Economía:
El ministerio de hacienda ratificó las cifras preliminares, pero todavía no oficiales, de actividad y gasto, enfatizando la recuperación económica desde fines de 2020. Esta visión tiene una lectura con matices mixtos. La desaceleración previa a la pandemia, que implicó una caída del crecimiento desde 6,8% en 2013 a 2,2% en 2019, y las secuelas de ésta han impactado en cada uno de los sectores, haciendo que hasta el presente Bolivia saga, en el mejor de los casos, como en 2019. Al primer cuatrimestre del año, la industria, comercio y la mayor parte de servicios estaban en un nivel similar al observado en 2019. Pero otros están duramente golpeados: la construcción estaba más de 25% por debajo de 2019, transporte en niveles parecidos a los de 2015 y 2016 y la actividad hotelera está en un tercio de lo observado antes de la pandemia. La caída del desempleo desde julio de 2020 (11,8% desestacionalizado) hasta junio de este año (7,5%) es alentadora, aunque todavía por encima del mismo mes de 2019 (4,5%).
Política:
El ambiente político se ha polarizado aún más respecto a la versión de la salida de Evo Morales del poder en 2019, con el oficialismo apuntando a que fue golpe de estado y la oposición que fue fraude. Contribuyeron a este enardecimiento el cierre judicial del caso de fraude por parte de la Fiscalía boliviana, sustentada en un estudio encargado a académicos de la Universidad de Salamanca. Eso desató movilizaciones civiles principalmente en Santa Cruz porque limpia la imagen del presidente Morales y podría habilitarlo para las elecciones de 2025. Los ánimos también están exaltados porque el presidente
Luis Arce utilizó el discurso por el aniversario patrio del 6 de agosto para reafirmar la hipótesis del golpe de estado con apoyo internacional, lo cual generó discusión ciudadana y mayor división. A eso se sumó la reafirmación de parte de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea de que las elecciones de 2019 fueron irregulares, lo cual provocó el rechazo del partido oficialista.
