La crisis reclama mayor centralidad en la conducción

La caída en la imagen de Alberto Fernández sigue sin encontrar su piso. Una crisis sanitaria que no se detiene y cuyo final sigue lejos de estar despejado, con una dinámica de contagios y muertes por covid-19 que no para de crecer, y con una crisis económica que empieza a mostrar que hay otros problemas por resolver más allá de los propios que plantea la pandemia. La pregunta que se vuelve cada vez más evidente es si, más allá de los errores en las decisiones, no hay aspectos más estructurales del proceso político están contribuyendo a la crisis económica.

Dicho de otro modo, se puede estar cometiendo errores de política económica porque está tomando malas decisiones o porque determinadas circunstancias están llevando a cometer errores de política económica. Es allí donde se plantea si esas circunstancias no están relacionadas a las condiciones estructurales del proceso político y del tipo de liderazgo que ellas generan.

 

Es sabido que, en tiempos de turbulencia, la cadena de mando necesita ser eficiente en el proceso de toma de decisiones (tomar decisiones rápido), y debe minimizar la pérdida de tiempo y esfuerzos en la búsqueda de mejores consensos entre los que participan, de algún modo, de la decisión. Esa mayor centralización del proceso de toma de decisión pareciera estar siendo necesaria en un contexto de alta incertidumbre y de expectativas desalineadas de los agentes económicos.

¿Hay aspectos estructurales del actual proceso político que condicionan la posibilidad de que emerja ese tipo de liderazgo? Parece que sí. Al revisar el proceso de conformación de la actual coalición de gobierno, el esfuerzo para que el frente sea de todos pone a Alberto Fernández con la necesidad de respetar a todas las partes, condicionando la posibilidad que haya una conducción más centralizada (y coherente) del proceso de toma de decisiones.

Más aún, las características personales de Alberto Fernández lo han llevado a ser un dirigente dedicado a la búsqueda de consensos. Esto puede no ayudar en estas circunstancias, donde no hay ni tiempo, ni margen para ceder a la hora de lograr apoyos para ganar confianza y certidumbre en relación con el rumbo que se define para las políticas del Gobierno.

Si se observa lo sucedido a lo largo de estos 10 meses de gestión, Alberto Fernández está más decidido a arbitrar entre los diferentes intereses y las diferentes posiciones de la heterogénea coalición de gobierno, que en imponer su propia visión del rumbo del Gobierno. Esto se vuelve relevante porque la Coalición está integrada por un espacio más ascendente como el kirchnerismo, y por otros espacios menos ascendentes como el que representan los Gobernadores y los dirigentes que integraron el peronismo no kirchrnerista. Como consecuencia de esa metodología para liderar, se tiene como resultado un marcado sesgo kirchnerista en la orientación de las decisiones de Gobierno.

De este modo, con un árbitro que administra las diferencias más que conducirlas, el resultado de las decisiones de política pública estará muy condicionado por la necesidad de lograr los equilibrios internos necesarios para que la decisión sea aceptada por todos. Esto le otorga al sector más poderoso de la coalición de gobierno, una incidencia notoria en la orientación de las decisiones.

Se interrumpió la recuperación del salario real

¿Qué sabemos de los salarios hasta el momento?

Los bruscos saltos del tipo de cambio oficial entre 2018 y 2019 aceleró la inflación que, como no fue anticipada, ocasionó un deterioro del salario real del 14% en relación al promedio de 2017. El cambio de gobierno y la necesidad de cumplir con una de las promesas de campaña trajo una parcial recuperación del poder adquisitivo en el primer trimestre de este año-especialmente de los trabajadores de menores ingresos- gracias, fundamentalmente, al denominado “incremento solidario”. Así, hasta marzo el salario formal había crecido más de 5% en términos reales.

Sin embargo, la irrupción de la pandemia y el establecimiento de la cuarentena postergó las negociaciones paritarias del año, por lo que esta mejora se fue erosionando lentamente. De hecho, durante el segundo trimestre el incremento acumulado de los salarios registrados fue de sólo 0,5%. Este fenómeno conjugó, por un lado, la imposibilidad de operar en muchos sectores productivos, que fue acompañado del cobro del 70% del salario por parte de los trabajadores suspendidos, y por otro, la decisión de priorizar la protección del empleo -al menos en la rama formal de la economía- con la extensión de la doble indemnización y el pago de parte del salario por parte de estado (a través del ATP).

La lenta salida de la cuarentena y la paulatina puesta en marcha de la economía permitió una reactivación de las negociaciones paritarias en el tercer trimestre. Los primeros en acordar fueron los sectores considerados esenciales (camioneros, sanidad, bancarios, seguridad privada), a quienes siguieron sindicatos que aglutinan a trabajadores de comercio, y metalúrgicos, entre otros. Sin embargo, vale destacar que en estos últimos los aumentos tomaron forma de pagos de suma fija hasta fin de año o primer trimestre del año que viene. A diferencia de lo ocurrido a comienzos del año, esto parece responder más a las dificultades que están pasando las empresas que a un criterio redistributivo.

 

En consecuencia, los salarios formales habrían terminado el tercer trimestre con un incremento acumulado de casi 21%, prácticamente empatando en la carrera nominal a los precios (en torno a 22%). ¿Se despegarán en la recta final del año? ¿Qué pasará con el empleo y las remuneraciones de los trabajadores informales y cuentapropistas? ¿Cuál será el impacto de la dinámica de los ingresos laborales sobre el consumo?

El salario real en el último trimestre

Como resultado de una recomposición adicional en sectores que todavía operan con restricciones (como la construcción o la gastronomía), las negociaciones en curso con estatales, y el pleno percibimiento de los salarios por parte de los trabajadores suspendidos (lo cual mejora el ingreso percibido), el salario real formal no sufriría un significativo deterioro en la última parte del año. Esto no será suficiente para revertir la dinámica de los últimos años y, en promedio, exhibirá un retroceso cercano a 3%.

Sin embargo, para que esto suceda la inflación promedio mensual del último cuarto del año no deberá superar 4%. Producto del descongelamiento de precios cuidados y combustibles, la mayor circulación tras el relajamiento de la cuarentena y la cada vez más relevante brecha cambiaria, acelerarán la inflación. Sin embargo, la inflación no superaría dicho umbral (4% mensual), salvo que se materialice un evento disruptivo en el mercado cambiario, erosionando aún más el poder adquisitivo del salario en 2020.

Perspectivas del ingreso laboral y el consumo

De todas formas, la caída del salario real de 2020 no será tan pronunciada como en los dos años previos, aunque la misma se da en un contexto de fuerte contracción del empleo, algo que no había sucedido en los 2018-2019. Esta dinámica es producto de la cuarentena que imposibilitó de trabajar a muchas personas y que en el momento de mayores restricciones provocó una destrucción de superior al 40% i.a. en la ocupación informal y cercana 30% i.a. en cuentapropistas.

Por lo tanto, este año el deterioro de la masa salarial real será impulsado por la pérdida de puestos de trabajo (cantidades) y en menor medida por la caída del salario real (precios). En este sentido, consideramos que este cambio de drivers afecta en forma heterogénea a los hogares, principalmente aquellos en que uno o más de sus miembros perdieron el empleo.

Hacia el futuro hay dos grandes incógnitas sobre la recuperación de los ingresos laborales de las familias. La primera tiene que ver con la carrera precios-salarios en un año electoral y con una fuerte inflación “reprimida” y la segunda a qué velocidad se recuperarán los puestos de trabajos de cerca de 3 millones de personas, principalmente informales y cuentapropistas.

Con la incertidumbre sobre estas variables, la evolución del consumo el próximo año también dependerá de la vigencia de planes oficiales de financiamiento, así como de la extensión de una política de ingresos para los sectores más postergados, considerando que la recuperación del mercado de trabajo será lenta.

La mejora en la recaudación también mira el frente cambiario

Recuperación en términos reales

Durante septiembre la recaudación alcanzó ARS 606.000 millones y creció 43,7% i.a., acumulando un avance de casi 30% i.a. en el año. De este modo, logró ganarle a la inflación en la comparación interanual por primera vez en el año, anotando un avance de 5% i.a. en términos reales.

Esta mejora fue generalizada en todos los tributos, pero se mantiene la tendencia de los últimos meses, en la que los ingresos son traccionados por los aquellos impuestos que no están directamente vinculados a la actividad económica, como Ganancias, Bienes personales y el impuesto PAIS que representaron más de un cuarto de la recaudación del mes. Por otro lado, vale decir que hay un efecto de base de comparación: septiembre de 2019 fue un mes malo para la recaudación, que sufrió la caída del consumo, actividad, así como exenciones impositivas en alimentos básicos tras el salto cambiario que siguió a las PASO. En otro orden, la instalación de nuevos tributos -PAIS-, así como el endurecimiento de otros -retenciones, bienes personales-, complican un poco la comparación interanual.

¿Qué debería pasar para que el déficit trepara a 8% del PBI este año?

Este dato llevará al déficit primario del mes de septiembre a la zona de ARS 120.000 millones, acumulando ARS 1.250.000 millones en los primeros nueve meses del año (casi 5% del PBI). Esto implica que el déficit del último trimestre del año debería ser de casi ARS 900.000 para que el resultado primario superase 8% del PBI, tal como prevé el gobierno en el presupuesto enviado al Congreso hace unas semanas.

Por lo tanto, este número se corresponderá a un fuerte aumento del gasto en el cierre del 2020 o una recuperación prácticamente nula de la actividad, que deprimiría todavía más los ingresos fiscales. Si nos inclináramos por la primera alternativa, el déficit del último trimestre debería ser equivalente al acumulado entre abril y julio, los peores meses de la actividad tras la imposición de la cuarentena. La situación sanitaria está lejos de ser superada en todo el territorio pero lo peor, en términos económicos, ya parece haber pasado. En consecuencia, es difícil pensar en un escenario disruptivo -desde el punto de vista de la pandemia- entre octubre y diciembre que equipare las condiciones fiscales del período abril-julio. Así, prevemos que el déficit primario estará más cerca de 7% que de 8% del PBI en 2020. Aunque esta proyección es más optimista que la del Presupuesto, no deja de ser un número muy abultado y récord.

Sin embargo, no es difícil pensar en un escenario complejo desde el lado económico. La presión sobre el tipo de cambio es cada vez mayor y las medidas tomadas por el gobierno son consideradas como accesorias, que solo buscan retrasar un inevitable salto del tipo de cambio. Independientemente de la racionalidad económica de un evento de este tipo, no es un escenario a descartar en el corto plazo. Como resultado, un nuevo esquema cambiario (desdoblamiento, devaluación seguida de una mayor flotación, etc) podría golpear nuevamente la economía en el cierre del año, minando la recaudación y demorando la retirada del “paquete-COVID”, incrementando así el déficit primario a la zona del 8%, casualmente -o no- en línea con lo presupuestado.

La pobreza superó 45% en el segundo trimestre del año

¿Cuántos pobres hay en Argentina?

El INDEC informó que la tasa de pobreza alcanzó a 40,9% de las personas en el primer semestre de 2020 (+5,5 p.p. en relación a la primera mitad de 2019), afectando a 11,7 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos. Por su parte, el deterioro en la tasa de indigencia no se quedó atrás: se ubicó en 10,5% en la primera mitad del año (+2,8 p.p. respecto al primer semestre de 2019) representando a 3 millones de personas.

Si extrapolamos estos datos a la población total, la pobreza habría alcanzado a más de 18 millones de personas en la primera mitad de este año, de los cuales cerca de 4,5 millones son indigentes. En consecuencia, durante el primer semestre de 2020 hubo 2,6 millones de pobres más -y 1,3 millones de indigentes más- que en igual período de 2019.

Por otro lado, el informe señala que el 56,3% de los menores de 14 años son pobres y que incluso más de la mitad de los menores de 30 años se encuentran en la misma situación. Asimismo, cerca del 15% de la población en este rango etario se encuentra en la indigencia.

¿Cómo influyó la cuarentena en el aumento de la pobreza?

Al comparar con el primer semestre del año pasado, hallamos distintos potenciales factores detrás del incremento de la pobreza. Por caso, el salto cambiario tras las PASO, seguido de una elevada incertidumbre que impactó en toda la sociedad, parcialmente compensado con una política de ingresos (refuerzos de AUH, mayores aumentos para las jubilaciones mínimas e IFE).

Sin embargo, estimando que la pobreza se habría ubicado en la zona de 34,5% en el primer trimestre de este año, apenas 0,5 p.p. por encima de igual período de 2019, podemos asumir que, el deterioro de los indicadores sociales reflejan plenamente el impacto de la pandemia/cuarentena. La imposibilidad de trabajar impactó en mayor medida sobre los ingresos laborales de las familias de menores recursos, que sólo vieron parcialmente compensado la pérdida de recursos por el pago de un IFE. En consecuencia, la tasa de pobreza habría superado 47% en el segundo trimestre de 2020.

Así, entre 5 y 6 millones de personas habrían pasado a ubicarse por debajo de la línea de pobreza durante el aislamiento obligatorio. Si bien esta comparación no es del todo correcta por tratarse de trimestres contiguos, la comparación en relación al segundo trimestre de 2019 arroja un incremento de más de 4 millones de personas en situación de pobreza, por lo que el deterioro social es inequívoco.

¿Se podrá revertir rápido esta dinámica?

El relajamiento de jure y de facto de la cuarentena permitirá que más personas vuelvan a su fuente laboral, recomponiendo sus ingresos para hacer frente a la aceleración de la inflación. Asimismo, la continuidad del IFE posibilitará a más familias salir de la pobreza en tanto sus miembros vuelvan a ocuparse (aunque sea bajo la informalidad o como cuentapropistas).

Sin embargo, la reversión no será total. El rebote de la economía luego del piso de abril parece haberse diluido, la situación sanitaria está lejos de ser controlada (especialmente en el interior del país) y el creciente riesgo cambiario jaquea la recuperación de la economía.

Esta dinámica da lugar a varios interrogantes ¿cuánto tardaremos en volver -a los elevados- niveles de pobreza pre-Covid-19? ¿podremos evitar una crisis cambiaria que llevaría los indicadores socio-económicos a los niveles de 2002? y ¿Cuándo lograremos bajar sostenidamente la pobreza a un dígito y erradicar la indigencia?

Cerramos con este fragmento vigente de Ortega y Gasset pronunciado hace más de 80 años: ¡Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas, directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos de lo personal.

 

La tensión entre gobierno y sindicatos crece con la pérdida de empleo

Es un momento complejo para la economía y mucho menos para el empleo que, como consecuencia de la caída en la actividad, sufrió las secuelas con una destrucción de 400.000 puestos de trabajo registrados a junio de este año según las cifras más confiables del Sistema Integrado Previsional Argentino. En este contexto, el Gobierno viene tomando medidas para proteger el empleo como la persistente prohibición de despidos que se viene sosteniendo desde el 31 de marzo pasado y que se acaba de prorrogar hasta fines de noviembre, así como la prórroga que en junio se hizo, por 6 meses, de la vigencia de la doble indemnización para los despidos sin justa causa.

Esta situación complica aún más la relación entre el Gobierno y el universo sindical, especialmente con el conglomerado de sindicatos nucleados en la CGT que han venido reclamando, sin demasiado éxito, una mayor participación en la discusión de las políticas y medidas orientadas a mitigar los efectos de la pandemia y a vigorizar la recuperación pospandemia. La ausencia de protagonismo de los dirigentes sindicales en el diseño de las políticas, incluso la ausencia de instancias de diálogo más institucionalizadas como el cada vez más lejano Consejo Económico y Social, le agregan a la conducción de la CGT dificultades para legitimar el apoyo sin fisuras que aún la Central sostiene con el actual proceso político. Este apoyo sin fisuras se ha manifestado en diferentes ocasiones y se ratificará con el acto que la CGT está organizando para el 17 de octubre, donde se propondrá que el presidente asuma la jefatura política del PJ, a modo de encumbrar su liderazgo al frente de una coalición que se muestra multiforme y con terminales de poder descentralizadas.

Paradójicamente, esta mayor tensión redujo, a través de la situación sanitaria extraordinaria, la conflictividad laboral. En un contexto de profunda crisis, esta se ubicó en el nivel más bajo en 10 años durante el primer semestre de 2020, tanto en el Sector Público como en el Sector Privado. Este fenómeno no solo se observa contabilizando los conflictos que finalizaron con medidas de fuerza, sino que se observa aún con mayor nitidez si se contabilizan la cantidad de huelguistas que, tanto en el sector público como en el privado, estuvieron efectuando este tipo de medidas.

La fuerte caída en la conflictividad sindical en el sector público no solo estuvo cruzada por la realidad de la pandemia. El cambio de Gobierno, y la llegada al poder de una Coalición que tiene entre sus filas de apoyo a los principales gremios estatales (tanto en los niveles nacional como provinciales) explica en gran parte esa caída. Esta particularidad política, explica también, en contraste, la alta conflictividad sindical registrada en este sector durante los años de gestión de Cambiemos.

Mucha liquidez, mucho cepo, muchos riesgos

En 2019, el resultado fiscal primario del Tesoro Nacional estuvo cerca del equilibrio, reduciendo al mínimo la asistencia del Banco Central. Más aún, por la meta de “emisión cero” acordada con el FMI a fines de 2018, la economía presentaba niveles muy bajos de monetización: la relación entre la base monetaria y el PBI terminó el año pasado en 6,2%, 2 p.p. por debajo del año anterior.

Para 2020, el gobierno se proponía continuar con esta tendencia: controlar la liquidez permitiría controlar (parte de) la demanda de divisas, calmando las tensiones cambiarias e inflacionarias. Sin embargo, la pandemia trastocó todos los objetivos de política económica y el déficit fiscal se disparó, producto del desplome de los ingresos por el derrumbe de la actividad y de la expansión del gasto para atenuar los perjuicios de la pandemia/cuarentena.

Como resultado, la asistencia del BCRA al Tesoro alcanzó niveles récord (ARS 1,6 billones, 6,3% del PBI) y, a pesar de una fuerte esterilización vía LELIQs y pases (ARS -0,9 billones, -3,4% del PBI), la base monetaria cerraría el año cerca del 10% del PBI, en línea con los máximos de 2012-2015. En este contexto de fuerte aversión al ahorro en pesos, su exceso de oferta se trasladó al dólar paralelo primero, aumentando las expectativas de devaluación y acelerando las presiones sobre el dólar oficial después.

Hasta hace unas semanas, el equipo económico apostaba a reestructurar la deuda y, de esta forma, calmar las tensiones. Lamentablemente, esto no pasó: aunque el acuerdo con los acreedores privados efectivamente trajo un alivio a nivel macroeconómico de mediano plazo, no logró apaciguar el apetito dolarizador. Por el contrario, motivado por la sangría continua de Reservas (las netas perforaron los USD 7.500 millones y las líquidas se acercan peligrosamente a USD 1.000 millones), el Banco Central decidió reforzar el cepo, complicando aún más el normal funcionamiento de la actividad.

Hacia adelante, tiene sentido preguntarse qué sucederá con el rojo fiscal y cuál será su fuente de financiamiento: entre ambas variables, determinarán qué pasará con los pesos y, en consecuencia, qué nivel alcanzarán las presiones cambiarias. Siguiendo al proyecto de Presupuesto 2021, se observa que el Ministerio de Economía prevé déficit primario de 4,5% del PBI para el año próximo, en una economía que recuperaría parte del terreno perdido (+5,5% de crecimiento) y bajaría la inflación (desde 32% este año a 29% en el año electoral).

Más allá de la dosis de realismo que tengan dichas proyecciones -importante en materia de actividad, demasiado ambiciosa en materia de inflación– son el punto de partida para pensar la dinámica fiscal y monetaria del 2021. No obstante, para determinar la asistencia de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional, es necesario trabajar con distintos supuestos de rollover de los servicios de la deuda (capital e intereses) del sector público.

Gracias a la exitosa reestructuración de los bonos soberanos en moneda dura, los vencimientos con privados son prácticamente nulos el año que viene. Asimismo, si se lograra extender la devolución del préstamo del FMI y el Club de París, no habría desembolsos netos con organismos financieros internacionales. De esta forma, se alcanzaría un refinanciamiento del total de los servicios en divisas, de modo que no sería necesaria la asistencia del Banco Central al Tesoro en moneda extranjera (Letras intransferible a cambio de Reservas para pagar deuda) en 2021.

En cuanto a los servicios de la deuda pública en pesos, elaboraremos tres escenarios El primero es conservador, ya que supone que en 2021 se alcanza un rollover de sólo el 100% (similar al de este año, afectado por el antecedente del reperfilamiento de abril). El segundo asume un 110% de refinanciamiento y, el tercero, 120%. El escenario intermedio parece el más probable, pero no es posible descartar los extremos.

Bajo un rollover del 120% de los servicios de la deuda en pesos en 2021, las colocaciones netas del Tesoro alcanzarían cerca de 1,4% del PBI (ARS 508.000 millones, según nuestras estimaciones), relajando la asistencia del Banco Central, ya que restaría cubrir un bache fiscal (déficit primario menos colocaciones netas) de 3% del PBI. En este caso, el BCRA tendría que girar el año que viene al Tesoro (vía adelantos transitorios y utilidades) casi ARS 1.080.000 millones, que representan alrededor del 40% de la base monetaria que estimamos para el cierre de 2020.

Si asumimos que en un año electoral el Banco Central no “quiere” que la base monetaria trepe más que la inflación, tendría -ceteris paribus- que esterilizar vía LELIQs y pses “solo” ARS 210.000 millones (casi 20% de la asistencia) dejando el stock de los instrumentos de esterilización en niveles estables (debajo del 10% del PBI).

Ahora bien, si el rollover fuera de 110% de los servicios en pesos del Tesoro, las colocaciones netas alcanzarían ARS 254.000 millones (0,7% del PBI), por lo que el BCRA tendría que girar el año que viene ARS 1.333.000 millones (3,8% del PBI) al Tesoro, equivalentes al 45% de la base monetaria del cierre de 2020.

Suponiendo nuevamente que el Banco Central no deja que la base monetaria vaya más allá de la inflación, debería esterilizar cerca de ARS 460.000 millones, es decir, 1,2% del PBI o 35% de la asistencia. En respuesta, el stock de LELIQs y pases superaría 10% del PBI, prácticamente duplicando al cierre de 2019 (5,5%). En este marco, si bien este el stock de los instrumentos de esterilización alcanzaría el pico de 2018, el nivel de tensión sería sensiblemente menor: a diferencias de las LEBACs, las LELIQs están en manos de bancos comerciales que no tienen casi alternativas más que quedarse en estas letras.

Por último, asumiendo que solo se logra hacer rollover de los servicios en pesos que vencen (100%), como no hay colocaciones netas (supuesto pesimista, pero no imposible), el Banco Central tendría que cubrir todo el déficit primario (casi ARS 1.600.000 millones, 4,5% del PBI). Sin una política activa de esterilización, esto supondría una expansión del 53% de la base monetaria en 2021.

Manteniendo vigente la idea de que la autoridad monetaria no permite que la base monetaria supere a la inflación, tendría -ceteris paribus- que esterilizar cerca de ARS 460.000 millones (1,9% del PBI o 45% de la asistencia). En respuesta, el stock de LELIQs y pases superaría 11% del PBI, un nivel que a priori parece inestable.

Antes de cerrar, es importante destacar que, si la inflación termina siendo superior en 2021 respecto de lo presupuestado, menor será el esfuerzo de esterilización del BCRA necesario para que la base monetaria crezca en línea con la suba de precios, pues mayor será el cobro del “impuesto inflacionario”.
Esto queda más claro si al ejercicio anterior le agregamos tres hipótesis diferentes de inflación: 30%, alineada al presupuesto 2021; 40% alineada a nuestras perspectivas de inflación para el año entrante; y 50%, un poco por encima de la suba de precios proyectada por el REM para 2021 (47%). Como se observa en la tabla, la esterilización (medida como el stock de LELIQs y pases en relación con el PBI) necesaria para que la base monetaria crezca en línea con la suba de precios, es menor cuanto mayor sea la tasa de inflación proyectada.

En síntesis, tras el fuerte aumento de la base monetaria, el stock de instrumentos de esterilización y las presiones cambiarias, los agentes económicos precisan una señal clara de que el desequilibrio fiscal/monetario excepcional producto de la pandemia/cuarentena no continuará el año entrante. El proyecto de Presupuesto 2021 arroja un déficit primario elevado (-4,5% del PBI), que luce complejo de financiar si el Tesoro no logra abultadas colocaciones netas, que dependen de la percepción de consistencia fiscal de los agentes. Si bien siempre se pueda apelar al impuesto inflacionario para cerrar el bache, este acarrea consecuencias negativas sobre el consumo/actividad.

La cuarentena generó fuerte destrucción de empleo informal e independiente

El desempleo trepó a 13,1% en el segundo trimestre

En el segundo trimestre de 2020, la tasa de desempleo alcanzó 13,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC. El salto de 2,5 p.p. respecto a igual período del año pasado es el mayor desde la salida de la convertibilidad.

Sin embargo, este dato resulta anecdótico en contexto de pandemia ¿Tenía sentido buscar empleo a comienzos de una cuarentena inédita para nuestro país? Si nos guiamos por la dinámica de la PEA, se observa que entre abril y junio de 2020 la participación en el mercado de trabajo cayó casi 19% i.a., por lo que más de 2,5 millones de personas dejaron de trabajar o buscar activamente empleo en los 31 aglomerados urbanos.

Por este motivo, resulta más relevante analizar lo que sucedió con el empleo y vincularlo con la caída récord de la actividad observada y las restricciones de oferta presentes producto de la cuarentena/pandemia. Más importante aún, la pérdida de empleo ayuda a comprender la magnitud del impacto negativo sobre el gasto de los hogares y su composición el deterioro de los indicadores socioeconómicos.

Se perdieron casi 4 millones puestos de trabajo en el segundo trimestre

 

De acuerdo a la EPH, la tasa de empleo se ubicó en 33,4% durante el segundo trimestre del año, lejos del 42-43% de los trimestres previos Esto implica un deterioro del nivel de empleo superior al 20% i.a. Es decir, se perdieron 2,5 millones puestos de trabajo en los 31 aglomerados urbanos en el período de referencia. Esta cifra rozaría los 4 millones si extrapolamos este resultado al total de la población del país. Dicha inferencia es razonable para la población urbana (aprox. 90% del total) pero incorrecta para la población rural (10% restante).

La magnitud de esta caída es comparable a su heterogeneidad. Por ejemplo, en base a los datos de INDEC, los empleados de establecimientos estatales aumentaron 5% en el segundo trimestre de 2020, en contraposición al deterioro de 26% i.a. de los trabajadores privados. El costo de la caída de 19,1% i.a. del PBI recayó sobre estos últimos: si bien la elasticidad empleo total-producto fue levemente superior a 1 (por cada punto de caída del PBI se perdió un poco más que 1 p.p. de empleo), la elasticidad empleo privado-producto alcanzó 1,35.

Asimismo, si asumimos que los trabajadores estatales son asalariados registrados, se puede analizar las distintas dinámicas dentro del sector privado, del cual surgen tres categorías: asalariados privados registrados, asalariados privados no registrados y cuentapropistas. En el primer caso la caída fue de 9,5% i.a. (casi el doble que lo registrado por el SIPA), arrojando una elasticidad de 0,5 respecto al producto (0,25 tomando SIPA), bastante mejor que el agregado del empleo privado. Esto implica que dentro de las otras dos modalidades se encuentran aquellos que sufrieron más el impacto de la crisis. El empleo informal cayó 43,5% i.a., exhibiendo una inédita elasticidad de 2,3 respecto al PBI, mientras que los cuentapropistas mostraron un deterioro de casi 30% i.a., exhibiendo también una elevada elasticidad en relación al PBI (1,5).

En síntesis, el empleo público registrado no se vio afectado por la cuarentena/pandemia y el empleo privado formal cayó menos que el desplome del PBI (-19% i.a.), gracias a la protección oficial (doble indemnización, prohibición de despido sin causa justa y programa ATP). Por último, quienes poseen peores condiciones de trabajo, salarios en promedio más bajos y/o menos estables, fueron los que sufrieron el mayor impacto de la cuarentena. El principal paliativo del Estado -decisión acertada por parte del Ejecutivo- para compensar parte del desplome de los ingresos laborales provenientes de la informalidad fue el IFE, mientras que los estratos medios (donde cobran mayor relevancia los cuentapropistas y monotributistas) apenas percibieron créditos blandos.

Deterioro de indicadores socio-económicos

Con el relajamiento de facto y de jure de las restricciones a la movilidad, el empleo informal y el cuentapropismo sería el primer elemento del mercado laboral en recomponerse. Sin embargo, la cada vez más modesta recuperación de la actividad pone interrogantes acerca de cuanto demorará en volver a los niveles previos a la pandemia. Asimismo, el empleo privado formal ajustó poco respecto de la magnitud de la caída de la actividad, por lo que difícilmente vuelva a trepar este año: algunas empresas aún cuentan con dotación excedente.

En conclusión, a la precarización del empleo observada durante la recesión de 2018-19 (el empleo total creció pese a la contracción de trabajo registrado) se suma la fuerte destrucción de empleo (principalmente precario) producto de la cuarentena/pandemia. Este shock negativo sobre los ingresos laborales afectó en mayor medida en los hogares de menores recursos, lo que explica el fuerte deterioro de la pobreza y la indigencia que dará a conocer el INDEC dentro de una semana. Lamentablemente, esperamos una lenta recuperación de los puestos de trabajo perdidos en el segundo trimestre de 2020, lo que complicará la reversión del fuerte deterioro de los indicadores socio-económicos.

Aumenta la imagen negativa del gobierno

La prolongación de la pandemia y sus consecuencias económica siguen erosionando la popularidad del Gobierno de Alberto Fernández que registra en septiembre una caída en la valoración positiva de su desempeño de -5,6 p.p, y una suba de la valoración del desempeño negativo +3,6 p.p.. Esto profundiza el diferencial negativo de imagen que llega a -11,4 p.p. De esta forma, la valoración negativa queda en 47,9%, la positiva en 36,5% y la regular en  14,3%.

Una de las causas de esta tendencia es indudablemente la pandemia y la gestión asociada a la misma. Se sigue viendo la misma dinámica de los últimos meses: la pandemia en Argentina tiene números crecientes de casos y muertes pero a la gente cada vez más le preocupa su situación economía personal. En agosto, el porcentaje de encuestados que señalaba que le preocupaba más su situación económica por sobre el coronavirus alcanzó 60,6%, mientras que los que señalan que les preocupa más el coronavirus caen al nivel más bajo desde que se inició la crisis allá a fines de marzo de este año.

Al mismo tiempo, el nivel de aprobación de la respuesta del Gobierno frente a la pandemia continúa bajando y ya son considerablemente más los que desaprueban lo hecho frente a la pandemia (47,3%) que los que aprueban (35,5%) las políticas llevadas a cabo.

Por otro lado, el deterioro de la imagen del gobierno también tiene como consecuencia un empeoramiento en las expectativas sobre el país y la situación personal. En el primer caso, luego de que las expectativas optimistas sobre el futuro del país tuvieran un leve repunte en el mes de agosto, en septiembre el pesimismo volvió a subir (+2,5 p.p.) abortando una incipiente tendencia de recuperación. El mismo fenómeno se registró por el lado del optimismo, donde luego de que en agosto se haya registrado una leve mejora, en septiembre se observa una ligera caída de (-1,1 p.p.). sin permitir que el predominio del pesimismo empiece a ceder frente al optimismo.

En cuanto a las expectativas por el futuro personal, aquí también se registró una reversión de la tendencia de recuperación observada en agosto. En septiembre el pesimismo avanzó 2 p.p., aunque como dato curioso, se observó una ligera mejora de (+0,5 p.p.) del optimisitmo sobre el futuro personal.

¿Moderación fiscal?

¿Qué pasó con las cuentas públicas en agosto 2020?

El Sector Público Nacional no Financiero tuvo un déficit primario de casi ARS 90.000 millones en agosto, equivalente a -0,4% del PBI. De este modo, el rojo operativo superó los ARS 1.100.000 millones en los primeros ocho meses del año y acumula -4,5% de PBI.

Por su parte, el pago de intereses fue de ARS 56.000 millones el mes pasado, llevando el déficit financiero a la zona de ARS 145.000 millones (-0,6% del PBI). De esta forma, el rojo financiero es ya superior a ARS 1.500.000 millones, equivalente a -6% del PBI.

Luces y sombras de la dinámica fiscal

El principal factor positivo a destacar en un contexto crítico como el actual es la desaceleración del incremento del déficit primario. Sin embargo, vale destacar que la tendencia se da luego de los momentos de mayor esfuerzo fiscal, producto de la cuarentena y acompañando del relajamiento de las restricciones.

Pese a que el fuerte deterioro de las cuentas públicas responde a la irrupción de la pandemia, el control de la misma -algo de lo que todavía estamos lejos-, no implica una automática mejora de la dinámica fiscal. Esto se debe principalmente a dos motivos: la lenta recuperación de la actividad limitará un mayor financiamiento a través de los ingresos y las consecuencias sociales de la cuarentena requerirán un esfuerzo adicional del gasto.

La dinámica de agosto muestra un poco de esto. Las prestaciones sociales (+90% i.a.) continúan avanzando dentro del gasto en detrimento del resto de los componentes, como los subsidios económicos (+24% i.a.) o el gasto de capital (-14% i.a.). Por otro lado, los ingresos totales fueron impulsados por los tributarios, donde se destacaron la recaudación a través de Ganancias (+37% i.a.), Bienes Personales (+680% i.a.) y el impuesto PAIS. Es decir, no fueron los tributos asociados a un mayor dinamismo de la economía aquellos que ayudaron a engrosar la recaudación.

Lógicamente, la foto de un mes no marca tendencia pero permite algunas reflexiones. Todo parece indicar que la recuperación de la actividad mostró una marcada desaceleración durante dicho mes, algo que podría mantenerse no solo por la evolución de los contagios de Coronavirus en el país, sino por las mayores restricciones en el plano cambiario que ralentizará -puede incluso frenar- el repunte esperado. En consecuencia, no deberíamos esperar una consolidación de los ingresos tributarios en lo que resta del año.

Como esto se dará junto a la continuidad del deterioro social (pobreza y desigualdad), no habría margen para retirar rápidamente las erogaciones excepcionales de la pandemia -principalmente IFE y ATP- Además, cabe preguntarse si el menor peso de los subsidios económicos y del gasto en capital, tal como sucedió en agosto, se mantendrán en el tiempo. Las tarifas de servicios públicos permanecerán congeladas en los próximos meses y es la voluntad del gobierno impulsar la inversión pública para traccionar la economía.

Si bien podemos asumir que el piso del nivel de actividad fue superado, las consecuencias económicas y sociales no permitirán que el país alcance una consolidación fiscal en el mediano plazo. Como resultado, proyectamos que el déficit primario supere 7% del PBI en 2020.

Alberto, cada vez más Cristina

La caída en la imagen de Alberto Fernández no pareciera encontrar su piso, en un contexto donde el Gobierno no está logrando ofrecer respuestas a las dos principales preocupaciones: la sanitaria, que no logra ser despejada por una dinámica de contagios y muertes por covid-19 que no para de crecer; y la económica, que antecede a la pandemia pero fue profundizada por este fenómeno.

Esta caída tiene algunas características que permiten entender más acabadamente el proceso. Una es la disminución del apoyo de votantes ajenos. A fines de marzo, detrás de un amplio consenso social por la pandemia, entre las simpatías que recogía el presidente, había un 25% de votantes que no eran propios. A fines de agosto, con una imagen positiva considerablemente más baja, solo el 9,7% son votantes opositores.

Otra característica de este proceso es la mimetización de esa composición de imagen positiva con la de la vicepresidenta. En abril, entre todos los que tenían imagen positiva de ambos o de alguno de los dos, el 48,3% era compartido, pero Alberto Fernández tenía un 49,4% de ellos que le eran propios. Es decir, no los compartía con Cristina Kirchner. A fines de agosto, el porcentaje de simpatías exclusivas de Alberto Fernández se redujo al 23,8%, mientras que el 72,9% son compartidos por ambos. Por lo tanto, las bases de simpatías de ambos cada vez se asemejan más, se parecen más, o lo que es lo mismo, los que quieren a Alberto Fernández son cada vez más, los mismos que quieren a Cristina Kirchner.

Esa reducción a la base de apoyos de Cristina Kirchner es un fenómeno que marca que el Presidente cada vez más representa a los mismos votantes que reconocen con firmeza el liderazgo de Cristina, lo que se traduce en menos margen de autonomía para Alberto Fernández. Dicho de otro modo, Alberto Fernández se está quedando sin votos propios.

En definitiva, el desafío de Alberto es seguir liderando el Frente de Todos, pero la dinámica de su gobierno parece depositarlo en el liderazgo del frente de Cristina. Cuanto más parecido a Cristina se presente, incumpliendo aquel compromiso electoral de ser distinto al kirchnerismo, mas estrecha será su base de apoyos. Especialmente si también se incumple el otro mandato electoral recogido el año pasado, el de poner en marcha la economía, no dando lugar a una suerte de compensación, que habilite a afirmar, parafraseando: reforman la justicia pero hacen.