que no venga a imponernos condiciones para que nosotros podamos ganar las elecciones. Es ese el punto central por el cual CFK le reclama a Guzmán una negociación que Guzmán sabe que es imposible tener con el FMI: que haya renegociación de vencimientos sin grandes condicionalidades.

Por lo pronto, los marcos de la negociación fueron definidos por la carta que los Senadores del Frente de Todos le enviaron al FMI el pasado 16 de noviembre de 2020. Allí expusieron con claridad las condiciones que se le plantean al organismo para renegociar la deuda: bajar la tasa, empezar a pagar en 2025 y plazo de amortización de la deuda en “varias décadas”. El Ministro de Economía ha logrado avanzar con la negociación siguiendo esos condicionantes planteados por los senadores de su partido. Para salvar algunas de esas condicionalidades, Guzmán vienen negociando con el FMI algunas cláusulas del acuerdo que pudieran salvar aquellos pedidos de los Senadores (o de Cristina Kirchner):

– Como el estatuto del FMI no contempla acuerdos de más de 10 años, la Argentina pide la inclusión de una cláusula en el acuerdo que específicamente determine que, de existir en el futuro una modificación de la Carta Orgánica del Fondo, se habilite la alternativa de extender el acuerdo firmado más allá de los 10 años fijados en el acuerdo original que se firme.

– Contemplar la posibilidad de que los compromisos que asuma la Argentina de devolución de los fondos puedan ser refinanciados si el país cumple con las pautas que se acuerden en el Programa de Facilidades Extendidas.

Sin embargo un nuevo desafío interno emergió con el Proyecto de Declaración que los Senadores del Frente de Todos decidieron impulsar, donde le piden al Ministro que no contemple utilizar los fondos que el organismo enviará a los países miembros como consecuencia de la pandemia (los ya famosos Derechos Especiales de Giro) para cumplir compromisos de deuda con el FMI ni con el Club de Paris: buscan que esos recursos sean utilizados para atender las necesidades “de la sociedad argentina derivados de la pandemia”. Esta iniciativa política, surgida desde el interior del propio oficialismo, choca de manera directa con la estrategia que el propio Gobierno (el ministro Guzmán con el aval de Alberto Fernández) venía llevando adelante para renegociar la deuda con los organismos internacionales.

Estos desacuerdos sobre la estrategia de negociación son derivados de desacuerdos más profundos que existen dentro del oficialismo sobre el nivel de compromisos (esfuerzos) que hay que asumir en el acuerdo con el FMI: fundamentalmente qué nivel de reducción de déficit comprometer en un acuerdo que condicionará la política económica en los próximos 10 años. Una duda que se vuelve relevante, porque serán compromisos que trascenderán la gestión de Alberto Fernández. Desacuerdos que están cruzados por la interpretación política del origen del problema. Para el sector que lidera Cristina Kirchner, la deuda con el FMI tuvo el objetivo de financiarle la campaña a Mauricio Macri, y por ello debe hacerse cargo en mayor medida el organismo que la Argentina de los costos de refinanciar y hacer pagadero el acuerdo. Interpretación que complica más la negociación, pero que deja severos interrogantes respecto de cuál es el rumbo económico que este Gobierno le quiere imprimir al país, y más intrigante aún, quién lo define.

 

El presente artículo es un extracto del Panorama Político que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, encabezado por el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, resolvió en un encuentro virtual un aumento del 35% sobre el actual Salario Mínimo, Vital y Móvil (S.M.V.M.).

El aumento será en siete tramos y provocará que el ingreso mínimo hacia febrero 2022 se eleve a la cifra de $29.160 pesos. Los integrantes del Consejo, dirigentes sindicales de ambas centrales (CGT y CTA) y representantes del sector empresario acordaron el pago de un 9% en abril, 4%, 4%, 3%, 5%, 5% y un 5% final en febrero de 2022. Este acuerdo incluye una cláusula de revisión en septiembre para evaluar cómo avanzó la inflación en relación a este esquema de aumentos del salario mínimo.

Evolución del SMVM y sus impactos

En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo evolucionará el SMVM mes a mes (de no haber una revisión que eleve las actualizaciones si la inflación supera lo proyectado):

¿Qué impactos tendrá la actualización del salario mínimo?

• Haberes jubilatorios. El nuevo SMVM determina las jubilaciones de personas que completen los 30 años de aportes: sus haberes deben ser, como mínimo, equivalentes al 82% de ese salario mínimo. Pero hoy el haber jubilatorio mínimo está por encima de esa vara, motivo por el cual no habrá un impacto en este segmento.
• Programa Potenciar Trabajo. Los montos de este programa, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, se actualizan con el salario mínimo. El programa tiene una carga horaria de media jornada y retribuye el 50% del salario mínimo. Actualmente, otorga $ 10.800, por lo que la actualización sí impactará en este segmento.
• Becas PROGRESAR. En este programa de becas para estudiantes, el salario mínimo vital y móvil funciona como tope. El beneficiario, menor de 24 años, lo cobra si su familia gana menos de tres salarios mínimos. El tope aumentará con el incremento del salario mínimo previsto en el acuerdo.
• Trabajadores informales. El salario mínimo vital y móvil actúa como referencia para el sector informal. En sectores como el textil y el hotelero, que suelen tener remuneraciones más bajas, suelen utilizarlo como guía para sus negociaciones paritarias. La actualización impactará de forma indirecta en los trabajadores informales.
• Seguro de desempleo. En este caso, la prestación por desempleo tendrá en los próximos meses el mismo incremento porcentual que el acordado para el SMVM. Esto implica que el subsidio que hoy se paga en un rango que va de $6.000 a $10.000, pasará a uno de entre $ 8.100 y $ 13.500 pesos.

Conclusiones

El aumento previsto por este acuerdo determinará que, a principios de febrero de 2022, el monto del salario mínimo vital y móvil habrá aumentado un 72,8% con relación al nivel que registraba al comienzo del ciclo del Frente de Todos. Este nivel de actualización seguramente quedará por debajo de la inflación acumulada en los años 2020 y 2021. Incluso, de cumplirse el cada vez menos probable 29% de inflación previsto en el Presupuesto 2021, el SMVM habrá quedado rezagado del aumento de los precios al consumidor.

La revisión prevista para septiembre cobra una gran relevancia. Allí podría estar la oportunidad para que el salario mínimo no se rezague mucho más respecto al avance de la inflación, algo necesario si se contempla que durante el período 2015-2019 el SMVM perdió casi un 25% de su valor ya que en dicho período aumentó 201,9% frente a una inflación acumlada del 300%.

Luego de la aprobación de una Ley para elevar el mínimo no imponible, el Gobierno envió un nuevo proyecto de ley que busca modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias. Se buscan establecer nuevas alícuotas que determinan lo que deben pagar las sociedades comerciales.

El proyecto del Ejecutivo tiene por objetivo compensar parcialmente el mayor gasto que el Estado asumirá por la elevación del mínimo no imponible a $150.000 para personas físicas, sancionado recientemente.

Antecedentes del impuesto a las ganancias para sociedades comerciales

Hasta el año 2017, en la Argentina las sociedades pagaban por el Impuesto a las Ganancias una alícuota del 35% sobre los beneficios. A su vez, en su carácter de personas humanas, los accionistas estaban alcanzados por un 10% adicional sobre los dividendos distribuidos, desde que rige la Ley N° 26.893 y hasta el año 2016.

Con la reforma tributaria de 2017 se estableció una reducción gradual de la alícuota societaria combinada con un impuesto cedular sobre las utilidades distribuidas a personas humanas, sucesiones indivisas y beneficiarios o beneficiarias del exterior, de acuerdo con lo siguiente:

Mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones se suspendió por un año la reducción en la alícuota de beneficios empresariales que debía regir a partir del período fiscal 2020. En consecuencia, hasta los ejercicios iniciados el 31 de diciembre de 2020 estuvo vigente la alícuota empresaria del 30% y la alícuota del 7% sobre los dividendos distribuidos.

¿Cuáles son las disposiciones del proyecto actual?

La iniciativa propone modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, para reducir las alícuotas que deberán pagar las sociedades comerciales. Se propone una estructura de alícuotas escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada:

– Un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones.
– Un segundo escalón de 30% para ganancias netas acumuladas de entre $5 millones y $20 millones.
– Un tercer escalón de 35% para ganancias netas cumuladas superiores a $20 millones.

Según el Gobierno, este esquema permitirá reducir el impuesto que pagarán las empresas de menores beneficios y mantenerlo para las de un tramo intermedio (que quedan en 30%), mientras que solo se aumentará para empresas con mayores beneficios. Con este nuevo esquema el 90% de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020.

El artilugio que esconde la decisión del Gobierno

No debe pasar por desapercibido que la rebaja para el 90% de las empresas anteriormente mencionada es posible gracias a que la rebaja a 25% se había congelado en 30% a comienzos de 2020. Es decir, el Gobierno suspendió previamente una rebaja y ahora la otorga promocionando la decisión. De esta manera, habría que interpretar la decisión de la siguiente forma:

En definitiva, el proyecto retoma la baja prevista por la reforma fiscal de 2017 solo para quienes facturan hasta $ 5 millones. Para el resto, las alícuotas se mantienen (para el caso de los que facturan entre $ 5 y $ 20 millones) o se incrementan (para los que facturan más de $ 20 millones).

 

El presente artículo es un extracto del Panorama Legislativo que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

La preocupación por la inflación continúa liderando la lista de preocupaciones ciudadanas con un 33,7%. Ante el preocupante dato de marzo, en los primeros tres meses del año la evolución del IPC INDEC acumula un 13%. En respuesta, esta semana el Jefe de Gabinete ordenó a la AFIP que refuerce los controles de precios y el programa de precios máximos, movimiento que deja entrever la preocupación y la desorientación del Gobierno a la hora de encarar esta problemática.

La segunda variable más mencionada en nuestro relevamiento de opinión pública continúa siendo la corrupción. Debe tenerse en cuenta que dicha variable proviene mayoritariamente de los sectores de la población opositores al Gobierno. En tercer lugar se ubica el desempleo con un 15,6% de las respuestas: esto implica que las preocupaciones económicas en su conjunto (inflación y desempleo) lideran ampliamente el ranking.

Si desagregamos las preocupaciones según al voto de la elección presidencial del 2019, podemos notar que la preocupación principal de los votantes oficialistas es económica: el 39.2% ubica a la inflación como máxima preocupación y un 21.1% hace lo propio con el desempleo. Por otro lado, quienes votaron al espacio conducido por Mauricio Macri en 2019, vuelcan su máxima preocupación a la corrupción, ubicándola en un 52%.

Por último, ordenamos las urgencias según la ciudadanía en cuatro variables de la agenda. Un 61.4% atendería con urgencia la crisis económica, mientras que un 21.4% se abocaría a la pandemia. La inseguridad y las reformas judiciales quedan completamente relegadas. Al Gobierno le costará muchísimo la elección legislativa de este año si la economía no logra rebotar algunos puntos.

Como lo hicimos a lo largo del año 2020, volvimos a preguntarle a la gente si en estas circunstancias le preocupa más el coronavirus o su situación económica. Nuevamente, no observamos grandes cambios de lo registrado en noviembre del año pasado. Un 64,4%, respondió que le preocupa más su situación económica, y un 33,7% que le preocupa más el coronavirus. La evidencia sugiere que pareciera haber habido un proceso de asimilación de la situación sanitaria, dando lugar a una mayor preocupación por las consecuencias económicas de un fenómeno que pareciera estar dado y sin solución hasta no tener vacunas.

Dado que más de 3 de cada 5 personas se encuentran más preocupadas por la situación económica que la sanitaria, les preguntamos si están o no de acuerdo con la siguiente afirmación: “Estoy dispuesto a asumir el riesgo de contagio antes que perder mi fuente de ingresos” El 52,8% señaló estar Total o Bastante de acuerdo con esa frase, mientras que el 21,1% indicó estar Total o Bastante en desacuerdo. Los números, claramente, muestran una mayor preocupación por la fuente de ingresos que por el riesgo de contagio del virus.

Por último, a la hora de evaluar la predisposición de la sociedad a enfrentar medidas de confinamiento, un 35,5% señaló que lo justo y razonable es no tener ningún tipo de confinamiento, un 49,2% que lo justo y razonable es algún tipo de confinamiento, y solo un 10,3% cree que lo justo es un confinamiento total.

El presente artículo es un exctracto del Panorama Mensual de Opinión Pública elaborado por Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina. 

 

 

Lentamente comienzan a avecinarse las elecciones de medio término. Allí, el Gobierno tiene un objetivo práctico (ganar la mayor cantidad de bancas) y uno simbólico (ganar la elección). Precisamente, ambos dependen en gran medida del resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires.

Fue en el bastión actualmente oficialista donde el oficialismo se alzó con el triunfo en la elección presidencial logrando una diferencia superior a los 15 puntos porcentuales. Dos años después, buscará repetir ese mismo resultado o, al menos, uno que se le asemeje. Si bien una primera mirada sobre la situación electoral en la provincia nos indica una ventaja del Frente de Todos, la situación difiere claramente de la magnitud observada en 2019.

En un estudio realizado entre los días 3 y 7 de marzo, observamos una intención de voto para el oficialismo de 34,6%, mientras que para Juntos por el Cambio resultó del 27,9%. Por su parte, relevamos una intención de voto a un espacio peronista no oficialista de 7,1% y la correspondiente a un espacio de derecha de 6,3%.

A partir de lo sucedido en elecciones anteriores, la ventaja que se observa a favor del Frente de Todos no pareciera ser una ventaja de confiar. Esto se debe principalmente a que hay terceras y cuartas fuerzas que podrían ver centrifugados sus votos, sufriendo una migración del voto útil hacia las dos principales fuerzas, pudiendo cambiar el resultado. Además, aún se observa un alto nivel de indecisos que también podrían modificar los resultados de la elección de sostenerse las presentes intenciones de voto.

La diferencia observada también invita a pensar que el timing de la elección y la forma del calendario electoral podrían volverse estratégicos para el resultado. En estos pequeños, pero no menores, detalles podría definirse la elección que actualmente presenta más incertidumbres que certezas y donde, obviamente, jugará un papel determinante la definición de candidaturas.

*El presente artículo es un extracto del “Panorama Político” que elabora mensualmente Synopsis Consultores para clientes de Ecolatina.