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Al cierre del mes de septiembre de 2018, la economía mexicana presentó señales que apuntan a un escenario de crecimiento moderado y una tendencia alcista de la inflación. Este repunte inflacionario fue de 5.02% anual en el mes de septiembre e implica un retraso hasta el segundo trimestre de 2019 para alcanzar el objetivo inflacionario de 3% (+/-1%). Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento económico anual fue de 1.6 por ciento. Sin embargo, en su último reporte de octubre el FMI recortó sus expectativas de crecimiento para 2018 hasta 2.2% desde el 2.5% que estimó en julio de este año. Adicionalmente, también recortó la estimación para 2019 a 2.5% desde el 2.7% que reportó en julio para el año 2019. La paridad cambiaria tuvo una depreciación moderada en comparación al mes previo para posicionarse con un promedio de 19.03 pesos por dólares en el mes de septiembre.

Existe incertidumbre en los sectores automotriz, logístico y químico-farmacéutico por las condiciones poco favorables de comercio planteadas por el nuevo acuerdo trilateral USMCA. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® reduce su estimación de crecimiento de la economía nacional de 2.1% con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.2 por ciento.

El 30 de septiembre de 2018, Canadá alcanzó un acuerdo en principio con Estados Unidos en cuanto a un nuevo TLCAN. Con este entendimiento llegaron a su fin 13 meses de renegociación entre los tres países para dar lugar al AMEC (Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá o USMCA, por sus siglas en inglés), el cual se estima que será firmado antes del 1° de diciembre de 2018. Una vez firmado, el acuerdo pasará por la aprobación de cada uno de los congresos nacionales que podrán rechazarlo o aceptarlo, pero que no tienen la facultad de modificarlo en forma alguna. De pasar la aduana de cada uno de los congresos, el AMEC entraría en vigor en enero de 2020.

Los sectores automotriz, de medicamentos y de autotransporte de carga internacional (México-Estados Unidos) han sido identificados como aquellos que vieron un resultado poco favorable en la renegociación. Para lograr reposicionarse en la cadena global de valor, será necesaria una acción conjunta de actores públicos-privados con políticas industriales que logren adecuarse al nuevo contexto comercial mexicano. Por otra parte, el sector agroindustrial parece salir fortalecido de esta coyuntura, ya que no se aprobaron propuestas que amenazaban con su competitividad y dinámica de exportación, tal es el caso de la cláusula de estacionalidad, la cual pretendía topar las exportaciones de cultivos que estuvieran en temporada de cosecha en Estados Unidos.

El tipo de cambio reaccionó ante la noticia del AMEC con una ligera apreciación de la moneda en los días siguientes al anuncio. Sin embargo, las noticias que auguran una desaceleración económica internacional, fundadas en la contracción comercial y los conflictos entre Estados Unidos y China, han impulsado una depreciación del tipo de cambio promedio durante el mes de septiembre de 18 centavos para dejar la cotización en 19.03 peso-dólar. Por su parte, el comercio exterior registró en el mes agosto un incremento de 7.7% de las exportaciones mexicanas y un aumento de 6.4% en las importaciones.

En el terreno doméstico, el tema que representa el mayor riesgo es la aceleración de la inflación que se colocó en 5.02% anual para septiembre de 2018. Los productos que mayor impacto tuvieron en el alza de inflación mensual continúan siendo los energéticos, con el aumento en el Gas doméstico LP (incidencia mensual 0.115) y la gasolina de bajo octanaje (incidencia mensual de 0.80); mientras que los alimentos tuvieron fueron los que tuvieron una mayor participación a la baja en la inflación con la papa y otros tubérculos (-0.056 incidencia mensual) y la naranja (-0.552 incidencia mensual) en los primeros dos sitios. Finalmente, el avance intermensual de la inflación se colocó en 0.42% entre agosto y septiembre de 2018.

La actividad industrial mostró una a la desaceleración en el mes de agosto de 2017 al registrar una caída de (-) 0.5% en términos reales con respecto a julio del mismo año. Esta caída en la producción industrial fue causada por una disminución de en el sector de Construcción de (-)2.9% mensual y de la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos de (-)1.3%. Sin embargo, la Industrias Manufactureras rompieron, ligeramente, el crecimiento nulo del mes pasado con un avance de 0.2% durante agosto.

Debido al comportamiento alcista de la inflación, a las presiones comerciales internacionales y la caída en actividad industrial reportada en agosto, Consultores Internacionales, S.C. ® disminuye su proyección puntual de crecimiento económico en 2018 a 2.1%, que resulta consistente con la disminución de las estimaciones publicadas por Fondo Monetario Internacional de 2.2%. Adicionalmente, Consultores Internacionales, S.C. ® prevé un aumento de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de interés objetivo del Banco Central antes de que termine el año, lo que la dejaría en un nivel de 8.0% para inicios de 2019

En el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Estados Unidos. El Partido Republicano logró mantener la mayoría en el Senado. Sin embargo, perdió el control de la Casa de los Representantes (Cámara Baja). Por otra parte, habrá más estados con gobernadores demócratas al frente, aunque estos seguirán siendo minoría. Por lo tanto, a pesar de una economía pujante (proyección de crecimiento de 3,1% para este año según la FED), la “onda azul” mostró ayer que tiene todo lo necesario para dar pelea.

¿Qué significa para Estados Unidos?

 

A pesar de las expresiones victoriosas de Trump (‘Tremendous success tonight. Thank you to all!’), el resultado constituye un duro golpe para su gestión, dado que en la segunda mitad de su mandato deberá gobernar una nación más dividida y con menor apoyo político.

Concretamente, la pérdida de la mayoría en la Casa de los Representantes será un obstáculo en la agenda del Presidente, poniendo un freno a nuevas ruedas de disminución de impuestos, endurecimiento de la política migratoria o el desmantelamiento de Obamacare. Además, probablemente se impulsarán investigaciones referidas a su situación personal ante el fisco, o la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Sin embargo, un eventual juicio político no parece probable: los jueces de la Corte Suprema norteamericana se definen en la Cámara Alta, de modo que el Partido Republicano seguirá teniendo la llave.

Por último, y considerando estos comicios como una “evaluación de gestión a mitad de mandato”, podemos afirmar que Trump recibió una primera señal de advertencia de cara a su posible reelección en 2020.

 

¿Qué significa para Argentina?

 

Si bien Trump deberá enfrentar mayores obstáculos, este no será el caso de la política comercial. De esta forma, nada indica que los resultados electorales reduzcan la tensión entre China y Estados Unidos, por lo que la “guerra de aranceles” podría continuar. Paralelamente, Trump no tendría porqué levantar las sanciones impuestas sobre Irán y su producción de petróleo. Como resultado, ambos elementos seguirán impulsando los precios de la economía norteamericana, poniendo su tasa de inflación en valores en torno a los límites aceptables.

En este contexto, cabe esperar que la FED no modifique sustancialmente su política de alza de tasas, ya que la economía continuaría creciendo, el desempleo seguiría en niveles muy bajos y el aumento de precios se mantendría como una señal de recalentamiento. Como consecuencia, el Dólar seguiría experimentando presiones a la apreciación, por lo que el Peso argentino se vería afectado. Esto, sumado a los incrementos en el precio internacional del petróleo, serían una mala noticia para la inflación argentina, constituyendo una dificultad adicional para su reducción.

Más allá de que no vemos un impacto en la política de tasas, el esquema previamente programado de aumentos podría atenuar el crecimiento de la economía mundial y, consecuentemente, de la demanda de alimentos, por lo que los precios de los commodities agropecuarios (claves en las exportaciones argentinas) no experimentarían mayores avances.

Adicionalmente, tasas más altas sumarían a la dificultad de la Argentina para financiarse en el mercado privado, dinámica que se tornará necesaria a partir de 2020.

El Banco Central del Ecuador publicó a finales de septiembre los resultados de las cuentas nacionales con información hasta el segundo trimestre de este año. Este nuevo boletín, que también incluye notorias correcciones en los resultados de los trimestres previos, muestra una marcada desaceleración de la economía ecuatoriana. Según la institución oficial, en el segundo trimestre de 2018 el PIB registró un crecimiento interanual de 0,9%, muy por debajo del 1,6% reportado para el primer trimestre (antes el Banco Central estimaba que el crecimiento del primer trimestre había sido de 1,9%) y mucho más de las tasas cercanas al 3% de los últimos dos trimestres de 2017. De este modo, en la primera mitad del año la economía ecuatoriana creció 1,3% frente al primer semestre de 2017.

La desaceleración es consecuencia, principalmente, del ajuste que el Gobierno ha llevado a cabo en el gasto de inversión y que, junto con un aumento en los ingresos petroleros y en la recaudación de impuestos (aunque creemos que este último es transitorio) le ha permitido reducir el déficit del Presupuesto General del Estado de US$3.005 millones en los primeros nueve meses de 2017 a US$1.397 millones en igual período de 2018. Este recorte en el gasto de capital, que según las proyecciones oficiales se extenderá hasta 2019, no se ha visto compensado por un aumento de la inversión privada y, dada la pérdida de competitividad del Ecuador frente a sus vecinos y otros países con los que compite, no somos demasiado optimistas respecto a un gran repunte de la inversión privada en 2019, pese a los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Fomento Productivo recientemente aprobada.

De hecho, creemos que el próximo año, cuando al recorte en el gasto de capital se debería sumar un ajuste en el gasto corriente, puntualmente en los sueldos y salarios del sector público, la economía ecuatoriana crecerá apenas 0,5%. Nuestras proyecciones son parecidas a las que el FMI acaba de dar a conocer en su último informe sobre la economía mundial. El organismo multilateral prevé que este año la economía ecuatoriana crecerá 1,1% y que el próximo la tasa bajará a 0,7%. El actual ministro de Economía y Finanzas también ha reconocido que en el corto plazo es probable que las tasas de crecimiento económico sean bajas.

A este escenario se suma una situación preocupante de las reservas internacionales del Banco Central, que mantienen la tendencia a la baja que muestran desde la caída del precio del petróleo a finales de 2014 y que sólo se recuperan cuando el gobierno consigue un nuevo crédito externo. En ese contexto, salvo que el precio del petróleo alcance nuevamente valores que permitan generar un flujo de divisas que recomponga las reservas, el gobierno debe concretar ya una nueva operación de financiamiento externo (al respecto, nuestra opinión es que el Ecuador debería negociar un acuerdo con el FMI que le permita asegurar un flujo suficiente de financiamiento para los próximos años y, a su vez, genere una suerte de presión para que el gobierno avance en las medidas correctivas que hacen falta). Otra opción, menos probable dado el perfil pro-mercado del equipo económico, es algún tipo de medidas para tratar de contener las importaciones.

El 2018 se ha caracterizado por ser un año de recuperación para la economía colombiana. A finales de 2017, Econometría Consultores pronosticaba que el crecimiento económico de este año sería de 2.0%. Al día de hoy, el pronóstico es de 2.6%, alineado con el 2,8% presentado por el FMI. Por otra parte, la inflación volvió a estar en el rango meta (2% a 4%) después de tres años consecutivos por encima del 4%.

Por el lado de la demanda, el rubro que más ha jalonado el crecimiento ha sido el consumo final del gobierno, el cual ha crecido en los últimos dos trimestres a tasas anuales superiores al 5% (ver Figura 1). Por otra parte, el consumo de los hogares también ha sido relevante para explicar el dinamismo de la economía colombiana en el último año. En el caso de la inversión (Formación bruta del capital) en el primer trimestre del año se registró un crecimiento negativo (-0.7%), pero para el segundo trimestre el crecimiento fue positivo (2.8%). En cuanto a las exportaciones, el comportamiento reciente de los precios del petróleo ha explicado la mejoría de este indicador pasando de un crecimiento negativo de -0.7% en el primer trimestre del año, a uno positivo en el segundo trimestre (2.8%). Lo anterior también se explica por la reciente devaluación de la tasa de cambio.

La economía colombiana se ha beneficiado de la recuperación de la economía global, la cual ha incidido en los precios del petróleo, generando un aumento en los ingresos del país. Además, factores internos como el aumento del consumo del gobierno han jalonado el crecimiento. Se espera que esta tendencia se mantenga para el próximo año y que rubros como la inversión tengan mayores incrementos en la medida en que hay menor incertidumbre política luego de las elecciones presidenciales de junio del presente año.

No obstante, esta recuperación también dependerá de factores exógenos. La recuperación de las economías desarrolladas genera peligros para las economías emergentes tales como mayores presiones de devaluación de las monedas e incluso crisis de balanza de pagos. Si bien en estos momentos la economía colombiana es relativamente sólida, no está exenta de estos riesgos y se deben generar acciones para mitigarlos.

Aunque con una desaceleración en los últimos meses, lo cierto es que los números de actividad conocidos para los primeros 8 meses del año se ubican por sobre las previsiones que manejaba el mercado a comienzos de año. Un lugar relevante en dicho favorable resultado lo ocupa el dinamismo de la inversión, que inició con fuerza un ciclo de recuperación. La inversión en Maquinaria y Equipo ya acumula cuatro trimestres consecutivos de fuerte crecimiento, a lo que se agrega ahora la inversión en construcción, que luego de siete trimestres consecutivos de caída, suma ahora dos de recuperación.

Lo que está sucediendo con la inversión tiene importantes repercusiones sobre el crecimiento futuro. Primero, tal cual ya lo recoge el Banco Central en su último IPOM, permite revisar al alza tanto el crecimiento potencial (corto plazo) así como, más relevante, el tendencial. Todo indica que, al menos hasta ahora, a pesar del mayor ruido proveniente de la economía mundial y regional, los planes de inversión han mantenido su curso. En ello contribuye, en general, buenos resultados de las empresas locales, una todavía fuerte demanda mundial por nuestros productos de exportación, un precio del cobre que, aunque ha retrocedido, sigue en niveles que hacen rentables la mayor parte de proyectos mineros para ese producto y sus derivados. Debemos agregar que el alza registrada en el tipo de cambio está teniendo un impacto positivo sobre la rentabilidad del sector exportador, lo que contribuye a mejorar el ingreso de dicho sector y su potencial de sostener nuevas inversiones.

A pesar de todo lo anterior, el mercado laboral aún no muestra señales de recuperación. Una aceleración en el crecimiento en la fuerza de trabajo, menor generación de empleo por parte del sector público y el rezago habitual entre la recuperación de la actividad y el empleo, son todos factores que se conjugan para entender el incremento observado en la tasa de desempleo. Un síntoma evidente de la holgura que aún muestra el mercado laboral es la trayectoria de las remuneraciones, que han desacelerado su crecimiento nominal y que de hecho registran una caída en términos reales en su variación en doce meses.

Lo anterior, sumado a un retroceso en las expectativas económicas de las familias, está comenzando a afectar el dinamismo del consumo de los hogares. De hecho las ventas del comercio minorista están prácticamente estancadas en su variación en doce meses, a lo cual también ha contribuido la virtual desaparición de la fuerte demanda que mantuvieron los argentinos por bienes durables a lo largo de los últimos años.

Por su parte la devaluación del peso, aunque acotada en el contexto regional, ha contribuido a una normalización más rápida de la inflación, la cual ya se ubica algo por sobre el tres por ciento en su variación en doce meses, centro del rango meta de la autoridad monetaria. De hecho, en sus últimos comunicados el Banco Central ha puesto un sesgo contractivo a futuros movimientos en la Tasa de Política Monetaria, argumentando un supuesto cierre más pronto de las brechas de capacidad de la economía. Aunque no suscribimos dicho diagnóstico, sobre todo tomando en cuenta lo dicho sobre el mercado laboral, no podemos descartar una decisión de alza en la TPM
en la próxima reunión a celebrarse los días 17 y 18 de octubre próximos.

Con todo, esperamos que este año la economía logre un crecimiento en torno al cuatro por ciento, bastante sostenido por la recuperación de la inversión. Para el próximo año deberíamos observar una mejoría en el mercado laboral, con algún efecto positivo sobre el consumo de los hogares, lo que contribuiría a compensar un menor dinamismo relativo de la inversión, de manera de alcanzar un crecimiento levemente inferior al cuatro por ciento. Esto en un escenario base que contempla un desempeño económico mundial que
sigue siendo favorable, con la mantención de buenos precios para nuestros productos de exportación.

La TPM mantendrá un gradual ritmo de alzas a lo largo de los próximos trimestres, lo que la llevaría a niveles del orden de 3,5 por ciento hacia fines del 2018. En este contexto, esperamos un tipo de cambio algo inferiores a los observados actualmente, en torno a los 655 pesos por dólar.

 

En las semanas recientes el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el reporte insignia “Mejor gasto para mejores vidas”. En dicho informe, se reporta que la ineficiencia del gasto público en Bolivia alcanzaría al 6,3% del PIB, el tercer más alto de los países considerados y por encima de Latinoamérica (4,4%).

El informe señala que el gasto público tiene filtraciones en los ámbitos de transferencias como de compras públicas principalmente. Por tanto, el informe sugiere que los países latinoamericanos, en especial los de gasto más ineficiente como Bolivia, deben apuntar a tener programas más eficientes de gasto e inversión estatal.

Bolivia se ha caracterizado por un aumento sustancial de la participación del sector público en la economía desde 2006, la cual se inició con la tercera nacionalización del sector hidrocarburos y continuó con otros sectores privatizados en la década de los años noventa. Desafortunadamente, el aumento de la participación estatal ha sido acompañado por mayor ineficiencia, como se infiere del reporte del BID.

Consideramos que este criterio debe ser también aplicado a las políticas públicas en general, puesto que deben centrarse en generar las condiciones para mayor crecimiento, inversión y empleo, en un marco estratégico de integración externa.

Por ejemplo, en el ámbito interno las condiciones del mercado laboral continúan siendo desfavorables para la creación de empleo digno. De hecho, Bolivia tiene el tercer salario más alto en relación con la productividad laboral según un estudio previo también del BID.

Una política desacertada que agrava esta situación es la aplicación de un bono adicional conocido como Segundo Aguinaldo, en virtud de que la economía creció más de 4,5%, lo cual gatilla el pago de este beneficio.

Tal como expusimos en una edición previa, esta medida es desacertada porque no toma en cuenta la diversidad sectorial de las empresas, relaciona erróneamente una variable nominal (remuneraciones) con una real (crecimiento de la producción), crea tensiones en el flujo de caja de varias empresas.

Consideramos que tal política, ya confirmada por el presidente Morales, tendrá efectos negativos en el mercado laboral, por cuanto significará el aumento del costo laboral en más de 8%, dará las señales para que la informalidad laboral siga siendo alta (alrededor de 70%), implicará mayor vulnerabilidad al sector público puesto que su erogación implicará casi un punto porcentual del PIB, cuando el déficit presupuestado está en 8,3% del PIB.

En el ámbito externo, las políticas deben replantearse. Después de un fallo negativo en la Haya respecto al diálogo con Chile para el acceso con soberanía al Océano Pacífico, la política pública debe ser lo suficientemente pragmática como para generar ganancias del comercio exterior, pero apegada a los valores como para crear los consensos adecuados en la sociedad.

En ese sentido, se deben ver vía alternativas de integración marítima por el Atlántico y también el Pacífico, siempre que éstas puedan resultar en ganancias de competitividad respecto a las vías tradicionales por Chile.

La calificadora internacional Fitch Ratings mantuvo la nota de la deuda uruguaya en moneda extranjera en BBB (la mejor calificación dentro del grado inversor) esto es el primer escalón dentro del grado inversor, pero la perspectiva paso de estable a negativa.
Las calificaciones de Uruguay están respaldadas por las características estructurales en términos de desarrollo social e institucional, un balance externo saludable y un perfil de vencimiento de la deuda pública favorable. Estos determinantes se matizan con un débil cumplimiento de los objetivos fiscales y de inflación, que pesan sobre la credibilidad de las políticas, la deuda pública relativamente elevada y dolarizada, y la rigidez del alto presupuesto.
La calificadora destacó el “repunte” del PIB, que creció al 2,7% en 2017, aunque lo analizó como una “recuperación desigual”. Este ritmo de crecimiento está “algo por debajo de los pares de BBB pero reflejando la continua resistencia al volátil y lento crecimiento regional”.
También considero en su calificación la caída que se viene registrando en la inversión tanto pública como privada y los problemas de competitividad que registra el país, consecuencia el alto costo del Estado, la carga tributaria, las rigideces del mercado laboral, las deficiencias de la infraestructura y un peso fuerte.
En relación al déficit fiscal, la principal preocupación macroeconómica del gobierno, Fitch proyecta “una mejora” esperando que baje a 3,4% del PIB a fines del 2018 —en los 12 meses a marzo se ubicó en 3,5% del PIB—. Sin embargo, no espera que se alcance el objetivo oficial de reducir el déficit a 2,5% del PIB en 2019.
Los factores de riesgo identificados que podrían desencadenar una calificación negativa de Uruguay a futuro, son un aumento más rápido de la tendencia en la carga de la deuda pública, un deterioro en las perspectivas de crecimiento y una erosión de los amortiguadores de liquidez externos.
Conclusión: la primera luz amarilla que recibe la economía reafirma que el desequilibrio fiscal existente determinará la necesidad de un ajuste fiscal para el próximo gobierno. En este mandato no se efectivizará pues se está a un año de las elecciones y los costos políticos de un ajuste serán muy altos.

A primeira etapa da corrida eleitoral em 2018 trouxe importantes elementos para análise do quadro político prospectivo, seja no plano eleitoral, seja na construção da agenda do novo governo. A ansiedade em torno do resultado mostrou-se verdadeira. Os desempenhos foram distintos daqueles apresentados em uma série de pleitos, sinalizando a competitividade eleitoral. Uma vez mais, uma parcela do eleitorado brasileiro definiu seu voto às vésperas do pleito. O resultado da eleição presidencial mostrou que, de fato, a manifestação do eleitorado, em linhas gerais, reflete o desempenho da classe política no governo. Assim, a combinação da crise econômica, desdobramento político da operação Lava Jato e sensação de insegurança provocou mudanças no quadro político.
Em linhas gerais, a “voz das urnas” autoriza um quadro de reconstrução da governabilidade. A fragmentação política e a reconstrução do sistema partidário brasileiro, contudo, limitam o poder de agenda do novo presidente. Mais uma vez, a capacidade de coordenação da coalizão é a variável-chave para o destino das reformas.
O primeiro ponto positivo para a agenda de reformas: Governar bem gera dividendos eleitorais. Nem Dilma, nem Temer foram vistos pelo eleitor de forma favorável. Apesar da agenda econômica positiva do governo Temer não houve tempo hábil para resultar em crescimento econômico mais expressivo. “Governar bem” no próximo mandato passa pelo restabelecimento do crescimento. E não há retomada do crescimento sem reformas.
A aprovação da reforma da Previdência em eventual administração Bolsonaro segue viável. Há uma janela de oportunidade no início do mandato, quando deve haver uma euforia com a derrota do PT.
De todo modo, há um conjunto relevante de incertezas no radar. O núcleo econômico e político manifesta sinais inconsistentes com relação a pontos importantes da agenda econômica, incluindo temas relativos ao crescimento dos gastos públicos. Os conflitos entre Bolsonaro, seu vice e o principal assessor econômico, Paulo Guedes, ainda são significativos.
Além disso, há os dilemas de gestão de uma coalizão multipartidária. Maioria deve ser formada, o desafio, entretanto, é conseguir coesão no longo prazo para aprovar uma agenda difícil no plano político. Partilhar poder, minimizar os conflitos internos e priorizar agenda são ações essenciais para o funcionamento do presidencialismo de coalizão. As pesquisas eleitorais de segundo turno confirmam o favoritismo do candidato do PSL. A governabilidade, contudo, não é uma decorrência natural da euforia de curto prazo.

 

Al mes de agosto, la aprobación presidencial alcanzó un 46%, mientras que su desaprobación se redujo a 42%. Por otro lado, la lideresa de oposición redujo su aprobación a 11% y su desaprobación alcanzó un 88%. Asimismo, la aprobación del Congreso de la República se mantuvo baja (7%) y su desaprobación siguió en aumento (87%).

Existe un fuerte apoyo popular al referéndum propuesto por el ejecutivo en los tres temas: no reelección de congresistas, financiamiento y bicameralidad. Sin embargo, prevalece un mayor desconocimiento de la población sobre este último.

La alta desafección política debido a los recientes casos de corrupción de políticos, jueces y fiscales se podría plasmar en un escenario de segundas vueltas en las próximas elecciones subnacionales. Esto retrasaría la implementación de la inversión pública y el proceso de reconstrucción en marcha.

Algunos candidatos a gobernadores regionales tienen un discurso abiertamente de anti minería como son los casos de Cajamarca y Puno. Su elección en los próximos comicios tendría un impacto negativo en la inversión. Por otro lado, muchos candidatos a los gobiernos regionales no presentan un discurso de este tipo; sin embargo, podrían adoptarlo si les conviene políticamente.

Situación económica: ¿Círculo virtuoso de crecimiento?

Luego de un dinámico crecimiento de la economía peruana en los dos primeros trimestres del año con crecimiento de 3.1% y 5.4% respectivamente, se espera que en el tercer trimestre la actividad económica se desacelere (2.5%). El menor dinamismo de la economía estaría explicado por la menor producción minera.

Pese a lo anterior, la economía se volvería a dinamizar en el cuarto trimestre (4.2%) por una esperada recuperación del precio del cobre, el inicio de la segunda temporada de pesca y una mayor inversión pública.

Si bien el tipo de cambio incrementó su valor tras la crisis de los países emergentes y la guerra comercial, este aumento ha sido menor (2.4% en lo que va del año).

La profunda crisis económica en Venezuela ha provocado una migración sin precedentes en ese país y, en general, en toda la región en un periodo muy corto. Esta situación traería como consecuencia la reducción de los salarios en el sector informal, el que representa más del 60% de la PEA. En efecto, los datos de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) en Lima Metropolitana muestran que el ingreso de los trabajadores de microempresas o independientes ha caído por primera vez desde 2006 lo cual pudo ser parcialmente provocado por el aumento en el corto plazo de la mano de obra.

Es urgente que el gobierno tome medidas para “acomodar” la entrada, suavice sus efectos iniciales y logre una gestión “inteligente” de la migración. En general las medidas deberían apuntar a la flexibilización de requisitos legales y tributarios.

 

Finamente el Uruguay aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile con los votos de todos los partidos políticos.

El Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países fue suscrito en octubre de 2016 por parte de los presidentes Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet, pero requería la ratificación parlamentaria para que entre en vigencia

El TLC establece distintos acuerdos ante la Organización Mundial del Comercio: antidumping, valoración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, subvenciones y medidas compensatorias, salvaguardias, propiedad intelectual, y comercios y servicios referidos a las telecomunicaciones.

El Tratado permite la facilitación del comercio referente a los procedimientos aduaneros, publicación y oportunidad para formular observaciones, ventanillas únicas de comercio exterior, etc. También se incluye la promoción de la difusión de información amigable para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

En 2017 se exportaron a Chile US$ 116 millones y se importaron US$ 118 millones. Los principales bienes exportados fueron la carne bovina que representó US$ 30,4 millones, los productos farmacéuticos por US$ 20 millones y los concentrados de bebidas por US$ 12,3 millones.

Los principales productos importados fueron plásticos, papel, cartón y cítricos. Entre 2006 y 2016, las importaciones de servicios experimentaron un incremento promedio anual de 4,1% lo que implicó una variación mayor a la que tuvieron las exportaciones de 2%.

En el mismo período, el saldo comercial de servicios mostró un resultado negativo, con importaciones que fueron en promedio 24% mayores que las exportaciones. Al ser Chile un demandante relevante de servicios se entiende que este mercado resulta “sumamente interesante” para los servicios profesionales uruguayos.

A pesar de la potencialidad de incrementar la exportación de servicios, el acuerdo produciría un aumento estimado total de bienes y servicios de US$ 15 millones anuales.

En el anexo de reservas, Uruguay incluyó las siguientes actividades: servicios de distribución de combustibles o relacionados con la agricultura y minería, juegos de azar, artes e industrias culturales y entretenimiento, entre otros.

A esto se agregan: “las medidas que afecten a los sectores sociales o económicamente en desventaja” y el intercambio comercial con países limítrofes. Asimismo, el acuerdo comercial reserva los sectores identificados como “sensibles” a los efectos de que el país pueda en el futuro adoptar medidas discriminatorias.

Conclusión: El TLC con Chile genera oportunidades comerciales concretas en sectores de gran dinamismo en la economía local como los servicios no tradicionales, y en especial, el software. Se exceptúan del acuerdo dos sectores muy sensibles para ambos países, el de las telecomunicaciones y el de los servicios financieros.

El TLC es un acuerdo moderno que incluye capítulos nunca antes negociados por nuestro país, y representa una señal de rumbo en la dirección correcta. Sin embargo, es necesario continuar con otros TLC con países demandantes de nuestros productos como China, Corea del Sur, Reino Unido, e incluso EE.UU.