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Al cierre del mes de agosto de 2018, la economía mexicana presentó señales que apuntan a un escenario de crecimiento moderado al cierre del presente año y una tendencia alcista de la inflación. Este repunte inflacionario implicará un retraso para alcanzar el objetivo inflacionario de 3% (+/- 1%) hasta el primer trimestre de 2019. Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento económico anual aumentó respecto del mismo trimestre del año anterior en 1.6 por ciento. La paridad cambiaria continúa su tendencia de apreciación moderada, principalmente con respecto a los niveles observados en el mes previo de las elecciones presidenciales, para posicionarse con un promedio 18.85 pesos por dólares en el mes de agosto. En la arena comercial, el 27 de agosto se anunció un entendimiento en principio entre México y Estados Unidos con lo que se habría cerrado el ciclo de negociaciones entre estos dos países para alcanzar un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a falta de que Canadá y Estados Unidos también formalicen este entendimiento. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® mantiene su estimación de crecimiento de la economía nacional de 2.3% con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.5 por ciento.

A finales de agosto, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en principio con miras a cerrar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque falta Canadá por lo que persiste la incertidumbre. Este entendimiento brindará cierta estabilidad internacional en el corto plazo en cuanto a las expectativas de la economía mexicana, principalmente en su capacidad de ejecutar proyectos de inversión previamente pactados. Sin embargo, con la información que ha trascendido en los medios de comunicación, el resultado de la negociación para sectores industriales clave en México significará un escenario de retos importantes, concentrados en el aumento de la competitividad laboral, adopción de tecnologías propias de la Industria 4.0, diversificación de mercados geográficos y productos comerciables de alto valor agregado.

En principio, el nuevo TLCAN tendrá una vigencia inicial de 16 años y, entre las adecuaciones más relevantes, estaría la imposición de un tope a las exportaciones mexicanas a ese país de 2.4 millones de automóviles y 90 mil millones de dólares en valor de autopartes, además de haber incrementado las reglas de origen en América del Norte para el sector automotriz a un 75%. Estas medidas requieren de acciones para la diversificación de las exportaciones mexicanas, además de la necesidad de transitar a un escenario donde se incremente el valor agregado de dichas exportaciones.

El tipo de cambio reaccionó ante la noticia de un acuerdo en principio entre México y Estados Unidos con una ligera apreciación de la moneda en los días siguientes al anuncio. Esta tendencia reforzó la persistencia en la apreciación del peso frente al dólar, ya que el tipo de cambio promedio durante el mes de agosto fue de 18.85 pesos, lo que representó un avance en la cotización promedio del peso de 0.8% respecto al mes de julio.

En el terreno doméstico, la inflación anual para agosto de 2018 fue de 4.9%, mientras que la inflación mensual tuvo un crecimiento de 0.58% con respecto al mes de julio. Los mayores productos que registraron incremento fuero los alimentos –cebolla, limón y jitomate-; mientras que el transporte aéreo, tomate verde y uva fueron los que registraron las mayores caídas.

La actividad industrial en el mes de julio registró un incremento de 0.2% mensual, medido por el Índice de actividad industrial, lo que resultó en un comportamiento superior al esperado por los analistas, quienes pronosticaban una caída en este índice para este mes. Al interior del indicador observamos que la actividad que registró mayor crecimiento con respecto al mes anterior fue Construcción (1.4% mensual), mientras que la Industria manufacturera continúa estancada con un crecimiento mensual de 0%. La actividad de Minería fue la única dentro del índice que registró un retroceso, con (-)1.1% mensual. Por otra parte, la productividad laboral en actividades industriales creció 0.6% en el segundo trimestre de 2018, en comparación con el primer trimestre del año. Asimismo, la productividad laboral total de la economía mexicana se incrementó en un 0.2% trimestral y 1.2% anual.

Consultores Internacionales, S.C. ®, mantiene su proyección puntual de crecimiento económico en 2018 en 2.3%, que resulta consistente con la disminución en la estimación de Banco de México en su rango de escenarios de 2-3% a 2-2.6% en el reporte correspondiente al segundo trimestre del año. Adicionalmente, habrá que prestar atención a la resolución de proyectos de inversión e implementación de políticas económicas del nuevo gobierno, que entrará en funciones el 1° de diciembre de 2018 y tiene una agenda que comprende la implementación de grandes inversiones en infraestructura energética tradicional, trenes y programas de apoyo social a jóvenes desempleados, como la cancelación de otras obras icónicas para el País.

Durante el mes de agosto, el mercado venezolano estuvo marcado por una vorágine de medidas dirigidas a “corregir” desequilibrios en varias dimensiones de la economía nacional. Dentro de este conjunto de acciones, destacó la implementación de una batería de reformas fiscales para hacer frente al fuerte déficit bajo el cual subyace la economía venezolana desde hace algunos años. Otras medidas consideradas fueron los ajustes al alza en el precio doméstico de la gasolina y en las tarifas al transporte público también fueron elevadas.

Pero quizás las medidas sobre las que se crearon mayores expectativas, sobretodo dentro del sector privado, fueron el agresivo cambio en materia salarial y la fijación de un nuevo control de precios sobre algunos bienes prioritarios, esta vez definidos de maneja conjunta con parte del empresariado local. Luego de vincular el valor del nuevo Bolívar Soberano (VES) a la criptomoneda “Petro” a una tasa 1 “Petro”: 3.600 VES, el Gobierno Nacional decretó la indexación de estos precios y salarios a tal paridad. Ello supuso una nueva exposición de los pasivos laborales a las fluctuaciones del tipo de cambio oficial, definido según las paridades “Petro”/VES y “Petro”/USD (fijado éste según el precio por barril del petróleo local). Como aliciente de corto plazo, el Gobierno acompañó la medida con una suerte de subsidio laboral, asumiendo el diferencial ocasionado por el nuevo ajuste por los próximos tres meses, bajo un mecanismo intensivo en confusión. Todo ello, en medio del ya discutido proceso de reconversión cambiaria, en el que el cono monetario previo (VEF) fue sustituido por el nuevo Bolívar Soberano a razón de 1 VES: 100.000 VEF.

La respuesta en materia de precios no se hizo esperar. Para el mes de agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 209,8%. Ello significó que, en promedio, los precios se triplicaron respecto a las tarifas fijadas en promedio durante julio. Solo en la tercera semana del mes, justo en el inicio de la reconversión monetaria y de los anuncios salariales, la tasa de inflación se ubicó en 54,4%, en un lapso donde la incertidumbre de los agentes privados sobre las nuevas reglas del mercado laboral fue máxima.

En Ecoanalítica, asumimos que, al menos en el corto plazo, la postura de la política económica del actual gobierno no será nada diferente a lo mostrado hasta ahora. En tal sentido, el financiamiento monetario seguirá figurando como el medio predilecto para mitigar la brecha fiscal. Ello se verá exacerbado, por un lado, frente a las restricciones al apalancamiento externo. Los hechos estilizados más recientes revelan que el diferencial EMBI sobre la deuda venezolana se ubicó en el último mes en 5.807 puntos básicos, lo que representa 10 veces la prima promedio aplicada para la región latinoamericana. Por otro lado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ubica en agosto la caída diaria de la producción petrolera local (Pdvsa) en niveles cercanos a los 37 kb/d (por fuentes secundarias). Con ello, esta producción podría ubicarse al cierre de 2018 en 1,1 mb/d. Tomando en cuenta los múltiples compromisos bilaterales de la República, para el cierre del año el estado solo contaría con apenas un 37,7% de tales niveles para generar recursos en divisas.

Asumiendo que el financiamiento monetario al fisco seguirá, la poca credibilidad de las autoridades locales y la consecuente pérdida de confianza en el bolívar no hará más que continuar. En Ecoanalítica, consideramos que tal mecanismo tendrá su máxima expresión en el fuerte incremento de los agregados monetarios y en los precios internos. Sin considerar factores estacionales propios de la última parte del año, estimamos que la liquidez monetaria podría crecer en promedio 87,1% en los últimos meses, llevando al agregado a crecer a tasas anuales superiores al 55.000% al cierre de 2018. Solo en el mes de diciembre, el crecimiento mensual del dinero alcanzaría una cifra record de 102%. Tal resultado no parece imprevisto, incluso para el Gobierno. Ello luego de anunciarse nuevos requerimientos de encaje legal (bajo una figura similar al tradicional encaje marginal) que desincentivaría la creación secundaria de dinero. No obstante, en la firma hemos previsto que, mientras los depósitos continúen mostrando tasas de variación cercanas al promedio de lo visto en 2018, los efectos de tales medidas tenderán a cero. Ello ocurriría si es que los bancos, frente al contexto hiperinflacionario, busquen rentabilizar los nuevos excesos con rapidez, recomponiendo su balance hacia créditos o inversiones menos ilíquidas.

Nuestras nuevas proyecciones en torno al crecimiento de los precios son aún menos alentadoras. Los primeros resultados dan cuenta de una aceleración en el crecimiento de los precios en el último trimestre del 2018, los cuales estimamos que mostrarían una variación entre meses cercana al 215,6%. Con ello, la inflación doméstica en términos anuales seguirá su perverso patrón de mantener un registro de siete cifras en términos anuales. Específicamente, estaríamos hablando de un ritmo de variación aproximado de 4.800.000% al cierre del año 2018.

Las presiones sobre la ya debilitada moneda nacional también impactarían en su paridad respecto al dólar. Además de la fuerte hiperinflación, los crecientes incentivos al arbitraje cambiario frente a los pocos ajustes en el tipo de cambio oficial jugarán un rol destacado en la dinámica del mercado no oficial, siendo esto una muestra más de la poca disposición del gobierno por reconocer al menos la aguda escasez de divisas. En tal sentido, estimamos que la moneda local pudiese mostrar una depreciación anual no oficial cerca al 710.000% para el cierre del año.

Al cierre de este reporte, las autoridades locales dieron a conocer el nuevo Convenio Cambiario Nacional, en donde se dictan las reglas de juegos sobre las operaciones cambiarias del país. Tras una larga espera, los principales aspectos englobados en dicho acuerdo no plantean necesariamente una mayor flexibilización de las transacciones locales en dólares. Aun cuando se autoriza la fijación de contratos en divisas (bajo mutuo acuerdo de partes), las transacciones del sector público (incluido el segmento petrolero) y el 20% de las exportaciones privadas quedarán sujetas al tipo de cambio “negociado” bajos subastas (devaluado en promedio solo 0,6% dentro de las nueve operaciones ejecutadas hasta ahora). Asimismo, el banco central (BCV) se reserva el derecho de fijar límites al volumen de transacciones a negociarse en tales subastas.

Aún con los malos resultados, el Gobierno parece contar todavía con la suerte asiática. En los últimos días, se habla de un nuevo acuerdo entre China y el Gobierno venezolano que involucraría un nuevo financiamiento por el orden de los USD 5.000 MM, con una definición ex ante de un período de gracia de 6 meses. A pesar de que la operación puede contribuir con el actual Gobierno en sus intentos por reducir el fuerte vacío de divisas esperado para lo que resta del año, los mismo lucen insuficientes para mitigar por completo el fuerte déficit fiscal, el cual ya ronda niveles cercanos a los USD 14.000 MM.

El 21 de agosto el Presidente Lenín Moreno anunció un nuevo paquete de medidas económicas (el tercer anuncio de este tipo en algo más de un año de gestión), entre las cuales hay varias enfocadas en reducir el gasto del sector público. Por ejemplo, se decidió suprimir o fusionar ministerios, empresas públicas, embajadas y otras instituciones estatales. También se anunciaron algunas medidas simbólicas, como reducir la seguridad de los ministros o vender una parte de la flota estatal de autos. Si bien estas medidas van en la dirección correcta, creemos que el recorte del gasto corriente (que ha seguido creciendo en lo que va del año) debe ser más pronunciado. También se anunciaron medidas de fomento productivo (créditos a través de la banca pública) y otras dirigidas a los segmentos más vulnerables (mayor cobertura del Bono de Desarrollo Humano, una transferencia directa a los hogares más pobres). Pero la medida que más repercusión generó fue la decisión de aumentar el precio de la gasolina Súper (premium), a US$2,98 por galón, lo que implica un alza de entre 30% y 40%, según el precio que haya estado vigente en cada estación de servicio.

Cabe mencionar que el mismo Gobierno había abierto el debate sobre los subsidios a los combustibles (diésel, gas y gasolinas), que anualmente le cuestan al Estado alrededor de US$3.000 millones, monto que en su mayor parte lo terminan recibiendo los hogares de ingresos medios y altos. En realidad, se pensaba que el Gobierno también iba a eliminar el subsidio a la gasolina regular y dejar intocado el precio del diésel y el gas (el primero porque es el combustible más usado para el transporte de cargas y pasajeros y el segundo por el impacto social y político que tendría un alza en su precio), pero finalmente optó por aumentar sólo el precio de la premium. Creemos que no es una decisión adecuada, ya que ahora esa gasolina cuesta el doble que la regular, por lo que es esperable que algunos usuarios opten por sustituir la primera por la segunda. Dependiendo de cuántos usuarios se pasen a la regular (que incluso antes del alza de la premium ya recibía un subsidio mayor por galón), el impacto fiscal de la medida puede ser mínimo o incluso nulo. Sin embargo, el Gobierno ha convocado a un “diálogo nacional” para debatir el tema de los subsidios y el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que la decisión oficial es focalizarlos y que el proceso de diálogo sólo definirá cómo hacerlo.

Lo cierto es que, pese a que la gasolina premium es utilizada principalmente en vehículos nuevos o de alta gama, asociaciones sindicales e indígenas rechazaron el incremento en su precio. En ese contexto, con un gobierno que parece priorizar el costo político de sus decisiones, es difícil esperar una revisión integral de los subsidios. Por lo pronto, se ha adelantado que también se reducirá el subsidio al diésel que utilizan los sectores camaronero y pesquero, lo que ha generado el rechazo de los empresarios de esos sectores por el impacto que esa medida tendría sobre su competitividad. En todo caso, el Gobierno enfrenta una estrechez fiscal que se evidencia en la última operación de financiamiento: recibió US$500 millones de Goldman Sachs a cuatro años y una tasa cercana al 7% anual y con un colateral en bonos soberanos por US$1.200 millones.

El Informe de Política Monetaria (IPOM), que se publica cuatro veces al año es un evento ampliamente esperado, porque es el momento en que el instituto emisor se extiende en explicar su visión de la coyuntura y el mediano plazo para la economía chilena, de una manera en que no puede hacerlo en los comunicados posteriores a la Reunión de Política Monetaria (RPM) que, desde este año, se realiza sólo ocho veces en el año, en vez de las doce tradicionales. Además, el presidente del Banco Central, luego de la presentación frente a la Comisión de Hacienda del Senado o, como en cada septiembre, frente al pleno del Senado, responde todas las preguntas que los senadores tengan interés en hacerle, de manera que surge un cuadro detallado y completo de lo que el ente rector de la política monetaria piensa de la economía nacional. Normalmente, este es un evento bastante predecible, en el que las sorpresas escasean y el Banco Central evita pronunciarse respecto de temas que tengan aristas políticas centrándose, en cambio, en las materias técnicas propias de su ámbito de acción.

Esta vez (5 de septiembre), el Banco Central se jugó mucho más que en otras ocasiones y presentó un panorama que, en nuestra interpretación, es muy optimista y confirmo el anticipo realizado en el IPOM de junio y refrendado en la RPM del 4 de septiembre, de que la tasa de política monetaria (TPM) subirá antes de que termine el año. Si recordamos que sólo quedan dos RPM antes de que finalice el año, el 17 y 18 de octubre y el 4 de diciembre, lo que estaría anticipándose es un alza de 25 puntos base (o tal vez 50 puntos base), para el 4 d diciembre. Si bien la sorpresa en este ámbito reside en que se refrendó de una manera que no ofrece dudas el alza de tasas, algo que siempre ha tenido un componente de ambigüedad, lo más llamativo del IPOM es la importante corrección en la proyección de crecimiento para el presente año. El exceso de timidez que mostró en junio, cuando su proyección pasó de 3%-4% a 3,25%-4%, debiendo haber subido a 3,5%-4,25%, para elevar la estimación a 3,75%-4,25% ahora, se transformó en una proyección de 4%-4,5%, que tiene una cota superior casi imposible de alcanzar, ya que se requiere un crecimiento de 4,3% entre agosto y diciembre, y un piso que, en caso de acentuarse las tendencias actuales de desaceleración del crecimiento en el margen (desestacionalizado) y deterioro de expectativas, podría ser perforado sin que nadie pueda declararse sorprendido por el hecho. Cuesta entender, también, que el Banco Central declare cerrada la brecha de producto, cuando se acumularon holguras importantes en el período 2014-17 si se las compara con las estimaciones de PIB potencial de la época.

No obstante que el Banco Central reconoce los riesgos asociados al complejo escenario externo y la baja en el precio del cobre, estima que el balance de riesgos para el crecimiento es equilibrado, es decir, es igualmente probable que el crecimiento sea superior o inferior al valor central del rango proyectado. También sorprende que su justificación para anticipar un alza en la TPM con tanta confianza descanse exclusivamente en el crecimiento por sobre el potencial y el cierre de brechas, ambas variables no observables y sujetas a errores de estimación considerables, y no reconozca que la inflación está por debajo de la meta (2,6% vs 3%), no obstante que se está acercando gradualmente, por efecto exclusivo de la devaluación del peso durante el año y que, por otro lado, todos los indicadores de inflación subyacente, están en o por debajo del piso del rango de tolerancia de la meta (2%) y fluctuando entre 1,8% y 2%) desde comienzos de año.

El terreno que el instituto emisor no pisa, es el político interno, que revela una importante polarización y una creciente frustración del gobierno que no puede actuar como quisiera por la posición minoritaria que tiene en ambas cámaras del Congreso. Los errores no forzados se han traducido en un cambio de gabinete parcial y un ministro que duró un fin de semana en el cargo, así como en el rechazo al proyecto inicial de reajuste del salario mínimo. La batalla por la reforma tributaria, a la que se sumará aquella por la reforma previsional en el corto plazo, promete ser compleja, en un escenario de baja en la popularidad del presidente y su equipo, lo que genera ansiedad y la probabilidad de cometer más errores. Como sea, entre la evolución de los factores políticos internos y el deterioro en el escenario externo, que está afectando principalmente a las economías emergentes, las expectativas de los consumidores y empresarios se han deteriorado de manera persistente durante el año. Si a lo anterior se agrega un mercado del trabajo que no da señales claras de mejoría y una caída de los salarios reales en julio, por primera vez desde fines de 2008, no es sorprendente que el crecimiento de la economía, aunque ha sorprendido positivamente hasta julio, esté exhibiendo señales de debilidad en el margen y, aunque es probable que logre cerrar el año con una expansión de 4%, todo apunta a que repetir el resultado en 2019 se ve virtualmente imposible, algo que el propio Banco Central reconoce, al proyectar rangos de crecimiento de 3,25%-4,25% para el próximo año y 2,75%-3,75% para 2020. En este escenario, la conveniencia o necesidad de jugarse por un escenario de normalización en la TPM parece innecesario o, por lo menos, apresurado.

 

El contexto macroeconómico global actual ¿podrá generar efectos en las economías latinoamericanas y en particular en la economía colombiana? En el caso de Colombia, por un lado, la recuperación de Estados Unidos y la Zona Euro ha impulsado una mayor demanda de petróleo. Lo anterior ha presionado el alza en las tasas de interés de los países desarrollados y, en consecuencia, una reversión de los flujos de capitales, buscando activos más rentables y percibidos como seguros en los países desarrollados. En este sentido, tal como se había previsto, el efecto neto en la tasa de cambio ha sido la devaluación del peso colombiano pues, aunque el precio del petróleo ha estado al alza y ha generado presiones de revaluación, ha dominado el efecto de la reversión de flujos de capital.

Por otra parte, los países emergentes presentan señales de riesgo y es relevante preguntarse si su evolución podrá tener efectos sobre la economía colombiana y si esta es vulnerable a esta situación. Por un lado, la economía turca atraviesa una crisis; su moneda se ha devaluado de forma pronunciada y la inflación se encuentra alrededor del 18% (meta del 15%). En el contexto regional, Argentina está atravesando una situación similar que ha llevado al gobierno a tomar medidas extremas, por ejemplo de política monetaria, como tener la tasa de interés más alta del mundo.

En estos momentos, la economía colombiana es estable y está en proceso de recuperación. La inflación anual del mes de agosto fue de 3.1%, en el rango meta. En el segundo trimestre de 2018 el crecimiento fue de 2.8%, lo cual estuvo en general por encima del pronóstico de analistas y un poco por arriba de las proyecciones de Econometría Consultores. La tasa de desempleo se ha mantenido estable. No obstante, Colombia tiene indicadores que deben monitorearse para identificar cualquier riesgo de inestabilidad. Por un lado, la cuenta corriente está en déficit y alcanza cerca del 3% del PIB, lo cual puede ser percibido por los inversionistas como un indicador no favorable. En materia fiscal, aunque sigue existiendo un déficit, la combinación de precios altos del petróleo y una tasa de cambio devaluada generan ingresos importantes al sector público, incluso equivalentes a aquellos de 2013 cuando el precio estaba en 100 USD por barril.

En este sentido, los indicadores macroeconómicos de la economía colombiana son robustos y muestran que el país no es vulnerable a estos eventos recientes. Sin embargo, el mercado de capitales no se ve afectado únicamente por el tamaño de los flujos de comercio e inversión entre los países sino que también juegan un papel importante las expectativas generales y los animal spirits, lo que en otras ocasiones ha producido escenarios de contagio financiero y sudden stops.

En las últimas semanas Latinoamérica se ha visto convulsionada por la depreciación de las monedas argentina y brasileña, la cual ha generado nuevamente inquietud en los sectores productivos.

La preocupación se ha centrado en la pérdida de competitividad de las exportaciones bolivianas y de las industrias que compiten con la producción importada. Sumado al hecho de que existe un alto grado de informalidad, podría implicar más importaciones ilegales por intermedio del contrabando.

Sin embargo, el centro de la atención debiera dirigirse al régimen cambiario boliviano, más allá de centrarse en el nivel de la paridad o del desalineamiento respecto al tipo de cambio de equilibrio.

Desde fines de 2011, la paridad entre la moneda boliviana y el dólar estadounidense se ha mantenido fija. Previamente, el régimen cambiario fue de tipo de cambio deslizante, con movimientos cambiarios muy graduales y no anunciados.

Desde su adopción en 1985 hasta 2005, la moneda siguió una trayectoria de devaluación continua para mantener la competitividad cambiaria real constante. Frente a un importante influjo de divisas, la moneda se revaluó moderadamente entre 2005 y 2011, llegando a ganar valor en 12,5%.

Curiosamente, un movimiento tan pequeño generó el cambio en la composición de activos más importante. De hecho, la dolarización financiera bajó de 90% en 2003 a 20% al presente, principalmente por el “empujoncito” que se observó en los depósitos y luego los créditos. Esto derivó además en una ganancia importante de reservas internacionales, las cuales llegaron al 50% del PIB.

Sin embargo, la irrupción de la Gran Recesión de 2008 y el cambio en las condiciones externas desde 2014, revirtieron la dirección de los flujos de divisas. Las reservas bajaron al 30% del PIB y la continuidad de planes de inversión pública derivó en un déficit fiscal mayor al 7% del PIB.

Frente a esto, el gobierno tiene la disyuntiva de que si no modifica la forma de conducción de la paridad cambiaria y la trayectoria del gasto fiscal, se verá forzada en algún momento a abandonar el régimen cambiario, con consecuencias imprevistas en el sistema financiero y de pagos.

Mientras más antes transite de forma ordenada y coherente hacia un régimen más flexible, menores efectos colaterales podrían existir en otros mercados, en especial el financiero y, por ende, en el inmobiliario, el cual ha crecido en virtud a la nueva ley financiera que obliga a las instituciones a cumplir cuotas para este mercado a tasas fijas en moneda nacional.

En ese sentido, será importante que se analice y proponga de forma sería el cambio en el régimen cambiario con el fin de reducir la vulnerabilidad de la economía boliviana en este frente. O, lo que parece menos probable, que se hagan los ajustes macroeconómicos en los ámbitos fiscal y externo, para mitigar la presión en los mercados cambiario y financiero.

A combinação entre um governo mal avaliado e a farta oferta de candidatos antecipava uma campanha eleitoral bastante volátil. Os eleitores chegaram à campanha formal sem nenhuma associação com os candidatos, reforçando o peso do debate político no comportamento eleitoral. O atentado contra Jair Bolsonaro (extrema direita) , contudo, representou um choque nos candidatos e nos eleitores, alterando a dinâmica esperada para o restante da campanha. O risco para projetos reformistas são crescentes. A tendência é de segundo turno entre os extremos da política brasileira. Haddad e Bolsonaro devem estar no segundo turno.

Nossa percepção é de que o risco é mais significativo para os tucanos, diante da cristalização das preferências por Bolsonaro. A composição do segundo turno deve responder ao possível “voto útil” do eleitorado. Assim, esperamos a definição da disputa apenas na última semana antes da votação.

O efeito do episódio é o reforço os polos do sistema. A tensão na política brasileira não é nova e não será resolvida às vésperas da votação. A gravidade do episódio envolvendo Bolsonaro, naturalmente, vai ser politizada pelos diferentes candidatos. Os dois extremos dos polos têm representantes na corrida: PT e Bolsonaro. A moderação está dispersa entre diferentes nomes. A reação nos veículos de comunicação foi pela defesa da pacificação da eleição no Brasil. Tal discurso tem dificuldade de ser canalizado no plano eleitoral justamente pela fragmentação das candidaturas de centro.

A expectativa é de que o atentado reforce a cristalização das preferências eleitorais de Bolsonaro, reforçando as chances de segundo turno. Nossa avaliação, contudo, é de que tal movimento não seja suficiente para alterar qualitativamente os desafios de Bolsonaro. É verdade que seu nome ganha força no segundo turno, mas os desafios para redução da sua rejeição continuam grandes. Em outras palavras, as chances de vitória de Bolsonaro no segundo turno só aparecem em um cenário contra o PT. A corrida eleitoral apenas reforçou a percepção de risco dos agentes econômicos.

A eleição brasileira reforça o cenário de elevado risco político. Os dois nomes mais prováveis de participarem do segundo turno representam riscos elevados para agenda reformista. Nenhum dos favoritos resolveria o problema da polarização política.

Assim, a tendência é de redução do crescimento esperado para 2019. Nossa expectativa é que muita volatilidade nos últimos dias da campanha. O quadro eleitoral segue indefinido. A tendência é de continua depreciação dos ativos brasileiros.

En los días previos a esta edición, se ha intensificado la discusión sobre el pago del bono “Esfuerzo por Bolivia”. Éste consiste en el pago de un salario adicional en diciembre siempre y cuando el crecimiento del PIB entre el tercer trimestre de 2017 y el segundo de 2018 supere el 4,5%.

La cifra de crecimiento del primer trimestre fue 4,4%, por debajo de las expectativas, puesto que el último trimestre de 2017 la actividad creció por encima de 5%. Los indicadores líderes hacen prever que el segundo trimestre el crecimiento estaría en torno a 4%. De esa forma, la cifra para el periodo relevante estaría muy cerca del umbral.

Las autoridades han señalado que la probabilidad de pago de este beneficio es altísima. Como señalamos en versiones anteriores, existen varios problemas con el diseño de este programa.

Por un lado, está que relaciona implícitamente el crecimiento real con las ventas y utilidades, cuando las primeras habrían crecido 1% en promedio en los últimos tres años y las últimas cayeron al 6% anual en similar periodo.

De hecho, calculamos que el efecto del pago de este bono implicaría un alza de los costos salariales del 14%, que incluso es superior al 11% planteado implícitamente por la organización de trabajadores boliviana.

Por otra parte, implicaría una mayor vulnerabilidad para el sector público, dado que su pago incrementaría casi un punto porcentual el ya abultado déficit planeado de 8% del PIB. Esto se agravaría si se toma en cuenta que las empresas dejarían de tributar por concepto de utilidades más de un punto porcentual del PIB.

Otro problema importante es que desconoce la situación de los sectores, las regiones y de las empresas, porque es una regla general. En ese sentido, genera problemas de flujo de caja y rentabilidad para las empresas bolivianas.

Es importante señalar que existen los incentivos políticos para el pago de este bono, puesto que al año habrá elecciones generales en el país. En tal sentido, el pago podría genera algún efecto en la popularidad de la actual administración, aunque otros sondeos indican que la señal no sería recibida positivamente incluso por quienes reciban el bono, debido a que la situación económica se percibe como complicada.

Frente a ello, varios analistas como organizaciones empresariales observaron las estadísticas oficiales. De momento, nuestro análisis indica que no existen manipulaciones estadísticas en cuentas nacionales, puesto que el primer trimestre del año está reportado con cifras desalentadoras en varios sectores de la economía.

Nuestras proyecciones no se han modificado todavía, puesto que ya incluimos este bono en las perspectivas para este y el siguiente año, tomando en cuenta consideraciones políticas del caso. Respecto al mes anterior, estamos evaluando hacia la baja la proyección del crecimiento, por un eventual menor crecimiento del segundo cuarto del año.

Con poco más de siete meses a cuestas, el camino transcurrido pesa. Obviando la narrativa propuesta durante los últimos meses por parte del oficialismo, el cuadro económico vigente al cierre del mes de julio refleja una crisis económica y social aún más dramática y difícil de revertir en el corto plazo. Al cierre de julio, la inflación acumulada se ubica en 15.812,2% -124.395,8% en cuestión de 12 meses- la producción petrolera promedio se ubica 642 kb/d por debajo del registro acumulado hasta la fecha en 2017, la economía continúa en su senda recesiva y la incertidumbre en torno al devenir político del país prevalece.

No obstante, tras seis meses de inacción en el plano económico, la propia inercia de la crisis pareciera haber obligado al gobierno a tomar la “ofensiva” de cara a un segundo semestre del año (IIS2018) cuya dinámica esperamos refleje un nuevo estadio de la crisis en términos de complejidad, drama y deterioro. “Ofensiva” que, aunque limitada, esperamos mantenga una serie de efectos reales que consideramos relevantes destacar.

En principio, la columna vertebral de la propuesta del oficialismo -el Plan de Recuperación y Prosperidad Económica- cuenta con seis puntos:

1. Reconversión monetaria de 1:100.000 entre el bolívar soberano (VES) y el bolívar fuerte (VEF).
2. Eliminación de ciertos aranceles, particularmente relacionados con la importación de bienes de capital e insumos agrícolas.
3. Derogación del Régimen de Ilícitos Cambiarios.
4. “Anclaje” del nuevo Bolívar Soberano al instrumento “Petro”
5. Inclusión de las reservas petroleras del bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) dentro de los activos contables del BCV.
6. Expansión de las facultades del Carnet de la Patria como instrumento para un censo del parque automotor venezolano y un posible subsidio focalizado a la gasolina.
7. Beneficios tributarios para la industria petrolera, entre los cuales destaca la exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para el ejercicio fiscal del 2018.

Más allá de ciertos arreglos cosméticos y una mejoría parcial para algunos sectores, en Ecoanalítica vemos probable que estas medidas, tal como están concebidas y considerando el contexto donde se suponen harán vida, logre frenar el descalabro hiperinflacionario y estabilizar la economía en el corto plazo. Ello se ve reforzado por la no intencionalidad de la gestión actual por reducir sus niveles de gasto, ni menos de dejar de acudir a la creación de dinero como mecanismo de apalancamiento del déficit.

Por otro lado, las recientes acciones legales que parecen facilitar un potencial embargo de Citgo (principal empresa de Pdvsa en el mercado norteamericano) ponen en jaque la generación de flujo de la ya golpeada industria petrolera nacional, mientras añaden un mayor peso sobre la solvencia de la República y su capacidad de endeudamiento en los mercados internacionales.  En tal sentido, considerando que la flexibilización cambiaria (sobretodo para los agentes privados) ha sido uno de los requerimientos de algunos de los acreedores de la deuda venezolana (particularmente China), resulta imperiosa la celeridad de los hacedores de política en la construcción y aplicación del nuevo esquema frente a estas nuevas dificultades.

¿Un gran viraje? Los días por venir lo dirán.

Situación política: potenciales reformas

La red de corrupción destapada en el Poder Judicial, que implica a jueces supremos y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, que elije y evalúa jueces y fiscales), ha involucrado también a algunos conocidos miembros de la oposición en el Congreso. Esto sumado a la baja aprobación que tiene dicho poder del Estado ha tenido como efecto una pérdida de posicionamiento frente a la opinión pública que ha sido bien aprovechada por el Ejecutivo.

El presidente Martín Vizcarra ha tomado la iniciativa de liderar la lucha frontal contra la corrupción y ha propuesto, en su último Mensaje a la Nación, reformas del sistema judicial y político, donde algunos puntos serán llevados a un referéndum: volver a la bicameralidad (senadores y diputados), regular el financiamiento privado de los partidos y la no reelección congresal. Este último punto ha sido tomado como un ataque directo al Congreso y lo ha descolocado.

La sintonía del Mensaje Presidencial con la indignación ciudadana ha impulsado la aprobación de Vizcarra elevándola en 10 pp. en tan solo un mes (pasó de 39% en julio a 49% en agosto) según un reciente sondeo. Este sería un aval que da la ciudadanía a la puesta en marcha de reformas importantes.

Por otro lado, y en contraposición al interés de la población mostrado por el referéndum, aún se mantiene un ambiente de apatía y desconexión con el proceso electoral subnacional (elección de alcaldes provinciales y distritales y gobernadores regionales). Esto se hace evidente en Lima Metropolitana, donde la opción por el voto blanco o viciado asciende a 21%. Además, un alto porcentaje de electores (alrededor del 60%) no conoce a los candidatos de las principales agrupaciones políticas.

Situación económica: ¿círculo virtuoso de crecimiento?

La economía peruana creció 4.8% entre enero y mayo con respecto al mismo periodo del año pasado, el mejor inicio de año desde 2013. La razón es que los sectores no primarios, aquellos que concentran casi tres cuartas partes del Producto Bruto Interno (PBI), crecieron 4.7%. Esto ocurrió como reflejo de la evolución de la demanda interna, que aumentó 4.0% en el primer trimestre, con el consumo privado a un ritmo de 3.2% y la inversión privada a un 5.3%.

En línea con lo anterior, el crédito de consumo se aceleró hasta 11.6% anual en junio y el hipotecario hasta 9.5% en el mismo mes. El empleo formal, medido por la Planilla Electrónica de Sunat (ente recaudador), muestra un crecimiento de 3.1% en mayo y una aceleración del ingreso real promedio de 6.8%. Por otra parte, el déficit fiscal cayó a 2.2% en junio gracias a un incremento de los ingresos tributarios de 27.4% en el mismo mes.

Además, a este buen desempeño de la economía se sumaría la entrada de grandes proyectos de inversión que podrían asegurar una senda de crecimiento para los próximos años. Entre estos destacan los del sector minero que ascienden a un total de US$ 11,540 en los próximos tres años.

Los riesgos provienen principalmente del entorno internacional. Si los ataques entre Estados Unidos y China escalan, el escenario cambiaría totalmente. En línea con ello, la proyección del precio del cobre tendría que ser revisada fuertemente a la baja y con ello el crecimiento de la economía peruana.