Category: Empleo e Ingresos

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que muestra el ingreso necesario para que un individuo pueda acceder a un conjunto de alimentos que se consideran necesarios para ubicarse por encima de la línea de indigencia, subió 17% en agosto, 4,7 p.p. por encima de la inflación (+12,3% GBA), ubicándose en $42.262. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT), que indica el ingreso que un individuo debe tener para poder comprar una canasta de bienes y servicios que lo sitúen por encima de la línea de pobreza, mostró en agosto un aumento del 14,3%, superando a la inflación GBA por 2 p.p y situándose en $92.132. Asimismo, si comparamos la evolución interanual del IPC y de las canastas, veremos que tanto la CBA como la CBT también crecieron por encima de la inflación (+21,2 p.p. y +12,5 p.p. respectivamente).

Como mencionamos en un informe reciente, los precios de la hacienda en pie en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (ex Liniers) tuvieron una suba promedio del 50% en agosto, luego de la devaluación post PASO. Esto generó un traslado a los precios minoristas y el precio de la carne vacuna aumentó un 30,2% en GBA, luego de tres meses en los que subió muy por debajo de la inflación (promedio 1,9% mensual), y 125% i.a, acoplándose a la dinámica inflacionaria.

Considerando que la carne es uno de los componentes con mayor incidencia en el costo de las canastas (que representa un 11% de la CBA), la fuerte suba de sus precios en agosto es uno de los factores que mejor explica el aumento de las canastas por encima del dato de inflación. Lo mismo ocurre con las Verduras, tubérculos y legumbres, que sufrieron un aumento del 19,3% mensual y 165% i.a.

Los ingresos y las asignaciones no alcanzan para cubrir las necesidades básicas

En un contexto de aceleración inflacionaria caracterizado por aumentos en los precios de los alimentos, acceder a las necesidades medidas por las canastas se vuelve cada vez más difícil. Observamos que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ,que tiene un valor de $13.861, cubre una proporción cada vez menor de la CBA: en agosto, sólo alcanzó a cubrir el 47% de las necesidades calóricas de un niño, en contraste al máximo del último tiempo, en diciembre de 2021, que con el bono de ANSES llegó a cubrir un 168% de la canasta.

Sin embargo, la escasa cobertura de la CBA se revierte si consideramos la Tarjeta Alimentar otorgada a los beneficiarios de la AUH ($17.000 para familias con un hijo). En este caso, se logra cubrir el 104% de la CBA de un niño. Si observamos la serie de datos desde enero de 2022, podemos notar una tendencia en la que la Asignación Universal por Hijo (AUH) no fue suficiente para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria para un niño equivalente. En consecuencia, durante todos los meses fue necesario un refuerzo a través de la Tarjeta Alimentar para lograr una cobertura completa de las necesidades alimentarias.

A su vez, un ingreso familiar compuesto por dos salarios mínimos y dos AUH no es suficiente para cubrir la CBT familiar, lo que coloca a la familia en situación de pobreza. Esta tendencia fue recurrente en los últimos años pero se profundizó a partir de agosto de 2022, tras la crisis económica-financiera en el marco de la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán. Durante 2022 y lo que va del 2023, los ingresos de una familia tipo llegaron a cubrir en promedio el 90% de la CBT. Para hacer frente a esta situación, fue necesario implementar un refuerzo a través de la Tarjeta Alimentar que, en promedio, contribuyó a satisfacer las necesidades básicas de las familias en esos años.

¿Qué esperamos hacia adelante?

El agravamiento de la sequía desde principios de 2023 tuvo un impacto significativo en los principales desafíos que enfrentó la economía durante ese año: el “Frente de los Dólares”, el “Frente de los Pesos” y el “Frente de la Inflación”. Esto explica en gran medida la tendencia que observamos de los precios de los alimentos aumentando por encima de la inflación en la primera mitad del año.

A pesar de que el problema de la sequía está comenzando a revertirse, no puede decirse lo mismo del incremento en los precios de los alimentos, que actualmente se ve impactado por la devaluación posterior a las PASO. Es importante tener en cuenta que una devaluación afecta principalmente a los productos transables, entre ellos los alimentos. De esta forma golpea directamente a la canasta básica alimentaria, haciendo que su aumento sea aún mayor que el nivel general de precios y generando un impacto significativo en los ingresos de las familias de bajos recursos. Este fenómeno se debe a que la inflación general tiene en cuenta otros factores, como bienes no transables y regulados, que no son tan vulnerables a la devaluación en el corto plazo.

Por este motivo, el Ministro de Economía, Sergio Massa, puso en marcha una serie de medidas con el objetivo de compensar el impacto de la aceleración de la inflación sobre los ingresos. El programa está enfocado en ayudar a pymes, trabajadores registrados, monotributistas, personal doméstico, jubilados y trabajadores de la economía social.

Pese a estas recomposiciones, el contexto social es muy frágil: la pobreza alcanzó al 40,1% de la población en el primer semestre de 2023, previo al impacto de la reciente devaluación, y esperamos siga en ascenso en la segunda mitad del año. Asimismo, la pobreza alcanzó a más de la mitad (56,2%) de los niños de 0 a 14 años, siendo este el grupo de edad con mayor cantidad de pobres.

En cuanto a las medidas, se estableció un aumento del 23% a partir de septiembre para jubilados y la jubilación mínima pasará a ser de $87.460. También anunciaron un refuerzo de $37.000 a cobrar en septiembre octubre y noviembre para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo llevando el mismo a $124.460 durante esos meses.

Otra de las medidas puesta en marcha fue el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, que está orientada a ser una ayuda económica para acceder a la canasta básica. El refuerzo anunciado por Massa es de $10.000 para madres con un hijo, $17.000 para dos hijos y $34.000 para tres hijos o más. También aseguró que, una vez terminada la ayuda económica, habrá un aumento del 30% de la Tarjeta Alimentar.

Por otra parte, se anunció un refuerzo de $25.000 en dos cuotas mensuales para el personal doméstico y comenzó a eximirse a los monotributistas de pagar el componente tributario durante 6 meses. Esta última medida beneficiará a quienes facturen hasta $3.656.604 por año.

Por último, luego del dato de inflación de agosto, el ministro anunció el reintegro del IVA para las compras de jubilados, algunos monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, empleados domésticos y titulares de la AUH. La devolución se hará para compras de la canasta básica y realizadas con tarjeta de débito.

Si bien estas medidas buscan recuperar el poder de compra de los hogares, es necesario evaluar si los bonos y los aumentos en las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) son suficientes para enfrentar el aumento acelerado de los precios de la canasta básica. Si es así, es posible que en los próximos meses se pueda observar una mejora parcial en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Sin embargo, será una tarea difícil.

En septiembre, el IPC GBA Ecolatina registró un aumento mensual del 12,4%, mientras que el rubro de Alimentos y bebidas aumentó un 14%. En este contexto, cabe esperar que continúe la tendencia del incremento de los precios de las canastas por encima de la inflación.

No esperamos una mejora en la situación para 2024. La futura corrección de precios relativos tendrá un impacto inmediato en la inflación y en el precio de los alimentos en particular. Hay que tener en cuenta que la situación actual difiere de la que enfrentó el cambio de mandato en 2015. Actualmente, los salarios reales se encuentran cerca del 20% más bajos que en aquel entonces y la pobreza es más de 10 puntos superior.

En este contexto, es fundamental que la instrumentación de un plan de estabilización, además de contemplar el pilar fiscal-monetario y cambiario, tenga como uno de sus pilares a las políticas de ingreso, incluyendo una mejor focalización de la política fiscal y acuerdos de precios y salarios que contribuyan a una mejora sostenida en las condiciones de vida.

 

¿El menor desempleo de los últimos años?

Luego de que la participación en el mercado de trabajo alcance valores récord en el primer trimestre, en el segundo el desempleo alcanzó 6,2% de la Población Económicamente Activa (PEA), el menor valor desde que se reinició la publicación de la serie a mediados de 2016.

La retracción de la participación en el mercado laboral favoreció el bajo registro de desempleo. La PEA creció 0,2% i.a. para ubicarse en niveles igualmente altos: 47,6% de la población de referencia (31 aglomerados urbanos, cerca de dos tercios del total del país) participa en el mercado de trabajo. No obstante, esta participación creció a un menor ritmo que el crecimiento poblacional en la comparación interanual. De este modo, estimamos que si hubiera crecido en sintonía a la población -en torno al 1%-, la tasa de desempleo habría rondado 7%.

Esta vez los asalariados formales sostuvieron el empleo

En lo que respecta al empleo, se observó un avance de apenas 0,9% i.a., mostrando una desaceleración importante respecto a la dinámica previa. Los asalariados formales (+3,4% i.a.) fueron los que impulsaron esta variable, al tiempo que por primera vez desde la pandemia se observó un retroceso -aunque leve, de 0,7% i.a.- en los informales. Finalmente, los cuentapropistas mostraron una caída un poco mayor (-1,7% i.a.).

¿Qué podemos esperar para lo que viene?

En suma, el inicio de la recesión en el segundo trimestre del año trajo dos novedades: se frenó el aumento de la participación de la población en el mercado de trabajo y se interrumpió el crecimiento del empleo informal.

Respecto al primer punto, es de esperar que la participación no crezca constantemente, pero en la medida que la soga de la pobreza -la próxima semana conoceremos un dato que seguramente sea muy malo- alcance a parte de la sociedad que antes no estaba en riesgo, esperamos que continúe, con vaivenes, su tendencia alcista en la segunda mitad del año, donde la crisis económica se profundizará.

Esto ocurrirá siempre que el efecto trabajador adicional compense el efecto desaliento, aquel que desincentiva la participación en el mercado laboral porque es difícil encontrar un empleo.

Las rigideces del mundo formal en un contexto de crisis y elevada incertidumbre provocan que esta eventual mayor oferta de trabajo sea absorbida por el empleo informal y el cuentapropismo. En caso contrario, volveremos a ver un incremento en la tasa de desempleo.

 

La semana pasada elaboramos un informe acerca de la temática del pluriempleo, un fenómeno que corre en paralelo a lo que se conoce como el efecto “trabajador adicional”, que tiene lugar cuando nuevos miembros de los hogares se insertan en el mercado de trabajo para apuntalar los ingresos familiares. Más allá de la caracterización de estas problemáticas y su evolución en el último tiempo, ponen en consideración el hecho de que los argentinos no tienen tanto problema para conseguir un empleo, sino que el problema son las remuneraciones de los mismos, que impide sostener un determinado estándar de vida o consumo, así como la calidad de los puestos de trabajo.

Si bien esta situación abarca al empleo en general, la parte formal del mercado de trabajo muestra información en esta línea: el último viernes, el Ministerio de Trabajo publicó los datos del empleo formal a junio, reforzando la idea de que el empleo formal no está, por el momento, sintiendo la recesión: creció 4,3% i.a. en el sexto mes del año y acumula una mejora del 4,6% i.a. en lo que va de 2023.

Si bien el cuentapropismo (compuesto por monotributistas -incluyendo los sociales- y autónomos) continúa mostrando una significativa expansión (+7,7% i.a.), esta dinámica sigue siendo sostenida por los asalariados formales (representan casi la mitad del trabajo registrado), que exhiben un aumento de 3,6% i.a., acumulando un crecimiento del 4% i.a. en el año.

Más allá de estos números, resulta interesante ver lo que sucede en la serie desestacionalizada, que permite analizar las variaciones mensuales. El empleo total crece 1,8% entre junio y diciembre, impulsado por el avance de casi 3% de los trabajadores independientes, pero con números igualmente altos para los asalariados: los públicos crecen 1,7% y los privados 1,6%.

Si bien a priori se puede pensar en una fuerte disociación con los niveles de actividad económica del primer semestre, lo cierto es que la medición de esta última es mucho más sensible al golpe que la sequía le propinó al agro: excluyendo este sector, estimamos que la economía creció 1,3%, un guarismo más en línea con lo acontecido con el empleo formal.

De hecho, se observa que el crecimiento fue -con matices- constante en todo el país durante el primer semestre. Esto abarcó incluso a la zona pampeana, en donde lógicamente más fuerte impactó la sequía. Por su parte, vale destacar la mejor performance de la región patagónica y el impacto diferencial de Vaca Muerta: alrededor del 40% del crecimiento se explica por el avance del empleo de Neuquén.

Así, las mayores presiones en la balanza de pagos, caída de las reservas internacionales y aceleración de la inflación fueron la contracara de una economía que logró compensar parcialmente la caída del agro, sino que, al menos hasta junio, sostuvieron el empleo de la economía. Esto resultó fundamental para afirmar la demanda agregada, en particular con elevados niveles de consumo privado, en un contexto en el que el salario real no recuperó terreno: el poder adquisitivo de los trabajadores registrados cayó 1,5% entre junio y diciembre del año pasado.

Los costos asumidos condicionaron aún más la ya endeble situación macroeconómica e, incumplimiento de las metas con el FMI mediante, desembocó en la devaluación post-PASO, al tiempo que se estableció un todavía más férreo control a las importaciones vía trabas administrativas.

Por lo tanto, al igual de lo que prevemos ocurrirá con la actividad económica, el crecimiento que se viene observando en el empleo formal, y en particular de los asalariados del sector privado, comenzará a desinflarse en la segunda mitad del año. Esto no solamente estará vinculado a la profundización del escenario recesivo sino también a la mayor incertidumbre acerca de lo que ocurrirá luego de los comicios.

En cualquier caso, esperamos que, a diferencia de la actividad económica, el promedio del año cierre en terreno positivo, y el avance del empleo sea uno de los principales activos de la actual administración: terminados los 4 años de gobierno habrá crecido alrededor del 5% si tenemos en cuenta el crecimiento poblacional. La contracara ¿o la explicación?, sin embargo, estará en el salario real que, incluso en el caso de los trabajadores registrados, retrocederá más de 6% a lo largo del mandato.

La delicada situación económica que motiva el efecto trabajador adicional también tracciona una situación de la que poco se habla: el pluriempleo. En Argentina casi el 10% de los trabajadores tiene más de un empleo y se observa un crecimiento de 25% desde comienzos de 2018.

El pluriempleo no necesariamente está asociado al objetivo de apuntalar los ingresos para evitar caer bajo la línea de pobreza. También está vinculado a la necesidad de sostener determinado nivel de vida, ya que muestra un crecimiento marcado en deciles más altos.

Esto agrega evidencia en que Argentina no tiene un problema de empleo sino de calidad del mismo: ingresos bajos estimulan la participación en el mercado de trabajo y lo que no ajusta por cantidades no solo ajusta por precios sino que también por bienestar, reduciendo tiempo de ocio y de educación, por ejemplo.

Más trabajo, menos calidad e ingresos

El último tiempo fue testigo de un crecimiento récord de la participación en el mercado de trabajo. La Población Económicamente Activa (PEA), que comprende tanto a las personas que trabajan como a aquellas que buscan un empleo alcanzó 48,3% en el primer trimestre del año, un valor que pese a ser elevado, no implicó un aumento del desempleo. Por el contrario, la tasa de desocupación se mantuvo por debajo del 7%, al mismo tiempo que se observó una expansión del empleo: 45% de la población está ocupada, un registro también inédito.

Como se señala habitualmente, esta performance esconde dos factores no tan positivos: los ingresos y la calidad del empleo. En primer lugar, los ingresos de los trabajadores continúan deprimidos (acumulan un retroceso cercano a 20% desde 2017) y continuamente son puestos en jaque con una inflación que no da tregua. Por otro lado, la calidad del empleo aparece también en el centro de la escena: desde 2018 sólo uno de cada cuatro empleos creados fue bajo la categoría de asalariados registrados, el resto operan bajo la informalidad y/o cuentapropismo.

Radiografía del pluriempleo

Un aspecto no siempre tenido en cuenta dentro de la caracterización del empleo es la relevancia del pluriempleo. Así como se sostiene que la caída del poder adquisitivo de los hogares incentiva la inserción al mercado de trabajo de nuevos miembros de la familia, este fenómeno también puede provocar que las personas busquen apuntalar sus ingresos con un empleo adicional. Así, el efecto conocido como “trabajador adicional” -característico de períodos de crisis- subestimaría el impacto total que tiene una merma del poder adquisitivo en el mercado de trabajo.

Utilizando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que publica INDEC encontramos que casi 1,15 millones de personas de la población de referencia (31 aglomerados urbanos) tuvieron más de un empleo en el primer trimestre de 2023 (8,6% de los ocupados).

Vale decir que, en el primer trimestre, debido a cuestiones estacionales, el pluriempleo es algo menor al promedio del año. De esta manera, prevemos que a lo largo del año la cantidad de personas con más de un empleo alcance los 1,4 millones (más del 10% de los ocupados), superando los 2 millones si extrapolamos este valor a la población total.

Además, el 60% de personas con pluriempleo son mujeres, y casi la mitad son personas menores a 40 años. Además, uno de cada tres “pluriempleados” corresponde al rango etario entre los 30-40 años. Por otro lado, el 85% de quienes cumplen con esta característica son jefes/as de hogar o sus cónyuges. Así como la inserción al mercado de trabajo tiende a darse en otros miembros de la familia, el pluriempleo cae sobre los principales referentes del hogar.

Un aspecto distintivo del pluriempleo es que, al contrario de lo que ocurre con la informalidad y el cuentapropismo (dos características de la precarización del mercado de trabajo) tiene una distribución más “democrática”: casi la mitad de las personas con más de un empleo se ubica en los tres deciles de ingresos per cápita familiar más altos y sólo uno de cada cuatro está en los tres deciles más postergados.

¿Hay una tendencia creciente al pluriempleo en nuestro país?

La trayectoria de los últimos años está afectada por la pandemia y las restricciones a la movilidad impuestas en 2020 y parte de 2021 que complicaban las posibilidades de empleo. Llevando la mirada un poco más atrás se observa un incremento del 25% del pluriempleo desde el inicio de la crisis a comienzos de 2018 -reflejada tanto en el PIB per cápita como en el poder adquisitivo-. Este impacto es más profundo en las mujeres, cuya labor bajo esta modalidad aumentó más de 30% respecto a 2018 y en los jóvenes, que muestran una participación 37% mayor con relación a dicho año.

De este modo, los magros ingresos familiares que propulsaron el efecto trabajador adicional, incrementando notablemente la tasa de actividad y del empleo en estos últimos años, también provocaron un efecto “super-trabajador”. Este tiene como característica afectar más a las familias de mayores ingresos: los dos deciles más altos exhiben un crecimiento de 22% respecto a 2018, el doble que el conjunto de los cuatros deciles de menores ingresos. Esto puede deberse a que los sectores más acomodados tienen un mayor acceso a un menú más amplio de opciones (por mayor nivel educativo, contactos, tiempo de viaje, posibilidad de teletrabajo, etc.) con las que apuntalar su poder adquisitivo.

En este sentido, una mirada más aguda refleja que tres deciles muestran un aumento del pluriempleo muy superior (más del 60% respecto a 2018) a la media: el decil 4, crítico por estar conformados por familias “vecinas” a la línea de pobreza a lo largo de todo este período, y los deciles 8 y 9 (en el primer caso se duplicó la cantidad de trabajadores con más de un empleo), compuesto por personas que tratan de sostener sus ingresos para continuar una vida más acomodada.

Esto refleja que el pluriempleo no es únicamente una respuesta que sirve para evitar caer bajo la línea de la pobreza o salir de una situación de vulnerabilidad, sino que también tiene que ver con multiplicar los esfuerzos para sostener un determinado nivel de vida. En este sentido, nadie en el decil 9 es considerada una persona con carencias, pero puede verse impulsada al pluriempleo si subjetivamente teme perder su estándar de vida relativamente más acomodado.

Es más frecuente encontrar una persona con más de un trabajo que un desempleado

A inicios de 2018 había un 30% más de desocupados que de “pluri-empleados”, pero esta tendencia se ha ido revirtiendo y en la actualidad los últimos superan un 15% a los primeros: es más frecuente encontrar una persona con más de un trabajo que un desempleado.

El problema no se trata de obtener un empleo, sino de la posibilidad de mantener o conseguir uno cuyos ingresos sean suficientes para sostener determinado nivel de vida. La escasez de estos empleos, en parte por la rigidez del mercado laboral formal, impulsa la aparición del “efecto trabajador adicional” o el fenómeno del “super-trabajador” que aumentan la participación en el mercado laboral sin que esto signifique un repunte del desempleo.

Para estos casos se suele decir que aquello que no ajusta por cantidades (cantidad de empleos) ajusta por precios (salarios menores). Sin embargo, podemos también advertir algo todavía más complicado: ajusta por bienestar, ya que para que una familia sostenga un nivel de vida determinado tiene que sacrificar cada vez más tiempo fuera del trabajo. No sólo tiempo libre o esparcimiento, sino también de descanso o educación; condicionando las posibilidades futuras de los miembros del hogar.

 

Síntesis

 • La tasa de desempleo fue de 6,9% en el primer trimestre del año, en línea con lo observado durante el año pasado. Sin embargo, al mismo tiempo la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 48,3%, aumentando casi 1 p.p. respecto a 2022 y llegando a niveles máximos.

 • Aumento de 5% i.a. en la cantidad de personas que participan en el mercado de trabajo, bien por encima del crecimiento poblacional. Esta tendencia se viene profundizando desde 2017 y es explicada por la necesidad que tienen cada vez mas personas de salir a apuntalar los ingresos familiares en un contexto de sostenida caída del poder adquisitivo.

 • El empleo informal continúa siendo el principal factor que explica la mejora del empleo. Si bien en un contexto de crisis estos serían los primeros en sufrir las consecuencias, no creemos que este factor dispare el desempleo durante este año.

 

La participación en el mercado de trabajo alcanza valores máximos

Durante el primer trimestre del año, la tasa de desempleo fue de 6,9% de la Población Económicamente Activa (PEA), en línea con lo observado durante el año pasado. Sin embargo, al mismo tiempo la PEA alcanzó 48,3% de la población de referencia (31 aglomerados urbanos, cerca de dos tercios del total del país), aumentando casi 1 p.p. respecto a 2022.

En particular, esto refleja un crecimiento de casi 5% i.a. en la cantidad de personas que participan en el mercado de trabajo, bien por encima del crecimiento poblacional -en torno a 1%-. Vale destacar que esta dinámica es relativamente inusual, ya que la participación tiende a incrementarse en una menor magnitud en el primer cuarto del año.

Como consecuencia, estimamos que la participación en el mercado de trabajo excede a casi 1 millón de personas a la participación consistente con el crecimiento de la población desde 2017, en una tendencia que la cuarentena solo interrumpió momentáneamente. Si extrapolamos esta relación al total de la población se observa que en los últimos años alrededor de un millón y medio de personas se volcó al mercado de trabajo tras el inicio de la crisis en 2018.

Lógicamente, esto no ocurre por los buenos motivos: más gente sale a buscar trabajo para apuntalar los ingresos familiares reales que se han visto golpeados a lo largo del período. Aquí entra en relevancia lo que se denomina el efecto “trabajador adicional”: un nuevo miembro del hogar sale en búsqueda de ingresos que permitan sostener un nivel de consumo dado. Esta tendencia, iniciada en la segunda parte del gobierno de Cambiemos, no sólo se mantuvo, sino que se profundizó durante el gobierno actual. Vale destacar que aquí no se toma dimensión de lo que acontece con las personas que suman trabajos (pluriempleo), lo cual debe ser analizado por su parte también y en todo caso profundiza la gravedad del cuadro de situación.

La relación con el nivel de empleo

La urgencia por obtener estos ingresos adicionales -debido al deteriorado contexto socioeconómico- hizo que el empleo creado, que absorbió buena parte de esta mayor oferta de trabajo, sea de baja calidad: los nuevos trabajadores no pueden esperar a alcanzar un empleo con condiciones más favorables.

Esto se observa en el empleo informal. Este grupo creció casi 9% i.a. en el primer trimestre del año, acumulando una suba de casi 30% con relación a 2017 y explicando 4 de cada 10 empleos generados desde entonces. En menor medida sobresale el avance del heterogéneo grupo del cuentapropismo: avanzó solo 1,5% i.a., pero ya exhibe una suba de 16% respecto de 2017. Algo más retrasada esta la dinámica de los asalariados formales, que si bien crecieron 4,4% i.a., exhiben un incremento levemente superior al 10% desde 2017 (+3% si tenemos en cuenta el crecimiento de la población).

Sin embargo, pese a este cambio de composición “intra-empleo”, la cantidad de personas que trabajan se amplió -lo que es consistente con una explosión de la PEA y un bajo desempleo- alrededor de 9% por encima del aumento poblacional desde el comienzo de 2017. Esto resulta llamativo si pensamos que el PIB per-cápita todavía se encuentra por debajo de aquel entonces, pero se explica si incluimos en el análisis el comportamiento de los ingresos reales.

Por caso, el salario real perdió entre 15-20% de su poder de compra desde entonces, al tiempo que los ingresos reales de las jubilaciones y asignaciones también sufrieron caídas de magnitud similar, limitando la posibilidad de estos perceptores de descansar en estos ingresos pasivos. De este modo, la tasa de empleo “récord” de 45% tiene como contracara unos deteriorados ingresos reales de la sociedad.

¿Qué esperamos para lo que resta del año?

Prevemos que esta tendencia se mantenga. La aceleración de la inflación evitará una recuperación del alicaído poder adquisitivo, por lo que el efecto trabajador adicional podría extenderse a deciles de ingresos familiares más altos, típicamente no afectados por este fenómeno. Asimismo, la necesidad de obtener ingresos seguirá facilitando la expansión del trabajo informal, que continuará traccionando la dinámica del empleo.

Con todo, no esperamos una suba abrupta del desempleo, que podría ubicarse en la zona del 7,5% en el promedio anual.

Dada la composición de las canastas de consumo y la inserción en el mercado de trabajo, la incidencia de la inflación y de la evolución de los ingresos laborales varía a lo largo de la pirámide de ingresos, impactando en distinta medida sobre los distintos sectores socioeconómicos.

Por caso, los sectores de menores recursos económicos destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo de alimentos y bebidas: dentro de la canasta del 40% de los hogares más pobres, los alimentos representan en promedio el 32% del consumo, mientras que para el otro 60% de las familias de mayores ingresos este rubro explica el 21% del gasto, donde los deciles de ingresos más altos consumen una mayor proporción de sus ingresos en artículos para el hogar, educación, esparcimiento o salud.

Por este motivo, el crecimiento dispar de algunos rubros del IPC respecto a otros puede profundizar la regresividad que tiene por definición la inflación (afecta en mayor medida a quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo) o, por el contrario, o darle un carácter menos regresivo.

Lo mismo ocurre con los ingresos laborales: en los sectores más pobres hay una mayor proporción de asalariados informales y cuentapropistas (en el 10% de los hogares más pobres, 7 de cada 10 trabajadores corresponden a una de estas categorías), mientras que, en contraste, en los más ricos la mayor parte de los trabajadores son formales (75% para el 10% más rico). En este punto es relevante detenerse, toda vez que entre 2019 y 2022 más del 70% del nuevo empleo generado por la economía fue informal y cuentapropista.

 

Dicho esto, ¿cómo ha venido evolucionando la inflación entre los distintos sectores sociales? ¿y el poder adquisitivo de los salarios? ¿qué esperar para el resto del año? ¿qué márgenes de acción tiene el Gobierno en este contexto?

A fin de responder al primer interrogante planteado, utilizaremos la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) que publicó el INDEC para 2017-18 y el Índice de Precios al Consumidor, a fin de estimar la inflación que enfrentan los distintos sectores sociales según la canasta de consumo de bienes y servicios de cada uno de ellos. Dividiremos a las familias en deciles (10%) según su nivel de ingreso, siendo el Decil 1 correspondiente a las familias con menores ingresos y el Decil 10 el conformado por los hogares de mayores ingresos.

Así, vemos que mientras que el gasto en alimentos y bebidas e indumentaria representa casi la mitad (44%) del gasto del 10% de los hogares más pobres, en el 10% de los hogares más ricos estos dos rubros explican menos de un 20%, menos de la mitad.

El impacto heterogéneo de la inflación actual

Pese a la notable aceleración que tuvo la inflación en 2022 (pasó del 51% i.a. al 95% i.a.), el proceso inflacionario no profundizó su sesgo regresivo, presentando una dinámica homogénea para los distintos niveles de ingresos de los hogares: mientras que en el primer semestre del año impactó relativamente más sobre los más pobres (acumuló 36,8% para el decil 1, 1 p.p. por encima del decil 10), en la segunda mitad el efecto se revirtió, alcanzando 43,0% para el decil 1 y 44,1% para el decil 10. En el promedio del año la inflación fue del 95,3% para el decil 1 y apenas 0,2 p.p. menor para el decil 10.

No obstante, en lo que va de 2023 la dinámica se alteró: en cada uno de los primeros cuatro meses del año la inflación mensual para los deciles más bajos fue mayor que para los de mayores ingresos, acumulando un 33,1% para el decil 1 y 30,7% para el decil 10, una diferencia no menor.

De esta forma, el proceso inflacionario se volvió aún más regresivo en lo que va del año: la inflación de los hogares más pobres es mayor que la de aquellos hogares con mayores ingresos.

¿A qué responde esto? Principalmente una mayor dinámica relativa de los precios de los alimentos: mientras que el Nivel General del IPC trepó 32% en los primeros cuatro meses del año, los alimentos y bebidas aumentaron más de 41% (+9 p.p.).

Por esta razón, los alimentos y bebidas explicaron casi la mitad de la inflación de los hogares más pobres (48,3%) en lo que va del año, mientras que para el decil más rico la incidencia fue de 20,4%. En los sectores de mayores ingresos la inflación se explicó en mayor medida por los mayores aumentos en Educación y en Restaurantes y Hoteles (que se ubicaron 9,2 y 3,5 p.p. por encima del Nivel General respectivamente) que tienen un mayor peso en las canastas de los hogares más ricos.

En igual sentido, la actualización en las tarifas de servicios públicos (gas, electricidad, agua y transporte público) que se viene efectuando desde finales de 2022 tiene asimismo un componente regresivo en materia de precios: su consumo es ineludible y representa un porcentaje mayor del gasto de los hogares de menores recursos (explica 15% de la canasta del primer decil y 10% del décimo). Si bien la tarifa social está operativa, protegiendo a las familias de los primeros deciles, la “porosidad” de la segmentación (hogares que no se inscriben, fallas en la implementación) hace que este sea un problema adicional para algunos de los hogares de menor ingreso.

Los ingresos laborales profundizaron su disparidad

A fin de observar cómo se viene comportando el poder adquisitivo, el análisis sería incompleto si no contempláramos los ingresos laborales. Con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el Índice de Salarios de INDEC construimos un indicador salarial en función de cómo se distribuyen las distintas modalidades de empleo a lo largo de la pirámide de ingresos. Para este análisis, nos limitaremos al primer trimestre del año, ya que el último dato del índice de salarios de INDEC corresponde a marzo.

En este marco, no sólo la inflación por decil se movió de manera dispar, sino que también lo hicieron los ingresos laborales: en el primer trimestre el salario nominal asociado a hogares de menores ingresos creció 1,1 p.p. por debajo de aquellos vinculados a los de mayores ingresos. Cuando miramos la variación interanual, la diferencia es de más de 13 puntos.

Asimismo, cuando se lo compara con la inflación del primer trimestre vemos que los ingresos laborales reales llevan una pérdida real para el 60% más pobre, mientras que los últimos 4 deciles crecieron en términos reales.

Cabe destacar que este resultado más favorable para las familias de mayores ingresos está explicado en gran medida por la dinámica de los trabajadores públicos -en marzo sus salarios crecieron 16,3% mensual según el INDEC-. Si su desempeño hubiese sido igual al de los trabajadores registrados ese mes (+7,9%), en el primer trimestre todos los deciles hubiesen sufrido una pérdida real de los ingresos laborales.

De esta forma, los hogares de menores ingresos no solo se vieron relativamente más golpeados producto de la aceleración de precios, sino que también fueron los que peor resultado tuvieron respecto al salario. El resultado empeora si consideramos la variación interanual. En este caso, todos los sectores menos el más rico presentan una pérdida real, que trepa a casi -5% en promedio para el estrato bajo – representado por los primeros cuatro deciles- y se ubica en la zona de -1,3% promedio para los más altos.

¿Qué esperamos para el resto del año?

En cuanto a los precios, la probabilidad de que los alimentos sigan aumentando a un mayor ritmo en los próximos meses no es menor, teniendo en cuenta la sequía que afecta la oferta de frutas y verduras, sumado a un acotado impacto del programa Precios Justos para mantener contenidos a los alimentos frescos, como mostramos previamente. Esta suba debería aminorarse durante el invierno, aunque no descartamos que el carácter regresivo de la inflación se siga acentuando en los próximos meses.

Por el lado de los ingresos, quienes disponen de mejores mecanismos para afrontar una eventual aceleración de la inflación son los trabajadores registrados, a través de los acuerdos paritarios. Esto favorecería comparativamente a los deciles de ingresos más altos, quienes podrían sostener más el salario real, lo que podría ampliar las diferencias del primer trimestre.

Esto profundiza la necesidad de aumentar los ingresos no laborales (asignaciones, jubilaciones y pensiones, etc.), que son determinantes en los presupuestos de los hogares más pobres: en el 20% de los hogares más ricos el 80% de los ingresos proviene del mercado de trabajo, mientras que en el 20% de las familias más pobres esta proporción cae al 65%.

Esta situación sumerge al Gobierno en una paradoja de cara a las elecciones: su mayor caudal de votos se concentra en hogares con menores ingresos, y no esperamos que puedan crecer las políticas de ingresos para dar una recuperación importante al mayor deterioro en el poder adquisitivo de esos sectores, teniendo en cuenta la necesidad de un ajuste real del Gasto frente a la escasez de financiamiento y al acuerdo con el FMI.

Durante gran parte del año pasado, era común el comentario de que las turbulencias financieras, la incertidumbre nominal y las crecientes restricciones a las importaciones no estaban teniendo un efecto significativo en la actividad económica. Ya hacia el cierre del año, y comenzando el 2023, esta dicotomía quedó atrás.

No obstante,  sí parece mantenerse en pie en relación con el nivel de empleo formal, que sigue creciendo pese al estancamiento de la economía y las perspectivas poco alentadoras de cara a los próximos meses.

¿Qué ocurrió en los últimos meses?

Desde agosto pasado la actividad económica acumula una caída de más del 2%, al tiempo que el empleo formal registra un avance de 2% en el período, creciendo incluso 0,5% en los dos primeros meses del año. Si bien quienes empujan la creación de empleo son los trabajadores independientes -principalmente monotributistas-, que crecieron casi 4% desde agosto, la mayor incidencia corresponde al empleo asalariado del sector privado – más directamente asociado al nivel de actividad-, que exhibe un incremento de 1,6% en el período. Tres sectores explican el 70% del crecimiento en este empleo: industria, comercio y construcción.

¿A qué responde este rezago en el impacto? Uno de los motivos es que, así como los puestos de trabajo no se generan con los primeros signos de reactivación de la economía, y se espera la consolidación del crecimiento, en momentos más difíciles las empresas “tardan” en reducir sus plantillas.

En este sentido, sumar en el análisis las horas trabajadas de los asalariados del sector privado puede echar luz sobre esta cuestión: desde finales de 2021 el tiempo de trabajo creció más que el empleo, siguiendo la tendencia de la actividad económica, comportamiento que se revirtió en el último trimestre de 2022.

El gráfico a continuación muestra los ratios horas trabajadas/empleo, evidenciando que el mayor crecimiento de las horas en relación con los puestos de trabajo ocurrió ante un mayor crecimiento de la actividad. Con una economía que ha comenzado a enfriarse, es esperable que esta relación caiga.

Como se observa, el enfriamiento de la economía hace suponer que ahora las horas trabajadas crecerán a un menor ritmo que el nivel de empleo en los próximos meses, sin que esto implique que en el corto plazo se vea un deterioro en la cantidad de puestos de trabajo.

¿Pueden sostenerse los empleos ante la recesión que se avecina?

Considerando que el salario real formal se encuentra más de 5% por debajo de 2019 y es casi 20% inferior al de 2017 y, más aún, las expectativas de que esto no cambie en el mediano plazo, estos factores sugieren por qué podrían sostenerse los empleos durante la recesión proyectada para este año: la crisis económica se traslada al mercado laboral vía precios -en este caso, salarios- y no por cantidades -empleo-. Esta dinámica es todavía más apropiada para caracterizar el empleo informal y comprender el bajo desempleo que tiene el país.

En definitiva, un año de recesión económica no necesariamente traerá como resultado una caída en el empleo formal (tampoco prevemos que lo haga si sumamos la informalidad). De este modo, el deterioro de la masa salarial real por un menor poder adquisitivo como resultado de la creciente inflación será parcialmente compensado por los niveles de empleo.

Esta dinámica da lugar a efectos no deseados, como la existencia de trabajadores formales que caen bajo la línea de pobreza o una mayor cantidad de jóvenes y de personas de tercera edad insertos en el mercado laboral, junto al incentivo al pluriempleo, entre otras consecuencias. Sin embargo, puede morigerar el deterioro en el consumo que las familias tienen en un contexto como el actual.

¿Qué está sucediendo con el empleo formal?

En 2022, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró un avance promedio de 5% i.a. del empleo formal, una magnitud en el orden de 600 mil trabajadores. El ritmo de crecimiento fue similar a la expansión de la actividad (el EMAE estimó un avance de 5,2% i.a.) con la diferencia que, en tanto buena parte de la mejora de la economía fue explicado por el arrastre que dejó el 2021 (+3 p.p.), prácticamente la totalidad de la mejora del empleo registrado tuvo lugar a lo largo del año pasado.

Esto se debe a que cerca del 40% de la expansión del empleo formal correspondió al incremento de los asalariados del sector privado, que crecieron 4,4% i.a. en promedio -guarismo coincidente con su avance entre puntas-, algo relativamente poco usual en los últimos años, ya que habría que remontarse a 2015 para encontrar una correspondencia similar. El resto de la mejora se explica por la performance de los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos, 1 de cada 4 trabajadores formales), con una suba que rozó el 9% (más de 11% punta a punta). Por su parte, el empleo público creció 2,4% i.a. en 2022 (1,5% respecto a diciembre 2021).

En el caso de los asalariados formales del sector privado, resulta interesante inspeccionar lo ocurrido hacia el interior de las categorías que traccionaron la mejora del empleo. La primera consideración es que, dejando de lado el agro y la pesca, el crecimiento fue mayor en los sectores productores de Bienes (+6,4% i.a.) respecto a los proveedores de Servicios (+4,0% i.a.), a diferencia de lo sucedido con la actividad económica durante el año pasado (donde los segundos habrían mostrado un -leve- pero mejor desempeño).

Un “doble click” muestra que este diferencial tuvo como principal dinamizador a la construcción (+15,6% i.a.) -sector que utiliza de forma intensiva la mano de obra- y a la industria (+3,9% i.a.), que tuvo como mejores exponentes a la industria textil (+8,6% i.a.), automotriz (+6,4% i.a.) y metalmecánica (+5,4% i.a.), ramas que también exhibieron el mayor crecimiento durante 2022, según el Índice de Producción Industrial (IPI).

También vale destacar que, tanto en el empleo asalariado formal de la construcción como en el de la industria, se dio una expansión que contrasta con los indicadores de actividad sectoriales. Si bien entre diciembre 2022 y diciembre 2021 la construcción cayó 8,5% y la industria retrocedió 1,5%, al mismo tiempo se verificó una expansión del empleo formal en estos sectores (14% y 4%, respectivamente). Esta diferencia se mantuvo incluso durante el magro segundo semestre: la construcción cayó casi 12% contra un avance de 5,3% de su empleo formal, y la industria se contrajo 3,1%, al tiempo que su empleo mejoró 1,5%.

¿Qué esperamos que suceda en 2023?

La expectativa de un estancamiento de la actividad económica este año arroja dudas acerca de las posibilidades de que continúe creciendo la masa de asalariados del sector privado, típicamente asociado al empleo de calidad.

El primer signo de interrogación recae sobre la actividad fabril. Aquí, vale preguntarse si la recreación de mercados “cautivos” -por las restricciones a importar productos foráneos- que estimulen la producción local es suficiente para contrarrestar una debilitada demanda agregada. Sumado a esto, las dificultades que el apretón a las importaciones traerá a los procesos productivos, y consecuentemente la necesidad de personal, a lo largo del año; ¿la administración de importaciones priorizará demandas de sectores que producen bienes de mayor necesidad o aquellos que son más intensivos en empleo?

Sin embargo, todo esto pueden ser detalles de segundo orden: tanto para la industria como para el resto de la economía, un salario real formal más de 5% por debajo de 2019 y casi 20% inferior al de 2017 puede ser un factor determinante para utilizar de forma más intensiva este recurso. La ausencia de una perspectiva que sugiera un cambio de tendencia, no sólo este año sino también el próximo, puede intensificar este proceso.

En ausencia de un incremento significativo del empleo público -no hay margen para tal empresa-, otra tendencia, como el incremento del cuentapropismo, puede también apuntalar la creación de empleo formal. En este caso, el fuerte avance del monotributo social (categorías que facturan los montos más bajos, muchas veces por debajo del umbral de pobreza) refleja el paulatino, pero igualmente parcial, ingreso a la formalidad de población anteriormente “en negro”.

Conjuntamente, un año de estancamiento de la actividad no necesariamente traerá como resultado una caída en el empleo formal (tampoco prevemos que lo haga si sumamos la informalidad). A excepción del 2020 -por motivos obvios- la secular caída del PBI per cápita a lo largo de la última década, en combinación con las nuevas tecnologías “desenganchan” la dinámica laboral de los vaivenes de la actividad.

En un informe reciente dimos cuenta que el salario real promedio en Argentina cayó en 2022 por quinto año consecutivo. Ahora bien, teniendo en cuenta que tanto la dinámica de la inflación como las variaciones en los ingresos laborales suelen ser disímiles a lo largo de la pirámide de ingresos, impactando en distinta medida sobre los distintos sectores socioeconómicos, cabe preguntarse, ¿cómo evolucionó la inflación y el poder adquisitivo de los salarios a lo largo del 2022 entre los distintos sectores de la sociedad? ¿qué esperar para este año?

Un impacto homogéneo de la inflación

La inflación de los sectores más vulnerables no es la misma que la de la población con más poder adquisitivo. Por ejemplo, los sectores de menores recursos se ven más afectados por la dinámica de los precios de alimentos y bebidas, mientras que los deciles más altos consumen una mayor proporción de sus ingresos en artículos para el hogar, educación y esparcimiento. Por esto, es posible que el efecto regresivo de la inflación -afecta en mayor medida a las personas de menores ingresos- se vea exacerbado si algunos componentes del índice de precios crecen más que otros.

Sin embargo, se observa que la inflación no tuvo un efecto regresivo adicional en 2022, presentando una dinámica homogénea para los distintos niveles de ingresos: mientras que en el primer semestre del año impactó relativamente más sobre los más pobres (acumuló 36,8% para el decil 1, 1 p.p. por encima del decil 10), en la segunda mitad el efecto se revirtió y alcanzó 42,7% para el primer decil y 41,6% para el décimo. Buena parte de esto se explica porque en el primer semestre la inflación de los alimentos (que representa cerca del 40% de la canasta total del primer decil y sólo 14% en el décimo) fue 0,5 p.p. superior al nivel general, en tanto fue 0,5 p.p. menor en la segunda parte del 2022.

Los ingresos laborales mostraron fuertes disparidades

De todos modos, el análisis de los precios cuenta sólo la mitad de la película. Para ver qué ocurrió con el poder adquisitivo del salario es necesario inspeccionar lo ocurrido con los ingresos laborales. Por este motivo, utilizando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el Índice de Salarios de INDEC construimos un indicador salarial en función de cómo se distribuyen las distintas modalidades de empleo a lo largo de la pirámide de ingresos, reconociendo que hay una marcada heterogeneidad: en los deciles más pobres hay una mayor proporción de asalariados informales y cuentapropistas (9 de cada 10 empleos en el primer decil responde a alguna de estas dos categorías), mientras que, en contraste, en los más ricos casi 7 de cada 10 trabajadores son formales.

A diferencia de la relativa homogeneidad que mostró la inflación a lo largo de la sociedad, los ingresos laborales mostraron fuertes diferencias. Durante 2022, el salario asociado a los sectores de mayores ingresos (decil 10) creció 15 p.p. interanual por encima de aquellos vinculados a los de menores recursos (decil 1). Esto se explica principalmente porque en estos últimos hay un predominio de trabajadores informales (cuyos salarios crecieron 65% en el año, casi 30 p.p. por debajo de la inflación) y cuentapropistas (insertos en general en empleos de baja calidad). Por su parte, cerca del 70% de los trabajadores del decil más alto son registrados – beneficiados por un acortamiento en la vigencia de las negociaciones paritarias- se ubicaron 1 p.p. por encima de la inflación anual.

Así, mientras que los ingresos laborales de la mitad más rica crecieron 90% interanual, los del 50% más pobre crecieron sólo 81%. Este hecho no hace más que potenciar el efecto regresivo del proceso inflacionario, presionando por una mayor asistencia gubernamental. También explica la persistencia del efecto “trabajador adicional”: más miembros del hogar que no se encontraban dentro del mercado laboral se vuelcan a la búsqueda de trabajo con intenciones de suplir el deterioro en los ingresos.

Entonces, si bien en todos los deciles existió una pérdida real del poder adquisitivo, fue muy heterogénea a su interior: mientras que la caída de los ingresos laborales promedió 1,6% en el 50% más rico, fue de 3,7% en la mitad más pobre. Si se compara al decil más pobre (-5,1%) con el más rico (-1,2%), la diferencia observada es aún más profunda. De esta forma, los sectores de menores ingresos sufrieron un mayor golpe al poder adquisitivo de sus ingresos laborales, dado que tuvieron una peor performance respecto al salario.

 

¿Qué prevemos para 2023?

Para este año, esperamos ver una dinámica similar a la del 2022, donde se repita que el poder adquisitivo de los sectores más postergados sea el más perjudicado. En primer lugar, esto se daría vía los precios: la aceleración en los precios de los alimentos vista en enero (pasó de promediar 4,8% en el 4T 2022 a 6,7% en enero) se agudizará significativamente en febrero con el aumento en la carne vacuna (el IPC GBA Ecolatina registró un crecimiento de 9,2% mensual en la primera quincena para los alimentos y bebidas). Buscando actuar como contrapeso, si bien continuarán las actualizaciones en tarifas de servicios y transporte públicos, que representan una mayor parte de la canasta de los deciles de menores ingresos, los menores aumentos anunciados para estos sectores contribuirán a morigerar la regresividad de la inflación en los primeros meses del año.

Luego, la discrepancia intra-deciles se explicaría porque los salarios de los sectores más acomodados, al poder recomponer ingresos más seguido y en mayor sintonía la inflación gracias a los acuerdos paritarios, seguirán dejando atrás los ingresos laborales de los sectores más postergados, con mayor proporción de trabajadores informales y buena parte de los cuentapropistas.

Esto finaliza en una paradoja para el Gobierno durante el año electoral. El mecanismo para aceitar paritarias y que vayan al mismo ritmo que la inflación es quizás el principal factor que ayudaría a sostener cierto nivel de consumo privado -focalizado en los servicios-, posiblemente el único componente del PIB que podría evitar terminar en rojo este año. Sin embargo, el hecho de que los sectores más postergados no recuperen el terreno perdido y más aún, vuelvan a ceder, profundiza las necesidades de asistencia social en los sectores más bajos en un contexto de fuerte administración de los recursos públicos en el marco del compromiso de reducción del déficit fiscal acordado con el FMI.

Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) crecieron 7,2% mensual en  GBA durante enero, mostrando una variación de 109,8% i.a. y 108,0% i.a., respectivamente y alcanzando las variaciones interanuales más altas desde el inicio de la serie.

De esta manera, la evolución de las canastas se ubicó 1,2 p.p. por encima de la inflación de enero (+6,0% tanto para GBA como Nacional), manteniendo la misma tendencia que en 2022 -donde la suba de las canastas había cerrado 9 p.p. y 5 p.p. por encima de la inflación acumulada anual-. De esta forma, la tendencia al alza de la pobreza que se observa desde la segunda mitad de 2022 encuentra obstáculos para revertirse.

Por el lado de los alimentos, en enero tuvieron una especial incidencia los incrementos de productos empaquetados como harinas (+9,0%), arroz (+7,9%) y fideos (+8,4%), dado que todos son alimentos básicos que tienen un peso importante en el armado de las canastas y se ubicaron por encima de la evolución de la inflación. Cabe destacar que este desempeño se dio pese a la vigencia del programa Precios Justos, un acuerdo de precios que tiene como objetivo moderar la suba de precios de un grupo de bienes y servicios de carácter esencial, principalmente de bienes de consumo masivo. A su vez, algunos productos estacionales como las frutas (+11,6% para GBA) y verduras (+16,7%) también tuvieron subas marcadas.

La Canasta Básica Total, que además de alimentos tiene en cuenta otros bienes y servicios básicos, se vio especialmente dinamizada por el incremento de electricidad, gas y otros combustibles (+15,8%) y transporte público (+43,5%), tras el marco de actualización de precios regulados.

La prevalencia de esta tendencia hizo que se mantenga lo que venimos viendo en los meses previos: los ingresos básicos (salario mínimo y programas de asignaciones) no llegan a cubrir las necesidades básicas medidas por las canastas. La Asignación Universal por Hijo (AUH) no llegó a cubrir la canasta básica alimentaria: en enero llegó a cubrir solo el 60% de las necesidades calóricas de un niño, comportamiento similar a lo observado en los últimos meses del 2022. Por otro lado, al igual que en los meses anteriores, un ingreso familiar compuesto por dos salarios mínimos y dos AUH no llegan a cubrir la canasta básica total familiar, lo que ubicaría a un hogar con estas características dentro de la pobreza.

¿Qué esperamos para los próximos meses?

En gran medida, lo que determinará si las canastas continuarán evolucionando por encima de la inflación será como se mantenga la dinámica de los precios de alimentos.

Por un lado, los productos empaquetados de consumo masivo seguirán bajo el programa de Precios Justos, al menos hasta mitad de año (la continuidad del programa está confirmada hasta junio), por lo que esto puede ponerle un techo a la evolución de este grupo de bienes, al menos en el corto plazo.

Sin embargo, se abren dos interrogantes: (i) por un lado, la evolución reciente (determinados alimentos básicos creciendo por encima de la inflación) deja en claro que los controles de precios tienen límites marcados, hasta ahora con un efecto reducido, y no pueden contener la inflación de este grupo por tiempo indeterminado; por otro lado, (ii) parte del acuerdo incluye otorgar acceso al dólar oficial (MULC) para importar a las empresas del sector, lo cual también puede poner en riesgo el cumplimiento del programa en caso de no cumplirse este requerimiento en un contexto de fuerte escasez de divisas.

Además, este programa puede tener cierta efectividad para controlar los precios de alimentos empaquetados, pero tiene limitada eficacia para controlar a los precios de los alimentos frescos. En este sentido, otros dos factores para tener en cuenta son: (i) la sequía, que impactará al menos en el primer trimestre del año, ejerciendo presión al alza sobre la evolución del precio de determinados productos frescos, como frutas y verduras; (ii) el precio de la hacienda en pie subió 40% desde la segunda quincena de enero, y ya hemos comenzado a observar su correlato en la suba de precios minoristas de carne: según el IPC GBA Ecolatina, la carne vacuna trepó 22,2% m/m en la primera quincena de febrero. En este sentido, tanto la carne como las frutas y verduras tienen un peso importante en las canastas, y esperamos que tengan una dinámica por encima de la evolución de la inflación en el corto plazo.

Por el lado de los ingresos, no prevemos un cambio de tendencia significativo respecto a lo observado en los últimos meses: mientras que los ingresos formales se encuentran resguardados en mayor medida por las negociaciones paritarias, los ingresos informales, que tienen una mayor importancia en los deciles cercanos a la línea de pobreza, crecieron casi 30 p.p. menos que la inflación en 2022, dinámica que difícilmente se revierta este año. A su vez, tampoco habrá un margen fiscal holgado para otorgar bonos a beneficiarios de asignaciones y jubilaciones, incluso siendo un año electoral. En este marco, prevemos que la dinámica se mantenga igual que los meses previos: los ingresos básicos serán insuficientes para cubrir una mayor proporción de las canastas, lo cual deja en evidencia que la pobreza e indigencia difícilmente muestren una baja significativa en 2023.