Category: Empleo e Ingresos

¿Qué sucedió en el mercado de trabajo en el último trimestre del año?

La actividad se contrajo un 1,1% i.a. en el último trimestre del 2019, que culminó con una reducción del PBI del 2,2% i.a. en el promedio anual, encadenando dos años consecutivos de contracción de la economía. Sin embargo, esto no se tradujo en una destrucción de puestos de trabajo.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la desocupación disminuyó al 8,9% (-0,2 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior) de la Población Económicamente Activa (PEA). A su vez, el empleo alcanzó el 43% de la población de referencia en el último trimestre del 2019 (+0,8 p.p. en la comparación interanual).

¿Qué hay detrás de estos números?

La Población Económicamente Activa –que incluye tanto a los ocupados como a los desocupados– mostró un incremento respecto a lo sucedido en el mismo trimestre del 2018, lo que implica un mayor número de personas participando en el mercado de trabajo. Este comportamiento es característico en épocas de crisis: teniendo en cuenta que el salario real cayó 9,5% i.a. en el último año, un nuevo integrante de la familia se incorpora al mercado laboral con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo del hogar.

Así, a diferencia de lo sucedido en los trimestres anteriores, el aumento de los participantes en el mercado de trabajo durante el último trimestre del año implicó un incremento del empleo y una reducción de la tasa de desocupación.

Sin embargo, también se observa un aumento de la presión sobre el mercado laboral. Más en detalle, los ocupados demandantes –trabajadores que poseen un empleo pero están en búsqueda de otro– alcanzaron el 19% en el último trimestre del año (+1,8 p.p. en la comparación interanual), mientras que los subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más) alcanzó el 13,1% (+1,1 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior).

La búsqueda de un cambio de empleo está vinculado fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, se procura un nuevo puesto cuando los ingresos no alcanzan (algo que se explica por la fuerte caída del salario real) y/o, los riesgos de perder el trabajo crecen. En este sentido, cuando se analiza las categorías de ocupación, es posible observar que ganaron terreno las formas de contratación más precarias, que, de hecho, es la razón por la que el nivel de empleo se incrementó.

Así, la dotación de asalariados formales cayó en 70.000 en la comparación interanual, mientras que los asalariados informales y los cuentapropistas sumaron casi 140.000 trabajadores a sus filas. Por lo tanto, si bien el resultado en el agregado es positivo, un análisis hacia dentro del mercado laboral muestra que esta dinámica contiene una precarización del mismo.

¿Qué esperamos a futuro?

Las perspectivas no son favorables. Como cualquier variable económica, el mercado de trabajo va a estar principalmente determinado por la pandemia del Coronavirus.

En este sentido, la cuarentena pone en peligro una cantidad considerable de puestos de trabajo. La parálisis en la actividad no solo deprime profundamente la demanda interna sino que pone en jaque la cadena de pagos. De interrumpirse -junto a la imposibilidad de desarrollar sus tareas-, muchas empresas -especialmente las pequeñas e informales- o emprendimientos personales tendrán dificultades para mantenerse en pie, llevando a una cantidad considerable de trabajadores al desempleo. A su vez, el trabajo asalariado formal también podría verse afectado: algunas ramas de actividad se encuentran prácticamente paralizadas, y las empresas podrían decidir disminuir personal ante la incertidumbre y la caída de los ingresos. Los efectos nocivos sobre el mercado de trabajo se incrementarán en la medida que se prolongue la cuarentena y crezca la incertidumbre respecto a la resolución de la pandemia.

Por este motivo, para mitigar el impacto del Coronavirus sobre el nivel de empleo, el gobierno deberá mantenerse activo. Algunas de las medidas que ya se tomaron al respecto son la exención de contribuciones patronales, se reforzó el seguro de desempleo, se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo en las empresas afectadas por la pandemia y se otorgarán líneas de financiamiento productivo. Sin embargo, esto podría no ser suficiente –incluso en el corto plazo- para evitar una crisis en el mercado de trabajo. De esta manera, el gobierno deberá tomar más medidas para apaliar los efectos nocivos de la cuarentena.

 

 

 

¿Qué sucedió con las canastas en el primer bimestre del año?

En febrero, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que muestra la línea de ingreso que necesita una familia para comprar una canasta de alimentos y no ser considerada indigente- aumentó un 1,9% respecto a enero. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) -que refleja el ingreso requerido para no ser considerado pobre-, aumentó 1,0% en relación con el mes anterior.

Cabe destacar que tanto la CBA como la CBT se desaceleraron considerablemente a lo observado en enero, cuando crecieron 5,7% y 3,6% respectivamente en relación con diciembre. Lo visto en ese mes fue consecuencia del incremento de Alimentos y bebidas (+4,6% según el IPC GBA de INDEC) producto de la devolución del IVA a algunos alimentos y a subas puntuales como verduras y carne.

De todas maneras, a partir de febrero esta dinámica comenzó a revertirse. Los aumentos en las canastas se desaceleraron notablemente, principalmente como consecuencia de la desaceleración de la evolución de los precios de los alimentos (+2,4%), del mantenimiento del congelamiento de tarifas y estabilidad del tipo de cambio.

Por el lado de los ingresos, el gobierno tomó medidas para recomponer el poder adquisitivo de los hogares, priorizando a los deciles más bajos: se otorgó un aumento de suma fija de $4000 para los asalariados privados y públicos que ganan menos de $60.000 -que representa una proporción mayor del ingreso para aquellos que tienen menores salarios- y un bono para beneficiarios de la AUH.

Para analizar el poder de comprar de las canastas básicas, es necesario compararlo con los ingresos de los deciles más bajos. Más en detalle, en febrero una familia tipo necesitó $16786 para no ser considerada indigente, y $40790 para no ser considerada pobre. Al mismo tiempo, el ingreso de una familia compuesto por un salario mínimo vital y móvil y 2 AUH se ubicó en $26367, cubriendo un 65% la CBT. Sin los aumentos nombrados anteriormente, el ingreso de la familia se hubiese ubicado en $19620, de modo que hubiese alcanzado para cubrir únicamente un 48% a la CBT.

¿Qué esperamos a futuro?

De mantenerse estable el tipo de cambio y el congelamiento de las tarifas, esperamos que la regresividad del proceso inflacionario comience lentamente a revertirse y las canastas empiecen a mostrar una evolución inferior a la inflación en los próximos meses.

Por otro lado, la continuidad de las medidas que buscan recomponer el ingreso de los sectores de menor poder adquisitivo -aumentos de suma fija e incrementos discrecionales de las asignaciones-, eleva las chances de que los ingresos de los hogares más bajos puedan cubrir una proporción mayor de las canastas.

¿Cómo evolucionó el empleo registrado en el 2019?

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo registrado cayó 1,1% en 2019, lo que implica una destrucción mayor a 130.000 puestos de trabajo. Es la primera vez desde la publicación del indicador en el año 2012 que existe una destrucción neta de empleo respecto al año anterior, llegando así a niveles menores a los de 2017.

Este resultado es producto de la recesión en la que se encuentra la economía. La actividad económica se habría contraído un 2,1% en 2019, afectada por un desplome del consumo como consecuencia de la caída de casi 10% del salario real y una inversión completamente paralizada. Como consecuencia, cuando se analiza el empleo por categorías, el deterioro fue mayor en las formas de contratación de mejor calidad, y, por lo tanto, las formas de empleo más precarias fueron ganando peso a lo largo del año.

Más en detalle, la mayor pérdida de empleo se observó en los asalariados del sector privado -que representan la mitad del empleo registrado- con una contracción del 2,3% respecto a 2018 (-146.500 puestos de trabajo). Por su parte, la caída en los trabajadores independientes (compuesto por monotributistas sociales, monotributistas, autónomos y asalariados de casas particulares) fue más atenuada, mostrando una reducción del 0,6% (-16.770 puestos de trabajo). Por último, el empleo público es el único que no sufrió contracción (+0,8%) incorporando más de 26000 puestos de trabajos formales en el contexto de un año electoral.

Por su parte, analizando por ramas de actividad, las peores contracciones en términos de empleo privado registrado se las llevaron los sectores vinculados al mercado interno, que además de ser los que más empleo generan fueron los más golpeados durante la crisis. En este sentido, la industria, el comercio y la construcción, que representan el 43% del empleo privado registrado total, sufrieron contracciones del 5%, 4% y 3% respectivamente en 2019, totalizando casi 120.000 puestos de trabajo menos. A contramano, el sector primario -que explica únicamente un 7% del empleo privado formal- fue el único que se mantuvo en terreno positivo (+1,7%), lo que significó un aumento de 7000 puestos de trabajo.

¿Qué esperamos a futuro?

Producto de la situación compleja en la que se encuentra la economía y la lenta recuperación que tendrá en la medida que se dilate la renegociación de la deuda, esperamos que la actividad se mantenga en promedio en terreno negativo en el 2020. Por lo tanto, en un contexto de lenta recuperación del salario real y reactivación del consumo no será una condición suficiente para que las empresas vuelvan a contratar personal. La demanda se deberá percibir persistente para que esto ocurra, ante el riesgo de que nuevas relaciones laborales pongan en jaque la debilitada estructura de costos.

Por otro lado, ante faltas de alternativas en relación de dependencia, aumentan las formas de contratación más precarias. Dentro del mundo formal, es posible que continúe en alza la cantidad de trabajadores “cuentapropistas” (especialmente monotributistas), mientras que también es de esperar que el empleo informal crezca en la medida que la economía demore en escapar de la recesión. Finalmente, de no existir un significativo ajuste en la masa de empleados del Estado, esperamos que el empleo público se mantenga en terreno positivo, al menos en línea con el crecimiento poblacional.

¿Qué pasó con los salarios en 2019?

El INDEC informó que los salarios en la economía avanzaron 2,6% en diciembre, por lo que, contemplando la dinámica de los precios (+3,7%), la pérdida del poder adquisitivo fue superior a 1% en el último mes del año.

De este modo, los salarios crecieron 40,9% durante el año pasado (+39,3% en promedio), impulsados por las remuneraciones de los trabajadores formales (+43,8%, +41,2% en promedio), donde acotadamente se destacaron los asalariados del sector privado (+44,3%, +41,1% en promedio) por sobre los del sector público (+42,9%, +41,4% en promedio). Por su parte, los trabajadores informales quedaron muy rezagados, ya que experimentaron un incremento de apenas 29,5% (+31,9% en promedio) en sus ingresos laborales.

Si contemplamos el aumento del nivel de precios y utilizamos la evolución promedio del salario real, que suele ser más informativa que la comparación punta a punta para captar la dinámica del poder adquisitivo a lo largo de un período de tiempo, se obtiene que la caída del poder adquisitivo en promedio fue de 9,5% i.a. en 2019. La caída media fue menor para los trabajadores registrados (-8,3% i.a.), mientras que los no formales sufrieron un desplome promedio de 14,1% i.a. en sus ingresos laborales. Por su parte, el salario medido en dólares retrocedió más de 20% i.a. en promedio durante el año pasado.

Así, el salario real en 2019 encadenó su segundo año consecutivo en retroceso y, tras ubicarse en rojo en tres de los cuatros años de Cambiemos, alcanzó un nivel 15% menor al promedio de 2015. Acuerdos salariales que continuamente quedaron desfasados ante las sucesivas sorpresas inflacionarias fueron la principal causa de esta dinámica.

¿Qué ocurrirá en 2020?

Los aumentos otorgados por decreto en el comienzo del año serán un paliativo ante la evolución del poder adquisitivo en los últimos meses, especialmente si la desaceleración de la inflación de enero se sostiene en los primeros meses del año. Sin embargo, en tanto estos incrementos más sean absorbidos por las paritarias -ya sea por las cláusulas gatillo o las propias negociaciones del año- menos abrupta será la recuperación del salario real.

En este escenario, en ausencia de una elevada volatilidad del tipo de cambio, la inflación promediará 2,5% mensual y, si bien podría acelerarse levemente en la segunda mitad del año cuando las tarifas de servicio público se descongelen luego de un año, se lograría una mayor estabilidad nominal que, al menos, evitaría grandes pérdidas del poder adquisitivo. Sin embargo, vale destacar el caso de los trabajadores informales, que al carecer de mecanismos legales para proteger sus ingresos reales en una economía que se recuperará muy lentamente, pueden tardar en sentir el repunte del poder adquisitivo que experimenten los empleados registrados.

En consecuencia, el incremento de los salarios nominales rondaría el 40% en 2020, levemente por encima de la inflación. Sin embargo, como resultado del arrastre negativo del año pasado, la recuperación será paulatina, por lo que prevemos que el salario real cierre el año con un nuevo retroceso, pero esta vez de 0,5% i.a. en promedio.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones?

El último viernes el gobierno de Alberto Fernández decretó un aumento en las jubilaciones que tendrá efecto desde el próximo marzo. Para algunos, el aumento fue un ajuste sobre un sector vulnerable al que se le había prometido mucho durante la campaña. Para otros fue, no solo justo desde un punto de vista distributivo, sino parte de una nueva estrategia que, integralmente, no puede considerarse un ajuste. ¿Cuánto de cierto hay en estas posiciones aparentemente antagónicas?

La definición fue que cada beneficio aumente solo 2.3% y al valor resultante se le agregue una suma fija de $1.500. De esta manera, un jubilado con la mínima vería aumentar su prestación en 13%, mientras que aquellos que cobran más de $16.200 perderían con el cambio. En promedio, el aumento llegaría a 9,2%, algo por debajo del 11.6% que hubieran aumentado de haber mantenido la formula de movilidad previa. Al mismo tiempo, la distribución cambia, achicándose la diferencia entre la prestación mínima y la media (pasó de ser 55% superior a 50%).

Con estos números sobre la mesa se entienden algo mejor las distintas posturas. Aquellos más preocupados por la distribución ponderaron el uso más progresivo de los fondos, mientras que otros entienden que, dado que el promedio es menor a lo que hubiera sido con la antigua formula de movilidad, hay innegablemente un ajuste.

¿Cómo varió el ingreso real de los jubilados?

Sabemos como evolucionaron los ingresos de los jubilados, pero poco sabemos qué pasó en estos últimos meses con la inflación que sufren. Dado que las pautas de consumo de los adultos mayores son significativamente distintas a las del promedio (mayor gasto en medicamentos y alimentos y menos en entretenimiento y educación, por ejemplo) y que los precios lejos estuvieron de aumentar homogéneamente en estos meses, sabemos que el ingreso real varió de forma distinta a la del resto de la población, pero ¿cuánto?

Tomando los datos del IPC Ecolatina y los de la Encuesta de Gastos de los Hogares elaborada por INDEC podemos calcular el aumento de precios de la canasta de los adultos mayores. Se observa que en un jubilado que cobra la mínima recuperó parcialmente lo perdido en 2019, pero su poder de compra continúa 13% por debajo del observado a fines de 2017, mientras que uno que cobra el promedio se mantiene 15% por debajo y uno que cobra 4 veces la mínima 18%.

¿Fue un ajuste fiscal?

Nuevamente las posturas se contradicen. Dado que el aumento promedio otorgado fue inferior al que hubiera surgido de aplicar la formula previa, hay un ahorro fiscal cercano a los $3.500 millones por mes ($3.400 si contamos el resto de las prestaciones sociales, como AUH, las cuales sí aumentaron 13%), el cual se ampliaría si a partir de junio se aplica una fórmula de movilidad similar a la anterior. De hecho, entre marzo y diciembre el ahorro llegaría a $40.000 millones, 0,1% del PBI. Ahora bien, ese ahorro no compensa el gasto extra que implicaron los bonos otorgados en diciembre de 2019 y enero de este año.

En ese marco, ambas posturas son razonables. Sí hubo un ajuste que dejará un arrastre para los próximos meses y posiblemente años, pero también es cierto que el gobierno no gastará menos de lo que hubiera gastado de haber mantenido la fórmula anterior.

En suma, se logró darle más progresividad al gasto previsional, a costa de atentar contra la institucionalidad (seguramente comenzarán a abrirse juicios durante los próximos meses) y sin lograr un ahorro fiscal significativo, al menos hasta el próximo año.

¿Qué sucedió con las canastas en los últimos años?

En diciembre de 2019, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que muestra la línea de ingreso necesario que debe tener un hogar para comprar una canasta de alimentos y no ser considerado indigente, aumentó un 3,2% respecto a noviembre. Por otra parte, la Canasta Básica Total (CBT) se incrementó un 3,6% respecto al mes anterior, siendo esta una canasta compuesta por bienes y servicios, donde los hogares que ganan por debajo de esta línea de ingresos son considerados pobres. De esta forma, ambas canastas cerraron el año con un aumento del 52,8% i.a. y finalizaron levemente por debajo del nivel general de precios (+53,8% i.a.).

Sin embargo, esta dinámica no fue la regla en los últimos dos años. A partir del primer salto cambiario en abril del 2018, la depreciación del peso aumentó el precio relativo de los bienes transables, siendo alimentos uno de los más afectados. De esta manera, considerando que este rubro es esencial para el armado de las canastas, fue posible observar una aceleración mayor en la CBA y la CBT que en la inflación general. Asimismo, los sucesivos aumentos en las tarifas de los Servicios Públicos, que impactan en la Canasta Básica Total, también contribuyeron a que la misma crezca por encima del nivel general de precios.

Por otra parte, la evolución del ingreso real de las familias no acompañó el aumento de los precios. Producto de una inflación mayor a la esperada, el poder adquisitivo de los hogares se deterioró notablemente: el salario real formal cerró el año con una caída promedio en torno a 8% i.a. y el salario de los trabajadores informales se deterioró un 13% i.a. A su vez, las prestaciones sociales cerraron el año levemente por debajo de la inflación, generado por las actualizaciones trimestrales de la fórmula de movilidad y el otorgamiento de sumas fijas que fueron especialmente significativas para la AUH.

Para evaluar el poder de compra de las canastas básicas, es representativo compararlas con la evolución de los ingresos de los hogares de los deciles más bajos. De manera ilustrativa, en diciembre de 2019 una familia necesitó ganar $15.584 para alcanzar la CBA y ubicarse sobre la línea de indigencia. Además, necesitó $38.960 para acceder a la CBT y no ser pobre. A contramano, a modo de ejemplo, el ingreso de un hogar comprendido por un salario mínimo vital y móvil y dos AUH se ubicó en $26367 y cubrió únicamente el 68% a la canasta básica total, en línea con lo sucedido el resto del año.

¿Qué se espera de acá en más?

El éxito que tengan las recientes medidas impulsadas por el gobierno determinará la evolución de las canastas. Si bien el acuerdo de precios y salarios aún no fue puesto en marcha, el congelamiento de los Servicios Públicos durante el primer semestre del año, un dólar oficial que permanece planchado y el acuerdo con laboratorios para reducir el precio de los medicamentos son factores que, de mantenerse, ayudarán a que tanto la CBA como la CBT, al menos durante los primeros meses del nuevo gobierno, exhiban un incremento inferior al Nivel General.

Desde el lado de los ingresos, una de las medidas fue suspender los aumentos por movilidad en el gasto de seguridad social, el cual incluye a las AUH. En contrapartida, el gobierno otorgó sumas fijas a beneficiarios de AUH y jubilados que perciben menos de $20.000.

En línea con esta progresiva política de ingresos, el gobierno decidió otorgar aumentos a los asalariados privados de $4000 entre febrero y marzo. Esta suma será más representativa para aquellos que posean menores ingresos laborales, y de mantenerse cierta estabilidad en los precios, experimentarán un crecimiento del poder adquisitivo en los próximos meses.

Heterogeneidad en la caída

El retroceso del salario real en los últimos dos años fue indudablemente una de las razones que explica la derrota de Cambiemos en las elecciones pasadas. Las turbulencias cambiarias de 2018 -que tuvieron su pico en abril y agosto de dicho año, así como la depreciación del Peso tras el resultado de las PASO fueron factores que aceleraron la inflación.

Siempre que las subas de precios sean imprevistas, no alineadas con los aumentos salariales pautados, el principal resultado es el deterioro del poder adquisitivo. Si bien durante los últimos años se instauraron las cláusulas de renegociación ante una inflación efectiva mayor a la esperada (como ocurrió en 2018 y 2019), la suba de salarios terminaron corriendo detrás del alza de los precios. Por caso, el salario real de la economía cayó en promedio 6,3% en 2018 y exhibirá una contracción media superior a 8% en 2019, producto de una inflación mayor a la esperada. Por supuesto, el deterioro no fue homogéneo: el poder de compra promedio de los trabajadores registrados (-6,2% en 2018 y – 8% en 2019) fue menor que el de los informales (-6,3% y -13%), quienes no son alcanzados por las negociaciones paritarias y encuentran dificultades para mejorar sus condiciones en un contexto recesivo e inflacionario. Por su parte, menos deteriorados fueron los ingresos de los perceptores de la AUH y de los jubilados (en torno al 5% en 2018 y casi 2% en 2019), quienes lograron acotar la caída del poder adquisitivo gracias a la fórmula de movilidad, que otorgaba ajustes trimestrales.

Ahora bien, como el gráfico lo demuestra, incluso en el caso de muchos trabajadores formales, a priori quienes más pueden proteger el valor real de su ingreso, el poder adquisitivo cerró el año mayoritariamente en rojo. Por caso, los trabajadores de sectores vinculados al sector textil (y calzado), uno de los más afectados por la recesión, mostraron el peor desempeño, aunque también gremios más amplios como Comercio o UOCRA (Construcción) también experimentaron un caída del poder adquisitivo durante todo el 2019. En el mejor de los casos se encuentran los encargados de edificios, que a través de sucesivos ajustes mensuales logran, en muchos meses, ganarle a la inflación.

De todos modos, más allá del derrotero de cada sector en particular, la pérdida de los ingresos reales fue generalizada y tuvo su correlato en el consumo, el cual acumula una caída superior al 10% (en términos desestacionalizados) desde el pico del primer trimestre de 2018. La sostenida depresión de la demanda interna es uno de los factores que demora la recuperación de la actividad. En este marco cobra relevancia el plan para “poner plata en el bolsillo de la gente (de menores ingresos)”, que no solo fue una plataforma electoral del oficialismo, sino que es necesario para frenar la caída del consumo. Veamos entonces cuales son las herramientas del gobierno para ello, así como las limitaciones del caso.

Consumo en el bolsillo de la gente de menores ingresos

El nuevo gobierno tomó nota de la delicada situación económica y rápidamente dio marcha atrás con algunas de sus slogans electorales. La apremiante situación fiscal, así como el riesgo de una aceleración de la espiral precios -salarios en un contexto de elevada inercia inflacionaria, echaron por tierra cualquier demanda social desmedida.

En palabras del ministro Guzmán, el punto inicial es la búsqueda de un resultado fiscal equilibrado, o que al menos sea percibido como sostenible en las prontas renegociaciones con acreedores. En este marco, una de las primeras medidas fue un aumento de impuestos que representará aproximadamente 1,5% del PBI. Por el lado de las erogaciones, se suspendió por seis meses la fórmula de movilidad que actualizaba trimestralmente los ingresos de las prestaciones sociales (jubilados y AUH), que representan el 60% del gasto público e implicaba un fuerte aumento del mismo en caso de desacelerarse la inflación.

De todos modos, tanto los perceptores de la AUH como los jubilados que ganan menos de $20.000 (aproximadamente la mitad de los mismos) percibirían bonos de suma fija en los meses de diciembre y enero que ayudarán a recomponer su poder adquisitivo. Mas aun, estos sectores tienen una mayor probabilidad de recibir nuevos incrementos de otorgarse nuevas compensaciones. En este sentido, la exclusión del bono a jubilados que cobran por encima de $20.000 representa, pese a la suspensión de los ajustes por movilidad, una medida progresiva, dado que quienes reciben recursos son los que menores ingresos tienen. Por otro lado, refleja que la política de ingresos, en el inicio del año, estará destinada a apuntalar el poder adquisitivo de los sectores más postergados, poseedores de una elevada propensión al consumo. En esta misma línea se puede ubicar a la Tarjeta Alimentaria para beneficiarios de AUH.

Esta dinámica también se encuentra en la reciente decisión de otorgar un bono de $7000 a asalariados del sector privado ($3000 en enero y $4000 en febrero). Este monto, en términos porcentuales, representa una mayor parte del salario de los trabajadores con menores ingresos, quienes también gastan una mayor proporción del mismo. Estos serán los que tengan más posibilidades de apuntalar su poder adquisitivo en el inicio del año. Si bien el bono no reemplazará los aumentos ya pautados para estos meses, se busca desanimar presiones sindicales que puedan derivar en una reapertura anticipada de las paritarias que afecte un eventual acuerdo de precios y salarios.

La lógica del gobierno es que la transferencia de recursos a los sectores más bajos dinamizará su consumo en los primeros meses del año. Por su parte, la clase media y alta, solo incrementará su consumo en caso de encontrar facilidades de financiamiento, o a través del gasto de ahorros, en su mayoría dolarizados. En definitiva, esta variable podría encontrar un aliciente en los próximos meses, pero no iría de la mano de un marcado aumento del poder adquisitivo, pese al deterioro de los últimos dos años.

¿Será suficiente?

La mayor incógnita es acerca del efecto neto de esta política de ingresos. Si bien elevar el ingreso de sectores que consumen una gran parte del mismo fomenta el consumo, el congelamiento de ingresos que recae sobre parte de los jubilados y el aumento impositivo al cual se enfrentará la clase media y alta (que tampoco experimentarán una mejora real de sus ingresos), son factores que ponen en duda si la política de ingresos emprendida es suficiente para reactivar el consumo y evitar que otros sectores reduzcan su gasto compensando los estímulos al mismo.

Por otro lado, el plan dista de ser generalizado. Los trabajadores independientes o asalariados no registrados, una parte significativa de la masa salarial, no tendrán ningún beneficio. En estos casos, la paulatina mejora de la actividad y la desaceleración de la inflación serán los mecanismos que puedan darle aire a estos trabajadores en los próximos meses.

Fuerte heterogeneidad en los deciles de ingresos

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), durante el tercer trimestre de 2019, únicamente la población que pertenece a los dos deciles de ingreso mas altos (ganan mensualmente por encima de $23000) lograron darle pelea a la dinámica inflacionaria. Considerando que el aumento de precios fue superior al 54% en relación a igual trimestre de 2018, solamente el decil de ingreso más alto logró ganarle a la inflación, tras percibir una mejora promedio de 62% en sus ingresos (+5,1% i.a. en términos reales). Muy cerca quedó el noveno decil (el segundo mas alto), cuyo aumento medio fue de casi 51% i.a., lo que arrojó una pérdida de algo más de 2% i.a. del poder adquisitivo.

En cambio, lo sectores medios (entre $10000 y $23000 por mes) y bajos (menos de $10000 por mes), vieron sus ingresos medios aumentar en un 44% y 40,5%, respectivamente, en relación al tercer trimestre del año pasado. Teniendo en cuenta la dinámica que adquirieron los precios en el período, la pérdida real fue de 6,5% i.a. y 9% i.a. en cada caso.

¿Qué hay detrás de estos números?

Dentro de los ingresos, se incluyen tanto los no laborales como los laborales. En el primer grupo, las principales son las jubilaciones, que se ajustaron en función de la fórmula de movilidad vigente, recientemente interrumpida por el actual gobierno. Este ajuste, si bien corría de atrás a la inflación en momentos de aceleración inflacionaria, permite, al ser trimestral, una rápida actualización de las prestaciones, por lo que los beneficiarios no permanecen largos períodos con una pérdida significativa de su poder adquisitivo.

La preponderancia de las jubilaciones dentro de los sectores de mayor ingreso en la sociedad (más del 30% de los ingresos del décimo decil son no laborales) fue uno de los factores que permitió que estos alcancen una dinámica similar a la de la inflación. En cambio, los jubilados que perciben menos que $20000, están más distribuidos en los sectores medios (deciles 5 a 8), por lo que no hay un impacto significativo en algún decil en particular.

El otro factor que explicó el fenómeno en cuestión fueron los ingresos laborales, que en el caso de los sectores más altos, usualmente se ajustan vía paritarias. Esto ocurre porque en este nivel de ingreso 9 de cada 10 trabajadores está registrado, y si bien dentro de este grupo hay personas independientes (principalmente profesionales), no alcanzados por las negociaciones colectivas, es elevada la probabilidad que hayan percibido de alguna forma incrementos salariales. Esta caracterización ayudó a que, en los estratos más altos, la pérdida del poder adquisitivo sea limitada en relación al resto de la población.

Como contracara, en lo que refiere a los sectores de menores ingresos, se observa que solo 3,5 de cada 10 trabajadores de los cuatro primeros deciles poseen un puesto de trabajo formal, por lo que el impacto de las paritarias en estos grupos es visiblemente menor. Curiosamente, los ingresos de este grupo de trabajadores se contrajeron más de 10% i.a. en términos reales, incluso por encima de lo que cedió el poder adquisitivo de los ingresos totales del sector (9% i.a.). La vigencia de la AUH en estos sectores, que ajustaba de la misma forma que las jubilaciones, puede explicar esta discrepancia.

Adicionalmente, el impacto de la inflación en los distintos sectores de la sociedad es diferente. Por caso, la población que pertenece a los deciles más bajos son quienes gastan una mayor parte de su ingreso en alimentos y servicios públicos, erogaciones difícilmente eludibles en el mes a mes. Si tenemos en cuenta que estas agrupaciones evolucionaron por encima del Nivel General, es de esperar que el poder adquisitivo haya mostrado incluso un mayor deterioro que lo observado en la medida que nos enfocamos en los deciles mas bajos.

¿Cuáles son las implicancias?

Lo que rápidamente se observa es que únicamente los sectores de mayores ingresos lograron mantener su poder adquisitivo prácticamente inalterable en un contexto de elevada e inesperada inflación. Si bien gran parte de esto se debe a los distintos mecanismos que sostienen los ingresos reales (paritarias y ajuste por movilidad), un efecto adicional se vincula a la cantidad de niños por hogar, que crece en la medida que nos movemos a deciles de menores ingresos. Es decir, por mas que trabajadores de distintos ingresos se vean beneficiados por las mismas paritarias, la mejora tiene que ser repartida en más personas en aquellos hogares de menores recursos. En el extremo, esta es una de las causas de que la tasa de pobreza en menores de edad sea sosteniblemente mayor que en el resto de la sociedad.

Por otro lado, uno de los puntos mas controversiales del paquete de medidas enmarcado bajo la Ley de Solidaridad fue la interrupción del ajuste por movilidad jubilatoria. En su reemplazo, aquellos jubilados que perciben hasta $20000 tendrán un bono de suma fija de $5000 a ser pagados en diciembre y enero, a la espera de nuevas sumas fijas en el primer semestre. Un análisis de la distribución del ingreso muestra que quienes cederán poder adquisitivo en los primeros meses del 2020 serán los jubilados de los dos deciles mas altos, quienes en el pasado, gracias a la fórmula vigente habían logrado aumentos casi a la par que los precios.

Habrá que esperar si el gobierno decide aplicar una modalidad similar para las paritarias, en la que los aumentos correspondientes se enfoquen en aquellos sectores cuyo poder adquisitivo se deterioró más en los últimos meses.

Pese a la crisis, el empleo continúa creciendo

El PBI cayó 1,7% i.a. en el tercer trimestre de 2019 y, pese a la mejora en términos desestacionalizados (+0,9% en relación al segundo trimestre del año), acumula una contracción de 2,5% en el acumulado del año. Sin embargo, tal como viene sucediendo, el deterioro de la actividad económica fue acompañado por una mejora en el nivel de empleo. Según la Encuesta Permanentes de Hogares (EPH) -que releva información de 31 aglomerados urbanos-, la tasa de ocupación se ubicó en 42,6% (+0,1% p.p. en relación a igual trimestre de 2018) lo que se corresponde con un aumento de 1,2% en la cantidad de puestos de trabajo.

A su vez, la tasa de desocupación alcanzó 9,7% de durante el tercer trimestre del año (+0,7 p.p. en la comparación interanual). El incremento en conjunto de la cantidad de ocupados y desempleados se corresponde con una expansión de la Población Económicamente Activa (PEA), que avanzó 2% i.a. en el período de referencia. Esto significa que mas personas participaron del mercado laboral pero no todas pudieron conseguir un empleo.

¿Qué hay detrás de la generación de empleo?

En momentos de crisis, el aumento de la PEA se explica por el efecto trabajador adicional. Esto ocurre cuando un nuevo miembro de la familia se incorpora al mercado laboral ante la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo. En este sentido, la caída superior al 7,5% i.a. del salario real durante el tercer trimestre de 2019 es un factor que explica este comportamiento.

Como se mencionó anteriormente, la mayor cantidad de participantes del mercado laboral se tradujo en una mayor cantidad de desempleados, pero también en una expansión de los ocupados. Sin embargo, durante el tercer trimestre el empleo asalariado formal en la población de referencia cayó 0,5% i.a. Esto implica que la expansión del empleo guardó unicamente relación con la creación de puestos de trabajo de baja calidad. De hecho, si se suman los asalariados informales y los trabajadores por cuenta propia, actividades asociadas a una mayor precariedad y menores remuneraciones, se encuentra que exhibieron un aumento superior al 5% i.a.

Por lo tanto, si bien la crisis no provocó un significativo aumento en el desempleo, esto se debió a una proliferación de puestos de trabajo más inestables (informales o independientes) y/o con baja carga horaria (la masa de subocupados creció 10%). Por este motivo, como los trabajadores pretenden obtener mejores empleos, con mayor seguridad laboral y remuneraciones, imponen, junto a los desocupados, una mayor presión sobre el mercado laboral. Esto implica que, en sintonía con la caída de los salarios reales, permanece elevada la cantidad de personas que demandan un empleo para salir de la desocupación o cambiar la ocupación actual, con el fin apuntalar sus ingresos y/o abandonar la informalidad.

¿Qué esperamos para lo que resta del año y el inicio de 2020?

La inestabilidad cambiaria y financiera tras las PASO, así como la demora por parte del nuevo gobierno en anunciar medidas económicas concretas extendió la incertidumbre económica en los últimos meses. En consecuencia, prevemos que la situación en el mercado laboral en el último trimestre no sea muy distinta a lo observado en los primeros nueve meses, ya que la tendencia creciente del empleo será el resultado de puestos de trabajo informales o del cuentapropismo, en un contexto en el que pocas ramas de la actividad consolidan un avance. Asimismo, la profundización de la crisis podría desalentar la participación en el mercado de trabajo ante la perspectiva de no conseguir un empleo, lo que podría, en el margen, contener un avance sustantivo de la tasa de desempleo.

En lo que respecta a los primeros meses del año que viene, consideramos que una mejora en la actividad, alimentada por la expansión del consumo en el corto plazo, favorecerá la creación de empleo. Sin embargo, en tanto esta recuperación no se perciba como permanente, la probabilidad de que el empleo de calidad -principalmente asalariados formales- crezca será acotada, especialmente teniendo en consideración que la necesidad de cumplir un sendero fiscal equilibrado y sostenible no da espacio a un aumento significativo del empleo público.

Tipo de cambio real y poder adquisitivo, una relación inversa

El próximo presidente asumirá con una situación delicada, no solo en términos económicos sino también financieros y sociales. Por caso, en 2020 habrá que pagar servicios de deuda en moneda extranjera con acreedores privados por USD 21.000 millones, en un escenario donde las opciones de financiamiento escasean. Además, el salario real acumulará dos años de caídas significativas y la pobreza se acercará al 40%. Por lo tanto, será tan importante honrar los pasivos como mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, reconciliar ambos objetivos será complejo, e incluso podría resultar contradictorio. Sin acceso a los mercados de crédito, será fundamental obtener un superávit comercial de bienes y servicios récord para evitar un default en el corto plazo: los dólares netos, y genuinos, que lleguen por esta vía saldrán en concepto de pagos a acreedores financieros, cancelando deuda pública en moneda dura.

Para que el ingreso de divisas comerciales se acerque a los USD 21.000 millones será necesario tener un tipo de cambio real competitivo. Este “dólar caro” apuntalaría las exportaciones, en especial aquellas vinculadas al sector industrial, a la par que desalentaría algunas importaciones, favoreciendo el intercambio entre nuestra economía y el resto del mundo, es decir, favoreciendo la acumulación de dólares comerciales.

Producto de la elevada inflación interna y la reciente depreciación de muchas monedas de la región (Brasil, Chile, Bolivia), la única forma de evitar un nuevo atraso cambiario es que, como mínimo, la depreciación nominal del tipo de cambio oficial acompañe al incremento de precios mes a mes. Dado que el dólar es uno de los principales determinantes de la inflación en nuestro país, esto eliminaría la posibilidad de desaceleración sensible de esa variable.
La recuperación del salario real no depende solo de las paritarias, donde se negocian los salarios nominales -de los trabajadores formales-, sino también de la inflación. Por lo tanto, la mejora del poder de compra y el pago de servicios de deuda entrarían en conflicto el año próximo: alcanzar y sostener un tipo de cambio competitivo y estable, en el corto plazo, permitiría conseguir los dólares necesarios para honrar los compromisos asumidos, pero entraría en contradicción con una mejora de los ingresos reales.

¿Callejón sin salida?

Sin embargo, este problema podría sortearse reabriendo los mercados y consiguiendo financiamiento externo. Una vuelta al crédito externo permitiría relajar las necesidades de superávit comercial y, de esa manera, compatibilizar una mejora del poder adquisitivo vía atraso del tipo de cambio real cumpliendo las obligaciones de deuda en moneda extranjera. Sin embargo, la única forma de volver a conseguir financiamiento es mostrando un sendero fiscal consistente con el repago de los compromisos asumidos.

En 2019, el déficit primario rozaría el 1% del PBI. Este sendero fiscal consistente exigiría, de mínima, un equilibrio de los gastos y los ingresos operativos. Por lo tanto, en este escenario, el ajuste debería endurecerse en 2020. Una vez más, en este punto reaparecen los conflictos: ¿de dónde saldrá el dinero para garantizar este resultado? ¿Aumentarán impuestos? ¿Se recortarán gastos?

En este sentido, Alberto Fernández sostuvo recientemente que algunos sectores -minero, petrolero, agropecuario- tendrían que hacer mayores esfuerzos, dando la pauta de que podrían aumentar las retenciones a las exportaciones. En la misma línea, durante la campaña, afirmó que incrementaría la alícuota sobre los bienes personales, agravando el tributo a los patrimonios.

Sin embargo, no alcanzaría con estos gravámenes para cerrar la brecha fiscal, de modo que también deberían recortarse algunos gastos. En este marco, podría continuar el recorte de subsidios, lo que implicaría que las tarifas de servicios públicos, congeladas en los últimos meses, se actualizarían nuevamente. Asimismo, esta lógica de austeridad fiscal impediría incrementar los gastos en prestaciones sociales, es decir, jubilaciones y asignaciones, más allá del ajuste que les corresponderá por la inflación pasada. Por lo tanto, una baja importante de la pobreza, y especialmente de la indigencia, tendría que esperar otro año.

Aun con este sendero fiscal, las posibilidades de que los mercados de crédito se reabran en el corto plazo son bajas, sobre todo en la magnitud en que nuestro país lo necesita. En consecuencia, conviene seguir analizando opciones.

Todos tienen que ceder

Si descartamos la posibilidad de hacer roll-over de los pagos de deuda con el sector privado en 2020, aún nos queda una alternativa para que el peso del ajuste no recaiga exclusivamente sobre un actor social: repartir los costos. Por caso, se podría reestructurar de manera acordada los pagos de deuda con los tenedores privados, lo que relajaría las necesidades del superávit comercial, es decir, de ganar competitividad cambiaria, y permitiría atenuar la pérdida de salario real. En igual sentido, esta reestructuración recortaría las exigencias del sendero fiscal consistente, dando lugar a que el ajuste de las cuentas públicas sea paulatino.

En este escenario, las tensiones dejarían de ser quién pierde para determinar cuánto: todos cederían, pero no en los mismos niveles. Esta distribución de las pérdidas no dejaría a nadie contento, pero tampoco a nadie “demasiado enojado”, de modo que parece ser la opción más redituable tanto en términos económicos como políticos.

En consecuencia, es probable que la conciliación de intereses sea el camino adoptado. Lamentablemente, en este caso se tratará de cómo minimizar y repartir las pérdidas y no de maximizar ganancias. Veremos qué tensiones sociales y políticas aparecen en el camino; cuanto menores sean, es decir, cuanto mayor sea el consenso, menores serán los daños.