En las semanas recientes el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el reporte insignia “Mejor gasto para mejores vidas”. En dicho informe, se reporta que la ineficiencia del gasto público en Bolivia alcanzaría al 6,3% del PIB, el tercer más alto de los países considerados y por encima de Latinoamérica (4,4%).
El informe señala que el gasto público tiene filtraciones en los ámbitos de transferencias como de compras públicas principalmente. Por tanto, el informe sugiere que los países latinoamericanos, en especial los de gasto más ineficiente como Bolivia, deben apuntar a tener programas más eficientes de gasto e inversión estatal.
Bolivia se ha caracterizado por un aumento sustancial de la participación del sector público en la economía desde 2006, la cual se inició con la tercera nacionalización del sector hidrocarburos y continuó con otros sectores privatizados en la década de los años noventa. Desafortunadamente, el aumento de la participación estatal ha sido acompañado por mayor ineficiencia, como se infiere del reporte del BID.
Consideramos que este criterio debe ser también aplicado a las políticas públicas en general, puesto que deben centrarse en generar las condiciones para mayor crecimiento, inversión y empleo, en un marco estratégico de integración externa.
Por ejemplo, en el ámbito interno las condiciones del mercado laboral continúan siendo desfavorables para la creación de empleo digno. De hecho, Bolivia tiene el tercer salario más alto en relación con la productividad laboral según un estudio previo también del BID.
Una política desacertada que agrava esta situación es la aplicación de un bono adicional conocido como Segundo Aguinaldo, en virtud de que la economía creció más de 4,5%, lo cual gatilla el pago de este beneficio.
Tal como expusimos en una edición previa, esta medida es desacertada porque no toma en cuenta la diversidad sectorial de las empresas, relaciona erróneamente una variable nominal (remuneraciones) con una real (crecimiento de la producción), crea tensiones en el flujo de caja de varias empresas.
Consideramos que tal política, ya confirmada por el presidente Morales, tendrá efectos negativos en el mercado laboral, por cuanto significará el aumento del costo laboral en más de 8%, dará las señales para que la informalidad laboral siga siendo alta (alrededor de 70%), implicará mayor vulnerabilidad al sector público puesto que su erogación implicará casi un punto porcentual del PIB, cuando el déficit presupuestado está en 8,3% del PIB.
En el ámbito externo, las políticas deben replantearse. Después de un fallo negativo en la Haya respecto al diálogo con Chile para el acceso con soberanía al Océano Pacífico, la política pública debe ser lo suficientemente pragmática como para generar ganancias del comercio exterior, pero apegada a los valores como para crear los consensos adecuados en la sociedad.
En ese sentido, se deben ver vía alternativas de integración marítima por el Atlántico y también el Pacífico, siempre que éstas puedan resultar en ganancias de competitividad respecto a las vías tradicionales por Chile.
