Economía:
La variación acumulada y a 12 meses del IPC hasta el mes de noviembre fue 0,5%, en un entorno mayor inflación internacional. En este resultado confluyen: i) diez años de tipo de cambio fijo, pese a que nominalmente Bolivia adoptó un régimen cambiario de movimientos pequeños (tipo de cambio reptante), lo cual está relacionado con el interés de mantener baja la dolarización y evitar efectos de descalce en el sistema financiero; ii) la subvaluación de las monedas de la región que ha abaratado las importaciones bolivianas del exterior y habría implicado más contrabando de entrada; y, iii) la debilidad del gasto interno, que pese a que en el segundo trimestre del año está 22% por encima del nivel de 2019, está todavía 12% por debajo de 2019, en un nivel similar al de 2016. En este último caso, es determinante la caída de las remuneraciones (más de 15%) que a pesar de que la tasa de desempleo se sitúa en 6%, la mitad del observado en el punto más alto de la pandemia,
revela la precariedad del empleo.
Política:
Durante la segunda semana de noviembre los departamentos de Santa Cruz y Potosí paralizaron sus actividades, mientras que los otros seis lo hicieron parcialmente y La Paz, la sede de gobierno, continuó normalmente. Esta paralización responde principalmente a la disconformidad por varias leyes promulgadas, especialmente la de prevención de ganancias ilegítimas y de planificación del desarrollo, que implican más atribuciones de fiscalización al gobierno central y mayor injerencia de éste en los gobiernos subnacionales. Estas movilizaciones populares se dan en medio del primer aniversario del gobierno del presidente Arce (8 de noviembre), quien rindió su informe de gestión en medio de un fuerte escándalo en el parlamento boliviano, la cual refleja la alta polarización que experimenta el país desde hace un año por la discusión sobre la naturaleza de los episodios de noviembre de 2019 que implicaron la salida de Evo Morales y la intención hegemónica de la
administración actual de copar el poder.
