Author: Ignacio Ruiz

A través del acortamiento de la vigencia de las paritarias, los salarios lograron seguir de cerca la inflación durante buena parte de 2023 tras los sucesivos shocks que golpearon la economía. No obstante, esto se terminó con la aceleración de la inflación en el último bimestre, que llevó a que casi la totalidad de los sindicatos que monitoreamos llegue en rojo al cierre del año.

La inflación promediará 20% mensual entre diciembre y marzo, periodo para el cual prevemos que el salario real caiga en torno a 10%. En este contexto, ¿los salarios se indexan a la creciente nominalidad o la recesión derivada de la caída del poder adquisitivo contendrá el avance de los precios?

Creemos que se dará una combinación de ambas cosas, en donde la recesión convivirá con acuerdos salariales que harán más lenta la eventual desaceleración de la inflación. Todo este proceso tendrá costos -sociales y políticos- que estos se combinarán con un latente riesgo de espiralización en tanto el oficialismo tenga dificultades en llevar a cabo su plan fiscal-monetario u obtener al menos una parte de las reformas propuestas en el DNU o la Ley “Ómnibus” enviada al Congreso.

¿Cómo terminó el poder adquisitivo en 2023?

Uno de los factores más distintivos del 2023 fue el sostenimiento del consumo privado, que estimamos creció en torno al 1%, en un año en el que la inflación superó el 200%. Resumidamente, dos factores principales explican este fenómeno: el primero es la inexistencia de un vehículo que incentive consumir menos para ahorrar -tasas de interés reales en general negativas, expectativa de inflación creciente y poco acceso a una reserva de valor, como el dólar- en un escenario en el que el nivel de ingresos reales se sostenía de la mano de una dinámica salarial que, hasta octubre, no sufrió, en general, una gran pérdida frente a la inflación.

Esto tuvo lugar a través del acortamiento de la vigencia de las paritarias y sus constantes renegociaciones, que permitieron que los salarios del sector formal sigan de cerca la creciente nominalidad tras los sucesivos shocks que elevaban los pisos de la inflación. El gobierno anterior, ávido de encontrar un andamio para la actividad en la previa electoral vio con buenos ojos este encadenamiento, al costo de imprimir una mayor inercia inflacionaria a lo largo del año.

Así, los salarios formales, con contramarchas, llegaban a octubre con relativas buenas perspectivas. Sin embargo, la aceleración de la inflación del último bimestre llevó a que casi la totalidad de los sindicatos que seguimos -muchos de los cuales se encuentran en el siguiente gráfico- llegue en rojo al cierre del año.

El cambio de gobierno no sólo implicó una fuerte devaluación del tipo de cambio. La corrección de precios relativos también incluye la “liberación” de muchos precios -eliminación de acuerdos, prepagas, combustibles, telecomunicaciones- y el aumento de tarifas de servicios públicos, de las cuales tenemos apenas novedades concretas de los primeros movimientos en el transporte público. Todo este conjunto garantiza varios meses con inflación de dos dígitos. En particular, prevemos que entre diciembre y marzo la inflación promedie 20% mensual.

En este escenario, ¿hay espacio para que vuelva la dinámica del año pasado y las paritarias sigan de cerca la inflación?

¿Estalla el verano?

Dada la inflación esperada -que como mencionamos promediará 20% mensual entre diciembre y marzo-, para que el poder adquisitivo no se erosione en los próximos meses los salarios deberán correr al mismo ritmo. Si bien las ya aceitadas paritarias jugarán su papel en los próximos meses, morigerando el deterioro del poder adquisitivo, salir “empatados” de este proceso parece difícil: solamente el salto de la inflación en diciembre dejará perdidas del orden del 10% en términos reales.

En esta situación, veamos por qué es crucial lo que suceda con los salarios. En un extremo, si los salarios se indexan de facto y logran no perderle pisada a los precios, la inercia inflacionaria no sólo no se cortaría, sino que además, estará latente el riesgo de una pronta espiralización precios-salarios. Este escenario de inestabilidad nominal primero minaría la popularidad del Gobierno -porque la inflación se estacionaría en niveles elevados, por encima del 20%- y también su credibilidad para llevar adelante un plan de estabilización exitoso, en el que eventualmente resultaría más difícil desindexar la economía.

No obstante, bajo el manto de ausencia de regulación e incumbencia del Estado, y con la premisa de que las negociaciones salariales en definitiva son acuerdos entre privados, este es un escenario que podría tener lógica económica para parte del oficialismo. De hecho, voces a favor de la dolarización lo consideran deseable porque prepararía el terreno para sostener el poder adquisitivo -y el humor social- en la transición a un futuro cambio de régimen.

Por el contrario, en el otro extremo está la recesión como contenedor de los precios. La inflación desacelerará como resultado de una demanda agregada débil, que será la consecuencia, principalmente, de un desplome del poder adquisitivo (el consumo privado explica cerca del 70% del PIB). En este sentido, cuanto mayor sea la diferencia en la velocidad a la que corren los precios respecto a los salarios, más grande será el efecto recesivo y posiblemente más rápida la desaceleración de la inflación. Además, la amenaza del desempleo y una eventual apertura comercial podrían ser ingredientes en esta dirección, ya que podrían mantener a raya las demandas de recomposición de algunos sectores.

Si bien el Gobierno podría pensar en el lado positivo de este aspecto -menor pérdida de competitividad cambiaria tras la devaluación de diciembre, pudiendo mostrar una mayor desaceleración terminando el verano-, la otra cara de la moneda será una recesión -mayor en tanto más grande sea la disparidad entre los precios y los salarios- que condicione el humor social a los pocos meses de comenzado el mandato. Por esta razón es que el (ab)uso de los salarios como ancla será un problema para el oficialismo, que ya tiene que lidiar con un tejido social muy deteriorado desde el inicio del mandato.

Consideramos que el camino a desandar contendrá elementos de cada escenario. Pese a que el Gobierno no ha esbozado una pauta salarial -lo cual tiene sentido en tanto el conjunto de medidas aisladas no constituye un programa de estabilización-, las demandas salariales no se hacen esperar: habrá una combinación de paritarias bimestrales/trimestrales que buscarán “ganarle” a los precios, con otras de ajustes mensuales -algunas virtualmente indexadas-, donde seguramente también proliferen las sumas fijas para compensar un alicaído poder de compra.

Sin embargo, todo esto no será suficiente, y el poder adquisitivo de mínima perderá un 10% de su valor durante el verano, por lo que el efecto de la recesión -y el ancla salarial- también jugará su papel en estos meses.

No conocemos cómo saldrá el experimento, pero sí sabemos que tendrá costos -sociales y políticos- y que estos se combinarán con un latente riesgo de espiralización en tanto el oficialismo tenga dificultades en llevar a cabo su plan fiscal-monetario u obtener al menos una parte de las reformas propuestas en el DNU o la Ley “Ómnibus” enviada al Congreso.

Por este motivo, la resistencia de un precio relativo a ajustarse, en este caso los salarios, será uno de los factores que complicará una rápida desaceleración de la inflación y, al mismo tiempo, el costo a pagar por el Gobierno para no profundizar la crisis -con todas las dudas que esto ocasionará sobre los pasos a seguir- y la conflictividad social.

¿Qué viene ocurriendo en el mercado de trabajo?

El INDEC informó que las principales tasas del mercado de trabajo del tercer trimestre de 2023 alcanzaron valores récord nuevamente. En primer lugar, la participación en el mercado volvió a crecer y llegó a 48,2% de la población, aumentando 2,1% en la comparación interanual, por encima del crecimiento poblacional -por debajo de 1%-.

Esta mayor participación fue absorbida por el empleo: la cantidad de ocupados creció 3,7% i.a., impulsada por un fuerte crecimiento de los asalariados formales (rozó el 10% i.a.) y en menor medida por los informales (+2,6% i.a.). Un doble click, sin embargo, refleja que el impulso a los asalariados formales vino dado por el empleo público: aumentaron 8,6% i.a., muy por encima de los puestos de trabajo del sector privado (+2,6% i.a.). De hecho, el empleo en la administración pública y educación -tiende a aumentar durante el tercer trimestre por la formalización de cargos- explicó más de la mitad del aumento de los ocupados totales.

Considerando la fuerte caída del desempleo, que alcanzó 5,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) -el menor valor desde que se reinició la publicación de la serie a mediados de 2016- y el orden de magnitud de las variaciones, una hipótesis plausible sería que buena parte de la caída del desempleo -y de la expansión de los ocupados- se debió a un incremento del empleo público.

En cualquier caso, durante el trimestre pasado se observó lo que es la regla en los últimos dos años: cada vez más personas se integran al mercado de trabajo, pero lo hacen en un contexto de mayor precariedad y, en menor medida, dependientes del empleo público.

¿Hacia un nuevo mercado de trabajo?

Si bien durante el último trimestre del año se comenzará a ver el efecto en el mercado de trabajo del enfriamiento de la actividad, esperamos que la dinámica observada no se modifique sustancialmente de lo registrado anteriormente.

En lo que respecta a 2024, consideramos que varios frentes afectarán al mercado laboral. En primer lugar, la fuerte pérdida del poder adquisitivo, sobre todo en los primeros meses del año, propiciará un aumento de la participación en el mercado de trabajo: más gente buscará un empleo para apuntalar los erosionados ingresos familiares.

Al mismo tiempo, la fuerte recesión seguramente acarreará pérdida de empleo formal en algunos sectores, especialmente aquellos más dependientes de la demanda interna -dentro de los cuales estaría la construcción, producto de un creciente costo en dólares y la eventual parálisis en la obra pública-. Además, las perspectivas podrían complicarse en aquellos sectores productivos que dependen en mayor grado de la protección, que podrían sufrir más como consecuencia de una apertura comercial.

Sin embargo, esta nueva potencial masa de desocupados no implicará necesariamente un sustancial incremento en el desempleo. Incluso en un escenario crítico, es de esperar que parte de la pérdida de empleo formal migre hacia puestos de trabajo informales y cuentapropistas, caracterizados por ser de menor calidad. Este cambio, si bien no es deseable, puede ser un factor que contenga el incremento del desempleo, que subiría a la zona del 8%.

Pese a esto, la amenaza del desempleo y esta transición a una menor calidad del empleo puede ser un efecto no menor a la hora de moderar las demandas salariales durante los próximos meses, como destacamos en este informe. Si bien esto ayudaría a evitar una espiralización nominal, el costo sería el de una mayor recesión y caída del poder adquisitivo.

Todo este combo tendrá como resultado que las principales características del mercado laboral no se modificarán con el cambio de gobierno. Habrá más gente trabajando o buscando hacerlo para complementar los magros ingresos y el empleo seguirá bajando su calidad, ya que es posible que trabajadores formales pasen a la informalidad o el cuentapropismo. Las reformas en pos de la flexibilización del mercado de trabajo podrían ser un aliciente que terminen representando una mejora en la formalidad, pero su efecto deberá esperar a que la economía vuelva a crecer.

El costoso pan de hoy

Como señalamos en un informe reciente, la actividad económica se ha venido mostrando resiliente. De hecho, descontando el impacto de la sequía sobre el sector agrícola, estimamos que la economía creció 1,1% en el acumulado hasta agosto, un avance consistente con la dinámica del empleo formal: crecía 4,6% i.a. hacia el octavo mes del año, acumulando un avance del 2,5% desde diciembre de 2022.

Parte de la explicación de este crecimiento responde a que, pese al grave faltante de dólares del campo por la sequía (-USD 20.000 M), el Gobierno incrementó el financiamiento con el sector privado (vía un constante aumento de la deuda comercial); y con el resto del mundo (se destacó la activación de dos tramos del swap de monedas con China), al tiempo que siguió utilizando divisas para contener la brecha cambiaria. Todo esto permitió que los volúmenes de importaciones acumularan una merma de sólo 4% i.a. en el año, reflejando la voluntad de priorizar el sostenimiento de la actividad y el empleo por sobre la acumulación de reservas. De hecho, las reservas netas pasaron de cerca de USD 8.000 M en diciembre 2022 a los actuales – USD 10.000 M.

Esta realidad nos llevó a revisar al alza nuestra perspectiva para el PIB de este año (en principio a -1,5%). En este sentido, para que la economía retroceda 2% en 2023 -tal como prevé el REM-BCRA- la caída tendría que ser cercana a 4,5% desestacionalizado en el último trimestre, una magnitud que, si bien podría estar ayudada por una revisión a la baja de los datos del bimestre julio-agosto, es bastante mayor a, por caso, lo observado tras la crisis post-PASO 2019.

Por otro lado, las escasas reservas y la decisión de evitar una devaluación que corrija el desequilibrio externo condujeron a un escenario con crecientes regulaciones cambiarias que potenciaron la brecha cambiaria y dieron lugar a un cada vez más generalizado esquema de múltiples tipos de cambio, haciendo que el tipo de cambio relevante para la economía se alejara del oficial.

Puntualmente, estimamos que actualmente menos del 30% del flujo total de divisas se rige bajo el dólar mayorista (A3500), y que un tipo de cambio más cerca de $500 es en la práctica más relevante para la economía.

Todo esto elevó la incertidumbre sobre los costos de reposición, que, agudizada por las elecciones, fue a uno de los catalizadores de la aceleración de la inflación en el último año y medio.

Esta última cuestión hace que un análisis del sostenimiento de la actividad queda incompleto si no incluimos lo ocurrido con la demanda. Es difícil pensar que una economía como la argentina – con exportaciones estancadas, un gasto de capital lejos de representar un boom e inversión en maquinaria y equipo que es apenas 8% de la oferta global (PIB e importaciones)- exhiba un crecimiento si no fuera por salarios siguiendo de cerca a la inflación.

¿Cada cuánto te aumentan el sueldo?

Dejando de lado la excepcionalidad de la pandemia y su consecuente cuarentena, el Gobierno permitió que la dinámica salarial, al menos en el sector formal vía paritarias, siga de cerca los sucesivos shocks nominales que atravesaba la economía. Poco a poco, estos shocks se mezclaban con la creciente incertidumbre acerca del devenir de la economía, condicionado por los aspectos mencionados en el apartado anterior.

Como resultado, se evidenció una reducción de las vigencias de las negociaciones paritarias -generalización de acuerdos trimestrales y relativa flexibilidad para reforzar reaperturas si fuera necesario- que evitaron que los salarios formales queden rezagados ante la escalada de los precios.

En este sentido, una mirada de mediano plazo muestra que, si bien la nominalidad de la economía aumentó en la última década, la frecuencia de los ajustes salariales se mantuvo relativamente estable hasta 2020. Desde entonces, la aceleración de la inflación sí tuvo un correlato más claro con aumentos salariales cada vez más frecuentes.

Si bien hay un riesgo en “incorporar” cada nuevo shock a la nominalidad existente, poniéndole un nuevo piso a la inflación esperada, este es indudablemente un factor que contribuyó a que se sostenga una parte significativa del consumo de las familias en la salida de la pandemia y en particular en el último año.

Esto fue potenciado por una elevada propensión al consumo en un contexto de escasas opciones de ahorro (los préstamos hipotecarios y prendarios caen 26% i.a. hacia octubre en términos reales) de mediano y largo plazo y complementado por diversas medidas de estímulo. Un ejemplo son los bonos a trabajadores informales, perceptores de asignaciones y jubilaciones, la parte de la sociedad más afectada por la aceleración de la inflación, pero también una importante oferta de créditos a una tasa favorable, la eximición del pago del impuesto a las ganancias de una parte significativa de los trabajadores que antes lo abonaban y la devolución del IVA en algunos consumos para quienes perciben menos de $708.000 mensuales.

En suma, prevemos que el salario formal real en promedio este año se mantendrá prácticamente estable, sosteniendo la capacidad de consumo de esta porción de la masa salarial, que es la que justamente efectúa un mayor gasto.

Sin embargo, vale decir que esta situación es menos benévola para quienes están fuera del circuito formal, ya que si bien tienen algunos beneficios no salariales -como mencionamos más arriba-, la evolución de sus ingresos está bastante por debajo de la inflación e incrementan su dependencia de la asistencia del gobierno.

El próximo gobierno deberá lidiar con el agotamiento de este modelo

La acuciante situación de las reservas, el desalineamiento de los precios relativos existente y la necesidad de reestablecer la credibilidad hace que el próximo gobierno deba atacar una agenda urgente que contenga algún plan de estabilización junto a un sendero fiscal relativamente ambicioso.

Si bien los matices dependerán no sólo de quien gane las elecciones sino también de cómo se llegue hasta el cambio de administración, así como de las eventualidades que puedan ir surgiendo en el camino, estos aspectos ponen en jaque la resiliencia de la actividad económica observada este año.

Por un lado, la corrección de precios relativos acelerará la inflación y será difícil que el salario pueda seguir esa dinámica. Prevemos que recién se pueda observar una mejora en el segundo semestre de 2024. Asimismo, este incremento en la inflación se dará en un contexto en el que la asistencia del Estado -directa o en forma de subsidios- estará condicionada por la necesidad de reducir el déficit fiscal, también afectando el ingreso disponible para consumo de las familias.

Estos efectos que, como dijimos, estarán sujetos a matices en función de quien gane la contienda electoral, impondrán una significativa restricción al crecimiento del consumo privado durante buena parte de 2024. Así, si bien la actividad podría caer menos de lo esperado de la mano del aporte del sector primario –agro y minería-, que redundarían en mayores exportaciones y una mayor disponibilidad de divisas, esta mejora será compensada por un consumo privado que no levantará cabeza hasta entrado el año.

Los salarios de la economía crecieron 11,7% en septiembre, acumulando en el año un avance del 96,5%. De esta manera, quedaron algo por debajo de la inflación acumulada al noveno mes del año (103,2%), alcanzando una pérdida promedio del poder adquisitivo de casi 2% i.a. en lo que va del año.

Esta dinámica, no obstante, esconde bastante el hecho de que los trabajadores informales son lo que peor lo están pasando: registran una caída promedio del salario real del 14% i.a. en el acumulado anual. Este sector, asociado justamente a trabajadores y familias de menores ingresos, es sin dudas el principal perjudicado de la aceleración inflacionaria.

La plena vigencia de las paritarias fue el factor que evitó que el avance de los precios cause el mismo impacto en el sector formal. Los acuerdos ya se caracterizan por tener una vigencia como mucho trimestral, así como constantes reaperturas, y es moneda corriente observar incrementos -aunque no necesariamente de la magnitud de la inflación- casi todos los meses. Esto permite que, a diferencia de los trabajadores informales, los registrados tengan una, aunque leve, recomposición del 0,6% i.a. del salario real en el promedio del año.

Lógicamente, también existen heterogeneidades dentro de este grupo: el siguiente gráfico muestra algunas de las negociaciones que seguimos con el fin de reflejar estas disparidades. Por ejemplo, se observa que desde 2022 los gastronómicos han recompuesto su poder adquisitivo tras el impacto de la pandemia, a la vez que se observan buenos números en ramas asociadas al sector textil, químicos y aceiteros. Por su parte, mecánicos y metalúrgicos, gremios relevantes que marcan la pauta de las paritarias, parecen haber mejorado en el cierre de este año.

Dentro de los sectores más rezagados, los más importantes son los de la construcción, alimentación, camioneros (con una leve mejora en el segundo semestre de este año); sin embargo, cualquiera de estos grupos ha tenido una mejor performance que los trabajadores informales: la persistencia inflacionaria que tiene lugar cuando los salarios siguen de cerca la inflación deja de lado a los trabajadores de menores ingresos y/o con empleos de peor calidad, resultando en un proceso muy regresivo.

Para agregar algo más de incertidumbre al panorama de los ingresos, podemos echar un vistazo a aquellos vinculados a la seguridad social, atados a la fórmula de movilidad. En este sentido, se supo que el último incremento del año -correspondiente a diciembre- será de 20,87%, acumulando durante 2023 una suba de “apenas” 111%. Tomando el promedio del año, esto implica que cualquier jubilación, asignación o beneficio que se calcule por esta fórmula perderá casi 20% este año. En el gráfico de arriba se observa que su perfomance es comparable a la de los trabajadores informales.

Por esto mismo cobra relevancia el rol de los bonos que perciben algunos grupos de beneficiarios. Por caso, considerando los $55 mil que recibirán en diciembre los jubilados que perciben la mínima, su ingreso promedio quedará casi 5% por encima de la inflación. En este sentido, vale decir que para mantenerse esta mejora, el monto de estos bonos viene siendo cada vez un porcentaje mayor del haber mínimo.

Un dilema para el Gobierno entrante: si la inflación tiene una tendencia creciente, tal como consideramos que ocurrirá en los próximos meses, la fórmula de movilidad actual daña el poder adquisitivo. Si en cambio está desacelerando, este mecanismo condicionará la expectativa de un sendero fiscal más austero, ya que más de la mitad del gasto está atado a una inflación pasada que -en este escenario- será mayor. Todo esto arroja interrogantes acerca de la vigencia de la fórmula de movilidad el año próximo tal como está planteada, profundizando la dependencia de algunos sectores del otorgamiento de bonos para apuntalar, al menos parcialmente, el poder adquisitivo.

Estas diferencias son otro aspecto más dentro de la distorsión de precios relativos como consecuencia de una inflación que orillará 200% este año. Si bien la relevancia de los salarios para señalizar los sectores que pagan mejor ha perdido relevancia en nuestro país hace tiempo -quizás con la excepción de las industrias asociadas a la tecnología-, esta tendencia complicará cualquier intento de estabilización que quiera encarar la administración entrante.

Dado que esperamos que este fenómeno se profundice en el corto plazo, las demandas por recomposiciones salariales estarán al pie del cañón, pero algunas no podrán atenderse en un contexto en que se busque coordinar las expectativas, o bien complicarán el éxito de la propia coordinación entre los distintos sectores. Esto deja en claro la necesidad de apoyos -incluso por fuera del Congreso- que precisará el próximo gobierno para llevar a cabo un proceso que, incluso siendo ordenado, implicará sectores ganadores y otros perdedores.