Category: Empleo e Ingresos

En 2020, la actividad cayó 10%, mostrando su peor retroceso desde 2002. Como era de prever, este deterioro impactó en casi todos los frentes de la economía: la demanda, los salarios y el empleo, entre otros, sufrieron la crisis del año pasado. En este sentido, sobresale que durante 2020 se perdieron 220.000 (-1,8%) puestos de trabajo formales, acumulando una destrucción de 446.000 (-3,6%) puestos de trabajo registrados desde diciembre de 2017.

Si bien la crisis que se agravó por la pandemia es tan profunda como generalizada, no todos los sectores sufrieron de la misma manera. Por caso, a lo largo del año pasado, los rubros esenciales cayeron menos que los no esenciales. En la misma línea, la producción de bienes se redujo menos que la producción de servicios.

Esta dinámica heterogénea también se verificó en el mercado de trabajo formal: los asalariados privados, los empleos de mayor calidad, fueron los que más sufrieron la crisis (-202.000 puestos, -3,4%), mientras que los monotributistas y autónomos cayeron “solo” 1,4% (-40.000 puestos). En sentido contrario, el empleo púbico creció 0,6% en sus tres niveles de gobierno -nacional, provincial y municipal-, sumando poco más de 19.000 trabajadores y resaltando el carácter contracíclico del gasto público.

Estas diferencias fueron más allá de la modalidad de contratación: también se verificaron entre las distintas ramas de actividad. Por caso, los segmentos asociados a la producción de bienes -a excepción de construcción, que por la pandemia tuvo una dinámica más parecida a servicios- destruyeron “sólo” el 1% de sus plantillas durante el 2020, mientras que la contracción alcanzó el 5% en el resto de las ramas de actividad.

Ahora bien, ¿por qué el empleo registrado cayó menos que la producción? Por un lado, la posibilidad de suspender trabajadores en los rubros paralizados contribuyó a conservar algunos puestos de trabajo, en tanto que las dificultades para despedir personal formal que provocaron la doble indemnización y la prohibición de despidos también ayudaron a contener la sangría. En la misma dirección, el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo -ATP-, donde el Estado Nacional pagó parte del sueldo de algunas firmas golpeadas por las restricciones a la circulación, contribuyó a cuidar los puestos de trabajo registrados. Como resultado, la actividad sintió más el impacto del Coronavirus que el empleo.

Siguiendo estas explicaciones asociadas a la coyuntura, podría pensarse que el mercado de trabajo formal recuperaría el terreno cedido en cuanto reaccione la demanda. Sin embargo, esto no se daría, y no solo porque la destrucción de puestos de trabajo registrados fue un tercio de la del nivel de actividad: el cierre de más de 20.000 empresas (-4%) durante el año pasado ralentizará la creación de puestos de trabajo en la pos-pandemia. A riesgo de sonar repetitivos, vale destacar que la destrucción del stock de capital tampoco fue homogénea entre ramas de actividad: mientras que “solo” cerraron el 1,5% de las empresas que operan en rubros esenciales, este número superó el 5% en las ramas no esenciales.

El retroceso del nivel de actividad fue mucho mayor que el del empleo formal: el PBI cayó casi el triple que los puestos de trabajo registrados, estableciendo un piso para la reactivación la demanda. Sin embargo, este análisis es incompleto: 4 de cada 10 trabajadores se mueven en el circuito informal, de modo que es fundamental incorporar este segmento al análisis para obtener conclusiones más precisas.

El tenue “optimismo” del mercado formal se diluye al sumar el mercado no registrado. Según la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre del año pasado -sin datos todavía para el cierre del año-, se perdieron casi un tercio de los puestos de trabajo no registrados entre septiembre de 2019 e igual mes del 2020, afectando a 1,25 millones de personas.

Las dificultades de regular este segmento del mercado de trabajo, y de lanzar planes de estímulos para las firmas afectadas, intensificaron el impacto del Coronavirus en la parte informal de la economía, que sufrió una destrucción de puestos de trabajo largamente superior a la caída del nivel de actividad. De esta manera, aunque es probable que la recuperación de empleos no registrados sea más acelerada que la del PBI, la pérdida total de ingresos para un tercio de los trabajadores no registrados ralentizará la recuperación del nivel de actividad.

Vale destacar que los no asalariados también tuvieron dificultades. Como se observa en la siguiente matriz de transición del empleo, la probabilidad de que un cuentapropista del primer trimestre se encuentre inactivo en el tercer cuarto del año fue de 25%, más de 10 p.p. respecto del promedio 2018-19, períodos donde ya se verificaba una alta volatilidad económica. Algo similar ocurrió con el resto de las categorías, poniendo de manifiesto una mayor dificultad a la “reconversión” en otra ocupación en un contexto como el actual.

En 2021, el empleo crecería alrededor de 8%, recuperando parcialmente la caída de 9,5% del 2020. La velocidad y la magnitud de la reactivación dependerán de la profundidad del rebrote de Coronavirus y su impacto sobre la producción: cuanto menor sea este, más acelerada será la mejora del nivel de actividad, impulsando la restauración de una parte de los puestos de trabajo perdidos durante los peores meses -económicos- de la pandemia. En respuesta, proyectamos que el consumo privado avanzará durante este año electoral, aunque más impulsado por la recuperación de los puestos de trabajo que por una mejorar del salario real: para ver un avance significativo del poder adquisitivo habrá que esperar, al menos, hasta 2022.

 

¿Cómo cerraron el año los salarios de la economía?

El INDEC informó que los salarios de la economía crecieron a 1,8% en diciembre. Esta dinámica se correspondió a un avance de 1,9% del salario registrado -dentro de los cuales se destacaron los trabajadores públicos (+2,4%) en contraposición a los privados (+1,6%)- y un 1,2% de los salarios no registrado. De este modo, los incrementos de los salarios también fueron superados por los precios en el último trimestre del año, siendo el tercero consecutivo.

En consecuencia, los salarios treparon 33% en el último año. Si contemplamos la inflación nacional, que fue de 36,1%, observamos que el salario real cayó 2,3% entre puntas. Sin embargo, una medida más informativa -“limpia” de dinámicas en determinados momentos del año- suele ser el salario real promedio, que cerró el año con una caída de 3,6%, el tercer rojo consecutivo tras los recesivos 2018 y 2019.

Como era esperable, quienes menos sufrieron el deterioro del poder adquisitivo fueron los trabajadores formales (-3,3% i.a.) respecto a los informales (-5,2% i.a.). De todos modos, vale destacar que los primeros esconden una significativa diferencia entre trabajadores privados y públicos: su poder de compra cayó 1,5% y 6,2% respectivamente. Esto muestra que la contracara de la mayor estabilidad que gozaron los empleados públicos durante la pandemia, fue una mayor erosión de su poder adquisitivo.

¿Qué esperamos para 2021?

Esperamos que el comienzo de año sea de una fuerte fricción nominal. Los sindicatos ya están negociando diversas recomposiciones que serán un piso para las paritarias de 2021. Si bien ya los Bancarios se adhirieron a la voluntad del oficialismo de acuerdos en línea a la inflación que espera el Poder Ejecutivo (29%, según el Presupuesto), si la inflación no baja de 3% mensual durante el primer cuatrimestre del año, será difícil que el resto de los gremios acepten esta propuesta.

En cualquier caso, la recuperación de la actividad y la paulatina desaceleración de la inflación en la previa electoral permitirán que los ingresos laborales exhiban un incremento superior al de los precios este año. Sin embargo, esta ventaja no será muy significativa y, en el promedio del año, cederán en torno al 1% i.a.

Entre 2018 y 2019, el salario real de los trabajadores formales retrocedió 17,5%. Producto paritarias que no anticiparon aceleraciones inflacionarias, el poder adquisitivo de los empleados registrados sufrió en demasía la crisis de la segunda mitad de la gestión Cambiemos. En respuesta, el Frente de Todos enfocó su campaña de 2019 en apuntalar los ingresos de los asalariados, y los aumentos de suma fija decretados al comienzo de 2020 intentaron cumplir esta promesa.

Como resultado, el salario formal trepó casi 14% durante el primer trimestre del año pasado, prácticamente duplicando a la inflación del período. Sin embargo, la llegada de la pandemia y la cuarentena dieron por tierra con cualquier intento de recuperación del salario real. Entre abril y agosto, en un contexto de caída inédita del nivel de actividad y disparada de la incertidumbre, muchos gremios postergaron sus paritarias, resignando cualquier mejora de poder adquisitivo, pero apostando a mantener los puestos de trabajo.

En respuesta, los salarios nominales de los trabajadores registrados avanzaron 3,3% en estos meses, muy por debajo de una inflación que acumuló más de 8,5% en el período. En consecuencia, el salario real retrocedió casi 6% entre abril y agosto, ubicándose 2,5% por debajo de los niveles de cambio de gobierno. En un contexto de crisis, priorizar el ajuste por precios -ingresos- en lugar de hacerlo por cantidades -puestos de trabajo- ayudó a repartir los costos entre más personas y atenuar los costos sociales del Coronavirus y la cuarentena; no obstante, lejos estuvo de evitar los problemas.

En otro orden, vale destacar que la situación de los trabajadores informales, no mencionados hasta el momento, fue sistemáticamente peor que la del sector registrado: este último tiene protecciones legales que velan por sus puestos de trabajo, en tanto los primeros, al estar “en negro”, perdieron directamente la totalidad de sus ingresos en muchos casos -o quedaron a merced de la “buena voluntad” de sus empleadores-, producto de las restricciones a la movilidad y a poder realizar sus tareas. En la misma línea, la falta de regulaciones sobre esta parte del mercado les impidió acceder, al menos de manera directa, a los ajustes de suma fija de enero y febrero pasados.

En el último cuatrimestre del 2020, la relajación de la cuarentena impulsó la recuperación del nivel de actividad, que habría cerrado el año poco más de 3% por debajo de nivel de fines de 2019 -cuando llegó a estar más de 10% por debajo en el segundo trimestre-. En respuesta, comenzaron a tener lugar muchas paritarias -prevaleciendo los aumentos de suma fija o la incorporación al básico del incremento de principio de año-, intentando recomponer parte de la pérdida de los meses anteriores. En este marco, los salarios nominales de los trabajadores registrados habrían acumulado una suba de 13% entre septiembre y diciembre. Sin embargo, los precios también tuvieron su dinamismo y les ganaron a los ingresos: la inflación totalizó 14,4% en el período y el salario real de los trabajadores se redujo 1,2% en último cuatrimestre de 2020, acumulando una caída de 2,3% en el año.

Como resultado, el poder adquisitivo encadenó en 2020 su tercer año seguido en rojo, perdiendo casi 20% desde comienzos de 2018. Por su parte, en el promedio anual -más relevante para el análisis económico- el deterioro del salario real registrado fue de 3,2% en 2020. Más allá de qué porcentaje se analice, se observa una clara tendencia general: los trabajadores perdieron poder de compra sistemática y constantemente en los últimos tres años, en un primer momento por la disparada del dólar y en una segunda instancia por la profundización de la crisis económica que generó la pandemia.

Ahora bien, como se observa en el gráfico, el proceso de caída fue muy heterogéneo durante el año pasado, tanto sectorial como temporalmente. Las diferentes velocidades de la inflación, la generalización de acuerdos de sumas fijas y algunos incrementos puntuales hacia los últimos meses del año diagramaron un panorama particular según qué gremio o período analicemos. ¿Qué pasará entonces en 2021? ¿será finalmente el año de los salarios?

La política de ingresos será uno de los principales desafíos del gobierno durante este año electoral. La votación marcará el pulso, de modo que será importante mostrar una mejora en el poder de compra durante los próximos meses para el oficialismo. Sin embargo, tan importante como esto será alcanzar una coordinación con los trabajadores, en pos de que la dinámica inflacionaria no se despegue de otros objetivos macroeconómicos.

En este marco, el gobierno buscaría que los acuerdos se alineasen cerca de la suba de precios aprobada en el Presupuesto 2021 a fines de septiembre pasado (29%). De esta forma, se evitaría presionar sobre otras variables nominales y los riesgos de una aceleración inflacionaria se reducirían. No obstante, más allá de las intenciones oficiales, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación rondaría 50% este año. Por lo tanto, tiene sentido preguntarnos a qué pauta se acomodarán los gremios, especialmente cuando hay una distancia tan importante entre ambas “proyecciones” y los resultados de los últimos años no fueron positivos.

La primera respuesta que aparece es que la heterogeneidad continuará siendo la norma de la economía. Por lo tanto, las posibilidades de recomponer las pérdidas de poder adquisitivo estarán atadas a los niveles de actividad a los que opere cada sector en gran medida. Aquellas ramas que siguen paralizadas y precisan que el Estado se haga cargo de parte de sus salarios -algunos servicios- podrán tener ajustes en línea con la pauta oficial, mientras que los que ya están operando con normalidad -incluso hay algunas ramas de actividad trabajando por encima de los niveles de 2019- podrían aspirar a aumentos más significativos, revirtiendo parte de la caída de los últimos años.

Con estos números, proyectamos que el salario real de los trabajadores registrados volvería a caer en el promedio anual de 2021, retrocediendo alrededor de 1% en relación con la media de 2020, a pesar de mostrar una elevada varianza entre sectores. Sin embargo, asumiendo que el Coronavirus y las restricciones operativas se van relajando con el correr de los meses, y que el gobierno finalmente pospone los ajustes tarifarios, habría una recuperación del poder adquisitivo entre puntas, mayor al 3% en el caso de los empleados formales. Este avance, aunque no lograría compensar la pérdida del año pasado, y mucho menos la acumulada desde 2018, podría ayudar a apuntalar el alicaído humor social.

De igual manera a los últimos años, la clave estará en el frente cambiario: con un dólar oficial controlado, y un acceso relativamente fluido al mercado para la gran mayoría de las importaciones, la inflación también estará contenida y las posibilidades de que el poder adquisitivo mejore serán relevantes. En cambio, con tensiones cambiarias similares a las de la segunda mitad del 2020, las chances de recomposición se reducirán sensiblemente. El hilo es delgado, ¿logrará no romperse este año?

¿Cómo terminaron las canastas el año?

En diciembre de 2020, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que mide el ingreso necesario para que una familia compre una canasta de alimentos y se ubique por encima de la línea de indigencia—creció 5,1% en comparación a noviembre. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) trepó 4,7% respecto al mes anterior, compuesta por bienes y servicios donde los hogares que ganan por debajo de esta línea de ingresos son considerados pobres.

De esta manera, la CBA alcanzó 45,5% i.a. y la CBT subió 39,1% i.a. en diciembre, casi 10 p.p. y 3 p.p. respectivamente por encima de la inflación (+36,1% i.a.) y también por encima de la evolución del tipo de cambio oficial (+38,3% i.a.). Uno de los motivos, en un contexto de tarifas de servicios públicos congeladas y controles de precios sobre los bienes de consumo masivo, es la dinámica que adoptaron los alimentos frescos. La carne trepó 56,9% i.a., las frutas subieron 64,4% i.a. y las verduras 58,0% i.a., poniéndole un techo alto a la evolución de las canastas.

A su vez, mirando a lo largo del año, entre los meses de abril y agosto -cuando la economía se encontraba prácticamente paralizada por la cuarentena-, tanto la CBA como la CBT promediaron una suba de solo 1,6%. Las tarifas congeladas y el impacto del programa Precios Máximos explicaron gran parte de esta evolución.

Por lo tanto, al analizar por qué las canastas cerraron por encima de la inflación, se encuentra que la aceleración se agudizo en los últimos cuatro meses del año. La CBA acumuló una suba de 20,7% en el último cuatrimestre, mientras que la CBT 19,2%. En este sentido, impactó la autorización de subas de Precios Máximos en octubre y la aceleración del precio de la carne en los últimos dos meses del año, impactando directamente en la inflación de alimentos.

Con estos números, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) necesitó $22681 para comprar la canasta básica alimentaria y $54207,5 para adquirir la canasta básica de bienes y servicios.

Lamentablemente, los ingresos no evolucionaron de la misma forma. El Salario Mínimo Vital y Móvil se ubicó en $20587,5 en diciembre (+22% en 2020), lo cual implicó una pérdida de 9,9% en términos reales, mientras que la AUH se ubicó en $3717 (y creció en línea con la inflación). En este sentido, el ingreso de una familia compuesto por un salario mínimo y dos AUH se ubicó en $26469, lo cual alcanzó para satisfacer la CBA pero apenas la mitad de la CBT.

¿Qué esperamos?

Difícilmente la evolución de las canastas se desacelere considerablemente en el corto plazo. El precio de la carne y las frutas continuaron presionando sobre los precios de alimentos en enero, lo cual les pondrá un piso importante a las canastas este mes. A su vez, el alcance del programa de precios máximos se redujo y aquellos bienes que permanecen seguramente tendrán algún ajuste en los próximos meses producto del atraso respecto a gran parte de los precios de la economía.

Por su parte, las perspectivas de los ingresos son conservadoras. En un contexto en el cual no hay margen fiscal, ya fue anunciado que no habrá nuevos pagos de IFE en el año electoral. Por su parte, existirían actualizaciones trimestrales del pago de AUH -actualizadas por la recaudación de ANSES y los salarios-, lo cual podría permitir que no pierdan en términos reales, pero no necesariamente una significativa mejora si la inflación es creciente.

Además, hay que tener en cuenta que, si bien el relajamiento de la cuarentena está permitiendo una recomposición paulatina de los empleos informales y cuentapropistas, el poder adquisitivo tardará algo más en recomponerse, lo que dificultará la baja de la pobreza y la indigencia durante la primera parte del año.

El desempleo trepó a 11,7% en el tercer trimestre

En el tercer trimestre de 2020, la tasa de desempleo alcanzó 11,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC. El salto de 2 p.p. respecto a igual período del año pasado es engañoso: no contempla la caída de la participación en el mercado laboral.

En este sentido, si bien las restricciones sobre el mercado de trabajo durante julio y septiembre eran menores que las del segundo trimestre, lo cierto es que la PEA observó una caída de 8% i.a., por lo que más de 1 millón de personas dejaron de trabajar o buscar activamente empleo en los 31 aglomerados urbanos en el tercer trimestre. Indudablemente se registró una mayor participación en el mercado laboral en relación al trimestre previo (la PEA había caído casi 19% i.a. dejando fuera del mercado de trabajo a 2,5 millones de personas), pero aún así los resultados son impactantes: si la PEA se hubiera expandido a la tasa de crecimiento poblacional -como lo hace en condiciones normales-, la tasa de desempleo habría trepado a la zona de 20%.

Menos restricciones mejoran el empleo, pero falta mucho

De acuerdo a la EPH, la tasa de empleo se ubicó en 37,4% de la población de referencia durante el tercer trimestre del año, todavía lejos del 42-43% de los trimestres “normales”. Esto demuestra una recuperación en relación al segundo trimestre del año, pero todavía muestra una situación muy compleja. Implica un deterioro del empleo levemente inferior al 11% i.a., en línea con el deterioro de la actividad en el período de referencia, lo que equivale a la pérdida de 1,3 millones puestos de trabajo en los 31 aglomerados urbanos. Esta cifra treparía a los 2 millones si extrapolamos este resultado al total de la población del país. Dicha inferencia es razonable para la población urbana (aprox. 90% del total) pero incorrecta para la población rural (10% restante).

Como era de esperar, el impacto desigual de la cuarentena en el empleo favoreció a aquellos con mayor estabilidad: los asalariados formales cayeron alrededor de 4,5% i.a., mientras que los informales cedieron 28% i.a. Los cuentapropistas, que también habían sufrido un fuerte impacto al momento del inicio de la cuarentena retrocedieron menos de 8% i.a., sugiriendo que muchas de las personas que perdieron su empleo se volcaron a alguna actividad independiente para mantenerse. También podría indicar el ingreso al mercado de trabajo de otros miembros de la familia con el objeto de apuntalar los ingresos de la misma.

Esta es una tendencia a seguir de cerca en los próximos meses, especialmente si las dificultades para controlar la pandemia permanecen. Las restricciones sanitarias impedirán trabajar en comercios, oficinas, etc. pero las familias precisarán de ingresos para subsistir, por lo que las “changas” y actividades independientes estarán a la orden del día.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

El relajamiento de jure y de facto de la cuarentena dio lugar a una merma en la contracción del empleo, y esperamos que esta tendencia continúe en la última parte del año. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer: dificilmente lo perdido se recupere hasta entrado el año que viene y todavía quedan dudas acerca de la calidad de esta recomposición.

Por un lado, las crecientes rigidices -prohibición para despedir- con una demanda incierta y deprimida no parece ser la mejor estrategia para generar empleo de calidad. Esto implicaría la continuidad de una tendencia que ya venía antes de la pandemia: mayor informalidad y cuentapropismo. De esto se desprende la siguiente pregunta: ¿Qué pasará con los salarios? Habrá cada vez más trabajadores cuyo poder adquisitivo no gozará de la -al menos parcial- protección que brindan las paritarias, lo que podría complicar la recuperación post-pandemia si esta coincide con una aceleración de la inflación. Asimismo, podría hacer menos efectiva una política salarial por parte del gobierno, haciendo más necesarias medidas focalizadas en estos grupos desprotegidos con un mayor costo fiscal en un país que no sobran los recursos.

En definitiva, todo dependerá del control o no de la pandemia, pero lo visto durante el tercer trimestre -luego de solo tres meses de cuarentena- muestra que la situación social está al límite: la gente va a salir a buscar su ingreso, por lo que las eventuales nuevas restricciones deberán contemplar esta situación.

El virus agravó la recesión

La pandemia desatada por el Covid-19 afectó el normal desarrollo de muchas actividades de consumo y productivas. Para peor, la cuarentena aplicada para ralentizar el ritmo de contagios terminó de trastocar todos los aspectos de nuestra vida económica y social. Así, la imposibilidad de realizar actividades turísticas, recreativas y comerciales se combinó con las restricciones a la circulación, alterando nuestros hábitos y perjudicando nuestras posibilidades laborales. Este patrón se repitió a lo largo y ancho del mundo, sin embargo, fue particularmente marcado en Argentina: según los datos de la Universidad de Oxford, el ASPO aplicado en nuestro país fue de los más estrictos a nivel global. Ahora que el ritmo de contagios y las restricciones se redujeron, vamos obteniendo datos que nos permiten entender lo sucedido.

La pandemia llegó luego de dos años de caída del producto. De esta forma, nuestra economía, que ya se hallaba endeble, se contraerá un 11% adicional este año y, a pesar de las prohibiciones a los despidos, el desempleo crecerá en torno a 2,6 p.p., pasando de 9,8% a 12,4% de la población económicamente activa. En este contexto, la mitad de los hogares vio reducirse sus ingresos a lo largo de la pandemia y cuatro de cada diez sufrieron problemas laborales (despidos, suspensiones o recortes salariales). Esto llevó a que el 34% de las familias redujera su consumo de alimentos. A pesar de la gravedad de estos números, no son suficientes para tener una perspectiva adecuada de los distintos impactos que sufrió este año cada sector social, con posibilidades disímiles de reacción frente al Covid-19. Veamos.

 

No todas las cuarentenas fueron iguales

El impacto de la cuarentena no fue homogéneo para todos los segmentos de la población. Las restricciones perjudicaron especialmente a aquellos empleados de rubros cuyo trabajo no se puede realizar a distancia y a los trabajadores informales y cuentapropistas, cuyos ingresos dependen de la cantidad de días que trabajen en el mes. Por estos motivos, muchos analistas hipotetizaron que la cuarentena afectó de forma particularmente profunda a los hogares de menor poder adquisitivo.

A partir de una reciente encuesta elaborada por INDEC, podemos conocer estos impactos diferenciales con mayor detalle. De acuerdo con estos datos, en aquellos hogares en los que el jefe de familia tiene un nivel educativo alto (terciario, universitario o superior), tres cuartas partes de los ocupados trabajó en la semana del relevamiento, haciéndolo mayormente desde sus casas. La situación fue significativamente más compleja para aquellos hogares cuyo jefe de hogar tiene un nivel educativo bajo (no logró concluir el secundario), ya que en estos casos menos de la mitad pudo realizar su trabajo, y sólo 1 de cada 10 pudo hacerlo desde su vivienda. Además, entre aquellos con mayor instrucción, el 76% mantuvo el mismo empleo a lo largo de la pandemia, mientras que, de los que no terminaron el secundario, menos del 50% pudo conservar su trabajo. La reducción de ingresos y del consumo de alimentos también fue significativamente mayor en los hogares con un nivel educativo más bajo.

Un análisis similar puede hacerse según la ubicación geográfica. Entre las viviendas relevadas en la CABA, el 60% de los jefes/jefas de hogar ocupados trabajó en la semana de la encuesta, mientras que en el conurbano un porcentaje menor pudo hacerlo. La mitad de los porteños que trabajó lo hizo a distancia, en tanto en el GBA sólo el 23% hizo home-office. Dentro de la Ciudad, dos tercios de los ocupados pudo mantener el mismo empleo, mientras que esta cifra desciende a 56% en el conurbano. Por último, el consumo alimenticio también mostró un mayor deterioro en los hogares que se ubican en los partidos del GBA.

Estas distinciones nos permiten aproximar el nivel de ingresos de cada familia: los trabajos correspondientes a la educación superior, en promedio, son mejor remunerados que aquellos vinculados con menores estudios; y, de acuerdo con nuestros datos georreferenciados, los ingresos son más altos al interior de la Ciudad en comparación con los partidos que la rodean. Por estos motivos, podemos inferir que el impacto de la crisis fue mayor en los hogares de menores recursos, ya que allí es donde hubo mayores problemas laborales, pérdidas de ingresos, exposición al virus y reducción del consumo de alimentos.

 

A pesar de la amplia ayuda estatal, la pandemia resultó regresiva

En un contexto tan complejo, el Estado se vio obligado a ampliar la red de seguridad social preexistente. Del mismo relevamiento surge que más del 70% de los hogares recibió alguna prestación social (incluyendo jubilaciones, pensiones, asignaciones y nuevas prestaciones). En particular, el 48% fue beneficiario de algún programa diseñado específicamente para paliar los efectos de la pandemia (IFE, ATP y bonos). Estas prestaciones no sólo fueron difundidas, sino que estuvieron concentradas en los segmentos más afectados. Estas ayudas se cobraron en mayor proporción en el conurbano que en CABA, su percepción fue mayor a menores niveles de instrucción y se recibieron en mayor medida en hogares con niños o adultos mayores. De esta forma, contribuyeron a evitar un descomunal aumento de la pobreza (según simulaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, la primera ronda de IFE habría evitado la caída por debajo del umbral de pobreza de entre 5% y 6% de la población).

A pesar de estos esfuerzos, la crisis fue más dura en los sectores más vulnerables. Para limitar el fuerte golpe que recibieron, y así evitar un deterioro aún más marcado de los indicadores sociales, no bastará con asistencia estatal en el 2021. Por el contrario, será necesaria una reactivación del mercado laboral en el año entrante. De acuerdo a nuestras proyecciones, la generación de empleo repuntaría próximamente, aunque probablemente no alcance para absorber a toda la población que volverá a buscar trabajo.

A la espera del inicio de la campaña de vacunación, sólo podemos conjeturar sobre el impacto económico que tendrá el Covid-19 el año próximo. Sin embargo, podemos afirmar con certeza que, de la misma forma que la mayoría de las crisis, la continuidad de la pandemia tendría un sesgo regresivo.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el ingreso necesario para que un individuo se ubique por encima de la línea de indigencia, creció 6,6% en octubre -acelerándose 3,2 p.p. respecto al mes anterior- y acumuló 32,9% en los primeros diez meses del año (+45,8% i.a.). Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), mide el ingreso que debe tener un individuo para no ser pobre y aumentó 5,7% respecto a septiembre (+1,9 p.p.), acumulando una suba de 28,1% y de 40,0% i.a.

Cabe destacar que no se observaba una evolución tan alta de las canastas desde octubre de 2018 (+7,5% ambas canastas) y septiembre de ese mismo año (+8,5% la CBA y +8,1% la CBT), meses en los cuales la evolución correspondió en mayor medida al salto cambiario que tuvo lugar principalmente en septiembre (+28,1% la cotización oficial) y los meses anteriores.

Además, resalta que ambas canastas crecieron por encima de la inflación en el mes (+3,6% el IPC GBA). En este sentido, la autorización de subas de Precios Máximos y las fuertes subas en carnes, frutas y verduras generaron que los precios de alimentos exhiban la variación más alta del año (+4,8%), lo cual impactó de lleno en las canastas. Además, los incrementos en combustibles y alquileres aceleraron la evolución de la CBT.

De esta manera, analizando el acumulado del año, la Canasta Básica Alimentaria se ubicó cómodamente por encima de la variación de la inflación y el tipo de cambio oficial. Cabe destacar que, si bien el programa de Precios Máximos ayudó a que la CBA crezca por debajo del 1% en determinados meses de cuarentena, en parte las correcciones del programa llevaron a que en los últimos meses la Canasta Básica Alimentaria se acelere y recupere el terreno perdido. Si bien la CBT muestra una dinámica menor en el acumulado, hay que destacar que esto se da un contexto de congelamiento de tarifas de Servicios Públicos.

Por otro lado, cabe comparar el precio de las canastas con los ingresos de los deciles más bajos. En este sentido, en octubre una familia tipo -compuesta por cuatro integrantes- necesitó $20709 para comprar una canasta básica de alimentos y $49911,6 para adquirir una canasta básica de bienes y servicios.

A contramano, el ingreso de una familia compuesto por un Salario Mínimo Vital y Móvil y 2 AUH se ubicó en $25980 en octubre -considerando la suba de un 12,0% del SMVyM en ese mes-, y alcanzó para cubrir un 52,1% de la CBT. A su vez, la AUH no alcanzó para que el ingreso de un niño se ubique por encima de la línea de indigencia y pobreza (cubrió un 75,5% de la CBA y un 31,3% de la CBT). De todas maneras, si a esto le sumamos el cobro de la tarjeta alimentar -para niños de 6 años inclusive, teniendo en cuenta que se cobra una por familia-, la cobertura de la CBA para un niño que es hijo único aumenta a un 160,7%.

¿Qué esperamos?

Las canastas difícilmente muestren una menor dinámica en los próximos meses. En primer lugar, cabe destacar que comenzaron a desarmar el programa de precios máximos (lo cual impactará en los precios de alimentos), a la par que las presiones latentes en el frente cambiario complicarán una desaceleración. A su vez, de existir correcciones de las tarifas de Servicios Públicos en el año entrante, la CBT contará con un driver adicional.

Por su parte, las perspectivas de los ingresos de los hogares son conservadoras. Si bien se acordó un incremento de suma fija para el Salario Mínimo Vital y Móvil -restan incrementos en diciembre y marzo-, no alcanzará para que recomponga el terreno perdido (y terminará el 2020 en rojo). A su vez, ya fue anunciado que no habrá un cuarto cobro del IFE.

En este sentido, hay que tener en cuenta que, como consecuencia de la pandemia, los hogares más afectados fueron en general los deciles más bajos, donde hay más trabajadores informales y cuentapropistas. De aquí se explica el incremento de la pobreza e indigencia en el primer semestre del año.

De ahora en más, cabe destacar que el relajamiento de la cuarentena está generando que estos empleos sean los primeros en recomponerse, permitiendo que parte de los hogares vuelvan a contar con sus ingresos laborales.  Sin embargo, el poder adquisitivo de los mismos demorará más tiempo en recuperarse dificultando un restablecimiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el ingreso necesario para que un individuo se ubique por encima de la línea de indigencia, creció 3,4% en septiembre y acumuló 24,7% en los primeros nueve meses del año, alcanzando un 39,6% i.a. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), mide el ingreso que debe tener un individuo para no ser pobre y creció 3,8% respecto a agosto, acumulando una suba del 21,2% hasta septiembre (+35,7% i.a.).

Analizando los primeros nueve meses del año, la CBT se ubicó en línea con la evolución de la inflación (el IPC GBA acumuló +21,2%), mientras que la CBA se mantuvo sistemáticamente por encima, acumulando hasta septiembre una cifra apenas por debajo de la depreciación del Peso (+25,9%). Cabe destacar que esta dinámica se dio a pesar de la implementación de Precios Máximos a partir de abril -que explicó por qué la CBA cayó 0,1% en mayo y creció solo 0,9% en junio-. Por su parte, la menor evolución de la CBT respecto a la CBA se dio en un contexto de congelamiento de tarifas de Servicios Públicos y combustibles.

Por otro lado, para evaluar el poder de compra de las canastas, sirve compararlas con los ingresos de los deciles más bajos. En este sentido, en septiembre una familia necesitó $19430 para comprar una canasta básica de alimentos (CBA) y $47215 para comprar una canasta básica de bienes y servicios (CBT). A contramano, el ingreso de una familia compuesto por un Salario Mínimo Vital y Móvil y dos AUH se ubicó en $25209, que alcanzó para cubrir únicamente un 53% de la CBT, dinámica que estuvo en línea con lo que sucedió en los meses anteriores.

Más aún, la pandemia impactó principalmente en las familias de menores recursos, que se encuentran en su mayoría dentro del mercado laboral informal. De modo ilustrativo, cabe analizar que sucedió con una familia que dejó de ganar la totalidad de sus ingresos por la imposibilidad de trabajar y percibió dos AUH y un IFE (teniendo en cuenta que este programa se cobró cada dos meses y el último pago fue implementado entre agosto y septiembre). En este sentido, haciendo el supuesto de que la familia cobró el IFE en septiembre, la cifra alcanzó $17080 y pudo cubrir únicamente un 36,2% de la CBT, a la par que tampoco alcanzó para cubrir la línea de indigencia (87,9% de la CBA).

¿Qué esperamos?

La evolución de las canastas dependerá en mayor medida de que suceda con la evolución del tipo de cambio oficial. Considerando que la brecha cambiaria ya supera notablemente el 100% y hay un nivel de reservas alarmante, en la medida que no se revierta esta dinámica existiría una depreciación en el mercado oficial, que aceleraría notablemente a las canastas en los próximos meses. Además, hay que tener en cuenta que nuevas autorizaciones de aumentos de Precios Máximos traccionarían al alza tanto a la CBA como a la CBT.

Por el lado de los ingresos, el gobierno autorizó un incremento del 28% para el salario Mínimo Vital y Móvil -dividido entre los meses de octubre, diciembre y marzo-, que de todas formas será insuficiente para evitar una caída real en 2020. Por su parte, analizando al mercado informal y cuentapropista, el levantamiento de la cuarentena permitirá que cada vez más familias puedan volver al mercado laboral y comiencen a recomponer sus ingresos. De todas maneras, una incógnita que aparece es a qué velocidad se dará la recuperación, a la par que habrá que seguir de cerca que sucederá con nuevos pagos del IFE.

¿Qué sabemos de los salarios hasta el momento?

Los bruscos saltos del tipo de cambio oficial entre 2018 y 2019 aceleró la inflación que, como no fue anticipada, ocasionó un deterioro del salario real del 14% en relación al promedio de 2017. El cambio de gobierno y la necesidad de cumplir con una de las promesas de campaña trajo una parcial recuperación del poder adquisitivo en el primer trimestre de este año-especialmente de los trabajadores de menores ingresos- gracias, fundamentalmente, al denominado “incremento solidario”. Así, hasta marzo el salario formal había crecido más de 5% en términos reales.

Sin embargo, la irrupción de la pandemia y el establecimiento de la cuarentena postergó las negociaciones paritarias del año, por lo que esta mejora se fue erosionando lentamente. De hecho, durante el segundo trimestre el incremento acumulado de los salarios registrados fue de sólo 0,5%. Este fenómeno conjugó, por un lado, la imposibilidad de operar en muchos sectores productivos, que fue acompañado del cobro del 70% del salario por parte de los trabajadores suspendidos, y por otro, la decisión de priorizar la protección del empleo -al menos en la rama formal de la economía- con la extensión de la doble indemnización y el pago de parte del salario por parte de estado (a través del ATP).

La lenta salida de la cuarentena y la paulatina puesta en marcha de la economía permitió una reactivación de las negociaciones paritarias en el tercer trimestre. Los primeros en acordar fueron los sectores considerados esenciales (camioneros, sanidad, bancarios, seguridad privada), a quienes siguieron sindicatos que aglutinan a trabajadores de comercio, y metalúrgicos, entre otros. Sin embargo, vale destacar que en estos últimos los aumentos tomaron forma de pagos de suma fija hasta fin de año o primer trimestre del año que viene. A diferencia de lo ocurrido a comienzos del año, esto parece responder más a las dificultades que están pasando las empresas que a un criterio redistributivo.

 

En consecuencia, los salarios formales habrían terminado el tercer trimestre con un incremento acumulado de casi 21%, prácticamente empatando en la carrera nominal a los precios (en torno a 22%). ¿Se despegarán en la recta final del año? ¿Qué pasará con el empleo y las remuneraciones de los trabajadores informales y cuentapropistas? ¿Cuál será el impacto de la dinámica de los ingresos laborales sobre el consumo?

El salario real en el último trimestre

Como resultado de una recomposición adicional en sectores que todavía operan con restricciones (como la construcción o la gastronomía), las negociaciones en curso con estatales, y el pleno percibimiento de los salarios por parte de los trabajadores suspendidos (lo cual mejora el ingreso percibido), el salario real formal no sufriría un significativo deterioro en la última parte del año. Esto no será suficiente para revertir la dinámica de los últimos años y, en promedio, exhibirá un retroceso cercano a 3%.

Sin embargo, para que esto suceda la inflación promedio mensual del último cuarto del año no deberá superar 4%. Producto del descongelamiento de precios cuidados y combustibles, la mayor circulación tras el relajamiento de la cuarentena y la cada vez más relevante brecha cambiaria, acelerarán la inflación. Sin embargo, la inflación no superaría dicho umbral (4% mensual), salvo que se materialice un evento disruptivo en el mercado cambiario, erosionando aún más el poder adquisitivo del salario en 2020.

Perspectivas del ingreso laboral y el consumo

De todas formas, la caída del salario real de 2020 no será tan pronunciada como en los dos años previos, aunque la misma se da en un contexto de fuerte contracción del empleo, algo que no había sucedido en los 2018-2019. Esta dinámica es producto de la cuarentena que imposibilitó de trabajar a muchas personas y que en el momento de mayores restricciones provocó una destrucción de superior al 40% i.a. en la ocupación informal y cercana 30% i.a. en cuentapropistas.

Por lo tanto, este año el deterioro de la masa salarial real será impulsado por la pérdida de puestos de trabajo (cantidades) y en menor medida por la caída del salario real (precios). En este sentido, consideramos que este cambio de drivers afecta en forma heterogénea a los hogares, principalmente aquellos en que uno o más de sus miembros perdieron el empleo.

Hacia el futuro hay dos grandes incógnitas sobre la recuperación de los ingresos laborales de las familias. La primera tiene que ver con la carrera precios-salarios en un año electoral y con una fuerte inflación “reprimida” y la segunda a qué velocidad se recuperarán los puestos de trabajos de cerca de 3 millones de personas, principalmente informales y cuentapropistas.

Con la incertidumbre sobre estas variables, la evolución del consumo el próximo año también dependerá de la vigencia de planes oficiales de financiamiento, así como de la extensión de una política de ingresos para los sectores más postergados, considerando que la recuperación del mercado de trabajo será lenta.

¿Cuántos pobres hay en Argentina?

El INDEC informó que la tasa de pobreza alcanzó a 40,9% de las personas en el primer semestre de 2020 (+5,5 p.p. en relación a la primera mitad de 2019), afectando a 11,7 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos. Por su parte, el deterioro en la tasa de indigencia no se quedó atrás: se ubicó en 10,5% en la primera mitad del año (+2,8 p.p. respecto al primer semestre de 2019) representando a 3 millones de personas.

Si extrapolamos estos datos a la población total, la pobreza habría alcanzado a más de 18 millones de personas en la primera mitad de este año, de los cuales cerca de 4,5 millones son indigentes. En consecuencia, durante el primer semestre de 2020 hubo 2,6 millones de pobres más -y 1,3 millones de indigentes más- que en igual período de 2019.

Por otro lado, el informe señala que el 56,3% de los menores de 14 años son pobres y que incluso más de la mitad de los menores de 30 años se encuentran en la misma situación. Asimismo, cerca del 15% de la población en este rango etario se encuentra en la indigencia.

¿Cómo influyó la cuarentena en el aumento de la pobreza?

Al comparar con el primer semestre del año pasado, hallamos distintos potenciales factores detrás del incremento de la pobreza. Por caso, el salto cambiario tras las PASO, seguido de una elevada incertidumbre que impactó en toda la sociedad, parcialmente compensado con una política de ingresos (refuerzos de AUH, mayores aumentos para las jubilaciones mínimas e IFE).

Sin embargo, estimando que la pobreza se habría ubicado en la zona de 34,5% en el primer trimestre de este año, apenas 0,5 p.p. por encima de igual período de 2019, podemos asumir que, el deterioro de los indicadores sociales reflejan plenamente el impacto de la pandemia/cuarentena. La imposibilidad de trabajar impactó en mayor medida sobre los ingresos laborales de las familias de menores recursos, que sólo vieron parcialmente compensado la pérdida de recursos por el pago de un IFE. En consecuencia, la tasa de pobreza habría superado 47% en el segundo trimestre de 2020.

Así, entre 5 y 6 millones de personas habrían pasado a ubicarse por debajo de la línea de pobreza durante el aislamiento obligatorio. Si bien esta comparación no es del todo correcta por tratarse de trimestres contiguos, la comparación en relación al segundo trimestre de 2019 arroja un incremento de más de 4 millones de personas en situación de pobreza, por lo que el deterioro social es inequívoco.

¿Se podrá revertir rápido esta dinámica?

El relajamiento de jure y de facto de la cuarentena permitirá que más personas vuelvan a su fuente laboral, recomponiendo sus ingresos para hacer frente a la aceleración de la inflación. Asimismo, la continuidad del IFE posibilitará a más familias salir de la pobreza en tanto sus miembros vuelvan a ocuparse (aunque sea bajo la informalidad o como cuentapropistas).

Sin embargo, la reversión no será total. El rebote de la economía luego del piso de abril parece haberse diluido, la situación sanitaria está lejos de ser controlada (especialmente en el interior del país) y el creciente riesgo cambiario jaquea la recuperación de la economía.

Esta dinámica da lugar a varios interrogantes ¿cuánto tardaremos en volver -a los elevados- niveles de pobreza pre-Covid-19? ¿podremos evitar una crisis cambiaria que llevaría los indicadores socio-económicos a los niveles de 2002? y ¿Cuándo lograremos bajar sostenidamente la pobreza a un dígito y erradicar la indigencia?

Cerramos con este fragmento vigente de Ortega y Gasset pronunciado hace más de 80 años: ¡Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas, directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal.