En estos días el Órgano Ejecutivo presentó el Presupuesto General del Estado
2019. Como reseñaremos a continuación, va en la línea de sincerar las cuentas públicas con el nuevo momento que vive la economía desde 2015, aunque su magnitud resulta insuficiente.
Para dar el contexto, el sector público boliviano tuvo un déficit promedio en torno al 7% del PIB entre 2015 y el presente año, los más altos desde los años turbulentos de 2001 a 2004. A diferencia de dicho periodo de alta inestabilidad política y social, en estos años pudo ser resistida en virtud del ahorro en los años del boom, que implicó reservas internacionales de 50% del PIB en 2015 y una deuda pública por debajo del 20% del PIB durante varios años.
Sin embargo, los superávit acumulados ya no son suficientes y la situación fiscal ha cambiado: las reservas internacionales cayeron de 15 a 8 mil millones de dólares, representando un 20% del PIB, mientras que la deuda pública bordea el 24% del producto, haciendo que el Estado sea nuevamente deudor neto luego de varios años de acreencia.
El presupuesto 2019 se basa en supuestos razonables y conservadores, similares por ejemplo a los del FMI, excepto en el crecimiento del PIB, donde supone una variación de 4,7%, por segundo año consecutivo. Esto ocurre porque en Bolivia se paga un salario adicional si el crecimiento es mayor al 4,5%. En ese sentido, la cifra no sirve de referencia para el análisis.
En términos de presupuesto agregado y consolidado, no se evidencia un aumento importante (0,6%). A su vez, las proyecciones de ingresos son también conservadoras, excepto en el caso de las empresas públicas, que aumentaría sus ingresos por el alza del precio del petróleo.
En el ámbito de los gastos, las proyecciones apuntan a una situación de paralización. No obstante, el análisis más detallado indica que el déficit en los gastos de capital sigue siendo alto.
Uno de los lineamientos de política fiscal ha sido incrementar la inversión pública continuamente, de tal forma que ha llegado a ser hasta 15% del PIB. Con una situación fiscal más complicada, esto implica que la mitad del déficit se podría arreglar disminuyendo de manera ordenada y priorizada la inversión pública.
De igual forma, el presupuesto muestra que las transferencias no condicionadas y no focalizadas continuarán, donde la principal erogación corresponde al bono a personas mayores, sin distinción alguna, como también la subvención universal a los hidrocarburos.
Con estos elementos, el sector público espera bajar el déficit presupuestado de 8,3% del PIB en el presente año a 7% en el siguiente, con un ajuste cercano a un punto y medio porcentual. La mayor parte del financiamiento sería de origen externo.
En ese sentido, consideramos que las perspectivas electorales de 2019 retrasan el necesario ajuste fiscal, peor aun tomando en cuenta el régimen cambiario fijo que de hecho se ha establecido desde 2011.
Por tanto, consideramos que 2020 deberá ser el año del ajuste macroeconómico que, de ser bien llevado, podría implicar una modesta desaceleración del crecimiento. Caso contrario, la vulnerabilidad fiscal podría convertirse en externa e incluso financiera, por el rol que tiene las reservas internacionales en la intermediación financiera y el sistema de pagos.
