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En el primer semestre del año, la economía boliviana continuó en la senda del crecimiento modesto, pero con serias debilidades estructurales. Después de la desaceleración observada entre 2013 (6,8% de crecimiento) y 2017 (4,2% de expansión), la producción está creciendo a un ritmo moderado, consistente con un entorno menos favorable.

Estimamos que la actividad económica habría crecido en el primer trimestre por encima de 4% respecto a similar periodo del año anterior. Esto sería resultado de a) el fin de la caída del sector hidrocarburos, que se observó de forma clara en 2016 y 2017, con un descenso acumulado de 10%; b) la desaceleración de la caída de minería; y, c) la convergencia de los diversos sectores a un crecimiento en torno a 4% o el nuevo normal.

Sin embargo, el desbalance fiscal continúa. Aunque en el primer trimestre se observó un equilibrio temporal en las cuentas fiscales, que es mejor que el déficit de 0,5% del PIB en similar periodo, el ajuste observado es todavía modesto para los déficit por encima del 7% que se han observado en los últimos tres años.

Esta debilidad estructural se ha reflejado en un saldo externo negativo de 6,3% en el año pasado. Por tanto, la mitigación de los déficit gemelos deberá ser liderada por un ajuste estratégico en las cuentas públicas, principalmente en la inversión pública, la cual deberá ser priorizada.

Es posible que este año las cuentas externas tengan un alivio por el aumento de los precios internacionales de materias primas. Por este motivo, las exportaciones crecieron 24% entre enero y mayo del año respecto a similar periodo, mientras que las importaciones crecieron 4% en línea con la evolución de la economía interna. De esta forma, el balance comercial disminuyó de $us720 millones a $140 millones, disminuyendo en cierta forma la presión sobre la caída de los activos externos.

De hecho, las reservas internacionales netas se redujeron $us740 millones en el primer semestre (7% de caída), que es similar a la caída reportada en 2017, neta del incremento por la emisión del bono soberano de $us1.000 millones. Por su parte, el endeudamiento externo de mediano y largo plazo subió marginalmente 2% hasta mayo del presente año, hasta llegar a $us9.600 millones. De esa forma, las reservas internacionales estuvieron en torno a 25% del PIB y la deuda externa de mediano y largo plazo en un porcentaje similar. Su nivel no es preocupante; si su tendencia.

Este desbalance entre ingresos y gastos a nivel macroeconómico explica la sobrevaluación de la moneda nacional. El tipo de cambio real se apreció 5% en la primera mitad del año, llevando una pérdida acumulada de 25% desde 2012, año en el cual los balances externo y fiscal comenzaron a deteriorarse.

En el ámbito financiero, los depósitos crecieron 3%, mientras los créditos lo hicieron a 6%, dinámica que va en línea con una legislación financiera restrictiva, que detallamos en la edición anterior, para un contexto económico totalmente diferente.

En resumen, se observan signos de moderado dinamismo en un entorno de serias debilidades estructurales que disminuyen la eficiencia y no son proclives a mayor productividad, las cuales deberán ser solucionadas para sostener el crecimiento y evitar riesgos macroeconómicos.

 

El pasado 7 de junio el Gobierno entregó el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas (RRCC) al Parlamento que, de ser aprobado, regirá el año próximo, último de la actual administración.

La RRCC incorpora un incremento del gasto público que será financiado con la mayor recaudación asociada al crecimiento de la economía (estimado en 3,3%) y por las utilidades del Banco República (BROU).

De confirmarse estos pronósticos el déficit fiscal que alcanzó al 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI) al cierre de 2017, no se incrementaría e incluso se reduciría al 2,5% del PBI

Sin embargo no compartimos la base de proyección optimista del Gobierno por varios motivos: 1) el PBI en 2019 crecería por debajo del 3% lo que reduciría la recaudación impositiva; 2) lejos de reducirse en los últimos años de gobierno el déficit se incrementa producto de la “inercia” presupuestal del sector público; 3) no fue contemplado por el Gobierno partidas extras para atender los desembolsos de la solución legislativa para los “cincuentones” – jubilaciones que deberá contemplar el Banco de Previsión Social (BPS) –

Es probable que el déficit fiscal se reduzca del actual 3,9% del PBI (según cifras a abril de 2018) pero se mantenga muy próximo a este.

La presentación de la RRCC también genera efectos en el ámbito político y social.

La bancada parlamentaria oficialista presenta discrepancias con algunos de los temas: i) si bien los mayores recursos presupuestales se dirigen a la educación, no se cumple con la promesa electoral de alcanzar el 6% del PBI; ii) se califica de insuficiente los asignado a vivienda y salud.

Los sindicatos de la educación y del sector público han manifestado que realizaran paros de actividad en rechazo al planteamiento del Gobierno, por lo que se pronostica un año de alta conflictividad.

Un aspecto que debe ser considerado al momento de la evaluación del resultado del sector público consolidado es el de las Empresas Públicas (EEPP) y su incidencia en la inflación.

El último registro inflacionario es de 7,2% interanual a abril de 2018, por encima de límite superior del rango meta del Banco Central (BCU) de 7%, por lo que de generarse economías en las empresas públicas – de electricidad, telefonía y producción de combustibles – podrían destinarse a reducir los precios al consumo, y no en contribuir a financiar el gasto del Estado.

Además, se debe atender la demanda de inversión para infraestructura que en su mayoría son atendidas por proyectos de Participación Pública Privada (PPP) que no representan erogaciones inmediatas para el Estado, pero que en el futuro representa resignación de ingresos.

Conclusión. La segunda mitad del año se presenta desafiante para el Gobierno en el ámbito, económico, político y social, producto de los acotados márgenes con que cuenta en cada uno de ellos.

 

Situación política: debilidad del presidente

·         Uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Vizcarra es la construcción de un pacto social mediante el diálogo. A pesar de que se esperaba que esta estrategia resulte favorable, la aplicación de esta herramienta ha demostrado falta de determinación y consistencia en el accionar del Gobierno con la finalidad de evitar la confrontación. Resultado de ello es el aumento de conflictos sociales y el retroceso en algunas medidas.

·         En línea con lo anterior, el Gobierno no ha podido concretar las reformas y obras que le merezcan el respaldo ciudadano. De esta manera, se repite lo que parece ser un patrón que padecen los últimos gobiernos: comienzan su gestión con altos índices de aprobación y poco a poco el apoyo ciudadano comienza a erosionarse hasta declararse desaprobatorio. En el caso del presidente Vizcarra, su aprobación paso de 57% en marzo a solo 32% en mayo.

·         Finalmente, el 19 de junio se cierra el plazo para la presentación de candidatos para las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo el 7 de octubre. Este proceso electoral, se perfila como un proceso atípico, debido a que se ha prohibido la reelección y a que existe un entorno de alta conflictividad social.

Situación económica: ¿consolidación del ciclo expansivo?

·         El buen entorno internacional que se refleja en mayores precios de los metales (en particular el cobre) y el crecimiento de la demanda por productos está favoreciendo nuestras exportaciones tanto tradicionales (metales e hidrocarburos, principalmente) y las no tradicionales (de alto valor agregado: agro, textiles, químicos).

·         El crecimiento del PBI, visto desde el lado sectorial, destaca por los sectores no primarios. Durante 2017, estos crecieron 2.4%. En el primer trimestre lo habrían hecho 3.6% y en el segundo trimestre lo harían a 4.5%. Dentro de los sectores que más se dinamizarían se incluyen construcción (8.2%), comercio (3.3%) y servicios (4.7%).

·         Asimismo, tomando en cuenta que el mes de abril tiene dos días hábiles más (este año Semana Santa fue en marzo, mientras que en 2017 fue en abril) y los buenos resultados de crecimiento de algunos sectores como: pesca de anchoveta (180%), y su implicancia en la manufactura primaria (20.3%), el consumo de electricidad (6.1%), la inversión pública (11.1%) y el despacho nacional de cemento (8.6%), esperamos que en abril se crezca a una cifra irrepetible en el año, superior al 6%.

En conclusión, resultado del favorable impacto externo, el crecimiento se aceleraría hacia fines de año, donde los principales protagonistas serían los sectores no primarios. Esto reafirma nuestro sesgo al alza en las proyecciones que se revisarán en julio. Sin embargo, la situación política puede afectar la economía. Así, se corre el riesgo de afectas las expectativas empresariales y, con ello, detener la dinamización de la inversión privada, que, por el momento, marchan en sentido contrario a la aprobación presidencial.

 

No obstante la incertidumbre del ambiente internacional, Consultores Internacionales, S.C. ® continúa con su estimación de un crecimiento de la economía nacional moderado de 2.2% puntual con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.3%.

A partir del 1° de junio de 2018 Estados Unidos impuso aranceles de 25% a las importaciones de acero y 10% a las de aluminio para diversos países de la Unión Europea, Canadá y México. Con esta acción, prácticamente se termina la posibilidad de que los tres países puedan llegar a un acuerdo de modernización del TLCAN durante este año, debido principalmente al calendario de elecciones intermedias en Estados Unidos y las elecciones presidenciales en México. Por su parte, México respondió la medida con la imposición de aranceles de entre 7 y 25% a un total de 71 productos importados desde Estados Unidos. Consultores Internacionales, S.C. ® prevé que la afectación de los aranceles sea moderada y se concentre en sectores de manufactura que se encuentran integrados en la cadena de valor con Estados Unidos.

Derivado del contexto de incertidumbre, la estabilidad de los flujos de inversión extranjera en economías en desarrollo se ha visto mermada. En el caso de México se presentó una caída de 37% en el balance de inversión directa del primer trimestre de 2018, comparado con el mismo trimestre de 2017. De esta manera, el balance de inversión directa –inversión extranjera y de residentes en México, menos las salidas de capitales– se colocó en 6,900 millones de dólares durante los primeros tres meses del año. Adicionalmente, el escenario electoral del próximo 1° de julio de 2018 ha generado incertidumbre sobre las políticas económicas y la continuidad que se le dará a las reformas estructurales por el partido electo. A esta incertidumbre se ha sumado el ejercicio del presupuesto federal que ha reportado una disminución en el ritmo del gasto que significó un subejercicio de 5.2% durante el primer trimestre de 2018.

A pesar del buen resultado pronosticado por INEGI para el crecimiento económico durante el primer trimestre de 2018 de 2.4% anual, comienza a reportarse una desaceleración de la economía mexicana reflejada en la caída de (-) 0.4% de la producción industrial del país en términos reales durante el mes de abril de 2018, en comparación con el mes anterior. Esta disminución en la producción industrial real refleja las caídas del sector construcción de (-) 0.6% y del sector manufacturero de (-) 2.3%; mientras que el impulso de servicios de generación, transportación y distribución de energía continua su tendencia a la alza con un incremento de 4.9 por ciento.

En el ámbito del nivel de precio, durante el mes de mayo continuó la desaceleración de la inflación (-) 0.16% y anual de 4.51%. A pesar de una convergencia del nivel de inflación hacia su nivel objetivo propuesto por Banco de México, Consultores Internacionales, S.C.® prevé un aumento al menos un aumento 25 puntos base en las próximas reuniones del banco central, para llevar la tasa objetivo de 7.50 a 7.75, debido principalmente a la tendencia de depreciación del peso frente al dólar que se colocó en promedio durante el mes de mayo 19.53 pesos por dólar, según Banco de México.

La llegada del nuevo Ministro de Economía, Richard Martínez, trajo también otros cambios dentro del frente económico del gobierno. Así, los titulares del Servicio de Rentas Internas (SRI) y aduanas, quienes habían trabajado con el gobierno anterior, también fueron reemplazados. La gerente del Banco Central (BCE), mientras tanto, mantuvo su puesto. De esta manera, se estableció un equipo mucho más en sintonía con las problemáticas del sector empresarial, donde ya se ubican los Ministros de Industrias y Comercio Exterior.

Con el nuevo frente económico establecido se entregó el proyecto de ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal a la Asamblea Nacional el 24 de mayo, con motivo del informe a la Nación que presentó el presidente Lenin Moreno por su primer año de gobierno. El proyecto, que en principio deberá ejecutarse en los próximos 24 meses pero abre la posibilidad de prorrogarse vía decreto ejecutivo, busca equilibrar las finanzas públicas mediante el establecimiento de reglas macro fiscales y reactivar el aparato productivo a través de 15 incentivos.

Entre los principales puntos que exhibe el proyecto destaca la remisión del 100% de los intereses, multas y recargo de obligaciones tributarias; así como la exoneración por 8 años del impuesto a la renta en inversiones realizadas en sectores priorizados en Quito y Guayaquil y por 10 años si las mismas se avanzan en otras ciudades del país. Por otro lado, en el sector fiscal, el proyecto de ley busca reducir el déficit fiscal primario de forma gradual hasta llegar a un equilibrio en 2021. Mientras se ordenan las cuentas públicas, el límite legal para deuda pública del 40% del PIB podrás ser superado, algo que ya ocurrió en el anterior gobierno según un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado. De hecho, las cifras de deuda pública fueron publicadas por el Ministerio de Finanzas, después de que no habían sido actualizadas desde enero. De acuerdo a las mismas, la deuda agregada alcanzó el 47% del PIB en abril del presente año.

Respecto al financiamiento público, el proyecto también busca prohibir la compra de papeles por parte del BCE al Ministerio de Finanzas y restaurar los fondos petroleros, que se construirían con los excedentes en precio que podría llegar a recibir el país.

Mientras se discute la ley en la Asamblea, el ministro Martínez acompañado de la Gerente del BCE, Verónica Artola, y el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, mantuvieron reuniones con organismos internacionales y bancos de inversión en Washington. Se espera, además, que este acercamiento permita acceder a nuevos créditos, ya que las necesidades del fisco para este año alcanzarían los $9.200 millones y no $8.250 millones como se anunció en un inicio.

Finalmente, en el sector externo, la tasa de control aduanero, vigente desde noviembre del año pasado, fue levantada por parte de las autoridades ecuatorianas, después de que CAN ratificó su sentencia de abril, en la que la medida fue calificada como gravamen.

 

Los analistas económicos y las autoridades macroeconómicas están gratamente sorprendidas con los resultados de PIB en el primer trimestre de 2018. Si bien la mayoría esperaba una recuperación, el crecimiento interanual de 2,2% estaba dentro de los límites superiores de los pronósticos. En este año, el DANE cambió el año base para la medición del PIB real de 2005 a 2015 y aplicó una nueva metodología para estimar el PIB, siguiendo las recomendaciones hechas por el FMI y la OCDE. Con base en esto, algunos escépticos sugirieron que el crecimiento se debía al cambio de base y no a la realidad económica. Sin embargo, la comparación entre los periodos comunes de las dos bases, no muestran cambios significativos entre ellas, razón por la cual se confía en estos datos (Ver figura 1). Durante el primer trimestre, los pronósticos de Econometría Consultores para el crecimiento anual para 2018 eran de 2.3%. Con la información más reciente, Econometría Consultores actualiza las perspectivas de crecimiento económico: 2,4% para 2018 y 4,1% para 2019.

La recuperación de la demanda global ha presionado políticas de normalización por parte de economías desarrolladas como Estados Unidos y la Zona Euro. Esto ha tenido efectos en los flujos de capital y generado presiones de devaluación en las monedas de las economías emergentes. No obstante, esta recuperación en la demanda global también ha llevado a una recuperación en los precios del petróleo que en el caso colombiano ha generado una apreciación de la tasa de cambio que anuló las presiones de devaluación. Econometría Consultores actualizó los pronósticos de tasa de cambio así: 2901 COP/USD en promedio para 2018 y 3021 COP/USD para 2019.

La inflación total se ha mantenido estable y cerca de la meta del Banco de la República (3%). Econometría Consultores actualiza el pronóstico de inflación, previendo una tasa de inflación promedio de 3,3% para el año 2018 y una de 3,7% en 2019. Lo anterior es concordante con el comportamiento de la tasa de cambio la cual se devaluará menos. El comportamiento de la tasa de inflación ha permitido una política monetaria expansiva. El Banco de la República disminuyo su tasa de interés a 4,25% en abril de 2018, aprovechando que la inflación estaba cerca de la meta, pero, no se esperan más reducciones pues ya no hay más espacio para ellas.

Finalmente, Colombia enfrentó tiempos difíciles luego de la caída de los precios del petróleo en 2014-2015. El proceso de ajuste ha sido organizado y logrado mantener la estabilidad de precios y reducir el déficit fiscal. La política monetaria independiente y la disciplina fiscal han sido la norma durante los últimos años. Estas instituciones junto a otras han permitido que Colombia hoy sea parte de la OECD. Son buenas noticias para la economía colombiana.

En momentos en que varias economías latinoamericanas han sufrido un significativo impacto sobre sus monedas, con fuertes depreciaciones en el caso de Argentina y Brasil, la economía chilena se mantiene bastante sólida. La fortaleza de sus fundamentos cobra relevancia cuando las condiciones financieras internacionales comienzan a normalizarse, con un importante retorno de capitales desde economías emergentes hacia el mundo desarrollado. Si bien el peso chileno también se ha depreciado, lo ha hecho en forma acotada, reflejando el buen momento que experimenta la economía, con re-aceleración en el crecimiento, buenos términos de intercambio y favorable trayectoria de las expectativas sobre un mayor dinamismo futuro.

Como elementos centrales detrás de la fortaleza de la economía chilena, cabe destacar cuentas fiscales aún muy favorables, con muy bajo nivel de deuda neta, un importante nivel de activos externos, tanto públicos, en los fondos soberanos, como privados, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Se debe agregar la credibilidad de un Banco Central autónomo y efectivamente independiente, que trabaja con metas de inflación y permite la flotación libre del tipo de cambio.

El deterioro fiscal de los últimos años, con déficit efectivo y estructural por sobre lo comprometido a comienzos del gobierno anterior, junto con la caída en el ritmo de crecimiento, llevó a una baja en la clasificación de riesgo país durante el año pasado, desde AA- a A+, según Standard & Poor’s. Sin embargo, las mejores perspectivas de crecimiento para este año y el próximo, junto con un escenario externo que sigue siendo favorable para las llamadas “Economías Commodities”, permite entender que el riesgo país que mide directamente el mercado, a través del EMBI, se encuentre actualmente del orden de un 18 por ciento por debajo del promedio de la última década.

En definitiva, aunque en un entorno mundial y regional con mayores grados de incertidumbre política y económica, la economía chilena sigue en una senda favorable, hacia la recuperación de la inversión, el empleo y el crecimiento. Seguimos estimando un crecimiento cercano al cuatro por ciento para el presente año, y algo mayor para el próximo, con un importante aporte de la recuperación de la inversión en la re-aceleración de la demanda interna. Sólo un deterioro significativo en el ritmo de crecimiento global, acompañado de una caída relevante en los términos de intercambio, podrían desviar a la economía chilena de esta favorable trayectoria esperada.

O risco político para a economia brasileira remonta ao impeachment da presidente Dilma. A troca de governo apareceu como solução traumática para o impasse entre os Poderes e para a saída da crise econômica. Sob o prisma da elite política, o movimento abriu a oportunidade para o encaminhamento de uma nova agenda econômica, tendo em vista a necessidade de tirar o País da crise e minimizar os efeitos eleitorais das investigações judiciais. A expectativa era de que a retomada da economia minimizasse a insatisfação social crescente, servindo de justificativa para a construção de um projeto presidencial. Os planos iniciais da transição, contudo, não se materializaram.

A crise política não foi minimizada mesmo em um quadro de recuperação gradual da economia. A celeuma decorrente dos protestos dos caminhoneiros, no curto prazo, aumenta o risco de “sarneyzação” da corrida presidencial. Essa expressão retrata o risco de a eleição de um político outsider sem o comprometimento com a política econômica ortodoxa. Esse quadro reflete a crise de autoridade no sistema político brasileiro, que poderá dificultar a aprovação das reformas no próximo mandato, independentemente do nome vencedor do pleito presidencial.

A eclosão da greve dos caminhoneiros corroeu o único pilar que dava a mínima legitimidade e capital político para a atual administração: a narrativa econômica. A narrativa de que o País está no caminho certo não deve se sustentar à luz dos desdobramentos da crise. Não é por acaso, que os dados da última pesquisa Datafolha mostraram que 87% dos entrevistados apoiavam a greve. Mais do que a demanda substantiva, o movimento deu vazão à insatisfação com a atual administração.

A novidade da atual conjuntura é que a fraqueza do governo afetou a condução da política econômica, especialmente na sua dimensão regulatória. A crise gerou incertezas em relação à política de combustíveis e ao preço do frete dos transportes. Essa percepção de risco teve dois efeitos principais: 1) aumentou a volatilidade na taxa de câmbio e 2) crise de confiança, o que deve contribuir para menor dinamismo da atividade.

O cenário prospectivo deve seguir conturbado. As chances de eleição de um político populista são bastante relevantes. Além disso, o governo perdeu o poder de agenda, sugerindo novos erros de condução econômica.

 

 

Con cuatro meses a cuestas, el camino transcurrido a lo largo de 2018 no apunta hacia un cambio concreto en la dirección de la política económica, ni a un freno en el descalabro de la economía y el acelerado deterioro en las condiciones de vida. Al cierre del mes de abril, la inflación acumulada supera la cota de 1.000%, la economía prevalece en su senda recesiva y la incertidumbre se incrementa en torno a la dinámica política, de cara al proceso electoral propuesto para el próximo 20 de mayo.

Abril se suma a la larga lista de meses donde la inacción pareciera ser la estrategia dominante en la formulación de políticas. Más allá de ciertos cambios regulatorios al nivel de la industria petrolera y lo referente al día a día de Dicom, la política económica mantiene la inercia característica de los últimos años.

De cara al deterioro continuado de la industria petrolera, el presidente de la República, Nicolás Maduro, otorgó poderes extraordinarios al ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo. Lejos de promover una eventual mejoría, el saldo de la medida ha dejado una serie de funcionarios y gerentes detenidos (siendo el caso más emblemático aquel relacionado con Chevron), agravando una difícil relación con los socios privados de la estatal petrolera.

En materia inflacionaria, Venezuela cerró su séptimo mes en hiperinflación conforme el incremento generalizado en el nivel de precios superó 16.000% durante los últimos doce meses, sin ofrecer señales sobre algún tipo de desaceleración en el corto plazo. El incremento exponencial de los agregados monetarios, a la par de un deteriorado cuadro fiscal y las expectativas de los agentes en torno a la inflación futura, prevalecen como los principales catalizadores del aumento vertiginoso del nivel de precios.

El gobierno intentó contrarrestar el efecto de la hiperinflación con un nuevo aumento de salario mínimo integral, esta vez de 95%, pasando de VEF 1.307.646 a VEF 2.555.500. Pero el nuevo salario apenas llega a comprar USD 3 en el mercado paralelo, luego que el tipo de cambio paralelo casi se triplicara a lo largo del mes.

Pese a la alarma generada en redes sociales y la opinión pública, la relativa estabilidad que experimentó el tipo de cambio paralelo durante el primer trimestre de 2018 (1T2018) resultó ser más corta y menos rígida de lo habitual. Durante el primer trimestre del año suelen intervenir factores que contribuyen a una menor depreciación –incluso, apreciación– del tipo de cambio de mercado. Por ello, al retomar su tendencia de depreciación, el bolívar tan solo recorre el camino habitual de una moneda que ha perdido todas sus facultades como dinero.

La inacción suele acarrear costos, más aún en un entorno como el venezolano. El carácter humanitario de la crisis hace apremiante un cambio absoluto en el modelo económico. No obstante, en Ecoanalítica no vemos señales que nos hagan presumir algún cambio en ese sentido.

Uruguay se destaca por tener la red carretera más densa de Latinoamérica, su principal aeropuerto es moderno y funcional, y la calidad de su infraestructura portuaria se sitúa entre las más altas de América del Sur.

Es por esto que el gobierno uruguayo estableció como prioridad la inversión en infraestructura, con un ambicioso plan de USD 12.370 millones a ejecutarse entre 2015 y 2019. El plan de inversiones busca conjugar el financiamiento del sector público con la inversión privada, para lo cual, Uruguay cuenta desde 2011 con una ley de Participación Pública Privada (PPP). En este marco, se busca atraer inversiones que contribuyan a la creación de empleo de calidad, la incorporación de tecnología “de punta” y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

Infraestructura Energética

En la última década el país realizó obras de infraestructura energética por un monto superior a los USD 7.800 millones. En la actualidad, cuenta con el 62% de energías renovables en su matriz primaria. Uruguay es autosuficiente en generación de energía eléctrica, pero las perspectivas de crecimiento y consumo obligan a seguir invirtiendo en la mejora del sistema eléctrico. Los principales desafíos que enfrenta consisten en ampliar la red de transmisión de electricidad, optimizar la complementación entre las distintas fuentes; incorporar tecnologías para su almacenamiento; generar energía a partir de la termovalorización de los residuos, entre otros.

Infraestructura Social

Uruguay es el país de mayor ingreso per cápita y más igualitario de Latinoamérica. Continúan siendo claves en la agenda de desarrollo del país: la mejora educativa con inclusión digital, la universalización de la salud y la mejora en el acceso a la vivienda.

El incremento de las escuelas de tiempo completo (ETC), la universalización de educación física y actividades del deporte en los centros educativos, y la mayor demanda de las empresas por personas técnicamente capacitadas, tensionan los actuales niveles de infraestructura educativa que se propone tener inscriptos en la educación formal al total de la población menor de 17 años a finales de 2019.

Concretamente, las nuevas políticas de universalización de asistencia a escuela de niños de 3 años y de extensión de ETC, incrementan los niveles de asistencia de niños y jóvenes, creando nuevas necesidades de infraestructura en el sistema educativo.

La creación del sistema integrado de salud implicó la universalización en el acceso a la salud. Las instituciones privadas realizaron importantes inversiones para sobrellevar el crecimiento en la demanda de sus servicios. Por su parte, la mejora de infraestructura asociada a los servicios de Administración de los Servicios de Salud del Estado es aún un importante desafío. En este sentido, se encuentran en revisión varios proyectos de modernización hospitalaria en pos de mejorar la calidad de los servicios.

En lo que respectaa vivienda, Uruguay tienen la actualidad un déficit habitacional concentrado en los sectores de mayor vulnerabilidad. La inversión en vivienda han incentivado la construcción, aunque la demanda fue aún más dinámica, presionando al alza los precios de alquiler y venta de inmuebles. Esto último dificulta el acceso de la población de menores recursos a estos bienes. Llevar adelante proyectos de vivienda social para los grupos con mayores dificultades económicas resulta esencial si se pretende cerrar la brecha de acceso.