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La proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2019 fue enviada a la Asamblea el 31 de octubre y debe ser discutida y aprobada en el transcurso del mes de noviembre. No obstante, el contenido de la proforma presenta varias inconsistencias, pese a que existen recortes que apuntan en la dirección correcta. Además, existen supuestos que resultan demasiado optimistas, sobre todo en variables clave para el PGE como el precio proyectado del petróleo para 2019.

En primer lugar, la proforma para 2019 no toma en cuenta la ejecución del gasto en 2018 y más bien se compara con el PGE codificado (es decir, el Presupuesto aprobado por la Asamblea, pero incorporando algunas modificaciones que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas), que muestra varias inconsistencias respecto al PGE realmente ejecutado. Por lo tanto, el Gobierno destaca supuestos recortes en el gasto que en realidad no se darían en 2019. En el caso de los bienes y servicios de consumo, por ejemplo, el gobierno espera una reducción “significativa” de 14% al comparar la proforma 2019 con el Presupuesto codificado de 2018. Sin embargo, si se toman en cuenta las proyecciones de gasto del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), que basa sus estimaciones en el gasto realmente ejecutado hasta octubre de este año, en 2019 el gasto en bienes y servicios de consumo sería levemente mayor que el efectivamente ejecutado en 2018. Algo similar ocurre con el gasto de inversión que ejecuta directamente el Gobierno (es decir, excluyendo las transferencias de capital a los gobiernos seccionales) y que ha sido la variable de ajuste en 2018.

Incluso en la comparación con el PGE codificado la proforma ya contempla un aumento en el gasto total, en gran parte como consecuencia del restablecimiento del aporte al fondo de pensiones de la seguridad social que en 2019 sería, según los cálculos del Gobierno, de US$1.240 millones, es decir, más de 1% del PIB. En ese contexto, hubiera sido esperable un recorte mayor en otros componentes del gasto corrientes, principalmente sueldos y salarios, donde la caída en 2019 sería de apenas 0,7%.

Por otro lado, el gobierno espera que el PIB en 2019 alcance un crecimiento anual de 1,4% y en base a esa proyección, optimista en nuestra opinión, ha proyectado un aumento en los ingresos tributarios. Finalmente, los ingresos petroleros en 2019 también podrían ser menores a los contemplados en la Proforma, que se basa en un precio de referencia de US$58,3 por barril (mayor al observado en los últimos días) y en una producción de 565.000 barriles diarios, 9% mayor al volumen promedio observado en lo que va de 2018.

Si, como creemos, los ingresos tributarios y petroleros están sobrestimados, entonces el déficit y las necesidades de financiamiento calculados por el Gobierno estarían subestimados. En un contexto de difícil acceso a financiamiento externo, es posible que en 2019 el Gobierno se vea obligado a llevar a cabo un ajuste en el gasto mayor al que ahora quiere asumir.

En los últimos ocho años, Colombia ha tenido cinco reformas tributarias y es probable que para 2019 este número aumente a seis. La nueva reforma se presenta bajo el nombre de “Ley de financiamiento” y su justificación es la financiación del funcionamiento y programas sociales estratégicos del actual gobierno, mientras se logra reducir el déficit fiscal a niveles del 2.4% del PIB.

Como ha sido norma en los últimos años, el gasto del gobierno nacional central excede los ingresos del mismo y periódicamente se debe aumentar el recaudo vía aumento de impuestos, lo cual debe ser aprobado por el Congreso colombiano. Un instrumento efectivo en recaudo por tratarse de un tributo indirecto recolectado por las empresas es el impuesto al valor agregado (IVA) el cual es el centro del debate de todas las reformas tributarias y esta vez no es la excepción. Actualmente, el IVA tiene una tasa nominal del 19% y tiene ciertas excepciones que hacen que en algunos casos la tasa sea menor y  ciertos productos de la canasta familiar se encuentren excluidos del impuesto. La propuesta actual busca que la mayoría de los productos de la canasta familiar tengan una tasa del 19%. Lo anterior es claramente regresivo y es por ello que el gobierno ha propuesto un mecanismo de devolución del impuesto a los más pobres.

De esta propuesta surgen múltiples dudas. En primer lugar, ¿ese aumento en el precio al consumidor final de los productos de la canasta básica de los colombianos va a traer consigo una disminución importante en el consumo y en el crecimiento económico? En el año 2017, la reforma de ese momento, aumentó el IVA de un 16% a un 19% y algunos analistas argumentan que sus efectos contractivos en la economía colombiana fueron importantes (tasa de crecimiento de 1.8% siendo una de las más bajas del siglo XXI).

Por otra parte, sus efectos sobre la inflación no son despreciables y si bien es un choque en un solo periodo que no debería tener efectos permanentes en la inflación, si podría comprometer el cumplimiento de la meta de inflación en 2019. Si esto llegará a suceder junto con otros choques adversos como el fenómeno de El Niño, se podría observar un aumento significativo en la inflación. Además teniendo en cuenta que la Junta del Banco de la República usa su tasa de intervención como una medida antiinflacionaria podría esperarse una señal de incremento en las tasas de interés que dificultaría la recuperación de la economía colombiana.

La propuesta que presenta el gobierno entrará a ser debatida en el Congreso de la República, donde se pueden hacer modificaciones al texto inicial. Sin embargo, ya varios sectores políticos se han mostrado en desacuerdo con el cambio del IVA y se han propuesto manifestaciones ciudadanas en contra del mismo. De momento, es necesario esperar a la decisión del Congreso para estimar el monto de este efecto.

Con el IMACEC de septiembre se completó la información de actividad preliminar del tercer trimestre del año. Si bien el crecimiento se derrumbó desde 5,3% en el segundo cuarto hasta 2,9% en el tercero, hay varios argumentos que permiten pensar que, aunque se produjo una desaceleración importante, desde todo punto de vista, hay elementos en la información disponible que hacen pensar que no se trató de un derrumbe en el crecimiento con malos pronósticos para el resto del año y 2019, sino de una desaceleración parcial y dependiendo de cómo se mida. En efecto, si se considera, por una parte, que la base de comparación era bastante más exigente en el tercer trimestre de 2017 y, en segundo lugar, que hubo dos días hábiles menos en el trimestre respecto de igual período del año anterior, se atenúa un tanto el deterioro percibido. Si se compara el crecimiento del segundo y tercer trimestres con igual número de días hábiles, se obtienen cifras de 5% y 3%, respectivamente, para el segundo y tercer trimestres. Pero, además, si se considera la velocidad del crecimiento en ambos períodos, es decir, el crecimiento desestacionalizado y anualizado en el trimestre, se pasa de 2,8% a 1,6%, lo que muestra que la desaceleración se venía dando desde el segundo trimestre y que fue más fuerte en ese período que en el tercero. Por último, hay que tener presente que, durante el tercer trimestre, se produjo un profundo ajuste en el gasto fiscal que, de crecer 5,4% en el segundo cuarto, pasó a contraerse 3,7% en el tercero. Todo indica que el gasto público volverá a crecer en los tres meses finales del año, lo que debería contribuir a acelerar nuevamente el crecimiento, para terminar el año en torno a 4%.

No obstante, hay evidencia clara de que, aunque la inversión se está recuperando con bastante fuerza, el consumo presenta un panorama más deprimido, por la debilidad que se observa en el mercado del trabajo, de nuevo en parte explicada por el comportamiento del sector público. En definitiva, aunque las cosas no se ven fáciles, en un contexto internacional complicado, el futuro puede anticiparse con algún optimismo.

En el ámbito legislativo se está enfrentando un volumen de iniciativas significativos: la ley de presupuesto 2019 debe ser aprobada antes de que termine noviembre y, después, comenzará más en serio la discusión sobre la reforma tributaria presentada ya por el gobierno, la reforma previsional, que está por ingresar al Congreso y, se anuncia para antes de fin de mes, una reforma profunda a la salud, a la que seguiría, tal vez a comienzos de 2019, una reforma laboral y, tal vez, algunas más, que deberían aprobarse durante el próximo año. Si ello sucede, en un escenario en el que la oposición controla ambas cámaras, el gobierno habrá logrado dejar una marca importante para la posteridad. Es fundamental, también, que se aprueben iniciativas que permitan impulsar la capacidad de crecimiento de la economía de largo plazo, pero respecto de esto no se han producido anuncios muy relevantes. Cuál sea la capacidad de crecimiento de mediano plazo será fundamental para evaluar la capacidad del país de absorber las demandas sociales sin que ello se traduzca en un quiebre de la solvencia fiscal o en un incremento desmedido de la carga tributaria.

La inflación, por otro lado, sigue bajo control, situándose en 2,9% en los doce meses a octubre, mes en el que, además, el Banco Central, contra la opinión de los analistas y las expectativas del mercado, comenzó el proceso de normalización de la Tasa de Política Monetaria (TPM), la que subió a 2,75% después de haberse mantenido durante 17 meses en 2,5%. Si se tiene presente que la meta de inflación es 3% y que la TPM neutral es estimada entre 4% y 4,5%, es evidente que la política monetaria es expansiva y que la
tasa de interés debe elevarse en los próximos meses para converger hacia la
neutralidad y evitar un crecimiento insostenible y, sobre todo, un incumplimiento en la meta de inflación. Si bien la discusión sobre el momento adecuado para iniciar este proceso ha sido zanjada por el Banco Central, hay consenso en que la TPM tiene que subir, pero que este proceso se debe realizar de manera gradual, estimándose que llegará a 3,5%-4% a fines del próximo año, pero condicionado a la evolución del escenario externo.

Desde principios de noviembre de 2011 el tipo de del Boliviano (la moneda de curso legal) vis-a-vis el dólar estadunidense se mantuvo sin movimiento. En pequeñas economías abiertas con una importante relación comercial denominada en esta divisa, este precio es relevante por las implicaciones en el equilibrio externo. En Bolivia, las implicaciones se extienden hacia el mercado interno.

Después de un proceso hiperinflacionario en el que la moneda local perdía valor de manera continua, el dólar estadounidense asumió las funciones plenas de dinero: medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Una década después de haber logrado estabilizar la economía, los precios –inclusive de la canasta básica– se cotizaban paralelamente en dólares; el dólar era aceptado en el comercio minorista e incluso muchas empresas llevaban su contabilidad en dólares.

No fue sino hasta 2004 que las circunstancias externas que motivaron la apreciación del dólar, la “dolarización se revirtió” y, por ejemplo, el porcentaje de depósitos al público denominado en dólares estadounidenses disminuyó de 97% a menos del 30%. Esta reversión es actualmente un caso de estudio en círculos académicos.

El tipo de cambio es administrado por la autoridad monetaria con el cuidado correspondiente. Hacia finales de 2012 por ejemplo, el Ministerio de Hacienda emitió una norma que imponía un impuesto a la venta de moneda extranjera. Autorizó también al Banco Central vender dólares al público en general. El seguimiento de la autoridad monetaria permitió alertar sobre externalidades negativas en el mercado mayorista de divisas, así como los riesgos potenciales, de continuar con la medida. Semanas después, el impuesto fue eliminado.

En las últimas semanas, el Banco Central decidió eliminar la venta de dólares a través de sus ventanillas. Si bien la venta a través de estas ventanillas fue poco significativa y su eliminación, en otras circunstancias, hubiera pasado desapercibida por el mercado, el efecto fue todo lo contrario.

En un entorno de déficit fiscales elevados, desequilibrios externos –pues las reservas internacionales han disminuido 45% desde 2013 – la medida no ha pasado desapercibida. El Banco Central salió en varias oportunidades indicando que tiene un nivel elevado de reservas y que los indicadores de liquidez externa se mantienen en niveles apropiados.

Nuestro análisis indica que existe cierto margen para la continuidad de la estabilidad cambiaria dado que las reservas significan todavía más del 20% del PIB. Sin embargo, los ajustes monetarios y fiscales para corregir los desequilibrios fiscal y externo son inminentes en el mediano plazo, con el objetivo de preservar la combinación de estabilidad y crecimiento observada en los años recientes.

Os primeiros sinais da nova administração não autorizam um quadro animador para o destino das reformais estruturais. Os movimentos do presidente e dos seus principais interlocutores não sugerem respostas à altura dos dilemas com o Congresso.

O primeiro ponto refere-se à relativa timidez do novo governo em negociar uma coalizão legislativa em bases partidárias. Grosso modo, o DEM é o único partido que sinaliza um estreitamento com a nova administração. À primeira vista, a estratégia é construir apoio com base no capital político pessoal do presidente eleito, bem como na mobilização de apoio em torno da pauta conservadora.

Esse movimento está expresso na escolha dos nomes anunciados para alguns postos ministeriais. Em linhas gerais, os nomes escolhidos refletem a combinação de três atributos, nenhum dos quais contribuem positivamente para o gerenciamento do presidencialismo de coalizão: 1) “superministros” sem ligação com os partidos, 2) relacionamento com militares e 3) baixa experiência administrativa anterior.

A redução do número de pastas também deve impactar negativamente a construção de uma coalizão partidária com maioria para aprovar reformas constitucionais. A redução dos números de postos ministeriais reflete uma concentração de poder (orçamentário, de indicações partidárias), inibindo a força do “prêmio” que o governo irá oferecer ao seus aliados na aprovação de temas com custo político elevado.

Por outro lado, há dois elementos positivos no governo de transição. O primeiro deles se refere aos sinais de moderação diante da repercussão negativa em torno dos excessos e de eventuais exotismos na agenda governamental. É verdade que esse experimentalismo reflete a baixa experiência da nova elite governante, mas, ao menos, os mecanismos de alarme de incêndio parecem limitar o apetite da nova administração com pontos da agenda que expressam mais a versão candidato do novo presidente, do que passos positivos na luta pelas reformas.

A eventual permanência de nomes do atual governo na equipe econômica é outro sinal positivo para as reformas. Se confirmado, esse movimento deve minimizar os custos da transição em termos de agenda econômica. Um dos riscos centrais que o governo Bolsonaro deve evitar é não dar prioridade para a temática econômica.

O confronto entre aspectos positivos e negativos do governo eleito mantém a aprovação da reforma da Previdência no cenário básico. A variável política, uma vez mais, é que pode restringir o período de funcionalidade do presidencialismo de coalizão.

Tras analizar lo acontecido en la economía venezolana en este último  trimestre, y en el contexto de la aplicación del tan nombrado “Plan De Recuperación Económica” del Gobierno del presidente Maduro, tal parece que el mercado local se dirige inequívocamente a su primer año bajo un esquema hiperinflacionario. Con ello, las perspectivas sobre el futuro devenir de la economía venezolana lucen peor que pesimistas.

La economía local ya se encuentra expuesta a varios de los desequilibrios inherentes al fenómeno hiperinflacionario. Los precios locales acumulan un crecimiento mensual promedio de 121,8% durante los primeros tres trimestres de este año. La expansión de la base monetaria y los agregados amplios ya reportan variaciones mensuales superiores a 100%, aún con los retos de la actividad crediticia local. El tipo de cambio oficial solo ha variado en promedio 0,22% sin considerar la devaluación aplicada en el mes de agosto. Aún con la relativa apreciación cambiaria reciente, la prima sobre el tipo de cambio no oficial se mantiene. Si tomamos las correcciones fiscales y el “nuevo” esquema cambiario como los principales pilares del reciente plan económico, la gestión del presidente Maduro parece hacer poco (o lo contario) por mitigar tales desajustes.

Los nuevos resultados y el limitado alcance de las recientes medidas ameritaron una nueva actualización de nuestras estimaciones para lo que resta de 2018 y de las previsiones para el venidero 2019. El aniversario de la hiperinflación podría traer consigo una contracción cercana al 23,5% de la actividad económica nacional al cierre de 2018, impulsada por el recorte del consumo privado y público de 17,8% y 20,0%, respectivamente. Los menores incentivos a la inversión privada producto de los mayores precios (y de la reducida rentabilidad real) también ampliarían su caída anual a 41,8%. La mayor aceleración inflacionaria ubicaría el crecimiento anual de precios en 4.126.246.0%, es decir, 2,9 veces nuestra proyección previa.

Los agregados monetarios amplios (M2) cerrarían este año con un incremento año/año de 80.945,3%, mientras que el tipo de cambio no oficial reportaría una depreciación cercana a 99,97% con respecto al final del 2017. Ello ocurre frente a la contracción de los ingresos tributarios reales (a pesar de las recientes medidas) y el insuficiente ajuste a las erogaciones del fisco. Aun cuando el Gobierno ha tendido a reducir el crecimiento del gasto en 2018, el déficit fiscal aún cerraría el año en torno a 7,0% del PIB.

El deterioro macroeconómico se ve reforzado por nuestras previsiones sobre el mercado petrolero, en donde, aún con estabilidad del flujo de importaciones (beneficiados por los recursos extrapresupuestarios y el cese de pago de deuda), el mayor financiamiento de éstas con divisas del sector privado y el recorte de las exportaciones petroleras reduciría la posición en cuenta corriente y capital hasta USD 3.334 MM (de una proyección previa de USD 3.272 MM). El empleo también sufriría las consecuencias de este contexto, el cual se elevaría hasta 12,7% de la población activa.

¿Qué esperamos para 2019? Frente a lo anterior, en Ecoanalítica avizoramos un marco tan complejo como incierto. Un escenario surge de la reciente realidad en el ámbito fiscal y cambiario, en el que los ajustes de las presiones fiscales por la vía monetaria no harán más que aumentar. Tal supuesto se ve potenciado por la pugna de los grupos que hacen vida en el chavismo, en los que las dimensiones política y militar brindan escasos grados de libertad a la gestión de Maduro para asumir una posición más radical en materia fiscal
y cambiaría. Este entorno estaría marcado por un fuerte deterioro de la actividad petrolera nacional, el repudio a una fracción importante de la deuda externa y la recurrente pasividad de los hacedores de política en el ámbito cambiario.

Los principales resultados para 2019 hablarían de tasas de inflación mensual en unrango entre 252,4% y 342,4%, con una contracción de la actividad interna cercana al 26,2% y con un nuevo récord de inflación anual por INPC de aproximadamente 1.129.783.643,1%. Con ello, la producción nacional acumularía una contracción de 62,3% desde 2014. Se asume que los factores reales detrás de esta caída serían el recorte anual del consumo público hasta 24,0%, además de la disminución en la inversión pública en 45,1% y en las importaciones totales hasta 36,3%. Las presiones cambiarias frente a los menores recursos en divisas tendrían su máxima expresión en la volatilidad del tipo de cambio, en donde la paridad no oficial podría depreciarse al cierre
de ese año en 99,98%, con un diferencial de 9571,3% frente al tipo de cambio oficial.

En las últimas semanas el Perú ha sido testigo de una creciente confrontación y polarización en la política local; así como de acciones aparentemente dirigidas a provocar escándalo, con el probable propósito de crear confusión.

Como punto de partida hay que señalar que los acontecimientos que más sorprenden y llaman la atención tienen su origen en el enfrentamiento, que parece estar tomando fuerza, entre los que combaten la corrupción y los que se oponen a cualquier avance en su contra.

Hay que indicar, también, que la gran corrupción que corroe a las instituciones encargadas de administrar la justicia comenzó hace varias décadas, a mediados de los setenta, cuando empieza a florecer el narcotráfico. En este largo periodo, su penetración en la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y la política, ha sido tan alta que, en algunas de estas instituciones, se alcanzó una masa crítica dominante. Como resultado, protegen ahora diversas formas de delito organizado y han avanzado en la construcción de redes internas, así como externas, conectadas con algunas fuerzas políticas. Esto determina que, en estos casos, las discusiones sobre nombres de las autoridades que encabezan estas instituciones carezcan de relevancia, ya que se necesita reorganizar o refundar los entes.

Esta percepción se refuerza si se tiene en cuenta que cuando se reveló la red de corrupción que existía en el Brasil, conocida como Lava Jato, no hubo en nuestro país ninguna investigación que vinculara a las filiales de las empresas brasileñas con casos de corrupción en el Perú. Solo luego de denuncias en Brasil y Estados Unidos, que descubrieron sobornos de la empresa Odebrecht a autoridades peruanas, que provocaron el escándalo periodístico, se iniciaron investigaciones y acuerdos de colaboración con testigos. Sin embargo, hasta ahora, la acción de la fiscalía y el Poder Judicial se ha centrado en el financiamiento de esta empresa a las campañas electorales de algunos partidos políticos en 2011, lo que ha levantado más escándalos que han servido como cortinas de humo para ocultar el poco avance que se registra en el delito mayor: los sobornos de Odebrecht y sus socios nacionales a autoridades públicas, a todo nivel, para obtener contratos públicos.

Los intentos por vincular al Presidente de la República, Martín Vizcarra, con presuntas acusaciones de corrupción, y el encarcelamiento de Keiko Fujimori y miembros de su partido (que a todas luces parece una expresión adicional del abuso del derecho) por el caso de los cócteles (medio para canalizar supuestos aportes de Odebrecht a su campaña electoral), parecen continuar con los mismos artificios de crear escándalo y distraer la atención de la población sobre temas de fondo.

Las grabaciones legales de conversaciones de autoridades del Poder Judicial en la región Callao, que ponen al descubierto la extensión de su corrupción, y su relación con personajes políticos, han producido el segundo gran escándalo que conmovió al país, que puede estar ocasionando un cambio en el balance de fuerzas, hasta ahora a favor de los corruptos. El que no hayamos tenido ningún jefe de estado, juez o policía con la credibilidad y voluntad para liderar la lucha contra la corrupción, es una muestra del grado de penetración que esta ha alcanzado en nuestras instituciones.

Ha tenido que surgir un personaje como el Presidente Vizcarra, que por tener una trayectoria política alejada de Lima (el centro de la política nacional), no está manchado por acusaciones de corrupción creíbles, por lo que, al identificar oportunamente el sentir de la población, ha podido ponerse al frente de la cruzada con el apoyo cada vez más amplio de los peruanos. Sin embargo, las virtudes que lo llevan a calificar para asumir este trascendente rol son a la vez fuente de su debilidad principal: el Presidente Vizcarra
carece de bancada congresal y de equipo de gobierno propios, que son relevantes si se tiene en cuenta que entre sus enemigos políticos están, no solo las fuerzas de la oposición sino, sobre todo, las instituciones del Estado y los personajes que temen ser puestos al descubierto.

El gran activo con el que cuenta el Presidente es el creciente respaldo popular que está recibiendo, lo cual no es poco, si se tiene en cuenta que el rechazo de la población se está poniendo de manifiesto de diversas formas. La principal, hasta ahora, es el castigo que ha recibido Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori. En las elecciones regionales y municipales, Fuerza Popular obtuvo un número menor de autoridades electas en relación con las que manejaba, y Keiko Fujimori ha experimentado una caída estrepitosa en las encuestas, que la afecta severamente como candidata de fuerza para 2021. En consecuencia, el Presidente Vizcarra tiene un camino cuesta arriba con el equilibrio de fuerzas tornándose en su favor. El reto será, por supuesto, la forma en la
que va a utilizar esa acumulación de fortalezas y un posible resultado plebiscitario a su favor el 9 de diciembre, para relanzar el crecimiento y un buen manejo económico que funcione en los próximos 30 meses que le quedan de gobierno.

Al cierre del mes de septiembre de 2018, la economía mexicana presentó señales que apuntan a un escenario de crecimiento moderado y una tendencia alcista de la inflación. Este repunte inflacionario fue de 5.02% anual en el mes de septiembre e implica un retraso hasta el segundo trimestre de 2019 para alcanzar el objetivo inflacionario de 3% (+/-1%). Durante el segundo trimestre de 2018, el crecimiento económico anual fue de 1.6 por ciento. Sin embargo, en su último reporte de octubre el FMI recortó sus expectativas de crecimiento para 2018 hasta 2.2% desde el 2.5% que estimó en julio de este año. Adicionalmente, también recortó la estimación para 2019 a 2.5% desde el 2.7% que reportó en julio para el año 2019. La paridad cambiaria tuvo una depreciación moderada en comparación al mes previo para posicionarse con un promedio de 19.03 pesos por dólares en el mes de septiembre.

Existe incertidumbre en los sectores automotriz, logístico y químico-farmacéutico por las condiciones poco favorables de comercio planteadas por el nuevo acuerdo trilateral USMCA. En este contexto, Consultores Internacionales, S.C. ® reduce su estimación de crecimiento de la economía nacional de 2.1% con un margen de variabilidad de entre 2.0% y 2.2 por ciento.

El 30 de septiembre de 2018, Canadá alcanzó un acuerdo en principio con Estados Unidos en cuanto a un nuevo TLCAN. Con este entendimiento llegaron a su fin 13 meses de renegociación entre los tres países para dar lugar al AMEC (Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá o USMCA, por sus siglas en inglés), el cual se estima que será firmado antes del 1° de diciembre de 2018. Una vez firmado, el acuerdo pasará por la aprobación de cada uno de los congresos nacionales que podrán rechazarlo o aceptarlo, pero que no tienen la facultad de modificarlo en forma alguna. De pasar la aduana de cada uno de los congresos, el AMEC entraría en vigor en enero de 2020.

Los sectores automotriz, de medicamentos y de autotransporte de carga internacional (México-Estados Unidos) han sido identificados como aquellos que vieron un resultado poco favorable en la renegociación. Para lograr reposicionarse en la cadena global de valor, será necesaria una acción conjunta de actores públicos-privados con políticas industriales que logren adecuarse al nuevo contexto comercial mexicano. Por otra parte, el sector agroindustrial parece salir fortalecido de esta coyuntura, ya que no se aprobaron propuestas que amenazaban con su competitividad y dinámica de exportación, tal es el caso de la cláusula de estacionalidad, la cual pretendía topar las exportaciones de cultivos que estuvieran en temporada de cosecha en Estados Unidos.

El tipo de cambio reaccionó ante la noticia del AMEC con una ligera apreciación de la moneda en los días siguientes al anuncio. Sin embargo, las noticias que auguran una desaceleración económica internacional, fundadas en la contracción comercial y los conflictos entre Estados Unidos y China, han impulsado una depreciación del tipo de cambio promedio durante el mes de septiembre de 18 centavos para dejar la cotización en 19.03 peso-dólar. Por su parte, el comercio exterior registró en el mes agosto un incremento de 7.7% de las exportaciones mexicanas y un aumento de 6.4% en las importaciones.

En el terreno doméstico, el tema que representa el mayor riesgo es la aceleración de la inflación que se colocó en 5.02% anual para septiembre de 2018. Los productos que mayor impacto tuvieron en el alza de inflación mensual continúan siendo los energéticos, con el aumento en el Gas doméstico LP (incidencia mensual 0.115) y la gasolina de bajo octanaje (incidencia mensual de 0.80); mientras que los alimentos tuvieron fueron los que tuvieron una mayor participación a la baja en la inflación con la papa y otros tubérculos (-0.056 incidencia mensual) y la naranja (-0.552 incidencia mensual) en los primeros dos sitios. Finalmente, el avance intermensual de la inflación se colocó en 0.42% entre agosto y septiembre de 2018.

La actividad industrial mostró una a la desaceleración en el mes de agosto de 2017 al registrar una caída de (-) 0.5% en términos reales con respecto a julio del mismo año. Esta caída en la producción industrial fue causada por una disminución de en el sector de Construcción de (-)2.9% mensual y de la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos de (-)1.3%. Sin embargo, la Industrias Manufactureras rompieron, ligeramente, el crecimiento nulo del mes pasado con un avance de 0.2% durante agosto.

Debido al comportamiento alcista de la inflación, a las presiones comerciales internacionales y la caída en actividad industrial reportada en agosto, Consultores Internacionales, S.C. ® disminuye su proyección puntual de crecimiento económico en 2018 a 2.1%, que resulta consistente con la disminución de las estimaciones publicadas por Fondo Monetario Internacional de 2.2%. Adicionalmente, Consultores Internacionales, S.C. ® prevé un aumento de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de interés objetivo del Banco Central antes de que termine el año, lo que la dejaría en un nivel de 8.0% para inicios de 2019

En el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Estados Unidos. El Partido Republicano logró mantener la mayoría en el Senado. Sin embargo, perdió el control de la Casa de los Representantes (Cámara Baja). Por otra parte, habrá más estados con gobernadores demócratas al frente, aunque estos seguirán siendo minoría. Por lo tanto, a pesar de una economía pujante (proyección de crecimiento de 3,1% para este año según la FED), la “onda azul” mostró ayer que tiene todo lo necesario para dar pelea.

¿Qué significa para Estados Unidos?

 

A pesar de las expresiones victoriosas de Trump (‘Tremendous success tonight. Thank you to all!’), el resultado constituye un duro golpe para su gestión, dado que en la segunda mitad de su mandato deberá gobernar una nación más dividida y con menor apoyo político.

Concretamente, la pérdida de la mayoría en la Casa de los Representantes será un obstáculo en la agenda del Presidente, poniendo un freno a nuevas ruedas de disminución de impuestos, endurecimiento de la política migratoria o el desmantelamiento de Obamacare. Además, probablemente se impulsarán investigaciones referidas a su situación personal ante el fisco, o la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Sin embargo, un eventual juicio político no parece probable: los jueces de la Corte Suprema norteamericana se definen en la Cámara Alta, de modo que el Partido Republicano seguirá teniendo la llave.

Por último, y considerando estos comicios como una “evaluación de gestión a mitad de mandato”, podemos afirmar que Trump recibió una primera señal de advertencia de cara a su posible reelección en 2020.

 

¿Qué significa para Argentina?

 

Si bien Trump deberá enfrentar mayores obstáculos, este no será el caso de la política comercial. De esta forma, nada indica que los resultados electorales reduzcan la tensión entre China y Estados Unidos, por lo que la “guerra de aranceles” podría continuar. Paralelamente, Trump no tendría porqué levantar las sanciones impuestas sobre Irán y su producción de petróleo. Como resultado, ambos elementos seguirán impulsando los precios de la economía norteamericana, poniendo su tasa de inflación en valores en torno a los límites aceptables.

En este contexto, cabe esperar que la FED no modifique sustancialmente su política de alza de tasas, ya que la economía continuaría creciendo, el desempleo seguiría en niveles muy bajos y el aumento de precios se mantendría como una señal de recalentamiento. Como consecuencia, el Dólar seguiría experimentando presiones a la apreciación, por lo que el Peso argentino se vería afectado. Esto, sumado a los incrementos en el precio internacional del petróleo, serían una mala noticia para la inflación argentina, constituyendo una dificultad adicional para su reducción.

Más allá de que no vemos un impacto en la política de tasas, el esquema previamente programado de aumentos podría atenuar el crecimiento de la economía mundial y, consecuentemente, de la demanda de alimentos, por lo que los precios de los commodities agropecuarios (claves en las exportaciones argentinas) no experimentarían mayores avances.

Adicionalmente, tasas más altas sumarían a la dificultad de la Argentina para financiarse en el mercado privado, dinámica que se tornará necesaria a partir de 2020.

El Banco Central del Ecuador publicó a finales de septiembre los resultados de las cuentas nacionales con información hasta el segundo trimestre de este año. Este nuevo boletín, que también incluye notorias correcciones en los resultados de los trimestres previos, muestra una marcada desaceleración de la economía ecuatoriana. Según la institución oficial, en el segundo trimestre de 2018 el PIB registró un crecimiento interanual de 0,9%, muy por debajo del 1,6% reportado para el primer trimestre (antes el Banco Central estimaba que el crecimiento del primer trimestre había sido de 1,9%) y mucho más de las tasas cercanas al 3% de los últimos dos trimestres de 2017. De este modo, en la primera mitad del año la economía ecuatoriana creció 1,3% frente al primer semestre de 2017.

La desaceleración es consecuencia, principalmente, del ajuste que el Gobierno ha llevado a cabo en el gasto de inversión y que, junto con un aumento en los ingresos petroleros y en la recaudación de impuestos (aunque creemos que este último es transitorio) le ha permitido reducir el déficit del Presupuesto General del Estado de US$3.005 millones en los primeros nueve meses de 2017 a US$1.397 millones en igual período de 2018. Este recorte en el gasto de capital, que según las proyecciones oficiales se extenderá hasta 2019, no se ha visto compensado por un aumento de la inversión privada y, dada la pérdida de competitividad del Ecuador frente a sus vecinos y otros países con los que compite, no somos demasiado optimistas respecto a un gran repunte de la inversión privada en 2019, pese a los incentivos tributarios contemplados en la Ley de Fomento Productivo recientemente aprobada.

De hecho, creemos que el próximo año, cuando al recorte en el gasto de capital se debería sumar un ajuste en el gasto corriente, puntualmente en los sueldos y salarios del sector público, la economía ecuatoriana crecerá apenas 0,5%. Nuestras proyecciones son parecidas a las que el FMI acaba de dar a conocer en su último informe sobre la economía mundial. El organismo multilateral prevé que este año la economía ecuatoriana crecerá 1,1% y que el próximo la tasa bajará a 0,7%. El actual ministro de Economía y Finanzas también ha reconocido que en el corto plazo es probable que las tasas de crecimiento económico sean bajas.

A este escenario se suma una situación preocupante de las reservas internacionales del Banco Central, que mantienen la tendencia a la baja que muestran desde la caída del precio del petróleo a finales de 2014 y que sólo se recuperan cuando el gobierno consigue un nuevo crédito externo. En ese contexto, salvo que el precio del petróleo alcance nuevamente valores que permitan generar un flujo de divisas que recomponga las reservas, el gobierno debe concretar ya una nueva operación de financiamiento externo (al respecto, nuestra opinión es que el Ecuador debería negociar un acuerdo con el FMI que le permita asegurar un flujo suficiente de financiamiento para los próximos años y, a su vez, genere una suerte de presión para que el gobierno avance en las medidas correctivas que hacen falta). Otra opción, menos probable dado el perfil pro-mercado del equipo económico, es algún tipo de medidas para tratar de contener las importaciones.