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Terminó el año 2018 y la evaluación de los resultados de la gestión del presidente Piñera, en el primer año de su segundo gobierno, es positiva, aunque no ha estado exenta de dificultades en lo político. La economía creció a una tasa de 4%, más que duplicando el registro de 2017 (1,5%) y el promedio de los cuatro años anteriores (1,7%). La inflación se mantuvo bajo control (2,6%), situándose algo por debajo de la meta del Banco Central (3%) por tercer año consecutivo. El desempleo subió levemente de 6,7% a 6,9%, con un escaso dinamismo del empleo, pero hay dudas significativas, planteadas por el Banco Central, respecto de la validez de estas cifras, obsoletas por estar ancladas en el censo de 2002 y la significativa llegada de inmigrantes recientemente. Las cuentas externas se mantienen sólidas, con una recuperación importante de las exportaciones, aunque el superávit comercial se redujo y creció el déficit de cuenta corriente. El tipo de cambio, que experimentó una marcada volatilidad durante el año, bajó 1,2% en promedio y el déficit fiscal se redujo.

Las perspectivas para el año que se inicia apuntan, en lo esencial, a la mantención de resultados similares a los de 2018. Que estos resultados se concreten o no dependerá, en parte, de la evolución del escenario internacional y los diversos conflictos geopolíticos y económicos ampliamente conocidos, pero de manera fundamental de los acontecimientos internos. En particular, si la recuperación de la inversión se consolida y mejoran las condiciones en el mercado del trabajo, permitiendo un fortalecimiento del consumo, será posible mantener tasas de crecimiento similares a la alcanzada el año pasado, bajar el desempleo y el déficit fiscal y mantener la inflación aunque, probablemente, con un déficit de cuenta corriente algo más elevado.

Que lo anterior sea posible depende mucho de factores políticos. El año pasado fue muy complicado por los problemas en el ejército (desfalco) y carabineros (desfalco, presentación de evidencias falsas y asesinato de un comunero mapuche) que forzaron al gobierno a despedir a la mayor parte del alto mando de ambas instituciones y a asumir un importante costo político. Problemas de responsabilidad del gobierno, por otro lado, forzaron a un prematuro ajuste en el gabinete y un muy lento avance en las propuestas de reforma, que se ha traducido en un deterioro de las expectativas, que suponían una mayor capacidad de ejecución por parte de las autoridades.

Este año debe definirse la reforma tributaria, enviada hace varios meses al Congreso, que enfrenta un complicado camino para su aprobación. Próximamente debe enviarse el proyecto de reforma previsional, cuyos elementos centrales ya han sido anunciados y son considerados insuficientes por diversas razones. El aumento en la tasa de cotización de 10% a 14% es insuficiente y deberá elevarse nuevamente en el futuro. La mejora en el pilar solidario es considerada como pobre por la oposición y no tiene financiamiento claro (el crecimiento dice el gobierno), la edad de jubilación se mantiene, aunque es solo referencial y se obliga a cotizar a los independientes. Menos se sabe de la propuesta de reforma de la salud, de la que se han esbozado algunos lineamientos, y de la reforma laboral, que pretende mejorar algunos de los defectos de aquella aprobada a fines del gobierno anterior y enfrentar algunos de los desafíos para el mercado del trabajo que presenta el cambio tecnológico.

Como se puede ver, se trata de una agenda muy ambiciosa y para la que existe un horizonte muy corto para su aprobación, esencialmente sólo este año. En 2020 el país ingresa en modo electoral, ya que deben realizarse las elecciones municipales y las primeras de gobernadores regionales, en lo que comienza un proceso de entrega gradual de autonomía a las regiones de Chile, descentralizando el ejercicio del poder, hoy firmemente concentrado en Santiago. En 2021, por otro lado, corresponde la realización de las elecciones presidenciales y parlamentarias, que concluyen con el cambio de gobierno en marzo de 2022. Todo esto puede parecer muy lejano, pero define decisivamente los tiempos políticos desde ahora y la capacidad del gobierno de ejecutar su programa.

Según nuestras estimaciones, Bolivia habría crecido a lo sumo 4,5% el año 2018. Este desempeño habría sido motivado por un dinamismo promedio de 4% en la mayoría de los sectores. La excepción habría sido la agricultura que habría crecido por encima del promedio por la recuperación respecto a 2017, así como la implementación de la producción de bioetanol. De igual forma, los sectores de hidrocarburos y minería mostraron un desempeño moderado, pero que es mejor que el de 2017.

2019 estará marcado por la incertidumbre electoral, puesto que a fines del presente año habrá elecciones para presidente. Durante los meses pasados, la discusión se ha concentrado en torno a la legalidad y legitimidad de la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García-Linera. En febrero de 2016 un referéndum rechazó esta posibilidad, pero a fines de 2017 el Tribunal constitucional indicó que esto iba en contra del derecho a ser elegido según lo dictaminado por la Corte de …, aspecto que generó amplia controversia en la opinión pública.

En este contexto, no se esperan sorpresas en el ámbito económico, puesto que no existen elementos que pudiesen implicar mayor o menor dinamismo en el año. De igual forma, tampoco se espera un repunte de la inversión privada, la cual será más cauta a la espera de señales claras en torno al escenario político y económico de 2020 en adelante.

En el ámbito fiscal, existirá una disyuntiva importante entre la reducción del alto déficit fiscal, que estuvo en promedio por encima del 7% del PIB durante los últimos tres años, y las presiones de mayor gasto o inversión propias de un año electoral. Esta disyuntiva es clave puesto que el déficit se financiará con mayor endeudamiento público y la continua caída de las reservas internacionales netas.

Sumado a un esquema de tipo de cambio fijo desde 2011 y al incremento alto y continuo de los costos laborales, el desequilibrio fiscal se ha reflejado en el desequilibrio externo, con un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en torno a 5% del PIB. La inamovilidad del tipo de cambio ha sido determinante para la caída de las reservas internacionales desde el 50% del PIB en 2014 hasta encontrarse en torno al 20% del PIB.

En ese sentido, las diversas plataformas políticas deberán elaborar un plan de salida ordenada del tipo de cambio fijo junto con la moderación de los gastos fiscales, lo cual podría ser canalizado a través de menor inversión pública y ajustes focalizados del gasto fiscal, postergando temporalmente los proyectos con menor rentabilidad social como también los que tengan menores retornos inmediatos. Así se mitigaría el efecto en el crecimiento y empleo.

Dos temas de importante discusión y cuidado en lo que va de 2019 serán el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero, puesto que actualmente un porcentaje importante de las operaciones de crédito se hacen con tasas fijas y porcentajes predeterminados y en moneda nacional, lo cual implica algún grado de vulnerabilidad en el sistema financiero. El segundo se relaciona con la política laboral, puesto que los incrementos salariales y la normativa laboral ha reducido las posibilidades de creación de empleo formal.

Os primeiros movimentos do governo eleito confirmaram uma tendência desenhada desde a vitória do presidente Bolsonaro nas urnas: o novo mandatário não comete estelionato eleitoral. A escolha da equipe ministerial e a sequência de mensagens emitidas pelo presidente eleito estavam ligadas aos temas que ganharam destaque na campanha presidencial. Essa característica da nova administração tem consequências importantes para a agenda de política econômica e para a governabilidade ao longo dos próximos anos.

Em conjunto, esses movimentos reforçam o cenário básico de aprovação de medidas no campo fiscal, com destaque para a previdência, sustentando o quadro de crescimento econômico projetado pela Tendências.

Naturalmente, os desafios políticos mantém avaliação de risco elevada. De todo modo, a combinação entre diagnóstico correto na agenda econômica e pragmatismo político sustenta novo ciclo de crescimento para o país ao longo do mandato recém-inaugurado.

Sob prisma político-ideológico, o governo Bolsonaro representa uma tentativa de implementar um projeto liberal-conservador. A natureza da agenda econômica responde pela perna “liberal” ao passo que o conservadorismo se expressa na agenda dos valores, quase sempre associadas ao combate ao esquerdismo, que teria contaminado as decisões do Estado brasileiro nos últimos anos.

Em boa medida, o papel do presidente Bolsonaro é arbitrar os naturais conflitos existentes no interior do chamado “bolsonarismo”. O efetivo teste das perspectivas para as reformas, na verdade, ainda depende de posicionamentos mais claros do chefe do Executivo em relação aos
diferentes temas que devem aparecer na agenda presidencial.

“Cumprir promessa” na agenda econômica significaria na prática delegar poderes ao Ministro da Economia, Paulo Guedes. A criação do superministério da Economia confirmou a delegação da agenda para o grupo liberal, o que confirma o cenário de acerto na direção na condução da política econômica. As mensagens emitidas na posse do novo ministro foram bastante positivas.
O ajuste fiscal e a liberalização da economia devem ganhar protagonismo sob o novo governo.

O estilo Bolsonaro de liderança também afeta as perspectivas para sua governabilidade. O presidente eleito segue reforçando o caráter eleitoreiro da sua administração. O presidente segue como a “voz da maioria”, reafirmando seu papel como líder para superação do esquerdismo no país. Esse status de líder do antipetismo deve manter a popularidade do presidente em patamar elevado.

La economía venezolana culminó el 2018 mostrando una faceta que brinda pocos alicientes a las perspectivas de los meses por venir. Por un lado, se estima que la caída anual en la actividad económica interna puede ubicarse al menos en 25,9%, con una reducción acumulada de 62,8% desde finales de 2013, cuando se inició tal debacle. A su vez, a lo largo del año que termina los precios se incrementaron en promedio 133,2% mensual, con una inflación anual mayor a los 2.000.000%. Tal número supera los registros históricos de los episodios hiperinflacionarios vistos en la región.

En el frente cambiario, las operaciones oficiales mostraron un dinamismo inusitado dentro de las últimas semanas del año.  En promedio, el tipo de cambio negociado dentro de las subastas oficiales de diciembre se incrementó 14,0% entre operaciones, lo que redujo el margen entre éste y la cotización no oficial hasta aproximadamente 32,0% del primero a final de año.  En Ecoanalítica, suponemos que tales acciones responden en parte al interés de los hacedores de política de mitigar las potenciales presiones inflacionarias derivadas del pass-through de tal brecha hacia los precios.  Sin embargo, tales reducciones no bastaron para que, en promedio, los precios en este mes fueran cerca de 1,8 veces los aplicados en noviembre.

En el ámbito petrolero, la cesta petrolera venezolana reportó un nuevo descenso en las últimas semanas del año.  En promedio, el crudo venezolano se cotizó a diciembre en 52,2 USD/b, 14,9% por debajo de sus registros a noviembre.  En tal sentido, esperamos un inicio de 2019 con complicaciones en el flujo de caja de divisas de la República, tomando en cuenta que este descenso afecta las operaciones futuras a su negociación. Considerando además la elevada deuda externa pendiente de pago para el próximo año (particularmente con acreedores chinos y rusos), la disponibilidad de recursos foráneos en 2019 estará aún más comprometida.

Las secuelas fiscales no se han hecho esperar. Sobretodo en el segundo semestre de 2018, el esquema de subsidios directos por parte del Gobierno sufrió las consecuencias de la baja generación de fondos externos. En términos reales, para final de año tales bonos fueron 96% menor a lo visto en enero aun cuando, tras la instauración del petro y en medio de la reconversión monetaria de agosto, dichos subsidios mostraron un nuevo auge.

Las demoras en el pago de tales subsidios marcaron las acciones del estado en los últimos días de diciembre. Asimismo, a diferencias de años pasados, las noticias sobre el incumplimiento del Gobierno en la entrega de los insumos tradicionales de las fiestas navideñas no se hicieron esperar. Al no anticiparse cambios radicales en la política económica actual, es previsible que tales reducciones (o un mayor rezago en su aplicación) no cesarán a menos en el corto plazo.

Con tal punto de partida, en un contexto donde la gestión política actual no hace más que consolidarse, las previsiones sobre el próximo año muestran un entorno macroeconómico y social complicado.  La actividad económica puede descender cerca de un 30% en 2019, en medio de un deterioro del consumo (tanto público y privado), una merma en las importaciones públicas, y un menor alcance de la producción privada.  La monetización del déficit seguirá a la orden del día, pudiendo propiciar una inflación mensual cercana a 300% si es que la gestión actual no emprende los ajustes fiscales y monetarios adecuados.

Las migraciones no cesarán, trayendo consigo una mayor afluencia de fondos vía remesas (operaciones que el Gobierno actual parece estar facilitando) aunque con potenciales impactos en el empleo a nivel intensivo y extensivo a mediano plazo.  Según nuestros cálculos, el desempleo podría ubicarse en 23,1% de la población activa, con una mayor participación de la informalidad dentro del estrato laboral total.

Econometría Consultores espera que durante este año la economía colombiana mantenga la senda de recuperación iniciada en 2018. Si bien la información de crecimiento del PIB del año completo aún no se encuentra disponible, los analistas económicos coinciden con Econometría en que esta cifra se ubicará alrededor del 2,6%, lo que significaría un aumento de cerca de 0,8 puntos porcentuales respecto a lo observado durante 2017.

Para 2019, el Banco Mundial anunció que su pronóstico de crecimiento para Colombia es de 3,3%, por encima del promedio de sus pares de la región. Esta cifra se encuentra en línea con nuestras proyecciones . De acuerdo con Fedesarrollo, el mayor dinamismo de la economía durante este año se derivaría principalmente de la recuperación (iniciada en 2018) de la demanda interna.  Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Colombia (ANIF), anunció que la magnitud de la aceleración económica en 2019 dependerá en buena medida del precio del petróleo y de la devaluación del peso frente al dólar, lo que promovería la sustitución de importaciones y podría llevar a que se  exportaran bienes diferentes a los commodities.

En materia de inflación, el 2018 cerró en 3,18%, un poco por debajo de lo esperado por los analistas locales e internacionales, lo que, de acuerdo con el Banco de la República, se explica por un mejor comportamiento de los precios de los alimentos y de los bienes transables. Para el 2019, Econometría Consultores espera que esta cifra se ubique un poco por encima del rango meta (que se ubica entre el 2% al 4%) distanciándose del consenso de los analistas. Lo anterior, anticipando un posible pass-through cambiario.

Durante el 2018, el comportamiento de la TRM presentó una tendencia al alza. Sin embargo, respecto al resto de América Latina, la tasa de cambio en Colombia se mantuvo relativamente estable. De cualquier manera, la volatilidad de algunos mercados emergentes (como Argentina y Turquía), sumado a la inestabilidad comercial entre Estados Unidos y China, podría generar algo de incertidumbre en la economía colombiana durante 2019. A este respecto, Econometría Consultores pronostica una TRM promedio de US$/COP 3,169 para este año, siendo un poco mayor del valor estimado para el 2018.

Respecto al mercado laboral, a la fecha el DANE no ha publicado la tasa de desempleo para el año 2018. Este indicador ha demostrado estabilidad, por lo que tampoco se espera que la variación del mismo sea significativa durante 2019. Sin embargo, lo que si representará un reto durante este año, dada la inminente necesidad de una reforma pensional, es lograr reducir la cantidad de personas en actividades económicas informales (alrededor del 50% de los ocupados). Lo anterior, sumado a la llegada sin precedentes de migrantes venezolanos a Colombia, constituye un escenario complejo para el gobierno en materia política, social y por supuesto económica.

En términos reales, 2019 será un año complejo por los factores de riesgo externos e internos que presenta la economía mexicana. En el ámbito internacional, la economía mexicana experimentará los impactos de la desaceleración económica de Estados Unidos y su guerra comercial con China, así como la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En el ámbito nacional, éste es el primer año de ejercicio del gobierno federal entrante, en el que a pocos días de su vigencia ha tomado decisiones de impacto en la economía mexicana en el mediano y largo plazos, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la reingeniería del gasto público o el desmantelamiento de instituciones orientadas al fomento de la inversión o del emprendimiento económico.

2019 ha comenzado con una sensación económica menos favorable que 2018. El ámbito internacional presenta un inicio turbulento caracterizado por el neoproteccionismo de Estados Unidos, la guerra comercial con China y una desaceleración económica acompañada de una política de normalización monetaria. En Estados Unidos, el estímulo fiscal se irá agotando en 2019, al tiempo se estima que la Reserva Federal continuará disminuyendo su balance y aumentando los tipos de interés.

Por su parte, el crecimiento del comercio y la inversión disminuirán de manera importante debido a los aumentos de aranceles. Para el caso de México, se espera la continuidad de los aranceles de 25 y 10 por ciento al acero y aluminio por parte de nuestros vecinos del norte. México debe estar muy vigilante a tener represalias estratégicamente escogidas para que se revierta esta decisión. Cabe señalar que en la negociación para eliminar dichos aranceles, debe evitarse poner en riesgo la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para contrarrestar esos efectos, este inicio de año entró en vigor un nuevo acuerdo comercial, el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico (antes conocido como CPTPP). Asimismo, se espera para el próximo abril la firma para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), y la tentativa aprobación de los congresos de México y Estados Unidos y del Parlamento canadiense del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En suma, tendremos un año que sienta las bases para el año 2020 como el inicio de una profunda reconfiguración de nuestra integración comercial con el mundo. Sin embargo, deberemos prepararnos en las cadenas productivas de los sectores estratégicos para aplicar una política que fomente su adopción exitosa y se traduzca en su desarrollo económico.

En el ámbito interno, a tres días de iniciado el año, la entrante Administración Pública comunicó oficialmente la suspensión de obras de la construcción del NAIM y el desmantelamiento de instituciones como el Instituto Nacional del Emprendedor, el Consejo de Promoción Turística de México, PROMÉXICO y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, órganos púbicos dedicados al fomento de la inversión y el emprendimiento económico. En este sentido, el Gobierno Federal deberá implementar una reingeniería institucional que esté a la altura de las necesidades de los mexicanos.

Adicionalmente, el presupuesto público planteado por el Gobierno Federal es considerado equilibrado con alto enfoque social, pero frágil e inestable ante el entorno mundial; lo anterior, debido a estimaciones optimistas de un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar durante el año 2019 y un precio de 55 dólares en promedio para la mezcla mexicana del barril de petróleo.

Con ello, en materia de finanzas públicas, se estiman ingresos públicos por 5,274 miles de millones de pesos (mmdp), monto superior en 6.3% respecto del año anterior, y un gasto neto total por 5,778 mmdp que representa un crecimiento del 6.1% respecto del presupuesto aprobado en 2018. Por ello, el Ejecutivo Federal propone un superávit económico primario de las finanzas públicas por 1% del PIB, cifra superior al 0.7% presentado en 2018, y que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público no aumente respecto de lo aprobado en 2018.
Ante este contexto, el gobierno prevé un crecimiento económico del 2% con inflación de 3.4 por ciento. No obstante, Consultores Internacionales S.C. prevé un crecimiento económico puntual del orden del 1.9% con revisión a la baja, y un nivel de inflación del 4.21% con expectativa a la alza por efecto de los choques que en materia de precios lleve consigo el incremento del 16.2% del salario mínimo general.

De acuerdo con cifras del INEGI, en el tercer trimestre de 2018 la economía creció 0.8%, lo que representó una tasa anualizada de 3.2% con cifras desestacionalizadas, tras un crecimiento de -0.6% el trimestre previo. Este mayor dinamismo se vio impulsado principalmente por el sector servicios y el crecimiento continuo de la manufactura.

Por otro lado, el incremento salarial motivó a que el Banco de México incremente a 8.25% la tasa objetivo (máximo nivel alcanzado en los últimos diez años), y prevé aumentos en el futuro ante posibles choques estructurales y sus efectos en la inflación así como tendencia de normalización de las políticas monetarias internacionales.

A su vez, la inversión no exhibe señales de recuperación ante el contexto de incertidumbre asociado a la implementación de las políticas económicas de la nueva Administración Pública Federal, una vez mitigado el riesgo relacionado con la firma del T-MEC. Se estima que las manufacturas y el consumo privado continuarán mostrando una evolución positiva, consolidándose así como los principales motores del crecimiento económico, mientras que persistirán las dudas sobre la recuperación de la inversión, principalmente en infraestructura.

En términos prácticos, el resultado de los eventos podría materializarse en afectaciones a la economía de las personas. Las oportunidades que marca el 2019 para el ejercicio eficiente de los recursos públicos deben orientarse a incentivar el mercado interno mediante la inversión en infraestructura y la creación de más y mejores empleos en beneficio de nuestras industrias estratégicas.

El Banco Central del Ecuador (BCE) a inicios de este mes publicó las cifras de cuentas nacionales correspondientes al tercer trimestre de 2018. El crecimiento interanual del PIB se ubicó en 1,4%. Este resultado se explica principalmente por el dinamismo del consumo de los hogares, que registró un crecimiento de 2,6%, y por un crecimiento significativamente menor en las importaciones (3,9%), frente a lo observado en los trimestres previos. La formación bruta de capital fijo (FBKF), a su vez, registró un incremento interanual de 1,6%. Sin embargo, la desaceleración en la FBKF hasta el tercer trimestre de 2018 es clara, no sólo con relación a lo ocurrido en los dos primeros trimestres de 2018 sino también frente al mismo periodo de 2017 cuando ésta creció 7%.

Creemos, sin embargo, que existen inconsistencias en las cifras de crecimiento. En el caso específico del consumo de los hogares, por ejemplo, el crecimiento de 2,6% coincide con la cifra registrada en el primer trimestre de 2018. Sin embargo, a diferencia de este periodo, el tercer trimestre presenta una reducción en el ritmo de crecimiento de la cartera de créditos de los bancos: la tasa pasó de 21% al cierre del primer trimestre a 13,8% al cierre del tercero. Asimismo, las cifras de mercado laboral tampoco dan muestra de cambios importantes que justifiquen un desempeño positivo del consumo de los hogares. De hecho, en marzo de 2018 la tasa de empleo adecuado (41,1% de la PEA) tuvo un incremento de 2,6 puntos porcentuales frente a marzo de 2017. Mientras que en septiembre el empleo adecuado no registró una variación estadísticamente significativa respecto a igual mes de 2017 y la tasa fue de 39,6% de la PEA. Finalmente, las cifras del SRI muestran que las ventas gravadas con IVA 12% registraron en el tercer trimestre un crecimiento interanual nominal de 6,1%, muy similar al 6% registrado en el primer trimestre, mientras que el crecimiento de las ventas gravadas con IVA 0% pasaron de crecer 6,3% en el primer trimestre a 3,6% en el tercero. Por lo tanto, es probable que el crecimiento de los hogares en el tercer trimestre esté sobrestimado y sea revisado a la baja en los siguientes boletines, afectando así la tasa presentada para el crecimiento del PIB en este boletín.

Por otro lado, la inflación anual cerró diciembre con una tasa de 0,27%, la segunda más baja para este mes desde 1970. La categoría de transporte tuvo la segunda contribución más alta, lo que coincide con el alza en el precio de la gasolina regular que entró en vigor durante la segunda quincena de diciembre y mantendrá un precio fijo de $1.85 por galón. Previamente en el mes de agosto el gobierno había reducido parcialmente el subsidio a la gasolina premium, cuyo precio será revisado cada mes de acuerdo con los precios en el mercado internacional. En cambio, el precio del diésel para transporte, que según anuncios oficiales debía elevarse a partir del 15 de enero, no será modificado. En medio de la resistencia que generó esta medida -necesaria para estabilizar las cuentas fiscales- las compensaciones que se anunciaron para varios grupos debilitaron la posición del Gobierno, que terminó tomando la medida políticamente menos costosa.

2018 ha sido un año de grandes decepciones en el ámbito económico y regulatorio. Lo acontecido en los últimos meses reafirma que el deterioro de la economía local alcanza múltiples dimensiones, siendo el cuadro externo la mayor debilidad que subyace a nuestro mercado. El manejo de la política económica sigue luciendo poco acertada al momento de mitigar los desequilibrios detrás de nuestro caos económico y social. En medio de reconversiones, planes de ahorro y reformas tributarias, las acciones emprendidas hasta ahora por el gobierno del presidente Maduro no han apuntado en la dirección correcta.

Sin duda, la hiperinflación ha sido el evento con mayor alcance en nuestro devenir económico reciente. Tras haber alcanzado (y superado) la cota de 50,0% de crecimiento mensual en noviembre de 2017, los precios domésticos no han parado de crecer de forma más acelerada, acumulando un crecimiento de 760.524,1% solo entre enero y noviembre de este año. Un hecho notorio es la desaceleración de los precios en los últimos meses, vinculado en parte a una estabilidad cambiaria inusitada y una presumible mayor presencia en la canasta del venezolano de bienes regulados.

El frente externo luce aún más complicado, sobre todo tras las más recientes sanciones sobre las operaciones auríferas conducidas por la República. Al cierre de noviembre, la producción petrolera alcanza los 1.137 millones de barriles diarios (mb/d) según fuentes secundarias consultadas por la OPEP, lo que significa un descenso de 510 mil barriles a partir de lo visto al cierre de 2017. El nivel de taladros continúa significativamente por debajo del umbral necesario para estabilizar la producción (25 unidades, respecto a los
53 taladros necesarios), lo que se traduciría en nuevas restricciones a la producción de crudo en el corto plazo.

Un hecho inaudito fue el retraso en la publicación de cifras oficiales en los reportes de producción emitidos por la OPEP, lo que nos habla de una realidad petrolera presumiblemente más crítica que la marcada por las fuentes secundarias. Ante tales escenarios, el fantasma del default será el mecanismo de ajuste al déficit de divisas en 2019, si es que el Gobierno busque impedir una mayor caída en sus importaciones.

En el ámbito cambiario, las presiones en el mercado de divisas continúan sin ser del todo compatibles con la poca fe en el bolívar y con la aún menor credibilidad de los gobernantes frente a su “estira y encoge” regulatorio. En efecto, la depreciación de la moneda local solo alcanzó en promedio 2,54% en base diaria y bajo el marcador no oficial durante noviembre. Ello ha derivado en una reducción del poder de compra de los dólares en el mercado interno, aunque ello no se asocia con la revalorización de una moneda local, cuya demanda continuó en picada durante este mes.

En el aspecto regulatorio, el Gobierno nacional decretó al cierre de este reporte el sexto ajuste salarial del año, llevando el salario mínimo a VES 4.500,0 Ello no evitó que, solo tras el incremento de precios entre agosto y el valor estimado para diciembre, el salario se redujese 86,5% respecto al valor real de lo decretado previamente, en medio de la reconversión monetaria y la “indexación” al petro. En tal sentido, los rezagos en los ajustes salariales, a la par de la aceleración inflacionaria, la caída en términos reales en el monto por subsidios, la contracción en el consumo (público y privado), y las mayores restricciones a la producción privada, siguen (y seguirán) marcando la pauta de la actividad económica doméstica. Con ello, en Ecoanalítica esperamos una contracción del producto próxima al 25,9% al cierre de 2018.

La realización en Buenos Aires (Argentina) de la decimotercera reunión de líderes de Estado de las mayores veinte economías del mundo (comúnmente denominado G20) – Uruguay no se encuentra comprendido, ni fue invitado – le posibilitó al Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez invitar a su par japonés a una visita de Estado que se desarrolló el domingo 2 de diciembre.
La misma significó la primera vez que un mandatario nipón realiza una visita oficial, instancia que permitió la firma del acuerdo de reingreso de carne bovina uruguaya sin hueso al exigente mercado japonés. La próxima instancia es la habilitación de las plantas frigoríficas.

Japón cerró su mercado a la carne vacuna uruguaya a partir del 2000 cuando el país sufrió la epidemia de fiebre aftosa. Hasta ese entonces la categorización del país era de “libre de aftosa sin vacunación” lo que le permitía ingresar con cortes enfriados y menudencias. Es un mercado relevante para “lenguas bovinas” y para la carne de la raza “Wagyu”, por el elevado precio que se paga.

Si bien el acuerdo – se estima quedará operativo en el segundo trimestre del próximo año – representa una muy buena oportunidad de acceso a uno de los mercados de mayor valor, tendrá fuertes escollos en el plano arancelario. La carne uruguaya ingresará pagando un arancel de 38,5% mientras que competidores directos como Australia pagan 26,9%.

En la actualidad la exportación de carne uruguaya bovina a Japón alcanza a 244 toneladas (tons.) cifra similar a 2017, que significa US$ 911 miles de acuerdo a la información divulgada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) al 30 de junio de 2018.

Perspectivas. El acuerdo suscrito entre ambos gobiernos es el primer paso –
necesario pero no suficiente – para incrementar las exportaciones uruguayas a
uno de los principales mercados de “ingreso alto” del mundo. El comercio
bilateral global es deficitario en US$ 52,1 millones alcanzando apenas US$ 9,9
millones las ventas y US$ 62 millones las adquisiciones desde Japón.

Los principales bienes exportados son Lana y Extracto de carne, y Automóviles y Caucho sintético entre los importados.

El resultado del referéndum realizado el 9 de diciembre fue una apabullante victoria de la opción propuesta por el presidente: sí a la creación de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura (que elije y evalúa jueces y fiscales); sí a la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas; sí la prohibición de la reelección inmediata de los congresistas y no a la bicameralidad en el Congreso de la República, con un respaldo de más de 85% en cada caso. Este resultado se traduce, en primer lugar, en un respaldo masivo de la población no solo a las reformas planteadas por el Ejecutivo, sino que sobre todo significan un respaldo a la gestión del presidente Martín Vizcarra y le otorgan legitimidad para gobernar hasta el 2021. Por otro lado, esta victoria presidencial también significa el fin de la polarización entre el oficialismo y las fuerzas políticas de oposición, la misma que tuvo inmerso al país en una situación de gran inestabilidad los últimos meses.

La segunda vuelta de las elecciones regionales se llevó a cabo en medio de
denuncias de diversa índole a varios de los candidatos. En el caso de los gobernadores electos de Arequipa y Piura, estas involucran incluso denuncias y procesos por violación sexual. Esto podría provocar que no culminen su  mandato y, en consecuencia, problemas sobre su sucesión.

En Arequipa fue elegido Elmer Cáceres quien ha mostrado una postura
abiertamente en contra del desarrollo del proyecto minero Tía María y de la
participación de las grandes empresas en el proyecto de irrigación Majes Siguas II. Este se suma a otras voces radicales como la de Walter Aduviri en Puno quien podría ser un riesgo para el desarrollo de los proyectos mineros y, en general, a la inversión privada en esa región.

Se espera dinamización económica en el último trimestre

El tercer trimestre del año cerró con un crecimiento de 2.3%.

Esto como resultado de una caída de la inversión pública respecto del año pasado (-1.6%) y de minería e hidrocarburos (-1.7%), siendo el segundo trimestre con un crecimiento negativo en este último sector.

El Producto Bruto Interno creció 4.2% el mes de octubre, por encima de lo esperado. El mismo se debió a un crecimiento en manufactura (7.1%), construcción (8.7%, con una inversión pública que creció 22.5%), agropecuario (7.2%), comercio (2.6%), servicios (3.7%), a pesar de la caída de minería e hidrocarburos (-2.3%).

Asimismo, se espera un alto dinamismo para los meses de noviembre y diciembre debido al inicio de la segunda temporada de pesca y una mayor inversión pública. Finalmente, se espera que el crecimiento del 2019 se ubique en 3.9%, esto como resultado de una mayor inversión minera (27.9%), un crecimiento de 4.2% de los sectores no primarios y de 3.0% de los primarios.