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El 2018 se ha caracterizado por ser un año de recuperación para la economía colombiana. A finales de 2017, Econometría Consultores pronosticaba que el crecimiento económico de este año sería de 2.0%. Al día de hoy, el pronóstico es de 2.6%, alineado con el 2,8% presentado por el FMI. Por otra parte, la inflación volvió a estar en el rango meta (2% a 4%) después de tres años consecutivos por encima del 4%.

Por el lado de la demanda, el rubro que más ha jalonado el crecimiento ha sido el consumo final del gobierno, el cual ha crecido en los últimos dos trimestres a tasas anuales superiores al 5% (ver Figura 1). Por otra parte, el consumo de los hogares también ha sido relevante para explicar el dinamismo de la economía colombiana en el último año. En el caso de la inversión (Formación bruta del capital) en el primer trimestre del año se registró un crecimiento negativo (-0.7%), pero para el segundo trimestre el crecimiento fue positivo (2.8%). En cuanto a las exportaciones, el comportamiento reciente de los precios del petróleo ha explicado la mejoría de este indicador pasando de un crecimiento negativo de -0.7% en el primer trimestre del año, a uno positivo en el segundo trimestre (2.8%). Lo anterior también se explica por la reciente devaluación de la tasa de cambio.

La economía colombiana se ha beneficiado de la recuperación de la economía global, la cual ha incidido en los precios del petróleo, generando un aumento en los ingresos del país. Además, factores internos como el aumento del consumo del gobierno han jalonado el crecimiento. Se espera que esta tendencia se mantenga para el próximo año y que rubros como la inversión tengan mayores incrementos en la medida en que hay menor incertidumbre política luego de las elecciones presidenciales de junio del presente año.

No obstante, esta recuperación también dependerá de factores exógenos. La recuperación de las economías desarrolladas genera peligros para las economías emergentes tales como mayores presiones de devaluación de las monedas e incluso crisis de balanza de pagos. Si bien en estos momentos la economía colombiana es relativamente sólida, no está exenta de estos riesgos y se deben generar acciones para mitigarlos.

Aunque con una desaceleración en los últimos meses, lo cierto es que los números de actividad conocidos para los primeros 8 meses del año se ubican por sobre las previsiones que manejaba el mercado a comienzos de año. Un lugar relevante en dicho favorable resultado lo ocupa el dinamismo de la inversión, que inició con fuerza un ciclo de recuperación. La inversión en Maquinaria y Equipo ya acumula cuatro trimestres consecutivos de fuerte crecimiento, a lo que se agrega ahora la inversión en construcción, que luego de siete trimestres consecutivos de caída, suma ahora dos de recuperación.

Lo que está sucediendo con la inversión tiene importantes repercusiones sobre el crecimiento futuro. Primero, tal cual ya lo recoge el Banco Central en su último IPOM, permite revisar al alza tanto el crecimiento potencial (corto plazo) así como, más relevante, el tendencial. Todo indica que, al menos hasta ahora, a pesar del mayor ruido proveniente de la economía mundial y regional, los planes de inversión han mantenido su curso. En ello contribuye, en general, buenos resultados de las empresas locales, una todavía fuerte demanda mundial por nuestros productos de exportación, un precio del cobre que, aunque ha retrocedido, sigue en niveles que hacen rentables la mayor parte de proyectos mineros para ese producto y sus derivados. Debemos agregar que el alza registrada en el tipo de cambio está teniendo un impacto positivo sobre la rentabilidad del sector exportador, lo que contribuye a mejorar el ingreso de dicho sector y su potencial de sostener nuevas inversiones.

A pesar de todo lo anterior, el mercado laboral aún no muestra señales de recuperación. Una aceleración en el crecimiento en la fuerza de trabajo, menor generación de empleo por parte del sector público y el rezago habitual entre la recuperación de la actividad y el empleo, son todos factores que se conjugan para entender el incremento observado en la tasa de desempleo. Un síntoma evidente de la holgura que aún muestra el mercado laboral es la trayectoria de las remuneraciones, que han desacelerado su crecimiento nominal y que de hecho registran una caída en términos reales en su variación en doce meses.

Lo anterior, sumado a un retroceso en las expectativas económicas de las familias, está comenzando a afectar el dinamismo del consumo de los hogares. De hecho las ventas del comercio minorista están prácticamente estancadas en su variación en doce meses, a lo cual también ha contribuido la virtual desaparición de la fuerte demanda que mantuvieron los argentinos por bienes durables a lo largo de los últimos años.

Por su parte la devaluación del peso, aunque acotada en el contexto regional, ha contribuido a una normalización más rápida de la inflación, la cual ya se ubica algo por sobre el tres por ciento en su variación en doce meses, centro del rango meta de la autoridad monetaria. De hecho, en sus últimos comunicados el Banco Central ha puesto un sesgo contractivo a futuros movimientos en la Tasa de Política Monetaria, argumentando un supuesto cierre más pronto de las brechas de capacidad de la economía. Aunque no suscribimos dicho diagnóstico, sobre todo tomando en cuenta lo dicho sobre el mercado laboral, no podemos descartar una decisión de alza en la TPM
en la próxima reunión a celebrarse los días 17 y 18 de octubre próximos.

Con todo, esperamos que este año la economía logre un crecimiento en torno al cuatro por ciento, bastante sostenido por la recuperación de la inversión. Para el próximo año deberíamos observar una mejoría en el mercado laboral, con algún efecto positivo sobre el consumo de los hogares, lo que contribuiría a compensar un menor dinamismo relativo de la inversión, de manera de alcanzar un crecimiento levemente inferior al cuatro por ciento. Esto en un escenario base que contempla un desempeño económico mundial que
sigue siendo favorable, con la mantención de buenos precios para nuestros productos de exportación.

La TPM mantendrá un gradual ritmo de alzas a lo largo de los próximos trimestres, lo que la llevaría a niveles del orden de 3,5 por ciento hacia fines del 2018. En este contexto, esperamos un tipo de cambio algo inferiores a los observados actualmente, en torno a los 655 pesos por dólar.

 

En las semanas recientes el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el reporte insignia “Mejor gasto para mejores vidas”. En dicho informe, se reporta que la ineficiencia del gasto público en Bolivia alcanzaría al 6,3% del PIB, el tercer más alto de los países considerados y por encima de Latinoamérica (4,4%).

El informe señala que el gasto público tiene filtraciones en los ámbitos de transferencias como de compras públicas principalmente. Por tanto, el informe sugiere que los países latinoamericanos, en especial los de gasto más ineficiente como Bolivia, deben apuntar a tener programas más eficientes de gasto e inversión estatal.

Bolivia se ha caracterizado por un aumento sustancial de la participación del sector público en la economía desde 2006, la cual se inició con la tercera nacionalización del sector hidrocarburos y continuó con otros sectores privatizados en la década de los años noventa. Desafortunadamente, el aumento de la participación estatal ha sido acompañado por mayor ineficiencia, como se infiere del reporte del BID.

Consideramos que este criterio debe ser también aplicado a las políticas públicas en general, puesto que deben centrarse en generar las condiciones para mayor crecimiento, inversión y empleo, en un marco estratégico de integración externa.

Por ejemplo, en el ámbito interno las condiciones del mercado laboral continúan siendo desfavorables para la creación de empleo digno. De hecho, Bolivia tiene el tercer salario más alto en relación con la productividad laboral según un estudio previo también del BID.

Una política desacertada que agrava esta situación es la aplicación de un bono adicional conocido como Segundo Aguinaldo, en virtud de que la economía creció más de 4,5%, lo cual gatilla el pago de este beneficio.

Tal como expusimos en una edición previa, esta medida es desacertada porque no toma en cuenta la diversidad sectorial de las empresas, relaciona erróneamente una variable nominal (remuneraciones) con una real (crecimiento de la producción), crea tensiones en el flujo de caja de varias empresas.

Consideramos que tal política, ya confirmada por el presidente Morales, tendrá efectos negativos en el mercado laboral, por cuanto significará el aumento del costo laboral en más de 8%, dará las señales para que la informalidad laboral siga siendo alta (alrededor de 70%), implicará mayor vulnerabilidad al sector público puesto que su erogación implicará casi un punto porcentual del PIB, cuando el déficit presupuestado está en 8,3% del PIB.

En el ámbito externo, las políticas deben replantearse. Después de un fallo negativo en la Haya respecto al diálogo con Chile para el acceso con soberanía al Océano Pacífico, la política pública debe ser lo suficientemente pragmática como para generar ganancias del comercio exterior, pero apegada a los valores como para crear los consensos adecuados en la sociedad.

En ese sentido, se deben ver vía alternativas de integración marítima por el Atlántico y también el Pacífico, siempre que éstas puedan resultar en ganancias de competitividad respecto a las vías tradicionales por Chile.

La calificadora internacional Fitch Ratings mantuvo la nota de la deuda uruguaya en moneda extranjera en BBB (la mejor calificación dentro del grado inversor) esto es el primer escalón dentro del grado inversor, pero la perspectiva paso de estable a negativa.
Las calificaciones de Uruguay están respaldadas por las características estructurales en términos de desarrollo social e institucional, un balance externo saludable y un perfil de vencimiento de la deuda pública favorable. Estos determinantes se matizan con un débil cumplimiento de los objetivos fiscales y de inflación, que pesan sobre la credibilidad de las políticas, la deuda pública relativamente elevada y dolarizada, y la rigidez del alto presupuesto.
La calificadora destacó el “repunte” del PIB, que creció al 2,7% en 2017, aunque lo analizó como una “recuperación desigual”. Este ritmo de crecimiento está “algo por debajo de los pares de BBB pero reflejando la continua resistencia al volátil y lento crecimiento regional”.
También considero en su calificación la caída que se viene registrando en la inversión tanto pública como privada y los problemas de competitividad que registra el país, consecuencia el alto costo del Estado, la carga tributaria, las rigideces del mercado laboral, las deficiencias de la infraestructura y un peso fuerte.
En relación al déficit fiscal, la principal preocupación macroeconómica del gobierno, Fitch proyecta “una mejora” esperando que baje a 3,4% del PIB a fines del 2018 —en los 12 meses a marzo se ubicó en 3,5% del PIB—. Sin embargo, no espera que se alcance el objetivo oficial de reducir el déficit a 2,5% del PIB en 2019.
Los factores de riesgo identificados que podrían desencadenar una calificación negativa de Uruguay a futuro, son un aumento más rápido de la tendencia en la carga de la deuda pública, un deterioro en las perspectivas de crecimiento y una erosión de los amortiguadores de liquidez externos.
Conclusión: la primera luz amarilla que recibe la economía reafirma que el desequilibrio fiscal existente determinará la necesidad de un ajuste fiscal para el próximo gobierno. En este mandato no se efectivizará pues se está a un año de las elecciones y los costos políticos de un ajuste serán muy altos.

A primeira etapa da corrida eleitoral em 2018 trouxe importantes elementos para análise do quadro político prospectivo, seja no plano eleitoral, seja na construção da agenda do novo governo. A ansiedade em torno do resultado mostrou-se verdadeira. Os desempenhos foram distintos daqueles apresentados em uma série de pleitos, sinalizando a competitividade eleitoral. Uma vez mais, uma parcela do eleitorado brasileiro definiu seu voto às vésperas do pleito. O resultado da eleição presidencial mostrou que, de fato, a manifestação do eleitorado, em linhas gerais, reflete o desempenho da classe política no governo. Assim, a combinação da crise econômica, desdobramento político da operação Lava Jato e sensação de insegurança provocou mudanças no quadro político.
Em linhas gerais, a “voz das urnas” autoriza um quadro de reconstrução da governabilidade. A fragmentação política e a reconstrução do sistema partidário brasileiro, contudo, limitam o poder de agenda do novo presidente. Mais uma vez, a capacidade de coordenação da coalizão é a variável-chave para o destino das reformas.
O primeiro ponto positivo para a agenda de reformas: Governar bem gera dividendos eleitorais. Nem Dilma, nem Temer foram vistos pelo eleitor de forma favorável. Apesar da agenda econômica positiva do governo Temer não houve tempo hábil para resultar em crescimento econômico mais expressivo. “Governar bem” no próximo mandato passa pelo restabelecimento do crescimento. E não há retomada do crescimento sem reformas.
A aprovação da reforma da Previdência em eventual administração Bolsonaro segue viável. Há uma janela de oportunidade no início do mandato, quando deve haver uma euforia com a derrota do PT.
De todo modo, há um conjunto relevante de incertezas no radar. O núcleo econômico e político manifesta sinais inconsistentes com relação a pontos importantes da agenda econômica, incluindo temas relativos ao crescimento dos gastos públicos. Os conflitos entre Bolsonaro, seu vice e o principal assessor econômico, Paulo Guedes, ainda são significativos.
Além disso, há os dilemas de gestão de uma coalizão multipartidária. Maioria deve ser formada, o desafio, entretanto, é conseguir coesão no longo prazo para aprovar uma agenda difícil no plano político. Partilhar poder, minimizar os conflitos internos e priorizar agenda são ações essenciais para o funcionamento do presidencialismo de coalizão. As pesquisas eleitorais de segundo turno confirmam o favoritismo do candidato do PSL. A governabilidade, contudo, não é uma decorrência natural da euforia de curto prazo.

 

Al mes de agosto, la aprobación presidencial alcanzó un 46%, mientras que su desaprobación se redujo a 42%. Por otro lado, la lideresa de oposición redujo su aprobación a 11% y su desaprobación alcanzó un 88%. Asimismo, la aprobación del Congreso de la República se mantuvo baja (7%) y su desaprobación siguió en aumento (87%).

Existe un fuerte apoyo popular al referéndum propuesto por el ejecutivo en los tres temas: no reelección de congresistas, financiamiento y bicameralidad. Sin embargo, prevalece un mayor desconocimiento de la población sobre este último.

La alta desafección política debido a los recientes casos de corrupción de políticos, jueces y fiscales se podría plasmar en un escenario de segundas vueltas en las próximas elecciones subnacionales. Esto retrasaría la implementación de la inversión pública y el proceso de reconstrucción en marcha.

Algunos candidatos a gobernadores regionales tienen un discurso abiertamente de anti minería como son los casos de Cajamarca y Puno. Su elección en los próximos comicios tendría un impacto negativo en la inversión. Por otro lado, muchos candidatos a los gobiernos regionales no presentan un discurso de este tipo; sin embargo, podrían adoptarlo si les conviene políticamente.

Situación económica: ¿Círculo virtuoso de crecimiento?

Luego de un dinámico crecimiento de la economía peruana en los dos primeros trimestres del año con crecimiento de 3.1% y 5.4% respectivamente, se espera que en el tercer trimestre la actividad económica se desacelere (2.5%). El menor dinamismo de la economía estaría explicado por la menor producción minera.

Pese a lo anterior, la economía se volvería a dinamizar en el cuarto trimestre (4.2%) por una esperada recuperación del precio del cobre, el inicio de la segunda temporada de pesca y una mayor inversión pública.

Si bien el tipo de cambio incrementó su valor tras la crisis de los países emergentes y la guerra comercial, este aumento ha sido menor (2.4% en lo que va del año).

La profunda crisis económica en Venezuela ha provocado una migración sin precedentes en ese país y, en general, en toda la región en un periodo muy corto. Esta situación traería como consecuencia la reducción de los salarios en el sector informal, el que representa más del 60% de la PEA. En efecto, los datos de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) en Lima Metropolitana muestran que el ingreso de los trabajadores de microempresas o independientes ha caído por primera vez desde 2006 lo cual pudo ser parcialmente provocado por el aumento en el corto plazo de la mano de obra.

Es urgente que el gobierno tome medidas para “acomodar” la entrada, suavice sus efectos iniciales y logre una gestión “inteligente” de la migración. En general las medidas deberían apuntar a la flexibilización de requisitos legales y tributarios.

 

Finamente el Uruguay aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile con los votos de todos los partidos políticos.

El Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países fue suscrito en octubre de 2016 por parte de los presidentes Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet, pero requería la ratificación parlamentaria para que entre en vigencia

El TLC establece distintos acuerdos ante la Organización Mundial del Comercio: antidumping, valoración aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, subvenciones y medidas compensatorias, salvaguardias, propiedad intelectual, y comercios y servicios referidos a las telecomunicaciones.

El Tratado permite la facilitación del comercio referente a los procedimientos aduaneros, publicación y oportunidad para formular observaciones, ventanillas únicas de comercio exterior, etc. También se incluye la promoción de la difusión de información amigable para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

En 2017 se exportaron a Chile US$ 116 millones y se importaron US$ 118 millones. Los principales bienes exportados fueron la carne bovina que representó US$ 30,4 millones, los productos farmacéuticos por US$ 20 millones y los concentrados de bebidas por US$ 12,3 millones.

Los principales productos importados fueron plásticos, papel, cartón y cítricos. Entre 2006 y 2016, las importaciones de servicios experimentaron un incremento promedio anual de 4,1% lo que implicó una variación mayor a la que tuvieron las exportaciones de 2%.

En el mismo período, el saldo comercial de servicios mostró un resultado negativo, con importaciones que fueron en promedio 24% mayores que las exportaciones. Al ser Chile un demandante relevante de servicios se entiende que este mercado resulta “sumamente interesante” para los servicios profesionales uruguayos.

A pesar de la potencialidad de incrementar la exportación de servicios, el acuerdo produciría un aumento estimado total de bienes y servicios de US$ 15 millones anuales.

En el anexo de reservas, Uruguay incluyó las siguientes actividades: servicios de distribución de combustibles o relacionados con la agricultura y minería, juegos de azar, artes e industrias culturales y entretenimiento, entre otros.

A esto se agregan: “las medidas que afecten a los sectores sociales o económicamente en desventaja” y el intercambio comercial con países limítrofes. Asimismo, el acuerdo comercial reserva los sectores identificados como “sensibles” a los efectos de que el país pueda en el futuro adoptar medidas discriminatorias.

Conclusión: El TLC con Chile genera oportunidades comerciales concretas en sectores de gran dinamismo en la economía local como los servicios no tradicionales, y en especial, el software. Se exceptúan del acuerdo dos sectores muy sensibles para ambos países, el de las telecomunicaciones y el de los servicios financieros.

El TLC es un acuerdo moderno que incluye capítulos nunca antes negociados por nuestro país, y representa una señal de rumbo en la dirección correcta. Sin embargo, es necesario continuar con otros TLC con países demandantes de nuestros productos como China, Corea del Sur, Reino Unido, e incluso EE.UU.

Al cierre del mes de agosto de 2018, la economía mexicana presentó señales que apuntan a un escenario de crecimiento moderado al cierre del presente año y una tendencia alcista de la inflación. Este repunte inflacionario implicará un retraso para alcanzar el objetivo inflacionario de 3% (+/- 1%) hasta el primer trimestre de 2019. Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento económico anual aumentó respecto del mismo trimestre del año anterior en 1.6 por ciento. La paridad cambiaria continúa su tendencia de apreciación moderada, principalmente con respecto a los niveles observados en el mes previo de las elecciones presidenciales, para posicionarse con un promedio 18.85 pesos por dólares en el mes de agosto. En la arena comercial, el 27 de agosto se anunció un entendimiento en principio entre México y Estados Unidos con lo que se habría cerrado el ciclo de negociaciones entre estos dos países para alcanzar un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a falta de que Canadá y Estados Unidos también formalicen este entendimiento. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® mantiene su estimación de crecimiento de la economía nacional de 2.3% con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.5 por ciento.

A finales de agosto, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en principio con miras a cerrar la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque falta Canadá por lo que persiste la incertidumbre. Este entendimiento brindará cierta estabilidad internacional en el corto plazo en cuanto a las expectativas de la economía mexicana, principalmente en su capacidad de ejecutar proyectos de inversión previamente pactados. Sin embargo, con la información que ha trascendido en los medios de comunicación, el resultado de la negociación para sectores industriales clave en México significará un escenario de retos importantes, concentrados en el aumento de la competitividad laboral, adopción de tecnologías propias de la Industria 4.0, diversificación de mercados geográficos y productos comerciables de alto valor agregado.

En principio, el nuevo TLCAN tendrá una vigencia inicial de 16 años y, entre las adecuaciones más relevantes, estaría la imposición de un tope a las exportaciones mexicanas a ese país de 2.4 millones de automóviles y 90 mil millones de dólares en valor de autopartes, además de haber incrementado las reglas de origen en América del Norte para el sector automotriz a un 75%. Estas medidas requieren de acciones para la diversificación de las exportaciones mexicanas, además de la necesidad de transitar a un escenario donde se incremente el valor agregado de dichas exportaciones.

El tipo de cambio reaccionó ante la noticia de un acuerdo en principio entre México y Estados Unidos con una ligera apreciación de la moneda en los días siguientes al anuncio. Esta tendencia reforzó la persistencia en la apreciación del peso frente al dólar, ya que el tipo de cambio promedio durante el mes de agosto fue de 18.85 pesos, lo que representó un avance en la cotización promedio del peso de 0.8% respecto al mes de julio.

En el terreno doméstico, la inflación anual para agosto de 2018 fue de 4.9%, mientras que la inflación mensual tuvo un crecimiento de 0.58% con respecto al mes de julio. Los mayores productos que registraron incremento fuero los alimentos –cebolla, limón y jitomate-; mientras que el transporte aéreo, tomate verde y uva fueron los que registraron las mayores caídas.

La actividad industrial en el mes de julio registró un incremento de 0.2% mensual, medido por el Índice de actividad industrial, lo que resultó en un comportamiento superior al esperado por los analistas, quienes pronosticaban una caída en este índice para este mes. Al interior del indicador observamos que la actividad que registró mayor crecimiento con respecto al mes anterior fue Construcción (1.4% mensual), mientras que la Industria manufacturera continúa estancada con un crecimiento mensual de 0%. La actividad de Minería fue la única dentro del índice que registró un retroceso, con (-)1.1% mensual. Por otra parte, la productividad laboral en actividades industriales creció 0.6% en el segundo trimestre de 2018, en comparación con el primer trimestre del año. Asimismo, la productividad laboral total de la economía mexicana se incrementó en un 0.2% trimestral y 1.2% anual.

Consultores Internacionales, S.C. ®, mantiene su proyección puntual de crecimiento económico en 2018 en 2.3%, que resulta consistente con la disminución en la estimación de Banco de México en su rango de escenarios de 2-3% a 2-2.6% en el reporte correspondiente al segundo trimestre del año. Adicionalmente, habrá que prestar atención a la resolución de proyectos de inversión e implementación de políticas económicas del nuevo gobierno, que entrará en funciones el 1° de diciembre de 2018 y tiene una agenda que comprende la implementación de grandes inversiones en infraestructura energética tradicional, trenes y programas de apoyo social a jóvenes desempleados, como la cancelación de otras obras icónicas para el País.

Durante el mes de agosto, el mercado venezolano estuvo marcado por una vorágine de medidas dirigidas a “corregir” desequilibrios en varias dimensiones de la economía nacional. Dentro de este conjunto de acciones, destacó la implementación de una batería de reformas fiscales para hacer frente al fuerte déficit bajo el cual subyace la economía venezolana desde hace algunos años. Otras medidas consideradas fueron los ajustes al alza en el precio doméstico de la gasolina y en las tarifas al transporte público también fueron elevadas.

Pero quizás las medidas sobre las que se crearon mayores expectativas, sobretodo dentro del sector privado, fueron el agresivo cambio en materia salarial y la fijación de un nuevo control de precios sobre algunos bienes prioritarios, esta vez definidos de maneja conjunta con parte del empresariado local. Luego de vincular el valor del nuevo Bolívar Soberano (VES) a la criptomoneda “Petro” a una tasa 1 “Petro”: 3.600 VES, el Gobierno Nacional decretó la indexación de estos precios y salarios a tal paridad. Ello supuso una nueva exposición de los pasivos laborales a las fluctuaciones del tipo de cambio oficial, definido según las paridades “Petro”/VES y “Petro”/USD (fijado éste según el precio por barril del petróleo local). Como aliciente de corto plazo, el Gobierno acompañó la medida con una suerte de subsidio laboral, asumiendo el diferencial ocasionado por el nuevo ajuste por los próximos tres meses, bajo un mecanismo intensivo en confusión. Todo ello, en medio del ya discutido proceso de reconversión cambiaria, en el que el cono monetario previo (VEF) fue sustituido por el nuevo Bolívar Soberano a razón de 1 VES: 100.000 VEF.

La respuesta en materia de precios no se hizo esperar. Para el mes de agosto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 209,8%. Ello significó que, en promedio, los precios se triplicaron respecto a las tarifas fijadas en promedio durante julio. Solo en la tercera semana del mes, justo en el inicio de la reconversión monetaria y de los anuncios salariales, la tasa de inflación se ubicó en 54,4%, en un lapso donde la incertidumbre de los agentes privados sobre las nuevas reglas del mercado laboral fue máxima.

En Ecoanalítica, asumimos que, al menos en el corto plazo, la postura de la política económica del actual gobierno no será nada diferente a lo mostrado hasta ahora. En tal sentido, el financiamiento monetario seguirá figurando como el medio predilecto para mitigar la brecha fiscal. Ello se verá exacerbado, por un lado, frente a las restricciones al apalancamiento externo. Los hechos estilizados más recientes revelan que el diferencial EMBI sobre la deuda venezolana se ubicó en el último mes en 5.807 puntos básicos, lo que representa 10 veces la prima promedio aplicada para la región latinoamericana. Por otro lado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ubica en agosto la caída diaria de la producción petrolera local (Pdvsa) en niveles cercanos a los 37 kb/d (por fuentes secundarias). Con ello, esta producción podría ubicarse al cierre de 2018 en 1,1 mb/d. Tomando en cuenta los múltiples compromisos bilaterales de la República, para el cierre del año el estado solo contaría con apenas un 37,7% de tales niveles para generar recursos en divisas.

Asumiendo que el financiamiento monetario al fisco seguirá, la poca credibilidad de las autoridades locales y la consecuente pérdida de confianza en el bolívar no hará más que continuar. En Ecoanalítica, consideramos que tal mecanismo tendrá su máxima expresión en el fuerte incremento de los agregados monetarios y en los precios internos. Sin considerar factores estacionales propios de la última parte del año, estimamos que la liquidez monetaria podría crecer en promedio 87,1% en los últimos meses, llevando al agregado a crecer a tasas anuales superiores al 55.000% al cierre de 2018. Solo en el mes de diciembre, el crecimiento mensual del dinero alcanzaría una cifra record de 102%. Tal resultado no parece imprevisto, incluso para el Gobierno. Ello luego de anunciarse nuevos requerimientos de encaje legal (bajo una figura similar al tradicional encaje marginal) que desincentivaría la creación secundaria de dinero. No obstante, en la firma hemos previsto que, mientras los depósitos continúen mostrando tasas de variación cercanas al promedio de lo visto en 2018, los efectos de tales medidas tenderán a cero. Ello ocurriría si es que los bancos, frente al contexto hiperinflacionario, busquen rentabilizar los nuevos excesos con rapidez, recomponiendo su balance hacia créditos o inversiones menos ilíquidas.

Nuestras nuevas proyecciones en torno al crecimiento de los precios son aún menos alentadoras. Los primeros resultados dan cuenta de una aceleración en el crecimiento de los precios en el último trimestre del 2018, los cuales estimamos que mostrarían una variación entre meses cercana al 215,6%. Con ello, la inflación doméstica en términos anuales seguirá su perverso patrón de mantener un registro de siete cifras en términos anuales. Específicamente, estaríamos hablando de un ritmo de variación aproximado de 4.800.000% al cierre del año 2018.

Las presiones sobre la ya debilitada moneda nacional también impactarían en su paridad respecto al dólar. Además de la fuerte hiperinflación, los crecientes incentivos al arbitraje cambiario frente a los pocos ajustes en el tipo de cambio oficial jugarán un rol destacado en la dinámica del mercado no oficial, siendo esto una muestra más de la poca disposición del gobierno por reconocer al menos la aguda escasez de divisas. En tal sentido, estimamos que la moneda local pudiese mostrar una depreciación anual no oficial cerca al 710.000% para el cierre del año.

Al cierre de este reporte, las autoridades locales dieron a conocer el nuevo Convenio Cambiario Nacional, en donde se dictan las reglas de juegos sobre las operaciones cambiarias del país. Tras una larga espera, los principales aspectos englobados en dicho acuerdo no plantean necesariamente una mayor flexibilización de las transacciones locales en dólares. Aun cuando se autoriza la fijación de contratos en divisas (bajo mutuo acuerdo de partes), las transacciones del sector público (incluido el segmento petrolero) y el 20% de las exportaciones privadas quedarán sujetas al tipo de cambio “negociado” bajos subastas (devaluado en promedio solo 0,6% dentro de las nueve operaciones ejecutadas hasta ahora). Asimismo, el banco central (BCV) se reserva el derecho de fijar límites al volumen de transacciones a negociarse en tales subastas.

Aún con los malos resultados, el Gobierno parece contar todavía con la suerte asiática. En los últimos días, se habla de un nuevo acuerdo entre China y el Gobierno venezolano que involucraría un nuevo financiamiento por el orden de los USD 5.000 MM, con una definición ex ante de un período de gracia de 6 meses. A pesar de que la operación puede contribuir con el actual Gobierno en sus intentos por reducir el fuerte vacío de divisas esperado para lo que resta del año, los mismo lucen insuficientes para mitigar por completo el fuerte déficit fiscal, el cual ya ronda niveles cercanos a los USD 14.000 MM.

El 21 de agosto el Presidente Lenín Moreno anunció un nuevo paquete de medidas económicas (el tercer anuncio de este tipo en algo más de un año de gestión), entre las cuales hay varias enfocadas en reducir el gasto del sector público. Por ejemplo, se decidió suprimir o fusionar ministerios, empresas públicas, embajadas y otras instituciones estatales. También se anunciaron algunas medidas simbólicas, como reducir la seguridad de los ministros o vender una parte de la flota estatal de autos. Si bien estas medidas van en la dirección correcta, creemos que el recorte del gasto corriente (que ha seguido creciendo en lo que va del año) debe ser más pronunciado. También se anunciaron medidas de fomento productivo (créditos a través de la banca pública) y otras dirigidas a los segmentos más vulnerables (mayor cobertura del Bono de Desarrollo Humano, una transferencia directa a los hogares más pobres). Pero la medida que más repercusión generó fue la decisión de aumentar el precio de la gasolina Súper (premium), a US$2,98 por galón, lo que implica un alza de entre 30% y 40%, según el precio que haya estado vigente en cada estación de servicio.

Cabe mencionar que el mismo Gobierno había abierto el debate sobre los subsidios a los combustibles (diésel, gas y gasolinas), que anualmente le cuestan al Estado alrededor de US$3.000 millones, monto que en su mayor parte lo terminan recibiendo los hogares de ingresos medios y altos. En realidad, se pensaba que el Gobierno también iba a eliminar el subsidio a la gasolina regular y dejar intocado el precio del diésel y el gas (el primero porque es el combustible más usado para el transporte de cargas y pasajeros y el segundo por el impacto social y político que tendría un alza en su precio), pero finalmente optó por aumentar sólo el precio de la premium. Creemos que no es una decisión adecuada, ya que ahora esa gasolina cuesta el doble que la regular, por lo que es esperable que algunos usuarios opten por sustituir la primera por la segunda. Dependiendo de cuántos usuarios se pasen a la regular (que incluso antes del alza de la premium ya recibía un subsidio mayor por galón), el impacto fiscal de la medida puede ser mínimo o incluso nulo. Sin embargo, el Gobierno ha convocado a un “diálogo nacional” para debatir el tema de los subsidios y el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que la decisión oficial es focalizarlos y que el proceso de diálogo sólo definirá cómo hacerlo.

Lo cierto es que, pese a que la gasolina premium es utilizada principalmente en vehículos nuevos o de alta gama, asociaciones sindicales e indígenas rechazaron el incremento en su precio. En ese contexto, con un gobierno que parece priorizar el costo político de sus decisiones, es difícil esperar una revisión integral de los subsidios. Por lo pronto, se ha adelantado que también se reducirá el subsidio al diésel que utilizan los sectores camaronero y pesquero, lo que ha generado el rechazo de los empresarios de esos sectores por el impacto que esa medida tendría sobre su competitividad. En todo caso, el Gobierno enfrenta una estrechez fiscal que se evidencia en la última operación de financiamiento: recibió US$500 millones de Goldman Sachs a cuatro años y una tasa cercana al 7% anual y con un colateral en bonos soberanos por US$1.200 millones.