Category: Empleo e Ingresos

¿Cómo evolucionaron las canastas en junio?

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra el ingreso necesario para que debe tener un individuo para comprar una canasta de alimentos y ubicarse por encima de la línea de indigencia, creció 3,6% en junio (+57,6% i.a.), acelerándose 0,8 p.p. respecto al mes anterior. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), muestra el ingreso necesario que debe tener un individuo para comprar una canasta de bienes y servicios y ubicarse por encima de la línea de pobreza, y trepó 3,2% en junio (+51,8% i.a., +0,8 p.p. respecto a mayo).

Hay que tener en cuenta que las canastas crecieron por encima de la evolución de la inflación en junio (+3,1% para GBA, que es para donde se realiza el cálculo de las canastas). Si bien este comportamiento no fue la regla en lo que va del año, la CBA (+25,3%) acumuló en el primer semestre una suba mayor a la de la CBT (22,7%) y la inflación se ubicó en el medio de ambas (+24,9%). Detrás de esto se encuentra el hecho de que los alimentos evolucionaron por encima del resto de los precios, tras un 2020 con importantes congelamientos. En este sentido, los alimentos que tienen especial importancia en el armado de las canastas se aceleraron: según el IPC GBA Ecolatina, la leche subió 29% en el primer semestre, mientras que el pan fresco creció 36%.

Dos Salarios Mínimos y dos AUH no alcanzan para cubrir la CBT

En junio, una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $28413 para comprar la canasta de alimentos y $66478 para adquirir la canasta básica total. Por otro lado, el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubicó en $25272 con la actualización de este mes, mientras que la Asignación Universal por Hijo fue de $4503 gracias al último incremento. Por lo tanto, el ingreso de una familia compuesto por dos salarios mínimos y dos AUH se ubicó en $59552.

Así, el ingreso de una familia cubrió la totalidad de la CBA -algo que venía sucediendo en los meses anteriores- pero no alcanzó para cubrir la totalidad de la canasta de bienes y servicios (cubrió casi el 90% de la misma). En este sentido, hay que remarcar que estos ingresos no alcanzaron a cubrir la CBT desde que se irrumpió la pandemia, pero no fue la regla en los últimos años: a lo largo de 2016, 2017 y parte de 2018 y 2019 una familia con estos ingresos lograba ubicarse por encima de la línea de pobreza.

¿Qué esperamos?

Como vimos, producto de un primer semestre agitado en materia inflacionaria, las canastas se aceleraron y los ingresos reales continuaron deteriorándose luego de tres años consecutivos de contracción. Sin embargo, para el segundo semestre podría advenir un panorama levemente más favorable.

Por el lado de los precios, esperamos que la inflación se desacelere gracias al menor ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial y las escasas subas de los precios regulados, y se ubique levemente por debajo del 3% promedio en el periodo julio-diciembre. De la mano de esta evolución, las canastas también se desacelerarían. De todas maneras, como algunos precios de consumo masivo se mantendrían por encima de la evolución de la inflación, dado que aún no recuperaron todo el terreno perdido -especialmente durante 2020-, no esperamos un cambio rotundo en la tendencia actual.

Por otro lado, desde el lado de los ingresos vendrán nuevos aumentos. En línea con la reapertura de paritarias (tras una pauta de 29% que quedó vieja), el Salario Mínimo Vital y Móvil podría verse redefinido: si bien resta confirmar, la suba acordada del 35% en cuotas podría terminar siendo una cifra algo mayor, o se adelantarían algunos de los aumentos ya pactados. A su vez, los jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios de la AUH obtendrán bonos compensatorios, que de todas maneras no alcanzarán para terminar con el deterioro. En este sentido, estos factores tendrían un efecto inmediato sobre el poder adquisitivo en la previa electoral: habrá que ver si la menor evolución de las canastas y una suba nominal mayor a la esperada de los ingresos de los sectores de menores recursos alcanzarán para llegar a cubrir la línea de pobreza en el cierre del año.

El Ministerio de Trabajo informó que durante abril el empleo registrado creció 1,1% i.a., lo que significó la creación de casi 60 mil puestos de trabajo formales. Este dato positivo debe verse con cautela, teniendo en cuenta que se está comparando contra uno de los peores meses del año pasado. En este marco, tiene sentido analizar la composición de esta recuperación.

En primer lugar, se debe decir que la mejora fue liderada por los cuentapropistas (+1,7% i.a.) gracias a la expansión superior al 3% i.a. de los monotributistas. Esta tendencia ya la habíamos observado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC que, si bien contempla solamente al empleo urbano, también considera a los trabajadores no registrados.

No obstante, el grueso de los trabajadores formales, los asalariados privados, típicamente asociados al empleo de calidad avanzaron 1% respecto a abril del año pasado, la primera variación interanual positiva en más de 30 meses -es decir, desde agosto 2018, mostrando que la economía ya venía golpeada desde antes de la pandemia-. Al mismo ritmo crecieron los asalariados públicos (+0,9% i.a.), pero vale destacar que estos no están “inflados” por una base de comparación, ya que exhiben un crecimiento de 0,7% desde el inicio de la pandemia y en solo tres de los últimos tres meses sufrieron una caída desestacionalizada.

La relevancia y la disponibilidad de información para los asalariados privados requiere una inspección hacia el interior de este grupo. En este sentido, las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler lideran la recuperación con más de 43 mil empleos (+5,3% i.a.), seguido por la Industria y la Construcción que se combinaron para aportar más de 60 mil puestos de trabajo adicionales. A contramano, Hoteles y Restaurantes y Transporte y Comunicaciones todavía muestran deterioro en la comparación interanual de sus números, acusando casi 45 mil empleos menos y evidenciando las dificultades que todavía tienen estos sectores con motivo de las restricciones.

Si bien no prevemos que la recuperación se interrumpa en el corto plazo, mayo y junio podrían haber traído un rebote más lento. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que también elabora el Ministerio de Trabajo, la tasa de entrada -proporción de altas respecto al total de ocupados- en los principales aglomerados urbanos se contrajo fuertemente en mayo. Este freno en el mercado laboral formal también se observa con el hecho de que las empresas con únicamente bajas fueron el 16,1%, el máximo desde diciembre de 2019.

En este sentido, ayer el INDEC también informó una caída de 5% mensual del Indicador de Producción Industrial, retronando así a niveles del tercer trimestre del año pasado. Si consideramos que la industria fue de los rubros con menores limitaciones en el segundo trimestre, sería de esperar que el escenario del resto de las ramas sea algo peor, especialmente en el caso de los servicios. Esto también prevé un desacelere en la mejora del empleo asalariado privado.

En lo que respecta al segundo semestre, muy probablemente la relajación de muchas restricciones de lugar a una mejora del empleo, principalmente en los servicios. En la medida que las expectativas de una mayor demanda producto de una mejora de los ingresos reales no se modifiquen, esta dinámica se trasladará al resto de la economía, pero no será suficiente para que se recupere el empleo de calidad -asalariados del sector privado- hacia el cierre de este año. De esta manera, y pandemia mediante, la primera mitad de la gestión del Alberto Fernández terminará con una caída de los puestos de trabajo bajo esta modalidad.

Durante 2018 y 2019, la inestabilidad cambiaria provocó varias aceleraciones inesperadas de la inflación, que golpearon sucesivamente al poder adquisitivo de los ingresos. Para revertir esta tendencia, el Frente de Todos empezó su gestión dando incrementos de suma fija a los asalariados formales. A la vez, mejoró el ingreso de perceptores de asignaciones y jubilaciones mínimas, intentando cumplir sus promesas de campaña. Si a estas medidas le sumamos la tarjeta Alimentar -una transferencia en especie, alimentos, para familias de bajos recursos-, resalta el carácter progresivo de estas medidas de arranque de 2020.

Sin embargo, la llegada de la pandemia y la cuarentena desbarataron cualquier intento de impulso al consumo por esta vía. Las restricciones de oferta rápidamente se convirtieron en un ataque a la demanda, en tanto el freno a la circulación provocó un fuerte deterioro en el empleo y los ingresos de los trabajadores.

Esta dinámica afectó de manera directa a la mitad de los trabajadores (incluyendo todas las modalidades de contratación). No obstante, este impacto no fue homogéneo: por la prohibición de despidos, garantía parcial del salario vía ATP y otras medidas, quienes pertenecían al sector formal tuvieron una protección mayor que los trabajadores no registrados. Esta asimetría se profundizó con la apertura de paritarias que apuntaló, otra vez, el poder adquisitivo de los empleados registrados. De hecho, el salario registrado creció casi 29% entre abril y octubre del año pasado, ubicándose “apenas” 2 p.p. por debajo de la inflación del período.

Por el contrario, los trabajadores informales y cuentapropistas se vieron más perjudicados. En conjunto, en estas modalidades se ubican más de 8 de cada 10 trabajadores de los últimos tres deciles de ingresos laborales. Si bien hubo asistencia para estos sectores -IFE, bonos para beneficiarios de asignaciones, entre otros-, en la mayoría de los casos estuvo lejos de compensar la pérdida previa de ingresos. A la vez, al estar al margen de las regulaciones laborales, la destrucción de puestos de trabajo fue mayor, dado que no había “prohibiciones de despidos” o doble indemnización que los protegiera en el corto plazo. Para peor, la continuidad de algunas restricciones y un nivel de actividad que no logra alcanzar los valores pre-COVID impiden todavía que el empleo de estos sectores vuelva a los niveles de cierre de 2019.

De este análisis se desprende que el sesgo progresivo de la política de ingresos de comienzos de gestión se fue desvaneciendo con el correr del tiempo -y la pandemia-. Esta dinámica se vio agravada por la evolución reciente de las paritarias. Ante el imposible cumplimiento de la meta de inflación anual (29%), el gobierno comenzó a validar negociaciones del orden del 40%, tanto en el sector público –los trabajadores del Congreso y PAMI como casos testigo- como privado, con Camioneros como primer ejemplo. En la misma línea, más explícita que implícitamente se invita a una reapertura de las negociaciones que ya quedaron desfasadas, y la actualización de la paritaria de los trabajadores bancarios marcó el camino en este sentido. En este escenario, una vez más, los salarios formales les sacarán ventaja a informales.

Esta mejora efectiva de paritarias a los pocos meses de los cierres originales, en lugar de cláusulas gatillo o de renegociación por aceleraciones inflacionarias, refleja que el principal objetivo del Poder Ejecutivo, en este plano, es mejorar la dinámica del consumo antes de las elecciones. Ahora bien, en esta oportunidad, en lugar de alentar los ingresos de los sectores más desprotegidos -algo que pasa, por ejemplo, con los aumentos de sumas fijas- se favorecerá al tope de la pirámide salarial.

En términos de demanda, esta configuración de las recomposiciones alentará la recuperación de la demanda de bienes no básicos y servicios, los consumos de los deciles mejor ubicados. En números, los tres deciles más altos destinan casi un 75% de sus ingresos a compras “no indispensables”. En cambio, al bajar en la pirámide y analizar al 30% más pobre, se verifica que este porcentaje está cerca del 40%. En consecuencia, es probable que las ventas de estos rubros, las más golpeadas durante el año pasado, empiecen a recuperarse en la segunda mitad del año -vacunas y caída de contagios y restricciones mediante-.

Alcanzado este punto, vale destacar que parte importante del rebote y su magnitud dependerán del éxito de la política antiinflacionaria: más allá de qué números se renegocien en paritarias, un traslado a precios moderado será fundamental para que las ventas efectivamente puedan mejorar. La decisión del Poder Ejecutivo de alentar estas reaperturas marca su intención de convalidar un nuevo equilibrio de mayor inflación y mayor salario, que impliquen un mayor consumo, para el período electoral. Aunque el vuelo de este año será menor a los de la década pasada, se intentaría ir a una dinámica similar a la de 2013 y 2015: resignación del objetivo de precios en pos de impulsar la demanda.

Con este escenario, proyectamos que el salario real de los trabajadores registrados crecería 3,5% en la segunda mitad del año, comparado con la primera parte de 2021. De esta forma, más que se revertiría la caída del primer semestre logrando que los salarios les ganen a los precios por primera vez desde 2017. No obstante, la recuperación de los próximos meses no alcanzaría para cambiar el resultado del promedio anual, un número más relevante que la comparación punta a punta, donde se verificaría una caída de 2,5% i.a. De cara a 2022, las claves serán las condicionalidades del acuerdo con el FMI y la corrección cambiaria pos-electoral: 2021 se encamina a ser el cuarto año seguido de caída del salario real, ¿2022 traerá la buena?

 

¿Qué sabemos del mercado de trabajo a un año del inicio de la pandemia?

Durante el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo fue de 10,2% de la Población Económicamente Activa (PEA), alcanzando a más de 1,3 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos donde se releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De esta manera, cayó 0,2 p.p. en relación con igual período del año pasado, cuando apenas comenzaban las restricciones ante la irrupción de la pandemia.

Sin embargo, producto de estas mismas restricciones, la tasa de actividad pasó de la zona de 47% -valores que había alcanzado en los primeros trimestres de 2019 y 2020- a 46,3% de la población de referencia. De este modo, la cantidad de participantes del mercado de trabajo se contrajo casi 1% i.a.. Si bien no todos los que se fueron del mercado de trabajo lo hicieron por la pérdida del empleo, la menor participación en el mismo también refleja una baja perspectiva de encontrar empleo, algo que resulta lógico en este contexto. Por este motivo, como la tasa de desempleo se calcula sobre quienes buscan activamente un trabajo, puede ser un indicador poco preciso en estos casos: podría haberse ubicado hasta 2 p.p. por encima si la PEA hubiera crecido más en línea al crecimiento poblacional.

Por el lado del empleo, se observó una contracción de 0,5% i.a. Esta dinámica fue muy heterogénea a su interior: los asalariados públicos crecieron más de 9% i.a. en la población de referencia, destacándose además el incremento en el cuentapropismo (+5,5% i.a.). Esta modalidad, también muy heterogénea a su interior, se fortaleció tras el fuerte deterioro en el empleo de los asalariados formales del sector privado (-1,5% i.a.), pero especialmente tras la pérdida de casi 12% de los puestos de trabajo informales. Esto puede deberse al ingreso al mercado laboral de nuevas personas ante la caída de los ingresos familiares o bien a una reconversión de asalariados hacia el trabajo por cuenta propia ante la necesidad de generar ingresos.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

En primer lugar, se debe recordar que las restricciones impuestas a partir de abril en distintos centros urbanos pueden haber interrumpido la recuperación del mercado de trabajo. Si bien estas distaron de ser tan fuertes como las de 2020, podría haber acrecentado la diferencia entre la tasa de desempleo con y sin inactivos. En la medida que las restricciones se relajen y la vacunación avance, esperamos que el empleo informal vuelva a los niveles pre-pandemia hacia el cierre del año representando mas de la mitad de los empleos que se creen durante los próximos meses.

Esta dinámica podría eventualmente reducir la expansión del cuentapropismo, que parece ser una salida laboral para muchos trabajadores y familias en este contexto, considerando que el empleo formal crecerá lentamente a lo largo del año en los 31 aglomerados urbanos.

Por otro lado, contemplando que los asalariados formales (privados y públicos) representan cerca de la mitad del empleo, el efecto en los ingresos laborales de la reapertura de las paritarias, acorde a una inflación esperada mayor, se verá algo diluido. Apuntalar el consumo del resto de los ocupados -más asociados a los sectores de menores ingresos- descansará en la velocidad de la desaceleración de la inflación.

Conjuntamente, prevemos que el empleo -en todas sus modalidades- crezca alrededor de 6,5% en promedio este año, quedando más de 3% por debajo de 2019. Esta parcial recuperación sería mayor a la de la actividad económica a nivel agregado, en parte por el rezago en términos reales que los ingresos laborales presentarán durante buena parte del año, y en parte por la precarización del mercado de trabajo, ya que la recuperación estará liderada por los empleos no registrados.

¿Cómo evolucionaron las canastas en mayo?

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra el ingreso necesario que debe tener un individuo para comprar una canasta básica de alimentos y no ser indigente, creció 2,8% en mayo, desacelerándose más de 1 p.p. respecto al mes anterior. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que mide el ingreso que necesita un individuo para cubrir un conjunto de bienes y servicios y no ser considerado pobre, aumentó 2,4% en el mismo mes (-1 p.p. respecto a abril).

La “buena” noticia es que las canastas llevan dos meses consecutivos ubicándose por debajo de la evolución de la inflación general, 3,4% para GBA en mayo. De todas maneras, analizando el agregado de los últimos meses, se ve como las canastas ganaron la carrera nominal: mientras que el IPC GBA subió 46,8% en los últimos doce meses, la CBA creció un 53,4% y la CBT, 49,6%.

El principal motivo que se encuentra detrás es la evolución del capítulo de alimentos y bebidas, que también se ubicó por encima de la inflación (+47,2% i.a. para GBA). Si bien esta diferencia no parece tan abrupta, los alimentos que tienen principal incidencia sobre el armado de las canastas crecieron por encima del resto: según los relevamientos de precios que realiza el INDEC, la papa subió 61,8% i.a., el pan 51,2% i.a. y la leche 41,5% i.a., siendo los tres principales alimentos que mueven la valorización de las canastas.

Se reforzaron los ingresos, pero no alcanzaron para cubrir las necesidades básicas

Lamentablemente, los ingresos siguieron corriendo por detrás de la evolución de las canastas. En este sentido, para evaluar el poder de compra es útil comparar a las canastas con los ingresos de los deciles más bajos.

En mayo, una familia compuesta por cuatro individuos necesitó $27424 para cubrir la canasta de alimentos y $64445 para cubrir la canasta básica total. Por su parte, el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubicó en $24408 con la última actualización (+44,6% i.a.), mientras que la Asignación Universal por Hijo fue de $4016,96 (+29,5% i.a.).

Al igual que en los meses anteriores, la AUH no alcanzó para saldar la canasta de alimentos correspondiente para un niño (llegó a cubrir un 65% de la CBA), y solo alcanzó para cubrir un 27,5% de la CBT. Si a esta cifra le incorporamos la Tarjeta Alimentar, un programa que sirve para adquirir alimentos que lo pueden cobrar los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 14 años, este monto llegó a cubrir la totalidad de la CBA (160%), pero siguió sin alcanzar para cubrir la canasta total relativa de un niño (69%).

Por último, el ingreso de una familia compuesto por dos salarios mínimos y dos AUH se ubicó en $56850. Por lo tanto, alcanzó para cubrir el doble de la CBA (207%), pero no para completar la totalidad de la CBT (+88%). Este comportamiento no fue la regla durante los últimos años: a partir de 2019 comenzó a suceder que en determinados meses este ingreso no logre cubrir el umbral de pobreza.

¿Qué esperamos para el resto del año?

Según nuestras estimaciones, la inflación no logrará perforar el 3% en junio. Por lo tanto, el primer semestre del año cerrará agitado en materia inflacionaria: la suba de precios acumulará cerca del 25% en el primer semestre, y esperamos que las canastas cierren en la misma línea. A diferencia, el aumento del Salario Mínimo Vital y móvil, al igual que la mayor parte de ingresos de la economía, será algo menor: el deterioro real de este ingreso se ubicará en torno al 2% en los primeros seis meses del año.

A partir del segundo semestre, la depreciación más lenta del tipo de cambio oficial y la baja actualización que tendrán los precios regulados permitirían que el proceso inflacionario se desacelere en la previa electoral. Además, el reciente refuerzo focalizado de los programas de asistencia social (como la ampliación de beneficiarios de la tarjeta alimentar y la actualización del salario mínimo en siete etapas), sumado a la recuperación del empleo -principalmente informal y cuentapropista-, podrían ayudar a visualizar un panorama algo más favorable sobre el cierre del año. De todas maneras, esto no alcanzaría para frenar completamente el deterioro real de los ingresos de los deciles más bajos, y menos aún para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 4 años.

¿Cómo evolucionaron las canastas en abril?

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra el ingreso necesario que debe tener una persona para ubicarse sobre la línea de indigencia, creció 3,9% en abril, desacelerándose 0,7 p.p. respecto al mes anterior y exhibiendo un incremento de 49,1% en la comparación interanual. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que señala el ingreso necesario para que un individuo se ubique en la línea de pobreza, aumentó 3,4% en el mes (-1,5 p.p. respecto a marzo) y 47,8% en los últimos doce meses.

En este marco, la inflación abril (+4,1%) se ubicó por encima de la variación de las canastas. De todas maneras, analizando el acumulado del año, la CBA se ubicaba por encima de la de la inflación (17,6% vs. 17,2%, según el IPC GBA, radio de análisis de las canastas), mientras que la CBT se mantuvo por debajo (+16,1%).

Estas cifras se dieron en un contexto de fuertes aceleraciones en los precios de los alimentos: este capítulo creció 18,8% en lo que va del año en GBA, otorgándole un piso importante a la evolución de las canastas. En este marco, resaltó la evolución acumulada de panes y cereales (+16,0%), carnes y derivados (+22,2%) y lácteos (23,7%), donde la aceleración se dio en un escenario de controles de precios que ya no tienen completa efectividad, resultado de los atrasos acumulados en el año anterior. Para poner un ejemplo, la suba de lácteos en los primeros cuatro meses del 2021 (+23,7%) ya superó al incremento de todo el 2020 (+20,2% i.a.), dejando en evidencia que, a pesar de que el programa de Precios Máximos continúa, las correcciones de precios son inevitables.

Los ingresos, nuevamente rezagados

Como viene sucediendo en meses anteriores, la compensación otorgada por el incremento de los ingresos no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. En este sentido, en abril una familia compuesta por cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) necesitó $62.957 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser pobre, a la vez que precisó de $20.374 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y ubicarse por encima de la línea de indigencia.

Con las actualizaciones del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de marzo y abril, la variación acumulada del salario mínimo fue de 14,4% en los primeros cuatro meses del año (ubicándose por debajo de la inflación, las canastas y los alimentos) y alcanzó los $23544. Por su parte, con la actualización del mes de marzo la Asignación Universal por Hijo se ubicó en $4016 en abril (+8,1% acumulado en el año).

De esta manera, el ingreso de una familia tipo compuesto por un salario mínimo y dos AUH se ubicó en $31.577, alcanzando a cubrir la totalidad de la CBA (casi un 120%), pero solo la mitad de la CBT. Si a este monto le agregamos el cobro de la Tarjeta Alimentar (que en abril se ubicó en $9.000 para las familias que tienen hijos menores a 6 años), los ingresos alcanzaron a cubrir un 64% de la CBT, dejando en evidencia que siguió sin alcanzar para que superen el umbral de pobreza.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

En mayo, la evolución de las canastas difícilmente perfore el 3%: según nuestros relevamientos, los precios de los alimentos se ubicaron cerca del 4% en la primera quincena (resaltando algunos productos de consumo masivo y carnes), lo cual no permitiría que las canastas se desaceleren considerablemente. Por el lado de los ingresos, en mayo hubo un nuevo incremento del salario mínimo ($24408), a la par que se reforzó la tarjeta alimentar (podrá ser cobrada con hijos menores de 14 años) y se implementó un bono de $15000 a beneficiarios de la AUH y monotributistas de las categorías más bajas residentes en AMBA, con el objetivo de apaliar los efectos de las mayores restricciones. En este marco, el ingreso de los sectores más bajos se vería reforzado en el corto plazo, pero no será de igual alcance que el del año pasado (con el pago del IFE) en un contexto de escaso margen fiscal.

A partir del segundo semestre podría materializarse una desaceleración inflacionaria, pero que no alcanzará para mejorar notablemente los ingresos reales. El endurecimiento de los controles de precios, la prohibición de las exportaciones de carne durante un mes (que podría tener un efecto sobre estos precios en el muy corto plazo, pero con una importante aceleración en el mediano) y el menor ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial serían factores que ayudarían a reducir la dinámica nominal en los meses previos a las elecciones. De todas maneras, esta desaceleración no alcanzará para que los salarios le ganen a la inflación, desencadenando cuatro años consecutivos de caída del salario real en el promedio anual y ralentizando la reducción de la pobreza.

Crece la pobreza sin empeorar la distribución del ingreso

La semana pasada el INDEC informó que la tasa de pobreza alcanzó el 42% de la población durante el segundo semestre de 2020. Al mismo tiempo, la indigencia afectó a 10,5% de la población.

De este modo, la pobreza promedió 41,5% en 2020, un aumento de 6 p.p. respecto a 2019, mientras que la indigencia alcanzó a 10,5% de la población (+2,6 p.p.).

Considerando que en 2020 se verificó una desaceleración de la inflación, producto de las restricciones que se impusieron a la actividad económica y la circulación, pero que lógicamente también afectaron los ingresos. En el caso de los trabajadores registrados, la decisión fue priorizar mantener los puestos de trabajo, mientras que los informales y buena parte del cuentapropismo se vio imposibilitada de trabajar algunos meses. Por su parte, aquellos que reciben ingresos no laborales -jubilados y perceptores de asignaciones, etc- también perdieron poder de compra ante la suspensión de la fórmula movilidad luego de sucesivos aumentos por decreto por debajo de la inflación pasada y actual.

En conjunto, esto hizo que los ingresos familiares per cápita caigan, en promedio, alrededor de 12% i.a. en términos reales durante el año pasado, al deflactar por la canasta de consumo asociada a cada decil de ingreso. Esta dinámica fue relativamente homogénea a lo largo de la distribución del ingreso excepto por el 10% más pobre, que sufrió un deterioro mayor al 16% i.a. en 2020, algo que podría vincularse con la aceleración del precio de los alimentos al principio y final del año pasado.

Sin embargo, vale destacar que el significativo aumento de la pobreza no tuvo un correlato obvio en la pérdida relativa de poder adquisitivo de los sectores medios-bajos sino que se corresponde en un “corrimiento” hacia debajo del poder adquisitivo de la población en general, reforzando que el problema de la pobreza hoy en día no está vinculado tanto a la distribución del ingreso (el índice de Gini en promedio solo creció 0,1 p.p. respecto a 2019) sino a un tercer año consecutivo de recesión económica.

A diferencia del salario real (que cayó 3,6% i.a.), que contempla la performance del poder adquisitivo de un ingreso determinado, observar el ingreso per cápita familiar da cuenta del impacto que tuvo esta medida en las familias. Esto refleja que en muchos casos los alicaídos ingresos tuvieron que mantener a más personas ante la imposibilidad de trabajar y la pérdida de empleo que tuvo lugar durante gran parte del año pasado. Además, en cierta forma, conjuga el efecto en los ingresos del shock de oferta y demanda que fue la pandemia, una medida bastante más comparable al deterioro del consumo privado (más de 13% i.a.).

¿Qué esperamos para 2021?

Para este año, la situación no luce alentadora. Durante el primer trimestre la inflación nacional habría rozado 12% complicando la recuperación de los ingresos y, para peor, alimentos y bebidas habría saltado más de 13% agravando los problemas en los hogares de menores ingresos. Si bien esta dinámica podría revertirse en el segundo trimestre, las nuevas restricciones volverán a tener un efecto sobre los ingresos de las familias que, si bien serán menores a los del año pasado, dificultarán una baja significativa de la pobreza en la primera mitad del año.

Por el momento, esperamos que durante la previa electoral el gobierno maximice los esfuerzos para contener la inflación. Considerando la necesidad de apuntalar los ingresos laborales para entonces, es probable que esto implique una mejora en los indicadores sociales. Sin embargo, este efecto podría ser neutralizado por una eventual corrección tarifaria y cambiaria hacia el cierre del año que si bien no frustaría alguna mejora en términos de pobreza e indigencia durante el segundo semestre, no sería suficiente para reducir la magnitud de las mismas en 2020 en el promedio anual.

El salario real cayó en 2020 y también lo hará en 2021, pero eso es solo una parte de la historia

Los salarios del sector privado crecieron en diciembre pasado solo 1.9% en términos nominales, es decir, menos de la mitad de una inflación que durante aquel mes llegó a 4%. De esta manera el poder de compra del salario cayó, respecto a diciembre del 2019, más de 3% y se mantiene en terreno negativo desde febrero de 2018, es decir, el salario real no crece desde hace 35 meses y no creemos que esta situación cambie hasta, por lo menos, junio de este año. El crecimiento que esperamos para el segundo semestre no compensará la caída previa y, por lo tanto, 2021 será el cuarto año consecutivo de reducción del poder de compra del salario.

Sin embargo, el seguimiento de esta variable para analizar la salud del poder adquisitivo de las familias es incompleto. Si solo observamos la dinámica de los ingresos de los asalariados formales del sector privado, estaremos viendo 27 de cada 100 perceptores de ingresos y a $39 de cada $100 de la masa de ingresos. Si sumamos a los públicos apenas llegaremos a 37 y 55$. Es decir, ver solo el salario real del sector privado registrado implica no ver 73 de cada 100 perceptores de ingresos y $61 de cada $100 de la demanda potencial.

Esto no sería particularmente problemático si todo lo que no vemos (jubilaciones, asalariados informales, cuentapropistas, etc) se moviera de la misma manera que lo que sí vemos, pero este no es el caso. Existen heterogeneidades muy marcadas en la evolución de cada una de las distintas fuentes de ingreso. Para diciembre de 2017 las jubilaciones crecían en torno a 35% mientras que en ese mismo momento el salario formal lo hacía al 27%. Durante los años siguientes la magnitud de esas diferencias se acentuó aunque la posición de cada variable cambió.

Además, la importancia de cada fuente de ingreso no es la misma para todo tipo de hogar ni se mantiene fija en el tiempo. Previo a la pandemia, un hogar de nivel educativo bajo (proxy de su capacidad estructural de generar ingresos) dependía solo en un 30% del salario registrado, mientras que la ayuda social alcanzaba el 17% del total y las jubilaciones otro 30%. La situación de un hogar de alto nivel educativo fue diametralmente opuesta, la ayuda social, el empleo no registrado o el cuentapropismo no profesional fueron prácticamente irrelevantes mientras que el salario registrado explicó casi el 60% de la masa de ingresos. Un único indicador no podrá captar esta heterogeneidad tan olvidada como relevante a la hora de hacer foco en los distintos grupos sociales.

Medir la temperatura de la demanda usando el salario real tiene otro inconveniente. El deflactor utilizado típicamente para medir este indicador es el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), bajo el cual se asume una canasta de bienes y servicios fija para todos los hogares. Como sabemos, esto no ocurre en la realidad donde cada tipo de hogar tiene una estructura de gasto distinta. Tampoco esto es irrelevante cuando lo que analizamos es el poder de compra que los hogares tienen para el gasto en grupos de bienes puntuales (como, por ejemplo, consumo masivo). ¿Es igual un salario real estancado en un contexto en el que suben las tarifas de servicios públicos en relación a uno en el que no lo hacen? Definitivamente no, en el primer caso los hogares deberán pagar servicios públicos más caros con un mismo poder de compra (no pueden decidir no consumir electricidad) y por lo tanto destinarán menos recursos a la compra del resto de los bienes.

Si el salario real es un indicador incompleto, ¿qué podemos hacer?

Concluimos entonces que el salario real es un indicador incompleto si lo que se busca es un termómetro del poder de compra de las familias, es por esto que desarrollamos un indicador nuevo que resuelve buena parte de los problemas planteados. Usando información de distintas fuentes logramos agrupar todos los tipos de ingresos (laborales y no laborales) en un único indicador, al mismo tiempo que sumamos la evolución del empleo de forma tal de llegar a una masa de ingresos total. Luego, le restamos el gasto en consumo de bienes y servicios que consideramos que difícilmente los hogares puedan dejar de consumir como alquileres, expensas, educación, salud o servicios públicos. El ingreso que quede se comparará con la evolución del resto de los precios de la economía (dentro de los cuales los bienes de consumo masivo tienen un rol importante) generando de esta manera el Indicador de Ingreso Disponible Ecolatina.

De este modo desarrollamos un indicador de ingreso que busca agregar una mayor especificidad al salario real y lograr una medición más completa del poder adquisitivo. El resultado es una variable más volátil que el salario real, lo que es consistente con las distintas características que se han ido mencionando. Se observa cómo impactan los incrementos de tarifas debido a que es un gasto inelástico, capta la dinámica pro-cíclica del ajuste de jubilaciones y asignaciones por la fórmula de movilidad y contempla el efecto del empleo en la masa de ingresos, algo que resulta evidente durante la significativa destrucción de puestos de trabajo informales y cuentapropistas en los meses de restricciones mas fuertes el año pasado. Además, la metodología nos permite ponderar las distintas fuentes de ingreso y estructura de gasto de cada hogar generando tantas series como tipos de hogares se quieran analizar.

Por último, este indicador nos permite proyectar. Qué esperamos para 2021? Una contracción promedio anual cercana a 2%, explicada por un comienzo muy negativo (comparando contra el último período pre pandemia) que a partir de abril mostrará un crecimiento interanual sostenido, el cual recién se desaceleraría durante el último trimestre del año. Detrás de estos números se esconden dinámicas heterogéneas, entre las cuales encontramos que las jubilaciones podrían retroceder más del 5% mientras que el salario real del sector privado le empataría a la inflación y tendría lugar una recuperación del empleo del orden del 7%, motorizada por los puestos de trabajo no registrados y cuentapropistas.

En suma, el indicador de Ingreso Disponible Ecolatina permite obtener información mas profunda y detallada sobre un hogar objetivo al mismo tiempo que brinda información precisa respecto a cuándo y quiénes tienen una mayor o menor capacidad de compra. Su seguimiento ayudará al sector público a entender la situación de cada grupo de hogar y al sector privado a analizar el timing correcto para su política de precios, lanzamientos y producción.

¿Qué pasó con el empleo en el último trimestre de 2020?

Durante el último trimestre del 2020 la tasa de desempleo alcanzó 11% de la Población Económicamente Activa (PEA), 2,1 p.p. más que en igual período de 2019. Los límites a la movilidad impuestos para controlar la pandemia hicieron que el impacto real en el mercado de trabajo se viera con mayor nitidez en el nivel de empleo, que cayó 5,8% i.a., que en la tasa de desocupación. De este modo, encontramos que en 2020 más de 700 mil personas perdieron sus puestos de trabajo en los 31 aglomerados urbanos, la población de referencia de la Encuesta Permanente de Hogares, que aproximadamente representa dos tercios de la población total.

De este modo, el nivel de empleo cedió 9,2% i.a en el promedio anual. A su vez, la desocupación promedió 11,5% en 2020. Sin embargo, no solo no tener trabajo hace a una persona desocupada: también debe estar buscando activamente conseguir uno. El hecho que muchas personas que dejaron sus puestos de trabajo durante el año pasado no hayan cumplido el segundo requisito hace que el salto de la desocupación respecto del 2019 (9,8%) no sea tan relevante considerando el contexto crítico que atravesamos -la mayor caída de la actividad desde 2002-. De esto da cuenta la caída de 7,5% i.a. de la PEA., que indica que cerca de un millón de personas se encontraron con dificultades para reinsertarse en el mercado laboral producto de las restricciones. Por este motivo, si sumamos estos nuevos inactivos a la masa de desempleados, obtenemos que la tasa de desocupación habría rozado, en promedio, 19% de la PEA en 2020, un número similar al de la crisis de 2001-02, cuando promedió 18,5% de la PEA. La diferencia es que entonces no existía una extendida política social y de transferencias monetarias que permitieran aliviar el impacto del deterioro del mercado de trabajo en la demanda agregada. Esto fue importante para evitar que la pobreza alcance los valores de aquel momento.

Teniendo en cuenta justamente el deterioro de 10% de la economía durante 2020, la elasticidad empleo-producto fue de casi 1 punto: prácticamente por cada punto perdido de actividad, el nivel de empleo se deterioró en igual cuantía. Esto es una importante diferencia respecto a los recesivos 2018-2019, cuando el empleo total había crecido impulsado por el cuentapropismo y la informalidad, en tanto el empleo registrado ya estaba en rojo.

No obstante, durante 2020 el impacto fue muy desaparejo entre las distintas modalidades de empleo: los asalariados registrados, a quienes el gobierno alcanzó con medidas precautorias, cayeron 3,5% en todo el año, mientras que el peso del ajuste lo tuvieron los informales y cuentapropistas, que en promedio retrocedieron 21,5% i.a. y 7,5%, respectivamente. A modo de adelanto de lo que podríamos ver en los próximos trimestres, estos últimos dos grupos recortaron fuertemente su retroceso -de hecho, el cuentapropismo creció 1% i.a. en el último trimestre- mientras que los asalariados registrados todavía no habían comenzado su recuperación.

Consistentemente, el 12,5% de los trabajadores con nivel educativo bajo (solo con estudios primarios) perdieron el empleo el año pasado, algo que también afectó a los más jóvenes (-11,5% i.a.) y a los no calificados (-14,3% i.a.). De este modo, a la vez que los esfuerzos se concentraron en contener el empleo registrado formal, los sectores más vulnerables son los que una vez más sufrieron el mayor impacto de la crisis.

¿Cómo y cuándo se recuperará el empleo?

Consideramos que la forma en que se recupere la actividad será importante para ver el efecto de la mejora del empleo. De consolidarse la tendencia de los últimos meses -lo cual parece muy probable dada la inminente llegada de la segunda ola-, los bienes continuarán siendo el motor de la recuperación, mientras que muchos servicios continuarán con dificultades para retornar a niveles pre-pandemia durante 2021. En estos rubros, además de ser más intensivos en términos de empleo, encontramos un mayor cuentapropismo e informalidad por lo que todavía no es obvio que en 2021 se logre reincorporar a la PEA a todos los que pasaron a la inactividad durante el año pasado.
Por otro lado, la expansión del empleo formal privado también enfrentará restricciones ajenas a la rama de actividad. Las presiones para obtener una mejora del salario real luego de tres años de caída podría trastocar las prioridades del gobierno y sindicatos en el año electoral poniendo un límite al crecimiento de estos puestos de trabajo.

En resumen, consideramos que el empleo crecerá en todas sus modalidades en 2021 debido a la baja base de comparación que dejó 2020 y a las menores restricciones que se impondrán, incluso con una segunda ola de Coronavirus. Sin embargo, por los motivos mencionados, la recuperación será parcial, levemente por encima del rebote de la actividad y, al cierre del, año los puestos de trabajo serían 2,5% menores a los de 2019.

¿Qué pasó con las canastas básicas en febrero?

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el ingreso necesario para que una familia compre una canasta de alimentos y se ubique por encima de la línea de indigencia, creció 3,6% en febrero, desacelerándose 1,0 p.p. respecto al mes anterior y ubicándose 46,4% por encima de febrero de 2020. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), compuesta por bienes y servicios donde los hogares que ganan menos son considerados pobres, trepó 2,7% y se desaceleró 1,4 p.p. respecto al mes anterior (+42,2% i.a.).

De esta manera, las canastas se desaceleraron y mostraron la menor variación desde septiembre 2020. A su vez, la variación mensual de la CBA se ubicó en línea con la inflación y la de la CBT se ubicó por debajo, algo que no sucedía desde agosto del año pasado. Esta “buena” noticia se dio a pesar de que la inflación en el Gran Buenos Aires no desaceleró respecto de los meses anteriores (+3,6% en febrero para GBA, +0,3 p.p. por encima de enero) y que las presiones sobre los precios de los alimentos no hayan cedido (+4,0% creció en febrero el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas en el Gran Buenos Aires).

Por lo tanto, uno de los motivos que pudo haber influido en la desaceleración de las canastas fue la menor evolución del precio de la carne vacuna, en tanto éste tiene un importante peso calórico en el armado de la canasta alimentaria. En este sentido, el precio de la carne, que había aumentado 10,2% promedio entre diciembre-enero, avanzó “solo” 2,7% en febrero pasado en el GBA. A contramano, el desempeño de Panes (+3,9%), Frutas (+7,9%) y Verduras (+9,6%) no permitieron una desaceleración aún mayor.

Con estos números, una familia tipo compuesta por cuatro integrantes necesitó $24575 para comprar una canasta básica de alimentos y $57996,2 para comprar una canasta básica de bienes y servicios. En línea a lo sucedido durante los meses anteriores, los ingresos no acompañaron la evolución de las canastas. En febrero el ingreso de una familia tipo compuesto por un haber mínimo y dos AUH se ubicó en $26469, lo cual alcanzó para cubrir la totalidad de la canasta alimentaria, pero menos de la mitad de la canasta básica total (45,6%).

¿Qué esperamos?

En marzo, será difícil que las canastas vuelvan a desacelerase sensiblemente. Según nuestros relevamientos, en la primera quincena de este mes los precios de los alimentos y bebidas continuaron evolucionando por encima de la inflación (cerca del 4%), dinamizados por una nueva aceleración del precio de la carne y algunos precios de consumo masivo (panes, por ejemplo), lo cual le pondrá un piso firme a la evolución de las canastas.

De todas maneras, a partir del segundo trimestre podría visualizarse una nueva desaceleración. La estrategia oficial de disminuir la depreciación del tipo de cambio oficial en la previa electoral a un ritmo menor al de la inflación pasada (considerando el efecto que tiene sobre los precios de los bienes transables) sumado a políticas destinadas a endurecer los controles de precios sobre determinados productos esenciales podría lograr el objetivo de disminuir la evolución de la inflación -y con ello de las canastas- en lo inmediato.

A pesar del objetivo de intentar disminuir la inflación para mejorar el poder adquisitivo, las perspectivas sobre los ingresos reales son conservadoras. Si bien el relajamiento de la cuarentena y la recuperación de la actividad están permitiendo una recomposición del empleo -principalmente informal y cuentapropista-, los ingresos tardarán algo más en recomponerse y, luego de tres años de caída en términos reales, difícilmente cierren el promedio del año en terreno positivo. A su vez, las actualizaciones trimestrales del pago de AUH podrían permitir que no pierdan en términos reales en 2021, pero difícilmente exhiban una mejora significativa. En este marco, la recuperación de los ingresos será algo más lenta que la del empleo, lo cual le pondrá un freno a la baja de la pobreza principalmente en la primera parte del año.