Más allá del “trabajador adicional”: el fenónemo del pluriempleo en Argentina

La delicada situación económica que motiva el efecto trabajador adicional también tracciona una situación de la que poco se habla: el pluriempleo. En Argentina casi el 10% de los trabajadores tiene más de un empleo y se observa un crecimiento de 25% desde comienzos de 2018.

El pluriempleo no necesariamente está asociado al objetivo de apuntalar los ingresos para evitar caer bajo la línea de pobreza. También está vinculado a la necesidad de sostener determinado nivel de vida, ya que muestra un crecimiento marcado en deciles más altos.

Esto agrega evidencia en que Argentina no tiene un problema de empleo sino de calidad del mismo: ingresos bajos estimulan la participación en el mercado de trabajo y lo que no ajusta por cantidades no solo ajusta por precios sino que también por bienestar, reduciendo tiempo de ocio y de educación, por ejemplo.

Más trabajo, menos calidad e ingresos

El último tiempo fue testigo de un crecimiento récord de la participación en el mercado de trabajo. La Población Económicamente Activa (PEA), que comprende tanto a las personas que trabajan como a aquellas que buscan un empleo alcanzó 48,3% en el primer trimestre del año, un valor que pese a ser elevado, no implicó un aumento del desempleo. Por el contrario, la tasa de desocupación se mantuvo por debajo del 7%, al mismo tiempo que se observó una expansión del empleo: 45% de la población está ocupada, un registro también inédito.

Como se señala habitualmente, esta performance esconde dos factores no tan positivos: los ingresos y la calidad del empleo. En primer lugar, los ingresos de los trabajadores continúan deprimidos (acumulan un retroceso cercano a 20% desde 2017) y continuamente son puestos en jaque con una inflación que no da tregua. Por otro lado, la calidad del empleo aparece también en el centro de la escena: desde 2018 sólo uno de cada cuatro empleos creados fue bajo la categoría de asalariados registrados, el resto operan bajo la informalidad y/o cuentapropismo.

Radiografía del pluriempleo

Un aspecto no siempre tenido en cuenta dentro de la caracterización del empleo es la relevancia del pluriempleo. Así como se sostiene que la caída del poder adquisitivo de los hogares incentiva la inserción al mercado de trabajo de nuevos miembros de la familia, este fenómeno también puede provocar que las personas busquen apuntalar sus ingresos con un empleo adicional. Así, el efecto conocido como “trabajador adicional” -característico de períodos de crisis- subestimaría el impacto total que tiene una merma del poder adquisitivo en el mercado de trabajo.

Utilizando los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que publica INDEC encontramos que casi 1,15 millones de personas de la población de referencia (31 aglomerados urbanos) tuvieron más de un empleo en el primer trimestre de 2023 (8,6% de los ocupados).

Vale decir que, en el primer trimestre, debido a cuestiones estacionales, el pluriempleo es algo menor al promedio del año. De esta manera, prevemos que a lo largo del año la cantidad de personas con más de un empleo alcance los 1,4 millones (más del 10% de los ocupados), superando los 2 millones si extrapolamos este valor a la población total.

Además, el 60% de personas con pluriempleo son mujeres, y casi la mitad son personas menores a 40 años. Además, uno de cada tres “pluriempleados” corresponde al rango etario entre los 30-40 años. Por otro lado, el 85% de quienes cumplen con esta característica son jefes/as de hogar o sus cónyuges. Así como la inserción al mercado de trabajo tiende a darse en otros miembros de la familia, el pluriempleo cae sobre los principales referentes del hogar.

Un aspecto distintivo del pluriempleo es que, al contrario de lo que ocurre con la informalidad y el cuentapropismo (dos características de la precarización del mercado de trabajo) tiene una distribución más “democrática”: casi la mitad de las personas con más de un empleo se ubica en los tres deciles de ingresos per cápita familiar más altos y sólo uno de cada cuatro está en los tres deciles más postergados.

¿Hay una tendencia creciente al pluriempleo en nuestro país?

La trayectoria de los últimos años está afectada por la pandemia y las restricciones a la movilidad impuestas en 2020 y parte de 2021 que complicaban las posibilidades de empleo. Llevando la mirada un poco más atrás se observa un incremento del 25% del pluriempleo desde el inicio de la crisis a comienzos de 2018 -reflejada tanto en el PIB per cápita como en el poder adquisitivo-. Este impacto es más profundo en las mujeres, cuya labor bajo esta modalidad aumentó más de 30% respecto a 2018 y en los jóvenes, que muestran una participación 37% mayor con relación a dicho año.

De este modo, los magros ingresos familiares que propulsaron el efecto trabajador adicional, incrementando notablemente la tasa de actividad y del empleo en estos últimos años, también provocaron un efecto “super-trabajador”. Este tiene como característica afectar más a las familias de mayores ingresos: los dos deciles más altos exhiben un crecimiento de 22% respecto a 2018, el doble que el conjunto de los cuatros deciles de menores ingresos. Esto puede deberse a que los sectores más acomodados tienen un mayor acceso a un menú más amplio de opciones (por mayor nivel educativo, contactos, tiempo de viaje, posibilidad de teletrabajo, etc.) con las que apuntalar su poder adquisitivo.

En este sentido, una mirada más aguda refleja que tres deciles muestran un aumento del pluriempleo muy superior (más del 60% respecto a 2018) a la media: el decil 4, crítico por estar conformados por familias “vecinas” a la línea de pobreza a lo largo de todo este período, y los deciles 8 y 9 (en el primer caso se duplicó la cantidad de trabajadores con más de un empleo), compuesto por personas que tratan de sostener sus ingresos para continuar una vida más acomodada.

Esto refleja que el pluriempleo no es únicamente una respuesta que sirve para evitar caer bajo la línea de la pobreza o salir de una situación de vulnerabilidad, sino que también tiene que ver con multiplicar los esfuerzos para sostener un determinado nivel de vida. En este sentido, nadie en el decil 9 es considerada una persona con carencias, pero puede verse impulsada al pluriempleo si subjetivamente teme perder su estándar de vida relativamente más acomodado.

Es más frecuente encontrar una persona con más de un trabajo que un desempleado

A inicios de 2018 había un 30% más de desocupados que de “pluri-empleados”, pero esta tendencia se ha ido revirtiendo y en la actualidad los últimos superan un 15% a los primeros: es más frecuente encontrar una persona con más de un trabajo que un desempleado.

El problema no se trata de obtener un empleo, sino de la posibilidad de mantener o conseguir uno cuyos ingresos sean suficientes para sostener determinado nivel de vida. La escasez de estos empleos, en parte por la rigidez del mercado laboral formal, impulsa la aparición del “efecto trabajador adicional” o el fenómeno del “super-trabajador” que aumentan la participación en el mercado laboral sin que esto signifique un repunte del desempleo.

Para estos casos se suele decir que aquello que no ajusta por cantidades (cantidad de empleos) ajusta por precios (salarios menores). Sin embargo, podemos también advertir algo todavía más complicado: ajusta por bienestar, ya que para que una familia sostenga un nivel de vida determinado tiene que sacrificar cada vez más tiempo fuera del trabajo. No sólo tiempo libre o esparcimiento, sino también de descanso o educación; condicionando las posibilidades futuras de los miembros del hogar.

 

¿Qué ocurrió en el mercado de trabajo en el comienzo de 2023?

Síntesis

 • La tasa de desempleo fue de 6,9% en el primer trimestre del año, en línea con lo observado durante el año pasado. Sin embargo, al mismo tiempo la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 48,3%, aumentando casi 1 p.p. respecto a 2022 y llegando a niveles máximos.

 • Aumento de 5% i.a. en la cantidad de personas que participan en el mercado de trabajo, bien por encima del crecimiento poblacional. Esta tendencia se viene profundizando desde 2017 y es explicada por la necesidad que tienen cada vez mas personas de salir a apuntalar los ingresos familiares en un contexto de sostenida caída del poder adquisitivo.

 • El empleo informal continúa siendo el principal factor que explica la mejora del empleo. Si bien en un contexto de crisis estos serían los primeros en sufrir las consecuencias, no creemos que este factor dispare el desempleo durante este año.

 

La participación en el mercado de trabajo alcanza valores máximos

Durante el primer trimestre del año, la tasa de desempleo fue de 6,9% de la Población Económicamente Activa (PEA), en línea con lo observado durante el año pasado. Sin embargo, al mismo tiempo la PEA alcanzó 48,3% de la población de referencia (31 aglomerados urbanos, cerca de dos tercios del total del país), aumentando casi 1 p.p. respecto a 2022.

En particular, esto refleja un crecimiento de casi 5% i.a. en la cantidad de personas que participan en el mercado de trabajo, bien por encima del crecimiento poblacional -en torno a 1%-. Vale destacar que esta dinámica es relativamente inusual, ya que la participación tiende a incrementarse en una menor magnitud en el primer cuarto del año.

Como consecuencia, estimamos que la participación en el mercado de trabajo excede a casi 1 millón de personas a la participación consistente con el crecimiento de la población desde 2017, en una tendencia que la cuarentena solo interrumpió momentáneamente. Si extrapolamos esta relación al total de la población se observa que en los últimos años alrededor de un millón y medio de personas se volcó al mercado de trabajo tras el inicio de la crisis en 2018.

Lógicamente, esto no ocurre por los buenos motivos: más gente sale a buscar trabajo para apuntalar los ingresos familiares reales que se han visto golpeados a lo largo del período. Aquí entra en relevancia lo que se denomina el efecto “trabajador adicional”: un nuevo miembro del hogar sale en búsqueda de ingresos que permitan sostener un nivel de consumo dado. Esta tendencia, iniciada en la segunda parte del gobierno de Cambiemos, no sólo se mantuvo, sino que se profundizó durante el gobierno actual. Vale destacar que aquí no se toma dimensión de lo que acontece con las personas que suman trabajos (pluriempleo), lo cual debe ser analizado por su parte también y en todo caso profundiza la gravedad del cuadro de situación.

La relación con el nivel de empleo

La urgencia por obtener estos ingresos adicionales -debido al deteriorado contexto socioeconómico- hizo que el empleo creado, que absorbió buena parte de esta mayor oferta de trabajo, sea de baja calidad: los nuevos trabajadores no pueden esperar a alcanzar un empleo con condiciones más favorables.

Esto se observa en el empleo informal. Este grupo creció casi 9% i.a. en el primer trimestre del año, acumulando una suba de casi 30% con relación a 2017 y explicando 4 de cada 10 empleos generados desde entonces. En menor medida sobresale el avance del heterogéneo grupo del cuentapropismo: avanzó solo 1,5% i.a., pero ya exhibe una suba de 16% respecto de 2017. Algo más retrasada esta la dinámica de los asalariados formales, que si bien crecieron 4,4% i.a., exhiben un incremento levemente superior al 10% desde 2017 (+3% si tenemos en cuenta el crecimiento de la población).

Sin embargo, pese a este cambio de composición “intra-empleo”, la cantidad de personas que trabajan se amplió -lo que es consistente con una explosión de la PEA y un bajo desempleo- alrededor de 9% por encima del aumento poblacional desde el comienzo de 2017. Esto resulta llamativo si pensamos que el PIB per-cápita todavía se encuentra por debajo de aquel entonces, pero se explica si incluimos en el análisis el comportamiento de los ingresos reales.

Por caso, el salario real perdió entre 15-20% de su poder de compra desde entonces, al tiempo que los ingresos reales de las jubilaciones y asignaciones también sufrieron caídas de magnitud similar, limitando la posibilidad de estos perceptores de descansar en estos ingresos pasivos. De este modo, la tasa de empleo “récord” de 45% tiene como contracara unos deteriorados ingresos reales de la sociedad.

¿Qué esperamos para lo que resta del año?

Prevemos que esta tendencia se mantenga. La aceleración de la inflación evitará una recuperación del alicaído poder adquisitivo, por lo que el efecto trabajador adicional podría extenderse a deciles de ingresos familiares más altos, típicamente no afectados por este fenómeno. Asimismo, la necesidad de obtener ingresos seguirá facilitando la expansión del trabajo informal, que continuará traccionando la dinámica del empleo.

Con todo, no esperamos una suba abrupta del desempleo, que podría ubicarse en la zona del 7,5% en el promedio anual.

¿La recesión se traslada al mercado laboral formal?

Durante gran parte del año pasado, era común el comentario de que las turbulencias financieras, la incertidumbre nominal y las crecientes restricciones a las importaciones no estaban teniendo un efecto significativo en la actividad económica. Ya hacia el cierre del año, y comenzando el 2023, esta dicotomía quedó atrás.

No obstante,  sí parece mantenerse en pie en relación con el nivel de empleo formal, que sigue creciendo pese al estancamiento de la economía y las perspectivas poco alentadoras de cara a los próximos meses.

¿Qué ocurrió en los últimos meses?

Desde agosto pasado la actividad económica acumula una caída de más del 2%, al tiempo que el empleo formal registra un avance de 2% en el período, creciendo incluso 0,5% en los dos primeros meses del año. Si bien quienes empujan la creación de empleo son los trabajadores independientes -principalmente monotributistas-, que crecieron casi 4% desde agosto, la mayor incidencia corresponde al empleo asalariado del sector privado – más directamente asociado al nivel de actividad-, que exhibe un incremento de 1,6% en el período. Tres sectores explican el 70% del crecimiento en este empleo: industria, comercio y construcción.

¿A qué responde este rezago en el impacto? Uno de los motivos es que, así como los puestos de trabajo no se generan con los primeros signos de reactivación de la economía, y se espera la consolidación del crecimiento, en momentos más difíciles las empresas “tardan” en reducir sus plantillas.

En este sentido, sumar en el análisis las horas trabajadas de los asalariados del sector privado puede echar luz sobre esta cuestión: desde finales de 2021 el tiempo de trabajo creció más que el empleo, siguiendo la tendencia de la actividad económica, comportamiento que se revirtió en el último trimestre de 2022.

El gráfico a continuación muestra los ratios horas trabajadas/empleo, evidenciando que el mayor crecimiento de las horas en relación con los puestos de trabajo ocurrió ante un mayor crecimiento de la actividad. Con una economía que ha comenzado a enfriarse, es esperable que esta relación caiga.

Como se observa, el enfriamiento de la economía hace suponer que ahora las horas trabajadas crecerán a un menor ritmo que el nivel de empleo en los próximos meses, sin que esto implique que en el corto plazo se vea un deterioro en la cantidad de puestos de trabajo.

¿Pueden sostenerse los empleos ante la recesión que se avecina?

Considerando que el salario real formal se encuentra más de 5% por debajo de 2019 y es casi 20% inferior al de 2017 y, más aún, las expectativas de que esto no cambie en el mediano plazo, estos factores sugieren por qué podrían sostenerse los empleos durante la recesión proyectada para este año: la crisis económica se traslada al mercado laboral vía precios -en este caso, salarios- y no por cantidades -empleo-. Esta dinámica es todavía más apropiada para caracterizar el empleo informal y comprender el bajo desempleo que tiene el país.

En definitiva, un año de recesión económica no necesariamente traerá como resultado una caída en el empleo formal (tampoco prevemos que lo haga si sumamos la informalidad). De este modo, el deterioro de la masa salarial real por un menor poder adquisitivo como resultado de la creciente inflación será parcialmente compensado por los niveles de empleo.

Esta dinámica da lugar a efectos no deseados, como la existencia de trabajadores formales que caen bajo la línea de pobreza o una mayor cantidad de jóvenes y de personas de tercera edad insertos en el mercado laboral, junto al incentivo al pluriempleo, entre otras consecuencias. Sin embargo, puede morigerar el deterioro en el consumo que las familias tienen en un contexto como el actual.

Pese al freno de la economía, el empleo registrado sigue creciendo

¿Qué está sucediendo con el empleo formal?

En 2022, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró un avance promedio de 5% i.a. del empleo formal, una magnitud en el orden de 600 mil trabajadores. El ritmo de crecimiento fue similar a la expansión de la actividad (el EMAE estimó un avance de 5,2% i.a.) con la diferencia que, en tanto buena parte de la mejora de la economía fue explicado por el arrastre que dejó el 2021 (+3 p.p.), prácticamente la totalidad de la mejora del empleo registrado tuvo lugar a lo largo del año pasado.

Esto se debe a que cerca del 40% de la expansión del empleo formal correspondió al incremento de los asalariados del sector privado, que crecieron 4,4% i.a. en promedio -guarismo coincidente con su avance entre puntas-, algo relativamente poco usual en los últimos años, ya que habría que remontarse a 2015 para encontrar una correspondencia similar. El resto de la mejora se explica por la performance de los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos, 1 de cada 4 trabajadores formales), con una suba que rozó el 9% (más de 11% punta a punta). Por su parte, el empleo público creció 2,4% i.a. en 2022 (1,5% respecto a diciembre 2021).

En el caso de los asalariados formales del sector privado, resulta interesante inspeccionar lo ocurrido hacia el interior de las categorías que traccionaron la mejora del empleo. La primera consideración es que, dejando de lado el agro y la pesca, el crecimiento fue mayor en los sectores productores de Bienes (+6,4% i.a.) respecto a los proveedores de Servicios (+4,0% i.a.), a diferencia de lo sucedido con la actividad económica durante el año pasado (donde los segundos habrían mostrado un -leve- pero mejor desempeño).

Un “doble click” muestra que este diferencial tuvo como principal dinamizador a la construcción (+15,6% i.a.) -sector que utiliza de forma intensiva la mano de obra- y a la industria (+3,9% i.a.), que tuvo como mejores exponentes a la industria textil (+8,6% i.a.), automotriz (+6,4% i.a.) y metalmecánica (+5,4% i.a.), ramas que también exhibieron el mayor crecimiento durante 2022, según el Índice de Producción Industrial (IPI).

También vale destacar que, tanto en el empleo asalariado formal de la construcción como en el de la industria, se dio una expansión que contrasta con los indicadores de actividad sectoriales. Si bien entre diciembre 2022 y diciembre 2021 la construcción cayó 8,5% y la industria retrocedió 1,5%, al mismo tiempo se verificó una expansión del empleo formal en estos sectores (14% y 4%, respectivamente). Esta diferencia se mantuvo incluso durante el magro segundo semestre: la construcción cayó casi 12% contra un avance de 5,3% de su empleo formal, y la industria se contrajo 3,1%, al tiempo que su empleo mejoró 1,5%.

¿Qué esperamos que suceda en 2023?

La expectativa de un estancamiento de la actividad económica este año arroja dudas acerca de las posibilidades de que continúe creciendo la masa de asalariados del sector privado, típicamente asociado al empleo de calidad.

El primer signo de interrogación recae sobre la actividad fabril. Aquí, vale preguntarse si la recreación de mercados “cautivos” -por las restricciones a importar productos foráneos- que estimulen la producción local es suficiente para contrarrestar una debilitada demanda agregada. Sumado a esto, las dificultades que el apretón a las importaciones traerá a los procesos productivos, y consecuentemente la necesidad de personal, a lo largo del año; ¿la administración de importaciones priorizará demandas de sectores que producen bienes de mayor necesidad o aquellos que son más intensivos en empleo?

Sin embargo, todo esto pueden ser detalles de segundo orden: tanto para la industria como para el resto de la economía, un salario real formal más de 5% por debajo de 2019 y casi 20% inferior al de 2017 puede ser un factor determinante para utilizar de forma más intensiva este recurso. La ausencia de una perspectiva que sugiera un cambio de tendencia, no sólo este año sino también el próximo, puede intensificar este proceso.

En ausencia de un incremento significativo del empleo público -no hay margen para tal empresa-, otra tendencia, como el incremento del cuentapropismo, puede también apuntalar la creación de empleo formal. En este caso, el fuerte avance del monotributo social (categorías que facturan los montos más bajos, muchas veces por debajo del umbral de pobreza) refleja el paulatino, pero igualmente parcial, ingreso a la formalidad de población anteriormente “en negro”.

Conjuntamente, un año de estancamiento de la actividad no necesariamente traerá como resultado una caída en el empleo formal (tampoco prevemos que lo haga si sumamos la informalidad). A excepción del 2020 -por motivos obvios- la secular caída del PBI per cápita a lo largo de la última década, en combinación con las nuevas tecnologías “desenganchan” la dinámica laboral de los vaivenes de la actividad.

El salario real promedio no rompió la racha y volvió a caer en 2022

¿Cómo cerraron el año los salarios de la economía?

El INDEC informó que los salarios de la economía crecieron 5,3% mensual en diciembre. Este número fue traccionado por una suba de 9,2% de los salarios públicos (cerrando el año con un crecimiento de casi 100%). Por su parte, los salarios del sector privado registrado avanzaron 4,5% en el último mes del año (casi 94% “punta a punta”), mientras que los de los asalariados informales subieron apenas 0,5%. Como consecuencia, sólo crecieron 65% a lo largo del 2022, 30 p.p. por debajo de la inflación del período (94,8%).

De este modo, los salarios registrados reales crecieron 0,7% durante 2022, cortando una racha de cuatro años consecutivos de caídas iniciada en 2018. La mejora fue impulsada por el avance de 2,1% de los trabajadores públicos, ya que los asalariados privados lograron apenas evitar la pérdida del poder adquisitivo (0%).

El principal factor que dio lugar a este fenómeno fue el acortamiento de las negociaciones paritarias, que permitió que los acuerdos sean menos permeables a la erosión ocasionada por las “sorpresas” inflacionarias (shock de precios internacionales y post renuncia del exministro Martín Guzmán). Todo esto tuvo lugar sobre un piso alto, dado por las renegociaciones paritarias correspondientes a 2021, que a comienzos de año imprimieron subas significativas en el primer trimestre (5% mensual promedio).

Sin embargo, la performance es más preocupante si incluimos a los trabajadores informales. Al no estar alcanzados por las paritarias, las recomposiciones no fueron ni tan grandes ni tan frecuentes, condenando a este grupo a ser la variable de “ajuste” del mercado laboral ante la aceleración de la inflación, sufriendo una pérdida promedio de 7,6% del poder adquisitivo a lo largo del año pasado. En este sentido, considerando que estos trabajadores se concentran en los deciles de ingresos más bajos, no es casualidad que, junto a esta dinámica, el año pasado se haya dado también una fuerte expansión de los ingresos familiares per cápita de esta parte de la población, evidenciando el ingreso al mercado laboral de nuevos miembros para apuntalar los ingresos familiares.

Conjuntamente, los salarios reales de la economía cedieron 0,8% en promedio el año pasado, continuando el deterioro acumulado desde 2018, que ya roza el 22%.

¿Qué esperamos para 2023?

La naturaleza del plan económico del Gobierno para el último tramo de su mandato no permite pensar en que la dinámica sea muy diferente en los próximos meses.

Por un lado, pese a la intención oficial de ordenar las paritarias en torno al objetivo de 60% anual, la inflación que tendrá lugar en los primeros meses del año (más cerca del 5-6% que del 3-4% mensual) complicará esta estrategia tras la premisa de evitar, en lo posible, la continuidad del deterioro del salario real.

El principal vehículo para ello será validar paritarias que, independientemente de la magnitud de los aumentos, se caractericen por ser de corta vigencia, permitiendo cierta adaptabilidad a la nominalidad a lo largo del año. De este modo, prevemos que, en general, los trabajadores formales continuarán siguiendo de cerca la inflación nacional. Particularmente, esperamos que el salario real registrado vuelva a exhibir un crecimiento levemente por debajo del 1% en el promedio anual, arrojando como resultado una caída del orden de 4,5% a lo largo de los cuatro años del Frente de Todos.

En cambio, la dinámica de los ingresos de los trabajadores informales continuará rezagada. No lograrán recomponer lo cedido este año y tampoco esperamos que estén cerca del avance de los precios en el corriente, totalizando una merma cercana a 20% de su poder adquisitivo en comparación a 2019 . En un escenario en el que no hay espacio fiscal para una generosa política social, las perspectivas para los ingresos reales de los sectores más vulnerables no resultan muy auspiciosas tampoco durante 2023.

Coordinar paritarias para reducir la nominalidad, ¿una quimera en el corto plazo?

Tras la fuerte aceleración de la inflación a lo largo del 2022, controlar la evolución de los precios se ha vuelto imperativo para el Gobierno y sus aspiraciones electorales. Bajo esta premisa, desde el Ministerio de Economía se planteó como objetivo ordenar la nominalidad en torno al 60% anual (pauta de inflación del presupuesto 2023), guarismo que implica alcanzar una inflación mensual del 4%, desaceleración no menor teniendo en cuenta que la misma fue de 6,1% en el segundo semestre del año pasado.

Para ello, hacia el cierre del 2022 se cerraron acuerdos de precios con diversos sectores con vigencia hasta el primer trimestre de este año, en donde los más significativos parecerían ser el programa Precios Justos y aquellos que alcanzan a productores de insumos difundidos. Al mismo tiempo, la desaceleración lograda durante el último bimestre del año pasado -en parte por esta coordinación, pero fundamentalmente por la caída en el precio de las verduras y un abaratamiento relativo en el precio de la carne vacuna- permitió que el crawling peg modere la tendencia alcista exhibida durante los meses previos.

En este sentido, un elemento clave para el ordenamiento nominal son las paritarias: es difícil encarar una significativa moderación de la inflación si los salarios se quedan “pegados” a la inflación pasada. En este marco, el oficialismo también busca que las negociaciones se firmen al ritmo del 60%, siendo un acuerdo semestral del 30% una estrategia para lograr la aceptación de los sindicatos e iniciar el camino.

Ahora bien, ¿es posible un ordenamiento de esta magnitud? ¿a qué riesgos se enfrentaría esta estrategia?

En primer lugar, vale decir que los sindicatos tienen incentivos a colaborar con el Gobierno, previendo que un cambio de signo político -ante un fracaso de la política económica actual- pueda desfavorecerlos. Un elemento adicional es que en 2022 el promedio anual del salario registrado real habría crecido alrededor de 0,5%. El principal factor detrás de esto es el acortamiento de la vigencia de las paritarias, que no sólo dio la posibilidad de renegociar ante la escalada inflacionaria, sino que contribuyó a reducir la heterogeneidad de la perfomance de los salarios reales por sector.

Tal vez el punto más relevante se vincula a los significativos aumentos pautados en las renegociaciones para el primer trimestre del año, asociados a la nominalidad pasada. Desde Ecolatina relevamos acuerdos que representan más del 80% del índice de salarios del sector privado de INDEC y hallamos un incremento trimestral superior al 15%. En función de la inflación esperada por el REM, esto no sugiere que se llegará a la temporada alta de las paritarias -hacia marzo/abril- con una merma significativa del poder adquisitivo.

Sin embargo, justamente el hecho de que el año comience con una nominalidad que lógicamente está mirando más a lo ocurrido durante el 2022 hace que, apenas transcurrido un mes de este año, el objetivo del Gobierno comience a agrietarse por las perspectivas de una inflación más alta que el 4% mensual, el “ritmo” consistente con la pauta oficial. Por este motivo, desde algunos gremios comienzan a existir voces disonantes que prefieren “ver para creer” en una desaceleración antes de poner la firma.

 

Los obstáculos se avizoran tempranamente

Consideramos que este escepticismo tiene fundamentos en la realidad por distintos factores que mantendrán elevados los registros de inflación, la cual exhibirá un comportamiento más similar al del año pasado de lo que el oficialismo pretende.

Por un lado, también los servicios públicos exhibirán aumentos por encima de la pauta del 30% durante la primera mitad del año: las tarifas subirán entre el 15-20% en enero y deberán tener nuevos ajustes -que por cuestiones electorales difícilmente sean pasados a la segunda mitad del año- debido a que es necesario continuar reduciendo los subsidios económicos para cumplir el programa fiscal trazado con el FMI. Una muestra de esto es la indexación del precio del boleto del colectivo y trenes, que tras la suba de 40% en enero se ajustará -a partir de marzo- en función de la inflación pasada, garantizando una recuperación de este precio relativo.

Por otro lado, una nueva aceleración del precio de las frutas y las verduras no debe descartarse en el corto plazo -de hecho, según información del IPC GBA Ecolatina, esperamos incrementos del 10-20% para enero- debido a la sequía, tal como ocurrió el año pasado. Asimismo, como señalamos en un informe reciente los precios al consumidor de la carne vacuna también podrían mostrar una corrección en las próximas semanas, ya que no sólo se encuentran más de 25% por debajo del precio que tenían hace un año en términos reales según los datos del IPCVA, sino que ya se están verificando aumentos importantes en el precio de la hacienda en pie: en la segunda quincena los valores subieron cerca del 35% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas. De este modo, difícilmente el programa de Precios Justos -que cubre productos empaquetados y justamente excluye productos frescos- evite una aceleración también en los alimentos.

Finalmente, si bien el tipo de cambio real no se encuentra tan atrasado como en otros momentos de la historia reciente, las escasas reservas internacionales -y la necesidad de cumplir la meta de acumulación en el marco del acuerdo con el FMI- hacen que recurrir al ancla cambiaria -típico ingrediente del año electoral- sea una estrategia poco sostenible. Así, por más que la depreciación del tipo de cambio oficial corra algo por detrás de la inflación, impondrá un piso alto a su desaceleración.

Con respecto a este último punto, hay que agregar que, producto de las restricciones, el tipo de cambio oficial puede no ser tan determinante en el precio de muchos bienes no esenciales. Estos sí podrían verse más afectados por la volatilidad de la brecha cambiaria, que estará a la orden del día durante el año electoral. Si bien es cierto que el impacto de este fenómeno en la medición del IPC es acotado, esta particularidad podría extenderse a otros bienes más básicos -finales e intermedios- en tanto sea necesario profundizar la administración de la escasez de los dólares. En este sentido, se debe mencionar que, si bien la participación en el programa Precios Justos garantiza las divisas a tipo de cambio oficial, en caso de que el ritmo de aumentos mensuales permitido se perciba acotado, la renovación del programa podría complicarse y eventualmente sumar bienes al grupo para el cual el crawling peg deja de ser una variable relevante en la estrategia de pricing.

En cualquier caso, malas noticias en el frente externo o con la renovación de los sucesivos vencimientos de la deuda en pesos -ahora concentrados a partir de abril- podrían trasladarse a la inflación más rápidamente, elevando el riesgo de una disparada nominal, tal como ocurrió tras la renuncia de Martin Guzmán a comienzos de julio del año pasado.

Conclusiones y perspectivas

Esto refleja que ya sólo con observar el primer semestre emergen desafíos e inconsistencias acerca del cumplimiento del sendero de desinflación, consistente con un 30% semestral, criterio bajo el cual el Gobierno intenta ordenar las demandas salariales y la nominalidad de la economía en general. En cambio, prevemos que el nivel de precios avance en el orden del 40% hacia junio, dejando así una inercia mayor de cara al semestre electoral, cuando algunos de estos procesos se vuelvan a “activar”.

Tal es el caso de las paritarias, donde si bien su acortamiento resulta una buena noticia para los trabajadores formales – de ser necesario reciben ajustes asociados a la “nueva” inflación- es un mecanismo que refuerza la inercia inflacionaria y vuelve a los shocks más permanentes. Así, la divergencia entre la inflación esperada y la real significarán rápidamente nuevos ajustes en la segunda mitad del año, máxime teniendo en cuenta la búsqueda de alcanzar una mejora del poder adquisitivo de cara a las elecciones.

Por su parte, el Gobierno podría moderar los aumentos de precios regulados y acudir nuevamente a los controles de precios, pero esto no bastará para que la desaceleración se sostenga o sea significativa, especialmente considerando que hacia el cierre del año la incertidumbre acerca de la nueva administración pueda suscitar una nueva escalada en los precios. En esta línea, prevemos que la dinámica inflacionaria se ordene en torno al 35% en la segunda mitad del año, implicando una inflación anual que volvería a comenzar con “9”. No obstante, no debe olvidarse que eventos disruptivos en la escena política vinculados al resultado electoral pueden llevarnos fácilmente a una inflación de tres dígitos incluso sin que exista un salto del tipo de cambio oficial.

Para finalizar, vale mencionar que la intención del Gobierno de ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, no luce descabellada. Sin embargo, los todavía desalineados precios relativos y los vigentes mecanismos de propagación de la inflación vuelven desafiante dicha tarea en un año electoral. Sin detrimento de esto, apuntar a una inflación mensual de 4% es mejor que intentar solamente que la misma no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.

¿Qué ocurrió en el mercado de trabajo durante el tercer trimestre?

Se ratifica la tendencia: más gente se vuelca al mercado de trabajo

¿El desempleo encuentra un piso? Durante el tercer trimestre del año, la tasa de desempleo fue de 7,1% de la Población Económicamente Activa (PEA), interrumpiendo la tendencia bajista iniciada en la salida de la pandemia. Por su parte, la PEA fue de 47,6% de la población de referencia (31 aglomerados urbanos, cerca de dos tercios del total del país) y la tasa de empleo 44,2%, dos registros levemente inferiores a lo del trimestre pasado.

Sin embargo, lo relevante es destacar que la población continúa volcándose al mercado laboral. En el tercer trimestre se incrementó casi 3% i.a. la cantidad de personas que trabajan o lo buscan -si miramos el promedio del año el avance es de 3,2% i.a.-, bien por encima del crecimiento poblacional -en torno a 1%-.

Los dos principales destinos para estos nuevos “participantes” fueron el cuentapropismo y el empleo asalariado informal. Para el primer caso, el crecimiento de 2,6% i.a. en el trimestre -levemente superior al promedio anual- implica que el 12,2% de la población pertenece a esta categoría, alcanzando el máximo desde al menos 2016. Respecto a lo segundo, se debe decir que aumentaron casi 20% i.a. -23% i.a. como promedio anual-.

Puesto en el contexto de la situación económica general, y recordando que el tercer trimestre estuvo caracterizado por una nueva aceleración nominal tras la salida del entonces ministro Martín Guzmán, ambas dinámicas reflejan la continuidad de lo que hemos remarcado en otros momentos: el efecto trabajador adicional sigue siendo importante para explicar la dinámica de las principales variables del mercado de trabajo, producto de la necesidad de sumar ingresos en familias cuyo poder adquisitivo tambalea. Más aún, la imperiosa voluntad de obtener estos ingresos y el lugar de la pirámide social donde la crisis se siente más vuelca a las personas a autoemplearse o bien aceptar empleos de baja calidad, reduciendo la probabilidad que esto se traduzca en un mayor desempleo.

Por otro lado, los asalariados formales cedieron 2% i.a., exhibiendo un estancamiento a lo largo del año. Si bien esto contrasta significativamente con los datos del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA), que muestra un aumento de 4,2% en el acumulado del 2022, se trata de una discrepancia habitual debido a que este último capta toda la población del país y no una muestra del área urbana.

¿Qué esperamos para 2023?

No esperamos que la tendencia observada en la calidad del empleo se modifique, en donde el empleo informal y el cuentapropismo traccionaran el crecimiento. Asimismo, la magnitud de esta expansión dependerá de la evolución de la PEA, que si bien ya se ubica en máximos, podría seguir creciendo si el efecto trabajador adicional deja de ser un fenómeno que afecta a las familias de menores ingresos y se extiende a sectores medios.

Creemos como más probable que el resultado será un sostenimiento de los valores actuales del desempleo: los nuevos participantes del mercado de trabajo tenderán a seguir insertándose en trabajos de no tanta calidad. Un eventual avance del desempleo estará atado a una profundización de la crisis, que reduzca la demanda de trabajo y al mismo tiempo deprima los salarios reales, alimentando el efecto trabajador adicional.

Ampliando el horizonte: el desempleo en perspectiva

Tal como lo hicimos cuando se publicó el último informe de INDEC, realizaremos una comparación respecto al 2018, en este caso respecto al acumulado hasta el tercer trimestre. Seleccionamos este momento para poner en perspectiva esta tendencia, evitar el “ruido” generado por la pandemia y comparar con el punto inicial de la crisis en la que está inmerso el país desde entonces.

Las preguntas a responder son las siguientes: ¿cuánto creció la participación de la población en el mercado de trabajo? ¿respondió el empleo a esta dinámica? Si es así, ¿por qué?

Este análisis arroja un avance de 6,7% de la PEA en estos cuatro años, evidenciando un crecimiento de casi 3 p.p. superior al que hubiera correspondido al crecimiento poblacional. Esta mayor cantidad de personas fue absorbida por puestos de trabajo (el empleo total creció más de 9% en el período), pero concentrados en los asalariados informales (+16,5%) y el cuentapropismo (+15%).

La expansión de estas dos modalidades ratifica que el mercado laboral no se enfrenta a un problema de cantidades: en general, quien lo desea mayormente encuentra ocupación. El inconveniente es que la calidad de los puestos de trabajo generados no es la deseable.

El evidente desafío pasa entonces por revertir esta tendencia, pero también debe ser comprender las implicancias de esta “descomposición” del mercado de trabajo. En este sentido, el ejemplo más claro tiene que ver con que los patrones e intensidad del consumo de personas que poseen ingresos no garantizados y volátiles no son iguales a aquellos que están bajo el paraguas de un empleo formal. Estos dos grupos también tendrán demandas y necesidades diferentes, además de un uso subóptimo de parte de los recursos de un país (las personas pueden decidir dejar de estudiar para trabajar, reducir su tiempo de descanso, ocupar tiempo en obtener ingresos para poder subsistir, etc).

La otra brecha: la incompatibilidad entre lo que se quiere y lo que se puede

En las últimas semanas se comenzó a plantear como exagerado el retroceso de la participación de los salarios en el PIB desde el máximo alcanzado en 2017. Con la misma preocupación acerca de la trayectoria del poder adquisitivo aparecieron las preguntas sobre cómo puede ocurrir que el salario real de la economía sea tan bajo si su principal determinante en el mediano y largo plazo, la productividad, no ha caído tanto.

En los próximos párrafos intentaremos dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Están efectivamente los salarios perdiendo respecto al capital? ¿por qué ocurre esto? ¿Tiene alguna relación con la economía real y la acumulación de desequilibrios, o es una cuestión anecdótica? ¿Qué impacto genera en las expectativas de la sociedad y la política? ¿Qué implicancias tiene para la dinámica al interior de la coalición gobernante?

¿Cómo evolucionó el reparto de la torta?

La Cuenta de Generación del Ingreso que confecciona el INDEC trimestralmente nos brinda información de cuánto fue el ingreso de los distintos factores de producción que intervinieron en la generación del valor agregado (antes de su redistribución).

Uno de ellos son las remuneraciones a los trabajadores asalariados (RTA) -incluyen los pagos a la seguridad social-. La trayectoria de este factor refleja un deterioro en los últimos 5 años, resultando en una menor participación de los asalariados en el valor agregado. En particular, la misma pasó de 51,8% en 2017 a 43,9% en 2021.

 

Para que la parte que corresponde a los trabajadores asalariados haya caído, la porción que se llevan los otros factores (“el capital”) tiene que haber aumentado. Para ello, en primer lugar observamos lo que sucedió con el Ingreso Mixto Bruto (IMB): pasó de 11,5% a 13,3%. Este componente registra las utilidades de las empresas no constituidas en sociedades o que son propiedad de hogares que trabajan en la misma. Esto implica que no puede medirse cuánto de los ingresos de una persona es el resultado de su trabajo y cuánto se debe a que posee el medio de producción, en su rol de “capitalista”.

Por definición, entonces, aquí entra el heterogéneo grupo de cuentapropistas, una modalidad que desarrolló un crecimiento importante (en torno al 4% anual) justamente desde 2017. Dado que parte del avance del ingreso mixto debe coincidir con este fenómeno, resulta apresurado atribuir esto a un incremento en la distribución en favor del capital.

Ahora bien, prácticamente la totalidad de la diferencia en la participación es explicada por el aumento de 39% a 46,5% del Excedente de Explotación Bruto (EEB), que capta las utilidades de las empresas constituidas en sociedades. El esquema se completa con lo que pone el Estado en materia de subsidios, menos lo que se lleva vía impuestos, que no representa una cantidad considerable (a excepción del caso de Electricidad, gas y agua).

Por lo tanto, la menor porción de la torta que se llevan los trabajadores es, en buena parte, pero no en su totalidad, explicada por el aumento de lo que se lleva el capital. Sin embargo, el último dato disponible previo a la intervención del INDEC, en 2007, mostraba que la RTA representaba el 42,9% del valor agregado, un número similar al actual.

¿Entonces? Fue el desacople entre la productividad del trabajo y los salarios reales -que veremos en la siguiente sección- iniciado unos años después y la crisis resultante de este proceso el principal factor que explicó lo extraordinario de la participación de la RTA vigente en 2016-17, abriendo una brecha entre el salario real al que se aspira y el que la economía está en condiciones de ofrecer.

La productividad laboral y los salarios reales

El análisis de la relación entre los salarios y la productividad laboral* requiere de una mirada un poco más amplia. En este sentido, observamos que entre 2004 y 2011 tanto la productividad como los salarios reales del sector privado -contemplando tanto los formales como los informales- crecieron en torno de 30%, indicando en parte que las ganancias de productividad se podían canalizar -tal como lo hicieron- en un mejor poder adquisitivo. Sin embargo, a partir de ese año este crecimiento equilibrado comenzó a disociarse.

Desde entonces, la productividad mostró una paulatina reducción, al tiempo que las favorables condiciones internacionales para el país, si bien no empeoraron, dejaron de representar el impulso adicional que habían ejercido en años previos (los términos del intercambio mejoraron, en promedio, 5,5% en 2004-11 y cayeron casi 1% anual en promedio en 2012-17). Esta dinámica dio lugar a políticas de fuerte estímulo al consumo y a los salarios reales de la economía, a costa de la acumulación de desequilibrios macroeconómicos.

En ese marco, el gasto primario trepó de 19,6% del PBI en 2010 a 24% en 2015-16 (se pasó de superávit a déficit primario), motorizado por la expansión del gasto social, una fuerte suba de subsidios (se profundizó el atraso tarifario) y un incremento en el empleo público. En paralelo, el tipo de cambio real ya registraba al cierre de 2015 los niveles del 1 a 1 y el excedente externo mutó a un desbalance (alcanzando 5% del PIB en 2017), erosionando en el camino las reservas del BCRA (entre 2011 y 2015 las reservas cayeron a la mitad).

Estas fueron las principales fuentes de financiamiento de un consumo privado per-cápita que creció casi 9% entre 2010 y 2017, permitiendo que a lo largo de este período los salarios reales se encontraran, en promedio, 6% por encima de la productividad de la economía.

El punto álgido de este esquema fue en 2017, cuando la gradual corrección iniciada con el cambio de gobierno no pudo evitar una crisis cambiaria que deprimió fuertemente el poder adquisitivo, el cual -desequilibrios macroeconómicos mediante- todavía no pudo recuperarse. Esto no sólo constituyó un cambio de tendencia, sino que condicionó las expectativas a futuro.

Conclusiones

Por lo tanto, cuando se compara el poder adquisitivo actual con aquel vigente en 2017 tiende a dejarse de lado que las condiciones que propiciaron ese nivel -que en parte fue cimentado por la acumulación de desequilibrios- no pueden replicarse actualmente: la escasez de reservas y el acuerdo con el FMI impiden retomar la estrategia de atrasar el tipo de cambio, al mismo tiempo que limitan a la emisión monetaria y el gasto público -estableciendo metas para el déficit primario-. Así, un margen de maniobra más acotado deja al descubierto la imposibilidad de dar una rápida solución que cierre la brecha entre la voluntad y la realidad.

De este modo, la disonancia entre las expectativas acerca del salario real por el que la sociedad puja y aquel que la economía puede ofrecer en lo inmediato no sólo no responde a una anomalía económica ni a una exagerada apropiación del ingreso por parte de capital: obedece en gran medida a desequilibrios macroeconómicos, con límites en la realidad y, por lo tanto, en las posibilidades de revertirlas en el corto plazo.

La divergencia entre la agenda de la política y las posibilidades materiales también puede interpretarse en torno a las disputas dentro del oficialismo y, en definitiva, en la ausencia de coordinación dentro de la coalición: una parte se ve tentada de utilizar recetas que, si bien funcionaron en un contexto diferente, podrían acelerar la separación entre la productividad y el poder adquisitivo, mientras que la otra pugna por un ordenamiento que reduzca ese riesgo pero sin satisfacer el cierre de la brecha antes descripta en los tiempos que el ciclo político demanda.

Esto será una norma durante el 2023, no sólo en torno a la contienda electoral sino también en función del gobierno entrante, independientemente de su signo político: en tanto la sociedad no reconozca que en el corto plazo el país no se encuentra en condiciones de proveer un nivel de salarios como el que se pretende, posiblemente la política continuará fallando con el mandato que obtenga de la misma.

 

 

*En este trabajo definimos a la productividad laboral de la economía como el valor agregado bruto dividido por la cantidad de puestos de trabajo. Un análisis más preciso debería contemplar las horas trabajadas, pero no se pierde generalidad en el mediano plazo con esta distinción metodológica.

El tipo de cambio importa menos

Uno de los aspectos que se suele destacar acerca del actual proceso inflacionario es la ausencia de alguna referencia (“ancla”) nominal, un rol que históricamente fue asociado al tipo de cambio. Así, y a grandes rasgos, los saltos devaluatorios tienen como resultado una aceleración de la inflación, mientras que la calma cambiaria ayuda en los procesos de desinflación. Durante la última década abundan ejemplos que siguieron este comportamiento, cuando atrasos del tipo de cambio real con el fin de estimular los ingresos reales en los años electorales se combinaron con correcciones -de diferente magnitud- en los “años pares”.

 

Por naturaleza, esta relación se verifica con mayor fuerza en el caso de los bienes que los servicios. Por este motivo, comparamos la evolución mensual del tipo de cambio oficial con la distribución de los aumentos mensuales -excluyendo frutas y verduras- utilizando la mayor apertura posible para los Precios Mayoristas (IPIM) que informa el INDEC y de los bienes que conforman IPC GBA Ecolatina.

 

Ambos gráficos reflejan algo novedoso. Desde comienzos de 2021 los precios de los bienes tienden a crecen sistemáticamente por encima de la depreciación mensual del tipo de cambio, registrándose lo que pareciera una interrupción en la tendencia recién entre septiembre y octubre pasado.

En su conjunto, este fenómeno refleja la consecuencia de un tipo de cambio oficial cada vez menos relevante como precio de referencia para la economía. No es casualidad que este comportamiento se generalizó al tiempo que la brecha cambiaria alcanzó un piso de 75% a mediados del año pasado y se ha mantenido incluso a lo largo del crawling peg de 2022.

¿Qué sucedía en otros periodos?

Este comportamiento contrasta con el período 2016-19, cuando los precios de los bienes reaccionaban con algo de rezago a la volatilidad cambiaria. Especialmente cuando se percibía que el cambio de la cotización del dólar era más permanente que transitorio. Incluso se diferencia con lo ocurrido durante buena parte del atípico 2020, cuando la pandemia y las restricciones contuvieron artificialmente la dinámica de la inflación.

En este punto vale la pena hacer la comparación con el período 2012-15, cuando también -aunque de un modo más informal- estaba vigente un cepo cambiario. Si bien la inflación mensual era significativamente más baja que en la actualidad, no se avizoró un crecimiento sistemático de los precios por encima del tipo de cambio a excepción de buena parte de 2014, tras la devaluación que tuvo lugar en enero de dicho año.

Surgen otras explicaciones

Pareciera que actualmente diferentes factores tienen un mayor peso a la hora de explicar la dinámica de la inflación en los bienes. El primero se desprende del contexto macroeconómico: la mayor cantidad de regulaciones cambiarias hacen que crezca la incertidumbre acerca del costo de reposición de los bienes, ya que se incrementa la posibilidad de que la actividad o sector en la que una empresa opera pueda ser la próxima en verse afectada por una nueva normativa. Más aún, si parte de estas operaciones tienen que realizarse con dólares propios, cuyo costo de reposición está asociado a un tipo de cambio paralelo caracterizado por una elevada volatilidad, la incertidumbre es incluso mayor.

Otra razón puede encontrarse en el hecho de que, con niveles de inflación más altos, la probabilidad que un precio quede atrasado respecto a otro es mayor, especialmente cuando hay características de la economía -como las mencionadas en el párrafo anterior- que inducen a que algunos precios aumenten más que otros. A fin de evitar esto, los ajustes de precios no sólo pueden ser más frecuentes sino ser más “agresivos”, máxime cuando la sombra constante de los controles de precios -a la que el oficialismo ha echado mano en diversas ocasiones- puede generar que el atraso se profundice en el tiempo.

Conclusiones y perspectivas

Esta devaluación en cuotas no sólo impactó sobre diversos sectores y actividades demandantes de divisas, sino que hasta tuvo con el “dólar soja” su correlato en los exportadores -a lo que se suma la reciente posibilidad que tienen turistas extranjeros de pagar al dólar paralelo con tarjeta.

Su principal ventaja -en lo que se refiere a los precios- reside en la minimización de los costos que esta política traería en los sectores más vulnerables, a través, fundamentalmente, de un aumento todavía mayor de los alimentos. Esto es especialmente válido en un contexto en el que la asistencia gubernamental está limitada por la necesidad de cumplir con las metas fiscales fijadas en el acuerdo con el FMI.

Sin embargo, el hecho que exista menor previsibilidad acerca de cuál será el tipo de cambio correspondiente a lo largo del tiempo para cada actividad y empresa provoca que una proporción creciente de los bienes sean afectados cada vez más por una mayor incertidumbre que deteriora el contenido informativo del sistema de precios. Esto no sólo ocurre en el ámbito de la producción, sino que también se traslada a los consumidores: no se sabe si un bien es caro o barato y las decisiones de consumo se realizan igualmente, reforzadas por la baja demanda de pesos, validando estos aumentos.

Si bien el análisis está enfocado en el precio de los bienes y su relación con el tipo de cambio, el caso de los servicios no escapa a esta generalidad. Justamente en estos casos, también resulta evidente que a la incertidumbre acerca de los costos relevantes para cada actividad se le suma, en algunos casos, una demanda cautiva, con pocas alternativas de ahorro para resguardar el valor de los ingresos.

Considerando la premisa de evitar un salto abrupto del tipo de cambio, el contexto de escasez de dólares y el largo camino hasta la llegada de la liquidación de una cosecha gruesa nuevamente afectada por la sequía implicará necesariamente que las regulaciones y restricciones no sólo continuarán vigentes, sino que tenderán a profundizarse. En consecuencia, no prevemos que la menor relevancia del tipo de cambio oficial se revierta durante el próximo año, sino más bien lo contrario.

Esto implicará que si, con el año electoral por delante, el Gobierno decide nuevamente apostar a frenar la depreciación del tipo de cambio oficial para moderar la inflación, puede tener resultados no tan efectivos en comparación a otros momentos en los que esta política fue utilizada.

Por lo tanto, las distorsiones del sistema de precios no se revertirán en el corto plazo, marcando que cualquier intento de corregir este proceso en el contexto de un plan de estabilización -en el momento que sea- necesitará una coordinación de expectativas muy clara para reordenar los desajustes ocasionados con anterioridad. De lo contrario, en el mejor de los casos, su éxito estará condenado a ser parcial y efímero.

 

Cae el desempleo y aumenta la participación en el mercado de trabajo: luces y sombras

Durante el segundo trimestre del año, la tasa de desempleo fue de 6,9% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este dato no solamente implica un mínimo de los últimos años, sino que tiene lugar junto a una intensa participación en el mercado de trabajo: la PEA subió 5,3% i.a. y alcanzó 47,9% de la población de referencia (31 aglomerados urbanos, cerca de dos tercios del total del país), valor que representa el máximo desde que retomó la publicación del indicador.

El hecho que más personas formen parte del mercado de trabajo y que la tasa de desempleo haya sido baja tiene como resultado necesario un incremento del nivel de empleo, que subió 8,4% i.a.. Sin embargo, un zoom sobre esta variable refleja que los asalariados formales permanecieron estables en la comparación interanual (-0,1% i.a.) y que la expansión se debió fundamentalmente a los asalariados informales (+31,4% i.a.), mientras que los cuentapropistas también crecieron, pero en menor medida (+4,5% i.a.).

La primera lectura sugiere que la expansión del empleo tuvo lugar al mismo tiempo que se incorporaron a la PEA trabajadores que se insertaron mayormente en la informalidad. Parte de este efecto responde a que a lo largo del segundo trimestre del año pasado todavía quedaban vigentes algunas restricciones -fundamentalmente en servicios, más intensivos en trabajo informal- que podría sesgar el análisis producto de una baja base de comparación. Esta idea es sostenida al observar la expansión de más de 15% i.a. del empleo no calificado.

También resulta relevante notar que la mayor masa de trabajadores informales son los que más rezagados vienen en materia salarial. Esto podría haber devenido en que, para apuntalar los ingresos familiares, nuevos miembros de estos hogares se hayan integrado al mercado de trabajo a través de actividades por cuentapropia o en un contexto informal, alimentando este fenómeno.

Ampliando el horizonte

Para poner en perspectiva esta tendencia y evitar el “ruido” generado por la pandemia, realizaremos una comparación respecto al segundo trimestre de 2018, momento en el que el gobierno de Cambiemos comenzó a tener dificultades en el frente cambiario y que podemos identificar como el punto inicial de la crisis de balanza de pagos en la que está inmerso el país desde entonces.

Esencialmente, las preguntas a responder son las siguientes: ¿cuánto creció la participación de la población en el mercado de trabajo? ¿respondió el empleo a esta dinámica? Si es así, ¿por qué?

En primer lugar, la PEA avanzó 7,4% en estos cuatro años, evidenciando un crecimiento 4% superior al que hubiera correspondido al crecimiento poblacional. Esta mayor cantidad de gente fue absorbida por los puestos de trabajo: el empleo creció casi 10% en el período, más de 7% por encima del avance vegetativo de la población.

Sin embargo, el zoom en estos últimos nos muestra lo mismo que observamos para este año: el empleo formal apenas creció 1% si tenemos en cuenta el incremento de la población, por lo que la expansión estuvo asociada a los trabajadores informales y cuentapropistas, que crecieron casi 18% y 9% respectivamente por encima del crecimiento vegetativo.

Esta tendencia no nos debe sorprender. Pero no por la dinámica de la actividad económica, que se encuentra -ajustado por el crecimiento poblacional- levemente por debajo del nivel alcanzado en el segundo trimestre de 2018. El hecho que explica el masivo ingreso al mercado de trabajo tiene que ver con el constante y sostenido deterioro de los ingresos reales, que según la métrica utilizada se encuentran 15-20% por debajo.

El mercado laboral no se enfrenta a un problema de cantidades: en general, quien lo desea mayormente encuentra ocupación. El inconveniente es que muchos de ellos se ven con la necesidad de trabajar para sostener los ingresos de las familias, premisa bajo la cual dejan de lado la calidad de la ocupación. Esta decisión los vuelve doblemente vulnerables en tanto el contexto inflacionario continúa deteriorando el poder adquisitivo.

Es en este escenario que la mayor nominalidad de la economía profundizará en lo que queda del año -y el próximo- este fenómeno. Más aún, aquellos hogares que ya no puedan sostener sus ingresos con todos sus miembros trabajando tenderán al pluriempleo -en el último año las personas que declararon estar sobre ocupadas aumentaron casi 11%- y/o a depender más de la asistencia del Gobierno, que luce sin mucho margen en su objetivo en el marco del acuerdo con el FMI y la necesidad de controlar las expectativas.