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Economía. Como una señal más del enfriamiento del consumo, el IPC no experimentó variación en marzo, de tal forma que la inflación acumulada también fue nula y la punta a punta con una variación de 1,1%. A este guarismo también contribuyó la inamovilidad del tipo de cambio como también la depreciación de las monedas de los vecinos comerciales. Pese a la baja inflación, la moneda boliviana se apreció 7% en los últimos doce meses, reduciendo aún más la competitividad cambiaria. Este escenario es consistente con la caída del valor de las exportaciones de 5% en el primer bimestre que, junto al continuo aumento de las importaciones de 10%, implicaron un déficit comercial de 0,8% del PIB en los dos primeros meses del año. Coherente con el anterior escenario, las reservas internacionales netas cayeron 11% en el primer tercio del año, quedando en un nivel de 18% del PIB, muy por debajo del 50% alcanzado en 2014 al final del auge. Finalmente, el FMI ratificó su visión de desaceleración gradual en los cinco años siguientes, modificando levemente a la baja la perspectiva para 2019 desde 4,2% a 4%.

Política. El ambiente electoral con miras a las elecciones presidenciales de octubre sigue marcando la agenda. En el caso del gobierno, el empeño por llegar a acuerdos con socios internacionales para proyectos estatales se tradujo en la visita a Bolivia del presidente de la India, como de la visita del presidente de Bolivia a Dubái y Turquía. En su empeño por promover más actividad estatal, también se generó polémica por el inicio de exploración petrolera en la reserva protegida de Tariquía en Tarija. En cuanto a la oposición, la contienda electoral se ha centrado entre los dos aspirantes con mayores chances (Carlos Mesa y Óscar Ortiz). En un ámbito más general, destacaron el inicio de operaciones de comercio exterior con contenedores por la hidrovía Paraná Paraguay como estrategia de salida al Atlántico y el inicio de la discusión sobre el aumento salarial entre el gobierno y la principal agrupación sindical boliviana, que apunta a un incremento salarial de 12%.

Economia: A atividade econômica segue bastante moderada, reforçando os resultados pouco expressivos do ano até aqui. A aceleração da atividade é limitada, sobretudo, pela indústria, mas ganha contornos mais claros ao se observar o ritmo suave de reação do setor de serviços e do mercado de trabalho. Há um viés de baixa para a taxa de crescimento de 2% desenhada pela Tendências.

A taxa de inflação mais pressionada em março pode ser explicada, em grande medida, pela dinâmica de curto prazo dos preços de alimentos e dos preços de combustíveis. A expectativa é de que tais pressões de curto prazo se dissipem ao longo do ano. Os dados de inflação, na verdade, sugerem um possível afrouxamento da política monetária. Esse viés, contudo, é limitado pelo cenário político. O problema política afetou a taxa de câmbio dificultando a apreciação da moeda brasileira.

Os agentes econômicos seguem mais pessimistas com a recuperação da economia brasileira. Os índices de confiança registram quedas consecutivas e as projeções para o crescimento econômico continuamente são reduzidas.

Política: A avaliação dos primeiros cem dias da administração Bolsonaro confirma um quadro marcado por fragilidade da base política para implementar a agenda econômica desenhada pelo governo. Assim, a viabilização do cenário básico para a economia brasileira deve depender de choques na “política tradicional” e dos mercados, evitando que a ausência de coalizão partidária resulte na falta de governabilidade. A opção por um governo de minoria resulta na ausência de compromisso de longo prazo dos partidos com o governo. Assim, independentemente do discurso público, não há compromisso dos partidos em votarem o conteúdo do projeto desejado pelo governo.

O presidente não deseja emprestar seu capital político para aprovar a reforma da Previdência. Não por um acaso, as pesquisas apontam para redução da popularidade presidencial. A instabilidade política deve persistir nos próximos meses.

Luego que la aprobación del presidente Martín Vizcarra llegara a un máximo de 66% en enero de este año, esta retrocedió a 56% en marzo. Si consideramos que el presidente no cuenta con una bancada (ni partido político) y que existe una fuerte oposición en el Congreso, el único medio por el cual puede acumular capital político es su nivel de aprobación.

La experiencia reciente muestra que los altos niveles de popularidad son difíciles de sostener en el tiempo. Además, si le añadimos que este gobierno ha sido cuestionado por su poca proactividad en relación con su gestión, se hace necesario que el presidente tome medidas.

En ese sentido, el lunes 11 de marzo Martín Vizcarra nombró un nuevo gabinete ministerial presidido por el exministro de cultura Salvador del Solar, quien tiene un perfil más dialogante que su predecesor. De esta manera, el gobierno expresó que buscará mejorar la calidad de la ejecución de cada cartera (sobre todo la Reconstrucción con Cambios, luego del daño causado por el Fenómeno de “El Niño” Costero de 2017) y la coordinación con el legislativo.

Sin embargo, creemos que las relaciones de confrontación entre el Congreso y el Gobierno se mantendrían, principalmente porque la alta aprobación ciudadana del presidente Vizcarra se explica por la utilización hábil que ha hecho de la gran impopularidad del Congreso, enfrentándolo pública y abiertamente. No parece que el presidente pueda estar dispuesto a deshacerse de ese importante activo.

Economía del segundo trimestre

En el ámbito internacional, como consecuencia del aparente progreso en las negociones entre Trump y Xi Jinping, los mercados financieros se habrían distendido. Ello, sumado al anuncio de un paquete de estímulo fiscal en China, ayudó a que la cotización del cobre llegara hasta un máximo de cUS$ 297 por libra el 5 de marzo. Esperamos que esta situación se mantenga, al menos en la primera mitad del año.

Para el primer trimestre de 2019, se ha revisado el crecimiento del PBI desde 3.7% hasta 3.4% fundamentalmente por el menor desempeño de los sectores de minería y construcción. En el caso de la minería, el cierre de algunas minas a causa de las lluvias ocasionadas por El Niño y los planes de explotación de cada empresa (de zonas de menor ley) llevarían a este sector a un crecimiento nulo. Con relación a la construcción, el desempeño negativo de la inversión pública (-12.2% en 2019-I) debido a la entrada de las nuevas autoridades subnacionales, contrarrestaría el impulso de la inversión privada.

En el segundo trimestre de este año, el crecimiento del PBI se desaceleraría hasta 3.2%. Dado que en Perú el crecimiento se mide como una variación interanual, la desaceleración del segundo trimestre sería consecuencia de una alta base de comparación del mismo período el año pasado, donde el PBI alcanzó un ritmo de 5.3% con una demanda interna haciéndolo a 6.0%.

Las expectativas de crecimiento económico para 2019 se han ido ajustando a la baja, a ello se agrega que variables muy sensibles como la inversión y la productividad laboral han cerrado 2018 con una tendencia negativa. No obstante, otras como el tipo de cambio, el consumo, la inflación y las exportaciones mantienen una dinámica positiva.

Durante el mes de febrero, las estimaciones de crecimiento del PIB, por parte de especialistas en la materia, se han ajustado a la baja. Algunos factores referidos como obstáculos al crecimiento fueron: incertidumbre en política interna, incertidumbre en situación económica, debilidad en el mercado externo y economía mundial, entre varios otros.

Consultores Internacionales, S.C® también ha ajustado sus estimaciones de crecimiento del PIB, a alrededor de 1.7%, derivado de disminuciones significativas en variables como la inversión y la desaceleración de la economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México, y otras regiones como la Zona Euro y China.

Si bien las estimaciones de crecimiento económico de Estados Unidos para el año 2019 se han ido ajustando a la baja, durante 2018 dicho país importó 200.5 miles de millones de dólares provenientes de México, a través del TLCAN, esto es 9.5% más que el registro de 2017. Esto implica que México proveyó el 7% del total de bienes y servicios requeridos por Estados Unidos en dicho año a través del Tratado. En total, las importaciones provenientes de México fueron del orden de 346.5 millones de pesos. Se trata del valor más alto reportado por el U.S. Census Bureau desde que se tiene registro.

Por otro lado, la captación de divisas por concepto de remesas familiares, procedentes de Estados Unidos, cerró arriba de 33 mil millones de dólares en 2018, casi 5 mil millones de dólares más que en 2017.

Respecto de la inflación al mes de febrero, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), ésta registró un descenso de -0.03% respecto de enero y 3.94% respecto del mismo mes en 2018. Consultores Internacionales, S.C. ® estima que al cierre de 2019 la inflación será del orden de 3.9 %.

Un aspecto clave está en el Indicador Mensual de inversión Fija Bruta. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los datos a diciembre de 2018 de dicho Indicador. Con datos desestacionalizados, diciembre cerró con una variación mensual de -0.7% y -6.4% respecto del mismo mes en 2017. El análisis de los datos indica que desde abril de 2017 se ha venido desacelerando, explicado principalmente por la disminución en inversión en maquinaria y equipo de origen nacional y en la construcción no residencial.

Esto podría estar vinculado con la incertidumbre del cambio de administración, pero también con el aumento de los tipos de interés, que durante 2018 fueron una constante.

Otro dato relevante, publicado por INEGI, fue el Indicador global de productividad laboral de la economía, que cerró con una caía de -0.2% respecto al tercer trimestre de 2018 y de -0.7% respecto del mismo trimestre del año anterior (con datos desestacionalizados). Con esto, se identifica una tendencia negativa en el indicador en los años 2017 y 2018. Este dato, se hace más relevante considerando que ha sido el sector industrial el que mayor pérdida en competitividad laboral reporta.

En el mismo periodo, es decir desde el primer trimestre de 2017 al cuarto trimestre de 2018, datos de INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta que hay 1.9 millones personas ocupadas más con ingresos por debajo de dos salarios mínimos y 1.1 millones personas ocupadas menos con ingresos superiores a dos salarios mínimos. Esto es, el efecto en la productividad laboral aparentemente se ha acompañado de una precarización de los ingresos de los trabajadores.

Pero no todo es negativo, México mantiene una relativa estabilidad del tipo de cambio, mismo que se ha mantenido en rangos manejables a pesar del entorno mundial, un aumento en la confianza de los consumidores en beneficio del mercado interno, así como niveles decrecientes de inflación y crecientes de exportaciones. Fundamentales económicos que sin duda hay que cuidar.

El 11 de marzo el directorio del FMI aprobó el acuerdo que un equipo técnico de ese organismo ya había alcanzado con el Gobierno ecuatoriano. Al momento de redactar este informe se conocen unos pocos detalles del acuerdo por el cual Ecuador recibirá, en los próximos tres años, US$10.200 millones de financiamiento, procedente del propio FMI (US$4.200 millones) y de otros multilaterales como el BID, el Banco Mundial y la CAF (US$6.000 millones). Del monto total, US$6.700 millones serán de libre disponibilidad y la diferencia estarán atados a proyectos específicos. Respecto a los compromisos del Gobierno, se habría acordado alcanzar un superávit no petrolero a nivel del sector público no financiero, a fin de que la relación deuda/PIB, que en la actualidad está en 46% según la metodología del FMI, pueda ubicarse por debajo del 40% a partir de 2023. El Gobierno, según declaraciones del viceministro de Economía, también se comprometió a elevar en 1,4 puntos del PIB la recaudación tributaria hasta 2021, para lo cual se preparará una reforma tributaria en los próximos meses. También se espera una reforma laboral que permita reducir las actuales rigideces de la normativa y ayude a que el sector productivo recupere competitividad y empiece a generar más empleo, que es uno de los objetivos del acuerdo.

Más allá de los detalles que el Gobierno brinde sobre el acuerdo, cuyo impacto en un primer momento creemos que será recesivo, un tema central para los próximos meses es la capacidad que tendrá el Ejecutivo para que las reformas legales (tributarias y laborales, principalmente, aunque también se espera dotar de más independencia al Banco Central) que envíe a la Asamblea sean aprobadas. Al respecto, cabe señalar que el bloque oficialista, luego de la ruptura entre “correístas” y “morenistas”, es de aproximadamente 40 de un total de 130 asambleístas. Por el lado de la oposición se espera un rechazo intransigente de parte de los “correístas”, mientras que los partidos de derecha (Partido Socialcristiano y CREO) no tienen todavía una posición claramente definida.

Pero ese no es el único tema político que genera incertidumbre en el país. El 24 de marzo, junto con las autoridades seccionales (alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales) se elegirá a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este organismo, creado en la Constitución de 2008, es el encargado de nombrar a las principales autoridades de control del país y sirvió para que el Gobierno anterior montara una estructura de control que le fue funcional. Una parte de esa estructura ha sido desmontada en los últimos meses por un CPCCS transitorio conformado después de la última consulta popular, en la que se cesó en sus funciones a los vocales anteriores. El nuevo Consejo deberá estar conformado por siete miembros (tres mujeres, tres hombres y un representante de las minorías), pero los candidatos a ocupar esos puestos no pueden pertenecer a partidos políticos. Eso ha ocasionado que los 43 postulantes sean personas desconocidas para la mayoría de los ecuatorianos y muchos temen que entre los candidatos haya “correístas camuflados” que busquen retomar el control de una buena parte de la institucionalidad nacional. En ese contexto, en las últimas semanas ha tomado fuerza la campaña por anular el voto en esa elección. El objetivo de quienes promocionan el voto nulo es, más allá del resultado final, enviar una señal clara de rechazo a la existencia del CPCCS, a fin de que el Gobierno convoque a una nueva consulta para eliminar ese organismo. No obstante, esa opción también tiene detractores por dos motivos principales: i) aún no está clara la forma en que se contabilizarán los votos nulos frente a los válidos; y, ii) se teme que el voto nulo sea mayoritario entre “anticorreístas” y, por tanto, los candidatos afines al expresidente sean quienes terminen cooptando el Consejo.

El entorno macroeconómico global que se prevé para el año 2019 es poco favorable para Latinoamérica y Colombia. El Fondo Monetario Internacional ha disminuido las expectativas de crecimiento para las economías de Estados Unidos y China. De igual forma, el Banco Central Europeo ha alertado sobre la posibilidad de una desaceleración de la Unión Europea. Lo anterior sugiere que las tasas de interés de los principales bancos centrales se mantendrían relativamente estables y posiblemente se dé una caída leve en el precio de los commodities, y en el precio del petróleo.

En el contexto interno, los primeros indicadores de seguimiento de la economía colombiana para el año 2019 ya muestran señales adversas. En el caso de la tasa de desempleo, esta se ubicó en 12.8% para el mes de enero de este año, mientras que en el mes de enero del año pasado el indicador fue de 11.7%. El crecimiento económico del 2018 fue de 2.7%, cerca de lo pronosticado por Econometría Consultores el año pasado. Para el 2017, la cifra de crecimiento económico fue revisada por el Departamento Nacional de Estadística – DANE, y el resultado final pasó de 1.8% a 1.4%. Este cambio en el indicador de 2017 implica que la situación de la economía fue más compleja de lo que se creía, lo que afecta negativamente los pronósticos para 2019. Adicionalmente,  la inflación del mes de febrero fue de 3.01% y el cambio en la composición de la canasta básica que aplicó el DANE a partir de este año, parece sugerir que con la canasta anterior se venía sobreestimando la inflación. No obstante, hace falta tiempo para verificar este posible sesgo.

En resumen, las expectativas de crecimiento de la economía mundial se están ajustando a la baja y los indicadores de seguimiento de Colombia también han mostrado un menor nivel de recuperación. Con esto en mente, se ajustan los pronósticos de crecimiento económico para la economía Colombiana para el 2019, pasando de 3.5% a 3.2%. El pronóstico de inflación también disminuye a 3.6%, lo cual estará liderado por dos factores: la devaluación del peso colombiano derivada de una leve caída del precio del petróleo, y el fenómeno del Niño que se espera tenga lugar durante lo corrido del año. En materia externa, se espera que el déficit en cuenta corriente sea de 3.5% para el año 2019 y que el déficit fiscal esté cercano a la meta fiscal propuesta en el marco fiscal del país.

El Presidente Sebastián Piñera completó el primer año de su segundo período el 11 de marzo pasado. La evaluación es, en general, positiva, por los resultados económicos logrados, pero más bien negativa en cuanto a la implementación de su programa de gobierno y a la generación de condiciones que permitan acelerar el crecimiento de la economía, reducir la desigualdad y cerrar la brecha con el mundo desarrollado.

El crecimiento habría llegado a 4%, lo que se compara muy favorablemente con el 1,7% de promedio del gobierno anterior. El déficit fiscal efectivo se redujo a 1,7% del PIB, lográndose un avance también en el déficit cíclicamente ajustado. Por primera vez desde 2013, además, el gasto público creció menos que el PIB y la deuda pública creció sólo marginalmente. Todo esto gracias a un severo ajuste implementado por el Ministro de Hacienda en el tercer trimestre del año. Las otras variables macroeconómicas también mantuvieron una evolución favorable: la inflación cerró el año bajo la meta de 3% (2,6%); el desempleo, si bien subió marginalmente a 7%, se mantiene dentro de rangos razonables y similares a los de años recientes; las condiciones financieras se mantienen positivas, con acceso amplio y razonablemente barato al crédito; el tipo de cambio estable en promedio y con un proceso de normalización de la Tasa de Política Monetaria (TPM) gradual.

Que el gobierno esté en minoría en ambas cámaras del Congreso dificulta la aprobación de los proyectos asociados al programa del Presidente. Sin embargo, también hubo lentitud en la presentación de los proyectos, especialmente el de reforma tributaria que, finalmente, ha resultado bastante parcial y tímido.

No obstante lo anterior, las perspectivas legislativas son relativamente favorables para este año, estimándose que la reforma tributaria finalmente se aprobará, aunque en términos que, seguramente, diferirán significativamente del planteamiento oficial inicial. En la misma línea, se espera que haya avances importantes en los ajustes al sistema de pensiones y a la legislación laboral, quedando un poco más rezagada la reforma de salud.

En lo económico, el panorama externo no ayuda mucho y la desaceleración abrupta del crecimiento en el tercer trimestre del año pasado, ha generado una baja inercia al comienzo del presente año. Desde esta perspectiva, llegar a un 3,5% de crecimiento será difícil, si es que se logra pero, en cualquier caso, el primer semestre será especialmente débil por factores estadísticos, aunque la velocidad del crecimiento en el margen se ha acelerado claramente.

Se espera que la inversión continúe siendo el motor del crecimiento, pero con un aumento mayor que el año pasado, lo que debería reflejarse, tal vez durante el segundo semestre, en una aceleración importante del crecimiento del empleo y las remuneraciones, que se notaría en el consumo.

En el caso de las demás variables macroeconómicas no se esperan mayores novedades. La inflación se ubicaría en torno al piso del rango de tolerancia de la meta de inflación (2%); el tipo de cambio mantendría una leve tendencia a la baja si el precio del cobre ratifica su recuperación de la primera parte del año; el déficit fiscal experimentaría una nueva reducción, pero no muy grande, tanto en términos efectivos como cíclicamente ajustados; la TPM se mantendría estable, tal vez, todo el año, o subiría solo una vez y el desempleo mostraría alguna reducción.

El escenario externo es potencialmente muy decisivo en explicar los resultados de la economía chilena y la incertidumbre existente es muy alta. Sin embargo, si las condiciones externas no empeoran claramente respecto de las actuales, el año sería más bien favorable y con perspectivas mejores para 2020, aun cuando el crecimiento global se mantenga más bien deprimido. En 2020, por otro lado, también se inicial el ciclo electoral, en el ámbito municipal y, por primera vez, en el de los gobernadores que dirigirán las regiones del país con algo de autonomía para administrar parte del presupuesto. En 2021, por último, corresponde realizar las elecciones presidenciales y parlamentarias, que llevarán a un nuevo cambio de gobierno en marzo de 2022.

Febrero transcurrió en medio de mayores restricciones externas para el sector público, así como la aplicación de medidas oficiales de corte monetario, dirigidas (según el discurso oficial) a atenuar la volatilidad en el mercado de divisas no oficial. Nuevas sanciones de los EE. UU en torno a la actividad petrolera nacional (sobretodo en materia de financiamiento de la estatal petrolera, Pdvsa) impusieron retos adicionales al gobierno de Nicolás Maduro para generar recursos públicos y salir de la crisis económica y social actual.

Por otro lado, las nuevas limitaciones sobre el crédito bancario local, materializadas tras un nuevo incremento del encaje marginal, impusieron mayores trabas no solo sobre el sector bancario nacional sino al crédito como medio de apalancamiento de consumo privado. Ello ocasionó una marcada desaceleración en el crecimiento de los precios, mostrando variaciones semanales de un dígito en las cercanías del cierre de mes, en respuesta a los ajustes del sector privado a la caída de la demanda de sus inventarios.

Tales resultados vinieron acompañados de una fuerte reducción de la actividad crediticia en donde los usuarios recibieron, a la última semana de febrero, apenas el 18,0% de los depósitos captados de los bancos (62,1% en agosto de 2018, previo a los primeros incrementos del encaje legal).

Con los menores créditos, el mercado cambiario reveló menores tensiones, en el que la paridad no oficial reportó en la segunda mitad del mes un máximo de variación diaria de 5,9%, desde un máximo incremento de 12,6% en los primeros quince días. En tal sentido, la escasez de apalancamiento bancario a la compra de dólares, en un entorno hiperinflacionario, pareció ser determinante en las transacciones de divisas durante el mes. Ello supuso un abaratamiento temporal de los bienes locales en dólares, en el que la divisa recuperó en términos reales cerca de 17,2% de su poder de compra durante este lapso.

Un elemento adicional que ha reducido temporalmente el alza en el marcador no oficial ha sido las ventas directas de dólares al público, de parte del sector oficial, a través del sistema bancarios. No obstante, esto no impidió que se mantuviera una brecha positiva de hasta 5,1% del tipo de cambio no oficial respecto al pactado oficialmente en las últimas semanas del mes. En tal sentido, en sus primeras semanas de funcionamiento, el ancla cambiaria anunciada por el BCV parece haber fracasado en su intento por atenuar las presiones cambiarias y mejorar la credibilidad del ente emisor.

Aún con las mayores restricciones, la economía venezolana continúa en la senda hiperinflacionaria, con una inflación mensual por encima de 50% y un crecimiento anual estimado para 2019 cercano a 499.000.000%. Ello, en parte, responde a la poca credibilidad de los agentes locales a las acciones locales, frente a un banco central que elevó, en la penúltima semana de febrero, la creación de dinero primario en 30,4% (en su mayoría, mediante financiamiento a Pdvsa), siendo en promedio 20,8% en lo que va de 2019. Tales ratios son inconsistentes con los objetivos monetarios planteados en los anuncios de los recientes arreglos cambiarios.

Em mais uma capítulo do “presidencialismo plebiscitário”, desenhado pela administração Bolsonaro, o presidente utilizou as redes para fazer críticas ao Carnaval. O exotismo do debate e a enorme repercussão tornam a análise da comunicação presidencial nas redes sociais essencial para desenhar o cenário político. Mais do que uma opinião isolada sobre os diferentes temas, o núcleo do Planalto utiliza as redes como parte da sua estratégia política.

As redes sociais tornaram-se central na análise do quadro político e eleitoral no Brasil e no mundo. As implicações para a democracia representativa são significativas e ainda estão se desenhando. Em tese, as manifestações das redes sociais são o substituto para a ideia de “povo”, ou seja, as redes sociais aparecem como a voz da sociedade. A classe política tradicional demorou a entender o efeito das redes. Não é a toa que os principais casos de uso com sucesso ocorrem por políticos de fora do mundo da política tradicional.

O governo Bolsonaro é fundamentalmente um governo marcado por polêmicas. Boa parte das celeumas da nova administração foi, paradoxalmente, construída pelo próprio núcleo familiar presidencial. Os comentários nas redes sociais, preocupados em proteger a imagem do presidente, por diversas vezes trouxeram quase sempre tensão com a classe política tradicional. A novidade das polêmicas carnavalescas foi o objeto da ação da comunicação presidencial. Ao polemizar o Carnaval, Bolsonaro não mais “cutucou” a classe política tradicional, mas mobilizou forte oposição no plano social. Esse tipo de agenda vai resultando em rachas nos diferentes setores da centro-direita.

A ideia fundamental era dar destaque para o plano moral dentro do debate da opinião pública, em linha com os sinais crescentes de perda de capital político. A estilização do debate é lugar comum nas discussões comportamentais. O presidente busca, na verdade, mobilizar a voz do seu eleitorado, especialmente diante da emergência de pontos da agenda negativa.

Reforçar o caráter moralizador da sua administração pode criar um fosso entre os diferentes setores do Bolsonarismo. Por ora, tal divisão ocorre no âmbito das elites políticas.

O risco político para a economia brasileira não deve ser menosprezado. A combinação entre derretimento dos partidos políticos com reputação nacional combinada ao estilo presidencial deve dificultar a criação de uma coalizão liberalizante ao longo do mandato, independentemente do destino da reforma previdenciária. O presidente é o ponto focal do sistema político brasileiro. Assim, é salutar que ele preserve sua imagem para dar força agenda econômica.

El primer mes del año fue considerablemente tumultuoso para la economía venezolana. Aunque el recrudecimiento de las restricciones externas y productivas era un hecho previsible para finales de 2018, la escalada reciente en las tensiones diplomáticas (foráneas y domésticas) y políticas que enfrenta la administración de Nicolás Maduro parecen acarrear implicancias económicas severas, lo que fuerza a reconsiderar las expectativas y pronósticos para los meses venideros.

El punto más destacable se evidenció en el entorno petrolero. El 28 de enero, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la estatal petrolera Pdvsa las cuales, a efectos prácticos, cierran por completo su acceso al mercado estadounidense. En particular, las nuevas restricciones detienen desde ahora el flujo de crudo y diluyentes que se venden y compran respectivamente al país norteamericano, con efectos inmediatos sobre los ingresos que percibe
la República por su principal rubro de exportación.

La pérdida repentina de su principal socio comercial no representa un buen augurio para la industria petrolera venezolana que, según fuentes secundarias de la OPEP, contaba con una producción de solo 1,15 mb/d para finales de 2018, y arrastra desde ese período una caída diaria promedio de 45 kb/d en ese año.

En Ecoanalítica estimamos que estas sanciones puedan afectar un flujo de divisas cercano a los USD 3.155 MM que esperaban percibirse entre febrero y abril de este año. El alcance del daño estaría sujeto a la subsecuente comercialización de los envíos de crudo inicialmente destinados a Estados Unidos hacia mercados alternativos, un mecanismo no exento de complicaciones contractuales y logísticas y que depende de la capacidad de renegociación y técnicas de Pdvsa. En tal sentido, de prolongarse las sanciones, la disponibilidad de divisas de la nación puede verse comprometida.

En el ámbito de precios, enero marca el décimo quinto mes en hiperinflación, que acumula 22.296.214,3% desde que empezó en noviembre de 2017. El mes registró la semana con la inflación más alta (67,7%) inmediatamente después de anuncios en materia económica, que incluyeron un aumento de 300% del salario mínimo y la entrada en vigencia de restricciones al crédito.

El Banco Central ha empleado de forma muy agresiva las diferentes tasas de encaje bancario como instrumento de política monetaria y cambiaria. El BCV utiliza el encaje bancario como una forma de reducir la liquidez generada por la actividad crediticia y con ello prevenir el alza del tipo de cambio paralelo; esto a costas del rango de maniobra del sector financiero. En un periodo de tres semanas se elevó el encaje marginal a 60%, se derogó un encaje especial sobre reservas excedentarias, y se volvió a elevar el encaje a marginal a 100%. Según el BCV, esto corresponde a intervenciones cambiarias para defender un tipo de cambio de BsS 3.300. La medida logró contener el alza de la tasa paralela; que había acelerado su depreciación en las primeras semanas del mes. Sin embargo, el BCV agotó el uso del encaje como instrumento de  estabilización cambiaria, quedándose sin muchas alternativas para cuando, eventualmente, el tipo de cambio no oficial vuelva a depreciarse.

En Ecoanalítica considerábamos un escenario base para inicios de año con el recrudecimiento de las condiciones macroeconómicas, sin una respuesta de política económica por parte del Poder Ejecutivo. A efectos prácticos se mantuvieron esas premisas; solo que la entrada en vigencia de sanciones amplias a Pdvsa introduce elementos adicionales que hacen mucho más difícil evaluar una dinámica económica ya de por sí compleja.