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Febrero transcurrió en medio de mayores restricciones externas para el sector público, así como la aplicación de medidas oficiales de corte monetario, dirigidas (según el discurso oficial) a atenuar la volatilidad en el mercado de divisas no oficial. Nuevas sanciones de los EE. UU en torno a la actividad petrolera nacional (sobretodo en materia de financiamiento de la estatal petrolera, Pdvsa) impusieron retos adicionales al gobierno de Nicolás Maduro para generar recursos públicos y salir de la crisis económica y social actual.

Por otro lado, las nuevas limitaciones sobre el crédito bancario local, materializadas tras un nuevo incremento del encaje marginal, impusieron mayores trabas no solo sobre el sector bancario nacional sino al crédito como medio de apalancamiento de consumo privado. Ello ocasionó una marcada desaceleración en el crecimiento de los precios, mostrando variaciones semanales de un dígito en las cercanías del cierre de mes, en respuesta a los ajustes del sector privado a la caída de la demanda de sus inventarios.

Tales resultados vinieron acompañados de una fuerte reducción de la actividad crediticia en donde los usuarios recibieron, a la última semana de febrero, apenas el 18,0% de los depósitos captados de los bancos (62,1% en agosto de 2018, previo a los primeros incrementos del encaje legal).

Con los menores créditos, el mercado cambiario reveló menores tensiones, en el que la paridad no oficial reportó en la segunda mitad del mes un máximo de variación diaria de 5,9%, desde un máximo incremento de 12,6% en los primeros quince días. En tal sentido, la escasez de apalancamiento bancario a la compra de dólares, en un entorno hiperinflacionario, pareció ser determinante en las transacciones de divisas durante el mes. Ello supuso un abaratamiento temporal de los bienes locales en dólares, en el que la divisa recuperó en términos reales cerca de 17,2% de su poder de compra durante este lapso.

Un elemento adicional que ha reducido temporalmente el alza en el marcador no oficial ha sido las ventas directas de dólares al público, de parte del sector oficial, a través del sistema bancarios. No obstante, esto no impidió que se mantuviera una brecha positiva de hasta 5,1% del tipo de cambio no oficial respecto al pactado oficialmente en las últimas semanas del mes. En tal sentido, en sus primeras semanas de funcionamiento, el ancla cambiaria anunciada por el BCV parece haber fracasado en su intento por atenuar las presiones cambiarias y mejorar la credibilidad del ente emisor.

Aún con las mayores restricciones, la economía venezolana continúa en la senda hiperinflacionaria, con una inflación mensual por encima de 50% y un crecimiento anual estimado para 2019 cercano a 499.000.000%. Ello, en parte, responde a la poca credibilidad de los agentes locales a las acciones locales, frente a un banco central que elevó, en la penúltima semana de febrero, la creación de dinero primario en 30,4% (en su mayoría, mediante financiamiento a Pdvsa), siendo en promedio 20,8% en lo que va de 2019. Tales ratios son inconsistentes con los objetivos monetarios planteados en los anuncios de los recientes arreglos cambiarios.

Em mais uma capítulo do “presidencialismo plebiscitário”, desenhado pela administração Bolsonaro, o presidente utilizou as redes para fazer críticas ao Carnaval. O exotismo do debate e a enorme repercussão tornam a análise da comunicação presidencial nas redes sociais essencial para desenhar o cenário político. Mais do que uma opinião isolada sobre os diferentes temas, o núcleo do Planalto utiliza as redes como parte da sua estratégia política.

As redes sociais tornaram-se central na análise do quadro político e eleitoral no Brasil e no mundo. As implicações para a democracia representativa são significativas e ainda estão se desenhando. Em tese, as manifestações das redes sociais são o substituto para a ideia de “povo”, ou seja, as redes sociais aparecem como a voz da sociedade. A classe política tradicional demorou a entender o efeito das redes. Não é a toa que os principais casos de uso com sucesso ocorrem por políticos de fora do mundo da política tradicional.

O governo Bolsonaro é fundamentalmente um governo marcado por polêmicas. Boa parte das celeumas da nova administração foi, paradoxalmente, construída pelo próprio núcleo familiar presidencial. Os comentários nas redes sociais, preocupados em proteger a imagem do presidente, por diversas vezes trouxeram quase sempre tensão com a classe política tradicional. A novidade das polêmicas carnavalescas foi o objeto da ação da comunicação presidencial. Ao polemizar o Carnaval, Bolsonaro não mais “cutucou” a classe política tradicional, mas mobilizou forte oposição no plano social. Esse tipo de agenda vai resultando em rachas nos diferentes setores da centro-direita.

A ideia fundamental era dar destaque para o plano moral dentro do debate da opinião pública, em linha com os sinais crescentes de perda de capital político. A estilização do debate é lugar comum nas discussões comportamentais. O presidente busca, na verdade, mobilizar a voz do seu eleitorado, especialmente diante da emergência de pontos da agenda negativa.

Reforçar o caráter moralizador da sua administração pode criar um fosso entre os diferentes setores do Bolsonarismo. Por ora, tal divisão ocorre no âmbito das elites políticas.

O risco político para a economia brasileira não deve ser menosprezado. A combinação entre derretimento dos partidos políticos com reputação nacional combinada ao estilo presidencial deve dificultar a criação de uma coalizão liberalizante ao longo do mandato, independentemente do destino da reforma previdenciária. O presidente é o ponto focal do sistema político brasileiro. Assim, é salutar que ele preserve sua imagem para dar força agenda econômica.

El primer mes del año fue considerablemente tumultuoso para la economía venezolana. Aunque el recrudecimiento de las restricciones externas y productivas era un hecho previsible para finales de 2018, la escalada reciente en las tensiones diplomáticas (foráneas y domésticas) y políticas que enfrenta la administración de Nicolás Maduro parecen acarrear implicancias económicas severas, lo que fuerza a reconsiderar las expectativas y pronósticos para los meses venideros.

El punto más destacable se evidenció en el entorno petrolero. El 28 de enero, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la estatal petrolera Pdvsa las cuales, a efectos prácticos, cierran por completo su acceso al mercado estadounidense. En particular, las nuevas restricciones detienen desde ahora el flujo de crudo y diluyentes que se venden y compran respectivamente al país norteamericano, con efectos inmediatos sobre los ingresos que percibe
la República por su principal rubro de exportación.

La pérdida repentina de su principal socio comercial no representa un buen augurio para la industria petrolera venezolana que, según fuentes secundarias de la OPEP, contaba con una producción de solo 1,15 mb/d para finales de 2018, y arrastra desde ese período una caída diaria promedio de 45 kb/d en ese año.

En Ecoanalítica estimamos que estas sanciones puedan afectar un flujo de divisas cercano a los USD 3.155 MM que esperaban percibirse entre febrero y abril de este año. El alcance del daño estaría sujeto a la subsecuente comercialización de los envíos de crudo inicialmente destinados a Estados Unidos hacia mercados alternativos, un mecanismo no exento de complicaciones contractuales y logísticas y que depende de la capacidad de renegociación y técnicas de Pdvsa. En tal sentido, de prolongarse las sanciones, la disponibilidad de divisas de la nación puede verse comprometida.

En el ámbito de precios, enero marca el décimo quinto mes en hiperinflación, que acumula 22.296.214,3% desde que empezó en noviembre de 2017. El mes registró la semana con la inflación más alta (67,7%) inmediatamente después de anuncios en materia económica, que incluyeron un aumento de 300% del salario mínimo y la entrada en vigencia de restricciones al crédito.

El Banco Central ha empleado de forma muy agresiva las diferentes tasas de encaje bancario como instrumento de política monetaria y cambiaria. El BCV utiliza el encaje bancario como una forma de reducir la liquidez generada por la actividad crediticia y con ello prevenir el alza del tipo de cambio paralelo; esto a costas del rango de maniobra del sector financiero. En un periodo de tres semanas se elevó el encaje marginal a 60%, se derogó un encaje especial sobre reservas excedentarias, y se volvió a elevar el encaje a marginal a 100%. Según el BCV, esto corresponde a intervenciones cambiarias para defender un tipo de cambio de BsS 3.300. La medida logró contener el alza de la tasa paralela; que había acelerado su depreciación en las primeras semanas del mes. Sin embargo, el BCV agotó el uso del encaje como instrumento de  estabilización cambiaria, quedándose sin muchas alternativas para cuando, eventualmente, el tipo de cambio no oficial vuelva a depreciarse.

En Ecoanalítica considerábamos un escenario base para inicios de año con el recrudecimiento de las condiciones macroeconómicas, sin una respuesta de política económica por parte del Poder Ejecutivo. A efectos prácticos se mantuvieron esas premisas; solo que la entrada en vigencia de sanciones amplias a Pdvsa introduce elementos adicionales que hacen mucho más difícil evaluar una dinámica económica ya de por sí compleja.

El sector comercio y reparaciones, que comprende al conjunto de actividades de retail, acompañó el crecimiento económico de Uruguay en la última década con una expansión anual de 4,1% en términos reales. Por su parte, el sector tuvo una mayor volatilidad en relación al PBI, con caídas en 2009 (crisis internacional) y 2015-2016 (coyuntura regional adversa), que fueron seguidas de recuperaciones más dinámicas de su nivel de actividad. En 2017 la  actividad del retail tuvo un crecimiento real de 7,8%, coadyuvado por el desempeño favorable de algunos indicadores relevantes para el sector, como el incremento del salario real, un dólar depreciado y un nivel record de turistas. Desde el lado de la demanda, el consumo privado mostró un crecimiento real de 4,4% en 2017, lo que se explica en parte por la evolución positiva de las variables mencionadas. Entre enero y setiembre 2018, según los últimos datos trimestrales del Banco Central del Uruguay (BCU) el sector comercio, que aparece en las estadísticas agrupado junto a la actividad de restaurantes y hoteles, creció 2,0%, lo cual supone una moderación respecto al ritmo de expansión de 2017. Esto se explica en parte, por un menor dinamismo de los ingresos de los hogares, y una fuerte apreciación del dólar a partir de mayo de 2018 que impulsó al alza los precios de los artículos importados.

Según proyecciones de Oikos C.E.F., se espera un crecimiento cercano al 1,5%, consolidando así 16 años de crecimiento económico ininterrumpido. En tanto, para 2019 se prevé que la economía continúe creciendo a niveles similares a 2018 (1,4%). En este contexto, los salarios reales e ingresos de los hogares tuvieron una fuerte moderación, que junto al aumento del tipo de cambio impactará sobre los niveles de consumo. En tanto, luego de una temporada récord en 2018, se espera una menor actividad turística para el año entrante. En este escenario, se proyecta un estancamiento o leve caída de la actividad del sector en 2019.

En un escenario de desaceleración de la actividad, aumenta el número de familias con intención de ajustar su gasto. Sin embargo, esto no afectará en forma homogénea a todos los rubros del retail, las decisiones de postergar gastos por parte de las familias están focalizadas en los bienes durables y transables.

Proyectamos que durante el bienio 2019-2020 el crecimiento de la economía peruana se ubicaría en un promedio anual de 3.9%, alrededor de su  crecimiento potencial (4%).

Supuestos

A pesar de que esperamos que la economía mundial siga siendo favorable, esta mostraría un menor dinamismo que lo previsto hace tres meses. Tal como ha indicado el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento mundial se ubicaría alrededor del 3.6%, con una desaceleración de Estados Unidos hacia 2020 (1.8%). China, por su parte, mantendría un crecimiento de 6.2% en 2019 y 2020 lo que permitiría que el precio del cobre se mantenga en un promedio anual de US$ 2.80 por libra.

En el plano político esperamos un menor ruido. El presidente Martín Vizcarra mantendría su aprobación por encima del 60% y llevaría a cabo las reformas política y judicial que ha ofrecido.

Las proyecciones

Respecto al sector externo, se espera que las exportaciones superen los US$ 50 mil millones de dólares en 2020 gracias a una mayor producción de cobre, proveniente fundamentalmente de las ampliaciones de proyectos que existen en la actualidad, y del alto dinamismo de las exportaciones no tradicionales, particularmente las agrícolas. Las importaciones, por su parte crecerían al ritmo de la demanda interna y sumarian alrededor de US$ 47 mil millones al cierre de 2020. Con ello, se tendría un superávit comercial de US$ 4 mil millones ese año.

Se espera que durante 2019 la economía reciba un flujo positivo de capitales por lo que el sol se apreciaría levemente. Así el tipo de cambio pasaría de S/ 3.37 al cierre del año pasado a S/ 3.35 al cierre de este. La inflación se mantendría alrededor del centro del rango objetivo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2%) para el bienio 2019-2020.

En el plano fiscal, los ingresos tributarios suavizarían su dinamismo en el bienio 2019-2020 respecto a los que ocurrió en 2018. Ocurriría algo similar con los gastos sobre todo en 2019 debido a la entrada de las nuevas autoridades subnacionales. Con ello el déficit fiscal se ubicaría en 2.2% al cierre de 2020. Si bien este número no hace explosivo el crecimiento de la deuda pública, si implicaría que el gobierno no logre cumplir su objetivo de llevar dicha variable a 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2021.

El PBI crecería 3.9% promedio en los años 2019 y 2020. Por el lado del gasto esto se explicaría en el buen desempeño de la inversión privada que crecería 5.8% promedio anual en ese periodo, principalmente por la inversión en proyectos mineros. El consumo privado, por su parte, mostraría una expansión promedio de 3.8%. Por tanto, la demanda interna (indicador de ventas internas) crecería 4.2% promedio anual, por encima del PBI.

Por el lado de los sectores serían los no primarios lo que dinamizarían la economía, con un crecimiento promedio anual de 4.2%. Los sectores de construcción y servicios serían los que  mostrarían el más alto dinamismo. El primero impulsado por la construcción de grandes proyectos mineros como Quellaveco y Mina Justa. El segundo por el fuerte impulso de la demanda interna. Dentro de este destacarían los subsectores de telecomunicaciones y
financiero.

Riesgos

Los principales riesgos que enfrenta la economía peruana provienen de la economía mundial. Y es que un deterioro de la economía mundial podría afectar tanto la demanda por los principales productos de exportación como las cotizaciones internacionales, en particular la del cobre.

En el plano local, un incremento del ruido político o de la conflictividad social podría afectar el buen desempeño del clima de inversiones. Además, subsiste el riesgo de que El Niño costero aparezca súbitamente tal como ocurrió en 2017. Algunos estudios científicos indican que el cambio climático haría que ese fenómeno sea más frecuente y más intenso.

En lo que va del año, varios elementos han afectado las estimaciones de crecimiento económico para México, tanto de origen interno como externo. No obstante, el ánimo de los consumidores y el comportamiento del peso como divisa, la inflación y el empleo, han sido positivos en las primeras semanas del año.

El pasado 30 de enero de 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, estimando un 2,0% a tasa anual. Este registro es el segundo más bajo en lo que va de la década, sólo arriba del 1.4%
registrado en 2014.

Para 2019, Consultores Internacionales, S.C ® estima un crecimiento del PIB alrededor de 1.9%, que coincide con estimaciones de otras instituciones del ámbito internacional. Esta desaceleración concuerda con elementos como: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), el desabasto de gasolina en enero, la afectación a la cadena productiva por los bloqueos a las líneas férreas en el Estado de Michoacán, las huelgas en las maquiladoras en el estado de Tamaulipas, entre otros más.

El sector industrial, también ha notado una ralentización significativa. El índice de la actividad industrial publicado por INEGI, muestra para diciembre de 2018 una caída de 2.5%, respecto del mismo mes en el año anterior. Aunado a ello, el reporte de Inversión Bruta Fija indica que a noviembre de 2018 cayó 2.1% respecto del mismo mes de 2017, esto último está correlacionado con la tendencia al alza de las tasas de interés en México desde finales de 2015.

Un factor a tomar en cuenta es la desaceleración que han mostrado las nuevas órdenes de compra de productos manufactureros en Estados Unidos. El reporte publicado por el U.S. Census Bureau en febrero de 2019, señala que en noviembre pasado esta variable disminuyó por segundo mes consecutivo, en este caso 3,067 millones de dólares, misma situación con el valor de los embarques que disminuyeron 3,164 millones de dólares.

A lo anterior, hay que sumar el efecto de la cancelación de la cuarta subasta eléctrica. En opinión de la calificadora crediticia Moody’s, esta medida es un refrendo a la tendencia de la nueva administración de aumentar su  dependencia de la generación convencional, lo cual podría tener afectaciones en los precios de la energía.

Por otro lado, el tipo de cambio ha tenido comportamiento positivo en el mes de enero. En promedio, durante ese mes se ubicó en 19.19 pesos por dólar, 94 centavos menos por dólar que el dato para diciembre de 2018. En lo general, las últimas semanas han sido notoriamente bien recibidas por los mercados. Únicamente el anuncio de Fitch, sobre bajar la calificación crediticia a la empresa Petróleos Mexicanos, rompió la racha positiva de la divisa mexicana el 29 de enero y las presiones internacionales el día 11 de febrero. Los eventos que bien podrían afectar a la divisa serían un alza en la tasa de interés por  parte de la FED; que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China no prosperen; que se convierta en una divisa de refugio internacional  por temas de riesgo como el Brexit; y, por supuesto, la posible imposición de aranceles a México por parte de Estados Unidos, en caso de no cumplirse con disposiciones en materia laboral y ambiental, bajo el T,MEC.

En otras áreas positivas, es importante destacar que en el caso de los consumidores, las expectativas han sido positivas. Datos de INEGI revelan que en enero de 2019, el Índice de Confianza de los Consumidores aumentó 1.1% respecto del mismo mes en 2018. La industria automotriz reportó ventas por 111,212 unidades (considerando automóviles y vehículos particulares), esto es 1,948 unidades más que el mismo mes del año anterior.

Durante enero, la inflación mostró un sorpresivo incremento de apenas 0.09% respecto del mes de diciembre y 4.37% a tasa anual, si se considera que 2018 las variaciones fueron de 0.53% mensual y 5.55% respectivamente. De hecho, la inflación mensual fue menor a la quincenal reportada dos semanas antes.

Finalmente (11 de febrero), el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la creación de 94,646 puestos de trabajo, sólo en enero de 2019. En promedio, cada enero durante los últimos 10 años se habían generado 49,316 puestos de trabajo. En los últimos 12 meses dicha fuente señala la creación de 641,834 empleos. Por supuesto, habría que netear esta cifra y compararla con lo acontecido en diciembre pasado.

A finales de enero el Ecuador volvió a endeudarse en los mercados internacionales. Esta vez la emisión fue por US$1.000 millones, a diez años plazo y con un interés anual del 10,75%, el doble de lo que otros países de la región, como Colombia, han tenido que pagar en sus últimas emisiones. Esa operación, que generó muchas críticas al interior del país por el elevado costo, dejó en evidencia las dificultades que el Ecuador, cuyo riesgo país ha rondado los 700 puntos básicos en lo que va de febrero, enfrenta para poder conseguir financiamiento a nivel internacional. El financiamiento proveniente del exterior es importante para el país no sólo para cubrir las necesidades fiscales, sino también para alimentar las reservas internacionales del Banco Central, que hasta antes de la emisión estaban en niveles cercanos al mínimo operativo.

En este punto cabe señalar que si bien en la economía ecuatoriana, que está dolarizada desde el año 2000, las reservas internacionales no tienen el mismo papel que en países con moneda propia (respaldar el tipo de cambio), sí cumplen un rol importante. Esto se debe a que el Banco Central es el agente de pagos al exterior, no sólo del sector público, sino también del privado. Por lo tanto, si las reservas internacionales del Banco Central (sus activos líquidos) son insuficientes, el país podría entrar en una situación de cesación de pagos con el exterior. El bajo nivel de las reservas internacionales, que es uno de los puntos (además de la situación fiscal) por los cuales distintas calificadoras han revisado a la baja sus perspectivas para la deuda soberana ecuatoriana, se debe a dos motivos principales. El primero es la sensible apreciación del tipo de cambio real del Ecuador frente a sus principales socios comerciales a partir de 2014, lo que ha generado una fuerte presión sobre la balanza de pagos. Es decir, dada la pérdida de competitividad del sector productivo, las exportaciones han perdido impulso, mientras que las importaciones se han dinamizado. Este déficit en cuenta corriente no se ha visto compensado con la entrada, por ejemplo, de mayor inversión extranjera directa, sino sólo con nueva deuda externa, principalmente del sector público. El segundo motivo tiene que ver con el manejo del Banco Central. Si bien al inicio de la dolarización el Central estaba obligado a tener respaldos líquidos para todos sus pasivos exigibles (encaje de la banca privada y depósitos del sector público, principalmente, pero también un monto pequeño de monedas fraccionarias), a raíz del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) el gobierno de Rafael Correa empezó a financiar una parte de su déficit con préstamos del Banco Central que no tenían respaldo en dólares físicos. Así el Central infló de manera importante su balance, que además se vio compuesto cada vez en mayor medida por activos ilíquidos.

En ese contexto, el Gobierno anunció el martes 12 de febrero un acercamiento formal al FMI con miras a firmar un acuerdo de financiamiento. Ese acercamiento lucía como una medida ya casi inevitable para el Ecuador, no sólo para financiar una parte de la aún importante brecha fiscal, sino también para que al país ingresen divisas que permitan recomponer las reservas internacionales y dar más tranquilidad a los agentes. En ese contexto, el potencial acuerdo con el FMI, que debería facilitar también acuerdos con otros multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, debería considerar que una parte importante de los desembolsos se destinen puntualmente a recomponer las reservas internacionales del Banco Central y no tengan un uso fiscal. Obviamente, en el mediano plazo la situación de las reservas se debe solucionar con medidas que permitan recuperar competitividad al sector productivo ecuatoriano en un contexto en el que el dólar podría incluso seguirse fortaleciendo. Entre diversos analistas hay coincidencias de que las medidas deberían enfocarse principalmente en flexibilizar la rígida normativa laboral del país, lo que genera rechazo en los sindicatos y los movimientos de
izquierda.

Si el Ecuador finalmente firma un acuerdo con el FMI, lo que seguramente implicará medidas más decididas de ajuste fiscal, esperamos que el Gobierno cumpla con los compromisos acordados. Después de todo, el Ecuador tiene, lamentablemente, una larga historia de cartas de intención firmadas con el FMI que a la larga no se han cumplido.

La tasa de desempleo nacional en el año 2018 fue de 9,7%. Si se compara con la tasa de los países latinoamericanos, la tasa de desempleo colombiano es demasiado alta. Sin embargo, si se compara con la historia de la economía del país en el presente siglo es de los menores registros, de hecho, la economía colombiana ha cumplido 5 años consecutivos con una tasa por debajo de dos dígitos. No obstante, se observa una reversión de la tendencia decreciente que la tasa de desempleo ha tenido en los últimos años, la cual tuvo su mínimo en 2015 con 8,9%.

Las razones detrás del aumento de la tasa de desempleo son variadas. En primer lugar, la caída en los precios del petróleo en el año 2014 trajo consigo una desaceleración de la economía, la cual ha crecido por debajo de su potencial. Por otra parte, el crecimiento es liderado por el sector minero energético el cual es poco intensivo en trabajo, ello hace que la relación entre crecimiento económico y el comportamiento del mercado laboral no sea tan fuerte ni inmediata, razón por la cual pareciera que la recuperación que se previó para el año 2018 tenga efectos en el mercado laboral con un rezago y sea menor de lo esperado. Finalmente, la situación en Venezuela ha generado flujos migratorios importantes que han incrementado la tasa de desempleo en Colombia. De hecho, la tasa de desempleo en Cúcuta (ciudad fronteriza) ascendió al 14,4% en 2018.

Un concepto macroeconómico relevante es el de la tasa de desempleo que no acelera la inflación o NAIRU, la cual a veces se entiende como una tasa de desempleo estructural sobre la cual la economía suele gravitar. En la figura 1, se muestran unas estimaciones sencillas de este indicador. Durante el periodo de 2001-2007, la NAIRU estimada ascendió a 12,3% (0.1738/0.0141),  mientras que en el periodo de tiempo de 2008 hasta la actualidad dicha
estimación es de 9,4% (0.2188/0.0232). En este sentido, si bien se han logrado disminuciones importantes en la tasa de desempleo (incluso en la estructural), dicha tasa es bastante alta cuando se le compara con el resto de países latinoamericanos.

La tasa de desempleo en Colombia ha disminuido en los últimos años, e incluso, se ha disminuido la tasa de desempleo estructural. Sin embargo, la tasa de desempleo colombiana es muy persistente y por eso, el aumento de la tasa de desempleo es preocupante, dado que se sabe que se demorará en bajar. Es por ello que se hace necesario mitigar los factores que hacen que la tasa de desempleo sea tan alta, tales como los bajos niveles de profesionalización-tecnificación del trabajo. De igual forma, es importante el debate sobre como reformar el sistema pensional y generar medidas que promuevan el trabajo formal.

El dato conocido para la actividad interna del mes de diciembre (IMACEC), con una variación en doce meses de 2,6% permite cerrar el 2018 con un crecimiento de 4,0%, cifra consistente con la última proyección que había realizado el Banco Central en su informe de política monetaria de diciembre. Es interesante destacar que se observa una cierta recuperación en la producción no minera, lo que estaría reflejando un relativo mejor desempeño de la demanda interna en el último cuarto del año. Parte de la explicación vendría de la recuperación observada en el gasto del sector público, el que luego de anotar una caída de 3,7% real en el tercer trimestre (en relación a igual lapso de 2017), en el cuarto trimestre anotó un crecimiento real de 5,1% respecto de igual período de 2017.

La fortaleza que muestra la inversión, que habría crecido 6,5% el año pasado, y que proyectamos podría crecer hasta 7,0% el presente, es central para ser relativamente optimistas en relación al crecimiento económico del año en curso. No sólo importa el alto dinamismo esperado para la inversión total sino también su composición. Efectivamente, las primeras señales de recuperación en la inversión provinieron del fuerte crecimiento en las importaciones de bienes de capital, lo que refleja un repunte importante en el componente Maquinaria y Equipo, sin embargo, diversos indicadores permiten proyectar que el presente año se observará un importante crecimiento en el componente Construcción. El efecto multiplicador de la construcción sobre otros sectores, como el transporte, comercio e industria, además del aporte al empleo, será relevante el presente año, y debería ser creciente a lo largo del período en la medida que los proyectos avanzan a etapas más avanzadas.

Por el lado del consumo, es relevante que se observe una mejoría en el mercado laboral y en las expectativas de los hogares. Las condiciones financieras seguirán siendo atractivas, el tipo de cambio podría ajustarse algo más a la baja, y el acceso al crédito será relativamente menos restrictivo. Con ello, mantener un crecimiento del consumo privado algo por sobre el 3,0% parece factible. Por su parte el gasto de gobierno crecería por debajo del PIB, por lo que no sería un elemento dinamizador de la actividad, mientras el sector externo neto tendría un impacto marginal.

Dado lo anterior, el crecimiento para el año debería situarse en un rango de entre 3,5% y 4,0%. Una mejoría en el escenario externo, particularmente si es gatillada por el término de la incipiente guerra comercial entre China y Estados Unidos, nos llevaría a un crecimiento en el tope de dicho rango, mientras la mantención de la situación actual, nos acercaría más al piso. El canal conductor positivo del término de la amenaza de guerra comercial sería a través de un alza en el precio del cobre, una mejoría en el ingreso para la economía, impacto positivo sobre las expectativas, y mayor crecimiento de la inversión. A su vez, dicho escenario favorece una apreciación del peso, lo que a su vez impulsa al sector no transable, particularmente contribuyendo a más consumo de los hogares y mayor crecimiento del comercio.

La inflación se mantendrá contenida a lo largo del año, con la ayuda de un tipo de cambio con sesgo a la baja y brechas de capacidad interna que se mantendrán abiertas hasta el fin del período. En este escenario el Banco Central mantendría su proceso de normalización en la Tasa de Política Monetaria, contemplándose al menos 3 alzas en el presente año en el escenario base. Evidentemente un deterioro externo, que entre otros impactos, lleve a frenar nuevas alzas en la tasa de interés en Estados Unidos, podría retrasar dicho timing de alzas por parte de nuestra autoridad monetaria. Con todo, la inflación total medida en doce meses se mantendrá por debajo del 3,0%, centro del rango meta de la autoridad, en el transcurso del año, para cerrar el período en un rango entre 2,5% y 3,0%.

Una de las peculiaridades de la administración económica boliviana ha sido que, a pesar de su orientación política, ha mantenido durante varios años la estabilidad macroeconómica recuperada después de la hiperinflación observada entre 1982 y 1985. En efecto, Bolivia fue el primer país en el mundo que tuvo un fenómeno inflacionario agudo sin que exista conflicto bélico
interno o externo.

En el país, la secuela de la hiperinflación derivó en un consenso general sobre la importancia de la estabilidad económica. En ese sentido, uno de los desafíos de la actual administración gubernamental cuando asumió en 2006 fue cómo combinar la estabilidad con la redistribución, dado que la hiperinflación de los ochenta se produjo en un gobierno con similar orientación.

El mantenimiento de la salud macroeconómica se produjo tanto por la determinación política de que ésta era un factor crucial para un entorno de estabilidad social como por el creciente liderazgo del ministro de hacienda, Luis Arce, un economista con experiencia previa en el banco central con sólidos conocimientos de administración fiscal.

De hecho, el ministro Arce delineó las principales líneas de la dirección económica nacional, plasmándolas en una narrativa particular. La forma de administración fue denominada “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, que en esencia tiene una orientación fuertemente
estatal para la producción y énfasis en la redistribución del ingreso.

Sus resultados en términos de crecimiento económico han sido buenos en comparativa sudamericana, aunque no se pudo articular con el aparato productivo para generar mayor dinamismo, debido a las diversas distorsiones microeconómicas y regulatorias introducidas, que impidieron tasas más altas y fomento a la diversificación productiva.

El gobierno tuvo un contratiempo cuando Arce dejó el ministerio por motivos de salud en junio de 2017, quedando sus responsabilidades a cargo del equipo de apoyo, a la cabeza del viceministro de pensiones y servicios financieros, Mario Guillén. Durante el año y medio de ausencia, el manejo de la economía se mantuvo en general en estatus quo.

En enero del presente año, Arce retornó al ministerio. Su regreso era esperado en el gobierno puesto que la situación económica del país se ha deteriorado gradualmente frente a un nuevo entorno de menor dinamismo de la economía mundial y términos de intercambio desfavorables.

De hecho, el déficit fiscal ha estado en torno a 8% del PIB durante los últimos cuatro años, lo cual ha generado un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos promedio de 6%. Dicho déficit se financió con endeudamiento externo y la caída de los activos externos.

El desafío de Arce en este año marcado por las elecciones presidenciales será en lo inmediato restaurar el equilibrio macroeconómico fiscal y externo, mientras que el de mediano plazo es enfocarse en mejorar la productividad y el crecimiento económico en un contexto desfavorable a nivel regional.