Category: Empleo e Ingresos

El salario real caerá por cuarto año consecutivo

Al cierre del año pasado, la reapertura de actividades restringidas por la pandemia y la suba de los tipos de cambio paralelos marcaron una aceleración de la inflación que puso a los precios por delante en la carrera nominal. Desde entonces, estos les ganaron a los salarios, como venimos viendo desde hace algunos años: la inflación fue de 43,5% entre septiembre del año pasado y el último junio, período en el que los sueldos avanzaron menos de 40%.

Tomando nota de esta dinámica y con el semestre electoral por delante, hace algunos meses el gobierno convalidó una mayor nominalidad, propiciando incrementos salariales superiores a 40% a gremios de empleados estatales, bastante por encima de la pauta oficial original del 29%. Además, también alentó nuevos acuerdos paritarios de aquellos sindicatos que habían quedado “atados” a este número. Como estos aumentos suelen ser escalonados, buena parte de la mejora se hará notar en el bolsillo a lo largo de la segunda mitad del año cuando, producto del ancla cambiaria y tarifaria, se combinará con la desaceleración de la inflación -que pasará de un promedio mensual de 3,8% en la primera mitad del año menos de 3% en la segunda parte -. Esto implica que el salario formal real exhibirá una paulatina recuperación durante el segundo semestre del año, aunque no en una medida suficiente como para evitar que caiga en torno a 3% en el promedio anual, una cifra similar a la observada durante el 2020. Así, el salario real acumulará su cuarto año consecutivo en rojo y cerrará el año casi 6,5% por debajo del promedio de 2019, mostrando un nivel casi 20% inferior al de 2017.

¿Esta medida es suficiente para analizar la dinámica del consumo?

El salario formal real es un termómetro de la actividad económica y una referencia de fácil cálculo para analizar la posible evolución del consumo. No obstante, solo contempla la dinámica a la que está expuesta una de cada tres personas que posee ingresos y apenas la mitad de la masa total de ellos. Por este motivo, un análisis del poder de compra que solo considere esta variable es incompleto: también hay que mirar la dinámica de las jubilaciones, asignaciones y del nivel de empleo de las diversas modalidades.

Por otro lado, el IPC es el deflactor más utilizado para medir el salario real. Sin embargo, la inflación a la que se enfrenta cada hogar lejos está de ser homogénea. Por caso, una pareja de jubilados, que gastan más en salud, tiene una inflación diferente a la de un soltero joven que alquila, que destina una mayor proporción de su gasto a servicios -vivienda y esparcimiento-. Si miramos la inflación a la que se enfrentan una familia de clase alta -que gasta más en servicios y bienes no esenciales- y un hogar de bajos ingresos -que consume una mayor proporción de alimentos y servicios básicos- también queda claro que los cambios en precios relativos, como aumentos de tarifas o saltos del tipo de cambio, afectan su poder adquisitivo de manera diferente. Al mismo tiempo, parte del consumo de los hogares es ineludible -o inelástico- como alquileres, expensas, educación, salud o servicios públicos. Por lo tanto, cambios en precios relativos que afecten a estos productos podrían reducir la capacidad de compra del resto de bienes y servicios.

Esta última dimensión sirve para, junto a la estructura de ingresos y gastos de los hogares, construir el Ingreso Disponible Ecolatina (IDE). Este indicador refleja la masa de recursos que puede ser destinada al consumo de bienes y servicios que no comprenden los mencionados gastos ineludibles.

Como se puede ver en el gráfico, este indicador fue golpeado en mayor medida que el salario real con la crisis iniciada en 2018, ya que la aceleración de la inflación afectó significativamente al poder adquisitivo de las jubilaciones y de los ingresos de trabajadores informales y cuentapropistas. Al inicio de la pandemia, el IDE alcanzó un piso cuando la pérdida de empleo afectó especialmente a estos sectores, algo que aparece mucho más “suavizado” en el caso del salario formal real, que únicamente padeció la postergación de unos meses de las paritarias.

De este modo, el IDE cayó más de 8% durante 2020, mostrando una evolución más en línea con el consumo privado, que se desplomó casi 14% (mientras el poder adquisitivo del salario formal se deterioraba ‘apenas’ 3,3%). Para 2021, esperamos que, a diferencia del salario real, el IDE se recupere en el promedio anual (alrededor de 2%), mostrando nuevamente una dinámica más parecida a la del consumo privado, que crecería alrededor de 7%. El hecho que el IDE capte la recuperación del empleo y los ajustes -y bonos- de jubilaciones y asignaciones ayudan a que este indicador exhiba una mejora, a diferencia de lo que sucedería con el salario real.

Más allá del Ingreso Disponible

Para completar este análisis, falta un factor relevante que traccionará el consumo en 2021 por fuera de la mejora del ingreso disponible: los impulsos electorales no vinculados a la masa de ingresos. Medidas como Ahora 12 -y la no menor incorporación de su versión extendida, en 24 o hasta 30 cuotas fijas- y otros créditos blandos buscan apuntalar la recuperación de la demanda en la previa de los comicios. Si bien estos programas no son captados por la metodología del IDE, este nos permite identificar que los sectores medios -típicamente asociados a los hogares C2 y C3- son los principales objetivos de estas políticas, ya que representan más de la mitad del mercado de los bienes susceptibles de ser adquiridos a través del programa Ahora 12 -electrodomésticos, tecnología, indumentaria, bicicletas, muebles-.

Por otro lado, si bien los montos que canaliza Ahora 12 son muy variables, tienen un claro patrón: en épocas en que el costo real del financiamiento es negativo, hay rápidas escaladas del tipo de cambio o una marcada incertidumbre sobre la inflación futura, el consumo se vuelca a durables en detrimento del mercado de consumo masivo. De este modo, este tipo de medidas será efectiva para la demanda de durables, aunque no necesariamente impulsará en la misma proporción al consumo en general, ya que podría alentar la mencionada sustitución.

¿Qué podemos esperar después de las elecciones?

La negociación con el FMI en los primeros meses del año entrante pondrá sobre la mesa la necesidad de corregir, al menos parcialmente, el atraso tarifario. Además, incluso si el acuerdo no precisa acciones específicas respecto del mercado cambiario, creemos probable que el BCRA acortaría la distancia que existe hoy entre el ritmo de depreciación del tipo de cambio y la inflación -tal como lo hizo a comienzos de año- para evitar tensiones sobre la brecha cambiaria.

Estos ingredientes, sumados a una inercia inflacionaria que será apenas inferior al 3% en lo que resta del año, harán que la inflación de 2021 finalice en torno al 47%. En este sentido, sostener una tasa real negativa en los programas de financiamiento ofrecidos -lógica a la cual podríamos incorporar el programa PreViaje, destinado a impulsar el gasto en turismo-, continuará incentivando el consumo de bienes y servicios que no pertenezcan al segmento del consumo masivo. No obstante, la expansión de la informalidad y el cuentapropismo, modalidades asociadas a niveles de ingresos más bajos, podrían impulsar la parte del consumo masivo vinculado a las segundas y terceras marcas en el corto plazo.

En cualquier caso, prevemos que la recuperación del consumo privado se ubique cerca de 2% durante 2022 en tanto las restricciones sanitarias continúen relajándose. Este valor se ubicará levemente por encima del salario real (+1,8% como promedio anual) y algo debajo del IDE (+3%). La magnitud de esta expansión dependerá de la decisión de llevar adelante las correcciones de los desequilibrios macroeconómicos o la profundización del esquema actual a costa de mayores riesgos futuros.

Será dificil de evitar una nueva caída del salario real durante 2021

Los salarios de la economía crecieron 2,3% durante junio, acumulando un incremento de 22,8% en el primer semestre. Al descontar el avance de los precios (+25,3%), encontramos que el poder adquisitivo retrocedió casi 2% durante la primera mitad del año.

Esta tendencia es algo heterogénea. Beneficiados por los reajustes a comienzos de año y una pauta paritaria más cercana a 40-45% que la planteada originalmente, los salarios registrados cayeron apenas 0,2% (compuesto por un aumento de 0,1% en el caso de los del sector privado y una caída de 0,8% para los públicos), contra un deterioro de casi 10% del salario informal.

Sin embargo, la comparación interanual de los salarios implica un deterioro de 6,3% i.a. en el promedio semestral y alcanza 6,7% en el caso de los trabajadores registrados, que tuvieron virtualmente suspendidas sus paritarias durante buena parte del año pasado. Pese a que esperamos que el efecto de mayores acuerdos salariales se profundice en el segundo semestre y que la inflación se desacelere hasta las elecciones, esta caída será difícil de revertir: el poder adquisitivo mostrará su cuarto retroceso al hilo en el promedio anual, marcando una pérdida cercana a 3% i.a. en 2021 y de más de 20% desde 2018.

No obstante, considerando que nuestras proyecciones para el salario registrado indican una mejora de casi 4% en la comparación punta a punta a fin de año, esta racha se podrá romper el año entrante siempre que no exista una sorpresa inflacionaria producto de una abrupta devaluación del tipo de cambio oficial o una profundización de la brecha cambiaria.

Una mirada de largo plazo

Como mencionamos, la tendencia del poder adquisitivo en los últimos años es preocupante. En el caso de los trabajadores registrados, este año el salario real se ubicará casi 20% por debajo del nivel de 2017, será aproximadamente 22,5% inferior al de 2015 y será un cuarto menor al de 2012, una década atrás.

Esta dinámica está en línea con lo que fueron los últimos diez años de estancamiento, donde sucesivas “olas” inflacionarias deterioraron el poder adquisitivo, alentando la dolarización e incrementando la incertidumbre sobre el devenir de la economía. Desde este punto de vista, se podrá argumentar que la salida de la pandemia y una ideal vuelta a un sendero de crecimiento marcará la gradual recuperación del poder adquisitivo.

Sin embargo, el camino puede no ser tan amable en el corto plazo. La profundización del atraso tarifario y cambiario -o un incremento en la brecha producto de mayores restricciones- son factores que presionarán la inflación en los años venideros, atentando contra la recuperación sostenida del salario real.

En este escenario, la recuperación de la actividad en la post-pandemia no parece ser una condición suficiente para que el poder adquisitivo de los trabajadores formales “pegue la vuelta” y, al menos en el corto plazo, distintos programas -de financiamiento, asistencia a familias- serán necesarios para sostener la recuperación del consumo privado.

En la primera mitad del año, tanto el consumo como la inversión mostraron algunas señales de reactivación. El primero, alentado por la recuperación de parte de los puestos de trabajo perdidos en 2020, y la segunda por la obra pública y el impulso privado a la construcción. A pesar de estas mejoras, la cantidad de empresas, una variable clave para pensar no sólo en el crecimiento actual, sino también en el futuro, no está logrando seguirle el paso.

Durante el año pasado, más de 20.000 empresas cerraron sus puertas, según los números de AFIP. De esta forma, la plaza total se redujo 4,2% y volvió a los niveles de 2008. En los últimos años, se observaron tres etapas bien diferenciadas en esta variable: entre 2003 y 2011, la cantidad de empresas del sector privado formal saltó 60%, ayudada principalmente por una economía pujante. Entre 2012 y 2018, el estancamiento del PBI tuvo en su correlato en la cantidad de firmas, que permaneció invariante. Finalmente, entre 2018 y 2019 cerraron cerca de 18.000 empresas netas (-3,9%).

La radiografía de las razones sociales es, como podría esperarse, tan amplia como dispar. Excluyendo del análisis a las firmas unipersonales (asociadas al cuentapropismo), más de la mitad del total emplea a menos de 25 trabajadores formales. Sin embargo, estas empresas explican menos de 1 de cada 3 empleos. A la vez, estas firmas pagan salarios un 35% más bajos que la media, que se encuentra “inflada” por las empresas grandes que remuneran mejor.

En el otro extremo, casi 1 de 4 trabajadores lo hace en firmas de más de 500 personas, quienes cobran un salario 50% por encima del promedio. Así, estas disparidades también se reflejan en la masa salarial: en el último marzo, las pequeñas empresas concentraron menos de un quinto de ésta, mientras que las grandes explicaron casi el 40%.

Por otro lado, sobresale que 3 de cada 4 empresas argentinas se desempeñan en servicios. Aunque a nivel agregado no hay diferencias significativas en el tamaño en relación con el otro sector de la economía, las productoras de bienes, sí hay algunas disparidades al analizar rubro por rubro. Por caso, las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras, al suministro de electricidad y gas y a la enseñanza tienen en promedio más de 75 trabajadores, mientras que, en el otro extremo, las empresas agropecuarias, comerciales y de servicios profesionales y personales cuentan con menos de 10 empleados formales por razón social.

Volviendo a la evolución del número de firmas, observamos que, en marzo, casi un año después del piso del nivel de actividad, las empresas netas no volvieron a crecer de manera significativa; por el contrario, su número sigue estancado en torno a 520.000. De esta forma, el saldo de la pandemia está siendo la pérdida de aproximadamente 20 mil unidades productivas (-4%), junto con la destrucción de 100 mil puestos formales de trabajo (-1,6%). El segmento más afectado son las proveedoras de servicios: el 95% de las firmas que cerraron pertenecían a este rubro, representando una caída de 5%. Más de la mitad de los cierres se concentró en empresas de comercio (-4,1%), transporte (-8,1%) y gastronomía y hotelería (-13,8%), casualmente, los rubros más golpeados por las restricciones. Por su parte, las empresas productoras de bienes se redujeron “solo” en 0,8%, mostrando una pérdida neta de 700 firmas.

Al igual que en el análisis sectorial, también hubo desempeños dispares en el impacto de la pandemia al comparar según tamaño de empresa. Mientras que las firmas de hasta 25 empleados formales se redujeron en un 4,2% -lo que implicó una caída de casi 4% del empleo en este segmento-, las razones sociales de más de 500 empleados apenas cayeron 0,4% i.a., marcando un avance de 0,7% en la nómina de trabajadores. Como se ve en el gráfico, parece haber una relación directa entre la performance durante los últimos meses y el tamaño de las firmas, evidenciando que las PyMEs fueron las que peor parte se llevaron.

Sea por sector o tamaño, la dinámica de las empresas es una buena caracterización del estado general del mercado laboral y sus desafíos en la pos-pandemia. Más de un año después del comienzo de la crisis sanitaria, la cantidad de empleadores del sector privado no muestra señales de recuperación, dejando en el camino a muchas de las firmas más vulnerables. Esto también sucede en el mercado de trabajo: si bien la dinámica del empleo formal privado parece no ser tan alarmante, el empleo informal -típicamente de mayor inestabilidad y menores ingresos- todavía se encuentra por debajo de los niveles del último trimestre de 2019, según la Encuesta Permanente de Hogares.

El empleo privado de calidad no se recuperará sensiblemente si no hay una creación neta de empresas relevante que lo permita antes. En la actualidad, la cantidad de firmas está en los niveles del primer año del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y, si bien la cantidad de trabajadores creció un 6% desde entonces, la población habría saltado alrededor de 15% en el período, no alcanzando para absorber a todos los nuevos ingresantes al mercado laboral -las cifras de desempleo de entonces son poco fiables, de modo que no son comparables con las de hoy en día-. Sin un crecimiento sostenido de la cantidad de empresas, pequeñas, medianas y grandes, dedicadas a bienes y a servicios, es muy difícil proyectar una recuperación sostenida del empleo y la economía en nuestro país.

Ahora bien, y antes de cerrar, vale destacar que el stock de empresas es un buen indicador, no solo de la dinámica actual, sino, también, del futuro -y de qué esperamos los argentinos-. En una economía pujante con opciones de inversión, se abrirían empresas, en tanto el sector privado se mostraría dispuesto a asumir riesgos y emprender nuevos proyectos, confiando en su rentabilidad. Lamentablemente, la situación es la opuesta y el rebote de la pandemia pareciera ser eso: un rebote, que no se transformará en despegue.

¿Cómo evolucionaron las canastas en junio?

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra el ingreso necesario para que debe tener un individuo para comprar una canasta de alimentos y ubicarse por encima de la línea de indigencia, creció 3,6% en junio (+57,6% i.a.), acelerándose 0,8 p.p. respecto al mes anterior. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), muestra el ingreso necesario que debe tener un individuo para comprar una canasta de bienes y servicios y ubicarse por encima de la línea de pobreza, y trepó 3,2% en junio (+51,8% i.a., +0,8 p.p. respecto a mayo).

Hay que tener en cuenta que las canastas crecieron por encima de la evolución de la inflación en junio (+3,1% para GBA, que es para donde se realiza el cálculo de las canastas). Si bien este comportamiento no fue la regla en lo que va del año, la CBA (+25,3%) acumuló en el primer semestre una suba mayor a la de la CBT (22,7%) y la inflación se ubicó en el medio de ambas (+24,9%). Detrás de esto se encuentra el hecho de que los alimentos evolucionaron por encima del resto de los precios, tras un 2020 con importantes congelamientos. En este sentido, los alimentos que tienen especial importancia en el armado de las canastas se aceleraron: según el IPC GBA Ecolatina, la leche subió 29% en el primer semestre, mientras que el pan fresco creció 36%.

Dos Salarios Mínimos y dos AUH no alcanzan para cubrir la CBT

En junio, una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $28413 para comprar la canasta de alimentos y $66478 para adquirir la canasta básica total. Por otro lado, el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubicó en $25272 con la actualización de este mes, mientras que la Asignación Universal por Hijo fue de $4503 gracias al último incremento. Por lo tanto, el ingreso de una familia compuesto por dos salarios mínimos y dos AUH se ubicó en $59552.

Así, el ingreso de una familia cubrió la totalidad de la CBA -algo que venía sucediendo en los meses anteriores- pero no alcanzó para cubrir la totalidad de la canasta de bienes y servicios (cubrió casi el 90% de la misma). En este sentido, hay que remarcar que estos ingresos no alcanzaron a cubrir la CBT desde que se irrumpió la pandemia, pero no fue la regla en los últimos años: a lo largo de 2016, 2017 y parte de 2018 y 2019 una familia con estos ingresos lograba ubicarse por encima de la línea de pobreza.

¿Qué esperamos?

Como vimos, producto de un primer semestre agitado en materia inflacionaria, las canastas se aceleraron y los ingresos reales continuaron deteriorándose luego de tres años consecutivos de contracción. Sin embargo, para el segundo semestre podría advenir un panorama levemente más favorable.

Por el lado de los precios, esperamos que la inflación se desacelere gracias al menor ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial y las escasas subas de los precios regulados, y se ubique levemente por debajo del 3% promedio en el periodo julio-diciembre. De la mano de esta evolución, las canastas también se desacelerarían. De todas maneras, como algunos precios de consumo masivo se mantendrían por encima de la evolución de la inflación, dado que aún no recuperaron todo el terreno perdido -especialmente durante 2020-, no esperamos un cambio rotundo en la tendencia actual.

Por otro lado, desde el lado de los ingresos vendrán nuevos aumentos. En línea con la reapertura de paritarias (tras una pauta de 29% que quedó vieja), el Salario Mínimo Vital y Móvil podría verse redefinido: si bien resta confirmar, la suba acordada del 35% en cuotas podría terminar siendo una cifra algo mayor, o se adelantarían algunos de los aumentos ya pactados. A su vez, los jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios de la AUH obtendrán bonos compensatorios, que de todas maneras no alcanzarán para terminar con el deterioro. En este sentido, estos factores tendrían un efecto inmediato sobre el poder adquisitivo en la previa electoral: habrá que ver si la menor evolución de las canastas y una suba nominal mayor a la esperada de los ingresos de los sectores de menores recursos alcanzarán para llegar a cubrir la línea de pobreza en el cierre del año.

El Ministerio de Trabajo informó que durante abril el empleo registrado creció 1,1% i.a., lo que significó la creación de casi 60 mil puestos de trabajo formales. Este dato positivo debe verse con cautela, teniendo en cuenta que se está comparando contra uno de los peores meses del año pasado. En este marco, tiene sentido analizar la composición de esta recuperación.

En primer lugar, se debe decir que la mejora fue liderada por los cuentapropistas (+1,7% i.a.) gracias a la expansión superior al 3% i.a. de los monotributistas. Esta tendencia ya la habíamos observado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC que, si bien contempla solamente al empleo urbano, también considera a los trabajadores no registrados.

No obstante, el grueso de los trabajadores formales, los asalariados privados, típicamente asociados al empleo de calidad avanzaron 1% respecto a abril del año pasado, la primera variación interanual positiva en más de 30 meses -es decir, desde agosto 2018, mostrando que la economía ya venía golpeada desde antes de la pandemia-. Al mismo ritmo crecieron los asalariados públicos (+0,9% i.a.), pero vale destacar que estos no están “inflados” por una base de comparación, ya que exhiben un crecimiento de 0,7% desde el inicio de la pandemia y en solo tres de los últimos tres meses sufrieron una caída desestacionalizada.

La relevancia y la disponibilidad de información para los asalariados privados requiere una inspección hacia el interior de este grupo. En este sentido, las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler lideran la recuperación con más de 43 mil empleos (+5,3% i.a.), seguido por la Industria y la Construcción que se combinaron para aportar más de 60 mil puestos de trabajo adicionales. A contramano, Hoteles y Restaurantes y Transporte y Comunicaciones todavía muestran deterioro en la comparación interanual de sus números, acusando casi 45 mil empleos menos y evidenciando las dificultades que todavía tienen estos sectores con motivo de las restricciones.

Si bien no prevemos que la recuperación se interrumpa en el corto plazo, mayo y junio podrían haber traído un rebote más lento. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que también elabora el Ministerio de Trabajo, la tasa de entrada -proporción de altas respecto al total de ocupados- en los principales aglomerados urbanos se contrajo fuertemente en mayo. Este freno en el mercado laboral formal también se observa con el hecho de que las empresas con únicamente bajas fueron el 16,1%, el máximo desde diciembre de 2019.

En este sentido, ayer el INDEC también informó una caída de 5% mensual del Indicador de Producción Industrial, retronando así a niveles del tercer trimestre del año pasado. Si consideramos que la industria fue de los rubros con menores limitaciones en el segundo trimestre, sería de esperar que el escenario del resto de las ramas sea algo peor, especialmente en el caso de los servicios. Esto también prevé un desacelere en la mejora del empleo asalariado privado.

En lo que respecta al segundo semestre, muy probablemente la relajación de muchas restricciones de lugar a una mejora del empleo, principalmente en los servicios. En la medida que las expectativas de una mayor demanda producto de una mejora de los ingresos reales no se modifiquen, esta dinámica se trasladará al resto de la economía, pero no será suficiente para que se recupere el empleo de calidad -asalariados del sector privado- hacia el cierre de este año. De esta manera, y pandemia mediante, la primera mitad de la gestión del Alberto Fernández terminará con una caída de los puestos de trabajo bajo esta modalidad.

Durante 2018 y 2019, la inestabilidad cambiaria provocó varias aceleraciones inesperadas de la inflación, que golpearon sucesivamente al poder adquisitivo de los ingresos. Para revertir esta tendencia, el Frente de Todos empezó su gestión dando incrementos de suma fija a los asalariados formales. A la vez, mejoró el ingreso de perceptores de asignaciones y jubilaciones mínimas, intentando cumplir sus promesas de campaña. Si a estas medidas le sumamos la tarjeta Alimentar -una transferencia en especie, alimentos, para familias de bajos recursos-, resalta el carácter progresivo de estas medidas de arranque de 2020.

Sin embargo, la llegada de la pandemia y la cuarentena desbarataron cualquier intento de impulso al consumo por esta vía. Las restricciones de oferta rápidamente se convirtieron en un ataque a la demanda, en tanto el freno a la circulación provocó un fuerte deterioro en el empleo y los ingresos de los trabajadores.

Esta dinámica afectó de manera directa a la mitad de los trabajadores (incluyendo todas las modalidades de contratación). No obstante, este impacto no fue homogéneo: por la prohibición de despidos, garantía parcial del salario vía ATP y otras medidas, quienes pertenecían al sector formal tuvieron una protección mayor que los trabajadores no registrados. Esta asimetría se profundizó con la apertura de paritarias que apuntaló, otra vez, el poder adquisitivo de los empleados registrados. De hecho, el salario registrado creció casi 29% entre abril y octubre del año pasado, ubicándose “apenas” 2 p.p. por debajo de la inflación del período.

Por el contrario, los trabajadores informales y cuentapropistas se vieron más perjudicados. En conjunto, en estas modalidades se ubican más de 8 de cada 10 trabajadores de los últimos tres deciles de ingresos laborales. Si bien hubo asistencia para estos sectores -IFE, bonos para beneficiarios de asignaciones, entre otros-, en la mayoría de los casos estuvo lejos de compensar la pérdida previa de ingresos. A la vez, al estar al margen de las regulaciones laborales, la destrucción de puestos de trabajo fue mayor, dado que no había “prohibiciones de despidos” o doble indemnización que los protegiera en el corto plazo. Para peor, la continuidad de algunas restricciones y un nivel de actividad que no logra alcanzar los valores pre-COVID impiden todavía que el empleo de estos sectores vuelva a los niveles de cierre de 2019.

De este análisis se desprende que el sesgo progresivo de la política de ingresos de comienzos de gestión se fue desvaneciendo con el correr del tiempo -y la pandemia-. Esta dinámica se vio agravada por la evolución reciente de las paritarias. Ante el imposible cumplimiento de la meta de inflación anual (29%), el gobierno comenzó a validar negociaciones del orden del 40%, tanto en el sector público –los trabajadores del Congreso y PAMI como casos testigo- como privado, con Camioneros como primer ejemplo. En la misma línea, más explícita que implícitamente se invita a una reapertura de las negociaciones que ya quedaron desfasadas, y la actualización de la paritaria de los trabajadores bancarios marcó el camino en este sentido. En este escenario, una vez más, los salarios formales les sacarán ventaja a informales.

Esta mejora efectiva de paritarias a los pocos meses de los cierres originales, en lugar de cláusulas gatillo o de renegociación por aceleraciones inflacionarias, refleja que el principal objetivo del Poder Ejecutivo, en este plano, es mejorar la dinámica del consumo antes de las elecciones. Ahora bien, en esta oportunidad, en lugar de alentar los ingresos de los sectores más desprotegidos -algo que pasa, por ejemplo, con los aumentos de sumas fijas- se favorecerá al tope de la pirámide salarial.

En términos de demanda, esta configuración de las recomposiciones alentará la recuperación de la demanda de bienes no básicos y servicios, los consumos de los deciles mejor ubicados. En números, los tres deciles más altos destinan casi un 75% de sus ingresos a compras “no indispensables”. En cambio, al bajar en la pirámide y analizar al 30% más pobre, se verifica que este porcentaje está cerca del 40%. En consecuencia, es probable que las ventas de estos rubros, las más golpeadas durante el año pasado, empiecen a recuperarse en la segunda mitad del año -vacunas y caída de contagios y restricciones mediante-.

Alcanzado este punto, vale destacar que parte importante del rebote y su magnitud dependerán del éxito de la política antiinflacionaria: más allá de qué números se renegocien en paritarias, un traslado a precios moderado será fundamental para que las ventas efectivamente puedan mejorar. La decisión del Poder Ejecutivo de alentar estas reaperturas marca su intención de convalidar un nuevo equilibrio de mayor inflación y mayor salario, que impliquen un mayor consumo, para el período electoral. Aunque el vuelo de este año será menor a los de la década pasada, se intentaría ir a una dinámica similar a la de 2013 y 2015: resignación del objetivo de precios en pos de impulsar la demanda.

Con este escenario, proyectamos que el salario real de los trabajadores registrados crecería 3,5% en la segunda mitad del año, comparado con la primera parte de 2021. De esta forma, más que se revertiría la caída del primer semestre logrando que los salarios les ganen a los precios por primera vez desde 2017. No obstante, la recuperación de los próximos meses no alcanzaría para cambiar el resultado del promedio anual, un número más relevante que la comparación punta a punta, donde se verificaría una caída de 2,5% i.a. De cara a 2022, las claves serán las condicionalidades del acuerdo con el FMI y la corrección cambiaria pos-electoral: 2021 se encamina a ser el cuarto año seguido de caída del salario real, ¿2022 traerá la buena?

 

¿Qué sabemos del mercado de trabajo a un año del inicio de la pandemia?

Durante el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo fue de 10,2% de la Población Económicamente Activa (PEA), alcanzando a más de 1,3 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos donde se releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). De esta manera, cayó 0,2 p.p. en relación con igual período del año pasado, cuando apenas comenzaban las restricciones ante la irrupción de la pandemia.

Sin embargo, producto de estas mismas restricciones, la tasa de actividad pasó de la zona de 47% -valores que había alcanzado en los primeros trimestres de 2019 y 2020- a 46,3% de la población de referencia. De este modo, la cantidad de participantes del mercado de trabajo se contrajo casi 1% i.a.. Si bien no todos los que se fueron del mercado de trabajo lo hicieron por la pérdida del empleo, la menor participación en el mismo también refleja una baja perspectiva de encontrar empleo, algo que resulta lógico en este contexto. Por este motivo, como la tasa de desempleo se calcula sobre quienes buscan activamente un trabajo, puede ser un indicador poco preciso en estos casos: podría haberse ubicado hasta 2 p.p. por encima si la PEA hubiera crecido más en línea al crecimiento poblacional.

Por el lado del empleo, se observó una contracción de 0,5% i.a. Esta dinámica fue muy heterogénea a su interior: los asalariados públicos crecieron más de 9% i.a. en la población de referencia, destacándose además el incremento en el cuentapropismo (+5,5% i.a.). Esta modalidad, también muy heterogénea a su interior, se fortaleció tras el fuerte deterioro en el empleo de los asalariados formales del sector privado (-1,5% i.a.), pero especialmente tras la pérdida de casi 12% de los puestos de trabajo informales. Esto puede deberse al ingreso al mercado laboral de nuevas personas ante la caída de los ingresos familiares o bien a una reconversión de asalariados hacia el trabajo por cuenta propia ante la necesidad de generar ingresos.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

En primer lugar, se debe recordar que las restricciones impuestas a partir de abril en distintos centros urbanos pueden haber interrumpido la recuperación del mercado de trabajo. Si bien estas distaron de ser tan fuertes como las de 2020, podría haber acrecentado la diferencia entre la tasa de desempleo con y sin inactivos. En la medida que las restricciones se relajen y la vacunación avance, esperamos que el empleo informal vuelva a los niveles pre-pandemia hacia el cierre del año representando mas de la mitad de los empleos que se creen durante los próximos meses.

Esta dinámica podría eventualmente reducir la expansión del cuentapropismo, que parece ser una salida laboral para muchos trabajadores y familias en este contexto, considerando que el empleo formal crecerá lentamente a lo largo del año en los 31 aglomerados urbanos.

Por otro lado, contemplando que los asalariados formales (privados y públicos) representan cerca de la mitad del empleo, el efecto en los ingresos laborales de la reapertura de las paritarias, acorde a una inflación esperada mayor, se verá algo diluido. Apuntalar el consumo del resto de los ocupados -más asociados a los sectores de menores ingresos- descansará en la velocidad de la desaceleración de la inflación.

Conjuntamente, prevemos que el empleo -en todas sus modalidades- crezca alrededor de 6,5% en promedio este año, quedando más de 3% por debajo de 2019. Esta parcial recuperación sería mayor a la de la actividad económica a nivel agregado, en parte por el rezago en términos reales que los ingresos laborales presentarán durante buena parte del año, y en parte por la precarización del mercado de trabajo, ya que la recuperación estará liderada por los empleos no registrados.

¿Cómo evolucionaron las canastas en mayo?

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra el ingreso necesario que debe tener un individuo para comprar una canasta básica de alimentos y no ser indigente, creció 2,8% en mayo, desacelerándose más de 1 p.p. respecto al mes anterior. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que mide el ingreso que necesita un individuo para cubrir un conjunto de bienes y servicios y no ser considerado pobre, aumentó 2,4% en el mismo mes (-1 p.p. respecto a abril).

La “buena” noticia es que las canastas llevan dos meses consecutivos ubicándose por debajo de la evolución de la inflación general, 3,4% para GBA en mayo. De todas maneras, analizando el agregado de los últimos meses, se ve como las canastas ganaron la carrera nominal: mientras que el IPC GBA subió 46,8% en los últimos doce meses, la CBA creció un 53,4% y la CBT, 49,6%.

El principal motivo que se encuentra detrás es la evolución del capítulo de alimentos y bebidas, que también se ubicó por encima de la inflación (+47,2% i.a. para GBA). Si bien esta diferencia no parece tan abrupta, los alimentos que tienen principal incidencia sobre el armado de las canastas crecieron por encima del resto: según los relevamientos de precios que realiza el INDEC, la papa subió 61,8% i.a., el pan 51,2% i.a. y la leche 41,5% i.a., siendo los tres principales alimentos que mueven la valorización de las canastas.

Se reforzaron los ingresos, pero no alcanzaron para cubrir las necesidades básicas

Lamentablemente, los ingresos siguieron corriendo por detrás de la evolución de las canastas. En este sentido, para evaluar el poder de compra es útil comparar a las canastas con los ingresos de los deciles más bajos.

En mayo, una familia compuesta por cuatro individuos necesitó $27424 para cubrir la canasta de alimentos y $64445 para cubrir la canasta básica total. Por su parte, el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubicó en $24408 con la última actualización (+44,6% i.a.), mientras que la Asignación Universal por Hijo fue de $4016,96 (+29,5% i.a.).

Al igual que en los meses anteriores, la AUH no alcanzó para saldar la canasta de alimentos correspondiente para un niño (llegó a cubrir un 65% de la CBA), y solo alcanzó para cubrir un 27,5% de la CBT. Si a esta cifra le incorporamos la Tarjeta Alimentar, un programa que sirve para adquirir alimentos que lo pueden cobrar los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 14 años, este monto llegó a cubrir la totalidad de la CBA (160%), pero siguió sin alcanzar para cubrir la canasta total relativa de un niño (69%).

Por último, el ingreso de una familia compuesto por dos salarios mínimos y dos AUH se ubicó en $56850. Por lo tanto, alcanzó para cubrir el doble de la CBA (207%), pero no para completar la totalidad de la CBT (+88%). Este comportamiento no fue la regla durante los últimos años: a partir de 2019 comenzó a suceder que en determinados meses este ingreso no logre cubrir el umbral de pobreza.

¿Qué esperamos para el resto del año?

Según nuestras estimaciones, la inflación no logrará perforar el 3% en junio. Por lo tanto, el primer semestre del año cerrará agitado en materia inflacionaria: la suba de precios acumulará cerca del 25% en el primer semestre, y esperamos que las canastas cierren en la misma línea. A diferencia, el aumento del Salario Mínimo Vital y móvil, al igual que la mayor parte de ingresos de la economía, será algo menor: el deterioro real de este ingreso se ubicará en torno al 2% en los primeros seis meses del año.

A partir del segundo semestre, la depreciación más lenta del tipo de cambio oficial y la baja actualización que tendrán los precios regulados permitirían que el proceso inflacionario se desacelere en la previa electoral. Además, el reciente refuerzo focalizado de los programas de asistencia social (como la ampliación de beneficiarios de la tarjeta alimentar y la actualización del salario mínimo en siete etapas), sumado a la recuperación del empleo -principalmente informal y cuentapropista-, podrían ayudar a visualizar un panorama algo más favorable sobre el cierre del año. De todas maneras, esto no alcanzaría para frenar completamente el deterioro real de los ingresos de los deciles más bajos, y menos aún para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 4 años.

¿Cómo evolucionaron las canastas en abril?

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra el ingreso necesario que debe tener una persona para ubicarse sobre la línea de indigencia, creció 3,9% en abril, desacelerándose 0,7 p.p. respecto al mes anterior y exhibiendo un incremento de 49,1% en la comparación interanual. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que señala el ingreso necesario para que un individuo se ubique en la línea de pobreza, aumentó 3,4% en el mes (-1,5 p.p. respecto a marzo) y 47,8% en los últimos doce meses.

En este marco, la inflación abril (+4,1%) se ubicó por encima de la variación de las canastas. De todas maneras, analizando el acumulado del año, la CBA se ubicaba por encima de la de la inflación (17,6% vs. 17,2%, según el IPC GBA, radio de análisis de las canastas), mientras que la CBT se mantuvo por debajo (+16,1%).

Estas cifras se dieron en un contexto de fuertes aceleraciones en los precios de los alimentos: este capítulo creció 18,8% en lo que va del año en GBA, otorgándole un piso importante a la evolución de las canastas. En este marco, resaltó la evolución acumulada de panes y cereales (+16,0%), carnes y derivados (+22,2%) y lácteos (23,7%), donde la aceleración se dio en un escenario de controles de precios que ya no tienen completa efectividad, resultado de los atrasos acumulados en el año anterior. Para poner un ejemplo, la suba de lácteos en los primeros cuatro meses del 2021 (+23,7%) ya superó al incremento de todo el 2020 (+20,2% i.a.), dejando en evidencia que, a pesar de que el programa de Precios Máximos continúa, las correcciones de precios son inevitables.

Los ingresos, nuevamente rezagados

Como viene sucediendo en meses anteriores, la compensación otorgada por el incremento de los ingresos no es suficiente para cubrir las necesidades básicas. En este sentido, en abril una familia compuesta por cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) necesitó $62.957 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser pobre, a la vez que precisó de $20.374 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y ubicarse por encima de la línea de indigencia.

Con las actualizaciones del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de marzo y abril, la variación acumulada del salario mínimo fue de 14,4% en los primeros cuatro meses del año (ubicándose por debajo de la inflación, las canastas y los alimentos) y alcanzó los $23544. Por su parte, con la actualización del mes de marzo la Asignación Universal por Hijo se ubicó en $4016 en abril (+8,1% acumulado en el año).

De esta manera, el ingreso de una familia tipo compuesto por un salario mínimo y dos AUH se ubicó en $31.577, alcanzando a cubrir la totalidad de la CBA (casi un 120%), pero solo la mitad de la CBT. Si a este monto le agregamos el cobro de la Tarjeta Alimentar (que en abril se ubicó en $9.000 para las familias que tienen hijos menores a 6 años), los ingresos alcanzaron a cubrir un 64% de la CBT, dejando en evidencia que siguió sin alcanzar para que superen el umbral de pobreza.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

En mayo, la evolución de las canastas difícilmente perfore el 3%: según nuestros relevamientos, los precios de los alimentos se ubicaron cerca del 4% en la primera quincena (resaltando algunos productos de consumo masivo y carnes), lo cual no permitiría que las canastas se desaceleren considerablemente. Por el lado de los ingresos, en mayo hubo un nuevo incremento del salario mínimo ($24408), a la par que se reforzó la tarjeta alimentar (podrá ser cobrada con hijos menores de 14 años) y se implementó un bono de $15000 a beneficiarios de la AUH y monotributistas de las categorías más bajas residentes en AMBA, con el objetivo de apaliar los efectos de las mayores restricciones. En este marco, el ingreso de los sectores más bajos se vería reforzado en el corto plazo, pero no será de igual alcance que el del año pasado (con el pago del IFE) en un contexto de escaso margen fiscal.

A partir del segundo semestre podría materializarse una desaceleración inflacionaria, pero que no alcanzará para mejorar notablemente los ingresos reales. El endurecimiento de los controles de precios, la prohibición de las exportaciones de carne durante un mes (que podría tener un efecto sobre estos precios en el muy corto plazo, pero con una importante aceleración en el mediano) y el menor ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial serían factores que ayudarían a reducir la dinámica nominal en los meses previos a las elecciones. De todas maneras, esta desaceleración no alcanzará para que los salarios le ganen a la inflación, desencadenando cuatro años consecutivos de caída del salario real en el promedio anual y ralentizando la reducción de la pobreza.

Crece la pobreza sin empeorar la distribución del ingreso

La semana pasada el INDEC informó que la tasa de pobreza alcanzó el 42% de la población durante el segundo semestre de 2020. Al mismo tiempo, la indigencia afectó a 10,5% de la población.

De este modo, la pobreza promedió 41,5% en 2020, un aumento de 6 p.p. respecto a 2019, mientras que la indigencia alcanzó a 10,5% de la población (+2,6 p.p.).

Considerando que en 2020 se verificó una desaceleración de la inflación, producto de las restricciones que se impusieron a la actividad económica y la circulación, pero que lógicamente también afectaron los ingresos. En el caso de los trabajadores registrados, la decisión fue priorizar mantener los puestos de trabajo, mientras que los informales y buena parte del cuentapropismo se vio imposibilitada de trabajar algunos meses. Por su parte, aquellos que reciben ingresos no laborales -jubilados y perceptores de asignaciones, etc- también perdieron poder de compra ante la suspensión de la fórmula movilidad luego de sucesivos aumentos por decreto por debajo de la inflación pasada y actual.

En conjunto, esto hizo que los ingresos familiares per cápita caigan, en promedio, alrededor de 12% i.a. en términos reales durante el año pasado, al deflactar por la canasta de consumo asociada a cada decil de ingreso. Esta dinámica fue relativamente homogénea a lo largo de la distribución del ingreso excepto por el 10% más pobre, que sufrió un deterioro mayor al 16% i.a. en 2020, algo que podría vincularse con la aceleración del precio de los alimentos al principio y final del año pasado.

Sin embargo, vale destacar que el significativo aumento de la pobreza no tuvo un correlato obvio en la pérdida relativa de poder adquisitivo de los sectores medios-bajos sino que se corresponde en un “corrimiento” hacia debajo del poder adquisitivo de la población en general, reforzando que el problema de la pobreza hoy en día no está vinculado tanto a la distribución del ingreso (el índice de Gini en promedio solo creció 0,1 p.p. respecto a 2019) sino a un tercer año consecutivo de recesión económica.

A diferencia del salario real (que cayó 3,6% i.a.), que contempla la performance del poder adquisitivo de un ingreso determinado, observar el ingreso per cápita familiar da cuenta del impacto que tuvo esta medida en las familias. Esto refleja que en muchos casos los alicaídos ingresos tuvieron que mantener a más personas ante la imposibilidad de trabajar y la pérdida de empleo que tuvo lugar durante gran parte del año pasado. Además, en cierta forma, conjuga el efecto en los ingresos del shock de oferta y demanda que fue la pandemia, una medida bastante más comparable al deterioro del consumo privado (más de 13% i.a.).

¿Qué esperamos para 2021?

Para este año, la situación no luce alentadora. Durante el primer trimestre la inflación nacional habría rozado 12% complicando la recuperación de los ingresos y, para peor, alimentos y bebidas habría saltado más de 13% agravando los problemas en los hogares de menores ingresos. Si bien esta dinámica podría revertirse en el segundo trimestre, las nuevas restricciones volverán a tener un efecto sobre los ingresos de las familias que, si bien serán menores a los del año pasado, dificultarán una baja significativa de la pobreza en la primera mitad del año.

Por el momento, esperamos que durante la previa electoral el gobierno maximice los esfuerzos para contener la inflación. Considerando la necesidad de apuntalar los ingresos laborales para entonces, es probable que esto implique una mejora en los indicadores sociales. Sin embargo, este efecto podría ser neutralizado por una eventual corrección tarifaria y cambiaria hacia el cierre del año que si bien no frustaría alguna mejora en términos de pobreza e indigencia durante el segundo semestre, no sería suficiente para reducir la magnitud de las mismas en 2020 en el promedio anual.