Author: Ignacio Ruiz

El 2020 sin dudas será un año que quedará marcado a fuego en la historia y no precisamente por aspectos positivos. En el transcurso de estos ocho meses, los índices de actividad económica se destruyeron, los salarios llegaron a caer incluso en términos nominales (hecho que no ocurría hace casi 20 años), y los puestos de trabajo sufrieron una merma sin precedentes. En este contexto,
analizaremos cuántos trabajadores formales lograron no solamente “sobrevivir”, sino que incluso alcanzaron aumentos suficientes como para poder sobrellevar esta crisis.

Dentro del proceso paritario 2020, se puede destacar que hubo relativa continuidad en las actividades menos afectadas por el “parate” económico que significó la pandemia, permitiendo que algunas negociaciones salariales se puedan llevar adelante. Hasta el inicio del mes de agosto, ya se habían firmado 23 acuerdos salariales sectoriales que establecieron aumentos para un millón de asalariados privados en relación de dependencia, según un informe del ministerio de Trabajo de la Nación. Esta cifra alcanza aproximadamente al 19% de los trabajadores formales del sector privado del país.

El criterio principal utilizado para otorgar los aumentos consistió en establecer porcentajes de incrementos sobre la base de los salarios básicos definidos en el convenio colectivo respectivo (el 78% del total). Las restantes paritarias acordaron el pago de sumas fijas durante algunos meses del año, con incidencia porcentual dispar sobre las distintas categorías profesionales contempladas en el convenio colectivo. En general, los acuerdos se ubicaron entre el 23 y 30%, mostrando una fuerte desaceleración con respecto a los incrementos acordados en años anteriores.

En lo que respecta al plazo, el 57% de las paritarias acordó una vigencia entre 4 y 7 meses, luego de los cuales las partes definieron que volverán a reunirse para analizar la situación salarial de los trabajadores. Por el contrario, se destaca que, incluso en este contexto, un 43% de los acuerdos salariales pactados establecieron una vigencia anual para los niveles salariales, con la aplicación de los mecanismos de revisión que se hacen efectivos antes de finalizar el año o a comienzos del próximo. En este último grupo se encuentran los convenios de elevada cobertura, como Transporte de carga, Bancarios, Químicos, Carne y Encargados de edificio.

Uno de los contenidos incluidos en todas las paritarias anuales es la cláusula de revisión que contempla la posibilidad de reabrir la discusión en caso de que la inflación exceda los aumentos pactados. En las actividades donde se registran los menores porcentajes de incremento salarial durante el período calendario, se incluyen cláusulas de revisión antes de finalizar el año (bancarios, aceiteros, encargados de edificios); mientras que aquellos con mayores aumentos en el año calendario (Camioneros) revisará la paritaria recién en febrero del año próximo.

El inicio del debate de la reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso, ya demostró que la discusión sobre la iniciativa va a transcurrir, más que sobre el propio texto del proyecto, sobre las verdaderas intenciones que el Ejecutivo persigue con el proyecto. En un contexto donde la pandemia y la crisis económica concentran la atención de la opinión pública, la urgencia del oficialismo para aprobar el proyecto invitan a pensar cuáles son las verdaderas intenciones del mismo.

La iniciativa tiene tres ejes centrales que aparecen bien diferenciados en los primeros títulos del articulado: la reestructuración del Fuero Penal Federal, la reorganización de los Fueros Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y la Creación de Juzgados Federales en el interior del país (se estarían creando 94 juzgados federales en el interior).

Si bien se descuenta que el trámite en el Senado no ofrecerá mayores complicaciones, el verdadero desafío del proyecto estará en la Cámara baja donde en principio no estarían los votos para aprobarla.

El primer obstáculo que deberá atravesar el oficialismo es el de resolver la
prórroga del acuerdo para el funcionamiento “telemático” de la Cámara de Diputados (con asistencia presencial y virtual) que se encuentra vencido. En principio, habría voluntad de prorrogar el plazo, pero Juntos por el Cambio pide que sean proyectos que tengan consenso de todos los bloques. Si bien, le va a resultar difícil a la oposición sostener el bloqueo por mucho tiempo, la ausencia de consenso para la prórroga pudiera ser un elemento para retrasar el tratamiento de la Reforma Judicial, una vez que el Senado la sancione.

Hecha esta aclaración, la principal dificultad para el oficialismo es no contar con los votos necesarios para la aprobación. Ir a votar una reforma de estas características sería de mucho riesgo y costo político en estas condiciones, por lo que el gobierno deberá conseguir algún tipo de acuerdo de alguno de los diputados que integran el Interbloque Federal, habitualmente más referenciado exclusivamente a la figura de Roberto Lavagna.

Sin embargo, como los diputados cercanos a esta figura ya manifestaron que no apoyarán la ley si no tiene consensos, la atención se volcó a los 4 diputados que responden al Gobernador Juan Schiaretti, no tanto por la voluntad de ellos -ya anticiparon que no están dispuestos a acompañar la iniciativa-, sino por que las necesidades de Schiaretti que pudieran ser atendidas por el Gobierno nacional (el déficit provincial o el de la caja previsional de Córdoba), se conviertan en motivos para cambiar esa posición y acompañar la reforma. En principio, el alto costo político por el rechazo que esta iniciativa genera en la opinión pública cordobesa, hace pensar que no habrá acompañamiento del mandatario cordobés.

Así, el oficialismo tiene cada vez menos margen para conseguir entre los bloques opositores los 11 votos que le faltan para sancionar la reforma.

Como le sucediera a Mauricio Macri en agosto de 2016, el desempeño del Gobierno de Alberto Fernández registra en agosto de 2020 su primer diferencial negativo, con una valoración positiva de 42,1% y una valoración negativa de 44,3%. El diferencial negativo se produce por un incremento de la valoración negativa de +3 p.p., en un contexto donde la valoración positiva registró una ligera caída de -0,2 p.p.

Esto se da en consonancia al incremento en la brecha entre las preocupaciones económicas y sanitarias. Pese a que la pandemia en Argentina no deja de superar día a día los peores registros de muertes y cantidad de contagiados, la situación económica, agravada por las consecuencias de la pandemia y de la cuarentena, genera mayor preocupación en la opinión pública.

En agosto, el 57,8% de los encuestados que señala que le preocupa más su situación económica que el coronavirus, mientras que la proporción que señalan que les preocupa más el coronavirus cae al nivel más bajo desde que se inició la crisis a fines de marzo de este año. Al mismo tiempo, el nivel de aprobación de la respuesta del Gobierno frente a la pandemia continúa
bajando y llega en agosto a 40,8%, el nivel más bajo de aprobación.

Por otro lado, en un contexto donde la Corrupción vuelve a liderar el ranking de preocupaciones con un 28% de menciones, el dato destacado de agosto es el fuerte incremento de la preocupación por la inseguridad. Luego de que las preocupaciones ciudadanas experimentaran un movimiento sumamente volátil en los últimos 5 meses debido a la incertidumbre generada por el efecto de la pandemia y la cuarentena, la inseguridad registró un fuerte aumento alcanzando el 20% de menciones este mes, cuando dicha preocupación se encontraba apenas en 4% en junio pasado.

Las preocupaciones también ofrecieron novedades relevantes en el mes de agosto. La preocupación por la inflación, por ejemplo, -que supo ser la máxima inquietud ciudadana en la última etapa del Gobierno de Macri-, se encuentra en niveles no observados en los últimos 4 años, mientras que la preocupación por el desempleo sufrió una abrupta caída este mes, quizás desplazada por la preocupación por la inseguridad en los centros urbanos. Finalmente, la preocupación por la corrupción consolida un incremento promedio
superior a 5 puntos porcentuales en este 2020, en relación a lo observado en los últimos 4 años.

Gobernar puede ser un costo político en sí mismo, especialmente cuando se lo hace en condiciones económicas desfavorables. Esto lo puede confirmar Alberto Fernández que tras el favorable impacto que recibió su imagen ante la emergencia de la pandemia del Covid-19, ha venido sufriendo un continuo desgaste de la misma y finalmente alcanzó terreno negativo, según nuestro último estudio.

Resta saber si la repercusión favorable que recogió el acuerdo con privados para reestructurar los compromisos de deuda produce alguna recuperación en términos de imagen. Pero más allá de esto, queda claro que la ausencia de respuestas del Gobierno a las demandas recogidas en la elección presidencial, irán socavando su popularidad, sobre todo en un contexto donde la pandemia vuelve más urgente las necesidades económicas.

Un ejemplo claro de ello se puede observar en una porción interesante de la muestra de nuestro último estudio. Particularmente, el 13% de encuestados que nos dicen que votaron por Fernández en las elecciones del año pasado pero que tienen una imagen negativa de él. En este grupo de encuestados, al que podríamos llamar los “desilusionados”, el 91,3% señalan que les preocupa más su situación económica personal que el coronavirus, el 92,8% cree que la situación económica del país estará peor en un año y el 91,2% cree que su propia situación económica personal empeorará en un año. Como consecuencia de todo esto, el 75,4% de ellos dice que si hoy fueran las elecciones legislativas, votaría por otra fuerza política y no por el Frente de Todos.

En definitiva, esta evidencia resalta el componente económico del desafío que enfrenta Alberto Fernández para conservar los apoyos obtenidos en 2019. Esto no desentona con la idea que venimos sosteniendo: el principal mandato recogido por el Frente de Todos es el económico, y será el incumplimiento de ese mandato la principal fuente para la desilusión.

En este contexto, y considerando que en un año el oficialismo revalidará los votos obtenidos en la elección presidencial, nuestras primeras proximaciones sugieren que el Frente de Todos conserva un 36,8% de intención de voto. Si sumamos un 20% de los indecisos, el Gobierno podría rozar un nivel de apoyo electoral del 40%, un número que no es malo, contemplando que en más de 9 meses de mandato no se ha logrado poner en marcha la economía.

Sin embargo, más allá de conservar o no el caudal electoral, la clave para el oficialismo pasará por lograr una renovación de bancas para la Cámara de Diputados que permita extender la mayoría más allá de las 129 bancas
necesarias para tener el quórum, la llave para hacer funcionar y sancionar las leyes necesarias.

De todas formas, también vale destacar que obtener un resultado similar al de 2019 también es un desafío en sí mismo, ya que en elecciones legislativas los oficialismos tienden a obtener resultados más bajos que los obtenidos en elecciones ejecutivas. Eso sucede por dos motivos: 1) en las elecciones legislativas en presidencialismos se tiende a plebicitar las gestiones de gobierno y siempre es difícil dejar contentos a todos; 2) en elecciones legislativas se registra un nivel de fragmentación electoral mayor ya que desaparece el premio indivisible (la Presidencia), y aparecen incentivos individuales (lograr una banca, lo que en distritos grandes se puede lograr con un porcentaje bajo) que alientan una mayor fragmentación oferta electoral.

Tan fuerte es este fenómeno que aún hoy sigue siendo la elección de Alfonsín en 1985 la mejor elección legislativa de un oficialismo desde el retorno a la democracia a la actualidad.

En parte como consecuencia de una mirada crítica de la respuesta del gobierno frente al impacto económico de la pandemia, pero también por la falta de interacción entre ellos, la relación entre las autoridades de la CGT y el Gobierno no atraviesa su mejor momento. Han sido reiterados los intentos de los dirigentes sindicales de interactuar con el Gobierno para enfrentar el desafío, primero impulsando un Comité de Crisis que no terminó de funcionar con frecuencia, y luego con la idea de conformar un “Comité Post-Pandemia” que tampoco termina de tomar forma. De hecho, tampoco han podido interactuar con el gabinete socioeconómico que lidera Cafiero todos los miércoles con funcionarios de las áreas económicas.

Esta falta de interacción se da en un contexto económico muy delicado para la dirigencia sindical, con destrucción de empleo (en marzo y abril se perdieron más de 270.000 empleos registrados) y la prórroga del acuerdo UIA-CGT por suspensiones como resultado de la finalización de la vigencia del último plazo establecido por la primera renovación del acuerdo por la aplicación de suspensiones, y de la prolongación de las medidas de asilamiento producto de la persistencia de la amenaza de la pandemia. Además, esto ocurre con una contracción en la evolución del índice del salarios, producto de suspensiones y descuentos, que provocaron, por primera vez en mucho tiempo, que el índice de salarios en el sector privado registrado refleje una variación mensual negativa (-0,2% en abril respecto a marzo).

En definitiva, los grandes gremios, con la mayoría de sus acuerdos paritarios anteriores vencidos, se encontraron durante los últimos meses en la difícil situación de no poder incorporar aumentos paritarios y, en algunos casos, acordar suspensiones laborales y rebajas salariales temporales. Recién en el corriente mes los bancarios pudieron romper con esa dinámica y firmaron su paritaria anual -como suelen hacer en ese gremio- por un aumento total del 26%. Esperamos que con el correr del mes de agosto, el resto de los grandes gremios comiencen a firmar sus acuerdos paritarios, y en su mayoría, a diferencia de los bancarios, lo hagan de manera trimestral y/o con cláusulas de revisión en el corto plazo.

El impacto económico de la pandemia tiene un capítulo especial y preocupante en la caída de la recaudación producto de la situación que atraviesan la mayoría de los contribuyentes. Para poder mitigar el daño producido en la caída de lo recaudado, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para implementar una moratoria que lleve alivio a los contribuyentes, pero también que mejore las perspectivas de recaudación del Estado y mitigar así el impacto fiscal de la crisis.

Según han sostenido desde el oficialismo, el proyecto persigue 2 objetivos complementarios. Por un lado, facilitar el ingreso de quienes han quedado afuera por distintas situaciones del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras y al mismo tiempo, generar un incremento significativo de la recaudación, que ha caído de manera notable. Se estima que alcanzará a una deuda total de ARS 534.000 millones.

Entre las principales características se encuentra la ampliación del universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas (vencidas hasta el 30 de junio de 2020) los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Por otro lado, las obligaciones tributaras y aduaneras adeudadas podrán regularizarse entre 96 y 120 cuotas, mientras que las obligaciones  correspondientes a la seguridad social tendrán plazos más acotados: hasta 48 o 60 cuotas. Solamente establece condiciones para las empresas de mayor tamaño: durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

En lo que respecta a los beneficios, se plantea la condonación parcial de intereses y total de multas, tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y una tasa variable en pesos a partir de entonces. Además, se permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (solo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

Si bien la iniciativa en términos generales fue bien acogida por la oposición, algunos aspectos de los alcances del proyecto encendieron alarmas y sospechas sobre alguno de los objetivos accesorios de la medida, como la posibilidad de contemplar empresas que ya estaban atravesando un proceso de quiebra y cuya continuidad no está asegurada.

Esto se entiende como un “traje a medida” para rescatar a la empresa del empresario Cristóbal López, Oil Combustibles, por lo que la oposición pide excluir a los quebrados por razones previas a la existencia del fenómeno sanitario y a las quiebras fraudulentas ya que pueden sentar un precedente peligroso. Asimismo, se busca excluir del beneficio a algunas personas jurídicas como a aquellas dedicadas a los juegos de azar y a las apuestas online.

Los reclamos opositores también establecen otorgar incentivos a cumplidores y además se solicita evaluar adicionalmente una reforma a la ley de quiebras que contemple esta situación extraordinaria y evite los procesos de quiebra masivos que podrían venir en los próximos meses.