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El Informe de Política Monetaria (IPOM), que se publica cuatro veces al año es un evento ampliamente esperado, porque es el momento en que el instituto emisor se extiende en explicar su visión de la coyuntura y el mediano plazo para la economía chilena, de una manera en que no puede hacerlo en los comunicados posteriores a la Reunión de Política Monetaria (RPM) que, desde este año, se realiza sólo ocho veces en el año, en vez de las doce tradicionales. Además, el presidente del Banco Central, luego de la presentación frente a la Comisión de Hacienda del Senado o, como en cada septiembre, frente al pleno del Senado, responde todas las preguntas que los senadores tengan interés en hacerle, de manera que surge un cuadro detallado y completo de lo que el ente rector de la política monetaria piensa de la economía nacional. Normalmente, este es un evento bastante predecible, en el que las sorpresas escasean y el Banco Central evita pronunciarse respecto de temas que tengan aristas políticas centrándose, en cambio, en las materias técnicas propias de su ámbito de acción.

Esta vez (5 de septiembre), el Banco Central se jugó mucho más que en otras ocasiones y presentó un panorama que, en nuestra interpretación, es muy optimista y confirmo el anticipo realizado en el IPOM de junio y refrendado en la RPM del 4 de septiembre, de que la tasa de política monetaria (TPM) subirá antes de que termine el año. Si recordamos que sólo quedan dos RPM antes de que finalice el año, el 17 y 18 de octubre y el 4 de diciembre, lo que estaría anticipándose es un alza de 25 puntos base (o tal vez 50 puntos base), para el 4 d diciembre. Si bien la sorpresa en este ámbito reside en que se refrendó de una manera que no ofrece dudas el alza de tasas, algo que siempre ha tenido un componente de ambigüedad, lo más llamativo del IPOM es la importante corrección en la proyección de crecimiento para el presente año. El exceso de timidez que mostró en junio, cuando su proyección pasó de 3%-4% a 3,25%-4%, debiendo haber subido a 3,5%-4,25%, para elevar la estimación a 3,75%-4,25% ahora, se transformó en una proyección de 4%-4,5%, que tiene una cota superior casi imposible de alcanzar, ya que se requiere un crecimiento de 4,3% entre agosto y diciembre, y un piso que, en caso de acentuarse las tendencias actuales de desaceleración del crecimiento en el margen (desestacionalizado) y deterioro de expectativas, podría ser perforado sin que nadie pueda declararse sorprendido por el hecho. Cuesta entender, también, que el Banco Central declare cerrada la brecha de producto, cuando se acumularon holguras importantes en el período 2014-17 si se las compara con las estimaciones de PIB potencial de la época.

No obstante que el Banco Central reconoce los riesgos asociados al complejo escenario externo y la baja en el precio del cobre, estima que el balance de riesgos para el crecimiento es equilibrado, es decir, es igualmente probable que el crecimiento sea superior o inferior al valor central del rango proyectado. También sorprende que su justificación para anticipar un alza en la TPM con tanta confianza descanse exclusivamente en el crecimiento por sobre el potencial y el cierre de brechas, ambas variables no observables y sujetas a errores de estimación considerables, y no reconozca que la inflación está por debajo de la meta (2,6% vs 3%), no obstante que se está acercando gradualmente, por efecto exclusivo de la devaluación del peso durante el año y que, por otro lado, todos los indicadores de inflación subyacente, están en o por debajo del piso del rango de tolerancia de la meta (2%) y fluctuando entre 1,8% y 2%) desde comienzos de año.

El terreno que el instituto emisor no pisa, es el político interno, que revela una importante polarización y una creciente frustración del gobierno que no puede actuar como quisiera por la posición minoritaria que tiene en ambas cámaras del Congreso. Los errores no forzados se han traducido en un cambio de gabinete parcial y un ministro que duró un fin de semana en el cargo, así como en el rechazo al proyecto inicial de reajuste del salario mínimo. La batalla por la reforma tributaria, a la que se sumará aquella por la reforma previsional en el corto plazo, promete ser compleja, en un escenario de baja en la popularidad del presidente y su equipo, lo que genera ansiedad y la probabilidad de cometer más errores. Como sea, entre la evolución de los factores políticos internos y el deterioro en el escenario externo, que está afectando principalmente a las economías emergentes, las expectativas de los consumidores y empresarios se han deteriorado de manera persistente durante el año. Si a lo anterior se agrega un mercado del trabajo que no da señales claras de mejoría y una caída de los salarios reales en julio, por primera vez desde fines de 2008, no es sorprendente que el crecimiento de la economía, aunque ha sorprendido positivamente hasta julio, esté exhibiendo señales de debilidad en el margen y, aunque es probable que logre cerrar el año con una expansión de 4%, todo apunta a que repetir el resultado en 2019 se ve virtualmente imposible, algo que el propio Banco Central reconoce, al proyectar rangos de crecimiento de 3,25%-4,25% para el próximo año y 2,75%-3,75% para 2020. En este escenario, la conveniencia o necesidad de jugarse por un escenario de normalización en la TPM parece innecesario o, por lo menos, apresurado.

 

El contexto macroeconómico global actual ¿podrá generar efectos en las economías latinoamericanas y en particular en la economía colombiana? En el caso de Colombia, por un lado, la recuperación de Estados Unidos y la Zona Euro ha impulsado una mayor demanda de petróleo. Lo anterior ha presionado el alza en las tasas de interés de los países desarrollados y, en consecuencia, una reversión de los flujos de capitales, buscando activos más rentables y percibidos como seguros en los países desarrollados. En este sentido, tal como se había previsto, el efecto neto en la tasa de cambio ha sido la devaluación del peso colombiano pues, aunque el precio del petróleo ha estado al alza y ha generado presiones de revaluación, ha dominado el efecto de la reversión de flujos de capital.

Por otra parte, los países emergentes presentan señales de riesgo y es relevante preguntarse si su evolución podrá tener efectos sobre la economía colombiana y si esta es vulnerable a esta situación. Por un lado, la economía turca atraviesa una crisis; su moneda se ha devaluado de forma pronunciada y la inflación se encuentra alrededor del 18% (meta del 15%). En el contexto regional, Argentina está atravesando una situación similar que ha llevado al gobierno a tomar medidas extremas, por ejemplo de política monetaria, como tener la tasa de interés más alta del mundo.

En estos momentos, la economía colombiana es estable y está en proceso de recuperación. La inflación anual del mes de agosto fue de 3.1%, en el rango meta. En el segundo trimestre de 2018 el crecimiento fue de 2.8%, lo cual estuvo en general por encima del pronóstico de analistas y un poco por arriba de las proyecciones de Econometría Consultores. La tasa de desempleo se ha mantenido estable. No obstante, Colombia tiene indicadores que deben monitorearse para identificar cualquier riesgo de inestabilidad. Por un lado, la cuenta corriente está en déficit y alcanza cerca del 3% del PIB, lo cual puede ser percibido por los inversionistas como un indicador no favorable. En materia fiscal, aunque sigue existiendo un déficit, la combinación de precios altos del petróleo y una tasa de cambio devaluada generan ingresos importantes al sector público, incluso equivalentes a aquellos de 2013 cuando el precio estaba en 100 USD por barril.

En este sentido, los indicadores macroeconómicos de la economía colombiana son robustos y muestran que el país no es vulnerable a estos eventos recientes. Sin embargo, el mercado de capitales no se ve afectado únicamente por el tamaño de los flujos de comercio e inversión entre los países sino que también juegan un papel importante las expectativas generales y los animal spirits, lo que en otras ocasiones ha producido escenarios de contagio financiero y sudden stops.

En las últimas semanas Latinoamérica se ha visto convulsionada por la depreciación de las monedas argentina y brasileña, la cual ha generado nuevamente inquietud en los sectores productivos.

La preocupación se ha centrado en la pérdida de competitividad de las exportaciones bolivianas y de las industrias que compiten con la producción importada. Sumado al hecho de que existe un alto grado de informalidad, podría implicar más importaciones ilegales por intermedio del contrabando.

Sin embargo, el centro de la atención debiera dirigirse al régimen cambiario boliviano, más allá de centrarse en el nivel de la paridad o del desalineamiento respecto al tipo de cambio de equilibrio.

Desde fines de 2011, la paridad entre la moneda boliviana y el dólar estadounidense se ha mantenido fija. Previamente, el régimen cambiario fue de tipo de cambio deslizante, con movimientos cambiarios muy graduales y no anunciados.

Desde su adopción en 1985 hasta 2005, la moneda siguió una trayectoria de devaluación continua para mantener la competitividad cambiaria real constante. Frente a un importante influjo de divisas, la moneda se revaluó moderadamente entre 2005 y 2011, llegando a ganar valor en 12,5%.

Curiosamente, un movimiento tan pequeño generó el cambio en la composición de activos más importante. De hecho, la dolarización financiera bajó de 90% en 2003 a 20% al presente, principalmente por el “empujoncito” que se observó en los depósitos y luego los créditos. Esto derivó además en una ganancia importante de reservas internacionales, las cuales llegaron al 50% del PIB.

Sin embargo, la irrupción de la Gran Recesión de 2008 y el cambio en las condiciones externas desde 2014, revirtieron la dirección de los flujos de divisas. Las reservas bajaron al 30% del PIB y la continuidad de planes de inversión pública derivó en un déficit fiscal mayor al 7% del PIB.

Frente a esto, el gobierno tiene la disyuntiva de que si no modifica la forma de conducción de la paridad cambiaria y la trayectoria del gasto fiscal, se verá forzada en algún momento a abandonar el régimen cambiario, con consecuencias imprevistas en el sistema financiero y de pagos.

Mientras más antes transite de forma ordenada y coherente hacia un régimen más flexible, menores efectos colaterales podrían existir en otros mercados, en especial el financiero y, por ende, en el inmobiliario, el cual ha crecido en virtud a la nueva ley financiera que obliga a las instituciones a cumplir cuotas para este mercado a tasas fijas en moneda nacional.

En ese sentido, será importante que se analice y proponga de forma sería el cambio en el régimen cambiario con el fin de reducir la vulnerabilidad de la economía boliviana en este frente. O, lo que parece menos probable, que se hagan los ajustes macroeconómicos en los ámbitos fiscal y externo, para mitigar la presión en los mercados cambiario y financiero.

A combinação entre um governo mal avaliado e a farta oferta de candidatos antecipava uma campanha eleitoral bastante volátil. Os eleitores chegaram à campanha formal sem nenhuma associação com os candidatos, reforçando o peso do debate político no comportamento eleitoral. O atentado contra Jair Bolsonaro (extrema direita) , contudo, representou um choque nos candidatos e nos eleitores, alterando a dinâmica esperada para o restante da campanha. O risco para projetos reformistas são crescentes. A tendência é de segundo turno entre os extremos da política brasileira. Haddad e Bolsonaro devem estar no segundo turno.

Nossa percepção é de que o risco é mais significativo para os tucanos, diante da cristalização das preferências por Bolsonaro. A composição do segundo turno deve responder ao possível “voto útil” do eleitorado. Assim, esperamos a definição da disputa apenas na última semana antes da votação.

O efeito do episódio é o reforço os polos do sistema. A tensão na política brasileira não é nova e não será resolvida às vésperas da votação. A gravidade do episódio envolvendo Bolsonaro, naturalmente, vai ser politizada pelos diferentes candidatos. Os dois extremos dos polos têm representantes na corrida: PT e Bolsonaro. A moderação está dispersa entre diferentes nomes. A reação nos veículos de comunicação foi pela defesa da pacificação da eleição no Brasil. Tal discurso tem dificuldade de ser canalizado no plano eleitoral justamente pela fragmentação das candidaturas de centro.

A expectativa é de que o atentado reforce a cristalização das preferências eleitorais de Bolsonaro, reforçando as chances de segundo turno. Nossa avaliação, contudo, é de que tal movimento não seja suficiente para alterar qualitativamente os desafios de Bolsonaro. É verdade que seu nome ganha força no segundo turno, mas os desafios para redução da sua rejeição continuam grandes. Em outras palavras, as chances de vitória de Bolsonaro no segundo turno só aparecem em um cenário contra o PT. A corrida eleitoral apenas reforçou a percepção de risco dos agentes econômicos.

A eleição brasileira reforça o cenário de elevado risco político. Os dois nomes mais prováveis de participarem do segundo turno representam riscos elevados para agenda reformista. Nenhum dos favoritos resolveria o problema da polarização política.

Assim, a tendência é de redução do crescimento esperado para 2019. Nossa expectativa é que muita volatilidade nos últimos dias da campanha. O quadro eleitoral segue indefinido. A tendência é de continua depreciação dos ativos brasileiros.

En los días previos a esta edición, se ha intensificado la discusión sobre el pago del bono “Esfuerzo por Bolivia”. Éste consiste en el pago de un salario adicional en diciembre siempre y cuando el crecimiento del PIB entre el tercer trimestre de 2017 y el segundo de 2018 supere el 4,5%.

La cifra de crecimiento del primer trimestre fue 4,4%, por debajo de las expectativas, puesto que el último trimestre de 2017 la actividad creció por encima de 5%. Los indicadores líderes hacen prever que el segundo trimestre el crecimiento estaría en torno a 4%. De esa forma, la cifra para el periodo relevante estaría muy cerca del umbral.

Las autoridades han señalado que la probabilidad de pago de este beneficio es altísima. Como señalamos en versiones anteriores, existen varios problemas con el diseño de este programa.

Por un lado, está que relaciona implícitamente el crecimiento real con las ventas y utilidades, cuando las primeras habrían crecido 1% en promedio en los últimos tres años y las últimas cayeron al 6% anual en similar periodo.

De hecho, calculamos que el efecto del pago de este bono implicaría un alza de los costos salariales del 14%, que incluso es superior al 11% planteado implícitamente por la organización de trabajadores boliviana.

Por otra parte, implicaría una mayor vulnerabilidad para el sector público, dado que su pago incrementaría casi un punto porcentual el ya abultado déficit planeado de 8% del PIB. Esto se agravaría si se toma en cuenta que las empresas dejarían de tributar por concepto de utilidades más de un punto porcentual del PIB.

Otro problema importante es que desconoce la situación de los sectores, las regiones y de las empresas, porque es una regla general. En ese sentido, genera problemas de flujo de caja y rentabilidad para las empresas bolivianas.

Es importante señalar que existen los incentivos políticos para el pago de este bono, puesto que al año habrá elecciones generales en el país. En tal sentido, el pago podría genera algún efecto en la popularidad de la actual administración, aunque otros sondeos indican que la señal no sería recibida positivamente incluso por quienes reciban el bono, debido a que la situación económica se percibe como complicada.

Frente a ello, varios analistas como organizaciones empresariales observaron las estadísticas oficiales. De momento, nuestro análisis indica que no existen manipulaciones estadísticas en cuentas nacionales, puesto que el primer trimestre del año está reportado con cifras desalentadoras en varios sectores de la economía.

Nuestras proyecciones no se han modificado todavía, puesto que ya incluimos este bono en las perspectivas para este y el siguiente año, tomando en cuenta consideraciones políticas del caso. Respecto al mes anterior, estamos evaluando hacia la baja la proyección del crecimiento, por un eventual menor crecimiento del segundo cuarto del año.

Con poco más de siete meses a cuestas, el camino transcurrido pesa. Obviando la narrativa propuesta durante los últimos meses por parte del oficialismo, el cuadro económico vigente al cierre del mes de julio refleja una crisis económica y social aún más dramática y difícil de revertir en el corto plazo. Al cierre de julio, la inflación acumulada se ubica en 15.812,2% -124.395,8% en cuestión de 12 meses- la producción petrolera promedio se ubica 642 kb/d por debajo del registro acumulado hasta la fecha en 2017, la economía continúa en su senda recesiva y la incertidumbre en torno al devenir político del país prevalece.

No obstante, tras seis meses de inacción en el plano económico, la propia inercia de la crisis pareciera haber obligado al gobierno a tomar la “ofensiva” de cara a un segundo semestre del año (IIS2018) cuya dinámica esperamos refleje un nuevo estadio de la crisis en términos de complejidad, drama y deterioro. “Ofensiva” que, aunque limitada, esperamos mantenga una serie de efectos reales que consideramos relevantes destacar.

En principio, la columna vertebral de la propuesta del oficialismo -el Plan de Recuperación y Prosperidad Económica- cuenta con seis puntos:

1. Reconversión monetaria de 1:100.000 entre el bolívar soberano (VES) y el bolívar fuerte (VEF).
2. Eliminación de ciertos aranceles, particularmente relacionados con la importación de bienes de capital e insumos agrícolas.
3. Derogación del Régimen de Ilícitos Cambiarios.
4. “Anclaje” del nuevo Bolívar Soberano al instrumento “Petro”
5. Inclusión de las reservas petroleras del bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) dentro de los activos contables del BCV.
6. Expansión de las facultades del Carnet de la Patria como instrumento para un censo del parque automotor venezolano y un posible subsidio focalizado a la gasolina.
7. Beneficios tributarios para la industria petrolera, entre los cuales destaca la exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para el ejercicio fiscal del 2018.

Más allá de ciertos arreglos cosméticos y una mejoría parcial para algunos sectores, en Ecoanalítica vemos probable que estas medidas, tal como están concebidas y considerando el contexto donde se suponen harán vida, logre frenar el descalabro hiperinflacionario y estabilizar la economía en el corto plazo. Ello se ve reforzado por la no intencionalidad de la gestión actual por reducir sus niveles de gasto, ni menos de dejar de acudir a la creación de dinero como mecanismo de apalancamiento del déficit.

Por otro lado, las recientes acciones legales que parecen facilitar un potencial embargo de Citgo (principal empresa de Pdvsa en el mercado norteamericano) ponen en jaque la generación de flujo de la ya golpeada industria petrolera nacional, mientras añaden un mayor peso sobre la solvencia de la República y su capacidad de endeudamiento en los mercados internacionales.  En tal sentido, considerando que la flexibilización cambiaria (sobretodo para los agentes privados) ha sido uno de los requerimientos de algunos de los acreedores de la deuda venezolana (particularmente China), resulta imperiosa la celeridad de los hacedores de política en la construcción y aplicación del nuevo esquema frente a estas nuevas dificultades.

¿Un gran viraje? Los días por venir lo dirán.

Situación política: potenciales reformas

La red de corrupción destapada en el Poder Judicial, que implica a jueces supremos y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, que elije y evalúa jueces y fiscales), ha involucrado también a algunos conocidos miembros de la oposición en el Congreso. Esto sumado a la baja aprobación que tiene dicho poder del Estado ha tenido como efecto una pérdida de posicionamiento frente a la opinión pública que ha sido bien aprovechada por el Ejecutivo.

El presidente Martín Vizcarra ha tomado la iniciativa de liderar la lucha frontal contra la corrupción y ha propuesto, en su último Mensaje a la Nación, reformas del sistema judicial y político, donde algunos puntos serán llevados a un referéndum: volver a la bicameralidad (senadores y diputados), regular el financiamiento privado de los partidos y la no reelección congresal. Este último punto ha sido tomado como un ataque directo al Congreso y lo ha descolocado.

La sintonía del Mensaje Presidencial con la indignación ciudadana ha impulsado la aprobación de Vizcarra elevándola en 10 pp. en tan solo un mes (pasó de 39% en julio a 49% en agosto) según un reciente sondeo. Este sería un aval que da la ciudadanía a la puesta en marcha de reformas importantes.

Por otro lado, y en contraposición al interés de la población mostrado por el referéndum, aún se mantiene un ambiente de apatía y desconexión con el proceso electoral subnacional (elección de alcaldes provinciales y distritales y gobernadores regionales). Esto se hace evidente en Lima Metropolitana, donde la opción por el voto blanco o viciado asciende a 21%. Además, un alto porcentaje de electores (alrededor del 60%) no conoce a los candidatos de las principales agrupaciones políticas.

Situación económica: ¿círculo virtuoso de crecimiento?

La economía peruana creció 4.8% entre enero y mayo con respecto al mismo periodo del año pasado, el mejor inicio de año desde 2013. La razón es que los sectores no primarios, aquellos que concentran casi tres cuartas partes del Producto Bruto Interno (PBI), crecieron 4.7%. Esto ocurrió como reflejo de la evolución de la demanda interna, que aumentó 4.0% en el primer trimestre, con el consumo privado a un ritmo de 3.2% y la inversión privada a un 5.3%.

En línea con lo anterior, el crédito de consumo se aceleró hasta 11.6% anual en junio y el hipotecario hasta 9.5% en el mismo mes. El empleo formal, medido por la Planilla Electrónica de Sunat (ente recaudador), muestra un crecimiento de 3.1% en mayo y una aceleración del ingreso real promedio de 6.8%. Por otra parte, el déficit fiscal cayó a 2.2% en junio gracias a un incremento de los ingresos tributarios de 27.4% en el mismo mes.

Además, a este buen desempeño de la economía se sumaría la entrada de grandes proyectos de inversión que podrían asegurar una senda de crecimiento para los próximos años. Entre estos destacan los del sector minero que ascienden a un total de US$ 11,540 en los próximos tres años.

Los riesgos provienen principalmente del entorno internacional. Si los ataques entre Estados Unidos y China escalan, el escenario cambiaría totalmente. En línea con ello, la proyección del precio del cobre tendría que ser revisada fuertemente a la baja y con ello el crecimiento de la economía peruana.

Al cierre de la primera mitad del año 2018, la economía mexicana presenta señales que deben ser consideradas con detenimiento. Durante el segundo trimestre, el crecimiento económico observó una ligera disminución respecto del mismo del trimestre anterior, acompañado en los últimos dos meses de un repunte en la inflación que en la primera quincena del mes de julio se ubicó en 4.81%; por otro lado, el peso continúa su tendencia de apreciación con respecto al dólar. Asimismo, la transición del cambio de administración presidencial se ha caracterizado por un clima de estabilidad política que han impactado positivamente en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, prevalece la necesidad de impulsar un replanteamiento en materia fiscal. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® mantiene su estimación de crecimiento de la economía nacional de 2.2% con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.5 por ciento.

Variables e indicadores cruciales en la transición del gobierno.

Frente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la transición del gobierno, la economía mexicana muestra un comportamiento estable debido a la ligera baja de la producción del segundo trimestre de este año con respecto al primero con una variación de -0.1 por ciento. Adicionalmente, la inflación se ubicó en 4.81 por ciento presentando la mayor variación en el precio de los energéticos; ante tal situación, la política monetaria del Banco de México ha sido cautelosa al no incrementar la tasa de interés objetivo. No obstante, Consultores Internacionales, S.C. ® prevé que las presiones inflacionarias de los últimos meses y las previsiones de alza en la tasa de interés en Estados Unidos por parte de la FED, generen las condiciones para mantener el nivel actual de 7.75 el resto del año con alta probabilidad de incrementarse 25 puntos base y fijarse en 8 por ciento.

El peso se apreció, con respecto a la divisa estadounidense 3.89% en los últimos 30 días, quedando en 18.46 pesos por dólar. En el mismo sentido, el Índice de Confianza del Consumidor registró en julio de 2018 un incremento mensual de 14.8% y la Inversión Fija Bruta reportó un avance real de 0.9% durante mayo de este año frente al mes previo.

Abordando otras aristas de la situación concernientes a política fiscal, durante el primer semestre de 2018, los principales balances de finanzas públicas fueron mejor que lo programado, sin embargo el balance público presentó un déficit de 206 mil 731 millones de pesos. Al mismo tiempo aumenta la presión de la deuda, al llegar ésta a su monto máximo histórico. En términos de porcentaje del PIB se espera que la deuda se ubique en 45.5% al cierre de 2018, de esta manera, habría una reducción en comparación del 46.0% experimentado en 2017. Ante esto, será necesario un gasto eficiente y eficaz que potencie la inversión en infraestructura pública dinamizando sectores productivos estratégicos, pero con sentido regional focalizado en la industria clave, lo que se traducirá en crecimiento económico, aumento y mejora del empleo y mayores ingresos fiscales. Haciendo una revisión de los distintos elementos que componen la realidad mexicana, Consultores Internacionales, S.C. ® prevé que la actividad económica en México repuntará durante la segunda mitad de 2018.

Consultores Internacionales, S.C. ®, puntualiza la importancia de ser cautos respecto al endeudamiento público cuyo costo ha aumentado debido al alza de las tasas de interés, desde luego, teniendo presente que la deuda pública es una herramienta de política económica anti cíclica que puede ser utilizada. En cuanto a los ingresos, si bien es cierto que se ha superado gradualmente la alta dependencia de los ingresos petroleros aún queda mucho por hacer, toda vez que se mantiene el elevado índice de informalidad en la economía. En este sentido, Consultores Internacionales, S.C. ®, considera prioritario diseñar e implementar una reforma hacendaria integral que mejore la capacidad de recaudación del país, a través de la ampliación de la base contributiva y el establecimiento de impuestos progresivos.

La tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana en 2017 fue revisada a la baja a finales de julio por el Banco Central del Ecuador (BCE), apenas un mes después de la publicación trimestral de cuentas nacionales, en donde no se habían hecho correcciones a las cifras de 2017. La tasa de crecimiento actualizada para el año pasado fue de 2,4%, 0,6 puntos porcentuales menos que la publicada inicialmente. Pese a que la corrección fue la más alta de los últimos dos años, lo más llamativo de la revisión estuvo asociado a dos componentes específicos del PIB, el consumo de los hogares y la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).

El consumo de los hogares, principal componente del PIB, tuvo una revisión a la baja en su tasa de crecimiento de 1,2 puntos porcentuales, al pasar de 4,9% a 3,7%. Por otro lado, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) registró una revisión positiva en su tasa de crecimiento que pasó de -0,5% a 5,6%. Llama la atención la magnitud de la corrección, pero también la inconsistencia entre las cifras publicadas y otros reportes estadísticos del propio BCE en donde se observa que la FBKF del sector público no financiero -durante el mismo periodo- registró una contracción de 16% en términos reales. ¿La FBKF privada creció tanto como para compensar el desplome en la pública, que en 2016 representaba el 45% de la FBKF total? Del mismo modo, la caída de 4,4% en el sector de la construcción tampoco contribuye a despejar las dudas sobre la revisión. ¿La inversión en maquinaria y equipo fue tan grande que compensó la caída de la construcción?

En todo caso, las revisiones confirmarían la ralentización del ritmo de crecimiento con respecto a lo que se estimaba inicialmente. A más del ajuste en el crecimiento de 2017, al primer trimestre de 2018 la economía ecuatoriana se habría expandido al 1,9% anual, cifra que seguramente será revisada a futuro. Ese menor dinamismo económico empieza a reflejarse en el mercado laboral. El último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), correspondiente al segundo trimestre de 2018, evidenció un estancamiento del mercado laboral. Es decir, la mayor parte de categorías en las que se clasifica el empleo no sufrieron variaciones estadísticamente significativas entre junio de 2017 y junio de 2018. Sin embargo, las cifras del mercado laboral presentadas por el INEC, no fueron del agrado de ciertos funcionarios del Ejecutivo, quienes las cuestionaron. Estos dos episodios, las dudas sobre la información generada por el BCE y las presiones oficiales sobre el INEC, serían inconsistentes frente al esfuerzo desplegado por el nuevo equipo económico para transparentar las cuentas públicas del país.

Finalmente, después de que Ecuador manifestó su interés por formar parte de la Alianza del Pacífico, el pedido de vinculación como Estado asociado fue aprobado durante la XIII cumbre del bloque comercial. De hecho, el país participó en la cumbre con una delegación encabezada por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. La participación de Ecuador, de acuerdo a las autoridades, permitirá fortalecer las relaciones con México, país con el que además se busca un acuerdo comercial, que complemente los acuerdos ya vigentes con la Comunidad Andina y Chile.

Iván Duque empieza su periodo presidencial con una economía estable. A pesar del importante choque generado por la caída de los precios del petróleo, el Banco de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público han logrado suavizar la magnitud de los efectos recesivos e inflacionarios que dicho choque habría podido tener en la economía colombiana.  De hecho, aunque en 2016 la inflación total alcanzó un 7.5%, en 2017 bajó a 4.3% y para el año 2018, Econometría Consultores pronostica una inflación promedio de 3.4%, la cual estaría dentro del rango meta del Banco de la República. Por otro lado, el déficit fiscal llegó a 4% del PIB en 2016 y para el año 2018 dicho indicador será de 3.6%. Además, una preocupación importante en el año 2015 era la posibilidad de una crisis en la balanza de pagos. Sin embargo, las políticas económicas de los últimos años ayudaron a evitar dicho escenario. En la actualidad, el déficit en cuenta corriente se encuentra en un nivel estable.

No obstante lo anterior, existen preocupaciones sobre el comportamiento del mercado laboral, a pesar de su resiliencia frente a los choques recientes. La tasa de desempleo en Colombia es alta. De hecho, en los últimos 20 años la tasa de desempleo más baja fue de 8.9% (2014). En la gráfica 1, la línea azul representa la tasa de desempleo de las siete ciudades más importantes del país (la serie de desempleo más larga), la línea naranja es un filtro (Hodrick y Prescott) de la tasa de desempleo y los puntos negros son estimaciones de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU, por sus siglas en inglés). Es interesante notar que, en 2017, dichas series convergieron a un mismo valor, lo que se interpreta como un equilibrio macroeconómico. Lo anterior implica que Colombia tiene una tasa de desempleo estructural del 10%. Bajar la tasa de desempleo sin generar presiones inflacionarias es el mayor reto del nuevo gobierno.

El comportamiento del mercado laboral formal es importante dado que tiene efectos en la sostenibilidad del sistema previsional. Además de la alta tasa de desempleo, Colombia tiene altas tasas de informalidad, solamente el 50% de los empleados cotiza en el sistema previsional (Ver figura 2). Esta situación hace necesarias medidas económicas que fortalezcan la economía y el mercado laboral. En la actualidad el debate económico gira en torno a cómo modificar el sistema previsional y a la posibilidad de implementar salarios mínimos regionales para promover incentivos al empleo formal.