Category: Empleo e Ingresos

El desempleo trepó a 13,1% en el segundo trimestre

En el segundo trimestre de 2020, la tasa de desempleo alcanzó 13,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC. El salto de 2,5 p.p. respecto a igual período del año pasado es el mayor desde la salida de la convertibilidad.

Sin embargo, este dato resulta anecdótico en contexto de pandemia ¿Tenía sentido buscar empleo a comienzos de una cuarentena inédita para nuestro país? Si nos guiamos por la dinámica de la PEA, se observa que entre abril y junio de 2020 la participación en el mercado de trabajo cayó casi 19% i.a., por lo que más de 2,5 millones de personas dejaron de trabajar o buscar activamente empleo en los 31 aglomerados urbanos.

Por este motivo, resulta más relevante analizar lo que sucedió con el empleo y vincularlo con la caída récord de la actividad observada y las restricciones de oferta presentes producto de la cuarentena/pandemia. Más importante aún, la pérdida de empleo ayuda a comprender la magnitud del impacto negativo sobre el gasto de los hogares y su composición el deterioro de los indicadores socioeconómicos.

Se perdieron casi 4 millones puestos de trabajo en el segundo trimestre

 

De acuerdo a la EPH, la tasa de empleo se ubicó en 33,4% durante el segundo trimestre del año, lejos del 42-43% de los trimestres previos Esto implica un deterioro del nivel de empleo superior al 20% i.a. Es decir, se perdieron 2,5 millones puestos de trabajo en los 31 aglomerados urbanos en el período de referencia. Esta cifra rozaría los 4 millones si extrapolamos este resultado al total de la población del país. Dicha inferencia es razonable para la población urbana (aprox. 90% del total) pero incorrecta para la población rural (10% restante).

La magnitud de esta caída es comparable a su heterogeneidad. Por ejemplo, en base a los datos de INDEC, los empleados de establecimientos estatales aumentaron 5% en el segundo trimestre de 2020, en contraposición al deterioro de 26% i.a. de los trabajadores privados. El costo de la caída de 19,1% i.a. del PBI recayó sobre estos últimos: si bien la elasticidad empleo total-producto fue levemente superior a 1 (por cada punto de caída del PBI se perdió un poco más que 1 p.p. de empleo), la elasticidad empleo privado-producto alcanzó 1,35.

Asimismo, si asumimos que los trabajadores estatales son asalariados registrados, se puede analizar las distintas dinámicas dentro del sector privado, del cual surgen tres categorías: asalariados privados registrados, asalariados privados no registrados y cuentapropistas. En el primer caso la caída fue de 9,5% i.a. (casi el doble que lo registrado por el SIPA), arrojando una elasticidad de 0,5 respecto al producto (0,25 tomando SIPA), bastante mejor que el agregado del empleo privado. Esto implica que dentro de las otras dos modalidades se encuentran aquellos que sufrieron más el impacto de la crisis. El empleo informal cayó 43,5% i.a., exhibiendo una inédita elasticidad de 2,3 respecto al PBI, mientras que los cuentapropistas mostraron un deterioro de casi 30% i.a., exhibiendo también una elevada elasticidad en relación al PBI (1,5).

En síntesis, el empleo público registrado no se vio afectado por la cuarentena/pandemia y el empleo privado formal cayó menos que el desplome del PBI (-19% i.a.), gracias a la protección oficial (doble indemnización, prohibición de despido sin causa justa y programa ATP). Por último, quienes poseen peores condiciones de trabajo, salarios en promedio más bajos y/o menos estables, fueron los que sufrieron el mayor impacto de la cuarentena. El principal paliativo del Estado -decisión acertada por parte del Ejecutivo- para compensar parte del desplome de los ingresos laborales provenientes de la informalidad fue el IFE, mientras que los estratos medios (donde cobran mayor relevancia los cuentapropistas y monotributistas) apenas percibieron créditos blandos.

Deterioro de indicadores socio-económicos

Con el relajamiento de facto y de jure de las restricciones a la movilidad, el empleo informal y el cuentapropismo sería el primer elemento del mercado laboral en recomponerse. Sin embargo, la cada vez más modesta recuperación de la actividad pone interrogantes acerca de cuanto demorará en volver a los niveles previos a la pandemia. Asimismo, el empleo privado formal ajustó poco respecto de la magnitud de la caída de la actividad, por lo que difícilmente vuelva a trepar este año: algunas empresas aún cuentan con dotación excedente.

En conclusión, a la precarización del empleo observada durante la recesión de 2018-19 (el empleo total creció pese a la contracción de trabajo registrado) se suma la fuerte destrucción de empleo (principalmente precario) producto de la cuarentena/pandemia. Este shock negativo sobre los ingresos laborales afectó en mayor medida en los hogares de menores recursos, lo que explica el fuerte deterioro de la pobreza y la indigencia que dará a conocer el INDEC dentro de una semana. Lamentablemente, esperamos una lenta recuperación de los puestos de trabajo perdidos en el segundo trimestre de 2020, lo que complicará la reversión del fuerte deterioro de los indicadores socio-económicos.

La pauperización del empleo y la “redistribución” del poder adquisitivo

En el primer trimestre del 2020, el ingreso total familiar mostró un mejor desempeño en los hogares de menores recursos que en los de mayores. Concretamente, el ingreso creció casi 1% i.a. en términos reales en los hogares correspondientes a los cuatro primeros deciles, mientras que en las familias del 20% superior de la pirámide cayeron cerca de 4% i.a.

Esta dinámica respondió fundamentalmente a que la pérdida de poder adquisitivo de los sectores de menores recursos en 2018 y 2019 alentó a nuevos miembros del hogar a sumarse al mercado de trabajo y/o a que los miembros activos incrementaran las horas remuneradas. De esta manera, se generaron mayores fuentes de ingreso, que mejoraron los recursos totales compensando el menor ingreso real individual. En este sentido, el impulso del empleo informal de los últimos años, en especial bajo la modalidad cuentapropista, explica esta dinámica.

No obstante, estos datos “positivos” no pudieron sostenerse más allá de marzo 2020: con la llegada de la pandemia y la cuarentena, los hogares de menores recursos volvieron a ser los más perjudicados producto de la mayor incidencia de trabajos que no pueden realizarse a distancia y la elevada informalidad (la imposibilidad de operar en pequeñas unidades productivas no registradas implica dejar de cobrar). De todas formas, la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -el Estado Nacional asiste transitoriamente a más de nueve millones de personas- está compensando parte del fuerte deterioro de los ingresos laborales en dichos hogares.

El impacto asimétrico de la pérdida de empleo en los ingresos laborales

Según nuestras estimaciones, cerca de tres millones de trabajadores, compuesto principalmente por informales y cuentapropistas, tuvieron serias dificultades para realizar sus actividades durante el aislamiento. Ramas como construcción, hotelería, gastronomía, servicios vinculados al entretenimiento, servicio doméstico, fueron los más afectados. Considerando el elevado grado de informalidad y desprotección que pesa sobre estos sectores, es probable que los ingresos laborales se hayan reducido muy significativamente.

En el extremo opuesto, los sectores de mayores ingresos -y también de mayor formalidad- pudieron realizar gran parte de sus tareas de manera remota cuando no estuvieran empleados en sectores “esenciales”.

Por lo tanto, podemos afirmar que el porcentaje de empleos paralizados por el aislamiento está siendo mayor en los hogares de menores ingresos. En términos numéricos, alrededor de la mitad de los puestos de trabajo del 20% de los hogares de menores ingresos (per cápita) habrían sido afectados por la cuarentena. Este porcentaje se reduce paulatinamente hasta rondar el 25% en el 30% de los hogares de mayores recursos.

Estos factores sugieren que la cuarentena está teniendo un impacto regresivo sobre la distribución de los ingresos laborales de los hogares.

El Estado compensa parte de la caída de los ingresos de los hogares vulnerables

El consumo está sufriendo una fuerte contracción durante la cuarentena, tanto por las restricciones a la oferta como a la demanda. En este sentido, no es una novedad marcar que sectores como esparcimiento, gastronomía, turismo, entre otros, están con ventas en mínimos históricos. Asimismo, tampoco es “novedoso” puntualizar que, por la incertidumbre y el temor a la pérdida de los puestos de trabajo, se incrementó el ahorro precautorio, desplomando las compras de bienes durables. En este marco, lo único que se sostienen son las ventas de consumo masivo, aunque con heterogeneidad. Pero, ¿cómo impactará el efecto distributivo de la cuarentena? ¿y cómo se reconfigurará el consumo una vez pasada la pandemia?

Partiendo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del INDEC, sabemos que el 30% de los hogares de mayores recursos concentra casi la mitad del gasto total de las familias. Dado que este sector sería el menos golpeado por la cuarentena, su impacto sobre el consumo debería ser acotado. Pensando también que los ahorros previos son mayores que en el resto de la población, no necesita aumentar significativamente el “ahorro precautorio” e incluso puede utilizar los excedentes acumulados para no modificar significativamente su consumo.

Sin embargo, también se evidencia un deterioro -aunque menor- del poder adquisitivo de dichos hogares. Incluso en el caso de los trabajadores formales, se verifican caídas importantes del salario en términos reales, e incluso nominales (trabajadores suspendidos, profesionales cuentapropistas y dueños de PyMEs). Habrá que ver especialmente qué sucede con las negociaciones colectivas una vez terminada la pandemia -que explican alrededor del 60% de los ingresos de este segmento de hogares-, pero la situación actual no permite ser optimista.

Por otra parte, según la misma ENGHo, el 40% de las familias de menores ingresos, es decir, aquellas que más se ven afectadas por la cuarentena, explican el 25% del gasto total. Por lo mencionado anteriormente, las perspectivas de ingreso laborales son más desalentadores en estos hogares, pero este deterioro está siendo atenuado por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al cubrir en promedio cerca del 40% de los ingresos laborales de este segmento. En consecuencia, se reduce la caída del consumo de los hogares de menores recursos, que justamente destinan una mayor parte de su ingreso al consumo masivo.

En este sentido, es preocupante la situación de los sectores medios. Sin ahorros significativos sobre los cuales apoyarse, el deterioro del empleo y/o salarios los afecta particularmente ante la ausencia de ingresos no laborales que compensen la dinámica. En este punto, no solo es relevante la cantidad de hogares que pueden caer bajo la línea de pobreza sino las perspectivas del mercado laboral.

La velocidad de la recuperación del empleo y la reanudación de paritarias cuando se levante plenamente la cuarentena, marcarán el ritmo del gasto de los hogares, especialmente de la clase media. Asimismo, la evolución de los ingresos no laborales y las políticas públicas (renta universal) serán claves para entender qué pasará con el gasto de los hogares de bajos ingresos.

Lamentablemente, será muy difícil que el consumo recupere el nivel de 2019 durante la primera mitad del mandato de Alberto Fernández. No obstante, la recuperación post pandemia, permitiría a los rubros más afectados (bienes y servicios no esenciales) comenzar a recuperar el largo terreno perdido.

 

 

La economía argentina acumuló una caída de 4,5% del PIB entre 2018 y 2019, pero fue una contracción que tuvo un impacto relativamente acotado en el empleo registrado: pese a que se destruyeron 4,5% de los puestos de trabajo asalariado privado formal (-280 mil), el avance de los trabajadores monotributistas (+3,4%, +26 mil puestos) morigeró la pérdida de empleo formal (-2%, -240 mil puestos). No obstante, si sumamos a los trabajadores informales, la ecuación arroja un incremento en el empleo -aunque de menor calidad- durante dicho período.

La caída del salario real atenuó el ajuste vía cantidad de puestos de trabajo, pero también provocó el ingreso al mercado laboral de personas que buscaban compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias como un todo. La demanda de trabajo no pudo absorber a todos ellos, y el resultado fue que pese al incremento del empleo, también aumentó el desempleo, que pasó de 7,2% en el cierre de 2017 a casi 9% en el último trimestre de 2019.

Lamentablemente, todos los problemas de nuestra frágil economía se agravaron producto de la pandemia, y el mercado laboral no fue la excepción. La destrucción de puestos de trabajo (registrados, cuentapropistas e informales) aceleró el incremento del desempleo y se profundizó la caída del poder adquisitivo de los trabajadores durante la primera parte de este año.

Según datos del Ministerio de Trabajo, entre diciembre de 2019 y abril de 2020 se destruyeron el 2,5% del total de los empleos formales (-310 mil), superando la caída acumulada en 2018-2019. En este caso, el deterioro no estuvo liderado por los trabajadores asalariados privados registrados (-3,2%, -194 mil puestos), sino por autónomos (-5,2%) y monotributistas (-4%). Esta lógica responde al distinto nivel de exposición en que se encuentra cada modalidad de ocupación: los despidos del sector privado están prohibidos por decreto, algo que no abarca a los trabajadores independientes.

En un contexto de prohibición de despidos, y donde muchos acuerdos paritarios contemplan reducciones de salarios nominales (suspensiones a cambio de estabilidad laboral), cabe preguntarse si el cierre de empresas fue importante para explicar parte de la destrucción de los puestos de trabajos privados. En este sentido, AFIP informó que durante el primer cuatrimestre del 2020 se “apagaron” casi 18.000 empresas, la mayoría con menos de 10 empleados, afectando a casi 40.000 trabajadores, un quinto de los casi 200.000 empleos asalariados privados formales perdidos.

Pese a la ayuda estatal (ATP), la crisis del mercado laboral se habría agravado en los últimos meses, incluso en ausencia de un cierre masivo de establecimientos productivos. Los sectores no esenciales, la construcción y restaurantes y hoteles serán los más perjudicados en un contexto que también afecta a la industria y el comercio (rubros muy relevantes en términos de empleo formal). En suma, estimamos que la cuarentena ocasionaría una pérdida de 400 mil asalariados privados registrados.

Considerando que la informalidad alcanza a aproximadamente 40% de los asalariados (tres millones de personas en el ámbito urbano según la última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC), cualquier análisis que excluya a este sector estará incompleto. Dado que una parte importante de los mismos no se desempeña en sectores “esenciales” (construcción, restaurantes, servicios personales, empleados domésticos, servicios de entretenimiento y deportivos) y no están protegidos por las regulaciones laborales, estimamos que cerca de 1,5 millones de trabajadores no registrados habrían tenido dificultades serias para trabajar durante la cuarentena.

Si además observamos las complicaciones que tuvieron los trabajadores cuentapropistas (1 millón más), podemos afirmar que casi 3 millones de personas activas en el mercado laboral tuvieron problemas para mantener su empleo y/o nivel de ingresos durante la etapa más restrictiva de la cuarentena.

Pese a que esta dinámica fue inducida por el confinamiento para evitar una crisis sanitaria, sus efectos no dejan de ser menos reales. Como el resto de las variables económicas, el mercado laboral sufrirá un duro golpe por la pandemia, dejando una asignatura pendiente a resolver el día después.

Por último, para estimar la tasa de desempleo, hay que tener en cuenta distintas consideraciones. En primer lugar, que nuevos demandantes presionarán sobre el mercado de trabajo ante la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los hogares, factor que podría acentuarse si se le suma el temor a la pérdida del empleo del jefe/a de hogar. En la dirección opuesta, las restricciones a la movilidad y las bajas expectativas de encontrar un empleo podrían expulsar a la inactividad a muchas personas (efecto desaliento). Asimismo, es de esperarse que tras el confinamiento los trabajadores informales o cuentapropistas vayan reinsertándose gradualmente a sus actividades, ya que estas modalidades son, sin dudas, las que mayor terreno tienen por recuperar en el corto plazo.

En este marco, proyectamos que la tasa de desempleo habría superado el 15% durante el segundo trimestre, y cerraría el año en la zona del 13,5%, habiendo escalado más de 4 p.p. durante 2020. Pese a que dicha cifra se ubicará por debajo del pico de 20% de 2002, no deja de ser preocupante.

En síntesis, la destrucción de puestos de trabajo del sector asalariado privado registrado es sólo la punta del iceberg. Los principales afectados por el deterioro del mercado laboral son los trabajadores informales y cuentapropistas, a quienes, en muchos casos, la merma en los ingresos podría ocasionarles caer por debajo de la línea de pobreza.

Continúa el deterioro del empleo formal

En abril, primer mes de cuarentena plena, se perdieron 185 mil empleos registrados (una caída de 1,6% en relación al mes previo), alcanzando un récord desde el inicio de la serie en 2012. Si a este número le sumamos la dinámica de marzo (que también fue parcialmente afectado por el aislamiento) se obtiene que una pérdida superior a 270 mil, lo que equivale a una caída del 2,3% del total de los puestos de trabajo formales.

A excepción de los asalariados públicos, cuyo nivel de empleo se mantuvo estable en abril (-0,1% respecto a marzo), el resto de las modalidades de contratación exhibieron significativas caídas. Si agrupamos a los trabajadores independientes (monotributistas, autónomos) y asalariados de casas particulares se observó una contracción de 2% en relación al mes previo, mientras que los asalariados privados, tipicamente asociados al empleo de calidad, mostraron un retroceso de -2,2% (casi 130 mil puestos de trabajo). Esto implica que 7 de cada 10 puestos de trabajo que se perdieron en abril se correspondieron a empleos de calidad.

Los sectores con más restricciones con las mayores caídas

De todos modos, cabe destacar que la dinámica no fue homogénea hacia dentro de este último sector. Como era de esperar, aquellas ramas productivas mas afectadas por las restricciones a la circulación -y mas presentes en los centros urbanos- fueron las que exhibieron el mayor deterioro: el empleo formal en la construcción cayó 11,1% (15,1% si incluimos a marzo) y en hoteles y restaurantes cayó 7,7% (9,2% al contabilizar desde el inicio de la cuarentena). Así, la mitad de los asalariados privados que perdieron su empleo estaban trabajando en estos sectores.

Las dificultades que tuvo el gobierno en las primeras semanas de la cuarentena para asistir a las empresas más perjudicadas por el aislamiento social puede haber sido un factor que haya acelerado la pérdida de empleo en estos sectores.

Por su parte, el comercio y la industria, los sectores que ocupan mas personas, apenas mostraron un retroceso de 1,1% en abril. Vale decir que todavía no se posee información más desagregada hacia dentro de estas ramas, pero es de esperar que los sectores productivos menos esenciales hayan sido los más perjudicados.

La destrucción de empleo y la post-pandemia

Asumiendo que el empleo público pasará la crisis sin mayores sobresaltos y que los trabajadores independientes podrán sufrir un recorte en sus ingresos pero podrían retomar sus actividades en la medida que las restricciones se vayan relajando -como está ocurriendo en gran parte del país-, la dinámica del empleo formal dependerá de lo que suceda con los asalariados privados, que explica más de la mitad de los anteriores.

En este sentido, las relaciones laborales que cesaron entre marzo y abril podrían ser solo la punta del iceberg. En mayo el 17% de las empresas de los aglomerados urbanos aplicaron suspensiones (+3 p.p. que en abril, según informa la Encuesta de Indicadores Laborales) siendo que aún para entonces la cuarentena se extendía cada dos semanas, fomentando una expectativa de paulatino relajamiento.

Luego, la extensión por tres semanas en junio implicó reconocer que por casi un mes muchas actividades continuarían prohibidas, especialmente en los grandes centros urbanos, a lo que se le sumó en julio la vuelta atrás de la cuarentena en AMBA. Si bien la situación sanitaria en el interior del país puede permitir que las autoridades den luz verde a más actividades, el pesimismo viene porque la región metropolitana de la capital del país explica alrededor de un 40% del empleo formal.

En consecuencia, no hay muchos indicios que sugieran un freno en la destrucción de empleo asalariado privado, especialmente si la ayuda del gobierno a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) comienza a limitarse. Así, incluso con un decreto que prohíbe los despidos, puede haber destrucción de empleo. Esta paradoja se explica por el eventual el cierre de empresas, y si bien el éxito en el control de la pandemia es una condición necesaria para la recuperación económica, el daño en en aparato productivo limitará el rebote y tendremos otra primavera sin brotes verdes.

¿Qué pasó con el mercado laboral en el primer trimestre del año?

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) informó que en el primer trimestre del año el empleo registrado cayó en promedio 1,2% i.a. Esta dinámica fue peor para los asalariados privados que retrocedieron 2,8% i.a. En cambio, la masa de trabajadores independientes (autónomos y monotributistas) se mantuvo estable, a la vez que los asalariados públicos avanzaron 1,2% i.a.

Si bien la estadística aun no contiene el grueso de la cuarentena más restrictiva (vigente durante abril), observar la serie desestacionalizada permite tener una referencia de como venía el mercado laboral formal al momento de decretarse el aislamiento social. A contramano de lo sucedido en la comparación interanual, los más perjudicados fueron los trabajadores independientes (-3,3%, casi 80 mil puestos de trabajo) en contraposición a los asalariados (-1% y +0,1% para el caso de los privados y públicos, respectivamente).

En consecuencia, se observa que entre marzo y diciembre pasado el empleo registrado cayó 1,2%, lo que equivale a una pérdida de casi 150 mil puestos de trabajo. Vale destacar que este es el mayor registro para tres meses consecutivos, incluso superando los meses superiores a los saltos cambiarios de 2018 y 2019.

¿Y qué pasó con el salario real en el período?

Contrariamente a lo sucedido durante el gobierno de Cambiemos, en el que el deterioro del mercado laboral se debía en mayor medida a la pérdida del poder adquisitivo que a la de empleo, en el primer trimestre del año el mercado de trabajo mostró una contracción en los puestos formales pero no del salario real. Esto se debe al incremento salarial “solidario” decretado el gobierno y pagado en los primeros meses del año, que prácticamente borró el rojo del poder adquisitivo en la comparación interanual durante febrero y marzo.

Nunca sabremos el impacto en el nivel de precios de esta medida una vez fijadas las paritarias, o si esto no hubiera ocurrido porque los incrementos hubieran moderado las demandas de recomposición de los trabajadores: a las pocas semanas, la pandemia y la cuarentena modificaron la discusión.

¿Qué esperamos para el segundo trimestre?

El inicio de abril complejizó más las perspectivas del mercado laboral. De acuerdo a información de AFIP, las restricciones a la circulación y el impedimento a ejercer la mayoría de las actividades provocaron un desplome de aportantes al SIPA: la masa compuesta por asalariados dependientes, autónomos y monotributistas cayó 21,5% i.a. (casi 2 millones de cotizantes). Si bien esta comparación corresponde a los últimos doce meses, este indicador había retrocedido 3% i.a. en el primer trimestre del año, por lo que indudablemente hubo una aceleración de la caída durante el pasado abril.

Vale aclarar que este número no está directamente ligado a los ceses laborales ya que la ausencia de ingresos puede haber engrosado la masa de trabajadores sin capacidad transitoria de aportes, sea por cuenta propia o de sus empleadores. En cualquier caso, esto demuestra que una parte considerable de los puestos de trabajo formales estuvieron en la cuerda floja durante abril.

El gobierno tomó nota de esto y el acto reflejo fue prohibir los despidos. Luego, a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) destinó a la fecha más de ARS 180 MM (alrededor de 0,6% del PBI) con el objeto de aliviar la situación financiera de asalariados y cuentapropistas, muchos imposibilitados de desplazarse y desarrollar sus actividades. El pago de una parte del salario a trabajadores cuyas empresas hayan mostrado una caída significativa en la recaudación real y los créditos a tasa 0% para autónomos y monotributistas fueron las medidas más significativas.

Por este motivo, creemos que muchos de los puestos de trabajo que se vieron afectados por la cuarentena y la caída de las ventas subsistieron lo peor de la cuarentena. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de todos los empleos vinculados a actividades que no tienen una fecha clara de retorno, asociados al esparcimiento, entretenimiento, gastronomía, turismo masivo, entre otros.

Asimismo, la ayuda del gobierno no fue tan general y veloz (en principio se trató de canalizar la asistencia a través de los bancos, sin éxito y se pusieron requisitos excluyentes en términos de ingresos) como se hubiera deseado, por lo que incluso con la prohibición de despidos, el cierre de empresas podría haber impactado y seguir afectando el nivel de empleo. Es decir, un deterioro en el asalariado privado estará más vinculado al cierre definitivo de empresas, algo que es deseable evitar a la hora de pensar la recuperación económica. La negociación de algunos sindicatos de diferir una porción del salarios para aquellos empleados imposibilitados de trabajar, parece ser una medida más acertada en pos de la conservación de los puestos de trabajo, elevando la probabilidad de ocurrencia de una rápida recuperación.

Por su parte, si bien mayo, junio serán meses con un mayor dinamismo en la actividad, esta se recuperará lentamente y aun con perspectivas inciertas, por lo que el impacto sobre el mercado laboral formal continuará siendo limitado: el empleo también tiene que pasar el invierno, y frenar la destrucción del mismo será considerado un alivio. Contemplando que la mejora no ocurrirá en tanto no se avizoren una mejora en las expectativas económicas, lo que no se verificará hasta entrado el segundo semestre, prevemos que en promedio el 2020 arrojará un deterioro cercano a 3% i.a. en los puestos de trabajo formales, afectando a medio millón de personas.

El efecto del Covid-19 en el mercado laboral formal

Uno de los efectos económicos inmediatos del Coronavirus en el mundo es la destrucción de puestos de trabajo como resultado del “parate” infligido en la actividad económica para reducir los contagios. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las medidas de aislamiento ya afectan a 8 de cada 10 trabajadores en el mundo debido a que impiden el normal desarrollo de muchos rubros, limitan el traslado a los puestos de trabajo y reducen de forma significativa la demanda interna. Además, el comercio internacional, según la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría exhibir una caída de hasta 30% este año, siendo especialmente perjudicadas las industrias asociadas a cadenas de valor más complejas.

Por su magnitud, el caso más ilustrativo del impacto de la pandemia en el mercado de trabajo es el de Estados Unidos. Se registraron más de 20 millones de solicitudes (casi el 15% de la fuerza laboral) para cobrar el seguro de desempleo y algunos analistas sugieren que la desocupación podría alcanzar 20% en abril. Si bien la destrucción de puestos de trabajo en estas últimas semanas habría borrado la generación neta de la última década, Estados Unidos se caracteriza por tener un mercado laboral flexible, algo que aprovecha en las expansiones económicas y favorece las desvinculaciones en un contexto como el actual.

Por el contrario, el mercado laboral en Argentina es mucho más rígido. El mayor costo por contratar formalmente un trabajador desalienta el aumento del empleo en el auge pero brinda una mayor protección en los momentos de crisis. Sin embargo, esto resulta cierto solo para la mitad de los trabajadores: los asalariados formales públicos (3 millones) y privados (6 millones). Los primeros poseen una elevada estabilidad y en el contexto actual, las dificultades solo podrían llegar con una rebaja temporal de sus sueldos, especialmente en el ámbito subnacional, ya que los ingresos fiscales de las provincias y municipios se están desplomando.

El mundo de los asalariados privados registrados es más heterogéneo, hay productores de bienes y proveedores de servicios (33% y 66%, respectivamente), a la vez que dos tercios del total trabajan en PyME´s. Por este motivo, el efecto de la pandemia en estos trabajadores dependerá del sector en el que se desempeñen y de la capacidad financiera de la empresa para solventar, en una economía ya recesiva, algunas semanas con pocos o nulos ingresos.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, el gobierno hizo hincapié en priorizar la preservación del empleo: a comienzos de año se implementó la doble indemnización (en principio por seis meses) y luego se prohibieron los despidos por dos meses (abril y mayo). Pero las empresas cuyos ingresos se vieron desplomados por la cuarentena no pueden cubrir los gastos fijos por muchas semanas: si no se les reduce la carga salarial corren el riesgo de quebrar generando pérdida de empleos (lo que inicialmente se quería proteger) y además capital organizacional.

Pese a que tras una nueva extensión de la cuarentena, el Ejecutivo anunció que va a cubrir una parte (hasta un salario mínimo) de las PyME´s y reforzó el REPRO, el riesgo de que no se puedan pagar salarios y/o que cierren empresas creció significativamente. En este contexto, algunos gremios comenzaron a aceptar recortes salariales a cambio de estabilidad laboral. Por ejemplo, recientemente la UOM acordó una reducción del 30% del salario para los empleados que no puedan regresar a trabajar tras la cuarentena, con el fin de evitar despidos. Otros sectores con actividades paralizadas como pasteleros y petroleros también admiten la necesidad de rebajas para mantener los puestos de trabajo. Es probable que este acuerdo entre partes se generalice si la cuarentena se prolonga y/o la recuperación de la actividad se demora.

¿Y qué pasa con la otra mitad de trabajadores?

La otra cara del mercado laboral está compuesta por casi 5 millones de asalariados informales y más de 4 millones de cuentapropistas, de los cuales alrededor del 60% se encuentra registrado. La precariedad de gran parte de estos trabajadores los pone como la parte flexible de nuestro mercado laboral y quienes más sufren la crisis: sus empleadores no logran recibir ayuda del gobierno y el eventual desempleo los encuentra sin un seguro al que recurrir. En este sentido, el Ingreso Familiar de Emergencia ($10.000) intenta asistir a muchos de estos trabajadores, pero dicho importe es mucho menor al percibido anteriormente.

De este modo, el efecto de la cuarentena en el mercado de trabajo tendrá dos aristas. En primer lugar, la preocupación pasa por los informales y cuentapropistas, quienes ya están sintiendo el parate económico y serán quienes sufran las mayores pérdidas de empleo. La prevalencia de estas modalidades en los grandes centros urbanos, justamente los lugares en donde hay mas restricciones y mas se demorará en levantarse la cuarentena, es un llamado de atención al gobierno, que no deberá perder de vista este sector de la sociedad y actuar con rapidez. De lo contrario, la preocupación por el virus podrá dejar lugar a la necesidad de subsistir, retroalimentando el riesgo sanitario.

Por otro lado, está la cuestión salarial. Si bien los ajustes a los trabajadores formales cuyas actividades se encuentren parcial o totalmente frenadas no serán permanentes, dejan en claro que las paritarias tendrán que esperar algunos meses más. El primer paso será volver al nivel salarial inicial para después, si están dadas las condiciones, hacia el último cuatrimestre del año, abrir en la medida de lo posible las distintas negociaciones paritarias.

De esta manera, el poder adquisitivo mostraría una fuerte contracción durante los meses de invierno para luego comenzar a recuperar parte del terreno perdido. Sin embargo, en el promedio del año el salario real formal exhibirá una caída el orden del 5%, caída que podría llegar a los dos dígitos si le sumamos la performance de los trabajadores informales.

El impacto final sobre el mercado laboral irá de la mano del derrotero de la actividad. La extensión de la cuarentena, complicaciones en la renegociación de los acreedores ley extranjera y/o un mayor stress en la cadena de pagos, profundizarán también la caída del empleo.

¿A quienes afectó más la continuidad de la crisis?

El INDEC publicó información referida a la distribución del ingreso para el IV Trimestre de 2019, por lo que podemos tener una imagen algo más completa de la situación de los distintos grupos sociales a lo largo del año pasado.

Lo primero que se destaca es el significativo deterioro en los indicadores de los deciles más bajos. El ingreso real familiar per cápita cayó en promedio casi 12% i.a. en el 40% de la población de menores ingresos. Este retroceso se reduce en la medida que nos movemos a los deciles de más ingresos, llegando a una contracción media inferior al 6% i.a. en el caso del 20% de mayores ingresos.

Esta tendencia se relaciona con dos cuestiones. En primer lugar, se vincula con el hecho que las familias de menores recursos tienen más hijos, que al no aportar ingresos adicionales, agudizan la caída del poder adquisitivo por persona en esos hogares. Este efecto es uno de los factores detrás de la elevada pobreza en menores de 14 años y justifica los esfuerzos en la AUH, que junto a la monto de la Tarjeta Alimentaria, representan una significativa parte de los ingresos de estas familias. De hecho, el deterioro del poder de compra de los sectores más bajos habría sido mayor, si los ingresos no laborales (asignaciones, jubilaciones mínimas) hubiese crecido en línea con el resto de los ingresos: este segmento “solo” cayó cerca de 2% i.a. durante el año pasado, producto del significativo aumento de la AUH en marzo de 2019 (+46%, tras el adelantamiento de los aumentos por movilidad del resto del año), que permitió una mejora en la comparación interanual respecto a la inflación en gran parte del año.

En segundo lugar, la menor caída del ingreso real en los sectores de más altos de la pirámide es un reflejo del mercado laboral: la mayoría de los ingresos laborales de la clase baja provienen de empleos no registrados (en los cuatro primero deciles los asalariados informales casi duplican los formales) que no garantizan algún tipo de cobertura ante la inflación, especialmente en un contexto recesivo. En cambio, en los sectores más altos, la relevancia del empleo formal crece y, a través de las paritarias, pueden morigerar la caída del poder adquisitivo.

Por otro lado, vale destacar que los datos sugieren una tendencia inversa en lo que refiere a actividades cuentapropistas (formales e informales): si se observa el ingreso individual (asalariado, cuentapropista, o no laboral) el deterioro del poder adquisitivo resulta más uniforme para toda la sociedad de lo que resulta si miramos únicamente a quienes se encuentran trabajando en relación de dependencia.

En resumen, los ingresos no laborales redujeron el deterioro de la capacidad de compra de los sectores más bajos y los ingresos de los asalariados privados permitieron un poco más de estabilidad en los deciles de mayores ingresos. Esta dinámica se da porque los ingresos de los cuentapropistas también mostraron una pobre performance el año pasado

¿Qué podemos esperar para este año?

Al comienzo del año, algunos indicios nos sugerían que los ingresos no laborales iban a tener un mayor fortalecimeinto en los sectores mas bajos, producto de la suspensión de la fórmula de movilidad -lo que perjudica a jubilados de mayores ingresos- y el otorgamiento de sumas fijas a los jubilados con menores haberes y a los perceptores de asignaciones universales. Asimismo, el incremento salarial otorgado por el gobierno a asalariados formales impactaría en mayor medida en los sectores más bajos, pero el efecto neto todavía quedaba inconcluso, todavía con las paritarias por resolver.

Sin embargo, la situación actual echó por la borda cualquier análisis previo. El aislamiento social obligatorio impide que la gente realice sus actividades normalmente, algo que afecta especialmente a los trabajadores informales que no pierden su fuente de ingreso si no trabajan. Esto impactaría en mayor medida en los sectores más bajos, a lo que también se sumaría a una cantidad significativa de puestos de trabajo formales que podrían perderse en tanto las economía no comience a funcionar normalmente, como puede ser el caso de empleados de la construcción o de comercios.

El efecto a lo largo del año dependerá no sólo de la duración de la cuarentena sino también de si la economía logra una recuperación en “V”. Sostener el aparato productivo evitando cierres masivos es fundamental para que esto suceda, por lo que los esfuerzos en este sentido tienen un impacto en la sociedad que excede cualquier asistencia a trabajadores o empresas. Una vez resuelta la situación sanitaria, una crisis social está a la vuelta de la esquina sino se revierte rápidamente la parálisis de la economía.

¿Qué sucedió en el mercado de trabajo en el último trimestre del año?

La actividad se contrajo un 1,1% i.a. en el último trimestre del 2019, que culminó con una reducción del PBI del 2,2% i.a. en el promedio anual, encadenando dos años consecutivos de contracción de la economía. Sin embargo, esto no se tradujo en una destrucción de puestos de trabajo.

Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la desocupación disminuyó al 8,9% (-0,2 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior) de la Población Económicamente Activa (PEA). A su vez, el empleo alcanzó el 43% de la población de referencia en el último trimestre del 2019 (+0,8 p.p. en la comparación interanual).

¿Qué hay detrás de estos números?

La Población Económicamente Activa –que incluye tanto a los ocupados como a los desocupados– mostró un incremento respecto a lo sucedido en el mismo trimestre del 2018, lo que implica un mayor número de personas participando en el mercado de trabajo. Este comportamiento es característico en épocas de crisis: teniendo en cuenta que el salario real cayó 9,5% i.a. en el último año, un nuevo integrante de la familia se incorpora al mercado laboral con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo del hogar.

Así, a diferencia de lo sucedido en los trimestres anteriores, el aumento de los participantes en el mercado de trabajo durante el último trimestre del año implicó un incremento del empleo y una reducción de la tasa de desocupación.

Sin embargo, también se observa un aumento de la presión sobre el mercado laboral. Más en detalle, los ocupados demandantes –trabajadores que poseen un empleo pero están en búsqueda de otro– alcanzaron el 19% en el último trimestre del año (+1,8 p.p. en la comparación interanual), mientras que los subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más) alcanzó el 13,1% (+1,1 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior).

La búsqueda de un cambio de empleo está vinculado fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, se procura un nuevo puesto cuando los ingresos no alcanzan (algo que se explica por la fuerte caída del salario real) y/o, los riesgos de perder el trabajo crecen. En este sentido, cuando se analiza las categorías de ocupación, es posible observar que ganaron terreno las formas de contratación más precarias, que, de hecho, es la razón por la que el nivel de empleo se incrementó.

Así, la dotación de asalariados formales cayó en 70.000 en la comparación interanual, mientras que los asalariados informales y los cuentapropistas sumaron casi 140.000 trabajadores a sus filas. Por lo tanto, si bien el resultado en el agregado es positivo, un análisis hacia dentro del mercado laboral muestra que esta dinámica contiene una precarización del mismo.

¿Qué esperamos a futuro?

Las perspectivas no son favorables. Como cualquier variable económica, el mercado de trabajo va a estar principalmente determinado por la pandemia del Coronavirus.

En este sentido, la cuarentena pone en peligro una cantidad considerable de puestos de trabajo. La parálisis en la actividad no solo deprime profundamente la demanda interna sino que pone en jaque la cadena de pagos. De interrumpirse -junto a la imposibilidad de desarrollar sus tareas-, muchas empresas -especialmente las pequeñas e informales- o emprendimientos personales tendrán dificultades para mantenerse en pie, llevando a una cantidad considerable de trabajadores al desempleo. A su vez, el trabajo asalariado formal también podría verse afectado: algunas ramas de actividad se encuentran prácticamente paralizadas, y las empresas podrían decidir disminuir personal ante la incertidumbre y la caída de los ingresos. Los efectos nocivos sobre el mercado de trabajo se incrementarán en la medida que se prolongue la cuarentena y crezca la incertidumbre respecto a la resolución de la pandemia.

Por este motivo, para mitigar el impacto del Coronavirus sobre el nivel de empleo, el gobierno deberá mantenerse activo. Algunas de las medidas que ya se tomaron al respecto son la exención de contribuciones patronales, se reforzó el seguro de desempleo, se ampliará el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo en las empresas afectadas por la pandemia y se otorgarán líneas de financiamiento productivo. Sin embargo, esto podría no ser suficiente –incluso en el corto plazo- para evitar una crisis en el mercado de trabajo. De esta manera, el gobierno deberá tomar más medidas para apaliar los efectos nocivos de la cuarentena.

 

 

 

¿Qué sucedió con las canastas en el primer bimestre del año?

En febrero, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que muestra la línea de ingreso que necesita una familia para comprar una canasta de alimentos y no ser considerada indigente- aumentó un 1,9% respecto a enero. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) -que refleja el ingreso requerido para no ser considerado pobre-, aumentó 1,0% en relación con el mes anterior.

Cabe destacar que tanto la CBA como la CBT se desaceleraron considerablemente a lo observado en enero, cuando crecieron 5,7% y 3,6% respectivamente en relación con diciembre. Lo visto en ese mes fue consecuencia del incremento de Alimentos y bebidas (+4,6% según el IPC GBA de INDEC) producto de la devolución del IVA a algunos alimentos y a subas puntuales como verduras y carne.

De todas maneras, a partir de febrero esta dinámica comenzó a revertirse. Los aumentos en las canastas se desaceleraron notablemente, principalmente como consecuencia de la desaceleración de la evolución de los precios de los alimentos (+2,4%), del mantenimiento del congelamiento de tarifas y estabilidad del tipo de cambio.

Por el lado de los ingresos, el gobierno tomó medidas para recomponer el poder adquisitivo de los hogares, priorizando a los deciles más bajos: se otorgó un aumento de suma fija de $4000 para los asalariados privados y públicos que ganan menos de $60.000 -que representa una proporción mayor del ingreso para aquellos que tienen menores salarios- y un bono para beneficiarios de la AUH.

Para analizar el poder de comprar de las canastas básicas, es necesario compararlo con los ingresos de los deciles más bajos. Más en detalle, en febrero una familia tipo necesitó $16786 para no ser considerada indigente, y $40790 para no ser considerada pobre. Al mismo tiempo, el ingreso de una familia compuesto por un salario mínimo vital y móvil y 2 AUH se ubicó en $26367, cubriendo un 65% la CBT. Sin los aumentos nombrados anteriormente, el ingreso de la familia se hubiese ubicado en $19620, de modo que hubiese alcanzado para cubrir únicamente un 48% a la CBT.

¿Qué esperamos a futuro?

De mantenerse estable el tipo de cambio y el congelamiento de las tarifas, esperamos que la regresividad del proceso inflacionario comience lentamente a revertirse y las canastas empiecen a mostrar una evolución inferior a la inflación en los próximos meses.

Por otro lado, la continuidad de las medidas que buscan recomponer el ingreso de los sectores de menor poder adquisitivo -aumentos de suma fija e incrementos discrecionales de las asignaciones-, eleva las chances de que los ingresos de los hogares más bajos puedan cubrir una proporción mayor de las canastas.

¿Cómo evolucionó el empleo registrado en el 2019?

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo registrado cayó 1,1% en 2019, lo que implica una destrucción mayor a 130.000 puestos de trabajo. Es la primera vez desde la publicación del indicador en el año 2012 que existe una destrucción neta de empleo respecto al año anterior, llegando así a niveles menores a los de 2017.

Este resultado es producto de la recesión en la que se encuentra la economía. La actividad económica se habría contraído un 2,1% en 2019, afectada por un desplome del consumo como consecuencia de la caída de casi 10% del salario real y una inversión completamente paralizada. Como consecuencia, cuando se analiza el empleo por categorías, el deterioro fue mayor en las formas de contratación de mejor calidad, y, por lo tanto, las formas de empleo más precarias fueron ganando peso a lo largo del año.

Más en detalle, la mayor pérdida de empleo se observó en los asalariados del sector privado -que representan la mitad del empleo registrado- con una contracción del 2,3% respecto a 2018 (-146.500 puestos de trabajo). Por su parte, la caída en los trabajadores independientes (compuesto por monotributistas sociales, monotributistas, autónomos y asalariados de casas particulares) fue más atenuada, mostrando una reducción del 0,6% (-16.770 puestos de trabajo). Por último, el empleo público es el único que no sufrió contracción (+0,8%) incorporando más de 26000 puestos de trabajos formales en el contexto de un año electoral.

Por su parte, analizando por ramas de actividad, las peores contracciones en términos de empleo privado registrado se las llevaron los sectores vinculados al mercado interno, que además de ser los que más empleo generan fueron los más golpeados durante la crisis. En este sentido, la industria, el comercio y la construcción, que representan el 43% del empleo privado registrado total, sufrieron contracciones del 5%, 4% y 3% respectivamente en 2019, totalizando casi 120.000 puestos de trabajo menos. A contramano, el sector primario -que explica únicamente un 7% del empleo privado formal- fue el único que se mantuvo en terreno positivo (+1,7%), lo que significó un aumento de 7000 puestos de trabajo.

¿Qué esperamos a futuro?

Producto de la situación compleja en la que se encuentra la economía y la lenta recuperación que tendrá en la medida que se dilate la renegociación de la deuda, esperamos que la actividad se mantenga en promedio en terreno negativo en el 2020. Por lo tanto, en un contexto de lenta recuperación del salario real y reactivación del consumo no será una condición suficiente para que las empresas vuelvan a contratar personal. La demanda se deberá percibir persistente para que esto ocurra, ante el riesgo de que nuevas relaciones laborales pongan en jaque la debilitada estructura de costos.

Por otro lado, ante faltas de alternativas en relación de dependencia, aumentan las formas de contratación más precarias. Dentro del mundo formal, es posible que continúe en alza la cantidad de trabajadores “cuentapropistas” (especialmente monotributistas), mientras que también es de esperar que el empleo informal crezca en la medida que la economía demore en escapar de la recesión. Finalmente, de no existir un significativo ajuste en la masa de empleados del Estado, esperamos que el empleo público se mantenga en terreno positivo, al menos en línea con el crecimiento poblacional.