Category: Política

La imagen del presidente Milei vuelve a sufrir signos de deterioro por segundo mes consecutivo, al igual que el nivel de aprobación del gobierno. De esta manera, la composición de imagen se conforma con un 55,4% de imagen negativa, muy cerca del pico máximo registrado en octubre del 2024; mientras que la imagen positiva se ubicó en torno al 41%, cifra que también se acerca al pico más bajo, también registrado en octubre del 2024. No fueron semanas fáciles ni para el gobierno, ni para Milei. Problemas de gestión (caso Fentanilo), problemas en la economía (ruido en el dólar y las tasas), problemas políticos (cierre con heridos), golpes legislativos (insistencia en la ley de discapacidad) y casos peligrosamente problemáticos como las sospechas de corrupción en la compra de medicamentos, se conjugaron para explicar este deterioro. 

Uno de los principales “activos” del presidente Milei fue el hecho de que, en un contexto de enojo de la sociedad con la dirigencia política, era visto como un “outsider” que venía a renovar la “casta”. Sin embargo, esa imagen de outsider se ha venido desinflando y sólo el 35% lo sigue viendo de esa forma, frente a otro 35% que lo considera un político tradicional como cualquier otro, y un 17% que cree que combina algo de los dos tipos. De hecho, dentro del grupo de personas que votó a Patricia Bullrich en octubre de 2023, un 40% lo ve como un “outsider”, pero con características similares a los de la política tradicional”. Esto puede hacer peligrar la estrategia narrativa principal de este oficialismo que es ponerse en frente de la “casta”. 

La mayoría rechaza los vetos de Milei pero no relegaría el equilibrio fiscal

Decíamos que parte de la caída en la imagen de Milei podía explicarse por algunos sucesos que venían ocurriendo en la escena, y parte de esos sucesos son los vetos del Presidente a leyes que habían sido ampliamente apoyadas en el Congreso. Alguna de esas iniciativas tocando temas muy sensibles, tan sensible que la mayoría de la opinión pública se manifiesta en contra de los vetos del presidente. La iniciativa cuyo veto más rechazos recogió, fue la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego quedaron las leyes de Emergencia Pediátrica y la de Recomposición de Jubilaciones, y en último lugar la Ley de Financiamiento Universitario, que aún así recogió el 62% de rechazo. 

Sin embargo, hay otro dato interesante en las respuestas y que la mayoría también se inclina por sostener el equilibrio fiscal. Si se combinan las respuestas de quienes dicen que vetarían la ley para no aumentar el gasto y los que dicen que no la vetarían pero recortarían otros gastos, en todos los casos también hay una mayoría. 

El otro dato interesante es que en todos los casos se observan porcentajes significativos de votantes de Milei y de Bullrich que se manifiestan en contra de los vetos, resaltando los rechazos en Jubilaciones y Discapacidad. 

Milei sabe que ya pagó los costos de vetarle al Congreso todas las leyes que no desee. Ese anuncio se hizo el año pasado y fue metabolizado por la opinión pública como una necesidad que permitirá bajar la inflación y sanar la economía. Allí están depositadas las esperanzas de la gente, que son las que le permiten a este presidente sostener esta actitud autoritaria de mantener bloqueado el Congreso. Pero Milei sabe que hay dos leyes que serán difíciles de frenar, la de los gobernadores. Por eso, por primera vez busca una salida negociada (hizo una contrapropuesta) para evitar que las leyes salgan, y busca apoyo de gobernadores aliados. 

Se trata de las iniciativas que fueron presentadas por los 24 Gobernadores y que buscan obligar al Ejecutivo a no retener fondos que las Provincias consideran que son de ellas. Si bien no implican más erogaciones, sí implican una disminución en los recursos que se queda el Estado nacional para afrontar sus necesidades fiscales. Y si efectivamente son ratificadas por los mandatarios a través de sus legisladores, no habrá forma de defender el veto.

Por eso, el Gobierno está buscando, por primera vez, entablar algún tipo de negociación. Si bien no es directa (el gobierno no quiere dar el brazo a torcer y mostrar predisposición al diálogo) lo hace presentando una contrapropuesta a través de sus diputados. Y en buena medida, lo hace porque sabe que no podrá frenar esta ley con un veto. Por lo que habrá que ver si logra doblegar la voluntad de alguno de los gobernadores aliados.

La otra opción para el Gobierno es la de ralentizar todo lo que pueda el proceso, y aspirar a que todo quede para después de la elección (quedan dos meses y medio), y que un buen resultado lo fortalezca para evitar la imposición del Congreso. Pero suena desafiante, ya que quedan al menos 7 semanas en las que podrían tratarse la media sanción restante (que podría suceder las próximas), el veto y las insistencias.

El resultado electoral de 2023, con el triunfo de un candidato outsider (sin partido), produjo un impacto de tal magnitud en el esquema de representación política que dio inicio a un proceso de reconfiguración tal que desmanteló el bicoalicionismo que había animado la escena hasta entonces. Esta reconfiguración puso en crisis a la coalición gobernante (el peronismo) hasta entonces, que quedó sumergida en una crisis de reputación y de disputa por el liderazgo que aún continúa, y desmembró a la otra coalición (Juntos por el Cambio), que se dividió fundamentalmente en definir un posicionamiento frente al nuevo presidente. Esta última característica produjo que una parte de Juntos por el Cambio se inclinara por adoptar una postura opositora, otra una dialoguista y otros una de apoyo y alineamiento al oficialismo emergente.

Esta reconfiguración produjo tres tipos de agrupamientos en la escena: 1) el oficialismo y los sectores de la oposición que se asociaron a él, con mucho protagonismo del PRO, que fue el sostén de los vetos en el Congreso, 2) los opositores donde hicieron causa común el peronismo y la izquierda, pero a la que lentamente se plegó un sector del progresismo de diferentes vertientes, y finalmente 3) los sectores dialoguistas, ex miembros de Juntos por el Cambio y de fuerzas provinciales que no querían plegarse a una actitud opositora con el peronismo (los primeros) y que buscaban intercambiar apoyos a cambio de beneficios para sus intereses de gestión o partidarios. La elección reformulará la representación de estos 3 espacios, pero a la vez, esos 3 espacios se vieron reflejados en la confección de las alianzas de cara a la elección legislativa. 

Milei tuvo una estrategia ambiciosa a la hora de confeccionar su oferta electoral: priorizó el objetivo de mostrar un resultado (pintar el país de violeta). Para ello, pensó en alianzas cuyos apoyos puedan ser claramente interpretados como apoyos a su partido y al rumbo de gobierno. Exigió que quien quiera aliarse al oficialismo, sea “pintándose de violeta” y aceptando “las ideas de la libertad” como referencia. Así habrá Alianza La Libertad Avanza en las 24 provincias, para poder colectar esos votos en favor de Milei. Para el resto de la oferta, mucha fragmentación. Aquí presentamos un panorama del mapa de alianzas definido.

El esquema de alianzas muestra a La Libertad Avanza y al Peronismo con representación en todas las provincias. En el caso del Peronismo, no hay unidad en todas ellas, irá dividido en algunas de ellas como en Córdoba, o en Salta. Pero podrán contarse votos peronistas en todos los distritos. Luego aparecen otros dos actores destacados: 1) el espacio de Provincias Unidas, que reúne a gobernadores del PRO, de la UCR, del Peronismo y de Fuerzas Provinciales, y 2) a las Fuerzas Provinciales que tienen sus propios partidos locales, como en Neuquén, en Misiones, en Río Negro o en Salta. A ellos se podría sumar la Izquierda con posibilidad de meter legisladores en Provincia de Buenos Aires, en CABA y en algunas del Interior como en Jujuy.
De allí saldrá la representación legislativa y configurará el nuevo mapa del Congreso entre el oficialismo y sus aliados, el Peronismo y los dialoguistas (Provincias Unidas y Fuerzas Provinciales). Estos últimos serán los que aporten los legisladores que podría terminar de definir las votaciones en los próximos 2 años.

El promedio de cuotas de aumento del mes de julio desaceleró fuerte en relación a junio, quedando en 1,6%, bastante por debajo al 2,3% registrado el mes pasado. Se trata del nivel de aumento de cuotas registrado por Synopsis más bajo desde el inicio del ciclo Milei. Veníamos de dos meses consecutivos con los salarios corriendo por encima de los precios, pero si el IPC de julio no está en esa línea (algo que estiman la mayoría de las consultoras), julio volvería a ser un mes negativo para la dinámica precios-salarios.

El IPC corrió por encima de casi todas las paritarias en el primer semestre

En junio solamente dos de los grandes gremios tuvieron aumentos mensuales que superaron al 1,6% de inflación informado por el INDEC: los estacioneros y Alimentación. El resto tuvo aumentos en el orden del 1% y el 1,6%, lo cual, sumado a la pérdida que vienen arrastrando durante todo el 2025 dejó un saldo perdedor para todos los grandes gremios, exceptuando a SMATA y Bancarios (que ató sus aumentos de manera mensual al IPC). La dinámica del segundo semestre dependerá fundamentalmente de un fuerte desplome del
IPC desde estos niveles, ya que gremios como Comercio o UPCN firmaron aumentos mensuales en el orden del 1% hasta fin de año.

La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo atraviesa su peor momento, y está cruzada por el proceso electoral. Frente a la avanzada del Congreso (y de los gobernadores) con leyes con impacto social, el oficialismo ha pasado a la defensiva intentando negociar el bloqueo de las leyes (blindar el veto) o postergar su sanción. Con dos realidades muy distintas: una cosa son los dos proyectos impulsados por los gobernadores y otra los impulsados por la oposición. 

El objetivo primero es el de tratar de evitar la insistencia legislativa, y para ello se buscan 86 diputados (héroes) que blinden el veto del Ejecutivo. Si esa tarea es infructuosa, se tratará de dilatar el trámite legislativo todo lo que se pueda. Porque si se estira el asunto hacia octubre, la campaña electoral podría complejizar la actividad legislativa.

Una primera mitad de período legislativo 2025 a fuerza de vetos e insistencias

Si uno tuviera que describir la actividad legislativa de la mitad de este período parlamentario debería hablar de un Congreso prácticamente bloqueado. Con poca actividad y con poca productividad legislativa. De hecho, desde el 1 de marzo de este año, que es cuando comenzó el actual período legislativo, se han sancionado 4 leyes, las cuales todas ellas fueron o serán vetadas. Sólo sobrale, como decisión legislativa, la media aprobación del DNU del acuerdo con el FMI, que fue validado por una mayoría en la Cámara de Diputados. 

De las leyes vetadas, de las que van camino a ser vetadas, y de las que van camino a ser sancionadas y luego vetadas, podríamos distinguir dos realidades distintas: a) una es la realidad de las dos iniciativas que vienen siendo impulsadas por los gobernadores, a las que le faltan la media sanción de diputados y que tienen altísimas chances de ser aprobadas e insistidas, salvo que el Gobierno logre un acuerdo con todos los gobernadores, y 2) otra es la realidad de las iniciativas que vienen siendo impulsadas por la oposición y que tienen chances de ser aprobadas, pero no está claro si habrá mayorías de 2/3 para ser insistidas. 

Pero en todo caso, el panorama completo marca que la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo atraviesa su peor momento. Donde prevalece una pelea de vetos e insistencias que sintomatiza la dificultad que se observa en la escena para pensar en la posibilidad de acuerdos y consensos.

La escena electoral nos sigue mostrando a la Libertad Avanza liderando la intención de voto de cara a las legislativas de este año, con más del 40% de intención de voto. En un escenario donde su principal rival sigue siendo el kirchnerismo, que se mantiene en torno al 30%. Ese 40,3% de intención de voto de LLA no captura toda la intención de voto al oficialismo que se registra cuando se le pregunta a la gente si votaría por el oficialismo o por la oposición. En ese escenario, la intención de voto al oficialismo baja un punto en relación a junio, pero se mantiene por encima de la intención de voto a La Libertad Avanza en el 43,5%. 

 

El grueso de lo que se filtra hacia otros espacios de la intención de voto al oficialismo se filtra hacia el PRO (6,1% de ese 43,5%), algo hacia la UCR y otro poco a la opción otros (Provinciales). Es decir, hay sectores que si les ofrecen dos opciones (oficialismo vs oposición) se inclinan por el oficialismo, pero si les ofrecen varios opciones (espacios) eligen otros espacios antes que La Libertad Avanza. Un dato que puede advertir el riesgo de que alguna parte del apoyo potencial que muestra LLA en las encuestas se pueda filtrar hacia opciones alternativas en el cuarto oscuro. 

 

Milei lidera un ranking de imagen sin dirigentes que tengan diferencial positivo

Javier Milei sigue liderando el ranking de imagen de principales dirigentes nacionales, teniendo el mayor porcentaje de imagen positiva (43%), con un 50% de imagen negativa. Se trata de un ranking que muestra un listado de dirigentes nacionales con diferencial de imagen negativo: en todos los casos, las valoraciones negativas superan a las positivas. El otro rasgo que destaca es que los 4 dirigentes con mayor imagen positiva son todos dirigentes del oficialismo: Milei, Adorni, Bullrich y Espert. 

Si se analizan todos estos datos de imagen juntos y relacionados, a través de un diagrama de grafo (ver abajo), se observa que en términos de compatibilidades la imagen de los dirigentes se agrupa en dos grandes bloques, con algunas fisuras que orbitan alrededor de esos bloques (Rodrigo de Loredo del bloque oficialista y Martín Lousteau del bloque peronista) y con Victoria Villarruel empezando a despegarse del bloque de dirigentes del oficialismo. Esto significa que, desde la perspectiva de la opinión pública, los dirigentes son valorados o reprobados dependiendo desde dónde se lo mire.

Javier Milei ha gozado de condiciones de gobernabilidad de excepción, que entre varias cosas le permitieron gozar de plena discrecionalidad en la administración del gasto público (por primera vez en la historia un presidente atraviesa dos períodos sin presupuesto aprobado). Esas condiciones parecen languidecer, de la mano de la reacción de los 24 gobernadores que impulsan leyes para reasignar flujos de fondos entre Nación y Provincia.

Esta reacción de los Gobernadores se suma a otra avanzada de los bloques opositores que nuevamente (ya había sucedido el año pasado) han venido impulsando otras iniciativas que intentan determinar prioridades en la ejecución del gasto público, sobre todo atendiendo necesidades de sectores más vulnerables (gasto en jubilaciones, gasto en salud y en discapacidad). No todas las iniciativas caminan a la misma velocidad, ni tienen el mismo grado de avance, pero algunas han sido sancionadas esta semana, y otras tienen destino de sanción, con mayorías con voluntad de impulsar este tipo de iniciativas.
Al Ejecutivo le queda la facultad del veto para defenderse de estas iniciativas, pero la capacidad de evitar insistencias legislativas (la capacidad de sostener los vetos) estuvo siempre asociado a la voluntad de algunos gobernadores de colaborar con esa capacidad de bloqueo. Ahora, si todos los gobernadores se ponen de acuerdo en impulsar estas iniciativas, aun siendo vetadas por el Ejecutivo, habría en ambas cámaras mayorías suficientes para imponer la inasistencia legislativa y doblegar la voluntad del Presidente.

Lo que cambió en estas últimas semanas es que a los agrupamientos opositores en ambas cámaras (116 diputados y 34 Senadores), se sumaron los bloques dialoguistas que han adoptado una postura opositora. De esta forma, en ambas cámaras se pueden juntar 2/3 de diputados y senadores con capacidad de imponer las decisiones que sean. Un panorama que se desprende del acuerdo generado entre los 24 gobernadores.

Esta situación puede cambiar en diciembre cuando el oficialismo tenga la chance de lograr en la renovación legislativa, un tercio de la cámara baja (86 diputados) que le asegure bloquear cualquier insistencia legislativa. Pero para ello faltan 5 meses. Por ello, si el oficialismo quiere evitar zozobras en la economía ante de las elecciones, no le quedará otra que sentarse a negociar con los gobernadores.

La media de aumento salarial mensual se ubicó en junio en torno al 2,3%, bien parada frente a la inflación esperada para este período y habiendo superado ampliamente a la inflación de mayo. De todos los acuerdos relevados, hubo 10 paritarias menores al 2% mensual, pero como viene sucediendo de manera habitual, son las paritarias de los gremios más importantes por sus actividades y la cantidad de afiliados a los que representan. 

DETALLE DE LOS ACUERDOS SALARIALES REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS
A continuación se describen los detalles de los principales acuerdos salariales alcanzados en los últimos 30 días:

Hay una curiosidad en materia de opinión pública y es que a pesar de la baja de la preocupación por la inflación, la mirada que se tiene sobre la dinámica de los precios es divergente de la información oficial que el INDEC difunde sobre esa dinámica. El 72% de los consultados cree que los precios de los bienes aumentan mucho más o más que la inflación dada a conocer oficialmente todos los meses por el INDEC.
Una percepción que no solo es dominante en los votantes más opositores (lógico), sino que también es una percepción extendida entre los votantes de Bullrich (60%) y los del propio Milei (50%).

El Ejecutivo está decidido a lograr la menor intervención posible del Congreso en su política económica. Algo que no solo ha logrado pudiendo administrar el gasto público por segundo año consecutivo sin una ley de presupuesto sancionada, sino que intenta lograr al anunciar que toda ley sancionada que afecte el gasto público será vetada. Como sucederá con las tres leyes que la Cámara de Diputados acaba de aprobar y que Milei anticipó que vetará.

 

La Cámara Baja aprobó la semana pasada tres iniciativas (dos en materia previsional y otra en materia de discapacidad), que implican un aumento en el gasto público para atender necesidades en esos dos ámbitos sensibles de la realidad social. Dos de ellas (el aumento extraordinario a los jubilados y la ley de emergencia en materia de Discapacidad) fueron aprobadas por más de dos tercios de los votos.

No llamó la atención que bloques que vienen asumiendo una posición más opositora votaran a favor de estas leyes (Unión por la Patria, Encuentro Federal, los Radicales opositores de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, o la izquierda), pero sí llamó la atención que bloques provinciales o los legisladores de la propia UCR y algunos del PRO acompañaran estas iniciativas, o al menos se abstuvieran de rechazarlas.

Si nos guiamos por el antecedente inmediato, uno puede interpretar que muchos de los legisladores que acompañaron estas iniciativas no siendo estrictamente diputados opositores, lo han hecho sabiendo que el Presidente tiene la facultad de vetar. Y especulando que posiblemente, una vez sancionada y vetada la ley, puedan negociar la no insistencia para salvar al Gobierno del costo fiscal por la imposición de estas normas. Lo cierto es que la posibilidad de que las leyes salgan es cierta, restará saber nuevamente si el Ejecutivo tiene la capacidad política de juntar los 86 votos que se necesitan para bloquear la insistencia legislativa del Congreso.