En su perspectiva histórica, la valoración positiva del gobierno se ubica por encima del valor que observábamos en octubre de 2020 durante el mandato de Alberto Fernández, pero 3 p.p. por debajo de los niveles de aprobación registrados en octubre de 2016 durante el mandato de Mauricio Macri.
Una evolución que parece responder al natural proceso de desgaste de todo gobierno, más aún para un gobierno que está atravesando un proceso de correcciones económicas que produjo caída en el poder adquisitivo, retracción del consumo y aumento del peso de los servicios en el ingreso de los hogares. Habrá que ver si los próximos meses muestran una estabilización de estos valores o continuará con la tendencia declinante que venimos observando en los últimos 5 meses.
La preocupación por la inflación iguala el nivel más bajo de los últimos 8 años.
No cabe duda que la principal batalla que enfrentaba el oficialismo al inicio de este ciclo era responder a la principal demanda ciudadana que era bajar la inflación. Y si lo observamos en términos de la evolución de la preocupación por esta problemática, la batalla el gobierno la viene ganando. La preocupación por la inflación llega en octubre al segundo nivel más bajo de los últimos 8 años. Pero podríamos considerar que es el nivel más bajo registrado en nuestra serie, porque el único inferior es el de agosto de 2020, donde la pandemia había desplazado coyunturalmente la preocupación por los precios por otras preocupaciones más urgentes en el contexto sanitario extremo que se vivió durante esa época.
En octubre cae la preocupación por el desempleo y de esta manera las preocupaciones económicas combinadas caen por debajo del 50% de menciones por primera vez en más de 3 años.
La curiosidad del registro de octubre es el liderazgo de la preocupación por la corrupción, una problemática que está presente en los principales segmentos de votantes, pero que es dominante entre los votantes de Javier Milei (casi el 50%). Una particularidad que quizá se entiende a la luz de las denuncias permanentes que el propio presidente hace de la existencia de curros en el estado.
Luego de la sanción del a Ley Bases, y de un intento privatizador que fue reducido en la discusión de la ley, el oficialismo retoma impulso en la búsqueda de avanzar con la privatización de algunas empresas del estado. En ese marco, promovió el inicio de la discusión sobre proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas. Se trata de dos propuestas legislativas, una presentada por Hernán Lombardi del PRO y la otra por Juan Manuel Lópezde la Coalición Cívica, que se fundamentan en la necesidad de transferir la aerolínea a manos privadas, apoyándose en consideraciones económicas que buscan incrementar la competitividad en el sector aéreo.
Entre las justificaciones para la privatización se mencionan especialmente dos: 1) los déficits financieros acumulados por la empresa y 2) su incapacidad para competir con aerolíneas de bajo costo, lo que ha generado un impacto adverso en la oferta y en los precios de los boletos aéreos. También se abordan las acciones del gobierno para desregular el sector y facilitar la entrada de nuevas aerolíneas, un cambio significativo en la política aeronáutica del país.
No iba a ser fácil del desafío de Javier Milei, no lo hubiera sido para ninguno de los candidatos a presidentes del 2023. Nunca es fácil hacer el ajuste. Existen copiosas y numerosas investigaciones y estudios que analizan los efectos que tienen los programas de ajustes severos en el gasto público sobre los gobiernos que los implementan. Son estudios que se enfocan en las consecuencias políticas, económicas y sociales de tales políticas, que en general incluyen recortes en programas de bienestar, salarios públicos y subsidios a la ciudadanía. Y si bien estas investigaciones dan cuenta de casos exitosos de gobiernos que hacen el ajuste, los antecedentes indican que en la mayoría de los casos estos gobiernos colapsan políticamente.
Lo interesante de estos trabajos es observar los factores que se señalan cómo críticos para determinar la probabilidad de éxito de gobiernos que implementa un ajuste, porque podrían ser útil para observar el caso de Milei. Y allí uno podría hacer una síntesis de cuatro factores que se repiten de una u otra manera como críticos para aumentar o disminuir las chances de todo gobierno de sobrevivir políticamente a la implementación de un ajuste.
El análisis sobre la magnitud del ajuste requiere una profundidad y una capacidad económica de análisis que se lo dejaremos a los economistas, pero en todo caso, vale la pena remarcar que es necesario tener en claro cuánto ajuste se necesita, en qué tiempos y cuánto está dispuesto a tolerar el cuerpo social.
En relación al segundo factor, aquí el gobierno corre con una ventaja. Al margen de lo que el propio gobierno pueda haber hecho para explicar o justificar el ajuste, la realidad de los últimos años ha contribuido a que la sociedad argentina comprenda que era insostenible el financiamiento no monetario del déficit, como consecuencia de la alta inflación que estaba padeciendo. Los problemas de funcionamiento de la economía lentamente fueron construyendo un consenso social sobre la necesidad el ajuste. Ello se vio verificado en el dato recogido por nuestro estudio de septiembre, donde el 52% considera que es total o bastante importante lograr el equilibrio fiscal. Consenso que llega al 60% si incluimos a los que consideran que es medianamente importante.
En relación al tercer factor, aquí ocurre algo parecido con lo que ocurre con el primero. Los márgenes de mitigación dependen de la magnitud del ajuste y de la capacidad de discrecionalidad que se tiene en la distribución de la carga del ajuste. Pero en todo caso, y pensando en el caso Milei, se podría advertir que el Gobierno pareciera tener alguna sensibilidad al respecto, porque uno de los pocos rubros que han crecido en términos reales en el gasto público son las transferencias del programa AUH destinado a madres y niños en situación de vulnerabilidad. Queda la pregunta de si se puede hacer un esfuerzo mayor, sobre todo por las discusiones que han emergido en derredor del gasto en jubilaciones y del gasto en universidades.
El último factor pareciera ser el más endeble del actual caso de Javier Milei. En el mismo estudio de septiembre antes mencionado, recogemos la percepción que el 70% de la opinión pública considera que el ajuste está recayendo más obre la gente que sobre la casta, un dato que pone en crisis una de las promesas más mencionadas por Milei respecto de la justicia del ajuste: que esta vez lo iba a pagar la casta. Independientemente de la discusión de si el ajuste podía o no pagarlo enteramente la casta (algo inverosímil), la construcción de la narrativa del gobierno se ve frustrada por este dato y nos advierte que pudiera no estar siendo visto como justa la distribución de la carga de este ajuste, lo que le resta legitimidad, y con ello probabilidad de éxito al mismo.
Pero hay un quinto factor, que como está implícito en la razón de ser de todo ajuste, no está contemplado como factor pero es quizá el más determinante, y es el resultado deseado de todo ajuste: la recuperación económica. Todo el esfuerzo se justifica en el deseo de obtener los resultados deseados. Y es aquí donde también el programa de ajuste de Milei observa tensiones. Sobre todo porque Milei había advertido de las consecuencias del ajuste, pero también había dicho que la peor parte iba a ocurrir en marzo y abril y que después de ello sobrevendría una recuperación vigorosa usando aquella metáfora escatológica del buzo.
Lo cierto es que: 1) la recuperación pareciera ser más lenta y menos intensa de lo que el gobierno hubiese deseado, 2) ello pareciera estar impactando en los niveles de apoyos, que si bien siguen siendo significativos, podrían advertir que el natural desgaste de todo gobierno que hace el ajuste está ocurriendo, y 2) lo que requerirá de una mayor paciencia social, para lo cual se necesita reforzar la fortaleza en los 4 factores señalados.
Si no se puede o quiere aflojar el ajuste, ni tampoco ampliar las acciones de mitigación de su impacto social, queda trabajar en los otros dos criterios, que están más vinculados a la estrategia política. Allí se puede: 1) fortalecer la predisposición de explicar el ajuste, con una estrategia de comunicación más inteligente y empática, y 2) evaluar alternativas de una mejor distribución de las cargas del ajuste, para hacerlo más tolerable socialmente.
Finalmente, el gobierno publicó en el Boletín Oficial la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases. Se trata del decreto reglamentario que da precisiones sobre todas las modificaciones e iniciativas que estaban incluidas en ese capítulo. Entre las más esperadas figuraban la reglamentación del novedoso Fondo de Cese Laboral, que es un mecanismo que pretende suplantar el sistema de indemnizaciones que está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo, por un mecanismo de ahorro para cubrir las cesantías y morigerar el costo del despido.
Pero no solo se reglamentó el Fondo de Cese Laboral, sino que también se reglamentaron el resto de las iniciativas incluidas como la figura del trabajador independiente con colaboradores, el blanqueo para deudas por informalidad laboral, y la extensión del período de prueba. Lo que no se reglamentó, y fue parte de la negociación que llevó adelante el gobierno con las cámaras empresarias y con la CGT, fue la inclusión de los bloqueos como causal de despido justificado. Allí, la postura del gobierno fue la de no aclarar ni especificar (sea para hacer más restrictiva la prohibición o para hacerla más laxa) para no generar un conflicto adicional con los dos actores.
La clave para poder reglamentar con acuerdo de todas las partes (empleadores y trabajadores) el Fondo de Cese Laboral, fue la de someter todo a la condicionalidad de que haya un acuerdo en el marco de los Convenios Colectivos de Trabajo. Incluso en la reglamentación se estableció la posibilidad de que el Fondo de Cese acordado en el Convenio Colectivo, pueda tener distintas modalidades a nivel rama o empresa.
En septiembre, la valoración de desempeño del gobierno anota su cuarto mes consecutivo de deterioro. La valoración positiva cae algo más de 1 p.p. y la negativa sube algo más de 1 p.p. Como lo venimos advirtiendo en panoramas anteriores, este proceso de deterioro se inicia en mayo, y desde allí venimos viendo un proceso lento pero continuo de deterioro de la composición de imagen del desempeño del gobierno. La otra particularidad de este proceso de deterioro es que los valores de Muy Bueno han caído desde 32,8% en mayo a 23,4% en septiembre, marcando una pérdida de calidad en la valoración.
En la perspectiva histórica, la valoración positiva del Gobierno se ubica unas décimas del nivel que observábamos en septiembre de 2016 durante el mandato de Mauricio Macri, y se ubica unos 4 puntos por encima del nivel observado en septiembre 2020 durante el mandato de Alberto Fernández.
Siguen siendo niveles de apoyo considerables, pero lo preocupante para el gobierno es la tendencia declinante que debería ser revertida por una recuperación económica que parece demorarse más de lo previsto o de lo deseado por el oficialismo, luego del proceso de recesión atravesado durante el primer semestre.
La condición de minoría de Javier Milei en el Congreso es tal, que no solo podía ocasionarle dificultades para poder avanzar en la sanción de leyes deseadas, sino también provocarle dificultades para evitar leyes no deseadas. Parte de esto último no se observó en la escena durante los primeros 6 meses, debido a la natural buena predisposición que toda oposición muestra con un oficialismo al inicio de todo ciclo, pero con el paso del tiempo podía sobrevenir. Para lograr leyes deseadas se necesitan reunir la mitad más uno de los votos (o estar cerca de ella si no se requieren mayoría absoluta); para evitar leyes no deseadas se necesitan tener un tercio de los votos. Para lo primero, La Libertad Avanza está muy lejos. Pero para lo segundo también, y es allí donde los aliados pueden cumplir un rol fundamental para evitar que el Poder Ejecutivo sufra no solo derrotas legislativas, sino que quede neutralizada (mediante la insistencia legislativa) su herramienta de defensa frente a las leyes indeseadas (el veto).
Los riesgos de no tener siquiera una minoría para defenderse de la insistencia legislativa (cuando el Congreso se impone al veto presidencial con la mayoría de los 2/3 de las dos cámaras), estuvieron expuestos ante la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria, una ley no deseada por el Ejecutivo por el impacto fiscal de la misma. La Ley había sido sancionada por 2/3 de los presentes en las dos cámaras y podía repetirse la misma escena para insistir con su sanción, pero el oficialismo logró negociar apoyos para reunir la minoría bloqueadora de la insistencia.
En el bloqueo a la insistencia, sobresale el PRO, que ya había votado en contra de la ley en la discusión original, y que esta vez aportó 34 votos en contra de la insistencia. Pero el oficialismo logró otros apoyos que fueron clave para bloquear la insistencia: 5 radicales de los cuales 4 habían votado a favor de la ley en junio, 3 diputados tucumanos de Jaldo que originalmente se habían ausentado, 2 sanjuaninos que responden el Gobernador Orrego del bloque Producción y Trabajo y que en junio se habían abstenido, al igual que la tucumana Omodeo (CREO).
La cuestión de fondo es que esta situación (la debilidad del ejecutivo para evitar leyes indeseadas) no es coyuntural sino estructural y obedece a su condición de hiperminoría, lo que obliga al oficialismo a buscar alianzas defensivas para protegerse de insistencias legislativas. El PRO aparece como aliado principal, pero con ello no alcanza.
Las tensiones entre los sectores dialoguistas y los combativos dentro de la CGT se agudizaron en el marco del diálogo que algunos están llevando adelante con los funcionarios de la Secretaría de Trabajo para afinar los detalles de la reglamentación del capítulo de reformas laborales que fueron aprobados en la Ley Bases. Mientras algunos intentan mitigar el impacto de esas reformas, otros manifiestan una actitud más combativa y llaman a definir un plan de lucha en contra del gobierno. Algo de eso se discutió en una reunión que mantuvieron dirigentes sindicales afines a Cristina Kirchner y la ex vicepresidenta el pasado 16 de agosto.
Pero en el medio está la discusión sobre los aspectos reglamentarios de la reforma laboral que el sector dialoguista está intentando aprovechar para morigerar el impacto de los cambios. Allí sobresalen 3 aspectos centrales para el sector sindical: 1) la forma en que se reglamente el Fondo de Cese Laboral, sobre todo el ámbito y alcance de aplicación, y la condición (que esté sujeta a un acuerdo plasmado en el Convenio Colectivo de Trabajo); 2) la forma en que se reglamente la figura de trabajadores con colaboradores, ya que es un mecanismo que consideran de precarización laboral; y 3) los detalles de la reglamentación de los cambios en términos de regulación de la acción gremial, en el capítulo que busca penalizar los bloqueos a las platas y establecimientos.
Por su parte, también las diferentes instancias de representación empresarial acercaron al Gobierno sus recomendaciones para la reglamentación de las reformas laborales. La reglamentación aún no fue oficializada, pero se está trabajando tratando de considerar todas las opiniones recibidas. Aquí los ejes de estas reformas.
En definitiva, la discusión sobre la reforma laboral vuelve a instalar las 2 posiciones que prevalecen en el sindicalismo cuando se suceden gobiernos no peronistas: 1) establecer canales de diálogo para promover decisiones que respondan a los intereses sindicales o para morigerar o atenuar las decisiones no deseadas, o 2) fijar postura de combate a la acción de un gobierno que señalan como contrario al interés de los trabajadores. Una vieja discusión que se repone nuevamente con el gobierno de Javier Milei y que se está viendo reflejada dentro de la CGT.
En agosto la preocupación por el desempleo sigue liderando en ránking de preocupaciones ciudadanas como lo había hecho en julio. Combinado con la preocupación por la inflación, que sigue en descenso, las preocupaciones económicas reúnen el 56,9% de las menciones, marcando que siguen siendo las dominantes para el público. La preocupación por la corrupción se mantiene relativamente estable, cerca del 30%.
La preocupación por el desempleo sigue siendo dominante entre los votantes de Sergio Massa en el balotaje, donde esa preocupación asciende el 53,2%, pero no deja de ser una preocupación que también alcanza a los votantes de Javier Milei, ya que 1 de cada 4 de ellos (25,6%) también se muestra principalmente preocupado por esta problemática, aunque la mayoría de ellos señala la Corrupción como principal problema.
Con el incremento de agosto, la preocupación por el desempleo toca nuevos niveles máximos en 8 años. Incluso superando los niveles registrados hacia el final del mandato de Mauricio Macri (momentos en que se atravesaba una recesión económica), y los niveles registrados durante la pandemia, aunque en este caso cabe destacar que la preocupación por la salud se llevaba buena parte de las preocupaciones.
Bastó que Javier Milei dijera que “el año que viene vamos camino a una fusión de las fuerzas con el PRO”, para que salieran en fila desde el PRO a bajarle el tono a tal afirmación. Una postura que ratificó Mauricio Macri al asumir como presidente del partido, al sostener que “nadie se casa sin antes convivir”. Esta reacción obedece a la necesidad del PRO de defender una identidad diferenciada para tener eventualmente una posición negociadora, pero no despeja la posibilidad de que finalmente ambos espacios confluyan en una alianza política o electoral.
Lo cierto es que la concreción de una alianza política entre LLA y el PRO es compleja porque el sistema de incentivos conspira para que ello no suceda. A Milei una alianza política con el PRO no le resuelve el problema de la gobernabilidad (seguirían siendo un Gobierno de minoría), por lo tanto no hay incentivos para cogobernar, y el PRO no parece tener incentivos para subsidiar el futuro de su partido a la suerte de un Gobierno cuyo futuro es muy incierto. De modo que el costo para Milei es más elevado que el beneficio, y no solo el costo para Macri es difícil calcular, sino que también lo es el beneficio a recoger.
Pero aun siendo una alianza compleja de alcanzar, lo cierto es que a ambos protagonistas (Milei y Macri) les conviene decir que tienen predisposición de aliarse, porque comparten la simpatía de una porción importante de votantes.
Un incentivo para avanzar hacia una alianza política es el electoral, por el sesgo mayoritario que tiene el sistema D´Hont en la asignación de escaños. Si tomamos la elección de 2023 como ejemplo, en la categoría diputados nacionales, si La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio hubieran ido juntos en alianza, hubieran obtenido 8 bancas más de las que obtuvieron, un 12% más de escaños.
Pero ese incentivo no resuelve un aspecto complejo de esa potencial alianza electoral que es cómo se decide la asignación de los lugares en las listas. Sin tener en claro qué capital aporta cada uno de los socios, se vuelve muy difícil saber cuánto le corresponde a cada uno. Y aun teniendo la posibilidad de resolverlo en una PASO, es una resolución riesgosa para el PRO, que corre con la desventaja de no ser el que lidera el oficialismo.
En definitiva, siendo intuitivo pensar que se pueda dar esta alianza entre el LLA y el PRO, los incentivos y la dificultad operativa de llevarla a cabo invitan a pensar que deben darse muchas condiciones antes de que se pueda efectivizar. Por lo pronto, una muy importante que es saber cómo llegará Milei a la elección de medio término, y ello no se va a saber con precisión sino hasta bien entrado el 2025, para lo que falta mucho.
Durante el mes de julio los acuerdos paritarios continuaron firmándose con un horizonte de dos o tres meses vista, dando continuidad a la dinámica de acuerdos en escalones nominales sustancialmente menores a los vistos a principio de año. De los grandes gremios, por ejemplo, Alimentación firmó -aproximadamente- un 18,5% por cuatro meses. El promedio de acuerdos registrados este mes es de 141,7%, un número bastante similar al que registramos en el mes de octubre, lo cual continúa mostrando una tendencia de desaceleración paritaria de la mano de la desaceleración de la inflación.
Los grandes gremios amplían la recuperación salarial iniciada en abril
La dinámica paritaria continúa su sendero alcista, el cual inició en abril, mes en donde la inflación comenzó a desacelerar fuertemente. Se trata de un proceso que obedece a la baja pronunciada en los índices de precios al consumidor, el cual, de continuar este sendero, permitirá a prácticamente todas las paritarias volver a acomodarse por encima de la inflación, luego de la erosión sufrida en diciembre pasado. Las excepciones a esta dinámica son las paritarias que dependen directa o indirectamente de presupuesto estatal.
Los gremios Estado-dependientes son los más rezagados en los aumentos
Los últimos dos datos de inflación que dio a conocer el INDEC lograron acomodar el proceso paritario que, de no mediar sobresaltos inflacionarios, continuará acomodándose al alza en el próximo registro. SMATA, Estacioneros, Bancarios, la UOM y Alimentación (estos dos últimos con aumentos retroactivos en las semanas previas). En caso de que el IPC continúe este sendero, varios de los gremios que hoy se encuentran por debajo del IPC, lograrán acercarse aún más al nivel de precios. Los que siguen muy rezagados son los gremios estatales o estado-dependientes, que vienen muy por debajo de la evolución de los precios.
